Document - Dominican Republic: Towards a successful reform? Proposals for an organic law to help bring about comprehensive reform of the national police in the Dominican Republic

image2.png

Amnesty International Publications

Publicado originalmente en 2012 por Amnesty International Publications

International Secretariat

Peter Benenson House

1 Easton Street

London WC1X 0DW

Reino Unido

www.amnesty.org

© Amnesty International Publications 2012

Índice: AMR 27/016/2012

Idioma original: español.

Todos los derechos reservados. Esta publicación tiene derechos de autor, si bien puede ser reproducida por cualquier medio, sin pago de tasas, con fines educativos o para llevar a cabo acciones de protección y promoción de los derechos humanos, pero no para la venta. Los titulares de los derechos de autor solicitan que se les comuniquen los usos mencionados con el fin de evaluar sus efectos. Para la reproducción de este texto en cualquier otra circunstancia, su uso en otras publicaciones o su traducción o adaptación, deberá obtenerse el permiso previo por escrito de la editorial, y podrá exigirse el pago de una tasa.

ÍNDICE

4Introducción

5Elementos del anterior proyecto de ley que representan un avance �

6Elementos problemáticos que deben ser enmendados �

6Falta de una autoridad de control cercana a la Policía Nacional

6Ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas

7Los poderes, las funciones de la policía y el marco de ejecución no claramente definidos

8Principios básicos de actuación de la policía insuficientes

No todas las armas a disposición de la policía están suficientemente definidas y su uso reglamentado de acuerdo a las normas internacionales………………………………………..8

Injustificado uso de la fuerza letal cuando no hay vidas en peligro…………………………..8

9La responsabilidad civil y penal de la Policía Nacional como institución no está establecida

9La jurisdicción policial: un paso atrás

11Insuficiente protección de los derechos de los policías sujetos al régimen disciplinario

12Recomendaciones �

� �

INTRODUCCIÓN

Según principios aceptados internacionalmente, los órganos encargados de hacer cumplir la ley tienen que:

Ser representativos de la comunidad en su conjunto y responder a sus necesidades.

Usar sus poderes, inclusive el uso de la fuerza letal, según los principios de proporcionalidad, necesidad y legalidad.

Rendir cuentas a la sociedad en general, a través de un sistema eficaz de controles internos y mecanismos de supervisión por parte de otras instituciones del Estado y de la sociedad civil.

Garantizar los derechos de sus propios miembros

Sin embargo, es una opinión ampliamente compartida en la República Dominicana que la Policía Nacional no cumple con muchos de estos principios. Actualmente, son muchos los factores que limitan la eficacia de la institución policial y que hacen que la desconfianza de la opinión pública hacia la policía siga elevada. En particular, la corrupción de muchos agentes policiales, los abusos y las violaciones de derechos humanos cometidas con excesiva frecuencia por miembros de la institución (en específico homicidios, torturas y otros malos tratos) socavan la capacidad del Estado para proteger los derechos humanos y garantizar la seguridad pública.

Por lo tanto, la opinión publica está de acuerdo que la Policía Nacional necesita ser objeto de una reforma integral y radical para poderse transformar en una institución que cumpla plenamente con su mandato de protección en el pleno respeto del derecho internacional, de la Constitución y de las leyes.

Los anteriores intentos de reforma han surtido efectos muy limitados a la hora de mejorar la eficacia de la policía e impedir que esta institución siga cometiendo violaciones de derechos humanos. Esto es sobre todo porque estas reformas no han aportado los elementos necesarios para mejorar la rendición de cuenta de los miembros de la policía y de la institución misma ante la ley, el Estado y la ciudadanía.

La adopción de la Ley Orgánica de la Policía Nacional representa un paso esencial para iniciar la reforma integral y eficaz de la Policía Nacional que tanto se necesita.

Por lo tanto, Amnistía Internacional se propone con el presente documento, contribuir al proceso de reforma policial en República Dominicana, en el momento en que se están elaborando un nuevo ante-proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional.

En particular, este documento analiza el anterior proyecto de ley (proyecto aprobado por el Senado en primera lectura) con el fin de identificar los elementos positivos, pero sobre todo de atraer la atención sobre los elementos problemáticos de la propuesta que al no ser enmendados podrían perjudicar el proceso de reforma policial.

Elementos del anterior proyecto de ley que representan un avance

La propuesta de Ley Orgánica de la Policía Nacional presentada por el anterior gobierno contiene algunos avances significativos. Estos incluyen:

El deber de respetar las órdenes jerárquicas está sometido al principio de legalidad (Artículo 15.6);

Los miembros de la policía están obligados a obedecer a sus superiores, “siempre que las órdenes o acciones que entrañen no constituyan actos manifiestamente ilícitos o contrarios a las leyes” (artículo 15.5);

El establecimiento de una Dirección Central de Policía Comunitaria (artículo 61), con el mandato específico de aplicar gradualmente “los programas dirigidos a transformar todo el cuerpo de policía en una institución orientada al servicio de la comunidad”;

La prohibición a los miembros de la Policía Nacional de portar o tener armas diferentes a las asignadas para el desempeño de sus funciones (artículo 85);

La conservación de un registro balístico de todas las armas asignadas a los miembros de la Policía Nacional (artículo 87);

La eliminación del ascenso automático por antigüedad a un rango. Además, se incluyen la disciplina y la evaluación del desempeño de la función policial entre los criterios para poder ser ascendidos. Si un miembro no cumple con los criterios fijados en los plazos establecidos para un cierto rango, será retirado o separado de las filas de la policía (artículo 136).�

Elementos problemáticos que deben ser enmendados

�Muchos elementos incluidos en la propuesta de ley presentada por el gobierno anterior generan dudas sobre la capacidad de ésta de propulsar una verdadera reforma integral de la Policía Nacional. En particular, la propuesta de ley no contempla mecanismos adecuados para la rendición de cuenta al interior de la institución. No crea controles efectivos por parte de otras instituciones, ni establece un marco sólido para evitar abusos y violaciones de derechos humanos. Así mismo, no señala que la policía es civilmente responsable como institución por los crímenes cometidos por sus miembros.

La propuesta de ley presentada por el gobierno anterior sólo presenta la estructura general de la policía. La mayoría de los detalles se ven desglosados en el Reglamento de Aplicación. Considerando que los reglamentos son actas administrativas expedidas por el Presidente de la República (artículo 128 de la Constitución), es particularmente preocupante que muchos elementos escapen al análisis y a la aprobación del legislador. Si bien es cierto que no es posible reglamentar todo en la ley, para asegurar un control efectivo de la policía, es importante establecer un marco legal suficientemente preciso para el trabajo policial y las instancias de control.

Falta de una autoridad de control cercana a la Policía Nacional

El proyecto de ley presentado por el gobierno anterior deja muy claro que el papel de controlar a la Policía Nacional sería una atribución del Presidente de la República, mientras que al Ministerio de Interior y Policía sólo se atribuye la adscripción orgánica de la policía (artículos 18-19). Esta provisión limita aún más el sistema para hacer rendir cuentas a la policía por sus acciones. Considerando la multitud y la complejidad de las funciones y responsabilidades del Presidente de la República, es evidente que éste no estaría en la posición de ejercer un control riguroso sobre el funcionamiento y las actuaciones de la Policía Nacional. Por lo tanto, el hecho de atribuir al Presidente la línea jerárquica directa sobre la Policía Nacional y no al Ministro de Interior y Policía hace que los mecanismos de control sobre la institución del orden se mantengan débiles.

Si bien es verdad que la Constitución Dominicana establece que la Policía Nacional está bajo la autoridad del Presidente de la República (artículo 255), el artículo 128(1) (e) de la Constitución dice claramente que el Presidente puede mandar la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas por sí mismo “o a través del ministerio correspondiente”. Siendo el Ministerio del Interior y Policía el ministerio correspondiente en materia de seguridad ciudadana, el hecho de colocar en la ley a la Policía Nacional bajo dependencia orgánica de este Ministerio (dando detalles específicos de las funciones y medios de control por parte de este) sería perfectamente legítimo y constitucional.

Ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas

Las reglas en materia de autoridad, supervisión, control y rendición de cuenta, son totalmente ausentes en la propuesta de ley.

En particular, no se especifican los elementos básicos de la rendición de cuentas policial que son:

Los agentes individuales en todos los niveles jerárquicos deben rendir cuentas a título personal de su propia conducta ante sus supervisores. Su conducta debe estar en consonancia con la legislación nacional y los códigos profesionales de ética y disciplina. En caso de conducta delictiva, todos los funcionarios deben rendir cuentas ante las autoridades judiciales;

Los funcionarios superiores deben rendir cuentas mediante la presentación de informes, sobre la supervisión y los procedimientos disciplinarios de las personas que están bajo su mando;

El organismo policial debe rendir cuentas ante la sociedad en general de su éxito en el mantenimiento del orden y la seguridad pública. En cuanto organización, la policía debe rendir cuentas ante organismos de supervisión independientes, creados por ley y abiertos a escrutinio público (incluidos los representantes elegidos democráticamente, las ONG y los medios de comunicación).

�Tampoco se especifican en la propuesta de ley las responsabilidades de los supervisores, en particular las de supervisar a los funcionarios individualmente, supervisar sus operaciones, e informar sus propios superiores en la cadena de mando sobre su propio trabajo y el de sus subordinados –incluso sobre el uso correcto de los poderes discrecionales.

Aunque la propuesta de ley instituye dos órganos de control interno (la Inspectoría General de la Policía Nacional y la Dirección Central de Asuntos Internos, artículos 44-46), su autoridad, sus funciones y sus poderes no están descritos con suficiente claridad. Tampoco se establecen mecanismos claros para asegurar que estos órganos cumplan con su función, ni se crea un sistema independiente y claro de recepción de las denuncias del público sobre el comportamiento de los agentes de policía.

Durante el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos en 2009, República Dominicana expresó su disposición a aplicar la recomendación de “establecer un órgano independiente de supervisión para investigar las denuncias de abusos policiales y violaciones de los derechos humanos“. La creación de este órgano independiente reforzaría considerablemente el sistema de rendición de cuenta de la policía ante la sociedad.

Los poderes Y las funciones de la policía no están claramente definidos

Con exclusión del poder del uso de la fuerza (reglamentado en los artículos 15 y 89), en la propuesta de ley presentada por el gobierno anterior, no se mencionan cuales son los poderes otorgados a la policía, ni los principios rectores para el uso de tales poderes. Por ejemplo, esos poderes podrían ser los de efectuar arresto y detenciones, los de llevar a cabo búsquedas y pesquisas, y los de practicar investigaciones criminales.

Aunque otras leyes pueden contener detalles sobre los poderes de la policía, es indispensable que la Ley Orgánica de la policía enuncie con precisión tales poderes.

Según la formulación del artículo 16, las funciones policiales están más orientadas a la seguridad que hacia la protección de la vida e integridad física de las personas incluyendo, la protección de sus derechos y libertades. Esto representa un paso por atrás respecto a la formulación de la vigente Ley Institucional de la Policía Nacional 96-04 (artículo 25).

Principios básicos de actuación de la Policía insuficientes

El artículo 15 da una buena formulación de algunos principios básicos, pero carece de otros que son esenciales, como el principio de necesidad y el principio de proporcionalidad. En la formulación de la propuesta de ley, el principio de proporcionalidad solo se encuentra indicado con relación al uso de la fuerza, mientras que debería aplicarse a toda acción policial.

El principio de necesidad se refiere a la necesidad de elegir - entre todos los medios disponibles para alcanzar el objetivo – el que implica la menor restricción a los derechos humanos.

El principio de proporcionalidad implica la obligación de equilibrar los beneficios de cumplimiento de la ley (es decir, el “valor”/importancia del objetivo) frente a las consecuencias de la acción, y de abstenerse de actuar si las consecuencias negativas de la acción (en términos de derechos humanos) superan la importancia del objetivo.

No todas las armas a disposición de la policía están suficientemente definidas y su uso reglamentado de acuerdo a las normas internacionales

La formulación del articulo 88 recita que, “en los depósitos de armas de la Policía Nacional se deben conservar armas especiales, para ser utilizadas cuando las circunstancias lo requieran.”

Esta formulación es problemática, sobre todo porque no se especifica lo que se entiende por “armas especiales” ni se indica si algún texto legal (ley o reglamento) establecerá cuales son las circunstancias en las que las armas especiales podrán ser utilizadas.

En la vigente Ley Institucional de la Policía se establecían algunos límites, pero en la propuesta de ley orgánica presentada por el anterior gobierno han desaparecido, como el hecho que las armas especiales sólo pueden ser usadas por personal adiestrado específicamente para ello y en circunstancias excepcionales (artículo 30 Ley 96-04).

La formulación del artículo 88 no está basada en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 1990). Por lo tanto, se incrementa enormemente la discrecionalidad de la policía en el uso de armas especiales.

Injustificado uso de fuerza letal cuando no hay vidas en peligro

En comparación con la vigente Ley institucional de la policía (96-04), es positivo que los principios rectores contenidos en el artículo 89 de la propuesta de ley orgánica se aplican a cualquier uso de la fuerza y no sólo a las armas de fuego.

Sin embargo, permanecen algunas preocupaciones. En particular, la formulación del numeral 2 es demasiado amplia.

En la letra c) se autoriza el uso de armas de fuego para evitar la comisión de un hecho grave que entrañe una seria amenaza para la seguridad del Estado. No queda claro lo que representa una amenaza para la seguridad del Estado – y no parece estar ella definida en la ley dominicana, quedando por ende librada a la discrecionalidad de la autoridad pública. El principio de proporcionalidad expresa que sólo se puede arriesgar la vida de una persona a través del uso de un arma potencialmente letal (arma de fuego), para proteger o salvaguardar un bien de igual importancia, es decir otra vida.

En la letra d), se autoriza el uso de armas de fuego “cuando en medio de la detención de una persona, ésta represente peligro y ponga resistencia”. El nivel de peligro no está definido. Según los estándares internacionales y en aplicación del principio de proporcionalidad, solo se puede utilizar armas de fuego si la persona presenta un peligro para la vida de otra persona.

Considerando que el numeral 7 reenvía hacia el numeral 2, las preocupaciones que se acaban de mencionar afectan también el uso de armas de fuego en la disolución de manifestaciones.

La responsabilidad civil y penal de la Policía Nacional como institución no está establecida

La propuesta de ley orgánica presentado por el gobierno anterior, sigue reconociendo al igual que la vigente institucional de la policía, solo la responsabilidad penal individual de los miembros de la Policía Nacional (artículo 146). No se establece en ninguna parte la responsabilidad de los superiores jerárquicos, ni la responsabilidad civil de la policía como institución, tampoco, del Estado por las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de policía durante el desempeño de sus funciones o al ejercer la autoridad que se les ha otorgado en virtud de su puesto.

Esta carencia de la propuesta de ley tiene la consecuencia de perpetuar el actual sistema, en el que la Policía Nacional y el Estado dominicano no reconocen su responsabilidad por los actos de los agentes de policía. Los altos cargos de la Policía Nacional y la mayoría de los cargos pertinentes del Estado afirman que los abusos y las violaciones de derechos humanos son obra de unos pocos agentes corruptos o poco profesionales y que éstos son destituidos y llevados ante la justicia de inmediato. Sin embargo, frente a los elevados números y a la gravedad de las violaciones de derechos humanos cometidas cada año por agentes de policía, la institución policial y el Estado tienen la obligación de reconocer la envergadura del problema y de tomar medidas eficaces para reducir los homicidios policiales, y erradicar la tortura, los malos tratos y otras prácticas abusivas.

Una de las principales consecuencias de esta evasión de responsabilidad, es que las victimas de abusos y de violaciones de derechos humanos por parte de miembros de la Policía Nacional se quedan sin recibir indemnizaciones. Si los agentes no tienen los recursos necesarios para cumplir la orden de los tribunales de pagar indemnizaciones, éstas no son pagadas. Ni la Policía Nacional como institución, ni el Estado se consideran responsables de los daños civiles que resulten de las acciones ilícitas de los agentes de policía en actos de servicio y no pagan de manera solidaria las indemnizaciones a las victimas o a sus familias.

La jurisdicción policial: un paso atrás

La formulación de los artículos 164 y 165 de la propuesta de ley orgánica de la Policía Nacional presentada por el gobierno anterior es extremamente preocupante. Estos artículos parecen reintroducir una jurisdicción policial paralela a la de los tribunales ordinarios para juzgar las infracciones disciplinarias y penales cometidas por miembros de la Policía Nacional. Si esta interpretación es correcta, esto representaría un paso atrás, visto que la competencia penal de los Tribunales de Justicia Policial fue abolida con la entrada en vigor del Código Procesal Penal en septiembre de 2004, que transfirió competencia a la jurisdicción civil ordinaria para juzgar todos los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad.

Es sumamente importante mantener la competencia exclusiva de los tribunales ordinarios en materia de infracciones penales cometidas por los miembros de la policía y de todas las fuerza de seguridad, esto es, para asegurar el respeto del principio de igualdad ante la ley y el derecho al debido proceso garantidos en la Constitución Dominicana (artículos 39, 68 y 69) y por los tratados internacionales y regionales de derechos humanos de los que la República Dominicana es parte.

Según el artículo 165 de la propuesta de ley, los integrantes de la jurisdicción policial serían nombrados y destituidos por el Presidente de la República. De esta manera, los tribunales policiales estarían bajo el control del Poder Ejecutivo y no gozarían de la independencia que la Constitución garantiza a la función judicial. Por consecuencia, si una jurisdicción policial separada juzga los homicidios y otros crímenes que conllevan violaciones de derechos humanos, no se estarían garantizando las normas internacionales que requieren que las violaciones de derechos humanos sean investigadas y juzgadas de manera independiente e imparcial.

Igualmente, existen dudas sobre la capacidad de una jurisdicción policial paralela para garantizar la necesaria transparencia en los procesos judiciales y el derecho de las victimas de abusos policiales de poder tomar parte en los procesos.

La falta de independencia en las investigaciones sobre crímenes, y en particular violaciones de derechos humanos, cometidas por miembros de la Policía Nacional se ve evidenciada también por la ausencia de referencia en la actual propuesta de ley orgánica a la disposición contenida en la vigente Ley institucional de la policía (Ley 96-04, artículo 62) relativa a las investigaciones externas independientes realizadas por fiscales sobre delitos presuntamente cometidos por agentes de policía. Según esta propuesta de ley orgánica, las investigaciones de los hechos constitutivos de crímenes, delitos y contravenciones estarían a cargo de las instancias con funciones de policía judicial.

Teniendo en cuenta que las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de la policía son muy frecuentes en la República Dominicana, el establecimiento de este sistema de justicia penal paralelo para miembros de la policía y la exclusión del Ministerio Público en la investigación representaría un daño gravísimo al sistema de protección de los derechos humanos en la República Dominicana.

Por lo tanto, el artículo 257 de la Constitución dominicana que establece: “la jurisdicción policial solo tiene competencia para conocer de las infracciones policiales previstas en las leyes sobre la materia” deberá interpretarse de forma restrictiva, de manera que la jurisdicción policial sólo tenga competencia sobre infracciones disciplinarias cometidas por miembros de la Policía Nacional. Las infracciones de carácter penal deberán permanecer bajo la jurisdicción de los Tribunales de la República y las investigaciones de estos casos deberán ser llevadas a cabo bajo la dirección del Ministerio Público.

Insuficiente protección de los derechos de los policías sujetos al régimen disciplinario

La sección relativa al régimen disciplinario (artículos 166-180) en el proyecto de ley orgánica no incluye mención de algunas garantías esenciales para los policías sujetos al régimen disciplinario que estaban contenidas en la vigente Ley institucional de la Policía. Se trata del principio del debido proceso y la garantía del derecho a la defensa (artículos 69 y 70, ley 96-04).

Recomendaciones

Institución con autoridad de control sobre la Policía Nacional

Establecer claramente que la Policía Nacional estará bajo la dependencia orgánica del Ministerio de Interior y Policía;

Detallar en la Ley las funciones de control del Ministerio de Interior y Policía sobre la Policía Nacional, asegurando de esta manera un control apropiado de la policía por parte del poder ejecutivo y al mismo tiempo la independencia operacional, la objetividad, neutralidad e imparcialidad de la policía en su labor cuotidiana;

Someter a la Policía Nacional a un sistema eficaz de control externo por otras instituciones (Defensor del Pueblo, Poder Judicial).

Rendición de cuentas

Especificar los elementos básicos de la rendición de cuentas policial (mencionados en la página 3);

Especificar las responsabilidades de los supervisores, en particular las de supervisar a los funcionarios individualmente, de supervisar las operaciones, y de informar sobre su propio trabajo y el de sus subordinados –incluso sobre el uso correcto de los poderes discrecionales a sus propios superiores en la cadena de mando;

Detallar con suficiente claridad la autoridad, las funciones y los poderes de la Inspectoría General (articulo 44) y de la Dirección Central de Asuntos Internos (artículo 46) y establecer mecanismos claros para asegurarse que estos órganos cumplan con sus funciones (por ejemplo, someterlos a controles por parte del Congreso Nacional o del Defensor del Pueblo);

Establecer un sistema independiente y claro de recepción de las denuncias del público sobre el comportamiento de los agentes de policía;

Salvaguardar el requisito de la vigente Ley Institucional de la Policía (Ley 96-04, artículo 13) de que el Inspector General de la Policía Nacional presente informes cada seis meses a la Defensoría del Pueblo, de manera a salvaguardar este importante mecanismo de control independiente;

Establecer claramente que cuando en la realización de una investigación, la Inspectoría General o la Dirección Central de Asuntos Internos detecten una infracción penal, lo notificarán al Ministerio Público para que dirija la investigación y ejerza la acción pública en representación de la sociedad, de conformidad con lo establecido por el artículo 169 de la Constitución;

Crear un órgano de supervisión independiente encargado de investigar las denuncias de abusos y violaciones policiales de derechos humanos, tal como accedió a hacer el gobierno de la República Dominicana durante el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas.

Poderes y funciones de la policía

Reglamentar en la Ley Orgánica de la Policía Nacional todos los poderes de la Policía Nacional, incluyendo cuando y para qué fines se les pueden utilizar, cuales son los principios rectores de cada poder, los procedimientos y los límites para el uso de los diferentes poderes, y los mecanismos de control sobre el uso de estos poderes (informes obligatorios al superior jerárquico, control judicial, etc.);

Incluir como funciones primarias, la de “Preservar la vida y la integridad física y moral de las personas” y la de “Proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas en todo el territorio nacional, mediante el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana”.

Principios básicos de actuación de la policía

Incluir los principio de necesidad y de proporcionalidad, como principios rectores de todos los poderes de la policía (por ejemplo, poderes de arrestos y detenciones, de búsqueda, pesquisa y de investigación criminal);

Redactar reglamentos, no sólo para reglamentar el uso de la fuerza (mención actualmente contenida en el artículo 15.10), sino también para todos los otros poderes de la policía.

Las armas de fuego

Establecer en la Ley o en un reglamento de aplicación el acceso al registro balístico al Ministerio público y la Defensor del Pueblo e introducir mecanismos de control sobre el registro balístico (por ejemplo por la Inspectoría general de la Policía Nacional o por el Defensor del Pueblo) para asegurarse que el registro esté bien mantenido y actualizado;

Especificar el tipo de armas especiales o las circunstancias en las que pueden utilizarse. Especificar que el Jefe de la Policía Nacional podrá autorizar el uso de armas especiales en conformidad con los criterios establecidos para esto en la Ley (artículo 41.13).

Uso de la fuerza

Formular los casos en que se autoriza el uso de armas de fuego de manera que quede claro que éstas sólo se podrán utilizar para proteger la vida de otra persona;

Incorporar integralmente el la Ley Orgánica los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley adoptados por las Naciones Unidas en 1990.

Responsabilidad de los superiores jerárquicos, de la Policía Nacional y del Estado

Establecer de manera clara la responsabilidad de los superiores jerárquicos. En tal caso, los jefes y otros superiores deberían ser responsables penalmente, toda vez que aquellos bajo su mando, autoridad o control efectivo hayan cometido crímenes o se hubieren propuesto cometerlos, o si bien, los jefes o superiores sabían o hubieran tenido que saber que tales subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos y no adoptaran todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes para los efectos de su investigación y enjuiciamiento;

Establecer en la Ley Orgánica la responsabilidad civil de la policía como institución y del Estado por las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de policía durante el desempeño de sus funciones o al ejercer la autoridad que se les ha otorgado en virtud de su puesto;

Establecer en la Ley Orgánica el principio de la responsabilidad solidaria de la Policía Nacional y del Estado con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las ordenes judiciales en materia de indemnizaciones a las victimas de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de la policía.

La jurisdicción policial

Reservar a la jurisdicción policial competencia sólo sobre infracciones disciplinarias cometidas por miembros de la Policía Nacional;

Establecer claramente en la Ley Orgánica que las infracciones de carácter penal, incluidas las violaciones de derechos humanos serán investigadas de manera independiente e imparcial bajo la dirección del Ministerio Público y permanecerán bajo la jurisdicción de los Tribunales de la República.

Régimen disciplinario

Incluir referencia explicita al debido proceso y garantizar el derecho a la defensa para salvaguardar los derechos fundamentales de los miembros de la Policía Nacional que se encuentren bajo procedimiento disciplinario.

www.amnesty.orgimage1.png

¿hacia una reforma exitosa?

PROPUESTAS PARA UNA LEY ORGáNICA QUE CONTRIBUYA A LA REFORMA INTEGRAL DE LA POLICíA NACIONAL en república dominicana

Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por 3 millones de simpatizantes, miembros y activistas de más de 150 países y territorios, que hacen campaña para acabar con los abusos graves contra los derechos humanos.

Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos.

Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribuciones de nuestra membresía y con donativos.

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE