Document - Dominican Republic: Submission to the UN Human Rights Committee: 104th Session of the Human Rights Committee, 12-30 March 2012

índice

4Introducción

4MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGISLATIVO (artículo 2)

4Ausencia de reparaciones para las víctimas de violaciones de derechos humanos (pregunta 2)

5Institución nacional de derechos humanos (pregunta 3)

6No discriminación, derechos de las minorías y derechos de la infancia (artículos 2 y 24-27)

6Discriminación de personas de origen haitiano (pregunta 10)

8Derecho a la vida y prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes (artículos 6 y 7)

8Homicidios ilegítimos, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos por la policía (preguntas 11 y 14)

10Violencia de género (preguntas 12 y 13)

12Derecho a la libertad y seguridad personal (artículo 9)

12Detenciones colectivas por la policía (pregunta 18)

13derecho de libre tránsito y residencia, protección frente a la expulsión arbitraria y colectiva (artículos 12 y 13)

13Expulsiones colectivas de migrantes haitianos (preguntas 22 y 24)

14Libertad de opinión y de expresión (artículo 19)

14Amenazas y hostigamiento de periodistas (pregunta 26)

Introducción

Amnistía Internacional presenta este documento informativo al Comité de Derechos Humanos con antelación a su consideración del quinto informe periódico de República Dominicana sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En él se destacan los principales aspectos de los asuntos de derechos humanos que siguen preocupando a Amnistía Internacional sobre República Dominicana en relación con varias preguntas de la lista elaborada por el Comité para tener en cuenta en su examen del informe del Estado. Se basa en la investigación realizada por Amnistía Internacional, que incluye su informe más reciente, adjunto a este documento: República Dominicana: “Cállate si no quieres que te matemos”. Violaciones de derechos humanos cometidas por la policía en República Dominicana (AMR 27/002/2011), 25 de octubre de 2011, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR27/002/2011/es.

MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGISLATIVO (artículo 2)

Ausencia de reparaciones para las víctimas de violaciones de derechos humanos (pregunta 2)

Para Amnistía Internacional sigue siendo motivo de preocupación que, a pesar del elevado número de informes sobre violaciones del derecho a la vida y a la integridad física por la policía dominicana, son muy pocas las víctimas y los familiares de víctimas que consiguen acceso a una reparación efectiva por esas violaciones.

La legislación vigente en República Dominicana sólo contiene disposiciones sobre indemnización y restitución de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de sus familias, y por tanto dista de cumplir el derecho internacional, que exige a los Estados que garanticen a las víctimas de derechos humanos y a sus familias una reparación que incluya restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Los agentes de policía que son declarados culpables de homicidio ilegítimo suelen ser condenados a pagar una indemnización a las familias de las víctimas, aparte de la pena de cárcel se les imponga. Sin embargo, ninguna de las familias entrevistadas por Amnistía Internacional que tenían derecho a indemnización han llegado a recibirla, y los abogados han confirmado además que, en la inmensa mayoría de los casos, este derecho se reconoce sobre el papel pero no se hace cumplir. Representantes de la Procuraduría General de la República explicaron que, debido a los bajos salarios, la mayoría de los agentes a los que se ordena pagar una indemnización no tienen los recursos necesarios para cumplir la orden.

La Policía Nacional, en tanto que institución, no se considera responsable de los daños civiles resultantes de las acciones ilícitas de sus miembros. El artículo 61 de la Ley Institucional de la Policía Nacional sólo establece la responsabilidad personal de los miembros de la policía por los actos ilícitos realizados en el ejercicio de sus funciones. Abogados dominicanos han explicado que, para exigir la responsabilidad civil de la Policía Nacional, las víctimas tienen que presentar una querella con constitución de actor civil contra la institución.

Conforme al artículo 50 del Código Procesal Penal, las víctimas y sus familias pueden emprender acciones civiles contra los autores de violaciones de derechos humanos con el fin de obtener resarcimiento por los daños sufridos y restitución. Si desean solicitar indemnización deben presentar una querella con constitución de actor civil de conformidad con el Código Civil (artículos 1382 y 1383).

Amnistía Internacional exhorta al gobierno de República Dominicana a:

modificar la legislación nacional para que haga referencia expresa a la responsabilidad del Estado por las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de la Policía Nacional y otros agentes del Estado en el desempeño de sus funciones oficiales o cuando ejercen su autoridad como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley;

modificar la legislación nacional para que abarque no sólo el derecho de indemnización y restitución, sino todas las formas de reparación en caso de vulneración de los derechos humanos;

en particular, incorporar a la legislación nacional garantías de reparación plena para las víctimas de tortura;

garantizar que las víctimas y las familias de las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía reciben reparación plena, que ha de incluir restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Institución nacional de derechos humanos (pregunta 3)

República Dominicana no ha establecido una institución nacional de derechos humanos de conformidad con los Principios de París.

En 2001 se avanzó en la creación de la figura del Defensor del Pueblo con la aprobación de la Ley 19-01. Pero han transcurrido más de 10 años y todavía no se ha nombrado a nadie para el cargo, debido principalmente a la falta de acuerdo entre los partidos políticos sobre un candidato adecuado. Según la Ley 19-01, el Defensor del Pueblo es independiente y tiene autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Su principal cometido es salvaguardar los derechos constitucionales de los ciudadanos e iniciar investigaciones sobre posibles violaciones de tales derechos por funcionarios de la administración pública (artículos 2 y 3). Si en el curso de sus investigaciones el Defensor del Pueblo detecta que un funcionario de la administración pública ha cometido un delito, tiene el deber de informar al Ministerio Público (artículo 16). Durante años no se han tomado medidas para cubrir el cargo.

En 2010, el nombramiento de un Defensor del Pueblo pareció estar más cerca con la referencia expresa a la institución en la nueva Constitución y la aceptación por parte del gobierno de la recomendación de “[d]esignar con prontitud a la persona que ocupará el cargo de Defensor del Pueblo”, formulada durante el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En agosto de 2010 se abrió el plazo de presentación de candidaturas, y en noviembre y diciembre de ese año se realizaron las entrevistas. Sin embargo, en el momento de redactarse este informe aún no se había designado a un Defensor del Pueblo, más de 10 años después de la creación de la oficina.

Amnistía Internacional pide al gobierno de República Dominicana que nombre sin más tardanza a un Defensor del Pueblo, y que garantice que la persona designada es independiente e inmune a las presiones políticas, y que tiene un conocimiento profundo del sistema de protección y promoción de los derechos humanos así como un compromiso demostrado con poner remedios al alcance de todas las víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por funcionarios públicos. También es fundamental dotar de recursos suficientes al Defensor del Pueblo, incluidos investigadores competentes e independientes. En particular, dada la incidencia de informes de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, debe tener las atribuciones y los recursos necesarios para investigar las denuncias de abusos policiales, incluidas violaciones de derechos humanos.

No discriminación, derechos de las minorías y derechos de la infancia (artículos 2 y 24-27)

Discriminación de personas de origen haitiano (pregunta 10)

Amnistía Internacional viene expresando desde hace tiempo su preocupación por la discriminación que sufren las personas dominicanas de ascendencia haitiana, especialmente en lo referente a su derecho a una nacionalidad, en contravención de sus derechos consagrados en los artículos 2 y 24-27 del Pacto.

En particular, en los últimos cinco años se ha negado el acceso a documentos de identidad a cientos de miles de dominicanos de ascendencia haitiana en cumplimiento de una directiva emitida en marzo de 2007 por la Junta Central Electoral (Circular 017). En ella se daban instrucciones a los agentes del registro civil para que examinaran detenidamente si los documentos de identidad presentados para su registro inicial o su renovación en el pasado se habían expedido erróneamente para descendientes de progenitores extranjeros que no habían demostrado su residencia o su situación jurídica en el país. Si los agentes encontraban indicios de irregularidad, tenían orden de remitir las solicitudes a la Junta Central Electoral para que prosiguiera la investigación. Como consecuencia de la negativa a expedir documentos de identidad, estas personas se han visto privadas de acceso a educación, empleo y servicios de salud, del derecho al voto y de nacionalidad. Las que carecían de papeles también estaban expuestas a sufrir detención arbitraria y expulsión colectiva, sin acceso a una revisión judicial. La inmensa mayoría de los afectados por esta directiva son de ascendencia haitiana.

Según reveló una encuesta del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, realizada en cuatro comunidades rurales en 2011, la Junta Central Electoral había denegado documentos de identidad al menos a 1.584 personas de estas comunidades, basándose principalmente en la Circular 017. La inmensa mayoría de los casos databan de 2011. Alrededor del 72 por ciento de estas personas tenían entre 15 y 34 años de edad. La negación de los documentos de identidad les había impedido en la práctica cursar estudios, tener empleo o conseguir otros documentos oficiales.

En su implementación de la Circular 017, la Junta Central Electoral aplicó con carácter retroactivo la Ley General de Migración 285/04 a personas nacidas con anterioridad a su promulgación en 2004. Esta ley estableció por primera vez el requisito de la residencia legal y/o situación regularizada de los progenitores para que sus hijos pudieran adquirir la nacionalidad dominicana.

La nueva Constitución dominicana, que entró en vigor en enero de 2010, consolidaba la excepción que había introducido la Ley General de Migración de 2004 sobre el derecho a la nacionalidad de los no residentes. Según la Constitución anterior, las únicas personas que podían ser excluidas de la garantía constitucional del derecho a la nacionalidad eran los hijos de diplomáticos y de personas en tránsito. La nueva Constitución amplía esta exención a los hijos de personas que estén residiendo ilegalmente en el país. Esta nueva disposición sobre la nacionalidad contradice directamente la sentencia dictada en 2005 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana,x+ según la cual la condición de migrante de un progenitor no afecta al derecho a la nacionalidad del hijo.

Las consecuencias de la directiva de 2007 para miles de dominicanos de ascendencia haitiana se debatieron en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrada en octubre de 2011. Cinco días antes de la sesión, la Junta Central Electoral emitió una decisión (Circular Núm. 32) por la que autorizaba la expedición provisional de documentos de identidad a los descendientes de ciudadanos extranjeros. La medida fue adoptada en espera de que concluyeran las investigaciones sobre las acusaciones de que se habían expedido erróneamente documentos de identidad con anterioridad a 2007. Sin embargo, según las organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes, la expedición de documentos seguía estando a discreción de los funcionarios administrativos, quienes en muchos casos continuaban denegando los documentos a los dominicanos de ascendencia haitiana.

En diciembre de 2011, la Suprema Corte de Justicia desestimó un recurso de apelación presentado por Emildo Bueno, dominicano de ascendencia haitiana a quien denegaron una copia de su certificado de nacimiento en 2007 en cumplimiento de la Circular 017. Él había recurrido contra la decisión alegando que violaba su derecho fundamental a la personalidad jurídica, a la nacionalidad, a la igualdad ante la ley, a no sufrir discriminación, a la libertad de circulación, a la dignidad, a la seguridad jurídica y al debido proceso. Pero la Suprema Corte resolvió que la Circular 017 “no vulnera ni amenaza derechos fundamentales de contenido civiles y políticos, del hoy recurrente”. Las organizaciones de derechos humanos que trabajaban en favor de migrantes haitianos y de personas dominicanas de ascendencia haitiana afirman que la sentencia confirma la política aplicada actualmente en República Dominicana de despojar deliberadamente a los dominicanos de ascendencia haitiana de su derecho a la nacionalidad.

Amnistía Internacional exhorta al gobierno de República Dominicana a:

acatar íntegramente la sentencia y las conclusiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana;

retirar la Circular 017 y adoptar medidas eficaces para acabar con las prácticas discriminatorias asociadas al reconocimiento de la ciudadanía y el registro de la condición civil, incluidos los documentos de identidad;

garantizar que todas las personas afectadas por la Circular 017 reciben reparación plena por los daños sufridos debido a la aplicación de la directiva;

evitar toda aplicación retroactiva de la Ley General de Migración 285/04 y de la Constitución.

Derecho a la vida y prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes (artículos 6 y 7)

Homicidios ilegítimos, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos por la policía (preguntas 11 y 14)

Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de homicidio ilegítimo, tortura y otros malos tratos, desaparición forzada y detención arbitraria a manos de la policía. La organización ha analizado asimismo las dificultades para obtener justicia que encontraron los sobrevivientes y familiares de las víctimas, y cómo unos mecanismos de vigilancia débiles han permitido que persistan y proliferen los abusos cometidos por la policía.

La Policía Nacional es responsable de un gran número de homicidios al año. Según datos estadísticos policiales, 2.542 personas murieron a manos de la policía entre enero de 2005 y julio de 2011. La investigación de Amnistía Internacional ha demostrado que los homicidios cometidos por miembros de la Policía Nacional representan, por término medio, el 15 por ciento de todos los homicidios registrados en República Dominicana.

La policía describe la gran mayoría de estas muertes como “intercambio de disparos” con los presuntos delincuentes, y afirma que el elevado número de muertes es consecuencia directa del refuerzo de la labor policial de prevención. Sin embargo, las entrevistas de Amnistía Internacional con las familias de las víctimas, así como la información publicada por periódicos y ONG, apuntan a que en muchos casos los agentes de policía de República Dominicana incumplen las normas internacionales y el derecho dominicano y usan fuerza desproporcionada a la amenaza a la que se enfrentan. En algunos casos, las declaraciones de testigos y los informes de las autopsias contradicen la versión policial de que los homicidios fueron resultado de un “intercambio de disparos” y, en unos pocos casos, los tribunales han rechazado la versión de la policía y han condenado a agentes.

Son frecuentes las denuncias de que algunos homicidios cometidos por la policía son en realidad ejecuciones extrajudiciales. Amnistía Internacional ha recibido denuncias de familiares de víctimas, organizaciones nacionales de derechos humanos, otras organizaciones de la sociedad civil, profesores universitarios, periodistas independientes y miembros de las comunidades afectadas. Existen indicios de que algunas de estas ejecuciones tenían por objeto eliminar delincuentes reincidentes y enviar un mensaje claro a los delincuentes, o de que obedecían a medidas de represalia de agentes corruptos contra sus antiguos socios criminales. Se ha tenido noticia de un número considerable de denuncias de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en relación con la actuación de la policía en manifestaciones. En varios casos, los tribunales han confirmado que los agentes usaron deliberadamente fuerza letal pese a no estar bajo amenaza inminente y los han declarado culpables de homicidio.

Amnistía Internacional ha recibido además varios informes de tortura y otros malos tratos a manos de la policía. En su mayoría, tienen que ver con el interrogatorio de presuntos delincuentes, a los que se ha amenazado de muerte, golpeado y negado alimentos, agua y medicamentos esenciales. A algunos les han cubierto la cabeza con bolsas de plástico y les han retorcido los genitales. En un caso también se tuvo noticia del uso de descargas eléctricas. Muchos ex detenidos han contado a Amnistía Internacional que los esposaron, los colgaron de barras o clavos por las esposas y los golpearon cada vez que intentaban apoyar los pies en el suelo. Otros afirman que los obligaron a permanecer de rodillas en posturas incómodas durante largos periodos y los golpearon. Algunos actos de tortura y otros malos tratos se perpetraron en el contexto de investigaciones criminales de casos de gran repercusión. La mayoría de las personas que han hablado con Amnistía Internacional no han presentado denuncias formales sobre el trato recibido por temor a represalias de la policía o porque simplemente no confían en que el sistema investigue debidamente sus denuncias y lleve a los responsables ante la justicia.

Entre 2009 y 2011, Amnistía Internacional ha tenido noticia de dos casos de posible desaparición forzada: Juan Almonte Herrera y Gabriel Sandi Alistar. Las familias sospechan que sus seres queridos han muerto bajo custodia policial como consecuencia de la tortura. A pesar de sus reiteradas peticiones, aún no han recibido información del gobierno sobre el paradero de sus seres queridos. En diciembre de 2009, en el caso de Juan Almonte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares por las que instaba a República Dominicana a hacer público el paradero de Juan Almonte, garantizar su seguridad y la de sus familiares y abogados, e informar a la Comisión sobre las medidas adoptadas para investigar su desaparición. En respuesta a los informes periódicos presentados por República Dominicana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha criticado que las autoridades dominicanas no hayan tomado medidas concretas para determinar el paradero de Juan Almonte.

Aunque se ha procesado y sancionado penalmente a algunos agentes de policía, quedan impunes otros muchos casos de violaciones de derechos humanos. Las pesquisas realizadas por Amnistía Internacional ponen de manifiesto que muchas investigaciones carecen de la exhaustividad e independencia que exige el derecho internacional. Entre los obstáculos aún presentes para garantizar justicia en todos los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, Amnistía Internacional ha señalado los siguientes: procedimientos de investigación poco claros; ausencia de investigación cuando no hay denuncia oficial; prácticas de investigación discriminatorias; investigaciones inadecuadas; deficiencias en los servicios forenses; protección inadecuada de víctimas y testigos, y ausencia de reparación a las víctimas.

En el informe publicado por Amnistía Internacional en octubre de 2011 se incluye información detallada sobre estos motivos de preocupación así como casos representativos.

Aunque la Policía Nacional y la mayoría de los cargos pertinentes del Estado reconocen la necesidad de mejorar la eficacia policial, no han asumido el alcance del problema que suponen las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía. Como consecuencia, la mayoría de los proyectos de reforma en curso o realizados no se han centrado en aumentar el respeto por los derechos humanos y, por tanto, no han sido capaces de materializar los cambios radicales necesarios. El presidente presentó en junio de 2011 un proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional al Congreso, que el Senado aprobó en diciembre y en la actualidad está pendiente ante la Cámara de Representantes. Las organizaciones de la sociedad civil, incluidos grupos de derechos humanos, creen que, una vez más, el proyecto de ley presentado al Congreso no conllevará la necesaria reforma integral de la policía.

En el citado informe de octubre de 2011, Amnistía Internacional instaba a las autoridades de República Dominicana a:

adoptar de inmediato medidas destinadas a reducir los homicidios policiales y erradicar la tortura, los malos tratos y otras prácticas abusivas;

garantizar que se investigan sin demora y de forma independiente, exhaustiva e imparcial todos los casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por la policía;

proteger a víctimas y testigos;

garantizar que todas las víctimas de violaciones de derechos humanos reciben reparación plena;

concebir e implementar una reforma de la policía eficaz basada en los derechos humanos, empezando por una evaluación preventiva general de la Policía Nacional y la aprobación de una Ley Orgánica de la Policía Nacional basada en dicha evaluación;

mejorar el sistema externo de rendición de cuentas de la policía;

ratificar y aplicar los tratados internacionales pertinentes, entre ellos la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; garantizar asimismo la plena aplicación de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por República Dominicana el 24 de enero de 2012.

Violencia de género (preguntas 12 y 13)

Amnistía Internacional sigue profundamente preocupada por la elevada incidencia de casos de violencia contra las mujeres en la República Dominicana, que incluyen violencia en el ámbito familiar y agresión sexual, y por el alto índice de homicidios de mujeres registrado en los últimos años. La organización expresó sus motivos de preocupación en varias ocasiones e hizo llamamientos reiterados a las autoridades para que se abordaran eficazmente, incluso durante los preparativos del Examen Periódico Universal en 2009.

Según datos de la Procuraduría General de la República, 1.383 mujeres y niñas fueron víctimas de homicidio entre 2005 y 2011, de las cuales 733 murieron a manos de su pareja o ex pareja. Cabe destacar que, en 2011, el número de mujeres muertas alcanzó la cifra récord de 230. Según un informe publicado en 2011 por el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, República Dominicana encabezó en 2006 la lista de 40 países europeos y americanos en relación al índice de mujeres muertas a manos de familiares, medido por el número de víctimas por cada millón de mujeres.

En respuesta a los datos estadísticos tan preocupantes, el Congreso estaba examinando al final del año un proyecto de ley sobre femicidio –homicidio de mujeres y niñas– y considerando su inclusión como delito específico en el Código Penal.

El establecimiento en 2005 de las unidades de atención integral para las víctimas de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, supervisadas por la Procuraduría General de la República, ha supuesto un gran avance en el proceso de mejora de la respuesta institucional a los casos de violencia basada en el género. Aun así, las organizaciones de mujeres siguen preocupadas porque consideran que el número de estas unidades es insuficiente (actualmente sólo hay 14, y no están presentes en todas las provincias), que muchos fiscales y jueces no están preparados para atender eficazmente los casos de violencia de género y que hacen falta programas educativos y campañas de sensibilización de mayor alcance para prevenir la violencia.

Según las organizaciones de mujeres, el sistema nacional de atención a la salud es en gran medida incapaz de prestar asistencia médica y psicológica adecuada a las víctimas de violencia de género. Aunque el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social aprobó los protocolos para la provisión de asistencia completa a las sobrevivientes de violencia intrafamiliar y otras formas de violencia contra las mujeres basada en el género, no se han destinado recursos a su aplicación.

En 2003 se aprobó la Ley no. 88-03, que instituye las casas de acogida o refugios, pero, según las organizaciones de derechos de las mujeres, en la actualidad sólo hay dos casas de acogida operativas en República Dominicana, establecidas por las autoridades en cumplimiento de esta ley. De ellas, una sólo proporciona alojamiento durante periodos muy breves, y la otra sólo puede alojar a las mujeres con sus hijos por periodos de hasta tres meses. La mayoría de las mujeres en situación de riesgo con hijos se ven obligadas a refugiarse en casas de familiares y amigos. Eso facilita su localización a su agresor e incrementa los peligros para su seguridad.

A Amnistía Internacional le preocupa también que, en virtud del Código Penal dominicano, las mujeres que solicitan servicios de aborto y quienes prestan estos servicios se exponen a sanciones penales, sin que se tengan en cuenta las circunstancias de la solicitud o provisión del servicio. La Constitución, que entró en vigor en enero de 2010, refuerza este marco legal, ya que el artículo 37 consagra la inviolabilidad del derecho a la vida “desde la concepción hasta la muerte”. La penalización del aborto se considera uno de los principales factores que contribuyen a los elevados índices de mortalidad derivada de la maternidad en el país. Por ejemplo, en 2007, la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología calculó que el 13 por ciento de las muertes maternas habían sido consecuencia de abortos inseguros.

Amnistía Internacional sigue instando al gobierno dominicano a:

establecer unidades de atención integral para las víctimas de violencia contra las mujeres en cada una de las 32 provincias del país;

establecer coordinación nacional de la política de la Procuraduría General de la República con todas las fiscalías para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y niñas que hayan sido víctimas de violencia en todo el país;

garantizar el enjuiciamiento satisfactorio de los casos de violencia de género, en particular reforzando el personal de la fiscalía con formación para combatir la violencia contra mujeres y niñas;

instituir y financiar programas obligatorios de formación para funcionarios –policías, abogados, jueces, personal forense y médico, trabajadores sociales, funcionarios de inmigración y docentes– que les permitan identificar los casos de violencia contra mujeres y niñas tanto en el hogar como en la comunidad, apoyar a las víctimas a lo largo de todo el proceso judicial y garantizar la seguridad de las sobrevivientes, así como reunir, preservar, examinar y presentar pruebas.

asegurarse que todos los organismos pertinentes del gobierno recogen y publican información y datos estadísticos desglosados sobre la violencia contra mujeres y niñas;

garantizar el establecimiento inmediato de una casa de acogida como mínimo en cada una de las nueve regiones del país;

aplicar el Plan Estratégico 2011-1016 de apoyo a las víctimas y prevención, detección y castigo de la violencia contra las mujeres y en el ámbito familiar, aprobado por la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia Intrafamiliar en abril de 2011;

garantizar la asignación de recursos adecuados al Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud Pública, la Procuraduría General de la República y otras instituciones con funciones de prevención y atención de casos de violencia de género;

reformar el Código Penal para que las mujeres y niñas que soliciten servicios de aborto no sean objeto de sanciones penales y no se criminalice a los profesionales de la salud exclusivamente por prestar servicios de aborto en condiciones seguras;

tomar todas las medidas necesarias –incluida la reforma del Código Penal– para que, en casos de embarazo no deseado resultante de violación, agresión sexual o incesto, o de embarazo que ponga en peligro la vida de la embarazada o suponga un riesgo grave para su salud, se garantice a todas las mujeres que lo necesiten asesoramiento, información y servicios de aborto legales y seguros que sean accesibles, aceptables y de buena calidad, como parte de una atención médica y psicosocial integral.

Derecho a la libertad y seguridad personal (artículo 9)

Detenciones colectivas por la policía (pregunta 18)

Como documentaba Amnistía Internacional en el citado informe de octubre de 2011, la policía dominicana sigue practicando frecuentes detenciones colectivas. Las detenciones tienen lugar durante redadas policiales en comunidades de bajos ingresos y altos índices de delincuencia, casi siempre de noche, y la policía las justifica como operativos de prevención. Durante estas redadas la policía detiene indiscriminadamente a un gran número de residentes, en su mayoría hombres, y confisca bienes, como motocicletas y otros vehículos.

Muchas personas han afirmado que estas redadas suelen verse como una oportunidad de extorsionar, pues muchos de los detenidos pagan para ser liberados. Un ex fiscal contó a Amnistía Internacional que quienes permanecen bajo custodia tras una redada son personas contra las que existen pruebas fundadas de delito o personas que se han negado o no han podido pagar un soborno.

El Código Procesal Penal permite a la policía y a la fiscalía llevar a cabo registros colectivos como medida preventiva (artículo 177) en circunstancias excepcionales. Sin embargo, los numerosos informes recibidos por organizaciones locales de derechos humanos y por Amnistía Internacional indican que en la práctica los registros colectivos distan de ser excepcionales.

El artículo 177 del Código Procesal Penal contiene otra salvaguardia contra los abusos, ya que exige a la policía que informe al fiscal correspondiente con antelación a cualquier registro colectivo. Sin embargo, los fiscales entrevistados por Amnistía Internacional señalaron que esta disposición del Código casi nunca se cumple y que la fiscalía no recibe ningún aviso previo de los registros colectivos. Como consecuencia, las detenciones arbitrarias siguen siendo habituales. Un fiscal contó a Amnistía Internacional que las comisarías de policía reciben todos los días la visita de fiscales que ordenan sin motivo la puesta en libertad de personas detenidas. Asimismo mostró a la organización un informe mensual elaborado por un fiscal sobre sus visitas periódicas a los calabozos de la policía local, que indicaba que la mayoría de las personas allí recluidas habían sido detenidas en redadas y que el fiscal había ordenado su liberación tras la visita.

Las detenciones colectivas tras las redadas son discriminatorias, ya que a menudo van dirigidas selectivamente contra varones adultos y menores de edad procedentes de comunidades desfavorecidas, simplemente por vivir en una determinada zona o por estar en el lugar equivocado y en el momento equivocado. En mayo de 2011, la prensa destacó el trato recibido por los habitantes del barrio de Capotillo de Santo Domingo que estaban expresando su indignación por los abusos sistemáticos durante las redadas de la policía y por el hecho de que la policía parecía considerar que vivir en un barrio con altos índices de delincuencia era en sí mismo un delito.

En diciembre de 2010, el ministro de Interior y Policía instó al jefe de la policía y al jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas a evitar las redadas colectivas y otros operativos agresivos por sus efectos perjudiciales para la comunidad y la confianza pública en la policía. Asimismo, animó a las fuerzas de seguridad a reforzar las operaciones de inteligencia con el fin de que únicamente se detuviera a las personas contra quienes pesaban indicios fundados de actividad delictiva. Amnistía Internacional no posee información sobre las medidas adoptadas por la policía para llevar a la práctica las recomendaciones del ministro. No obstante, el número de informes recibidos por las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación no parece indicar que hayan cesado las redadas colectivas.

derecho de libre tránsito y residencia, protección frente a la expulsión arbitraria y colectiva (artículos 12 y 13)

Expulsiones colectivas de migrantes haitianos (preguntas 22 y 24)

Las autoridades dominicanas siguen llevando a cabo expulsiones colectivas de migrantes haitianos a pesar del recurso presentado en febrero de 2010 –y renovado en junio de 2011– por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, para que todas las devoluciones involuntarias a Haití se suspendieran por razones humanitarias a raíz del terremoto de Haití en enero de 2010. En enero de 2011, tras un brote de cólera en Haití, las autoridades dominicanas intensificaron las expulsiones colectivas de migrantes haitianos con el argumento de que la medida era necesaria para evitar la propagación de la enfermedad. Según las organizaciones locales de derechos humanos, más de 3.000 haitianos fueron expulsados en los primeros seis meses de 2011.

Las ONG dominicanas que trabajan por los derechos de los migrantes denuncian continuamente expulsiones colectivas de migrantes haitianos porque se llevan a cabo en contravención de las normas internacionales de derechos humanos y porque los expulsados no disponen de un recurso de apelación.

Por ejemplo, a las cinco de la madrugada del 20 de septiembre de 2011, al menos 80 migrantes haitianos que vivían en Navarrete fueron expulsados a Haití. Para las ocho de la mañana, los migrantes habían sido conducidos a la localidad fronteriza de Dajabón y, desde allí, a través de la frontera hasta Haití. Según organizaciones locales que trabajan con migrantes, durante la redada algunos migrantes fueron golpeados y algunos niños fueron separados de sus progenitores. Los migrantes, muchos de los cuales llevaban más de 10 años residiendo en la comunidad, no tuvieron oportunidad de que sus casos se examinaran individualmente, ni por tanto de impugnar la legalidad de su detención o apelar contra la decisión de enviarlos de vuelta a Haití.

Las expulsiones colectivas contravienen el protocolo de entendimiento sobre el mecanismo de repatriación acordado por los gobiernos dominicano y haitiano en diciembre de 1999. Al firmar dicho protocolo, la República Dominicana se comprometió a mejorar sus mecanismos de expulsión y formuló una serie de compromisos específicos, entre ellos evitar separar núcleos familiares durante el proceso de repatriación y permitir que las personas expulsadas recojan sus pertenencias y conserven sus documentos de identidad.

En octubre de 2011 se aprobó finalmente el reglamento de aplicación de la ley de migración de 2004. Las ONG que trabajan por los derechos de los migrantes acogieron con satisfacción el reglamento, por el que llevaban haciendo campaña desde la aprobación de la ley. Sin embargo, lamentaron que las organizaciones de la sociedad civil no hubieran participado en su redacción y expresaron preocupación por la ausencia de garantías básicas de protección de las personas migrantes en los procedimientos de expulsión. Además, los trabajadores migrantes no pueden recurrir las órdenes de expulsión ante una autoridad judicial competente, en contravención de las normas internacionales y constitucionales sobre el debido proceso.

Amnistía Internacional exhorta al gobierno de República Dominicana a:

atender el llamamiento de la ONU a la suspensión de todas las devoluciones involuntarias a Haití por razones humanitarias;

poner fin a las expulsiones colectivas y garantizar el respeto de los derechos humanos de los trabajadores migrantes en todos los procesos de expulsión;

garantizar a todos los trabajadores migrantes un recurso de apelación contra las órdenes de expulsión ante un órgano judicial competente.

Libertad de opinión y de expresión (artículo 19)

Amenazas y hostigamiento de periodistas (pregunta 26)

Varios periodistas denunciaron los efectos de la presión política ejercida sobre el periodismo independiente. Por ejemplo, en 2010, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó de que al menos siete canales de televisión cuyos programas eran críticos con el partido en el poder fueron obligados a cerrar temporalmente o vieron bloqueada su señal de transmisión durante la campaña electoral. En agosto de 2011, más de 60 periodistas denunciaron una campaña de desprestigio orquestada por las autoridades contra periodistas independientes que informaban sobre la corrupción y el tráfico de drogas.

Decenas de periodistas y medios de comunicación afirman haber sufrido hostigamiento o agresiones al poner al descubierto presuntos vínculos entre funcionarios públicos y redes de narcotráfico y, en menor medida, al informar sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por la policía. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, 60 periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación fueron víctimas de acoso o agresión física entre enero y agosto de 2011, en muchos casos a manos de agentes de policía.

Hubo casos en que las autoridades no actuaron con diligencia para proteger a los periodistas que habían recibido amenazas. Por ejemplo, el 2 de agosto de 2011, el periodista de televisión José Silvestre fue víctima de secuestro y homicidio en La Romana. Había sufrido ataques antes de su muerte, pero las autoridades no le habían ofrecido protección a pesar de los llamamientos del sindicato nacional.

El homicidio de José Silvestre se investigó con rapidez y se detuvo a cinco personas, pero en la mayoría de los casos no se llevó a los perpetradores ante un tribunal.

Amnistía Internacional pide a las autoridades dominicanas que condenen con firmeza los actos de hostigamiento, amenaza o agresión contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación, que investiguen exhaustivamente cada caso y que brinden protección adecuada a los periodistas.

Véase HYPERLINK "http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/AdvanceDocs/CCPR-C-DOM-Q-5_sp.doc" Borrador de lista de preguntas a ser adoptadas con relación al quinto informe de la República Dominicana (CCPR/C/DOM/5), CCPR/C/DOM/Q/5, 3 de mayo de 2011.

Véase República Dominicana:“Cállate si no quieres que te matemos”. Violaciones de derechos humanos cometidas por la policía en República Dominicana (AMR 27/002/2011), 25 de octubre de 2011, p. 43.

Los miembros de la Policía Nacional son personal y directamente responsables de los actos realizados en el desempeño de sus funciones que infrinjan o vulneren reglamentos y disposiciones jurídicas.

El Senado debe elegir al Defensor del Pueblo por mayoría de dos tercios a partir de una terna de candidatos presentada por la Cámara de Diputados. Según el artículo 192 de la Constitución, si el Senado no efectúa la elección en un plazo de 30 días, la Suprema Corte de Justicia elegirá al candidato a partir de las ternas propuestas por la Cámara de Diputados.

Título VIII de la Constitución.

Doc. ONU: A/HRC/13/3, párr. 87.2.

Véase, por ejemplo, República Dominicana: Vidas en tránsito. La difícil situación de la población migrante haitiana y de la población dominicana de ascendencia haitiana, Índice AI: AMR 27/001/2007, 21 de marzo de 2007, HYPERLINK "http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR27/001/2007" http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR27/001/2007 .

Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, Situación de dominicanos/as de ascendencia haitiana afectados por las disposiciones de la JCE, 1 de octubre de 2011, disponible en HYPERLINK "http://reconoci.do/images/stories/documentos/situacion-afectados-r12.pdf" http://reconoci.do/images/stories/documentos/situacion-afectados-r12.pdf .

HYPERLINK "http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_156_esp.pdf" http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_156_esp.pdf .

Véase República Dominicana: “Cállate si no quieres que te matemos”. Violaciones de derechos humanos cometidas por la policía en República Dominicana, Índice AI: AMR 27/002/2011, 25 de octubre de 2011.

Ibíd. para consultar los datos estadísticos.

El procesamiento de miembros de las fuerzas de seguridad es más fácil desde que el Código Procesal Penal promulgado en septiembre de 2004 puso fin a los juicios de agentes de policía y miembros del ejército ante tribunales policiales o militares diferenciados y sometió a la jurisdicción civil todos los delitos, incluidos los cometidos por las fuerzas de seguridad.

Véase la información entregada por Amnistía Internacional para el Examen Periódico Universal, 20 de octubre de 2009, Índice AI: AMR 27/002/2009, disponible en HYPERLINK "http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR27/002/2009" http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR27/002/2009 .

Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, HYPERLINK "http://www.centroreinasofia.es/informes/11informe.pdf" III Informe Internacional: Violencia contra la Mujer en las relaciones de pareja. Estadísticas y legislación .

Según el documento Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de Seguimiento 2010, el índice de mortalidad materna en 2007 fue de 159 por cada 100.000 partos. El documento está disponible en: HYPERLINK "http://www.stp.gov.do/eWeb%5CArchivos%5CLibros%5CInforme_Objetivo_Desarrollo_del_Milenio.pdf" http://www.stp.gov.do/eWeb%5CArchivos%5CLibros%5CInforme_Objetivo_Desarrollo_del_Milenio.pdf .

Véase República Dominicana: “Cállate si no quieres que te matemos”. Violaciones de derechos humanos cometidas por la policía en República Dominicana, pp. 33-34.

Noticias SIN, “DNCD realiza redadas en el ensanche Capotillo”, 6 de mayo de 2011.

Listín Diario, “Almeyda reclama poner fin a las redadas en los barrios”, 24 de diciembre de 2010.

Véase la Acción Urgente República Dominicana: Migrantes detenidos y expulsados, Índice AI: AMR 27/004/2011, 21 de septiembre de 2011, HYPERLINK "http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR27/004/2011" http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR27/004/2011 .

Véase el comunicado de prensa de Amnistía Internacional República Dominicana: Homicidio de periodista debe alentar mejor protección, 3 de agosto de 2011, HYPERLINK "http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/republica-dominicana-asesinato-periodista-alentar-mejor-proteccion-2011-08-03" http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/republica-dominicana-asesinato-periodista-alentar-mejor-proteccion-2011-08-03 .

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