Document - Guatemala: The return of the death penalty

[NO PUBLICAR ANTES DEL: 9 de mayo de 1997]


Amnistía Internacional



GUATEMALA

El retorno de la pena de muerte


Marzo de 1997 RESUMEN ÍNDICE AI: AMR 34/11/97/s


DISTR:







El Código Penal guatemalteco, que data de 1973, prevé la pena de muerte aunque, antes de las dos ejecuciones de 1996, raramente se había aplicado en Guatemala. Este documento informa sobre el debate en torno a la pena capital en Guatemala, las obligaciones contraídas por este país conforme a las normas internacionales de derechos humanos, los casos actuales de presos en espera de ejecución y las recomendaciones de Amnistía Internacional.
















Este texto resume el documento Guatemala: El retorno de la pena de muerte(Índice AI: AMR 34/11/97/s) publicado por Amnistía Internacional en marzo de 1997. Quienes deseen más información o emprender alguna acción al respecto deberán consultar el documento completo.








SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA


GUATEMALA

El retorno de la pena de muerte


Vuelven las ejecuciones a Guatemala


El 13 de septiembre de 1996, a las seis de la madrugada, Pedro Castillo Mendoza y Roberto Girón fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento por la violación y asesinato de la niña de cuatro años Sonia Álvarez García en Guanagazapa, departamento de Escuintla. La ejecución fue televisada en todo el país. A uno de los reos le dispararon en la cabeza al no haber muerto tras la primera descarga del pelotón.


Se habían agotado todos los recursos legales. La ejecución tuvo lugar después de que la Corte Suprema de Justicia de Guatemala rechazó el 11 de septiembre la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que se arbitraran medidas precautorias. La Comisión solicitó la suspensión de la ejecución, fundándose en que la legislación de Guatemala no contemplaba ese tipo de medidas.


Amnistía Internacional y otras organizaciones expresaron honda preocupación por el juicio y los procedimientos que condujeron a la imposición de la sentencia de muerte. La Misión de las Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala (MINUGUA) hizo públicas sus preocupaciones en relación con la violación del derecho a un juicio justo, materia incluida en el ámbito de su mandato, conforme al Acuerdo Global de Derechos Humanos de 1994. Los dos presos estuvieron sin abogado durante los nueve primeros días de su detención, período vital para la recopilación de pruebas, y más tarde fueron defendidos por estudiantes de derecho sin experiencia, supervisados por un abogado. Aunque la legislación guatemalteca permite la defensa ejercida por estudiantes de derecho, Amnistía Internacional considera que esta práctica es totalmente inapropiada en casos susceptibles de ser castigados con la pena de muerte, puesto que se niega de este modo al acusado el derecho a una asistencia letrada adecuada.

El debate sobre la pena de muerte en Guatemala


Historia reciente de la aplicación de la pena de muerte en Guatemala


En la práctica, la pena de muerte judicial raramente se ha aplicado en Guatemala. Antes de las ejecuciones de septiembre de 1996, en 1982 se habían llevado a cabo cuatro. Otras 11 se consumaron en 1983 en virtud del decreto de emergencia 46-82, promulgado durante el estado de sitio impuesto cuando en 1982 el general Efraín Ríos Montt se hizo con el poder. El decreto establecía tribunales militares secretos con potestad para imponer la pena de muerte para una amplia variedad de delitos de carácter político. Hubo contradicciones en las pruebas alegadas contra los ejecutados y serios indicios de que éstos «habían confesado» bajo tortura. La mayoría no tuvieron acceso a asistencia letrada y el procedimiento de apelación se instituyó sólo después de la protesta internacional generalizada tras las primeras ejecuciones llevadas a cabo en virtud del decreto.


El decreto fue anulado tras el derrocamiento del general Ríos Montt en agosto de 1983. En abril del mismo año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, teniendo presente el caso de Guatemala, solicitó de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana) una opinión consultiva sobre la ampliación del ámbito de la aplicación de la pena de muerte por un Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana). La Corte Interamericana concluyó que tal ampliación constituiría una violación de la Convención Americana y, por lo tanto, el incumplimiento del Estado Parte de sus obligaciones.


La pena de muerte en la legislación guatemalteca

El Código Penal de Guatemala (1973) estipula la pena de muerte para el parricidio, el homicidio con circunstancias agravantes y el homicidio del presidente y del vicepresidente. Su aplicación es preceptiva para la violación de menores de 10 años con resultado de muerte. También lo es para los casos de secuestro cuando la víctima es menor de 12 años o mayor de 60, cuando ésta muere o sufre lesiones físicas graves o un trauma psicológico permanente.


Según la Constitución de 1985, la pena de muerte no puede imponerse a mujeres, a personas de más de 60 años de edad, a los culpables de delitos de carácter político o de delitos comunes relacionados con ellos, ni a personas extraditadas con la condición de que no se les aplicará dicha pena, ni en los casos en los que una condena se fundamente en pruebas circunstanciales. Una sentencia sólo puede imponerse después de agotados todos los recursos de apelación. La Constitución establece que el Congreso puede abolir la pena de muerte.


A pesar del fallo de la Corte Interamericana en 1983, según el cual la ampliación del uso de la pena de muerte violaría la Convención Americana, en marzo de 1995 el Congreso guatemalteco aprobó el decreto 14-95, que amplía la aplicación de la pena de muerte a todos los declarados culpables de secuestro, incluso a los cómplices y a quienes traten de ocultar tal delito. Se considera el secuestro como un acto criminal de privación de la libertad, generalmente con la intención de obtener un beneficio económico o de otro tipo. Paradójicamente, las estadísticas elaboradas por la policía nacional muestran que el índice de secuestros creció de forma significativa inmediatamente después de que el Congreso aprobó el decreto. La categoría de esta ley sigue sin aclararse, ya que el ex presidente Ramiro de León Carpio no ratificó ni vetó la ley en el periodo legalmente previsto. Sin embargo, ya se han impuesto sentencias de muerte a personas declaradas culpables de delitos que entran dentro de su ámbito de aplicación.


En julio de 1995 se aprobó el decreto 48-95, que estipulaba la pena de muerte para los miembros de las fuerzas de seguridad o de «bandas terroristas y subversivas» que cometan ejecuciones extrajudiciales, cuando la víctima es menor de 12 años de edad o mayor de 60, entre otros casos. A partir de la aprobación del decreto, también se consideran punibles con la pena de muerte las desapariciones forzadas, cuando la víctima, a consecuencia de ese hecho, sufre lesiones graves, trauma psicológico permanente o la muerte.

En 1996, tras un aumento de la sensación de inseguridad pública provocada por el alto número de secuestros, atracos a mano armada y linchamientos callejeros, varios sectores de la sociedad guatemalteca aceptaron la pena de muerte como un medio eficaz para combatir la delincuencia común. Entre los que se opusieron a ella estaban algunos grupos locales de derechos humanos y la Iglesia católica. Desde las ejecuciones llevadas a cabo en septiembre de 1996, el Congreso ha aprobado nuevas leyes que cambian el pelotón de fusilamiento por la inyección letal como método de ejecución, manifestando así su intención de que la pena capital se mantenga vigente como castigo penal.

Amnistía Internacional se opuso a la pena de muerte por considerarla una violación del derecho a la vida y la forma más extrema de castigo cruel, inhumano y degradante. La Convención Americana protege ese derecho y condena este tipo de castigos. Amnistía Internacional entiende que el incremento de los delitos violentos, entre ellos el secuestro, exige la adopción de medidas eficaces con el fin de garantizar la seguridad de la población amenazada. La organización lamenta profundamente el dolor de las víctimas de tales crímenes, pero no cree que la aplicación de la pena de muerte sirva nunca como factor disuasorio que impida la comisión de delitos violentos, ni que sea nunca un castigo apropiado. De hecho, la organización ha llegado a la conclusión de que la pena de muerte no ha sido eficaz para reducir los índices de criminalidad en los países que la mantienen. Una prueba de ello, ya mencionada, es que los secuestros se incrementaron tras aprobar el Congreso el decreto 14-95.

Las investigaciones realizadas respaldan la postura de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte y nunca han aportado pruebas convincentes de que la pena capital sirva para disuadir de cometer delitos con más eficacia que otros castigos. En las conclusiones de la más reciente investigación sobre la relación entre la pena de muerte y la tasa de homicidios, llevada a cabo por las Naciones Unidas en 1988 y actualizada en 1996, se decía que las investigaciones no han podido demostrar científicamente que las ejecuciones tengan un efecto disuasorio mayor que la cadena perpetua y que es poco probable que se pueda demostrar en el futuro. Según estas conclusiones, los datos existentes siguen sin aportar pruebas que respalden la hipótesis de la disuasión.

Mientras se mantenga la pena de muerte siempre existirá el riesgo de que personas inocentes sean ejecutadas. Todos los sistemas de justicia penal son vulnerables a la discriminación y es necesario tener en cuenta la posibilidad del error judicial. Cuando la capacidad para obtener una buena asistencia letrada se convierte en uno de los factores más importantes en la determinación del resultado de un juicio, cuestiones como la raza, la clase social y la falta de medios económicos pueden tener un efecto considerable sobre la administración de justicia.

Las obligaciones contraídas por Guatemala en virtud de las normas internacionales de derechos humanos


La República de Guatemala es Estado Parte de la Convención Americana y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); ambos tratados incluyen estipulaciones específicas en relación con la aplicación y la extensión de la pena de muerte.


Según el artículo 4(2) de la Convención Americana, se prohíbe expresamente a los Estados Partes ampliar el ámbito de aplicación de la pena de muerte a delitos para los que no estuviera prevista en la legislación interna en el momento de la ratificación(1). De hecho, esta cuestión fue el tema de la tercera opinión consultiva de la Corte Interamericana(2), órgano responsable de la aplicación e interpretación de la Convención Americana. En el momento en que se sometió el asunto a la consideración de la Corte Interamericana, el gobierno guatemalteco pidió a ésta que se abstuviera de emitir una opinión. La petición fue rechazada y en septiembre de 1983 la Corte Interamericana decidió por unanimidad que los gobiernos de los Estados Partes de la Convención Americana no podían ampliar la aplicación de la pena de muerte a delitos para los que no estuviera prevista en la legislación interna en el momento de la ratificación, aún cuando se hubieran formulado reservas al artículo 4(4), como era el caso de Guatemala. Posteriormente, en mayo de 1986, Guatemala retiró sus reservas al artículo 4(4), acatando así plenamente la Convención Americana. En marzo del mismo año, Guatemala había aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana y declaró su reconocimiento de la competencia de la Corte en todas las materias relativas a la futura aplicación o interpretación de la Convención Americana.


La cuestión de la compatibilidad de la legislación interna con la Convención Americana fue también materia de una posterior opinión consultiva (OC - 14/94) de la Corte Interamericana. En noviembre de 1993, la Corte decidió por unanimidad que la promulgación de una ley contraria a las obligaciones de un Estado Parte de la Convención Americana constituiría una violación de la propia Convención. En el caso de que tal norma afectara a los derechos y libertades protegidos de determinados individuos, la Corte decidió que el Estado sería considerado internacionalmente responsable, al igual que los agentes que participaran en su aplicación.


También la Constitución guatemalteca estipula en su artículo 46 «el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno».


A la luz de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, no hay duda de que la aplicación de los decretos 14-95 y 48-95 contravienen la Convención Americana. Amnistía Internacional considera que al adoptar tales normas, el gobierno guatemalteco socava los compromisos que libremente asumió al ratificar la Convención Americana. El gobierno guatemalteco reiteró y reforzó sus compromisos en favor de la protección y promoción de los derechos humanos al aceptar libremente la jurisdicción de la Corte Interamericana y retirar sus anteriores reservas al artículo 4(4).


Como Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Guatemala estaba presente cuando la Asamblea General adoptó en 1990 el Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte. La adopción de este tratado supuso para los Estados que deseaban hacerlo un medio para reforzar sus decisiones de carácter nacional en favor de la abolición de la pena capital. Ahora, el Protocolo ha sido ratificado por cuatro Estados y firmado por otros tres. De hecho, de los 25 Estados Partes de la Convención Americana, 16 han abolido la pena de muerte para todos los delitos o para los delitos comunes, y otros dos se han convertido en países abolicionistas de hecho.


En 1995, Guatemala ratificó el PIDCP, aceptando así la competencia del Comité de Derechos Humanos en cuestiones relativas a su aplicación. El Comité ha interpretado el artículo 6 del PIDCP diciendo que «se refiere también en forma general a la abolición en términos que denotan claramente que [la abolición] es de desear».(3) Según el artículo 6, los Estados están también obligados a limitar su aplicación y, en particular, a imponerla sólo para «los más graves delitos». Asimismo, la Asamblea General de la ONU ha reiterado la conveniencia de abolirla(4).


De hecho, tanto el Comité de Derechos Humanos como el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU(5) han expresado su preocupación por las iniciativas emprendidas en 1995 para ampliar el ámbito de aplicación de la pena de muerte en Guatemala. Amnistía Internacional desconoce si el gobierno de Guatemala ha tomado alguna medida positiva en vista de las preocupaciones planteadas y está profundamente preocupada por el hecho de que ya se hayan impuesto sentencias de muerte para castigar el secuestro, delito incluido en el ámbito de la nueva legislación.



li0 En marzo de 1996, el Comité de Derechos Humanos examinó el informe inicial de Guatemala y, fundándose en sus conclusiones, hizo una serie de recomendaciones al gobierno. El Comité instó al gobierno guatemalteco a que limitara la aplicación de la pena de muerte a los delitos que podrían considerarse más graves. Entre otras cosas, el Comité recomendó también que se llevara a cabo una revisión exhaustiva del marco legal relativo a la protección de los derechos humanos para garantizar la plena conformidad con el PIDCP, y que se garantizase la independencia del poder judicial y se promulgara una ley para regularla.


Las ejecuciones de Pedro Castillo Mendoza y Roberto Girón se llevaron a cabo sólo seis meses después de que el Comité de Derechos Humanos comunicó sus preocupaciones y recomendaciones al gobierno de Guatemala. Tanto la Convención Americana como el PIDCP prevén en todos los casos que conllevan la pena de muerte la posibilidad de conceder la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena. Estas medidas están incluídas también en las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte (Salvaguardias de la ONU), adoptadas por el Consejo Económico y Social en 1984. Fundándose en que no se habían cumplido las debidas garantías procesales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno de Guatemala que arbitrara medidas precautorias, es decir, la suspensión de la ejecución. La petición fue rechazada sobre la base de que la legislación guatemalteca no permitía tales medidas. Amnistía Internacional considera que la negativa de Guatemala a cooperar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este caso es inaceptable e impide a la Comisión llevar a cabo las funciones de promoción y protección de los derechos humanos para las que fue creada, tal como se expone, en el caso de Guatemala, en la Convención Americana. También fue rechazada una petición de clemencia del Papa Juan Pablo II.

Casos actuales de presos en espera de ejecución


Amnistía Internacional ha recibido información según la cual hay más de 150 personas actualmente detenidas por diversos cargos, principalmente de homicidio y secuestro, que corren riesgo de ser condenadas a muerte. En muchos de estos casos los procesos de apelación aún no se han completado.


En el momento de redactarse este informe, Amnistía Internacional dispone de información sobre cinco personas actualmente condenadas a muerte en Guatemala.

Aníbal Archila Pérez, Miguel Ángel López Caló y Miguel Ángel Rodríguez Revolorio eran policías a quienes se declaró culpables del asesinato de dos hombres en las afueras de la ciudad de Guatemala en febrero de 1995. El 14 de marzo de 1997 se presentó una solicitud de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. En el momento de la redacción de este informe, aún estaba pendiente dicha solicitud de amparo. Amnistía Internacional siente honda preocupación por la información que ha recibido y que pone de manifiesto que hasta la fecha no se han cumplido las debidas garantías procesales en este caso.


Una de las preocupantes desviaciones con respecto al procedimiento procesal normal es que fue la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) de la Policía Nacional la que se encargó de la investigación inicial, en lugar de hacerlo el departamento correspondiente del Ministerio Público, responsable de tales materias. La identificación de los acusados se hizo comparando sus fotografías, sin la presencia del juez ni de los abogados defensores. La ausencia de supervisión judicial del procedimiento y de asistencia letrada implica que no hubo una vigilancia eficaz del proceso clave de identificación para garantizar que los testigos no estaban sometidos a influencias. A pesar de que el procedimiento no se llevó a cabo conforme al Código de Proceso Penal guatemalteco, la opinión de los testigos fue aceptada cuando se impuso la pena de muerte a Aníbal Archila Pérez, Miguel Ángel López Caló y Miguel Ángel Rodríguez Revolorio. Incluso cuando los acusados fueron arrestados, no se respetaron sus derechos básicos, como la obligación de cursar una orden de arresto y la de informar a los detenidos de sus derechos tras la detención. Tras la investigación inicial, el Ministerio Público llevó a cabo su propia investigación, pero basándose en las conclusiones extraídas por la ORP, y no tuvo en cuenta la declaración de los acusados, que afirmaron que no fue su vehículo patrulla sino otro el que patrullaba la zona en la que se cometió el crimen. Finalmente, el proceso se ha concluido con inusitada rapidez, imponiéndose la pena de muerte sólo tres meses después de iniciarse el proceso.


Manuel Martínez Coronado fue condenado a muerte tras ser declarado culpable del homicidio, cometido en mayo de 1995, de siete miembros de una misma familia, entre ellos tres niños, en la localidad de El Palmar, municipio de Quezaltepeque, departamento de Chiquimula. En este momento está pendiente una petición de amparo ante la Corte de Constitucionalidad.


El 18 de febrero de 1997, Luis Alberto Xiquén Ramos, ex soldado, fue condenado a muerte por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Sentencia de Petén por la violación y asesinato de una niña menor de 10 años en la zona Melchor de Mencos, en Petén, en marzo de 1996. El abogado del recluso ha interpuesto una apelación en su defensa ante la Corte de Apelación de Petén que, en el momento de redactarse este informe, estaba pendiente de resolución.


Ha habido un intenso debate público tras la decisión de la Sala Quinta de Sentencia de no imponer sentencias de muerte por el secuestro del niño Eddy, o Eddín, Ortiz, dado que las condenas se basaron en pruebas circunstanciales. Freddy Stanley Edwards Valencia y Jorge Francisco Espinoza Rossati fueron condenados a 30 años de cárcel tras ser declarados culpables del secuestro de Eddy, o Eddín, Ortiz. Además, Gustavo Enrique Flores Peláez y Alex Rene Yoc Flores fueron condenados a 20 años como cómplices del delito, y María Julia Canizales por ocultación del delito. En el momento de redactarse este informe, se iba a apelar contra la decisión de la Sala Quinta de Sentencia.


También está pendiente ante la Corte Suprema de Justicia la apelación presentada por el Ministerio Público tras la decisión de la Sala Novena de la Cámara de Apelaciones, en Sacatepéquez, en enero de 1997, de conmutar por penas de 50 años de cárcel las sentencias de muerte impuestas a Carlos Enrique Tórtola Escobar, César Augusto Soto Rivera y Marco Antonio Fuentes Marroquín, al averiguar que la aplicación de la pena de muerte constituiría una violación de la Convención Americana. La decisión se basa en el hecho de que cuando Guatemala ratificó la Convención Americana, el Código Penal guatemalteco no preveía la aplicación de la pena capital para castigar el secuestro. Tras la decisión de la Cámara de Apelaciones, se han producido protestas públicas y uno de los jueces de la Cámara ha sido amenazado de muerte.


A la luz de las preocupaciones planteadas por el Comité de Derechos Humanos en relación con las demoras y deficiencias de los procesos legales en Guatemala, es responsabilidad del gobierno guatemalteco el tomar medidas para garantizar que no se llevan a cabo ejecuciones en los casos de pena de muerte en los que haya alguna duda sobre la justa e imparcial administración de la justicia. Además, las Salvaguardias de la ONU subrayan que deben observarse los criterios más rigurosos en los casos en que el acusado pueda ser condenado a la pena de muerte. Según el artículo 4: «Sólo se podrá imponer la pena capital cuando la culpabilidad del acusado se base en pruebas claras y convincentes, sin que quepa la posibilidad de una explicación diferente de los hechos.» El artículo 5 dispone: «Sólo podrá ejecutarse la pena capital de conformidad con una sentencia definitiva dictada por un tribunal competente, tras un proceso jurídico que ofrezca todas las garantías posibles para asegurar un juicio justo, equiparables como mínimo a las que figuran en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluido el derecho de todo sospechoso o acusado de un delito sancionable con la pena capital a la asistencia letrada adecuada en todas las etapas del proceso.»



Recomendaciones de AI a las autoridades de Guatemala sobre la abolición de la pena de muerte


1 El gobierno abolirá la pena de muerte, que viola el derecho fundamental a la vida, y ratificará el Segundo Protocolo Facultativo delPacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


2 Mientras procede a su abolición, el gobierno no extenderá la aplicación de la pena de muerte para no transgredir las normas internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 4.2 establece: «tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente».


3 Mientras se procede a su abolición, el gobierno y las instancias judiciales pertinentes asegurarán todas las garantías procesales a los encausados en casos capitales, concretamente el derecho a gozar de las garantías mínimas de defensa. La pena de muerte sólo podrá imponerse cuando la culpabilidad del acusado se base en pruebas claras y convincentes.


La defensa de los encausados por delitos que pueden conllevar la pena de muerte debe ser realizada únicamente por abogados colegiados y en ejercicio.


Las garantías para los condenados a muerte deben seguir la legislación internacional pertinente, en concreto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticosy las Salvaguardias para garantizar la protección de los condenados a la pena de muerte, adoptadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.



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(1) Artículo 4(2): «Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente».

(2) Opinión consultiva OC-3/82, 8 de septiembre de 1983.

(3) Comité de Derechos Humanos, Comentario General Núm. 6, párr. 6.

(4) La Resolución 32/61 declara que «el principal objetivo que debe buscarse en relación con la pena capital es restringir progresivamente el número de delitos por razón de los cuales pueda imponerse la pena capital, con miras a la conveniencia de abolir esa pena».

(5) Doc. de la ONU E/CN.4/1996/4, 25 de enero de 1996.

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