Document - Colombia: Killings of Indigenous and Afro-descendant land right activists must stop


AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública


Índice AI: AMR 23/038/2008 (Público)

21 de octubre de 2008


Colombia: No más homicidios de activistas por el derecho de indígenas y afrodescendientes a la tierra


Durante el último mes, las comunidades indígenas de Colombia han organizado manifestaciones en gran escala para protestar por los constantes abusos contra los derechos humanos y para defender su derecho a la tierra. Estas manifestaciones forman parte de una campaña más amplia, en la que también han participado comunidades afrodescendientes y campesinas, en apoyo de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.


En los últimos días, algunas de estas protestas se han vuelto violentas, y amenazan con ahogar las preocupaciones que el movimiento indígena está tratando de destacar. Hay informes que indican que miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) han hecho uso excesivo de la fuerza al enfrentarse a los manifestantes en el departamento del Cauca, y que decenas de manifestantes han resultado heridos, al menos uno de ellos de muerte. También hay informes que indican que decenas de miembros de las fuerzas de seguridad han resultado asimismo heridos. Amnistía Internacional condena el uso de fuerza excesiva por parte de los servicios de seguridad, así como cualquier forma de violencia perpetrada por los manifestantes.


Durante los 40 años de conflicto armado de Colombia, las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que viven en las zonas de conflicto han sido blanco constante de abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, los paramilitares –ya sea actuando solos o con la connivencia o la aquiescencia de las fuerzas de seguridad– y los grupos de guerrilla. Estas comunidades sufren ataques frecuentes porque una de las partes del conflicto las acusa de aliarse con el otro. En los últimos cinco años, más de un millar de indígenas han muerto a consecuencia de la violencia. En la gran mayoría de los casos, esos homicidios no se han investigado adecuadamente, y los responsables no han comparecido ante la justicia.


En Colombia, los abusos contra los derechos humanos son a menudo un medio de expulsar a las comunidades civiles de zonas de interés económico, habitadas muchas de ellas por comunidades indígenas y afrodescendientes. Desde 1985, entre 3 y 4 millones de civiles se han visto obligados a desplazarse de sus hogares y tierras. Esos desplazamientos forzados han abierto la vía a la apropiación indebida de esas tierras, en su mayor parte por paramilitares, pero también por grupos de guerrilla. Se calcula que los paramilitares pueden haber robado por este sistema entre 4 y 6 millones de hectáreas de unas tierras que, con frecuencia, tienen un gran potencial en minerales o petróleo o para la agricultura industrial. En lugar de garantizar la devolución de estas tierras robadas, algunas de las políticas gubernamentales pueden estar facilitando la legalización de su propiedad por parte de grupos paramilitares y de quienes los respaldan.


La crisis de derechos humanos a la que se enfrenta la población indígena se centra en gran medida en los esfuerzos de esta población por proteger su derecho a la tierra. El departamento del Cauca es un ejemplo dramático. Situado en el suroeste de Colombia, cuenta con una población indígena numerosa y bien organizada y con sólidas organizaciones campesinas, y todas ellas (población y organizaciones) han hecho campaña para conseguir una reforma de la tierra o para presionar para que se atiendan sus demandas a este respecto. En el curso de estas campañas, estos movimientos han llevado a cabo numerosas manifestaciones, ocupaciones de tierras y otras formas de movilización para pedir el reconocimiento de sus derechos.


Sin embargo, lo habitual ha sido que las autoridades estatales, las fuerzas de seguridad y el gobierno tachen estas manifestaciones de subversivas. Y estas acusaciones han venido seguidas en muchos casos de homicidios, desapariciones forzadas y amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares y de las fuerzas de seguridad. En agosto de 2008 circuló por el departamento del Cauca una amenaza de muerte anónima que anunciaba un proceso de “militarización y exterminio” contra los dirigentes indígenas pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y contra los miembros del grupo indígena nasa. Se calificó al movimiento indígena de terrorista, criminal y aliado importante del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Desde entonces, ha habido una oleada de homicidios y amenazas contra dirigentes indígenas y organizaciones campesinas del Cauca.


El 28 de septiembre de 2008, Raúl Mendoza, gobernador del cabildo indígena “Peñón”, que participaba en el proceso de reclamación de tierras de la finca Los Naranjos, en el municipio de Sotará, departamento del Cauca, fue abatido a tiros en su casa de la localidad de Popayán.


El 13 de octubre de 2008, Cesar Hurtado Tróchez, indígena de la reserva de Guadalito, en el departamento del Cauca, murió por los disparos de cuatro hombres que irrumpieron en su casa. El día anterior, Nicolás Valencia Lemus, hermano de un conocido dirigente indígena del Cauca, había sido asesinado tras ser interceptado en la carretera de El Palo a Toribío por miembros del grupo paramilitar Águilas Negras. Antes de huir del lugar, los asesinos escribieron “Águilas Negras” en la ventanilla del auto. El 11 de octubre se había hallado el cadáver de otro indígena, Celestino Rivera, de Jambaló, muerto a tiros cerca de la carretera de Toribío a Jambaló.


Amnistía Internacional ha recibido también en los últimos meses información sobre numerosos homicidios de indígenas y afrodescendientes en otras partes del país.


El 6 de octubre de 2008, cerca del municipio de Ríosucio, en el departamento de Caldas, tres miembros de la comunidad indígena Embera Chamí murieron y uno resultó herido a manos de paramilitares que llevaban brazaletes que los identificaban como miembros de las Águilas Negras. Según la información recibida, los miembros de la comunidad habían denunciado a las autoridades locales que, en los días previos de esos homicidios, habían estado circulando por el municipio unos folletos con una lista de más de 60 personas, entre ellas indígenas y otros civiles, a las que ese mismo grupo paramilitar amenazaba.


El 26 de mayo de 2008, un indígena, Oscar Dogirama Tequia, murió a manos de las FARC en el municipio de Ríosucio, departamento del Chocó. Lo acusaban de ser un informante del ejército.


El 14 de octubre de 2008, Walberto Hoyos Rivas, dirigente de la comunidad afrodescendiente de la cuenca del río Curvaradó, en el departamento del Chocó, murió a manos de paramilitares en la zona humanitaria de Caño Manso. Había participado activamente en la defensa del derecho colectivo a la tierra de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Curvaradó, y había sobrevivido a un atentado anterior contra su vida y la de su hermano el 17 de septiembre de 2007. Estaba a punto de testificar en el juicio de dos paramilitares implicados en el homicidio de otro dirigente comunitario.


En las últimas semanas, a los homicidios de activistas indígenas y afrodescendientes se les han sumado ataques contra quienes hacen campaña por los derechos económicos, sociales y culturales de los campesinos.


Las autoridades colombianas deben ordenar investigaciones exhaustivas e imparciales sobre estos ataques contra miembros de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y deben llevar a los responsables ante la justicia. Las fuerzas de seguridad y los grupos de guerrilla deben también respetar el derecho de todos los civiles, incluidos los que hacen campaña por su derecho a la tierra, a no verse involucrados en el conflicto.


FIN/




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