Document - Colombia: Submission to the UN Universal Periodic Review: Third session of the UPR Working Group of the UN Human Rights Council, December 2008

Público


Amnistía Internacional



Colombia

Información para el Examen Periódico Universal de la ONU

Tercer periodo de sesiones del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el Mecanismo de Examen Periódico Universal

1-15 de diciembre de 2008













Resumen ejecutivo

En este documento, Amnistía Internacional proporciona información conforme a lo estipulado en los apartados B, C y D de las Directrices Generales para la Preparación de la Información en el Marco del Examen Periódico Universal.1

En el apartado B, Amnistía Internacional plantea cuestiones relacionadas con el marco jurídico para la desmovilización de los grupos paramilitares, las reparaciones debidas a las víctimas de abusos contra los derechos humanos, la aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y la infancia en el contexto de los conflictos armados.

En el apartado C se destacan los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en relación con las violaciones de derechos humanos cometidas por grupos paramilitares, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, el desplazamiento forzado de civiles, los ataques contra sindicalistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, y los abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario cometidos por grupos guerrilleros.

En el apartado D, Amnistía Internacional formula una serie de recomendaciones para la acción dirigidas al gobierno y a los grupos guerrilleros.

Colombia

Información de Amnistía Internacional para el Examen Periódico Universal de la ONU

Tercer periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Mecanismo de Examen Periódico Universal, 1-15 de diciembre de 2008


Introducción

Todas las partes en el conflicto armado interno que se libra en Colombia –que enfrenta desde hace más de 40 años a las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares con diversos grupos guerrilleros– siguen cometiendo abusos generalizados contra el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos que en la mayoría de los casos han tenido como víctimas a miembros de la población civil. No obstante, en los últimos años se ha observado una reducción en el número de algunos tipos de abusos contra los derechos humanos. Los secuestros han disminuido, y lo mismo ha ocurrido con los homicidios de civiles. Amnistía Internacional acoge con satisfacción el hecho de que varios rehenes en casos de gran resonancia, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, hayan recuperado la libertad tras años de cautiverio en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La situación de seguridad también ha mejorado en algunos centros urbanos, así como en muchas de las principales carreteras del país. Sin embargo, la situación en materia humanitaria y de derechos humanos sigue siendo crítica y en algunas regiones incluso ha empeorado. Amnistía Internacional ve con especial preocupación el aumento de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad y el incremento de los desplazamientos forzados de civiles a causa del conflicto armado.


B. Marco normativo e institucional del Estado


El marco jurídico para la desmovilización de los grupos paramilitares

Ni el Decreto 128 de 2003 ni la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) –marco jurídico mediante el cual se ha alentado a los miembros de grupos paramilitares a deponer las armas en el contexto de un proceso de desmovilización iniciado por el gobierno en 2003– se ajustan a las normas internacionales en lo que respecta al derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Este marco normativo tampoco ha garantizado el desmantelamiento efectivo de los grupos paramilitares ni la rendición de cuentas de éstos por abusos cometidos contra los derechos humanos sino que, por el contrario, ha consolidado la impunidad de facto de que disfrutan muchos de los responsables de abusos contra los derechos humanos, tanto miembros de grupos paramilitares o quienes los han respaldado, como miembros de grupos guerrilleros.


Sólo en torno al 10 por ciento de los más de 31.000 paramilitares que, según se afirma, se han desmovilizado, han quedado incluidos en el ámbito del proceso de Justicia y Paz que les permitirá beneficiarse de condenas significativamente reducidas a cambio de la revelación “completa” de su participación en violaciones de derechos humanos. Hasta ahora, el restante 90 por ciento ha eludido el enjuiciamiento debido a que el Decreto 128 concede el indulto de facto a quienes no sean objeto de investigación criminal por abusos contra los derechos humanos o no hayan sido declarados culpables de tales delitos.


La Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación se encarga de investigar los abusos cometidos por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley presuntamente desmovilizados en el marco de la Ley 975, mientras que la investigación de las violaciones de derechos humanos en las que hayan participado las fuerzas de seguridad es competencia de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. No obstante, en muchos casos ha existido colusión entre los paramilitares y las fuerzas de seguridad, y el hecho de que distintos organismos de investigación lleven a cabo pesquisas criminales por separado podría debilitar la determinación de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en abusos cometidos por grupos paramilitares.


Asimismo, el número relativamente reducido de dependencias de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz hará que la capacidad de ésta para investigar casos se limite a la responsabilidad individual en lugar de centrarse en la estructura de los grupos paramilitares y en el papel desempeñado en ellos por las fuerzas de seguridad y otros agentes.


Amnistía Internacional ve con especial preocupación que durante el proceso de Justicia y Paz han continuado las amenazas y los homicidios, que también han alcanzado a los representantes de las víctimas. El 30 de junio de 2007, un grupo de víctimas presentó a los tribunales una acción de tutela para obligar al Estado a adoptar medidas destinadas a poner fin a tales amenazas y homicidios. En respuesta, el gobierno creó en septiembre de 2007 un programa de protección para víctimas y testigos participantes en el proceso de Justicia y Paz. No obstante, en junio de 2008 la Corte Constitucional falló sobre una acción de tutela presentada en nombre de mujeres víctimas de actos de violencia paramilitar frente a los cuales el Estado había contravenido su obligación constitucional e internacional de impedir la discriminación y la violencia contra las mujeres. La Corte ordenó a las autoridades que revisaran el programa de protección de testigos en un plazo de seis meses.


Reparaciones para las víctimas de abusos contra los derechos humanos

Uno de los factores fundamentales del conflicto armado interno que se libra en Colombia es el controvertido asunto de la propiedad de la tierra. Gran parte de la riqueza acumulada durante los últimos decenios por los paramilitares y los sectores políticos y empresariales que los respaldan se ha basado en la apropiación ilegal, a menudo mediante violencia o amenazas de violencia, de entre 4 y 6 millones de hectáreas que pertenecían a cientos de miles de campesinos y miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes.


En el marco del proceso de Justicia y Paz, los paramilitares se comprometieron a devolver las tierras y otros bienes a sus propietarios legítimos; sin embargo, hasta la fecha no han entregado ninguna extensión significativa de tierra. La propiedad de gran parte de la tierra se ha hecho pasar a manos de terceros –los llamados “testaferros”, con frecuencia amigos y familiares próximos– a fin de eludir el escrutinio público. No parece existir una verdadera voluntad política de perseguir a los “testaferros” con toda la fuerza de la ley.


El 22 de abril de 2008, el gobierno aprobó el Decreto 1290, mediante en que se crea un programa de reparación individual para las víctimas de abusos cometidos por los grupos armados organizados al margen de la ley en cuyo contexto el Estado proporcionará a las víctimas una modesta indemnización monetaria. No obstante, el Decreto no aborda la cuestión de la propiedad de la tierra ni la de las reparaciones debidas a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y otros agentes del Estado o las reparaciones colectivas a organizaciones y sectores afectados por el conflicto, como sindicatos, ONG de derechos humanos y comunidades civiles indígenas y afrodescendientes.


El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

En 2002, al ratificar el Estatuto de Roma, Colombia formuló ocho declaraciones interpretativas y una declaración en la que, invocando el artículo 124 del Estatuto, afirma que no aceptará la competencia de la Corte respecto de crímenes de guerra cometidos por sus nacionales o en su territorio durante un periodo de siete años. Una de estas declaraciones en especial parece constituir una reserva prohibida. Según ella, “[n]inguna de las disposiciones del Estatuto de Roma sobre el ejercicio de las competencias de la Corte Penal Internacional impide la concesión de amnistías, indultos o perdones judiciales por delitos políticos por parte del Estado colombiano”. Amnistía Internacional considera que esta declaración unilateral constituye una reserva disfrazada.


La infancia y los conflictos armados

El 6 de marzo de 2007, el Ministerio de Defensa Nacional emitió la Directiva 30743, que prohíbe que los miembros de las fuerzas de seguridad utilicen menores de edad con fines de inteligencia, especialmente en el caso de menores rescatados de las filas de grupos armados organizados al margen de la ley. No obstante, según el informe publicado en 2007 por el secretario general de la ONU sobre la cuestión de los niños y los conflictos armados, las fuerzas de seguridad colombianas siguen utilizando menores de edad para actividades de inteligencia y otras actividades similares. El 12 de febrero de 2008, el gobierno aceptó finalmente la competencia del mecanismo de supervisión y presentación de informes establecido mediante Resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los niños y los conflictos armados, pero expresó su reserva en relación con la competencia de tal mecanismo sobre actos de violencia sexual. Colombia había sido uno de los últimos países incluidos en el Anexo II del informe del secretario general en expresar que estaba dispuesto a aceptar formalmente la competencia de dicho mecanismo.



C. Promoción y protección de los derechos humanos sobre el terreno


Violaciones de derechos humanos cometidas por grupos paramilitares

Pese a que el gobierno afirma lo contrario, los grupos paramilitares siguen actuando y utilizando la violencia en aras de sus objetivos económicos y políticos. Muchos grupos paramilitares actúan en dos niveles distintos pero interrelacionados: desarrollan actividades criminales vinculadas con el tráfico de drogas y, al mismo tiempo, apoyan la estrategia de contrainsurgencia de las fuerzas de seguridad. Asimismo, Amnistía Internacional ha recibido indicios convincentes de que en muchas zonas del país los grupos paramilitares y miembros de las fuerzas de seguridad continúan actuando en connivencia.


Ejecuciones extrajudiciales

A lo largo de los años, el conflicto se ha visto signado por el homicidio de decenas de miles de civiles a manos de todas las partes combatientes; no obstante, recientemente el número de homicidios ha disminuido, de más de 5.000 en 2000-2001 a unos 1.348 en 2006-2007. Los grupos paramilitares –actuando en coordinación con las fuerzas de seguridad o con la aquiescencia de éstas– han sido los autores de la mayoría de estas muertes. Sin embargo, durante los últimos años han aumentado los informes sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas directamente por las fuerzas de seguridad; en 2006-2007 se recibieron informes sobre más de 287 casos de este tipo.


La mayoría de las víctimas han sido campesinos o dirigentes comunitarios que las fuerzas de seguridad afirman falsamente que han muerto en combate. En la mayoría de los casos de presunta ejecución extrajudicial, el sistema de justicia militar reclama su jurisdicción sobre la investigación –desafiando a la Corte Constitucional y a las normas internacionales– y, como consecuencia de ello, es frecuente que estos casos se cierren prematuramente y rara vez se ponga a los responsables a disposición judicial.


El gobierno ha emitido una serie de directivas destinadas a abordar el aumento de las ejecuciones extrajudiciales mediante medidas como el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas y la creación de una unidad especial de la Fiscalía General de la Nación encargada de investigar casos de ejecución extrajudicial. No obstante, estas medidas todavía no han producido resultados concretos.


Desapariciones forzadas

El conflicto también se ha caracterizado por un cuadro generalizado de desapariciones forzadas. Las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares han sometido a desaparición forzada a millares de civiles. La práctica de la desaparición forzada –seguida de la mutilación y el entierro en fosas comunes anónimas– es, desde hace mucho tiempo, una de las piedras angulares de la estrategia de contrainsurgencia de las fuerzas de seguridad. En la mayoría de los casos no se ha obligado a nadie a rendir cuentas por estos crímenes.


Aunque algunos de los dirigentes paramilitares que participan en el proceso de Justicia y Paz han revelado datos sobre personas a las que han dado muerte, la información relativa a la identidad de las víctimas y el paradero de sus cadáveres sigue siendo muy vaga. Más de 1.525 cadáveres de personas a las que se cree sometidas a desaparición forzada por grupos paramilitares han sido exhumados en unas 1.261 fosas comunes anónimas entre enero de 2006 y junio de 2008. Solamente se ha identificado 193 cadáveres, 160 de los cuales han sido entregados a los familiares de las víctimas. Según informes, la Fiscalía General de la Nación está investigando más de 15.000 casos de desaparición forzada.


Desplazamientos forzados

El desplazamiento forzado de la población civil sigue siendo una de las expresiones más visibles de conducta ilegítima de las partes combatientes; de hecho, en Colombia se registra una de las incidencias más elevadas de desplazamiento interno en el mundo. El número de personas desplazadas por el conflicto sigue en aumento. Según algunos cálculos, en 2007 más de 305.000 personas quedaron desplazadas –el número más elevado de los últimos cinco años–, mientras que en 2006 la cifra había sido de 220.000. Durante los últimos 20 años han quedado desplazadas por la fuerza entre 3 y 4 millones de personas, en especial campesinos y miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes.


Actos de agresión contra sindicalistas y defensores y defensoras de los derechos humanos

Durante los últimos años se ha observado una disminución del número de homicidios de sindicalistas y defensores de los derechos humanos: en 2007 se dio muerte a 39 sindicalistas, mientras que en 2006 hubo 72 casos de homicidio de sindicalistas, y en 2002, 184. Sin embargo, en 2008 se ha producido un preocupante aumento de los homicidios de sindicalistas: al menos 24 durante los cuatro primeros meses del año, en comparación con 14 durante el mismo periodo de 2007.


También han continuado las amenazas y agresiones contra defensores y defensoras de los derechos humanos. Tras las manifestaciones masivas celebradas el 6 de marzo de 2008 para protestar contra las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y los paramilitares se ha registrado un pronunciado aumento de las amenazas, formuladas, según informes, por grupos paramilitares. Durante 2007 y 2008 se produjeron asaltos en las oficinas de varias ONG de derechos humanos de las que se robó documentación que contenía información sumamente delicada sobre algunos casos.


Las autoridades siguen abriendo investigaciones criminales contra defensores de los derechos humanos y sindicalistas por cargos no fundamentados con el objeto, al parecer, de estigmatizarlos y hostigarlos. Muchas de estas actuaciones se han iniciado sobre la base de información falsa contenida en archivos de inteligencia militar o en virtud de acusaciones formuladas por informantes que a menudo están a sueldo de los militares. Causa preocupación el hecho de que los archivos de inteligencia militar –que con frecuencia contienen datos que pueden incriminar o perjudicar a miembros de organizaciones sociales o de derechos humanos– todavía no se hayan revisado tal como se estipula en las recomendaciones formuladas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el gobierno parece estar promoviendo normas jurídicas que podrían conceder inmunidad procesal a agentes de los servicios de inteligencia. Autoridades militares, estatales y gubernamentales de alto rango siguen formulando declaraciones públicas hostiles contra defensores y defensoras de los derechos humanos, equiparando, en algunos casos, la labor de defensa de los derechos humanos con la “subversión”. Tales acusaciones ponen a los activistas en un peligro cada vez mayor de ser objeto de actos de agresión.


Sucesivos gobiernos colombianos han adoptado medidas para mejorar la seguridad de los colectivos de sindicalistas y de defensores de los derechos humanos, entre ellas el suministro de guardaespaldas, vehículos blindados y teléfonos móviles. No obstante, la persistencia de las amenazas y homicidios de que se ha hecho víctimas a estos activistas indica que, por sí solas, estas medidas no son suficientes. También deben tomarse medidas efectivas para poner a los responsables a disposición de la justicia.


Los organismos de seguridad que desempeñan un papel activo en la esfera de la protección a defensores de los derechos humanos y sindicalistas –como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)– todavía no han sido investigados adecuadamente en lo relativo a su presunta connivencia con los paramilitares. También existen planes para transferir a empresas privadas de seguridad el servicio de guardaespaldas para defensores de los derechos humanos, sindicalistas y otras personas que participan en el programa de protección. Sin embargo, no existen barreras jurídicas que impidan que ex miembros de grupos armados organizados al margen de la ley trabajen en empresas privadas de seguridad, en cuyo contexto pueden portar armas legalmente, lo cual los pone en condiciones de seguir cometiendo abusos.


A raíz, en parte, de la condena internacional que ha merecido el elevado número de homicidios de miembros de sindicatos, el gobierno ha dado algunos pasos para abordar la impunidad casi total que caracteriza a los abusos contra los derechos humanos de que se ha hecho víctimas a sindicalistas. Durante la 95 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en 2006, se llegó a un acuerdo con el gobierno para el establecimiento de una representación permanente de la Organización Internacional del Trabajo en Colombia. El mandato de esta oficina es fomentar y defender los derechos de los sindicalistas, así como monitorear las investigaciones sobre homicidios de sindicalistas llevadas a cabo por una unidad especial de la Fiscalía General de la Nación. Esta unidad ha resuelto algunos casos de gran repercusión, pero los autores de la mayoría de los más de 2.200 homicidios de sindicalistas cometidos desde 1991 todavía no han sido puestos a disposición judicial.


Abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario cometidos por grupos guerrilleros

Los grupos guerrilleros siguen cometiendo abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario como homicidios deliberados de civiles, secuestros y toma de rehenes. Se cree que actualmente las FARC tienen unos 700 rehenes, sometidos, en muchos casos, a condiciones espantosas. Amnistía Internacional también siente preocupación por la disputa entre las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Arauca, que ha tenido como resultado el homicidio de cientos de civiles durante los últimos años, y por el persistente uso de minas antipersonal por los grupos guerrilleros, práctica que ha causado numerosas muertes, tanto de combatientes como de civiles. Las FARC también fueron presuntamente responsables de muchos de los aproximadamente 29 homicidios de candidatos electorales durante el periodo previo a los comicios locales de octubre de 2007. Amnistía Internacional sigue recibiendo numerosos testimonios sobre reclutamiento forzado de menores de edad tanto por grupos guerrilleros como por grupos paramilitares. La organización también ve con preocupación los ataques indiscriminados con explosivos que han tenido lugar en varias zonas urbanas y que en algunos casos las autoridades han atribuido a las FARC.



D. Recomendaciones


Amnistía Internacional insta al gobierno a:


  • Comprometerse a aplicar de manera pronta e integral las recomendaciones en materia de derechos humanos formuladas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros órganos de la ONU.

  • Retirar la declaración formulada en virtud del artículo 124 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la declaración por la que Colombia trata de limitar la competencia de la Corte en un caso relacionado con crímenes políticos que podría ser objeto de procesamiento ante la Corte.

  • Condenar públicamente las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por las fuerzas de seguridad, manifestar inequívocamente que dichas violaciones no serán toleradas y adoptar medidas efectivas destinadas a impedir su comisión y a enjuiciar a sus autores ante tribunales civiles.

  • Adoptar medidas dirigidas a garantizar que el sistema de justicia militar no reclame la jurisdicción de casos relativos a los derechos humanos en los que estén implicados miembros de las fuerzas de seguridad.

  • Garantizar que los autores de abusos contra los derechos humanos, incluidos los miembros de grupos paramilitares y grupos guerrilleros, no se beneficien de medidas legislativas que los eximan del procesamiento o la condena. Las autoridades judiciales deben investigar exhaustivamente a los paramilitares presuntamente desmovilizados que, sin embargo, recibieron indultos de facto en aplicación del Decreto 128, y deben exigir que rindan cuentas de sus actos.

  • Asegurar que se investigue adecuadamente a terceros, ya se trate de miembros de las fuerzas de seguridad, funcionarios del Estado, autoridades gubernamentales o figuras políticas que hayan sido responsables de conductas equivalentes a complicidad en los actos ilegítimos de los grupos paramilitares, y que se les exija que rindan cuentas ante un tribunal de justicia.

  • Establecer un proceso justo y transparente destinado a identificar y restituir todas las tierras y otros bienes robados por paramilitares, incluidos aquellos transferidos a terceros, y fijar un plazo para la devolución de dichos bienes a sus propietarios legítimos o a los familiares de éstos.

  • Garantizar que los grupos paramilitares, que todavía actúan con la complicidad o aquiescencia de las fuerzas de seguridad, sean disueltos, desarmados y enjuiciados efectivamente.

  • Reconocer la legitimidad de la labor de defensa de los derechos humanos, abstenerse de formular declaraciones públicas en las que se cuestione la legitimidad del trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos, adoptar medidas efectivas para asegurar que todos los funcionarios del Estado, incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad, respeten dicho trabajo, y garantizar que los autores de acusaciones infundadas o no corroboradas contra defensores o defensoras de los derechos humanos sean objeto de sanción adecuada.

  • Asegurar que se lleven a cabo investigaciones criminales de carácter exhaustivo e imparcial sobre los abusos cometidos contra los derechos humanos de sindicalistas y de defensores y defensoras de los derechos humanos y que se exija a los responsables que rindan cuentas de sus actos.

  • Tomar medidas efectivas para impedir el desplazamiento de comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y otras comunidades que mantengan una dependencia o vinculación especial con sus tierras en zonas de conflicto y áreas de importancia económica.

  • Garantizar la plena participación de ONG en los equipos especiales creados mediante la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los niños y los conflictos armados, la coordinación eficaz con la ONU en lo relativo al mecanismo de supervisión y presentación de informes y la inclusión de la violencia sexual como una categoría específica para la aplicación de este mecanismo. Asimismo, reconocer que los paramilitares, así como los grupos guerrilleros, siguen reclutando menores de edad y que en este sentido no deben ser retirados de la lista confeccionada por el secretario general de la ONU en la que se indican las partes que reclutan o utilizan niños o niñas en situaciones de conflicto armado.


Amnistía Internacional también exhorta a los grupos guerrilleros a:


  • Reconocer públicamente su obligación de cumplir plenamente con las disposiciones del derecho internacional humanitario y formular el compromiso público de respetar el derecho internacional de los derechos humanos.

  • Aplicar de forma exhaustiva e inmediata las recomendaciones que les ha dirigido la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

  • Poner en libertad de forma inmediata e incondicional a todos los civiles que se hallen en poder de sus fuerzas y comprometerse a poner fin de inmediato a los secuestros y la toma de rehenes.

Apéndice: Documentos de Amnistía Internacional para consulta adicional2


Colombia: Leave us in Peace!: Targeting Civilians in Colombia’s Internal Armed Conflict (fecha prevista de publicación, en septiembre de 2008), Índice AI: AMR 23/023/2008.


Colombia: La extradición de los jefes paramilitares no debe suponer el cierre de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos, 13 de mayo de 2008, Comunicado de prensa de AI.


Colombia: Todos los rehenes deben ser liberados con carácter urgente, 27 de febrero de 2008, Comunicado de prensa de AI.


Colombia: Hay que poner fin a los homicidios de candidatos electorales, 17 de octubre de 2007, Índice AI: AMR 23/037/2007.


Sindicalismo en Colombia: Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte, 3 de Julio de 2007, Índice AI: AMR 23/001/2007.

Colombia: Temor e intimidación. Los peligros del trabajo por los derechos humanos, 7 de septiembre de 2006, Índice AI: AMR 23/033/2006.

Colombia: Carta abierta a los candidatos presidenciales, 27 de abril de 2006, Índice AI: AMR 23/013/2006.

Colombia: Informar, hacer campaña y servir a la ciudadanía sin temor: Los derechos de periodistas, candidatos electorales y funcionarios electos, 9 de febrero de 2006, Índice AI: AMR 23/001/2006

Colombia: Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización?, 1 de septiembre de 2005, Índice AI: AMR 23/019/2005.

Colombia: Cuerpos marcados, crímenes silenciados. Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado, 13 de octubre de 2004, Índice AI: AMR 23/040/2004.

Colombia: Un laboratorio de guerra. Represión y violencia en Arauca, 20 de abril de 2004, Índice AI: AMR 23/004/2004.




1 Adoptadas mediante Decisión 6/102 del Consejo de Derechos Humanos, que da seguimiento al apartado I de la Resolución 5/1 adoptada por el Consejo de Derechos Humanos el 27 de septiembre de 2007.

2 Todos estos documentos están disponibles en el sitio web de Amnistía Internacional: http://www.amnesty.org/en/region/americas/south-america/colombia

Índice AI: AMR 23/026/2008 Amnistía Internacional, julio de 2008

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