Document - Colombia: Death threat against hunan rights defenders

URGENT ACTION

AU: 175/13 Índice: AMR 23/029/2013 Colombia Fecha: 9 de julio de 2013

ACCIÓN URGENTE

Amenaza de muerte contra defensores de los derechos humanos

Diego Martínez y Jeison Paba, defensores colombianos de los derechos humanos, han recibido un mensaje de correo electrónico en el que los amenazan de muerte a ellos y a sus familias; cuando lo recibieron, estaban participando en un acto en el municipio de La Macarena, en el centro de Colombia.

Diego Martínez y Jeison Paba recibieron el 6 de julio un mensaje de correo electrónico sin firmar que decía: “hemos decidido declararlos objetivos militares, para acabar con su actividad criminal y terrorista ustedes que disfrazados como defensores de derechos humanos, no son mas que miembros de las [guerrillas]”. La amenaza de muerte decía también que la advertencia no era sólo para ellos, sino también para sus familias, y les avisaba de que no estaban a salvo.

Diego Martínez es secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), donde Jeison Paba es abogado. Cuando recibieron la amenaza de muerte, ambos estaban participando en el Evento Internacional de Jóvenes por la Paz en el municipio de La Macarena, departamento del Meta. Durante el evento, celebrado en una zona fuertemente militarizada, el CPDH y otras ONG de derechos humanos propusieron una campaña contra la ampliación del sistema de justicia militar, que ha desempeñado un papel crucial para garantizar la impunidad a muchos miembros de las fuerzas de seguridad implicados en violaciones de derechos humanos. El CPDH también ha estado representando a personas detenidas en varios casos de detención colectiva, y ha pedido que se inicien procedimientos disciplinarios contra un alto mando de la policía.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

pidiendo a las autoridades que reconozcan públicamente que Diego Martínez y Jeison Paba son defensores de los derechos humanos que llevan a cabo una labor legítima, fundamental y oportuna, y que condenen las amenazas recibidas por ellos y sus familias el 6 de julio;

instando a las autoridades a garantizar la seguridad de estas personas, de estricta conformidad con los deseos de los propios afectados;

instándolas a ordenar investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las amenazas de muerte recibidas por estos dos miembros del CPDH y sus familias, hacer públicos sus resultados y llevar a los responsables ante la justicia;

recordándoles que deben cumplir con sus obligaciones respecto a la protección de quienes defienden los derechos humanos, establecidas en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 20 DE AGOSTO DE 2013, A:

Presidente Juan Manuel Santos

Presidente de la República, Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26

Bogotá, Colombia

Fax: +57 1 596 0631

Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente Santos

Eduardo Montealegre

Fiscalía General de la Nación

Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre)

Bloque C Piso 4

Bogotá, Colombia

Fax +57 1 570 2000 (cuando escuchen un mensaje grabado, marquen la extensión 2023)

Tratamiento: Estimado Sr. Fiscal General

Y copia a:

ONG

CPDH

Carrera 6 No 12 - 21

Bogotá

Colombia

Envíen también copia a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

ACCIÓN URGENTE

Amenaza de muerte contra defensores de los derechos humanos

Información adicional

Durante el largo conflicto armado de Colombia, las fuerzas de seguridad y los paramilitares han calificado a menudo de colaboradores o simpatizantes de la guerrilla a los miembros de organizaciones de derechos humanos, sindicatos y otras organizaciones sociales. A consecuencia de ello, estos activistas se han convertido con frecuencia en víctimas de homicidios, amenazas o desapariciones forzadas. Los grupos guerrilleros también han amenazado o matado a defensores y defensoras de los derechos humanos a los que consideraban aliados del enemigo.

La ONG de derechos humanos CPDH se fundó en 1979, tras el primer foro nacional para los derechos humanos. Su oficina principal está en la capital, Bogotá, pero también tiene otras 15 oficinas en distintas partes de Colombia. Según el CPDH, 54 miembros destacados de la organización han sido asesinados. El CPDH considera que estos asesinatos son parte de un intento de silenciar a la organización y hacer que deje de condenar los abusos institucionales cometidos contra la población civil en el contexto del conflicto armado. Los miembros del CPDH siguen siendo víctimas de amenazas, acoso e intimidación.

Jeison Paba ha estado trabajando como abogado para los campesinos de la finca La Europa, en el departamento de Sucre. En marzo de 2013, los campesinos presentaron una petición para que se les restituyeran sus tierras. Jeison Paba ha recibido cinco amenazas de muerte de paramilitares desde junio de 2012, entre ellas algunas del “Ejército Anti Restitución”. El 16 de enero de 2013, en una llamada telefónica anónima, un hombre dijo a la oficina del CPDH que querían la “cabeza” de Jeison Paba. En los últimos dos años, Amnistía Internacional ha recibido numerosos informes de amenazas o asesinatos contra personas que hacían campaña por la restitución de las tierras que perdieron a consecuencia de abusos y violaciones de derechos humanos, y contra los abogados que trabajan con ellas. Diego Martínez, del CPDH, también había recibido amenazas anteriormente. Se había visto a personas vigilando el Evento Internacional de Jóvenes por la Paz. Los organizadores lo denunciaron a las autoridades, pero al parecer no se ha emprendido ninguna acción para identificar quiénes eran estas personas o por qué estaban vigilando el evento.

Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y los representantes de la comunidad campesina han condenado las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad en el municipio de La Macarena, departamento del Meta. Se cree que en el cementerio del municipio están enterradas numerosas víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas en los últimos años. El sistema de justicia militar ha garantizado durante años la impunidad de los militares responsables de esos actos.

En junio de 2013, el Congreso colombiano aprobó una ley estatutaria para una reforma de la Constitución aprobada en diciembre de 2012. Dicha reforma refuerza la justicia militar. Se teme que esta ley aumente la impunidad por violaciones de derechos humanos y del derecho internacional comunitario cometidas por las fuerzas de seguridad de Colombia. (Para más información, véase http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/colombia-congreso-rechazar-reforma-ley-fuero-militar-2013-06-012).

Nombre: Diego Martínez (hombre), Jeison Paba (hombre) y sus familias

Sexo: Hombres y mujeres

AU: 175/13 Índice: AMR 23/029/2013 Fecha de emisión: 9 de julio de 2013

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