Document - Ecuador: Community leaders sentenced for protesting

URGENT ACTION

AU: 260/12 Índice: AMR 28/005/2012 Ecuador Fecha: 10 de septiembre de 2012 Fecha: 10 de septiembre de 2012

ACCIÓN URGENTE

dirigentes comunitarios, condenados por protestar

El 14 de agosto, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador condenó a los dirigentes comunitarios Carlos Pérez, Federico Guzmán y Efraín Arpi a ocho días de prisión por el cierre de una carretera durante una protesta contra un proyecto de ley que consideraban que afectaba al acceso de su comunidad al agua y sobre el que no se había realizado la debida consulta. Está previsto que se dicte contra ellos una orden de detención. Esta sentencia demuestra cómo se está haciendo uso del sistema de justicia penal para impedir las protestas públicas.

Carlos Pérez, dirigente de los Sistemas de Agua Comunitarios del Azuay; Federico Guzmán, presidente de la Junta Parroquial de Victoria del Portete, y Efraín Arpi, dirigente de la parroquia Tarqui, han sido condenados en relación con una protesta organizada el 4 de mayo de 2010 en la provincia de Azuay. Los manifestantes cerraron parcialmente una carretera en protesta por la tanda final de debates sobre la Ley de Aguas en la Asamblea Nacional. La policía detuvo a Carlos Pérez, lo que provocó enfrentamientos entre los agentes y otros manifestantes. Posteriormente fueron detenidos Federico Guzmán y Efraín Arpi.

Los tres fueron acusados formalmente de sabotaje y recluidos durante tres días. Los cargos de sabotaje se retiraron por falta de pruebas, pero los detenidos fueron acusados del delito de obstrucción de vías. Federico Guzmán y Efraín Arpi han manifestado que no participaron directamente en la protesta. Carlos Pérez admite haberlo hecho, pero afirma que él y otros testigos permitieron la circulación cada 30 minutos y que dejaban pasar a los vehículos de emergencia cuando era necesario. Los tres quedaron después en libertad bajo fianza.

En agosto de 2010, un juez los declaró inocentes del delito de obstrucción de vías. El fiscal recurrió contra esta decisión, y en agosto de 2012 se confirmó la sentencia condenatoria y se los condenó a un año de prisión, aunque el juez determinó que sólo tenían cumplir ocho días, “por tratarse de personas que no constituyen peligro para la sociedad, y que las motivaciones para su inconducta fueron de carácter altruista y social a favor de los pueblos de Tarqui y Victoria de Portete, en defensa del agua”. Los tres hombres presentaron entonces un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia, máxima instancia judicial de Ecuador, para que se anulara la causa, pero el 14 de agosto la Corte confirmó la condena de 8 días de prisión. La sentencia se publicará en cualquier momento, por lo que la orden de detención de los tres condenados podría dictarse enseguida.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

expresando preocupación por que Federico Guzmán, Efraín Arpi y Carlos Pérez hayan sido condenados a ocho días de prisión por ejercer su derecho a la libertad de reunión;

expresando inquietud por que esta condena siente precedente para quienes participen en protestas públicas en Ecuador con objeto de expresar su preocupación legítima y les disuada de hacerlo;

manifestando que, si sin detenidos, Amnistía Internacional pedirá que sean puestos en libertad de inmediato y sin condiciones;

pidiendo a las autoridades que permitan ejercer el derecho a la libertad de expresión y reunión y garanticen que quienes quieran ejercer su derecho a la libertad de expresión y asociación pueden hacerlo sin temor a sufrir intimidaciones y hostigamiento.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 22 DE OCTUBRE DE 2012, A:

Sra. Johana Pesantez,

Ministra de Justicia

Av. Colón entre Diego de Almagro y Reina Victoria

Quito, Ecuador

Fax: +593 2 2550 089 (pidan tono de fax)

Tratamiento: Sra. Ministra

�Copia a

CEDHU

Carlos Ibarra 176 y 10 de Agosto

Edificio Yurac Pirca Piso 9

Quito, Ecuador

Correo-e: cedhu@cedhu.org

�Dr. Ramiro Rivadeneria Silva

Defensor del Pueblo de Ecuador

Oficina matriz administrativa

AV. De la Prensa N54-97 y Jorge Piedra

Quito

Ecuador

Correo-e: rrivadeneira@dpe.gob.ec�

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las correspondientes direcciones:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e. Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha anteriormente indicada.

ACCIÓN URGENTE

dirigentes comunitarios, condenados por protestar

iNFORMACIÓN complementaria

Las autoridades están haciendo uso del sistema judicial de Ecuador para tomar medidas drásticas contra los dirigentes indígenas y campesinos en lo que parece un intento deliberado de impedirles protestar contra proyectos que afectarán a su medio ambiente y a sus tierras. Los dirigentes indígenas y campesinos de Ecuador se enfrentan a diversas medidas que afectan a su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Para intentar disuadirlos de expresar su aposición a las leyes y políticas del gobierno se ha recurrido a cargos infundados, procesamientos penales, detenciones arbitrarias y estrictas condiciones de libertad bajo fianza.

En julio de 2012, Amnistía Internacional publicó el informe “Para que nadie reclame nada” ¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador? (Índice AI: AMR 28/002/2012). Se analizan en él los casos de 24 dirigentes a los que se ha hostigado con cargos aparentemente infundados, detención arbitraria y estrictas condiciones para conseguir la libertad bajo fianza por el simple hecho de haber hecho campaña contra leyes y políticas sobre el uso de los recursos naturales. Se han enfrentado a cargos de terrorismo, sabotaje, obstrucción de vías y homicidio, todo ello en relación con protestas ocurridas en 2009 y 2010. En muchos casos, los jueces han desestimado los cargos y las detenciones por considerarlos infundados. No obstante, 11 de los 24 dirigentes siguen siendo objeto de investigación, procedimientos judiciales o restricciones de la libertad bajo fianza. Ninguno de ellos está encarcelado en la actualidad.

Se han presentado cargos por obstrucción de vías en el contexto de una protesta contra 6 de los 24 dirigentes cuyos casos se tratan en el informe.

Para muchos grupos históricamente marginados de Ecuador, las protestas, que comportan por naturaleza interrupción del tráfico, pueden ser el único medio de hacerse oír. El Código Penal de Ecuador prevé entre uno y tres años de prisión para quien obstruya vías, incluso en el caso de que la interrupción del paso sea mínima o de que está causada por el ejercicio de derechos humanos como la libertad de expresión, reunión y asociación.

La penalización de las protestas no afecta sólo a las personas que son objeto directo de ella. Las familias y comunidades de esas personas también viven bajo amenaza de procesamiento o detención, y a menudo no se atreven a ejercer sus derechos por temor a sufrir las mismas consecuencias. Este efecto paralizante acumulativo sobre comunidades enteras puede disuadir a otras personas de participar en acciones públicas en defensa de los derechos humanos.

Nombre: Carlos Pérez, Federico Guzmán y Efraín Arpi

Sexo: hombres.

AU: 260/12 Índice: AMR 28/005/2012 Fecha de emisión: 10 de septiembre de 2012

image1.png image2.png

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE