Document - Dominican Republic: Submission to the UN Universal Periodic Review: Sixth session of the UPR Working Group of the Human Rights Council, November - December 2009

20 de abril de 2009 Público


Amnistía Internacional



República Dominicana

Información para el Examen Periódico Universal de la ONU

Sexto periodo de sesiones del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el Examen Periódico Universal

Noviembre-diciembre de 2009













Resumen ejecutivo

En este documento, Amnistía Internacional ofrece información conforme a lo estipulado en los apartados B, C y D de las Directrices generales para la preparación de la información en el marco del Examen Periódico Universal:1


  • En el apartado B, Amnistía Internacional plantea sus motivos de preocupación sobre las deficiencias que presenta la legislación nacional por lo que respecta a los derechos de las personas migrantes y a los derechos sexuales y reproductivos.

  • En el apartado C se ponen de manifiesto los motivos de preocupación de Amnistía Internacional con respecto al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, la violencia contra mujeres y niñas, los malos tratos y la discriminación de trabajadores y trabajadoras migrantes haitianos, la trata de personas, las restricciones impuestas al derecho a la libertad de prensa, al derecho a la vivienda y al derecho a la salud en el contexto del VIH/sida.

  • En el apartado D, Amnistía Internacional ofrece al gobierno una serie de recomendaciones para la acción.

RepúblicaDominicana

Información de Amnistía Internacional para el Examen Periódico Universal de la ONU

Sexto periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, noviembre-diciembre de 2009


B. Marco normativo e institucional del Estado


La constitucionalidad de la Ley General de Migración núm. 285-04, aprobada en el año 2004, ha sido puesta en duda, tanto por organizaciones dominicanas de derechos humanos como por la experta independiente de la ONU sobre cuestiones de las minorías, que visitó el país en octubre de 2007 junto con el relator especial de la ONU sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. Sus motivos de preocupación estriban en los artículos de la ley que tratan de limitar el ámbito de actuación del artículo 11 de la Constitución al definir a todas las personas “no residentes” como personas “en tránsito” y de imponer limitaciones a su derecho a optar a la nacionalidad dominicana (artículo 36, párrafo 10). En su informe, la experta independiente sobre cuestiones de las minorías escribió: “Como concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no cabe interpretar que la excepción constitucional a las personas ‘en tránsito’ para otorgar la nacionalidad sobre la base del principio del ius soli2incluya a los migrantes ilegales, ni tampoco se ha establecido ninguna condición de que el interesado se encuentre en situación regular para poder ejercer su derecho a la nacionalidad por nacimiento”.


Al mezclar las dos categorías –personas en tránsito y no residentes– la nueva ley ha creado una confusión considerable. Además, algunos de sus artículos contienen disposiciones que discriminan a los trabajadores migrantes y a sus descendientes. Por poner un ejemplo, en el artículo 22 se estipula el reconocimiento de los derechos civiles de las personas extranjeras que residen en el país –como los trabajadores migrantes en situación regular– siempre y cuandosu país de origen otorgue parecido reconocimiento a los ciudadanos dominicanos que residan en dicho país. La Ley General de Migración no ha entrado aún en vigor porque el gobierno no ha redactado todavía las reglas de procedimiento para su aplicación.


En septiembre de 2008 el presidente Leonel Fernández presentó ante el Congreso una propuesta de reforma constitucional que está siendo examinada en la actualidad por la Asamblea Revisora. La propuesta ha causado alarma entre las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor de las personas migrantes haitianas y de las dominicanas de ascendencia haitiana debido a la cláusula en la que se establece que los hijos e hijas de padres que residen “ilegalmente” en territorio dominicano no pueden adquirir la nacionalidad dominicana. En caso de que esta cláusula fuera aprobada, se podría usar para extender la condición irregular de los padres a los niños y niñas nacidos en territorio dominicano, que también carecerían de papeles.


En 2007, el sector administrativo de la Junta Central Electoral publicó la “Circular 17”, en la que se indica a los funcionarios del Estado que investiguen si los documentos de identidad que se presenten para su renovación o para realizar inscripciones han sido emitidos erróneamente en el pasado. A Amnistía Internacional le preocupa que se pueda hacer uso de esta disposición para impedir a los dominicanos de origen haitiano acceder a documentación oficial y, por consiguiente, impedirles acceder a la educación, al derecho al voto, al mercado de trabajo oficial y a una pensión del Estado. Las ONG dominicanas han documentado miles de casos de progenitores que no han podido inscribir a sus hijos en el registro o renovar sus propios documentos de identidad, lo que sucede no sólo a migrantes haitianos, sino también a dominicanos de ascendencia haitiana, muchos de los cuales poseen actas de nacimiento, cédulas (tarjetas de identidad que se obtienen a la edad de 18 años) y documentos de identificación electoral, que atestiguan que son ciudadanos dominicanos.


En la propuesta de reforma constitucional se hace referencia asimismo a la inviolabilidad del derecho a la vida “desde la concepción hasta la muerte”. El proyecto de Código Penal, que también está siendo debatido en este momento, contiene una disposición en la que se contempla específicamente el encarcelamiento de mujeres embarazadas a causa de una violación, incesto o fecundación humana asistida no consentida que provoquen la interrupción de su embarazo o soliciten ayuda para interrumpirlo. Amnistía Internacional es contraria a toda legislación que permite que se encarcele o se imponga cualquier otra sanción penal a mujeres o niñas por intentar abortar o someterse a un aborto. Tipificar el aborto como delito aumenta la probabilidad de que mujeres y niñas recurran a métodos peligrosos para interrumpir el embarazo y que, posteriormente, a fin de evitar ser procesadas, no soliciten asistencia médica si surgen complicaciones.



C. Promoción y protección de los derechos humanos sobre el terreno


Violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y las fuerzas de seguridad

A Amnistía Internacional le preocupa seguir recibiendo informes de disparos con resultado de muerte realizados por miembros de las fuerzas de seguridad, que en algunos casos se pueden considerar homicidios ilegítimos.


Según la información que maneja la Procuraduría General de la República, citada en el Informe Anual por Países sobre Prácticas de Derechos Humanosde 2008 del Departamento de Estado estadounidense, 455 personas murieron en 2008 a manos de agentes de policía en el desempeño de sus funciones, lo que representa aproximadamente el 19 por ciento del total de muertes violentas y un incremento del 32 por ciento con respecto al año 2007.


Según una ONG nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los últimos 10 años han muerto a manos de la policía más de 3.000 personas. La explicación que frecuentemente ofrecen las autoridades sobre los homicidios cometidos por la policía es que se debieron a “intercambios de disparos” con presuntos delincuentes armados. Sin embargo, en muchos casos, los testimonios de los testigos presenciales desmienten esta versión de los hechos.


Por ejemplo, el 30 de diciembre de 2008, agentes de policía mataron a cinco hombres en el transcurso de lo que la policía describió como un “intercambio de disparos” en el parque Mirador Sur de la capital, Santo Domingo. No obstante, los resultados de la autopsia revelaron que a cuatro de los hombres les habían disparado por la espalda. La comisión de la policía encargada de la investigación recomendó que se procesara penalmente a los nueve agentes que participaron en el incidente, todos los cuales se encuentran actualmente en prisión preventiva a la espera del resultado de la investigación.


En otro incidente ocurrido el 28 de marzo de 2009, Nicolás Disla caminaba por una concurrida calle del barrio de Cristo Rey, en Santo Domingo, cuando tres agentes de policía en un auto patrulla le dieron el alto. Según los testigos presenciales, aunque Nicolás Disla, que iba desarmado, obedeció la orden, uno de los agentes le disparó dos veces en las piernas. Luego, cuando yacía herido, lo esposaron y se lo llevaron. Más tarde ese mismo día, sus familiares se enteraron de que Nicolás había ingresado en un hospital local, pero se había certificado su muerte al llegar. Los disparos lo habían alcanzado en el estómago, además de en las piernas. Dos días más tarde, uno de los agentes presuntamente responsable del homicidio trató de disparar al hermano de Nicolás, Juan Carlos Disla, cuando asistía a su funeral.


Grupos de derechos humanos locales e internacionales han hecho preguntas al ejército, en particular al Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT), en relación con un uso excesivo o ilegítimo de la fuerza. Según los informes disponibles, el 9 de julio de 2006, miembros del CESFRONT abrieron fuego contra un grupo de ciudadanos haitianos que intentaban cruzar la frontera para entrar en República Dominicana, cerca de la localidad de Dajabón. Una de las personas del grupo recibió, al parecer, un disparo en la espalda y, posteriormente, murió en el hospital. Según informes, en otro caso ocurrido el 24 de marzo de 2008, en Dajabón junto al río Masacre, en la frontera dominicana, un miembro del CESFRONT abrió fuego contra un vendedor de mercado haitiano con el que se había enzarzado en una discusión, hiriéndolo en el brazo. También disparó a una mujer haitiana que se atrevió a condenar su acción y que murió poco después. Un año más tarde, el agente implicado en este incidente fue trasladado a otra comisaría, pero, al parecer, no se ha abierto ninguna investigación criminal en su contra.


Amnistía Internacional reconoce que en los últimos años se han producido algunos avances respecto a la erradicación de la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad y acoge con satisfacción el nuevo Código de Procedimiento Penal que pone bajo jurisdicción civil todas las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad. No obstante, las organizaciones de la sociedad civil de República Dominicana han señalado la falta de una coordinación adecuada entre los fiscales y la policía, lo que obstaculiza las investigaciones. El hecho de que sea una unidad interna de la policía la que lleva a cabo las investigaciones sobre abusos policiales coarta también su efectividad e independencia.


Violencia contra mujeres y niñas

A Amnistía Internacional le preocupa la elevada incidencia de la violencia contra las mujeres en República Dominicana, incluidas la violencia en el ámbito de la familia y las agresiones sexuales, y también el elevado número de homicidios de mujeres cometidos en los últimos años. También es motivo de suma preocupación que las víctimas de esta violencia no puedan acceder en condiciones adecuadas a las instituciones del Estado, como la policía, los servicios de justicia y la asistencia sanitaria.


Según las estadísticas hechas públicas durante el año 2008 por el Departamento de Violencia contra la Mujer de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, una media diaria de 33 mujeres y niñas presentaron denuncias por violencia de género en el Distrito Nacional (región en que se encuentra situada la capital del país). Según un informe publicado por el Centro Reina Sofía, instituto de estudios de España, en el año 2003 República Dominicana ocupaba el sexto lugar de una lista de 40 países por la prevalencia de mujeres muertas por cada millón de mujeres. Fuentes oficiales citadas en la prensa revelan que entre enero de 2005 y agosto de 2008, un total de 673 mujeres murieron a manos de su pareja o otros familiares. Esta cifra ha llevado a parlamentarios nacionales, organizaciones de mujeres y socios internacionales en materia de desarrollo a manifestar su preocupación. Una encuesta realizada por el Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM) de República Dominicana concluyó que el 20 por ciento de las mujeres y niñas dominicanas de más de 15 años había sufrido violencia física en algún momento de su vida. El estudio demostraba asimismo que una de cada 10 mujeres había sido violada.


Durante los últimos 10 años se ha progresado en la introducción de nueva legislación para promover los derechos de las mujeres y en la creación de instituciones estatales encargadas de prestar asistencia a víctimas de la violencia de género, como la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Genero y Abuso Sexual. No obstante, sigue existiendo preocupación por los niveles de impunidad derivados de la inacción del Estado a la hora de llevar a cabo una investigación efectiva de las denuncias castigar a los perpetradores. Un informe conjunto titulado Ruta Crítica de las Dominicanas Sobrevivientes de Violencia de Género, publicado en junio de 2008 por diversas ONG dominicanas de derechos de las mujeres, concluyó que la gran mayoría de las sobrevivientes de violencia de género son discriminadas por miembros de la judicatura y que el 60 por ciento de las víctimas abandonan el proceso judicial que han iniciado. El informe destaca asimismo la falta de personal para abordar la cuestión, así como la falta de formación y sensibilidad hacia la violencia de género.


En sus Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de República Dominicana, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expuso su preocupación por el uso de la conciliación entre el agresor y la víctima en la fase prejudicial, que pudiera resultar en detrimento de esta última.


Pese a que en el año 2003 se promulgó la Ley núm. 88-03 que instituye las Casas de Acogida o Refugios, las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres aseguran que actualmente sólo hay un refugio en funcionamiento en República Dominicana. Las mujeres en peligro se ven obligadas a refugiarse con sus hijos e hijas en casas de familiares y amistades. A causa de ello, su agresor las puede localizar más fácilmente, lo que hace temer por su seguridad.


Discriminación y malos tratos de trabajadores y trabajadoras migrantes haitianos

A Amnistía Internacional le preocupa la discriminación que afrontan las personas migrantes haitianas y las dominicanas de ascendencia haitiana. Una resolución dictada en septiembre de 2005 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana concluyó que República Dominicana había vulnerado el derecho de las dos niñas a la nacionalidad y a la personalidad jurídica, así como el derecho a igual protección de la ley. Se exigió al gobierno que pagara una modesta suma en concepto de indemnización y que simplificara los procedimientos y requisitos para que las personas de origen haitiano nacidas en República Dominicana adquirieran la nacionalidad dominicana. Sin embargo, en noviembre de 2007, la Corte Interamericana informó de que, hasta la fecha, República Dominicana sólo había cumplido con la parte de la sentencia relativa a la indemnización. Desde 2007, los niños de padres migrantes en situación irregular son inscritos en un registro para extranjeros. Amnistía Internacional considera que se trata de una medida discriminatoria, puesto que puede impedir que niños y niñas de ascendencia haitiana ejerzan su derecho a la nacionalidad dominicana.


Las ONG dominicanas que trabajan sobre cuestiones relativas a los derechos de las personas migrantes han denunciado reiteradamente expulsiones en masa, y sin derecho a apelación, de personas migrantes haitianas. Cada año miles de haitianos son expulsados de forma arbitraria. En junio de 2008, por poner un ejemplo, el director del CESFRONT declaró que diariamente se expulsaba a 400 personas desde las localidades fronterizas de Jimaní y Dajabón. En mayo de 2005, más de 3.000 dominicanos negros y haitianos fueron expulsados por la fuerza en tres días. Según informes, fueron detenidos a primera hora de la mañana, obligados a subir a unos autobuses y abandonados en la frontera de Haití. Muchos no pudieron recoger sus pertenencias y, al parecer, a algunos se los separó de sus familiares.


También se han recibido informes sobre personas migrantes haitianas sometidas a malos tratos, tanto físicos como psicológicos, por parte de funcionarios de inmigración y miembros de las fuerzas de seguridad, incluido el CESFRONT, o que han sido víctimas de extorsión para poder cruzar la frontera. Por ejemplo, según una organización de la sociedad civil que trabaja en la frontera entre Haití y República Dominicana, el Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (Groupe d’Appui aux Repatriés et Refugiés, GARR), el 7 de abril de 2009, un grupo de 44 personas migrantes haitianas fueron golpeadas por miembros de las fuerzas de seguridad dominicanas mientras se encontraban a bordo del autobús en el que eran repatriadas.


A Amnistía Internacional le preocupan asimismo los informes relativos a linchamientos de personas migrantes haitianas y personas dominicanas de origen haitiano como represalia, al parecer, por homicidios de ciudadanos dominicanos atribuidos a personas haitianas. En noviembre de 2008, en los municipios de Neiba y Guayubín, ataques indiscriminados de multitudes contra personas haitianas se saldaron, al menos, con dos personas muertas, varias heridas y numerosas casas destruidas, cuando miembros de ambas comunidades buscaron venganza por el homicidio de una persona dominicana, presuntamente a manos de una persona haitiana.


Trata de personas

Organizaciones de derechos humanos que trabajan a ambos lados de la frontera afirman que, durante los primeros seis meses de 2008, 1.353 niños y niñas haitianos entraron en República Dominicana, víctimas de la trata de personas, y fueron explotados en labores domésticas y agrícolas, mendicidad, venta ambulante y prostitución.


La trata de migrantes irregulares está también muy extendida y sucede, a menudo, con la complicidad de agentes del Estado locales. En noviembre de 2007, una unidad militar del CESFRONT, con base en Dajabón, fue reemplazada después de que ONG locales denunciaran que habían participado en malos tratos infligidos a ciudadanos haitianos víctimas de la trata de personas y que aceptado sobornos a cambio de permitir la entrada en el país de migrantes irregulares.


En enero de 2007, dos civiles y dos oficiales del ejército fueron condenados a penas de 20 y 10 años de prisión, respectivamente, por su participación en una banda dedicada a la trata de personas cuyas operaciones causaron la muerte por asfixia a 25 trabajadores migrantes haitianos en enero de 2006.


Ataques a la libertad de prensa

Periódicamente se reciben informes sobre intimidación y hostigamiento, a menudo en conexión con investigaciones periodísticas sobre corrupción, a que someten las autoridades y ciudadanos particulares a los trabajadores de los medios de comunicación. En octubre de 2008, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de República Dominicana dio a conocer que, entre enero y septiembre de ese año, 32 periodistas habían sufrido agresiones físicas o habían sido amenazados y que otros 21 habían sido sometidos a procesos judiciales viciados en relación con su labor informativa.


El 7 de agosto de 2008, Normando García, cámara y productor de la emisora de televisión local Teleunión, murió en Santiago a causa de los múltiples disparos efectuados desde un vehículo en marcha. Antes de que lo mataran, su vehículo había sido incendiado, aparentemente, por un pirómano y había recibido amenazas anónimas tras la emisión de varios programas de investigación sobre la actividad delictiva en la zona. La relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó su asesinato y pidió que se realizara una investigación rápida y efectiva. Hasta la fecha, este caso sigue sin resolverse.


Desalojos forzosos

A Amnistía Internacional le inquieta el elevado número de desalojos forzosos llevados a cabo por todo el país, especialmente en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo. La mayoría de los desalojos son ejecutados sin el debido proceso y sin consultar a las comunidades afectadas, al objeto de poder disponer de las tierras para la construcción de infraestructuras, residencias de vacaciones o parques industriales. Entre los principales argumentos que esgrimen las autoridades para justificar los desalojos forzosos se encuentran la falta de escrituras de propiedad y seguridad de tenencia, que se calcula que afecta a más del 50 por ciento de la población (el 75 por ciento en la provincia de Santo Domingo). Una red de ONG locales, Red de Coordinación Urbano Popular por la Defensa del Territorio, denunció en 2008 que más de 50.000 familias del país se enfrentan a la amenaza del desalojo forzoso, ya sea ejecutado por el Estado o por personas que reclaman la propiedad de las tierras.


En la mayoría de los casos, los desalojos forzosos son ejecutados por personal militar o agentes de policía que sirven de apoyo a alguaciles o ciudadanos particulares. En diversas ocasiones, según informes, se han producido víctimas mortales y ha habido personas que han resultado heridas por arma de fuego durante la ejecución de los desalojos forzosos. Por citar un ejemplo, el 9 de septiembre de 2006, en la zona de Boca Chica de los Altos de Chavón (en la provincia de Santo Domingo), se llevó a cabo un desalojo forzoso bajo la supervisión de un coronel del ejército que iba acompañado por agentes de policía, personal militar y un grupo de civiles armados cubiertos con pasamontañas, al que se conoce como “Los Buitres”. Destrozaron cerca de un centenar de viviendas sin una orden judicial. Durante el incidente, 27 personas desalojadas resultaron heridas por arma de fuego. En otro incidente, ocurrido en junio de 2007, policías y militares utilizaron perdigones y gas lacrimógeno para desalojar a 75 familias de unas tierras públicas en Villa Venecia de Pantojas, Santo Domingo Este. Según los informes, durante el desalojo el dirigente comunitario César Ureña fue ejecutado extrajudicialmente por los militares. El 13 de mayo de 2008, la Administración General de Bienes Nacionales concedió una parcela de tierra a las familias desalojadas. No obstante, sólo cuatro días más tarde, un contingente de personal policial y militar desalojó por la fuerza a las familias reasentadas de la tierra que les habían concedido. Las fuerzas de seguridad dispararon en una pierna a un joven de 18 años, y un hombre de 76 murió por asfixia a causa del gas lacrimógeno empleado en el curso del desalojo.


Derecho a la salud en el contexto del VIH/sida

Aunque la epidemia de VIH/sida en República Dominicana se ha estabilizado, a Amnistía Internacional le preocupa que la respuesta del gobierno ante la enfermedad dependa excesivamente de la financiación externa. La incidencia del VIH entre las personas que residen en los bateyes (comunidades destinadas a los trabajadores de las plantaciones de azúcar) sigue siendo elevada y se teme que la población de migrantes haitianos y de dominicanos de ascendencia haitiana encuentre obstáculos para conseguir acceder al tratamiento. Según informes, en los lugares de trabajo se discrimina a las personas que viven con VIH/sida y, en el año 2006, a los empleados se los sometía a la prueba del VIH sin su consentimiento o como condición para ser contratados. Un estudio hecho público en marzo de 2009 por el Instituto Pro Bienestar de la Familia (Profamilia) concluyó que entre las formas más habituales de discriminación contra personas que viven con VIH/sida se encuentran agresiones, amenazas verbales y físicas y exclusión de la familia y de las actividades laborales.



D. Recomendaciones para la acción dirigidas al Estado examinado


Amnistía Internacional insta al gobierno a:


Violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y las fuerzas de seguridad

  • Garantizar que se investiguen exhaustivamente y con imparcialidad todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad y que las personas sospechosas de participar en violaciones sean apartadas del servicio activo y puestas a disposición judicial;

  • Reforzar la coordinación entre la policía nacional y las fiscalías de distrito locales a fin de garantizar que las investigaciones relativas a violaciones de derechos humanos se realicen con rapidez, independencia e imparcialidad;

  • Establecer un órgano de supervisión plenamente independiente que reciba e investigue las denuncias de conducta policial indebida y de violaciones de derechos humanos;

  • Garantizar que todos los agentes de policía y otros miembros de las fuerzas de seguridad reciban formación sobre las disposiciones del Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y las observen en todo momento;

  • Ratificar y proceder a la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.


Violencia contra mujeres y niñas

  • Establecer Unidades de Atención Integral para mujeres víctimas de violencia en las 32 provincias del país;

  • Coordinar a nivel nacional la política de la Procuraduría General de República y las fiscalías de distrito locales para garantizar el acceso a la justicia de mujeres y niñas víctimas de la violencia en todo el país;

  • Garantizar el procesamiento satisfactorio de casos de violencia de género, en especial, aumentando la dotación de personal cualificado de la Procuraduría General para combatir la violencia contra mujeres y niñas;

  • Dotar de presupuesto y poner en práctica programas obligatorios de formación para funcionarios del Estado –incluidos policías, abogados, jueces, personal forense y médico, asistentes sociales, funcionarios de inmigración y docentes– sobre cómo identificar casos de violencia contra mujeres y niñas tanto en el hogar como en la comunidad, cómo tratar a las víctimas y garantizar la seguridad de las supervivientes y cómo recoger, salvaguardar, examinar y presentar pruebas de forma efectiva;

  • Garantizar que no se coaccione ni se fuerce a las mujeres para que inicien procedimientos de reconciliación, y garantizar también que esos procedimientos no se utilicen como sustitutos de la investigación efectiva de los informes sobre violencia contra mujeres y niñas;

  • Garantizar que todos los departamentos gubernamentales pertinentes reúnan y publiquen datos y estadísticas desglosados sobre la violencia contra mujeres y niñas;

  • Garantizar el establecimiento inmediato de un mínimo de un refugio para cada una de las nueve regiones del país;

  • Elaborar y poner en práctica un plan para la prevención de la violencia de género, conjuntamente con la sociedad civil;

  • Garantizar que no se encarcele o se imponga cualquier otra sanción penal a las mujeres por intentar abortar o someterse a un aborto;

  • Adoptar todas las medidas necesarias, entre otras, la reforma del derecho penal, para garantizar que los servicios de asesoramiento psicológico, información y aborto legal y seguro, como parte de una atención médica y psicosocial integral, estén disponibles y sean accesibles, aceptables y de buena calidad para todas las mujeres que los necesiten, en casos de embarazos no deseados causados por una violación, agresión sexual o incesto y embarazos que comporten un riesgo para la vida de la mujer o un grave riesgo para su salud.


Discriminación y malos tratos de trabajadores y trabajadores migrantes de Haití y sus descendientes

  • Cumplir en su totalidad la sentencia y conclusiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana;

  • Retirar la Circular 17 e introducir medidas efectivas para poner fin a las prácticas discriminatorias relacionadas con la concesión de la ciudadanía y la inscripción en el registro civil, incluida la emisión de documentos de identidad;

  • Garantizar que cualquier negativa a la solicitud de emisión de documentos de identidad sea registrada y vaya acompañada de una explicación detallada por escrito;

  • Detener las expulsiones arbitrarias en masa y garantizar que se respeten los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras migrantes en todos los procesos de expulsión;

  • Tomar medidas efectivas para reducir el clima de racismo y xenofobia en República Dominicana, y poner fin a la violencia de multitudes contra personas haitianas y personas dominicanas de ascendencia haitiana;

  • Poner en práctica políticas de migración que protejan los derechos humanos, lo que incluye ratificar y aplicar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares;

  • Garantizar un acceso en igualdad de condiciones y no discriminatorio de niños y niñas a documentación y nacionalidad, en especial niños y niñas de ascendencia haitiana nacidos en territorio dominicano, y revocar toda disposición legal que perpetúe la falta de condición jurídica de los padres.


Trata de personas

  • Garantizar la aplicación efectiva de la Ley núm. 137-03 que prohíbe la introducción ilegal de migrantes y la trata de personas;

  • Crear un grupo de trabajo, en el que participe la sociedad civil, para detectar casos de trata e investigar denuncias al respecto;

  • Dar prioridad a las acciones dirigidas a detectar la trata y explotación de niños y niñas.


Ataques a la libertad de prensa

  • Garantizar la Investigación efectiva de amenazas y actos de intimidación dirigidos hacia periodistas y garantizar el procesamiento de las personas responsables de matar a periodistas;

  • Reformar las leyes nacionales que regulan la difamación, calumnia e injurias, de manera que en el caso de delitos cometidos contra funcionarios públicos sólo se puedan aplicar sanciones civiles.


Desalojos forzosos

  • Aprobar y aplicar todas las medidas políticas y legislativas necesarias para favorecer la seguridad de tenencia, especialmente, por lo que respecta a mujeres y grupos vulnerables, para reducir vulnerabilidades y para promover la igualdad a la hora de acceder al parque de viviendas;

  • Garantizar que los desalojos se produzcan sólo en circunstancias excepcionales y sólo después de haber agotado completamente todas las posibles alternativas;

  • Garantizar que los desalojos se lleven a cabo en consonancia con las directrices, elaboradas por el relator especial de la ONU sobre una vivienda adecuada, sobre los desalojos y el desplazamiento originados por el desarrollo.3 En especial, garantizar que todos los grupos y personas potencialmente afectados tengan derecho a la información correspondiente, consultas completas y plena participación a lo largo de todo el proceso; proporcionar de inmediato indemnización inmediata, reasentamiento y rehabilitación a las personas sometidas a desalojo; y garantizar que todas las personas que estén amenazadas o sean objeto de desalojos forzosos tengan el derecho a acceder oportunamente a un recurso;

  • Garantizar que ninguna persona sea objeto de ataques directos o indiscriminados o de otros actos de violencia, en especial contra mujeres, niños y niñas, y que sean puestas a disposición judicial las personas responsables de cometer violaciones de derechos humanos durante el proceso de desalojo.


Derecho a la salud en el contexto del VIH/sida

  • Desarrollar estrategias para combatir el estigma y la exclusión social asociados a la epidemia de VIH/sida;

  • Garantizar que las personas que viven con VIH/sida tengan un acceso adecuado y en igualdad de condiciones a tratamiento y cuidados médicos.

Apéndice: Documentos de consulta de Amnistía Internacional4



República Dominicana: Acción Urgente - Temor por la seguridad / amenazas de muerte: Juan Carlos Disla; Índice AI: AMR 27/001/2009, 3 de abril de 2009

República Dominicana: Hacer frente a la discriminación en la República Dominicana. Protección y promoción de los derechos de los trabajadores migrantes haitianos y sus descendientes, Índice AI: AMR 27/003/2008, 9 de noviembre de 2008

República Dominicana: Acción Urgente- Temor por la seguridad / amenazas de muerte: Gysselle Baret Reyes, Minoscal de Olis Oguiza, Emildo Bueno Oguis; Índice AI: AMR 27/002/2008, 22 de julio de 2008

República Dominicana: Acción Urgente - Temor por la seguridad: Johnny Rivas y su familia; Índice AI: AMR 27/001/2008, 11 de enero de 2008

República Dominicana: Discriminación desde el momento de nacer la población migrante de Haití y sus descendientes en la República Dominicana; Índice AI: AMR 27/006/2007, 18 de diciembre de 2007

República Dominicana: Acción Urgente– Desalojo forzado: 45 familias en Villa Venecia de Pantoja; Índice AI: AMR 27/007/2007, 5 de diciembre de 2007

República Dominicana: Acción Urgente- Temor por la seguridad / amenazas de muerte: un grupo de trabajadores y trabajadoras migrantes haitianos y dominicanos de origen haitiano que viven en la comunidad de Ranchadero víctimas de una agresión de índole racista; Índice AI: AMR 27/005/2007, 2 de noviembre de 2007

República Dominicana: Informe: Vidas en tránsito: la difícil situación de la población migrante haitiana y de la población dominicana de ascendencia haitiana, Índice AI: AMR 27/001/2007, 21 de marzo de 2007

República Dominicana: Acción Urgente- Temor por la seguridad / amenazas de muerte: Adonis Polanco, activista sobre VIH/sida; Índice AI: AMR 27/003/2006, 7 de junio de 2006

República Dominicana: Carta abierta de Amnistía Internacional al presidente de la República Dominicana; Índice AI: AMR 27/001/2006, 8 de marzo de 2006

República Dominicana: Acción Urgente- Temor por la seguridad / amenazas de muerte: Padre Pedro Ruquoy, defensor de los derechos humanos, Índice AI:AMR 27/001/2005, 11 de septiembre de 2005


1 Adoptadas mediante Decisión 6/102 del Consejo de Derechos Humanos, que da seguimiento al apartado I de la Resolución 5/1, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 27 de septiembre de 2007.

2 Ius soli se refiere al principio con arreglo al cual un Estado otorga su nacionalidad a todos los niños y niñas que nacen dentro de su territorio nacional.

3 A/HRC/4/18.

4 Estos documentos están disponibles en el sitio web de Amnistía Internacional: http://www.amnesty.org/es/region/rep%C3%BAblica-dominicana

AMR 27/002/2009 Amnistía Internacional

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