Document - Colombia: Efforts to discredit human rights lawyers’ collective puts them at risk of attack

AMNESTY INTERNATIONAL

AMN ISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice: AMR 23/034/2011

22 de noviembre de 2011

Colombia: Los esfuerzos por desacreditar a colectivo de abogados de derechos humanos les hacen vulnerables a ataques

Las recientes declaraciones del presidente Juan Manuel Santos y de otros altos cargos estatales y del gobierno poniendo en duda la integridad del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), que representa a víctimas de violaciones de derechos humanos, podrían hacer que el Colectivo sufriera ataques físicos y menoscaban la labor de todos los defensores y defensoras de derechos humanos, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

El 25 de octubre, la fiscal general anunció que iba a investigar las denuncias según las cuales algunas víctimas de la masacre de Mapiripán, ocurrida en julio de 1997, en la que los paramilitares, actuando en connivencia con el ejército, mataron y sometieron a desaparición forzada a decenas de personas, no habían fallecido y que las familias de estas “falsas víctimas” habían reclamado y recibido una indemnización económica del Estado.

La investigación se inició tras una declaración de Mariela Contreras en la que ésta reveló que su hijo, presuntamente fallecido en Mapiripán, estaba en realidad vivo. Mariela Contreras, que fue representada por el CCAJAR, que asimismo actuó como representante legal de otras víctimas de Mapiripán, había recibido una indemnización del Estado por la muerte de su hijo.

Tras estas afirmaciones, el procurador general calificó la actuación del CCAJAR de “propia de bandas criminales”, mientras el presidente Juan Manuel Santos afirmó, según informes: “Hay intereses oscuros y económicos que utilizan ese sistema, y hacen burla de él, para lucrarse con los recursos del Estado […] Lo que no nos imaginamos es que recomendaban que mintieran e hicieran pasar por víctimas a quienes no lo eran. Qué más acto de corrupción que este”. En otras declaraciones, el presidente Santos cuestionó asimismo la labor del sistema interamericano de derechos humanos.

El CCAJAR, al igual que muchos otros grupos de derechos humanos de Colombia, viene siendo desde hace años objeto de vigilancia ilegal, escuchas telefónicas, hostigamiento, amenazas de muerte e incluso homicidios, debido a su labor a favor de la justicia para las víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos.

Los comentarios realizados por altos cargos del gobierno y del Estado que tratan de desacreditar la labor del Colectivo sólo sirven para legitimar posibles nuevos ataques contra la organización, y son contrarios a la obligación contraída por el Estado de no hacer declaraciones que puedan ponerles en peligro.

En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado colombiano había sido responsable de la masacre de Mapiripán, cometida por paramilitares que actuaron con la colaboración del ejército, y ordenó al Estado que indemnizara a las víctimas. El Estado colombiano aceptó formalmente la responsabilidad de la masacre en marzo de 2005.

En 2009, el general retirado Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, que cuando se cometió la masacre era el jefe de la VII Brigada del ejército, fue condenado a 40 años de prisión por el papel desempeñado en los homicidios. Tras la apelación, la pena se redujo a 37 años.

En Colombia, las víctimas de violaciones de derechos humanos que reclaman justicia se ven obligadas a recurrir a mecanismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a que el Estado colombiano no garantiza, de un modo sistemático y desde hace tiempo, la rendición de cuentas de los responsables.

Nunca se ha determinado el número real de víctimas de la matanza, aunque la Corte Interamericana concluyó que hubo al menos 49, cifra que aceptó el Estado colombiano. De lo que no cabe duda es de que los paramilitares, que actuaron en connivencia con las fuerzas de seguridad, mataron en Mapiripán a decenas de personas. De hecho, la resolución de la Corte Interamericana se basó principalmente en la investigación penal realizada en aquel entonces por la Fiscalía General.

En su resolución de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos llamó la atención sobre el hecho de que las investigaciones penales sobre la masacre habían sido dificultadas por la ausencia de protección adecuada del lugar del crimen, la concesión de la jurisdicción del caso al sistema de justicia militar, y los intentos del ejército de encubrir lo sucedido. La Corte ordenó asimismo al Estado colombiano que confirmase la identidad de todas las víctimas, obligación que éste no ha cumplido aún.

Las autoridades colombianas, en su intento de culpar al CCAJAR del falso testimonio de Mariela Contreras, han hecho caso omiso del hecho de que la declaración de ésta fue respaldada por la Fiscalía General y no por el CCAJAR. Las organizaciones de derechos humanos no tienen la responsabilidad de investigar a las víctimas; si existen sospechas de fraude, son las autoridades judiciales pertinentes las que deben investigar.

Tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado su preocupación por los recientes acontecimientos y han señalado que es responsabilidad del Estado investigar, enjuiciar y castigar cualquier conducta reprensible de las personas que puedan haber hecho declaraciones falsas. También han indicado que el hecho de que haya podido cometerse un fraude no cuestiona la legítima labor de los organismos del sistema interamericano ni el derecho de las víctimas y de sus representantes legales a recurrir a los mecanismos internacionales cuya jurisdicción ha aceptado Colombia.

A Amnistía Internacional le preocupa que las recientes acusaciones formuladas contra el CCAJAR sean parte de una campaña para desacreditar su labor y la de otras organizaciones de derechos humanos que llevan haciendo campaña infatigablemente contra la impunidad para miembros de las fuerzas de seguridad implicadas en violaciones de derechos humanos. Según informes, las autoridades sabían que el testimonio de Mariela Contreras era falso desde 2008, aunque sólo ahora se haya hecho público.

Este último esfuerzo por desacreditar al CCAJAR se produce en un momento en el que el alto mando militar y algunos políticos importantes, como el ex presidente Álvaro Uribe, están pidiendo la revisión y anulación de las condenas a oficiales del ejército como la de Uscátegui. El presidente Santos y el comandante de las Fuerzas Armadas han criticado recientemente varias de estas condenas, calificándolas de injustas.

La preocupación por las condenas de miembros de las fuerzas de seguridad podría también estar detrás de una campaña para ampliar el ámbito del fuero militar a fin de garantizar que sean los tribunales militares, en lugar del sistema de justicia civil, como ocurre ahora, los que determinen si un miembro de las fuerzas de seguridad ha cometido presuntamente una violación de derechos humanos. El Congreso colombiano debate actualmente un cambio a la Constitución de 1991 en este sentido.

Los tribunales militares colombianos cuentan con un vergonzoso historial de cerrar habitualmente este tipo de investigaciones sin hacer que los responsables de abusos rindan cuentas de éstos. Esta enmienda a la Constitución, de ser aprobada por el Congreso, representaría un serio revés para los esfuerzos por combatir la impunidad y sería contraria a la jurisprudencia internacional y colombiana, así como a las reiteradas recomendaciones en materia de derechos humanos formuladas por la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dejan perfectamente claro que en ninguna circunstancia deben los tribunales militares investigar violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad.

El presidente Santos ha expresado en reiteradas ocasiones su compromiso con los derechos humanos y ha tratado de entablar un diálogo más constructivo con los grupos colombianos que trabajan por estos derechos, lo que es encomiable. Sin embargo, los recientes esfuerzos para desacreditar al CCAJAR e injerirse en las sentencias judiciales en las que se condena a oficiales del ejército, así como las iniciativas para ampliar el fuero militar —si el gobierno las apoya o no se opone a ellas— amenazan con debilitar las afirmaciones del presidente Santos de que su gobierno quiere realmente poner fin a la crisis de derechos humanos de Colombia y a la impunidad.

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