Document - Guatemala: Submission to UN Human Rights Committee: For the 104th session of the Human Rights Committee (12 - 30 March 2012)

</head> <body> <p/> <p/> <p/> <p> <img src="embedded:image1.png"/> </p> <p/> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b> </b> <b>Amnesty International Publications </b> </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"/> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b>Publicado originalmente en 2012 por Amnesty International Publications </b> </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b>International Secretariat </b> </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b>Peter Benenson House </b> </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b>1 Easton Street </b> </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b>London WC1X 0DW </b> </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b>Reino Unido </b> </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b>www.amnesty.org</b> </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"/> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b>© Amnesty International Publications 201</b> <b>2</b> </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"/> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b>Índice: AMR 34/001/2012 </b> </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"/> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b>Idioma original: inglés. </b> </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"/> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b>Edición española a cargo de: EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI) Valderribas, 13. 28007 Madrid </b> </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b>España </b> </p> <p class="aI_Flyleaf_Text"/> <p class="aI_Flyleaf_Text"> <b>Todos los derechos reservados. Esta publicación tiene derechos de autor, si bien puede ser reproducida por cualquier medio, sin pago de tasas, con fines educativos o para llevar a cabo acciones de protección y promoción de los derechos humanos, pero no para la venta. Los titulares de los derechos de autor solicitan que se les comuniquen los usos mencionados con el fin de evaluar sus efectos. Para la reproducción de este texto en cualquier otra circunstancia, su uso en otras publicaciones o su traducción o adaptación, deberá obtenerse el permiso previo por escrito de la editorial, y podrá exigirse el pago de una tasa. </b> </p> <p> </p> <p class="aI_Contents_Heading"> <b> </b> <b>ÍNDICE</b> <b> </b> </p> <p class="tDC_1"/> <p class="tDC_2">5INTRODUCCIÓN </p> <p class="tDC_3">5<i>Casos de desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (Cuestión 2)</i> </p> <p class="tDC_2">8IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN (ARTÍCULOS 3, 6, 7 y 26) </p> <p class="tDC_3">8<i>Violencia contra las mujeres (Cuestión 3)</i> </p> <p class="tDC_2">9DERECHO A LA VIDA, PROHIBICIÓN DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES Y LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD (ARTÍCULOS 2, 6 Y 7) </p> <p class="tDC_3">9<i>La pena de muerte (Cuestión 7)</i> </p> <p class="tDC_3">10<i>Rendición de cuentas de miembros de las fuerzas de seguridad (Cuestión 8)</i> </p> <p class="tDC_2">11DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS (ARTS. 9, 21 Y 22) </p> <p class="tDC_3">11<i>La protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos (Cuestión 23)</i> </p> <p class="tDC_2">13GARANTÍAS PROCESALES Y PUEBLOS INDÍGENAS (ARTÍCULOS 14 Y 27) / DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (ART. 27) </p> <p class="tDC_3">13<i>Acceso a la justicia, seguridad de tenencia y desalojos forzosos de pueblos indígenas (Cuestión 19, también Cuestión 24)</i> </p> <p class="tDC_3">15<i>Consentimiento libre, previo e informado de las comunidades rurales de pueblos indígenas en el contexto de proyectos de desarrollo industrial (Cuestión 24)</i> </p> <p class="tDC_1">17NOTAS FINALES </p> <p class="tDC_1"> </p> <p> </p> <p class="título_2">INTRODUCCIÓN </p> <p class="aI_Body_Text">Amnistía Internacional enviará este informe al Comité de Derechos Humanos antes de que este estudie el tercer informe periódico de Guatemala sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (el Pacto). El documento pone de relieve la preocupación de Amnistía Internacional en relación con una serie de cuestiones incluidas en la lista creada por el Comité, que incluye asuntos que deberán ser tratados en conexión con la consideración que el Comité hace del informe presentado por Guatemala. Puede encontrarse más información al respecto en las publicaciones de Amnistía Internacional referidas en el texto y en particular en los informes adjuntos: </p> <p class="aI_Body_Text"> <i>Guatemala: Carta abierta de Amnistía Internacional a los candidatos y candidatas presidenciales de las elecciones de Guatemala en septiembre de 2011</i>, Índice AI: AMR 34/007/2011, 16 de agosto de 2011. <a href="http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR34/007/2011/es">http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR34/007/2011/es</a> </p> <p class="aI_Body_Text"> <i>Guatemala: Implicación de la policía en homicidios en Guatemala</i>, Índice AI: AMR 34/010/2009, 15 de diciembre de 2009 <a href="http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR34/010/2009/es">http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR34/010/2009/es</a> </p> <p class="aI_Body_Text">MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL EN QUE SE APLICA EL PACTO (ART. 2)</p> <p class="título_3"> <b> <i>Casos de desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (Cuestión 2)</i> </b> <b> <i> </i> </b> </p> <p class="aI_Body_Text">Desde la presentación del segundo informe periódico en 2000, se han hecho algunos progresos en el procesamiento de personas presuntamente responsables de violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1960-1996). Dichos progresos se han producido durante los dos últimos años, tras décadas de escasa voluntad política por parte del Estado a la hora de investigar y juzgar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Un avance positivo fue el voto por el que en enero de 2012 el Congreso de la República de Guatemala aceptó adherirse al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Una vez depositado el instrumento de adhesión, Guatemala pasará a ser parte del tratado. </p> <p class="aI_Body_Text">En los últimos dos años, la Fiscalía General de la República ha emitido sentencias condenatorias en cuatro casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno, mientras otros casos siguen instruyéndose. Entre los casos resultantes en sentencias condenatorias se cuentan tres juicios por desapariciones forzadas, en los que seis antiguos miembros de las fuerzas de seguridad fueron condenados por la desaparición de 15 víctimas. Un avance especialmente positivo, tal y como queda reflejado en las respuestas del Estado a la lista de cuestiones, a raíz de uno de los casos, fue el reconocimiento por parte de la Corte de Constitucionalidad de que el crimen de desaparición forzada tiene carácter continuo y permanente (fallando en contra de los alegatos de inaplicabilidad de la retroactividad y de la aplicabilidad de la ley de prescripción que se presentaron). Además, en agosto de 2011, tras el envío de las respuestas del Estado Parte a la lista de cuestiones, un juez de Ciudad de Guatemala condenó a cuatro antiguos soldados de una unidad de élite del ejército a más de 6.000 años de cárcel por su participación en la masacre de la aldea de Dos Erres, al norte del país, en la que murieron más de 250 hombres, mujeres, niños y niñas.</p> <p class="aI_Body_Text">Tanto el caso de Dos Erres como los tres casos de desaparición forzada que han resultado en sentencias condenatorias, junto con otros casos en curso, constituyen un paso positivo. No obstante, en línea con los principios de cadena de mando, los superiores que sabían o debían haber sabido que sus subordinados habían perpetrado desapariciones forzadas deben asimismo ir a juicio y no quedar impunes. Hay mucho trabajo pendiente antes de que se haga justicia con los cientos de miles de víctimas de violaciones de los derechos humanos. </p> <p class="aI_Body_Text">La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que con el respaldo de las Naciones Unidas comunicó los resultados de sus estudios en 1999, calculó que más de 200.000 personas habían sido asesinadas o víctimas de desaparición forzada en más de 600 masacres durante el conflicto armado interno, fundamentalmente en comunidades rurales e indígenas, llegando a la “conclusión fundamental de que se había cometido genocidio”. </p> <p class="aI_Body_Text"/> <p class="aI_Body_Text">Actualmente está instruyéndose el caso de tres generales retirados que en 2011 fueron acusados de planear y supervisar el genocidio, la violencia sexual organizada y los desplazamientos forzosos de población entre 1982 y 1983. En enero de 2012, un tribunal guatemalteco sumó el nombre del general retirado Efraín Ríos Montt, ex presidente de Guatemala, al del trío de ex generales como presunto implicado. Es motivo de preocupación que, tras la decisión del tribunal, el recién investido presidente negase públicamente que en Guatemala se hubiera producido nunca un genocidio, en lugar de liderar los esfuerzos por reconocer los horrores del pasado y promover un talante de justicia, verdad y reparación. </p> <p class="aI_Body_Text">Uno de los obstáculos para el progreso es la falta de voluntad política por parte del poder ejecutivo: el ejército de Guatemala no ha colaborado en las investigaciones en curso sobre las violaciones de los derechos humanos. Además, se ha negado sistemáticamente a cumplir plenamente con la orden judicial de sacar a la luz una serie de documentos específicos relacionados con las operaciones militares llevadas a cabo a principios de la década de 1980. El ejército publicó algunos documentos, <i>Plan Victoria 82</i> y ocho páginas de <i>Firmeza 83</i>, pero se ha negado a difundir <i>Operación Ixil</i> y las páginas restantes de <i>Firmeza 83</i> y el <i>Plan Sofía</i>. En 2009, este último documento fue entregado anónimamente a la acusación en el contexto de un caso instruido en España contra ex altos cargos del ejército. El documento se incorporó a las pruebas de dicho caso y más adelante a las del caso instruido en Guatemala contra los generales retirados por genocidio y otros cargos (ver más abajo). La incorporación del <i>Plan Sofía</i> fue fruto de los esfuerzos de grupos de la sociedad civil, que contaron con la colaboración con la Fiscalía General de la República. El ejército no participó en modo alguno. </p> <p class="aI_Body_Text">Además de desobedecer la orden judicial explícita de hacer públicos los planes operativos y militares, el ejército guatemalteco ocultó información que podría constituir una prueba de peso en otras investigaciones en curso y ayudar a aclarar muchos aspectos del conflicto armado interno. </p> <p class="aI_Body_Text">El presidente Álvaro Colom anunció en febrero de 2008 que desclasificaría y haría públicos los archivos militares relativos al conflicto armado interno. Más de un año después, se promulgó el Acuerdo Gubernativo 64-2009, que dispuso la creación de la Comisión de Desclasificación de los Archivos Militares del periodo comprendido entre 1960 y 1996, cuyo objetivo es prestar asesoramiento para la puesta en práctica de la decisión presidencial. La Comisión presentó su informe al presidente en diciembre de 2010. En él recomendó la desclasificación de unos 11.700 documentos, la desclasificación parcial de unos 600 documentos y el mantenimiento del carácter clasificado de 55 documentos. No se han hecho públicos ni el informe ni los criterios que la Comisión aplicó para la desclasificación. Es motivo de gran preocupación la notoria ausencia de los documentos referidos al periodo comprendido entre 1980 y 1985 en el conjunto de documentos estudiados por la Comisión. Según informan los medios, el ejército no dio a la Comisión acceso a los documentos de ese periodo, durante el cual se cometieron la gran mayoría de las violaciones de los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno. </p> <p class="aI_Body_Text">En julio de 2011, el ejército puso en práctica las recomendaciones de la Comisión presidencial e hizo públicos los documentos, que son accesibles en la sede del Estado Mayor de la Defensa Nacional, en Ciudad de Guatemala. Grupos de la sociedad civil han señalado que, aparte de omitir el periodo comprendido entre 1980 y 1985, los documentos no están indexados, resumidos ni sistematizados en modo alguno, ni se hallan disponibles en línea. </p> <p class="aI_Body_Text">La negativa a hacer públicos los documentos relativos al periodo comprendido entre 1980 y 1985 no es nueva. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico también tuvo el no por respuesta cuando solicitó el acceso a los archivos militares de ese periodo. Como consecuencia de la continuada negativa a cooperar por parte del ejército, sigue faltando información vital en casos que están siendo instruidos o lo serán en el futuro. Dicha información podría ayudar, por ejemplo, a localizar los restos de víctimas de desapariciones forzadas o a que rindan cuentas quienes cometieron violaciones generalizadas de los derechos humanos durante el conflicto armado interno. </p> <p class="aI_Body_Text">Otro obstáculo es la posible aplicación de amnistías para graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. El 4 de noviembre de 2011, un oficial retirado del ejército acusado de genocidio presentó ante la Corte de Constitucionalidad un recurso de inconstitucionalidad según el cual el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional de 1996 sería inconstitucional. Dicho artículo estipula la inextinguibilidad de la responsabilidad penal por crímenes de genocidio, tortura y desaparición forzada (entre otros) cometidos durante el conflicto armado interno, para los cuales no hay prescripción. Así pues, al pedir la derogación del artículo 8 de la Ley Nacional de Reconciliación, el apelante está solicitando a efectos prácticos la amnistía para los crímenes de genocidio, tortura y desaparición forzada (entre otros). La Corte de Constitucionalidad está valorando la apelación. Cualquier respuesta de la Corte de Constitucionalidad que se aparte del rechazo categórico a dicha apelación pondría en grave peligro los avances realizados por Guatemala a fin de garantizar que se hace justicia con las víctimas de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. </p> <p class="aI_Body_Text">A pesar de los esfuerzos realizados durante años por las familias de las víctimas y los grupos de derechos humanos, aún no se ha aprobado la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas Forzada e Involuntariamente. En 2007 se presentó la iniciativa de ley nº 3590, pero el Congreso no ha votado para que se convierta en ley y no se han hecho más progresos hacia el establecimiento de la mencionada Comisión Nacional, que abordaría los 45.000 casos de desapariciones forzadas que, según se estima, se produjeron durante los años de conflicto armado interno. Guatemala todavía no ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aunque la firmó en 2007. </p> <p class="aI_Body_Text">Amnistía Internacional insta al gobierno guatemalteco a:</p> <p>garantizar que rinden cuentas todas las personas presuntamente responsables de genocidio, crímenes contra la humanidad y otras graves violaciones de los derechos humanos. </p> <p>otorgar acceso total e inmediato a todos los documentos y demás materiales que puedan aportar información y pruebas para la investigación de violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. </p> <p>establecer la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas Forzada e Involuntariamente, ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y hacer las declaraciones previstas en los artículos 31 y 32 de ésta.</p> <p>depositar el instrumento de adhesión al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y promulgar leyes nacionales que dispongan la aplicación del Estatuto. </p> <p class="aI_Body_Text"/> <p class="título_2">IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN (ARTÍCULOS 3, 6, 7 y 26)</p> <p class="título_3"> <b> <i>Violencia contra las mujeres (Cuestión 3)</i> </b> </p> <p class="aI_Body_Text">Amnistía Internacional sigue considerando motivo de gran preocupación el nivel de violencia ejercida contra las mujeres en Guatemala. En 2011 fueron asesinadas 631 mujeres, según cifras del Ministerio de Gobernación. En los últimos 10 años han sido asesinadas unas 5.700 mujeres. Según algunas estimaciones, el porcentaje de sentencias condenatorias para todos estos crímenes se sitúa por debajo del uno por ciento; . de hecho, es muy poco probable que un caso de homicidio se cierre con una sentencia condenatoria. Las víctimas mujeres a menudo son objeto de una excepcional brutalidad antes de ser asesinadas, dándose violaciones, mutilaciones y descuartizamientos. El modo en que las autoridades responden a estos casos evidencia a menudo discriminación.</p> <p class="aI_Body_Text">Se han dado pasos en la dirección correcta con la aprobación de leyes, como la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, la creación de nuevos planes y entidades como CONAPREVI o PLANOVI, y la creación de nuevos centros de apoyo a las mujeres víctimas de violencia (como el CAIMUS ), mencionado todo ello en las respuestas del Estado Parte a la lista de cuestiones. Es también positiva la supresión de supuestos de delitos claramente discriminatorios (como los antiguos artículos 176 y 177 del Código Penal, según los cuales el mantener relaciones con una menor constituía una infracción penal únicamente cuando la víctima era considerada “una mujer honesta”). No obstante, aún está por ver que estas medidas y las anteriores (como el establecimiento en 2006 de la Comisión para el Abordaje del Femicidio en Guatemala y el Plan para el Abordaje del Femicidio que se le asocia) tengan como resultado una reducción del nivel de violencia contra las mujeres. </p> <p class="aI_Body_Text">Entre 2005 y 2009, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura y la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias identificaron diversas medidas de aplicación necesaria en los ámbitos de la investigación, el enjuiciamiento y la coordinación entre organismos del Estado, a fin de mejorar la respuesta de las autoridades a los actos de violencia contra las mujeres. No obstante, las autoridades deben aún poner en práctica muchas de sus recomendaciones. Ese necesario dedicar recursos y formación a áreas como la recopilación de pruebas, la ciencia forense y otros aspectos de la investigación relacionados directamente con la instrucción de casos de femicidio. Debe acometerse el trato de las víctimas (en particular la tendencia a culpabilizarlas) por medio de una formación exhaustiva del personal encargado de hacer cumplir la ley, así como del poder judicial y de los profesionales de la salud, en materia de sensibilización relacionada con cuestiones de género. Dicha formación deberá estar respaldada por mecanismos eficaces de rendición de cuentas. Debe dedicarse especial atención a las políticas encaminadas a mejorar la coordinación entre los distintos organismos del Estado que desempeñan funciones en la recopilación de información sobre la violencia contra las mujeres y en la coordinación de políticas al respecto.</p> <p class="aI_Body_Text">Amnistía Internacional insta al gobierno guatemalteco a:</p> <p class="aI_Body_Text"/> <p class="aI_Body_Text">garantizar que se destinan recursos y formación suficientes a las autoridades pertinentes para que centren su labor en el avance de las investigaciones y procesamientos de los casos de violencia contra las mujeres.</p> <p class="aI_Body_Text"/> <p class="aI_Body_Text">diseñar y poner en práctica un plan de acción para prevenir la violencia contra las mujeres y luchar contra los estereotipos de género. </p> <p class="aI_Body_Text"/> <p class="aI_Body_Text">garantizar esfuerzos para mejorar la coordinación entre los organismos del Estado que desempeñan funciones en la recopilación de información sobre la violencia contra las mujeres y en la coordinación de políticas al respecto. </p> <p class="aI_Body_Text"/> <p class="aI_Body_Text">garantizar que se destinan los suficientes recursos y formación a las autoridades pertinentes para que se mejore el trato a las víctimas de la violencia contra las mujeres y sus familiares, como, por ejemplo, mecanismos efectivos de rendición de cuentas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de todos los departamentos del gobierno. </p> <p class="aI_Body_Text"/> <p class="título_2">derecho a la vida, prohibición de la tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes y lucha contra la impunidad (artículos 2, 6 Y 7)</p> <p class="título_3"> <b> <i>La pena de muerte (Cuestión 7)</i> </b> </p> <p class="aI_Body_Text">A finales de 2011, 13 presos seguían recluidos en el corredor de la muerte. Desde 2000 no se han producido ejecuciones. </p> <p class="aI_Body_Text">Los agentes políticos suelen presentar la pena de muerte como un mecanismo para luchar contra la crisis de seguridad pública. Durante la reciente campaña electoral de 2011, muchas de las personas candidatas a la presidencia se comprometieron a reanudar las ejecuciones, entre ellas la que se convertiría en presidente. </p> <p class="aI_Body_Text">En 2008 y 2010, el Congreso de Guatemala presentó propuestas de ley que permitirían reanudar las ejecuciones. En ambas ocasiones, el entonces presidente vetó la propuesta de ley. </p> <p class="aI_Body_Text">Amnistía Internacional insta a Guatemala a:</p> <p class="aI_Body_Text">ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto. </p> <p class="aI_Body_Text">adherirse al Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte.</p> <p class="título_3"> <b> <i>Rendición de cuentas de miembros de las fuerzas de seguridad (Cuestión 8)</i> </b> <b> <i> </i> </b> </p> <p class="aI_Body_Text">La situación de la seguridad pública sigue siendo motivo de acuciantes y graves preocupaciones para la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas. Según cifras del Ministerio de Gobernación, los homicidios ascendieron a 6.300 en 2011. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), en 2011 se cometieron 41 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ambas cifras son similares a las de años anteriores, si bien las sentencias condenatorias siguen siendo escasas. En este contexto, el comportamiento de las fuerzas de seguridad constituye un asunto de importancia que debe tenerse en cuenta, en particular el que los miembros de las fuerzas de seguridad respeten los derechos humanos, no se tomen la justicia por su mano y respeten el Estado de derecho. </p> <p class="aI_Body_Text">Las conclusiones del relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, incluidas en el informe de 2007 y en el de 2009 que lo completó, aluden a un problema sistémico de asesinatos policiales, entre los que se cuentan ejecuciones extrajudiciales y asesinatos de presuntos miembros de bandas o de personas presuntamente relacionadas con hechos delictivos. Dichas ejecuciones y asesinatos se habrían producido, según se afirma, con la implicación o la aquiescencia de las fuerzas de seguridad, lo cual sigue siendo motivo de gran preocupación. </p> <p class="aI_Body_Text">Los medios de comunicación siguen informando sobre este tipo de asesinatos, a los que en ocasiones se hace referencia como “limpieza social” que, según se afirma , se producen con la implicación o aquiescencia de las fuerzas de seguridad. Muchos de los asesinatos sobre los que se ha informado tienen características similares. Las víctimas suelen ser personas jóvenes presuntamente implicadas en actividades delictivas o presuntos miembros de maras. Los asesinatos suelen compartir similitudes en el método y en el tipo de lesiones y restricciones infligidas a la víctima. Pocos de los responsables han rendido cuentas por estos asesinatos, raras veces investigados ni juzgados. </p> <p class="aI_Body_Text">A raíz de los informes del relator especial de las Naciones Unidas se puso en marcha una investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales que ha resultado en solicitudes de enjuiciamiento y extradición. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, respaldada por las Naciones Unidas, y la Fiscalía General de la República han presentado un caso contra 18 personas, entre ellos un ex ministro de Gobernación, el director de la Policía Nacional y otros altos cargos. Se ha informado de que las ejecuciones extrajudiciales se produjeron en la cárcel de El Pavón durante una operación llevada a cabo por las autoridades para recuperar el control de la misma en 2006, y en 2005, cuando presos fugados de la cárcel de El Infiernito fueron capturados y ejecutados en lugar de ser recluidos de nuevo. Estas investigaciones constituyen un paso en la dirección correcta para que los responsables de las ejecuciones extrajudiciales rindan cuentas. </p> <p class="aI_Body_Text">No obstante, Guatemala también necesita avanzar en la investigación del resto de acusaciones de ejecuciones extrajudiciales. En el marco del caso mencionado anteriormente, Amnistía Internacional también ha instado a España, Austria y Suiza a que apoyen dichos esfuerzos ofreciendo asesoramiento en las investigaciones sobre aquellas personas relacionadas con el caso que residan en sus territorios. El enjuiciamiento de antiguos altos cargos es prueba de que las autoridades guatemaltecas están capacitadas para llevar a cabo investigaciones y garantizar procesos judiciales. A fin de cumplir con la legislación internacional y con sus obligaciones en virtud del Pacto, Guatemala debe garantizar que ese mismo compromiso sea de aplicación en todas las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales. </p> <p class="aI_Body_Text">Amnistía Internacional insta al gobierno guatemalteco a:</p> <p class="aI_Body_Text">garantizar que se lleva a cabo una investigación pronta, imparcial y eficaz en torno a las ejecuciones extrajudiciales y asesinatos presuntamente perpetrados con la implicación o aquiescencia de miembros de las fuerzas de seguridad. </p> <p class="aI_Body_Text">garantizar que la investigación en torno a dichas acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y asesinatos presuntamente perpetrados con la implicación o aquiescencia de miembros de las fuerzas de seguridad se ajustan a los estándares dispuestos por los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias osumarias de las Naciones Unidas. </p> <p class="aI_Body_Text">garantizar la cooperación con tribunales extranjeros, incluida la cooperación al respecto de investigaciones y enjuiciamientos en terceros países en relación con presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Guatemala. </p> <p class="aI_Body_Text"/> <p class="título_2">DEFENSORES y defensoras DE LOS DERECHOS HUMANOS (ARTÍCULOS 9, 21 Y 22)</p> <p class="título_3"> <b> <i>La protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos (Cuestión 23)</i> </b> </p> <p class="aI_Body_Text">Las personas que defienden los derechos humanos, entre las que figuran periodistas y sindicalistas, continúan siendo víctimas de amenazas, acosos y ataques por parte de quienes quieren disuadirlos de que realicen su trabajo. En 2011, organizaciones locales documentaron 402 casos de ataques e intimidación contra defensores y defensoras de los derechos humanos cuya labor abarca desde la protección de los derechos humanos de comunidades indígenas víctimas de desalojo forzoso hasta la investigación de violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Un caso típico fue el de cuatro miembros del personal de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), ONG que aporta conocimientos y experiencia en ciencia forense en el marco de las investigaciones sobre las desapariciones forzadas y masacres producidas durante el conflicto armado interno, así como sobre otros crímenes. En febrero de 2011, los cuatro miembros del personal recibieron amenazas de muerte después de que cuatro antiguos miembros del ejército fueran condenados por la masacre de Dos Erres (véase Cuestión 2, más arriba). El director de la FAFG recibió una nota manuscrita que decía: “Fundacion de Antropologia hijos de puta. Nos pagaran lentamente, cada uno de los 6050 años por ustedes los nuestros sufriran, ahora si no solo los vigilaremos los dejaremos como a los demas regados”. La nota mencionaba asimismo a otros miembros del personal que habían aportado pruebas al caso. Continuaba así: “cuando menos sientan moriran. Revolucionarios…su ADN no servira de nada. Sus familias pagaran ustedes seguiran”.</p> <p class="aI_Body_Text"/> <p class="aI_Body_Text">Se instruyeron algunos casos contra los responsables de actos de intimidación y ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos, como Norma Cruz. Norma Cruz es una defensora de los derechos humanos especializada en la prevención e investigación de casos de violencia contra las mujeres y ha recibido 56 amenazas entre 2009 y 2010. En julio de 2011, se declaró a un individuo culpable de algunas de las amenazas y se le impusieron una multa y una pena condicional de tres años.</p> <p class="aI_Body_Text">No obstante, queda mucho por hacer para que rindan cuentas quienes amenazan y atacan a los defensores y defensoras de los derechos humanos. La mayor parte de los casos no llega a investigarse. En los casos en que las autoridades actúan, es necesario mejorar la calidad de las investigaciones y enjuiciamientos, en particular en áreas como la recopilación de pruebas y en lo relativo a las amenazas vertidas fuera de la capital y en áreas rurales. </p> <p class="aI_Body_Text">En muchos casos, los defensores y defensoras de los derechos humanos que habían sido objeto de amenazas o actos intimidatorios solo obtuvieron protección del Estado tras la intervención de organizaciones nacionales o internacionales de derechos humanos. La falta de un proceso estructurado para la identificación y protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos en riesgo dificulta la obtención de protección oportuna, directa y eficaz. </p> <p class="aI_Body_Text">Otro problema es el propio servicio de seguridad proporcionado. En muchos casos, las autoridades proporcionan escolta policial o seguridad para un edificio (por ejemplo, la residencia del defensor o defensora de los derechos humanos). Los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente los que se mueven en el ámbito del sindicalismo y el trabajo rural, suelen rechazar dicha protección porque a menudo el personal policial asignado espera que la persona protegida proporcione alojamiento y alimento, cosa que no puede hacer. </p> <p class="aI_Body_Text">El proceso de resolución de estas cuestiones prácticas se aceleraría si el Estado adoptara una posición más exhaustiva e integrada al respecto de la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Está pendiente de aprobación la propuesta de un <i>Catálogo de medidas para la prevención y protección de defensor@s de derechos humanos y otros grupos vulnerables</i> (al que se hace referencia en el párrafo 187 de las respuestas del Estado Parte a la lista de cuestiones). Un borrador de esta propuesta se ha puesto en conocimiento de amplios sectores de la sociedad civil. Su objetivo es proporcionar medidas eficaces para la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos. La propuesta consiste en estandarizar, mejorar, fortalecer y contribuir a las medidas de prevención y protección que ya existen. La actual propuesta no se ha puesto en conocimiento de las organizaciones de la sociedad civil. </p> <p class="aI_Body_Text">Un avance positivo sería el fortalecimiento de la Instancia de Análisis de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos, un equipo de trabajo dependiente del Ministerio de Gobernación. La Instancia ha desempeñado funciones de apoyo en los trabajos de mejora de la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, haciendo las veces de espacio de coordinación entre organismos del Estado y organizaciones de la sociedad civil. No obstante, la base legal que justifica la existencia de la Instancia ha sido constante motivo de preocupación. Por ejemplo, la Instancia quedó suspendida durante un tiempo en 2009 y, en enero de 2012, tras un corto periodo de tiempo en el limbo, el Ministerio tomó la decisión de renovarla. Organizaciones de la sociedad civil han demandado que la Instancia sea un recurso permanente para la mejora de la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos. </p> <p class="aI_Body_Text">Amnistía Internacional insta al gobierno guatemalteco a:</p> <p class="aI_Body_Text">enviar un mensaje inequívoco de que los defensores y defensoras de los derechos humanos tienen derecho a llevar a cabo sus actividades sin restricciones injustas ni temor a represalias.</p> <p class="aI_Body_Text">garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden llevar a cabo sus actividades sin restricciones injustas ni temor a represalias, en virtud de los derechos estipulados en el Pacto y en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas. </p> <p class="aI_Body_Text">garantizar la difusión pública del actual <i>Catálogo de medidas para la prevención y protección de defensor@s de derechos humanos y otros grupos vulnerables</i>. </p> <p class="aI_Body_Text">garantizar que la Instancia de Análisis de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos funciona de manera permanente y cuenta con los recursos adecuados. </p> <p class="aI_Body_Text"/> <p class="título_2">GARANTÍAS PROCESALES y pueblos indígenas (ARTÍCULOS 14 Y 27) / DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (ART. 27)</p> <p class="título_3"> <b> <i>Acceso a la justicia, seguridad de tenencia y desalojos forzosos de pueblos indígenas (Cuestión 19, también Cuestión 24)</i> </b> </p> <p class="aI_Body_Text">La seguridad de tenencia para las comunidades rurales, mayoritariamente de etnia maya, sigue siendo motivo de grave preocupación. Como ha documentado Amnistía Internacional, los pueblos indígenas de áreas rurales son especialmente vulnerables en contextos de conflictos sobre tierras y los subsiguientes desalojos forzosos ; sus derechos humanos, protegidos por el artículo 27 así como por otras estipulaciones del Pacto, entre ellas su artículo 17, siguen siendo violados repetidamente por el Estado. Cientos de familias se ven afectadas cada año, sumando miles de personas las que se han quedado sin hogar y no tienen acceso a un alojamiento adecuado. En enero de 2012, el Representante en Guatemala del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señaló que durante el periodo comprendido entre 2008 y 2012 se habían registrado 114 desalojos forzosos. </p> <p class="aI_Body_Text">Los conflictos sobre tierras son comunes y a menudo enfrentan a grandes terratenientes y comunidades rurales. Estos conflictos suelen tener su causa en las discrepancias al respecto de quién posee una tierra determinado o a causa de las condiciones de empleo en los casos en que los empleados son los “mozos colonos” o arrendatarios que residen en la misma explotación agrícola en que trabajan. </p> <p class="aI_Body_Text">El marco legal y político aplicado por el Estado da prioridad a los intereses de los grandes terratenientes y se posiciona junto a ellos, dejando de lado los derechos humanos de los trabajadores rurales. En los casos relacionados con la propiedad, lo habitual es que el terrateniente presente una demanda por usurpación ante la Fiscalía General. Los jueces y fiscales raramente estudian los hechos en profundidad. Existen pocas pruebas de que se realicen inspecciones más allá de un superficial estudio documental, siendo escasos o inexistentes los esfuerzos por tratar cuestiones tocantes a geoposicionamiento, medición, deslindes y extensión a menudo legítimamente planteadas por la comunidad. En cuanto a los conflictos sobre condiciones de empleo, las pruebas demuestran que raramente son investigadas por fiscales y jueces, aunque la ley guatemalteca los habilita para ello. </p> <p class="aI_Body_Text">La actitud de jueces y fiscales pone de relieve un sistema que favorece a los grandes terratenientes. En cualquier caso, el marco legal general también contribuye a que la lucha de las comunidades rurales por asegurar la tenencia de la tierra sea ardua, casi imposible. Un ejemplo es el uso de la Ley de Titulación Supletoria.<i> </i>Aprobada en 1880, esta ley reconoce la propiedad de una tierra tras realizar una serie de procedimientos administrativos y sin tener que demostrar la ocupación continuada de la misma. Aplicando la Ley de Titulación Supletoria, la persona interesada en adquirir una tierra debe comunicar a la autoridad competente que dicha tierra está vacante. La solicitud sigue una serie de pasos supuestamente encaminados a comprobar que en efecto la tierra está vacante. Las comunidades indígenas, que se rigen por el derecho consuetudinario y han habitado la tierra durante generaciones sin títulos legales, pocas veces tienen conocimiento de la reclamación, lo que las hace especialmente vulnerables. </p> <p class="aI_Body_Text">Hasta la fecha, el Estado ha respondido a los conflictos sobre tierras emitiendo órdenes de desalojo sin respetar las garantías procesales ni los derechos de las comunidades indígenas. No obstante, recientemente se ha dado un paso positivo con la publicación, en agosto de 2011, de una serie de pautas para la fiscalía: la Instrucción General 07-2011<i>. </i>Estas pautas, publicadas por la Fiscalía General, recuerdan que la fiscalía tiene la obligación de determinar quién posee los derechos de propiedad, comprobar las dimensiones y deslindes de la propiedad y estudiar, entre otros elementos, las pretensiones enfrentadas sobre la propiedad antes de solicitar una orden de desalojo. Además, las pautas recuerdan a los fiscales que pueden pedir al juez la resolución de cualquier cuestión prejudicial antes de que se solicite dicha orden. La correcta aplicación de estas pautas por parte de la fiscalía podrá contribuir, en conjunción con otras reformas legales (como la modificación de la definición de usurpación en el código penal) y políticas (como la mejora de la protección de los trabajadores agrarios en materia de derecho laboral) , a una resolución de los conflictos sobre tierras que se ajuste a los estándares de derechos humanos nacionales e internacionales. </p> <p class="aI_Body_Text">Los desalojos justificados por una supuesta actitud delictiva de la comunidad constituyen una nueva y preocupante realidad. Por ejemplo, la comunidad de Nueva Esperanza, situada en el departamento septentrional de El Petén, fue objeto de desalojo forzoso en agosto de 2011, viéndose obligada a huir a México. El Ministerio de Gobernación explicó que el desalojo se había producido “porque se considera que estaban aportando o colaborando con el narcotráfico”. El desalojo, que dejó sin hogar a 300 miembros de la comunidad (entre ellos 100 niños), no estuvo precedido de ninguna sentencia condenatoria, lo que en cualquier caso no justificaría según la ley guatemalteca el desalojo de toda una comunidad. Al parecer, el desalojo forzoso de la comunidad de Nueva Esperanza fue un castigo colectivo y extralegal por una supuesta actitud delictiva. Amnistía Internacional considera tales hechos motivo de gran preocupación en el contexto de precaria seguridad pública en Guatemala. </p> <p class="aI_Body_Text">Amnistía Internacional insta al gobierno guatemalteco a:</p> <p class="aI_Body_Text">poner fin a los desalojos forzosos como medio de resolución de los conflictos sobre tierras.</p> <p class="aI_Body_Text">llevar a cabo las reformas legales necesarias para garantizar que se respetan las garantías procesales de todas las partes afectadas por un conflicto sobre tierras. </p> <p class="aI_Body_Text">establecer una moratoria sobre los desalojos forzosos hasta que se subsanen dichas deficiencias y se lleven a cabo las mencionadas reformas. </p> <p class="título_3"> <b> <i>Consentimiento libre, previo e informado de las comunidades rurales de pueblos indígenas en el contexto de proyectos de desarrollo industrial (Cuestión 24)</i> </b> <b> <i> </i> </b> </p> <p class="aI_Body_Text">Los derechos de los pueblos indígenas siguen violándose en el contexto de proyectos de desarrollo y de industrias extractivas acometidos sin consulta previa y sin el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de las comunidades afectadas. </p> <p class="aI_Body_Text">El proceso actual, basado en la Ley de Minería de 1997, es inadecuado y rara vez ha resultado en un proceso genuino de consulta y consentimiento. La Ley de Minería de 1997 estipula que la entidad que desee poner en marcha una explotación minera o un proyecto de desarrollo debe realizar un estudio de impacto ambiental. Supuestamente, el estudio de impacto ambiental debe asegurar la “participación ciudadana” a través de “entrevistas, encuestas, talleres, asambleas y/o reuniones de trabajo”. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, la más alta instancia judicial del país, ha señalado que esta “participación pública” desempeña un papel accesorio que no tiene en cuenta factores culturales, sociales o económicos. El estudio de impacto ambiental se presenta a continuación ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y se pone a disposición del público en la sede del Ministerio en Ciudad de Guatemala durante un periodo de 20 días hábiles. Durante ese periodo el público puede hacer alegaciones al estudio. </p> <p class="aI_Body_Text">Este proceso no equivale a una consulta y, en palabras del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, “está lejos de cumplir con los estándares internacionales”. </p> <p class="aI_Body_Text">El Estado sigue fundamentando su actuación en el actual marco legal y legislativo, pese a que este se sitúa muy por debajo de los estándares internacionales en relación al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Las compañías siguen aplicando las deficientes disposiciones del Estado, en especial las mineras, y prefieren un estándar nacional de derechos humanos por debajo del internacional, contrariamente a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas . Un ejemplo de ello ha sido la mina prevista en San Rafael Las Flores, en el departamento de Santa Rosa. La compañía Minera San Rafael S. A., subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources Inc., que ya posee una licencia de exploración y en 2011 solicitó una licencia de explotación. Las investigaciones realizadas por Amnistía Internacional en la zona indican que los residentes no habían sido informados antes de la concesión de las licencias de exploración y explotación y no tuvieron acceso al estudio de impacto ambiental asociado. El estudio, de 800 páginas, admitió alegaciones durante el periodo normativo de 20 días en la sede del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de la capital. La compañía ha reconocido que nadie hizo alegación alguna. Aunque existe un movimiento organizado de oposición a la mina, los activistas y miembros de la comunidad no conocían la existencia del estudio y no pudieron hacer alegaciones. </p> <p class="aI_Body_Text">Las respuestas del Estado Parte a la lista de cuestiones hacen referencia a la Propuesta Preliminar del Reglamento para el Proceso de Consulta a Pueblos Indígenas presentado en febrero de 2011. En marzo, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas escribió al gobierno de Guatemala. Señaló que la propuesta podría resultar útil como instrumento, pero pidió una serie de cambios y también que la propuesta fuera presentada a los pueblos indígenas. Las organizaciones de pueblos indígenas han argumentado que la propuesta actual excluye las estructuras organizativas y procesos de toma de decisiones de la comunidad y que ésta no ha sido debidamente consultada. En consecuencia, han expresado su renuencia a aceptar la propuesta. </p> <p class="aI_Body_Text">Amnistía Internacional insta al gobierno guatemalteco a:</p> <p class="aI_Body_Text">garantizar que las comunidades de pueblos indígenas son consultadas acerca de proyectos de desarrollo, proyectos de industrias extractivas y otras actividades que puedan afectarles, con el objeto de obtener su consentimiento libre, previo e informado según los estándares internacionales. </p> <p class="aI_Body_Text">garantizar que las organizaciones de pueblos indígenas son consultadas al respecto de la Propuesta Preliminar del Reglamento para el Proceso de Consulta a Pueblos Indígenas y que éste se ajusta a los estándares internacionales. </p> <p/> <p class="aI_Body_Text"> </p> <p class="título_1"> <b>notas finales</b> </p> <p/> <p> Véase Proyecto de lista de cuestiones que deben abordarse al examinar el sexto informe periódico de Guatemala (CCPR/C/GTM/3), UN Doc. CCPR/C/GTM/Q/3, 22 de noviembre de 2010, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/AdvanceDocs/CCPR-C-GTM-Q3-sp.doc. </p> <p> Carta fechada el 23 de abril de 1999 en la Secretaría General y dirigida al presidente de la Asamblea, Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala: Memoria de silencio, 27 de abril de 1999, A/53/928 (anexo). </p> <p> Ibíd. página 28, párrafo 124. </p> <p> “En Guatemala no hubo genocidio”, El Periódico, 27 de enero de 2012, HYPERLINK "http://elperiodico.com.gt/es/20120127/pais/207115/" http://elperiodico.com.gt/es/20120127/pais/207115/ . </p> <p> “Álvaro Colom ofrece abrir archivos militares”, Prensa Libre, 26 de febrero de 2008. </p> <p> “Archivos militares de los años 80-85 no aparecen”, El Periódico, 14 de diciembre de 2010. </p> <p> Carta al presidente de Guatemala firmada por Impunity Watch, CEJIL, Plataforma Holandesa contra la Impunidad, Washington Office on Latin America, NISGUA y Project Counselling Service, 19 de julio de2011. </p> <p> Guatemala: Memoria del silencio. Tomo XII, Comisión para el Esclarecimiento Histórico. UNOPS, 1999. </p> <p> Art 8.: “La extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala”. </p> <p> Guatemala: Ni protección ni justicia: Homicidios de mujeres (actualización), Índice AI: AMR 34/019/2006, 17 de julio de 2006 HYPERLINK "http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR34/019/2006/es" http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR34/019/2006/es ; Guatemala: Ni protección ni justicia: Homicidios de mujeres, Índice AI: AMR 34/017/2005, 8 de junio de 2005 HYPERLINK "http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR34/017/2005/es" http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR34/017/2005/es . </p> <p> Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Informe Tercer Año de Labores (resumen ejecutivo). Página 1, nota al pie 1 (según cifras de 2009), HYPERLINK "http://cicig.org/uploads/documents/tercer_anio_de_labores.pdf" http://cicig.org/uploads/documents/tercer_anio_de_labores.pdf . </p> <p> Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres. </p> <p> Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar y contra las Mujeres. </p> <p> Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia </p> <p> Comisión para el Abordaje del Femicidio en Guatemala </p> <p> Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW/C/GUA/CO/7, 10 de febrero de 2009, HYPERLINK "http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws43.htm" http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws43.htm y CEDAW/C/GUA/CO/6, 2 de junio de 2006, HYPERLINK "http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws35.htm" http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws35.htm . </p> <p> Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura, CAT/C/GTM/CO/4, 25 de julio de 2006, párrafo 16. </p> <p> Informe de la relatora especial sobre violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk, Misión a Guatemala, E/CN.4/2005/72/Add.3, 10 de febrero de 2005. </p> <p> Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Estudio Global sobre el Homicidio 2011, página 107, http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Homicide/Globa_study_on_homicide_2011_web.pdf. </p> <p> Informe del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, Misión a Guatemala (21-25 de agosto de 2006), A/HRC/4/20/Add.2, 19 de febrero de 2007. </p> <p> Informe del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, Seguimiento de las recomendaciones a los países: Guatemala, A/HRC/11/2/Add.7, 4 de mayo de 2009. </p> <p> “Ex altos oficiales guatemaltecos deben enfrentar juicios sobre ejecuciones extrajudiciales”, comunicado de prensa de Amnistía Internacional, 14 de octubre de 2010, HYPERLINK "http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/ex-oficiales-guatemala-enfrentar-juicios-ejecuciones-extrajudiciales-2010-10-14" http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/ex-oficiales-guatemala-enfrentar-juicios-ejecuciones-extrajudiciales-2010-10-14 </p> <p> Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA) (comunicado de prensa): “2011: El año más violento contra defensores y defensoras de derechos humanos”, 6 de enero de 2012, HYPERLINK "http://nisgua.blogspot.com/2012/01/2011-el-ano-mas-violento-contra.html" http://nisgua.blogspot.com/2012/01/2011-el-ano-mas-violento-contra.html . </p> <p> Amnistía Internacional, Acción Urgente 243/11, Guatemala: Amenazas contra unos expertos que testificaron en un juicio, 11 de agosto de 2011, HYPERLINK "http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR34/008/2011/es" http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR34/008/2011/es . </p> <p> Amnistía Internacional, Acción Urgente 258/09, Amenazas contra una mujer por defender a una víctima de violación, Índice AI: AMR 34/012/2009, 25 de septiembre de 2009, HYPERLINK "http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR34/012/2009/es" http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR34/012/2009/es . </p> <p> Amnistía Internacional, Guatemala: ¿Tierra de injusticia?, Índice AI: AMR 34/003/2006, 28 de marzo de 2006, HYPERLINK "http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR34/003/2006" http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR34/003/2006 . </p> <p> Discurso de Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, “Acceso a la tierra y desalojos: Lecciones a partir del caso Polochic”, 13 de enero de 2012. Citando a Plataforma Agraria. HYPERLINK "http://www.ohchr.org.gt/documentos/ponencias/Discurso_Foro_Acceso_tierra_y_desalojos%2813en12%29.pdf" http://www.ohchr.org.gt/documentos/ponencias/Discurso_Foro_Acceso_tierra_y_desalojos%2813en12%29.pdf . </p> <p> Ibíd. Página 10. </p> <p> Ibíd. Página 47. </p> <p> Amnistía Internacional, Acción Urgente, 340/11, México: Comunidad desalojada, en peligro, Índice AI: AMR 41/074/2011, 22 de noviembre de 2011, HYPERLINK "http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/074/2011/es" http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/074/2011/es . </p> <p> “Sacan a 300 del Lacandón”, Prensa Libre, 26 de agosto de 2011, citando al entonces ministro de Gobernación, Carlos Menocal. </p> <p> Informe del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, James Anaya: “Observaciones sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas de Guatemala en relación con los proyectos extractivos, y otro tipo de proyectos, en sus territorios tradicionales”, A/HRC/18/35/Add.3, 7 de junio de 2011 (informe disponible únicamente en español). </p> <p>El párrafo 22 dice: “La Ley de Minería no requiere específicamente que los pueblos indígenas sean consultados antes de la aprobación de licencias de exploración o explotación de proyectos mineros. El Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, que determina el procedimiento para la aprobación de los estudios de impacto social y ambiental requeridos por la Ley de Minería antes del otorgamiento de las licencias de explotación minera22, exige que se garantice la participación de las comunidades afectadas a través de ‘entrevistas, encuestas, talleres, asambleas y/o reuniones de trabajo’”23. No obstante, este mecanismo se encuentra lejos de cumplir con las normas internacionales. Como ha señalado acertadamente la Corte Constitucional, ‘el componente de la participación pública juega en este contexto un papel accesorio […] sin tomar en cuenta factores de índole cultural, social o económica’ 24.” </p> <p>Citas: [22] Ley de Minería, art. 20.; [23] Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, Acuerdo Gubernativo 431-2007 y sus reformas, art. 74.; [24] Expediente 3878-2007, Considerando IV, inc. h (énfasis en el original). </p> <p> Ibíd. </p> <p> Ibíd. </p> <p> Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, John Ruggie, Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”, A/HRC/17/31, 21 de marzo de 2011. </p> <p> Carta del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, a Ricardo Cajas Mejía, director ejecutivo del Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala, 1 de marzo de 2011. </p> <p> “Indígenas rechazan reglamento de consultas sobre minería”, Prensa Libre, 14 de marzo de 2011, y “Campesinos rechazan reglamento a consultas”, Prensa Libre, 24 de marzo de 2011. </p> <p> </p> </body> </html> <div class="messages noicon"><h2><a href="/en/library/info/AMR34/001/2012/en">View the overview page for this document</a></h2></div> </div> </div> </div></div> <!-- /squeeze /main --> <div id="ai-sidebar-last" class="column ai-sidebar"> <div class="panel-pane pane-block pane-amnestyblocks-print-email" id="block-amnesty-print_email"> <div class="pane-content"> <ul class="print-email"><li class="0 first last active"><a href="/en/library/asset/AMR34/001/2012/en/da57c714-7787-4050-be2f-bc340fb85cc4/amr340012012es.html" onclick="javascript:window.print();return false;" class="print-link active">Print</a></li> </ul> 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