Document - Colombia: Amnesty International's position on Plan Colombia

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ÍNDICE AI: AMR 23/049/2000/s Documento público

21 de junio del 2000



La postura de Amnistía Internacional respecto al Plan Colombia



El gobierno colombiano ha propuesto a la comunidad internacional un paquete de ayuda económica con el nombre de «Plan Colombia». El Plan —que el gobierno presenta como la forma en que la comunidad internacional puede apoyar el proceso de paz entre el gobierno colombiano y los grupos armados de oposición— pide alrededor de 1.500 millones de dólares a los Estados Unidos y otros 2.000 millones de dólares a Japón, Canadá, la Unión Europea, Suiza y otros gobiernos occidentales e instituciones financieras internacionales.


Según el gobierno colombiano: «...el gobierno nacional formuló el Plan Colombia el cual, dentro del marco de una política de construcción de paz, liga las estrategias de negociación con la insurgencia, la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado, la recuperación de la economía, el control a la expansión de los cultivos ilícitos, y la protección del medio ambiente.»


Amnistía Internacional opina que es de vital importancia que la comunidad internacional encuentre formas eficaces de contribuir a poner fin a la crisis de derechos humanos del país y de llegar a un acuerdo que solucione el conflicto armado. Sin embargo, la organización teme la repercusión que el Plan Colombia pueda tener sobre la situación de los derechos humanos y el conflicto armado.


El Plan Colombia se basa en un análisis de las causas del conflicto y de la crisis de derechos humanos que se centra en las drogas e ignora por completo la responsabilidad —histórica y actual— del propio Estado colombiano. También hace caso omiso de las causas profundas del conflicto y de la crisis de derechos humanos. El Plan propone (en el componente del Plan relativo a Estados Unidos) una estrategia principalmente militar para tratar de resolver el cultivo y tráfico ilícitos de narcóticos, pidiendo una ayuda militar considerable para las fuerzas armadas y la policía colombianas. Los programas de ayuda humanitaria y de desarrollo social que incluye el Plan no ocultan el carácter esencialmente militar de éste. Además, resulta evidente que el Plan Colombia no es el resultado de un verdadero proceso de consulta ni con las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales que se supone han de llevar a efecto los proyectos, ni con los beneficiarios de tales proyectos humanitarios, de derechos humanos o de desarrollo social. Por lo tanto, el componente de derechos humanos del Plan Colombia tiene defectos graves.



1. Amnistía Internacional se opone al programa de ayuda militar para Colombia porque la organización cree que hará escalar el conflicto armado y la crisis de derechos humanos. La organización ha documentado de forma abrumadora la responsabilidad de las organizaciones paramilitares ilegales en violaciones de derechos humanos generalizadas, sistemáticas y sumamente graves. También existen pruebas concluyentes de que los grupos paramilitares continúan operando con el apoyo tácito o activo de las fuerzas armadas colombianas. Existen también pruebas de que personal militar colombiano entrenado por fuerzas especiales estadounidenses ha estado implicado —por acto u omisión— en violaciones graves de los derechos humanos, incluidas masacres de civiles. Según los informes, el equipo militar proporcionado por Estados Unidos a las fuerzas armadas colombianas se ha usado para cometer violaciones de derechos humanos contra los civiles. Amnistía Internacional no cree que existan los mecanismos necesarios para garantizar que las futuras transferencias de armas a las fuerzas armadas colombianas no pasarán a las organizaciones paramilitares o no serán usadas por los militares para facilitar las violaciones de derechos humanos que cometen las fuerzas paramilitares o sus propias fuerzas. Hasta que el gobierno colombiano no disuelva a los grupos paramilitares aliados con las fuerzas armadas colombianas, la ayuda militar de Estados Unidos a las fuerzas armadas del país corre, inevitablemente, el riesgo de exacerbar la crisis de derechos humanos. No sólo eso, sino que las operaciones militares que contempla el Plan prevén el desplazamiento interno de decenas de millares de colombianos, lo que agravará de forma alarmante la crisis humanitaria actual.


2. AI también teme que las organizaciones paramilitares puedan utilizarse en la estrategia militar que contempla el Plan. Aunque éste no les reconoce una función formal, la reciente presencia de estas organizaciones en áreas clave designadas para operaciones militares (departamento de Putumayo y la región de Catatumbo en Norte de Santander) parece algo más que pura coincidencia. La estrategia paramilitar de atacar y eliminar las estructuras de base y organizativas va dirigida a anticipar y prevenir cualquier oposición organizada a la erradicación militar de los cultivos ilícitos.


3. La organización también ve con preocupación las consecuencias de cualquier apoyo económico a la infraestructura u otros proyectos de desarrollo que inevitablemente alimentará la especulación del suelo en esas regiones. Tal especulación podría fomentar el desarrollo de la actividad paramilitar para hacerse con el control de los bienes (tierras u otros) con el objeto de aprovecharse de cualquier incremento de valor. No es posible por lo tanto desvincular los derechos humanos de la financiación de ningún proyecto de desarrollo económico. Es de vital importancia que antes de pasar a distribuir fondos se dé prioridad a la lucha para combatir y disolver a los grupos paramilitares a fin de garantizar así que la ayuda para proyectos de desarrollo no fomenta —ni siquiera sin proponérselo— la actividad paramilitar y las violaciones de derechos humanos.


4. El componente de ayuda a los derechos humanos que propone el Plan Colombia es inadecuado y en su mayor parte está mal encauzado. No aborda las causas principales de la crisis de derechos humanos identificadas por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, como la impunidad y la necesidad de combatir a las organizaciones paramilitares ilegales. A menos que el gobierno de Colombia aplique las recomendaciones internacionales y tome una acción decisiva en estos dos frentes, los programas de derechos humanos que propone el Plan Colombia no serán más que cosméticos.


5. Los programas de ayuda humanitaria a los desplazados internos no abordan las causas del desplazamiento y se limitan meramente a mitigar las consecuencias y a reducir así la visibilidad de los desplazados internos, incluidos los desplazados a consecuencia de las operaciones militares del Plan.


6. El marco para la ayuda internacional a los derechos humanos en Colombia deben ser las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. En particular, la comunidad internacional debe garantizar que los programas a los que decida prestar su apoyo forman parte de una política gubernamental clara para abordar las cuestiones clave, como son la impunidad y la disolución de las organizaciones paramilitares. El respeto a los derechos humanos es un requisito esencial para lograr una solución negociada al conflicto armado. Sólo garantizando la protección de los derechos civiles y políticos fundamentales podrá Colombia llegar a una verdadera reconciliación nacional basada en la paz y en la justicia.


Amnistía Internacional se opone al Plan Colombia por las razones arriba expresadas. La organización considera esencial que la comunidad internacional participe más activamente y encuentre formas de contribuir a poner fin a las violaciones de derechos humanos y a lograr un acuerdo verdadero y duradero que solucione el conflicto. Como primer paso, Amnistía Internacional insta a que la comunidad internacional pida al gobierno colombiano y a las partes en el conflicto que discutan, acuerden y pongan en práctica de inmediato y de forma verificable el pleno respeto por los derechos humanos fundamentales y el derecho humanitario internacional.


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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro/.