Document - Guatemala: Briefing to the UN Committee against Torture

</head> <body> <p/> <p/> <p/> <p/> <p> <img src="embedded:image2.png" alt="image2.png"/>�</p> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b>Amnesty International Publications </b> </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"/> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b>Publicado originalmente en 2013 por Amnesty International Publications </b> </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b>International Secretariat </b> </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b>Peter Benenson House </b> </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b>1 Easton Street </b> </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b>London WC1X 0DW </b> </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b>Reino Unido </b> </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b>www.amnesty.org</b> </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"/> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b>© Amnesty International Publications 2013 </b> </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"/> <p class="aI_Flyleaf_Text"/> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b>Índice: AMR 34/006/2013 </b> </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"/> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b>Idioma original: inglés. </b> </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"/> <p>Edición española a cargo de: </p> <p>EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI) </p> <p>Valderribas, 13. </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b>28007 Madrid </b> </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b>España </b> </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"/> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b>Todos los derechos reservados. Esta publicación tiene derechos de autor, si bien puede ser reproducida por cualquier medio, sin pago de tasas, con fines educativos o para llevar a cabo acciones de protección y promoción de los derechos humanos, pero no para la venta. Los titulares de los derechos de autor solicitan que se les comuniquen los usos mencionados con el fin de evaluar sus efectos. Para la reproducción de este texto en cualquier otra circunstancia, su uso en otras publicaciones o su traducción o adaptación, deberá obtenerse el permiso previo por escrito de la editorial, y podrá exigirse el pago de una tasa. </b> </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"/> <p class="aI_Flyleaf_Text"/> <p>�</p> <p class="aI_Flyleaf_Text"/> <p class="aI_Contents_Heading"> <b>Índice</b> </p> <p class="tDC_1"/> <p class="tDC_1">4INTRODUCCIÓN �</p> <p class="tDC_1">4IMPUNIDAD Y FALTA DE RESARCIMIENTO POR TORTURA (INCLUIDA LA VIOLENCIA SEXUAL), HOMICIDIOS Y DESAPARICIONES FORZADAS �</p> <p class="tDC_2">41. INFORMACIÓN GENERAL �</p> <p class="tDC_2">52. IMPUNIDAD �</p> <p class="tDC_3">62.1 IMPUNIDAD DE LA VIOLENCIA SEXUAL �</p> <p class="tDC_3">72.2 INTENTOS DE DECRETAR UNA AMNISTÍA PARA VIOLACIONES GRAVES DE DERECHOS HUMANOS �</p> <p class="tDC_3">82.3 NEGACIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE VIOLACIONES GRAVES DE DERECHOS HUMANOS �</p> <p class="tDC_3">92.4 JUICIO POR GENOCIDIO Y CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD �</p> <p class="tDC_2">103. DERECHO A LA VERDAD Y COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA Y OTRAS FORMAS DE DESAPARICIÓN �</p> <p class="tDC_1">13RECOMENDACIONES �</p> <p class="tDC_1">�</p> <p>�</p> <p class="título_1"> <b>Introducción </b> </p> <p class="aI_Body_Text">Este documento se remite al Comité de las Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura con antelación al examen que realizará el Comité de los informes periódicos quinto y sexto combinados presentados por Guatemala sobre su cumplimiento de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. </p> <p class="aI_Body_Text">En él se detallan los motivos de preocupación de Amnistía Internacional sobre el incumplimiento de las obligaciones que incumben a Guatemala en virtud de la Convención, entre otros, respecto a los artículos 12, 13, 14 y 16. El documento, que aplaude los avances en el enjuiciamiento de delitos de derecho internacional cometidos durante el conflicto armado interno, presta especial atención a las restantes obligaciones del gobierno guatemalteco de abordar la impunidad, investigar eficazmente los delitos de derecho internacional y garantizar el procesamiento penal de los responsables y reparaciones para las víctimas y sus familias. El gobierno debe desvelar información que arrojaría luz sobre el destino de cientos de miles de personas ejecutadas o sometidas a desaparición forzada y ofrecer datos sobre procesamientos penales desclasificando los archivos militares. Asimismo, el gobierno debe garantizar la creación de la comisión nacional propuesta para buscar víctimas de desaparición forzada. </p> <p class="aI_Body_Text"/> <p class="título_1"> <b>IMPUNIDAD Y FALTA DE RESARCIMIENTO POR TORTURA (INCLUIDA LA VIOLENCIA SEXUAL), HOMICIDIOS Y DESAPARICIONES FORZADAS </b> </p> <p class="título_2"/> <p class="título_2">1. INFORMACIÓN GENERAL </p> <p>En 1999, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), respaldada por la ONU, presentó su informe sobre los abusos y las violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto, y calculaba que más de 200.000 personas habían sido víctimas de homicidio o sometidas a desaparición forzada durante el periodo de 1960-1996.� Otras muchas sufrieron tortura y violencia sexual.� Hasta la fecha, la gran mayoría de estos crímenes han gozado de impunidad: los sobrevivientes y sus familiares siguen soportando el dolor y el sufrimiento resultantes de la impunidad reinante. </p> <p class="texto_comentario">El Comité contra la Tortura ha expresado en ocasiones anteriores su preocupación por la impunidad existente en Guatemala. En 1998, manifestó su inquietud por “[l]a persistencia de la impunidad de los crímenes, en especial de las graves violaciones a los derechos humanos”.� En 2000, el Comité observó lo siguiente: “Sigue existiendo impunidad por los delitos en general y por las violaciones de derechos humanos en particular, debido a que los órganos de gobierno responsables de impedir, investigar y castigar tales crímenes no cumplen su deber. La mayoría de las violaciones de derechos humanos cometidas tanto durante el conflicto armado interno como después de la firma de los Acuerdos de Paz gozan de impunidad”.� Durante el examen del último informe presentado por Guatemala, en 2006, el Comité expresaba su “preocupación por la impunidad que sigue existiendo respecto de la mayoría de las violaciones de los derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno, acerca del cual la Comisión de Esclarecimiento Histórico ha documentado más de 600 masacres que aún no han sido investigadas”� y recomendaba a Guatemala que garantizase “el inicio de investigaciones prontas, eficaces, independientes y rigurosas de todos los actos de tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno” y que concediese una indemnización adecuada a las víctimas. </p> <p class="texto_comentario"> </p> <p class="aI_Box_Heading"> <b>CARLOS ERNESTO CUEVAS</b> </p> <p class="aI_Box_Heading"/> <p class="aI_Box_Text">Carlos Cuevas, estudiante y activista, desapareció la mañana del 15 de mayo de 1984. Según testigos presenciales, iba en su motocicleta por la ciudad de Guatemala cuando lo interceptaron dos automóviles y lo obligaron a entrar en un furgón policial apuntándole con una pistola. En 2008, su familia descubrió que había sido ejecutado tres meses después de su captura al encontrar datos sobre él en un documento del ejército guatemalteco que había sido filtrado (el llamado “Diario Militar”). Nadie ha rendido cuentas por la desaparición de Carlos Ernesto Cuevas y nunca se ha llegado a encontrar su cadáver, pese a los incansables esfuerzos de su familia. </p> <p class="aI_Box_Text"> <i>Durante años, tras el secuestro de Carlos, sufrí trastorno por estrés postraumático (depresión, pensamientos suicidas, ansiedad, pesadillas, etc.). Hoy soy consciente de que el dolor nunca desaparecerá; he aprendido a vivir con él, pero sigue afectando a mi vida cotidiana. Resulta especialmente duro no haber podido hacer justicia, porque hemos estado buscándolo activamente durante 30 años</i>. </p> <p class="aI_Box_Text">Ana Lucía Cuevas, hermana de Carlos Ernesto Cuevas </p> <p class="título_2">2. IMPUNIDAD </p> <p>El conflicto armado interno terminó en 1996 y, desde entonces, han sido lentos y limitados los avances en hacer rendir cuentas a los sospechosos de tener responsabilidad penal en violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Sin embargo, en los últimos cuatro años se han celebrado juicios importantes sobre siete casos. </p> <p/> <p>En agosto de 2009 se juzgó, declaró culpable y condenó a 150 años de cárcel a un ex comisionado militar por la desaparición forzada de seis personas en la zona de Choatulum entre 1982 y 1984.� </p> <p/> <p>En diciembre de 2009 se juzgó, declaró culpables y condenó a 53 años de cárcel cada uno a un ex coronel y tres ex comisionados militares por la desaparición forzada de ocho personas, ocurrida en 1981 en la aldea El Jute.� </p> <p/> <p>En octubre de 2010 se juzgó, declaró culpables y condenó a 40 años de prisión cada uno a dos ex agentes de policía por la desaparición forzada del estudiante y activista Edgar Fernando García, ocurrida en 1984.� </p> <p/> <p>En 2011 se juzgó, declaró culpables y condenó a cadena perpetua a tres ex soldados y un oficial por su participación en la masacre perpetrada en 1982 en la aldea de Dos Erres, situada en el norte del país, en la que murieron más de 200 hombres, mujeres y niños.� </p> <p/> <p>En marzo de 2012 se condenó a otro ex soldado a cadena perpetua por su participación en la masacre de Dos Erres, con lo que el total de ex miembros del ejército condenados por estos sucesos asciende a cinco.� </p> <p/> <p>También en marzo de 2012 se juzgó, declaró culpables y condenó a cadena perpetua a un ex comisionado militar y cuatro ex patrulleros civiles por su participación en la masacre perpetrada en 1982 en Plan de Sánchez, en la que murieron más de 250 personas.� </p> <p/> <p>En agosto de 2012 se juzgó, declaró culpable y condenó a un ex agente de policía a 70 años de prisión por la desaparición forzada, ocurrida en 1981, del estudiante universitario Edgar Sáenz Calito.� </p> <p/> <p>Amnistía Internacional acoge con satisfacción estos avances y reconoce la importancia que tienen estos casos para los sobrevivientes, los familiares de las víctimas y la sociedad en su conjunto. La organización también observa los esfuerzos y la función de organizaciones locales de derechos humanos y del Ministerio Público de Guatemala en llevar a juicio estos casos. </p> <p/> <p>Sin embargo, aunque estos avances son bienvenidos tras muchos decenios de estancamiento, Amnistía Internacional advierte que la gran mayoría de las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto armado interno siguen gozando de impunidad. De las 626 masacres registradas por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, sólo dos se han investigado y han dado lugar a sentencias condenatorias.� De los aproximadamente 45.000 casos de desapariciones forzadas, sólo cinco han dado lugar a sentencias condenatorias.� En la mayoría de los casos en que se dictaron sentencias condenatorias, sólo se ha hecho rendir cuentas a oficiales de rango inferior, como ha ocurrido, por ejemplo, en los casos de las masacres de Dos Erres y Plan de Sánchez. </p> <p/> <p>El efecto de la negación de justicia en los sobrevivientes y los familiares de las víctimas es devastador. Muchos han pasado decenios tratando de averiguar qué ocurrió con sus seres queridos o de aclarar quién es responsable en último término de las violaciones de derechos humanos que ellos mismos sufrieron y de llevar a los autores ante la justicia. La falta de justicia intensifica el dolor y el sufrimiento causados a las víctimas por la violación de derechos humanos perpetrada inicialmente. </p> <p class="título_3"/> <p class="título_3">2.1 IMPUNIDAD DE LA VIOLENCIA SEXUAL </p> <p>Además de las medidas de ámbito general que el Estado de Guatemala debe emprender para abordar la arraigada impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, merece especial atención la cuestión de la impunidad de la violencia sexual ejercida durante el conflicto. El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) registró 1.465 incidentes de violencia sexual, a la vez que resalta que esta cifra es inferior a la real y no refleja la verdadera magnitud de la violencia sexual perpetrada.� </p> <p>El 99 por ciento de quienes sufrieron violencia sexual en el conflicto eran de sexo femenino, el 88 por ciento de las víctimas eran de ascendencia maya y aproximadamente un tercio eran niñas menores de 18 años. </p> <p>La CEH observó que, en un gran número de los casos de violación y ejecución sumaria documentados, las víctimas eran mujeres embarazadas. Según la CEH, la gran mayoría de los autores de actos de violencia sexual eran miembros de las fuerzas armadas guatemaltecas, integrantes de las patrullas de autodefensa civil o comisionados militares.� La CEH concluyó que, teniendo en cuenta la naturaleza sistemática y masiva de la violencia sexual, dicha violencia formaba parte de una estrategia planeada.� </p> <p>Varios casos de violencia sexual se detallan en la causa incoada contra el ex presidente Ríos Montt y su antiguo jefe de los servicios de inteligencia, Mauricio Rodríguez Sánchez, por genocidio y crímenes de lesa humanidad (véase el apartado 2.4). Actualmente se está celebrando una causa separada presentada por 15 mujeres que denuncian que fueron sometidas a violencia sexual por miembros del ejército guatemalteco entre 1982 y 1986. Sin embargo, a excepción de estas dos causas, los actos de violencia sexual cometidos en el contexto del conflicto armado han gozado de impunidad y, debido al estigma asociado a estos delitos, debe hacerse un esfuerzo especial por investigar y procesar a los responsables. </p> <p>La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha instado al gobierno de Guatemala a diseñar y poner en marcha una política integrada de reparaciones que incorpore una perspectiva de género.� </p> <p>Algunas ONG han trabajado con sobrevivientes de actos de violencia sexual cometidos durante los años de conflicto para prestarles apoyo psicosocial, pero la gran mayoría de las sobrevivientes no han tenido acceso a servicios psicológicos especializados del Estado. </p> <p class="título_3">2.2 INTENTOS DE DECRETAR UNA AMNISTÍA PARA VIOLACIONES GRAVES DE DERECHOS HUMANOS </p> <p>Algunos de los presuntos responsables de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto han invocado leyes de amnistía anteriores para evitar ser procesados.� La Ley 8-86, promulgada en 1986 pero revocada en 1997, preveía la amnistía para ciertos delitos, y los abogados del general retirado Efraín Ríos Montt argumentaron que era de aplicación al caso de su cliente. Estos argumentos acabaron por desestimarse, pero es posible que en futuras causas judiciales se esgriman la Ley 8-86 u otros argumentos relativos a la amnistía para evitar procesamientos o recurrir sentencias condenatorias. </p> <p>En el informe anual publicado en enero de 2013 por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala, la alta comisionada expresaba su esperanza de que la legislación nacional siguiese interpretándose de conformidad con las obligaciones internacionales de derechos humanos de Guatemala, de modo que reconociese que las violaciones graves de derechos humanos no pueden beneficiarse de una amnistía.�</p> <p>Por su parte, en 2006 el Comité contra la Tortura afirmó lo siguiente: “El Estado Parte debe aplicar estrictamente la Ley de reconciliación nacional, que deniega explícitamente la amnistía a los autores de actos de tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos, garantiza el inicio de investigaciones prontas, eficaces, independientes y rigurosas de todos los actos de tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, y prevé una indemnización adecuada a las víctimas”.� En una declaración oral pronunciada ante el Consejo de Derechos Humanos en su periodo de sesiones de marzo de 2012, con ocasión del examen periódico universal de Guatemala, el gobierno guatemalteco afirmó que los tribunales nacionales decidirían el alcance de las excepciones previstas en la ley de amnistía.� </p> <p class="título_3">2.3 NEGACIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE VIOLACIONES GRAVES DE DERECHOS HUMANOS </p> <p>Aunque ha habido cierto avance en llevar ante la justicia a presuntos responsables de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario perpetradas durante el conflicto armado interno, tal progreso sigue empañado por la falta de voluntad de las fuerzas armadas de cooperar con las investigaciones sobre abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado. </p> <p>El ejército guatemalteco no ha cooperado con las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y se ha negado a hacer públicos documentos relativos a operaciones militares emprendidas durante el conflicto armado interno. En 2010, una comisión presidencial encargada de examinar la desclasificación de archivos militares relacionados con el conflicto recomendó que se desclasificaran más de 11.000 documentos. Posteriormente, el ejército hizo públicos los documentos en cuestión. Sin embargo, los documentos relativos al periodo 1980-1985, en el que se cometieron la gran mayoría de las violaciones de derechos humanos, no estaban entre la documentación desclasificada.� Según información recibida de grupos de derechos humanos, los documentos desclasificados que se han hecho públicos no han sido indexados, resumidos ni sistematizados y sólo son accesibles si se acude en persona a la sede del Estado Mayor de la Defensa Nacional, situada en la ciudad de Guatemala. El informe de la comisión presidencial sobre la desclasificación no llegó a hacerse público, como tampoco se han revelado los criterios utilizados para determinar qué documentos debían desclasificarse. </p> <p>Asimismo, el ejército guatemalteco se ha negado a cumplir plenamente la orden judicial de hacer públicos determinados documentos relativos a operaciones militares lanzadas a principios de la década de 1980. Debido a la falta de cooperación del ejército –y a que el gobierno no ha obligado al ejército a cooperar–, la información que permitiría a sobrevivientes y familiares de las víctimas desentrañar la verdad de lo sucedido y llevar ante la justicia a los autores de violaciones graves de derechos humanos, como tortura y otros malos tratos, queda fuera de su alcance.�</p> <p>Las autoridades guatemaltecas deben garantizar que se hace pública toda la información pertinente para establecer la verdad sobre la tortura y otras violaciones de derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado de 1960-1996. </p> <p class="título_3">2.4 JUICIO POR GENOCIDIO Y CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD</p> <p>El 19 de marzo de 2013 comenzó en la ciudad de Guatemala el juicio contra los generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez. Efraín Ríos Montt fue presidente <i>de facto</i> de Guatemala entre 1982 y 1983, y Mauricio Rodríguez Sánchez era el jefe de los servicios de inteligencia. Ambos han sido acusados formalmente de la autoría intelectual de delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad relativos a homicidios, tortura, violencia sexual (incluida esclavitud sexual) y desaparición forzada de 1.776 víctimas de etnia maya-ixil perpetrados por el ejército entre 1982 y 1983. </p> <p>En el contexto del juicio por genocidio y otros crímenes de derecho internacional, resultan preocupantes las reiteradas aserciones hechas por altos cargos del Estado –incluido el presidente, que fue general– de que no tuvo lugar genocidio alguno. Amnistía Internacional manifestó sus inquietudes a este respecto y, en 2012, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó al Estado de Guatemala a expresar claramente su apoyo a los procedimientos judiciales en la causa por genocidio y en otros casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante los años de conflicto.� Sin embargo, siguen haciéndose declaraciones de que en Guatemala no hubo genocidio.� </p> <p>El comienzo del juicio ha sido el resultado de 12 años de esfuerzos emprendidos tanto en Guatemala como en España para hacer rendir cuentas a los generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez de las acusaciones de genocidio y crímenes de lesa humanidad. </p> <p>El juicio es un paso en el camino hacia abordar los crímenes cometidos en el pasado y examinar la responsabilidad de la cadena de mando. </p> <p>Sin embargo, ha estado desde el principio sujeto a diversos recursos de procedimiento presentados por la defensa, que aducía que debía aplazarse, o anularse, o ambas cosas. En las fases finales del juicio, después de que hubiesen prestado declaración más de un centenar de testigos y peritos, el 18 de abril por la mañana el equipo de la defensa abandonó la sala del tribunal en protesta por la decisión de la jueza de rechazar otra moción de suspender el juicio. Ese mismo día por la tarde, otra jueza de un tribunal diferente, en su resolución sobre una apelación previa de procedimiento, ordenó la anulación de todos los procedimientos del juicio –con lo que en la práctica detenía y anulaba el proceso– y determinó que los procedimientos judiciales debían volver a la fase preliminar. </p> <p>La decisión del 18 de abril de anular el juicio se basaba en un aspecto de procedimiento relativo a una solicitud anterior de los abogados de Efraín Ríos Montt de escuchar a varios testigos. Una jueza había rechazado la solicitud durante la fase preliminar sobre la base de que los testigos eran irrelevantes para el asunto que se estaba juzgando. Sin embargo, la jueza que supervisaba el juicio había permitido que testificaran todos los testigos y peritos que la defensa había propuesto, y todos los testigos que habían comparecido ante el tribunal hasta la fecha habían podido prestar declaración. </p> <p>El 19 de abril, la jueza que supervisaba la causa se negó a aceptar la anulación, pero sí suspendió los procedimientos hasta que la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial, emitiese un fallo al respecto. En el momento de redactarse este documento, a 19 de abril de 2013, estaba previsto que la Corte de Constitucionalidad se pronunciase en algún momento de la semana del 22 de abril de 2013. </p> <p class="título_2">3. DERECHO A LA VERDAD Y COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA Y OTRAS FORMAS DE DESAPARICIÓN </p> <p class="título_2"/> <p>Incluso en los casos en que los presuntos responsables penales han sido por fin juzgados, al haberse retrasado los procesos judiciales durante tantos decenios, los familiares se cuestionan sobre la naturaleza de la justicia que finalmente es impartida. Si bien reconocen el valor de las sentencias condenatorias dictadas, la enorme demora es un presagio para otras personas que deseen emprender acciones judiciales. </p> <p class="aI_Box_Heading"> <b>EDGAR FERNANDO GARCÍA</b> </p> <p class="aI_Box_Heading"/> <p class="aI_Box_Text">Edgar Fernando García era estudiante y activista sindical. El 18 de febrero de 1984, agentes de policía de la Brigada de Operaciones Especiales (BROE) pararon a Fernando García y a un amigo en la calle. Cuando Fernando García intentó huir, le dispararon en las piernas y lo obligaron a entrar en un vehículo policial. Más tarde, un equipo policial registró su casa y se llevó sus pertenencias. </p> <p class="aI_Box_Text">En 2010, 26 años después de la desaparición de Fernando García, dos ex agentes de policía fueron condenados a 40 años de prisión cada uno por el delito cometido. Otros dos policías de bajo rango siguen prófugos de la justicia. En 2011, dos altos cargos de las fuerzas de seguridad –el coronel retirado Héctor Bol de la Cruz y el ex comandante del Cuarto Cuerpo de la Policía Nacional Jorge Alberto Gómez López– fueron detenidos en relación con la desaparición de Fernando García. Se han iniciado procedimientos contra ellos. </p> <p class="aI_Box_Text"> <i>A eso no se le puede llamar justicia.</i> <i>Estuvimos reclamando por la vida de él más de 25 años, hubo un retraso de justicia de toda una vida.</i> <i>Yo era una niña y primero yo me hice abogada, y he logrado yo llevar el caso antes de que pudiera haber justicia.</i> <i>Toda una vida, no podemos hablar que hay justicia… costó tanto que se diera</i> <i>la sentencia condenatoria, y aún hoy por hoy para llevar a juicio a los autores intelectuales hay mucho retraso.</i> <i>Por supuesto reconozco la sentencia, pero creo que la justicia también implica otras cosas.</i> </p> <p class="aI_Box_Text">Alejandra García, hija de Fernando García </p> <p>Pese a los esfuerzos de los familiares de las víctimas y de grupos de derechos humanos que hicieron campaña por el establecimiento de una comisión encargada de investigar los alrededor de 45.000 casos de desaparición forzada ocurridos durante el conflicto armado interno, todavía no se ha aprobado la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición. En 2007 se presentó un proyecto de ley (número 3590) pero, en los seis años siguientes, el Congreso no lo ha aprobado para convertirlo en ley. </p> <p>Guatemala es Estado Parte en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas desde 1978, pero aún no ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que firmó en 2007, por lo que no reconoce la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las quejas presentadas por las víctimas o en su nombre. </p> <p>La mayoría de los casos de desaparición forzada de los años del conflicto guatemalteco siguen gozando de impunidad, y la mayoría de los familiares no han podido averiguar qué les ocurrió a sus seres queridos. En su Comentario General sobre la desaparición forzada como delito continuado, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias establece claramente que las desapariciones forzadas deben considerarse un delito continuado, hasta que el Estado reconozca que se produjo la detención o proporcione información sobre la suerte y el paradero de la víctima.� El Grupo de Trabajo también ha dejado claro que el efecto continuado que tiene sobre los familiares de las personas desaparecidas el hecho de que el Estado niegue el acceso a la información sobre lo sucedido debe considerarse como tortura.� </p> <p>Incluso cuando se determina que ha tenido lugar la desaparición de la víctima, se prolonga el trauma de no saber qué ocurrió exactamente. Al no poderse confirmar la muerte o la forma de morir de la persona desaparecida, ya sea mediante documentación, porque las personas consideradas responsables reconozcan los hechos o por la localización del cadáver, los familiares siguen albergando esperanzas contra toda expectativa de que su ser querido todavía pueda ser encontrado con vida. </p> <p class="aI_Box_Text"> <i>Yo sabía que mi papá estaba en alguna cárcel clandestina y que él estaba siendo torturado y bueno, yo siempre guardé la esperanza de que estuviera vivo porque eso sí, fue sumamente difícil de afrontar,</i> <i>y hoy por hoy a veces todavía tengo la esperanza de que de repente él pueda aparecer vivo.</i> </p> <p class="aI_Box_Text">Alejandra García, hija de Fernando García, desaparecido en 1984 </p> <p>Con el paso de los años, aumenta la urgencia de encontrar a las personas desaparecidas. Muchos de los familiares de los desaparecidos son ahora ancianos o tienen problemas de salud, que en algunos casos están relacionados con el trauma que han sufrido. La convicción creciente de que nunca podrán enterrar a sus seres queridos o saber qué les ocurrió es un motivo adicional de sufrimiento. Como apunta el Comité de la ONU contra la Tortura en su Observación general 14, además de la persona que sufrió los daños, los familiares directos y las personas que estaban a su cargo también son víctimas.�</p> <p class="aI_Box_Text"> <b>JORGE HUMBERTO GRANADOS HERNÁNDEZ</b> </p> <p class="aI_Box_Text"> Jorge Granados, panadero, sindicalista y activista, desapareció el 9 de mayo de 1984 después de salir de casa para asistir a una reunión. Nunca regresó. Una vecina contó a la esposa de Jorge Granados que, horas después de que Jorge Granados saliera de casa, había visto cómo lo golpeaban en la parte trasera de un vehículo sin matrícula estacionado en las proximidades. Posteriormente aquella tarde, agentes de policía de la Brigada de Operaciones Especiales (BROE) registraron la casa en la que vivía Jorge Granados con su esposa y sus tres hijos pequeños, robaron dinero y bienes y aterrorizaron a la familia. Nunca han llegado a encontrarlo, y su familia sigue sin tener información sobre su suerte. </p> <p class="aI_Box_Text"> <i>El tiempo va avanzando.</i> <i>Si lo vemos así, ya se murieron un montón de compañeras, de esposas [de los desaparecidos].</i> <i>Entonces yo me pongo a pensar:</i> <i>me voy a morir y no voy a ver los restos de mi esposo.</i> </p> <p class="aI_Box_Text">Sara Poroj, esposa de Jorge Granados </p> <p>En 2012, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a Guatemala a que aprobase el proyecto de ley por el que se establecería la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición, a que crease un registro único y centralizado de personas desaparecidas y a que dotase a la Comisión Nacional de todos los recursos necesarios.� Durante la reunión pública celebrada ese mismo año sobre el examen del informe presentado al Comité de Derechos Humanos, Guatemala se comprometió a incluir la adopción de la mencionada ley en la agenda legislativa del Congreso. Por el momento, aún no se ha aprobado el proyecto de ley. </p> <p class="aI_Box_Text"> <i>Sobre la responsabilidad del Estado, que se haga un esfuerzo de búsqueda de los desaparecidos, ésos son como sellos que dejan por siempre marcada la vida de uno.</i> <i>Hay muchas familias que simplemente no desean promover el caso a nivel legal pero sí seguramente quieren saber dónde están sus familiares.</i> <i>Creo que le corresponde al Estado que aun así no haya casos legales, debe hacer un esfuerzo de búsqueda de los desaparecidos y por rendir cuentas a las familias y a la sociedad para solventar todas estas heridas.</i> </p> <p class="aI_Box_Text">Alejandra García, hija de Fernando García, desaparecido en 1984 </p> <p/> <p>�</p> <p class="título_1"> <b>Recomendaciones </b> </p> <p class="aI_Recommends_Subheading"/> <p>Amnistía Internacional insta al Estado de Guatemala a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que:</p> <p class="aI_Body_Text">Todos los casos de los años de conflicto avanzan en los tribunales sin que se produzcan más demoras. Los sobrevivientes y sus familiares pueden ejercer el derecho a obtener justicia, verdad y reparación. </p> <p class="aI_Body_Text">Ninguna persona sospechosa de tener responsabilidad penal en delitos de derecho internacional se beneficia actualmente ni se beneficiará en el futuro de ninguna amnistía. El gobierno de Guatemala debe hacer una declaración categórica al respecto. </p> <p class="aI_Body_Text">El poder ejecutivo del Estado se abstiene de emprender acciones que puedan interpretarse como una injerencia en los procesos judiciales. En toda circunstancia, la tarea de dilucidar si determinados individuos cometieron o no genocidio compete a los tribunales. </p> <p class="aI_Body_Text">El Ministerio de Defensa cumple plenamente todas las órdenes judiciales de desclasificar documentación y toda información necesaria para la investigación de violaciones de derechos humanos. </p> <p class="aI_Body_Text">Se ofrecen mecanismos de reparación con una perspectiva de género a las víctimas de violación y otras formas de violencia sexual, consultando a las víctimas y a quienes trabajan para ayudarlas, y deberá incluirse la prestación de servicios psicosociales. Las iniciativas emprendidas en este ámbito deben incorporar un programa destinado a abordar la estigmatización y marginación de las personas sobrevivientes de violencia sexual. </p> <p class="aI_Body_Text">Se establece la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición, mediante la aprobación sin más demora del proyecto de ley 3590 (por el que se crea la Comisión). Amnistía Internacional exhorta además al gobierno de Guatemala a que dote a la Comisión Nacional de todos los recursos necesarios una vez establecida, con el fin de permitir su adecuado funcionamiento. </p> <p class="aI_Body_Text">Se ratifica la Convención Internacional de la ONU para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que Guatemala firmó en 2007, y se incorporan sus disposiciones a la legislación nacional. Amnistía Internacional también insta a Guatemala a incorporar plenamente a la legislación nacional el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (ratificado en 2012), en particular tipificando en la legislación nacional todos los delitos previstos en el Estatuto. </p> <p>�</p> <p/> <p/> <p/> <p/> <p/> <p/> <p/> <p/> <p/> <p/> <p/> <p/> <p/> <p/> <p/> <p/> <p/> <p/> <p/> <p/> <p/> <p/> <p/> <p/> <p/> <p/> <p/> <p> <b>www.amnesty.org<img src="embedded:image1.png" alt="image1.png"/> </b> </p> <p>guatemala </p> <p>INFORMACIÓN PARA EL COMITÉ DE LA ONU CONTRA LA TORTURA </p> <p> </p> <p>50º PERIODO DE SESIONES, MAYO DE 2013 </p> <p> </p> <p>Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por 3 millones de simpatizantes, miembros y activistas de más de 150 países y territorios, que hacen campaña para acabar con los abusos graves contra los derechos humanos. </p> <p> </p> <p>Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. </p> <p> </p> <p>Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribuciones de nuestra membresía y con donativos. </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>� “La CEH estima que el saldo en muertos y desaparecidos del enfrentamiento fratricida llegó a más de doscientas mil personas”, Conclusión núm. 2, Guatemala: Memoria del silencio. Conclusiones y recomendaciones del Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, Capítulo IV: Conclusiones, disponible en � HYPERLINK "http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/spanish/conc1.html" �http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/spanish/conc1.html� [consultado el 15 de abril de 2013]. </p> <p>�Conclusiones núm. 28, 29 y 41 sobre violencia sexual, tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes y esclavitud en Guatemala, Memoria del Silencio, Conclusiones y recomendaciones del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Capítulo IV: Conclusiones, disponible en � HYPERLINK "http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/spanish/toc.html" �http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/spanish/toc.html� [consultado el 15 de abril de 2013]. </p> <p>� Observaciones finales del Comité contra la Tortura, Guatemala, A/53/44, párrs. 157-166, 27 de mayo de 1998, párr. 164.a. </p> <p>� Observaciones finales del Comité contra la Tortura, Guatemala, A/56/44, párrs. 67-76, Guatemala, 6 de diciembre de 2000, párr. 73.b. Traducción de Amnistía Internacional. </p> <p>� Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura, Guatemala, CAT/C/GTM/CO/4, 25 de julio de 2006, párr. 15. </p> <p>� “Guatemala makes landmark civil war conviction”, Reuters, 31 de agosto de 2009, � HYPERLINK "http://www.reuters.com/article/2009/09/01/us-guatemala-rights-idUSTRE5800F720090901" �http://www.reuters.com/article/2009/09/01/us-guatemala-rights-idUSTRE5800F720090901� [consultado el 15 de abril de 2013]. </p> <p>� “Condenan a 53 años a 4 involucrados por desaparición forzada”, El Periódico, 4 de diciembre de 2009, � HYPERLINK "http://www.elperiodico.com.gt/es/20091204/pais/127059/" �http://www.elperiodico.com.gt/es/20091204/pais/127059/� [consultado el 15 de abril de 2013]. </p> <p>� “Condenan a responsables de desaparición de García”, El Periódico, 29 de octubre de 2010, disponible en � HYPERLINK "http://www.elperiodico.com.gt/es/20101029/pais/180745/" �http://www.elperiodico.com.gt/es/20101029/pais/180745/� [consultado el 15 de abril de 2013]. </p> <p>� “Milenaria condena contra autores de masacre de las Dos Erres, Petén”, El Periódico, 3 de agosto de 2011, disponible en � HYPERLINK "http://www.elperiodico.com.gt/es/20110803/pais/198966/" �http://www.elperiodico.com.gt/es/20110803/pais/198966/� [consultado el 15 de abril de 2013]. </p> <p>� “Caso Dos Erres: Condenan a exkaibil a seis mil 60 años”, Prensa Libre, 13 de marzo de 2012. </p> <p>� “Sala confirma sentencia por masacre en aldea Plan de Sánchez”, Prensa Libre, 22 de octubre de 2012, � HYPERLINK "http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/audiencia-genocidio-militar_0_794920781.html" �http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/audiencia-genocidio-militar_0_794920781.html� [consultado el 15 de abril de 2013]. </p> <p>� “García Arredondo, 70 años de cárcel”, El Periódico, 22 de agosto de 2012, disponible en � HYPERLINK "http://www.elperiodico.com.gt/es/20120822/pais/216815/" �http://www.elperiodico.com.gt/es/20120822/pais/216815/� [consultado el 15 de abril de 2013]. </p> <p>� Dos Erres y Plan de Sánchez. </p> <p>� El caso de El Jute (seis personas desaparecidas en 1981, una sentencia condenatoria en 2009); el caso de Felipe Cusanero (ex comisionado militar declarado culpable en 2009 de la desaparición forzada de seis personas entre 1982 y 1984); el caso de Edgar Fernando García (estudiante y activista desaparecido en 1984; dos agentes de policía condenados en 2010); el caso de Edgar Sáenz Calito (estudiante y activista desaparecido en 1981; Pedro García Arredondo, ex jefe del Comando 6 de la Policía Nacional, declarado culpable en 2012); y el caso de Edgar Paredes Chegüen (estudiante y activista desaparecido en 1982; ex comisionado militar declarado culpable en 2013). </p> <p>� Guatemala: Memoria del silencio. Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Capítulo 2, Volumen III, párr. 39: “Las cifras de violación sexual, por lo anteriormente señalado, muestran un subregistro en términos absolutos y también con relación a otras violaciones de derechos humanos. La CEH obtuvo un registro de 1.465 hechos de violación sexual”, disponible en � HYPERLINK "http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/cap2/vol3/mujer.html" �http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/cap2/vol3/mujer.html� [consultado el 15 de abril de 2013]. </p> <p> </p> <p>� Ibíd., párr. 44: “De acuerdo a los datos recibidos por la CEH, los autores materiales de la violencia sexual fueron: miembros el Ejército, responsables de participar en el 89% del total de las violaciones sexuales registradas, miembros de las PAC, en el 15,5% de las violaciones reportadas, comisionados militares, en el 11,9%, otras fuerzas de seguridad en el 5,7%. Nota: Los porcentajes suman más del 100% porque se ha calculado el porcentaje de participación de cada actor sobre el 100% de violaciones. Puede ser que los actores hayan participado solos o en conjunto con otras fuerzas de seguridad. Según los testimonios existe un 2,3% de casos en los que participaron otros grupos, 0,5% de casos sin identificar responsable”. </p> <p>Véase � HYPERLINK "http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/cap2/vol3/mujer.html" \l "Note20" �http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/cap2/vol3/mujer.html#Note20� [consultado el 15 de abril de 2013]. </p> <p>� Ibíd., párr. 49: “Con base en la forma masiva y sistemática, con la que el Ejército perpetró las violaciones sexuales de las mujeres, la CEH llegó a la convicción de que no se trató de actos aislados y excesos esporádicos sino sobre todo de una planificación estratégica. La desvalorización de la cual fueron objeto las mujeres resultó absoluta y permitió que elementos del Ejército pudieran agredirlas con total impunidad porque se trataba de mujeres indígenas de la población civil”. Véase � HYPERLINK "http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/cap2/vol3/mujer.html" �http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/cap2/vol3/mujer.html� [consultado el 15 de abril de 2013]. </p> <p>�Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Adición, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala, A/HRC/22/17/Add.1, 7 de enero de 2013: “42. El Programa Nacional de Resarcimiento anunció un proceso de reestructuración con el objetivo de mejorar la transparencia e implementación del Programa, con un enfoque en proyectos productivos. Se debería elaborar una política de Estado con criterios consistentes y una perspectiva de género para asegurar una implementación integral de todas las medidas de reparación, incluyendo la reparación cultural, la dignificación de las víctimas y el reconocimiento de parte del Estado de las violaciones cometidas durante el conflicto armado interno. Debería prestarse atención especial a las mujeres víctimas de violencia sexual”. </p> <p>� “Niegan amnistía a Ríos Montt y continuará proceso por genocidio”, Prensa Libre, 1 de marzo de 2012, disponible en � HYPERLINK "http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/MP-cierre-amnistia-Rios-Mott_0_655734584.html" �http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/MP-cierre-amnistia-Rios-Mott_0_655734584.html� [consultado el 15 de abril de 2013]; </p> <p>“Buscan apelación en caso contra Ríos Montt”, El Periódico, 5 de marzo de 2012, disponible en � HYPERLINK "http://www.elperiodico.com.gt/es/20120305/pais/209012" �http://www.elperiodico.com.gt/es/20120305/pais/209012� [consultado el 15 de abril de 2013]. El 4 de noviembre de 2011, un oficial retirado del ejército acusado de genocidio presentó ante la Corte de Constitucionalidad un recurso de inconstitucionalidad según el cual el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional de 1996 sería inconstitucional. El artículo 8 de la Ley estipula que no hay extinción de la responsabilidad penal por los delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada u otros delitos imprescriptibles cometidos durante el conflicto armado interno. Art. 8: “La extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala”. </p> <p>� Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Adición, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala, A/HRC/22/17/Add.1, 7 de enero de 2013: </p> <p>“39. La Alta Comisionada reitera la inadmisibilidad de las amnistías en casos de violaciones graves de derechos humanos, y subraya que la interpretación de la legislación nacional debería ser consistente con este principio. Saluda que la CSJ [Corte Suprema de Justicia] haya recogido este principio en su decisión del 8 de agosto sobre la casación en el caso de Dos Erres. Se espera que los recursos pendientes relativos a la no aplicación de amnistías se resuelvan de acuerdo con las obligaciones del Estado según el derecho internacional”. </p> <p>� Op cit. CAT/C/GTM/CO/4, 25 de julio de 2006, párr. 15. </p> <p>� Véase el minuto 4:33 del examen del informe de Guatemala sobre el examen periódico universal, 35ª reunión, 22º periodo de sesiones ordinario del Consejo de Derechos Humanos, disponible en � HYPERLINK "http://webtv.un.org/watch/consideration-of-guatemala-upr-report-35th-meeting-22nd-regular-session-human-rights-%20council/2224462274001/" �http://webtv.un.org/watch/consideration-of-guatemala-upr-report-35th-meeting-22nd-regular-session-human-rights- council/2224462274001/� [consultado el 15 de abril de 2013]. </p> <p>� “Archivos militares de los años 80-85 no aparecen”, El Periódico, 14 de diciembre de 2010, disponible en � HYPERLINK "http://www.elperiodico.com.gt/es/20101214/pais/186029/" �http://www.elperiodico.com.gt/es/20101214/pais/186029/� [consultado el 15 de abril de 2013]. </p> <p>� Opinión consultiva de los Procedimientos Especiales, Observación general sobre el derecho a la verdad, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Ginebra (22 de julio de 2010). </p> <p>� Amnistía Internacional, Guatemala: Información para el Comité de Derechos Humanos; 104º periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos (12-30 de marzo de 2012), disponible en � HYPERLINK "http://www.amnesty.org/en/.../amr340012012es.pdf" �http://www.amnesty.org/en/.../amr340012012es.pdf�; y CCPR/C/GTM/CO/3, 19 de abril de 2012: “6. El Comité celebra los avances que se han dado en la investigación, juzgamiento y sanción por genocidio y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno. No obstante, el Comité está preocupado por los mensajes formulados a título personal por altos representantes del Poder Ejecutivo que cuestionan y deslegitiman estos esfuerzos, y por la falta de una política estatal en su conjunto que apoye las iniciativas de investigación y sanción que están en curso. El Comité también lamenta las carencias que persisten en términos de la capacidad institucional de las autoridades judiciales para cumplir con su función de forma adecuada en todos los casos (arts. 2 y 14). </p> <p>El Estado parte debe adoptar una posición clara de apoyo a los procesos iniciados por el Ministerio Público y los juzgados en los casos por genocidio y otras graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno. El Estado parte también debe brindar a las instituciones judiciales e investigativas todos los recursos humanos y materiales necesarios para poder cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”. </p> <p>� “En Guatemala no hubo genocidio”, Diario de Centroamérica, 13 de marzo de 2013, disponible en � HYPERLINK "http://www.dca.gob.gt/index.php/template-features/item/14263-%E2%80%9Cen-guatemala-no-hubo-genocidio%E2%80%9D.html" �http://www.dca.gob.gt/index.php/template-features/item/14263-%E2%80%9Cen-guatemala-no-hubo-genocidio%E2%80%9D.html� [consultado el 15 de abril de 2013]. </p> <p>� Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias, Comentario General sobre la desaparición forzada como delito continuado, disponible en � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/SP/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx" �http://www.ohchr.org/SP/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx� [consultado el 15 de abril de 2013]. En la causa de Choatulum, de diciembre de 2009 (véase supra el apartado 2), la Corte de Constitucionalidad de Guatemala reconoció que la desaparición forzada era un delito continuado. </p> <p>� Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Comentario General sobre el derecho a la verdad en relación con las desapariciones forzadas, disponible en � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/SP/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx" �http://www.ohchr.org/SP/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx�: “4. El párrafo 6 del artículo 13 [de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas] dispone que 'deberá poderse hacer una investigación, con arreglo a las modalidades descritas en los párrafos que anteceden, mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada’. La obligación de seguir investigando mientras no se hayan esclarecido la suerte y el paradero de la persona desaparecida es una consecuencia del carácter continuado de las desapariciones forzadas (véase el comentario general del Grupo de Trabajo sobre el artículo 17 y su comentario general sobre la desaparición forzada como violación continuada de derechos humanos y como crimen continuado). También deja claro que el derecho de los familiares a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas es un derecho absoluto, no sujeto a ningún tipo de limitación o suspensión. El Estado no puede invocar ningún fin legítimo o circunstancia excepcional para restringir ese derecho. Este carácter absoluto se deriva también del hecho de que la desaparición forzada causa ‘angustia y pesar’ (quinto párrafo del preámbulo de la Declaración) a la familia, un sufrimiento que se sitúa en el umbral de la tortura, como también se deduce del párrafo 2 del artículo 1 de la misma Declaración, que establece que: ‘Todo acto de desaparición forzada [...] constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan [...] el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes’. A este respecto, el Estado no puede restringir el derecho a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de la persona desaparecida, ya que esa restricción sólo agravaría y prolongaría la tortura continua infligida a los familiares”. </p> <p>� Comité contra la Tortura, Observación general 3, CAT/C/GC/3, 13 de diciembre de 2012. </p> <p>� Comité de Derechos Humanos de de la ONU, Examen de los informes presentado por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto, Observaciones finales del Comité de Derechos humanos, Guatemala, CCPR/C/GTM/CO/3, 19 de abril de 2012: “Con el fin de promover y facilitar los mecanismos de justicia, verdad y reparación para las víctimas de desapariciones forzadas cometidas durante el conflicto armado, el Estado parte debe adoptar el proyecto de ley 3590 para la creación de una comisión nacional de búsqueda, proveerla de los recursos humanos y materiales que sean necesarios, y crear un registro único y centralizado de las personas desaparecidas”. </p> <p> </p> </body> </html> <div class="messages noicon"><h2><a href="/en/library/info/AMR34/006/2013/en">View the overview page for this document</a></h2></div> </div> </div> </div></div> <!-- /squeeze /main --> <div id="ai-sidebar-last" class="column ai-sidebar"> <div class="panel-pane pane-block pane-amnestyblocks-print-email" id="block-amnesty-print_email"> <div class="pane-content"> <ul class="print-email"><li class="0 first last active"><a href="/en/library/asset/AMR34/006/2013/en/214cc255-832a-4eac-9a88-3f833bf7aa1a/amr340062013es.html" onclick="javascript:window.print();return false;" class="print-link active">Print</a></li> </ul> </div> </div> <div class="panel-region-separator"></div><div class="panel-pane pane-block pane-block-3" id="how-you-can-help-home"> <h2 class="pane-title">How you can help</h2> <div class="pane-content"> <p> <p><a href="/en/donate" title="Help end human rights abuses">Donate</a></p> <p><a href="/en/join" title="Be active globally for human 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