Document - El Salvador: Four Years of Impunity. Amnesty International Declaration on the Case of Katya Miranda 4 April 2003

AI Índice: AMR 29/001/2003

4 de abril del 2003

CUATRO AÑOS DE IMPUNIDAD

DECLARACION DE AMNISTIA INTERNACIONAL

SOBRE EL CASO DE KATYA MIRANDA

4 de abril de 2003

Amnistía Internacional se une a esta conmemoración del cuarto aniversario de la violación y asesinato de Katya Miranda y aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestra preocupación ante el fracaso del sistema judicial de El Salvador para esclarecer la verdad y hacer justicia a un crimen tan horrendo.

La protección de los derechos humanos es una obligación suprema del estado; la protección de los derechos humanos de niñas y niños es una obligación aun más grande ya que se trata de seres vulnerables, cuyos derechos son sistemáticamente violados por aquellos que tienen la responsabilidad de brindarles una protección especial. En el caso de Katya no sólo se falló en protegerla, de asegurar su derecho a la vida sino que además no se ha hecho justicia, no se ha castigado a quienes la vejaron y asesinaron.

Los detalles de los crímenes perpetrados contra Katya son conocidos por todos como también los increíbles errores, si se pueden llamar así, cometidos inmediatamente después de su muerte. La destrucción de la escena del crimen y las pruebas que se podrían haber obtenido de allí; la falta de información acerca de un crimen que había causado revuelo ante la opinión pública; la deficiencia y demoras en las investigaciones y las irregularidades en diversos procedimientos. De ellos se deriva la impunidad que prevalece en su caso y llevan a cuestionar a las diversas instituciones a cargo del proceso investigativo y judicial.

En mayo del 2002, al leer el Informe Especial de la Sra Procuradora de los Derechos Humanos, sentimos una clara posibilidad de que se avanzaría en la ruta de la justicia para resolver y castigar a los responsables de la violación y asesinato de Katya. Pero no ha sido así. Concordamos con las conclusiones de dicho informe, entre otras, "el incumplimiento del deber del estado a investigar y sancionar a los responsables" y el dar "por establecida la violación a un debido proceso legal". Amnistía Internacional recogió con agrado las recomendaciones de dicho informe como el derecho a que se conozca la verdad sobre el homicidio de Katya y que se determine la responsabilidad judicial sobre los eventos que llevaron a dejar en la impunidad estos delitos aberrantes.

Sin embargo, a casi un año de la publicación de dicho informe Amnistía Internacional constata con consternación que nada se ha hecho al respecto.

El caso de Katya Miranda es emblemático del tema que hemos estado analizando durante nuestra estadía en El Salvador: la violencia de género contra la mujer y las niñas en el ámbito familiar. La familia y el domicilio privado, considerado míticamente como "santuarios" de tranquilidad y referentes de seguridad, son para millones de mujeres un lugar de sufrimiento donde reciben maltrato, tortura e incluso la muerte. Si, en general, las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y niñas se han caracterizado por la invisibilidad y la impunidad, las producidas en el llamado ámbito privado lo son doblemente. La justificación social que tradicionalmente han tenido estas conductas y la consideración del hogar como feudo de la autoridad masculina, hace que los derechos humanos de las mujeres sean vulnerados en este contexto bajo un manto de silencio, miedo e impunidad.

El estado salvadoreño le ha fallado a Katya, a su familia, a sus amigas y amigos al no ejercer su responsabilidad respecto de su obligación de actuar con la debida diligencia en la investigación y prosecución de los delitos cometidos contra ella permitiendo que éstos queden en vergonzosa impunidad.

Apoyamos la demanda interpuesta a nivel legal para que se realice una

investigación a fin de identificar al autor o autores a fin de llevarlos ante la justicia. Instamos a la Fiscalía y otras autoridades competentes a que se pongan en práctica las recomendaciones del Informe de la Procuraduría de Derechos Humanos de mayo del 2002 como así también el llamado hecho por la Asamblea Legislativa para que se prosiga con las investigaciones a fin de encontrar a los culpables y se les castigue.

Nadie puede devolver la vida a la pequeña Katya. Sin embargo, podemos y debemos perseverar para que los malos procedimientos en un proceso judicial no se repitan en otros casos y para que se haga justicia.

FIN/

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