Document - Guatemala: Open Letter to Presidential candidates

[No publicar antes del Fecha de embargo: 18 19 de Septiembre de 2003]Público

Amnistía Internacional

Guatemala

Carta abierta

a los candidatos presidenciales

Guatemala

Carta abierta de Amnistía Internacional a los candidatos presidenciales

en las elecciones guatemaltecas de noviembre del 2003

Amnistía Internacional, una organización internacional de derechos humanos con más de un millón y medio de miembros en más de 100 países del mundo, ha expresado reiteradamente a sucesivos gobiernos guatemaltecos la preocupación que suscita la grave situación de los derechos humanos en el país. Las elecciones del año 2003 brindan al país una oportunidad real de dar la espalda a su oscuro pasado. En este año de elecciones, Amnistía Internacional se dirige a ustedes, los candidatos a la Presidencia del país, con la esperanza de que, en reconocimiento de esta grave situación, se comprometan a dar prioridad política al respeto de los derechos humanos.

El respeto de los derechos humanos es una cuestión de crucial importancia, que incide en todos los aspectos de la vida pública. No es cuestión de retórica ni tiene por objeto apaciguar a la comunidad internacional. Los derechos humanos son un requisito fundamental para alcanzar la dignidad humana. Asegurar el respeto de los derechos humanos significa hacer respetar el Estado de Derecho para todos los ciudadanos. Significa aliviar la pobreza y la discriminación. Significa igualdad y tolerancia de las opiniones de todos los sectores de la sociedad. Los principios de derechos humanos son los cimientos de las sociedades democráticas y constituyen la piedra angular de los gobiernos y las instituciones del Estado que se esfuerzan por lograr seguridad y estabilidad para todos. Aunque la disponibilidad de recursos sea un factor importante al tratar de mejorar los derechos humanos, Amnistía Internacional ha podido comprobar que el factor clave para hacer realidad los derechos humanos es la determinación política.

El conflicto armado interno desgarró Guatemala, dividió profundamente a la población del país y militarizó a la sociedad, dejando un complejo legado de violencia estructural, militarización y fragmentación social. Este legado ha contribuido al vertiginoso crecimiento de los índices de delincuencia y homicidios tras el conflicto. Y también ha permitido, y fomentado, la perpetuación de una cultura de temor e impunidad, que ha llevado gradualmente a lo que se ha calificado de «anihilación de los derechos humanos».

En este contexto, y como consecuencia de la labor que realizan, los defensores de los derechos humanos y los miembros de la comunidad jurídica que han propugnado activamente la necesidad de mejorar la situación de derechos humanos, han acabado asesinados o están siendo constantemente hostigados y amenazados de muerte. Pocas veces se ha logrado enjuiciar con éxito por tales crímenes.

Amnistía Internacional es consciente de la complejidad de los retos que deberá afrontar el nuevo gobierno guatemalteco. Sin embargo, la organización cree firmemente que, para que el país pueda disfrutar de una estabilidad y seguridad duraderas, deben hacerse esfuerzos concertados para sobreponerse al legado del pasado.

Como candidatos a la Presidencia, ustedes tienen el solemne deber y responsabilidad de expresar inequívocamente su compromiso de hacer respetar los principios y normas internacionales de derechos humanos y el Estado de Derecho.

En este contexto, el apoyo al marco de transformación sociopolítica, económica y cultural alcanzado y representado por los Acuerdos de Paz facilitados por las Naciones Unidas y las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, debe convertirse, con urgencia, en una prioridad política nacional.

Amnistía Internacional considera que la estricta adhesión a los compromisos de los Acuerdos de Paz y a las recomendaciones de la Comisión, debe constituir la piedra angular de un nuevo programa político nacional destinado a abordar las causas y consecuencias de los 36 años de conflicto civil que padeció el país y a proporcionar ciertas garantías de que las atrocidades del pasado no se repetirán en el futuro. Más aún, es de crítica importancia que la implementación de tal iniciativa tenga éxito para que continúe el apoyo internacional al proceso de paz de Guatemala, como subrayó el Grupo Consultivo en su reunión de mayo de este año.

Para que Guatemala se sobreponga con éxito a su pasado es necesario que cuente con un programa coherente para reforzar el sistema judicial y la administración de justicia y para garantizar la reinstauración del Estado de Derecho. Esta iniciativa debe asegurar que el Ministerio Público y todas las Fiscalías Especiales reciben el apoyo político y los recursos suficientes para poder llevar a cabo investigaciones judiciales exhaustivas, imparciales y sin dilaciones. Un programa amplio de protección de testigos debe ser un elemento integral de dicha política.

Además, la ineficacia –endémica– del sistema judicial permite que continúe una impunidad perniciosa y generalizada para los autores de las violaciones graves de los derechos humanos que se cometieron durante el conflicto armado, impunidad que a su vez debilita todavía más a las instituciones responsables de la administración de la justicia. Como candidatos a la Presidencia, ustedes tienen el deber de comprometerse a apoyar las iniciativas nacionales e internacionales para procesar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos del pasado, no sólo a fin de asegurar adhesión a la legislación interna y al derecho internacional, sino para detener cualquier deterioro adicional del sistema de justicia.

Como candidatos a la Presidencia, deben comprometerse explícitamente, además, a respaldar las investigaciones y las actuaciones judiciales subsiguientes contra aquellos grupos o individuos pertenecientes a estructuras o grupos armados ilegales implicados en los ataques que siguen padeciendo los defensores de los derechos humanos, actividades que están vinculadas con la corrupción y las violaciones de derechos humanos del pasado. A menos que estas estructuras paralelas se desmantelen, el vínculo entre impunidad, violaciones de derechos humanos y militarización no se quebrará, haciendo cada vez menos probable que Guatemala alcance la estabilidad.

Amnistía Internacional desea aprovechar esta oportunidad para expresar cuán importante considera su compromiso con medidas destinadas a consolidar el poder civil y la supervisión de éste sobre las fuerzas armadas. Como se ha documentado ya ampliamente, las Fuerzas Armadas guatemaltecas y los miembros de las llamadas «Patrullas de Autodefensa Civil», sus adjuntos civiles, perpetraron durante el conflicto atrocidades sistemáticas contra la población civil. En su informe final, valga recordar, la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que patrocinan las Naciones Unidas, acusó al Estado de genocidio contra la población maya en cuatro regiones del país durante la década de los ochenta.

Si bien se ha observado cierto progreso en poner freno al poder militar desde que finalizó el conflicto civil, siguen sin implementarse compromisos de gran importancia del Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. Las fuerzas armadas continúan participando en operaciones de seguridad internas: a través de unidades conjuntas de la policía y el ejército llamadas Fuerzas Combinadas y mediante la utilización de tropas en las operaciones regulares de orden público. Además, pese a que el actual gobierno del Presidente Alfonso Portillo prometió desmantelar el tristemente célebre Estado Mayor Presidencial antes de finales de octubre del 2003, Amnistía Internacional ve con suma preocupación que la legislación que rige su sustitución por un organismo civil, la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad de la Presidencia (SAAS), no hace sino consolidar el poder militar sobre cuestiones civiles y «recicla» al personal del Estado Mayor Presidencial asimilándolo en la SAAS. El presupuesto de las Fuerzas Armadas, además, no se ha alterado para ajustarlo a los compromisos de los Acuerdos de Paz. En consecuencia, los recursos asignados a otros ministerios y programas sociales han resultado sistemáticamente inadecuados.

La incidencia de la pobreza en Guatemala sigue estando determinada por una profunda dimensión étnica. La población indígena, la más castigada por la violencia del conflicto armado, continúa siendo estadísticamente la más marginada social y económicamente y, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la que muestra los indicadores de desarrollo más bajos. Es esta población la que, por encima de todo, padece asimismo las consecuencias del tan desigual sistema de distribución de la tierra de Guatemala. En los últimos años, la grave crisis rural de Guatemala ha afectado tanto a la población indígena como a la no indígena del país, llevando a una desnutrición generalizada y un desempleo crónico.

Amnistía Internacional considera imperativo que ustedes, los candidatos a la Presidencia, se comprometan con programas de desarrollo rural y de alivio de la pobreza que introduzcan medidas para facilitar el acceso de la población campesina a los recursos, incluida la tierra; tales políticas deben, asimismo, incluir medidas para asegurar la resolución en paz y armonía de los conflictos de tierras, como estipularon los Acuerdos de Paz. Sin la urgente implementación de un programa de estas características, existen todas las probabilidades de que se produzca una crisis social sin precedentes en el agro guatemalteco, con consecuencias sumamente inquietantes en el ámbito de los derechos humanos.

Los retos que tienen ante ustedes son considerables, pero no insuperables. Los Acuerdos de Paz y las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico proporcionan un marco claro para efectuar mejoras sociales en Guatemala. Más aún, los observadores internacionales, como el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y los Relatores Especiales sobre la independencia de jueces y abogados, y sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, han presentado informes y recomendaciones detallados al gobierno de Guatemala, que podrían contribuir de forma significativa a la elaboración de políticas gubernamentales integrales en estas áreas.

Para acabar, Amnistía Internacional desearía subrayar la profunda preocupación que suscita la violencia política que ha marcado la campaña electoral hasta la fecha. En los últimos meses, Guatemala ha sido testigo del asesinato de activistas y candidatos de partidos políticos, ataques y actos de intimidación contra miembros de la judicatura, defensores de los derechos humanos y periodistas, y un incremento masivo de los homicidios y violencia contra las mujeres. Esta intensificación de la ola de violencia e intimidación no sólo demuestra la gravedad de la actual crisis de derechos humanos, sino que pone en peligro también las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres y transparentes.

Amnistía Internacional les insta, en su calidad de candidatos a la Presidencia, a mostrar con su ejemplo que condenan cualquier violencia política y a recalcar a la sociedad en general la importancia de mantener el Estado de Derecho durante los meses, potencialmente inestables, que se avecinan.

Por último, en vista de su crítica importancia, Amnistía Internacional les insta a tomar en consideración las cuestiones que abordamos en esta carta y las recomendaciones que la acompañan. Confiamos en que todos los candidatos a la Presidencia, así como el futuro gobierno del país, acepten nuestra invitación a entablar un diálogo abierto con Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos para discutir estas cuestiones tan graves más a fondo y con la mayor urgencia.

Atentamente,

Irene Kahn

Secretaria General

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Amnistía se permite exhortar a los candidatos a que se comprometan a implementar las siguientes recomendaciones en su programa electoral para asegurar que el próximo período presidencial culmine en la plena restauración del estado de derecho en Guatemala. Algunas de estas medidas requerirán directivas administrativas, otras la introducción de nueva legislación y enmiendas constitucionales, muchas solo requerirán la efectiva implementación de lo que ya está previsto en la legislación guatemalteca y en los Acuerdos de Paz. Todas requieren en primer lugar voluntad política:

Sobre los Acuerdos de Paz y las Conclusiones y Recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico

§ Establecer una agenda nacional para la revitalización de los Acuerdos de Paz como una prioridad estatal urgente, formulándose un programa de metas, responsabilidades y plazos para implementar la agenda, con particular atención a los aspectos relacionados a los derechos humanos;

§ Enfrentar la discriminación étnica y racial histórica, implementando urgente y plenamente el Acuerdo sobre la Identidad y los Derechos de la Población Indígena;

§ Evaluar la implementación de las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico hasta la fecha, y establecer mecanismos para la ejecución de las recomendaciones pendientes de cumplimiento;

§ Implementar de manera urgente el sistema nacional de reparaciones para las víctimas del conflicto armado y garantizar su presupuesto. Desistir de remunerar a los victimarios acusados de haber violado los derechos humanos de la población durante el conflicto armado interno.

Sobre el Fortalecimiento del Sistema de Justicia y la lucha contra la Impunidad

§ Fortalecer la Procuraduría de los Derechos Humanos y las Fiscalías Especiales incrementando sus recursos humanos y presupuesto, y asegurando respaldo político a sus funciones;

§ Implementar de inmediato el programa de protección a testigos con un presupuesto adecuado;

§ Fortalecer el sistema de justicia, asegurando el fin de la impunidad, incluyendo la resolución urgente de pasados y actuales casos de violaciones a los derechos humanos, tales como los casos Mack, Gerardi, Dos Erres y de genocidio actualmente ante las autoridades nacionales;

§ Apoyar el establecimiento inmediato de la Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad(CICIACS) y comprometerse a dar seguimiento a su informe y conclusiones finales, incluyendo las relativas al enjuiciamiento de individuos señalados como responsables de violaciones de derechos humanos; asegurar la colaboración de las instituciones Estatales, en particular las Fuerzas Armadas, con la labor de CICIACS;

§ Aprobar la legislación pendiente en materia de acceso a la información (La Ley de Acceso a la InformaciónoHábeas Datay La Ley de Clasificación y Desclasificación de la Información Estatal Reservada) así como La Ley de Catastro;

§ Tomar medidas para la total abolición de la pena de muerte, comenzando por una moratoria en la aplicación de la pena de muerte y la conmutación de penas pendientes.

Sobre las Fuerzas Armadas y la Seguridad Nacional

§ Dictar de inmediato las normas apropiadas para la eliminación del Estado Mayor Presidencial(EMP) e implementar perentoriamente medidas concretas, eficaces y públicas que impidan la pervivencia de las prácticas atentatorias contra los Derechos Humanos y el Estado de Derecho que aquella entidad vino desarrollando;

§ Adoptar con la mayor prontitud las medidas necesarias para que las actividades legítimas de inteligencia sean atribuidas a una nueva entidad de naturaleza esencialmente civil que se encuentre sujeta a la supervisión y rendición de cuentas por parte de autoridades civiles. En este sentido, la entidad a crearse deberá contribuir al fomento de una cultura de paz y no contribuir a la militarización;

§ Reformar las fuerzas armadas tal y como se estableció en los Acuerdos de Paz, incluyendo la reducción del presupuesto militar y el fin de las operaciones conjuntas entre la policía y el ejército, denominadas las Fuerzas Combinadas;

§ Aplicar las estipulaciones de los Acuerdos de Paz en cuanto a la subordinación de las autoridades militares a las autoridades civiles.

Sobre los Defensores de los Derechos Humanos

§ Elaborar un plan dirigido al cumplimiento efectivo de los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos;

§ Elaborar y lanzar una campaña pública para promover el trabajo en derechos humanos que dignifique a aquellos que lo lleven a cabo.

Sobre la Violencia contra las Mujeres

§ Según lo exigido en los Acuerdos de Paz desarrollar una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, tanto indígena como ladina, fundada en las disposiciones contenidas en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en las recomendaciones emitidas por el Comité de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de este tratado por parte del gobierno de Guatemala;

§ Enfrentar la ola de violencia creciente en contra de las mujeres, llevando a cabo investigaciones prontas, exhaustivas, efectivas e imparciales, así como promoviendo el enjuiciamiento a los responsables, brindándose al efecto los recursos necesarios.

Compromisos Relacionados con el Sector Campesino y el Indígena

§ Según lo establecido en los Acuerdos de Paz y en coordinación con el sector campesino y el sector indígena, desarrollar programas para superar la crisis del campo en Guatemala, impulsándose, entre otras medidas, acciones para aliviar la pobreza rural, lograr la solución urgente de los conflictos de propiedad y tenencia de la tierra, brindar acceso a la tierra y conseguir la provisión de recursos suficientes para la población campesina.

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Compromisos relacionados con los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y con la Comunidad Internacional

§ Implementar las recomendaciones en materia de los derechos humanos presentadas por el Grupo Consultivo después de su reunión de mayo 2003;

§ Implementar las recomendaciones de los expertos en materia de derechos humanos que han visitado Guatemala recientemente, incluidos los relatores especiales de la ONU sobre la situación de los pueblos indígenas, sobre la independencia de los jueces y abogados y sobre los defensores de derechos humanos así como los varios expertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH);

§ Apoyar el establecimiento de una presencia permanente de la representación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dotada de las atribuciones y recursos suficientes para cumplir tareas de monitoreo y apoyo relativas al respeto eficaz de los Derechos Fundamentales en Guatemala;

§ Ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y dictar la normativa interna que permita su implementación íntegra y eficaz en lo que a Guatemala se refiere. ********

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