Document - Colombia:Human rights defenders under increasing attack: Human rights defenders network update

Amnistía Internacional

COLOMBIA

Aumentan los ataques contra

defensores de los derechos humanos

Actualización de la Red de Defensores de los Derechos Humanos

Marzo de 1998 RESUMEN Índice AI: AMR 23/17/98/s

DISTR: SC/CO/GR (14/98)

La crisis de los derechos humanos en Colombia ha alcanzado proporciones alarmantes. El creciente conflicto se ha caracterizado por un flagrante desprecio de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional por parte de todos los bandos enfrentados. El coraje y la tenacidad de los defensores de los derechos humanos en Colombia ha permitido que se conozca una parte de la verdad sobre esta crisis y que se identifique a algunos de los numerosos perpetradores. Precisamente por esta razón, los defensores de los derechos humanos están sometidos a una campaña sistemática de intimidación, acoso y agresiones que a algunos les ha supuesto la muerte, mientras que a otros muchos los obliga a vivir en el temor permanente por su integridad física.

Este documento es una actualización de otro anterior titulado Colombia: No hay seguridad para los defensores de los derechos humanos, publicado en mayo de 1997 (AMR 23/32/97/s); en él se ponen al día los casos de abuso contra los defensores de los derechos humanos descritos en aquel documento y se informa de nuevos casos y del ambiente progresivamente hostil que rodea a estas personas. Los casos presentados ilustran la situación de inseguridad permanente en que se encuentran los defensores de los derechos humanos, así como las medidas adoptadas hasta la fecha por el gobierno de Colombia para reconocer la legitimidad de su labor y garantizar su seguridad. Con este documento también se pretende llamar la atención sobre la estrategia de las fuerzas armadas para atacar la credibilidad de las organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, en un intento de retratar a los defensores de los derechos humanos como colaboradores de la guerrilla y así convertirlos en objetivos legítimos de la lucha contra la insurgencia.

Este informe resume el documento titulado Colombia: Aumentan los ataques contra defensores de los derechos humanos. Actualización de la Red de Defensores de los Derechos Humanos (Índice AI: AMR 23/17/98/s), publicado por Amnistía Internacional en marzo de 1998. Si desean conocer más datos o emprender acciones al respecto, consulten el documento principal.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

Amnistía Internacional

COLOMBIA

Aumentan los ataques contra

defensores de los derechos humanos

Actualización de la Red de Defensores de los Derechos Humanos

Marzo de 1998

Índice AI: AMR 23/17/98/s

Distr: SC/CO/GR

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

COLOMBIA

Aumentan los ataques contra

defensores de los derechos humanos

Actualización de la Red de Defensores de los Derechos Humanos

El 9 de septiembre de 1997, Día Nacional de los Derechos Humanos en Colombia, el presidente Samper, en una declaración pública, volvió a situar los derechos humanos en la cima de su programa político. Una vez más sostuvo que el gobierno colombiano apoyaba a los que trabajan en favor de los derechos humanos y reconoció la legitimidad e importancia de su labor. Sin embargo, como ocurre tantas veces, la retórica oficial no se corresponde con la situación de progresiva inseguridad que deben afrontar los defensores de los derechos humanos en todo el país.

Ha habido nuevas campañas de hostigamiento, amenazas y ataques contra organizaciones humanitarias y de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. Numerosas organizaciones de derechos humanos muy conocidas, como la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colombia (ASFADDES), se han visto obligadas a cerrar sus centros en la región tras las repetidas amenazas a sus miembros. Defensores de los derechos humanos de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) se han visto impulsados a buscar seguridad temporalmente fuera de Colombia. En julio de 1997, Amnistía Internacional cerró la oficina de su Sección en Bogotá después de que sus miembros fueron reiteradamente amenazados de muerte. En diciembre de 1997 fue forzada la entrada de la sede de Diakonia, ONG humanitaria suiza, y sus archivos fueron robados. Posteriormente, el personal de Diakonia recibió amenazas de muerte. El 27 de febrero de 1998, Jesús María Valle Jaramillo, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia, ONG ampliamente respetada en Medellín, fue abatido a disparos en su oficina por unos pistoleros.

El gobierno de Colombia ha dado algunos pasos para proporcionar mayor seguridad a ciertas organizaciones de derechos humanos. La Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos (del Ministerio de Gobierno) entró en funciones en 1997 con el cometido de ofrecer medidas de seguridad a los que se enfrentan a amenazas o ataques. Se han celebrado reuniones periódicas entre las ONG y este nuevo organismo oficial a fin de establecer un entorno de trabajo más seguro para los defensores de los derechos humanos. En los últimos meses, la Unidad Administrativa Especial ha instalado puertas a prueba de bombas y cámaras de vigilancia en las respectivas sedes de ASFADDES, el Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo» y la Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA). También se han ofrecido chalecos antibalas a los defensores de los derechos humanos que colaboran con estas organizaciones. Amnistía Internacional ve bien que se provean estas medidas de seguridad, pero considera que ofrecen una protección muy limitada dado el clima de inseguridad que impera en el país, donde los defensores de los derechos humanos y sus familias están expuestos a sufrir violaciones de derechos humanos a cualquier hora del día o de la noche.

La mayoría de las veces no se identifica ni se procesa a los autores de amenazas y agresiones contra defensores de los derechos humanos. No obstante, ha habido ciertos avances en la investigación oficial sobre el homicidio de Carlos Mario Calderón, Elsa Constanza Alvarado y Carlos Alvarado Pantoja y las lesiones graves causadas a Elvira Chacón de Alvarado en mayo de 1997(AU 146/97, AMR 23/31/97/s, del 20 de mayo de 1997). El clamor de protesta que estos homicidios brutales suscitaron dentro y fuera del país ha sido determinante para garantizar la continuación de la investigación oficial de los hechos. A finales de 1997, cinco personas fueron detenidas en relación con el crimen. Desde entonces se han presentado cargos contra cuatro de ellas, y la quinta ha sido puesta en libertad incondicional. En el momento de redactarse este documento, otras dos personas detenidas a comienzos de 1998 todavía no habían sido acusadas. Amnistía Internacional ve con satisfacción estos avances aparentemente positivos sobre el caso, pero sigue insistiendo en la necesidad de una investigación exhaustiva y completa para que todos los que planearon y ejecutaron el ataque comparezcan ante los tribunales. Asimismo, la organización considera fundamental que, además de proporcionar sistemas de seguridad a los defensores de los derechos humanos, las autoridades colombianas tomen medidas urgentes para garantizar la investigación efectiva de todos los casos de intimidación y agresión contra defensores de los derechos humanos y el procesamiento de los responsables.

Retórica y realidad: Las fuerzas de seguridad endurecen su campaña contra los defensores de los derechos humanos.

En julio de 1997 se promulgó la Directiva Presidencial No. 11 dirigida a todas las instituciones del Estado, incluidas las fuerzas de seguridad; en ella se reafirmaba el apoyo del gobierno a las ONG de derechos humanos y se ordenaba a todos los representantes del Estado que reconociesen la legitimidad de su trabajo. La directiva daba orden a todos los funcionarios públicos de «abstenerse de incurrir en la formulación de falsas imputaciones o en conductas que menoscaben el derecho de defensa, al debido proceso y a la honra del sindicado».

A pesar de esta orden presidencial de respetar a los defensores de los derechos humanos y a las organizaciones con las que trabajan, de manera simultánea y extraoficial las fuerzas de seguridad han puesto en marcha una campaña para transmitir, con bastante notoriedad, la idea contraria: que en realidad el colectivo de ONG es el brazo político encubierto de la oposición armada.

El propósito de las fuerzas de seguridad parece ser el de debilitar la credibilidad de ONG humanitarias y de derechos humanos nacionales e internacionales, de forma que las personas que trabajan en ese terreno puedan considerarse objetivos legítimos en la guerra contra la insurgencia que está librando el ejército en compañía de sus socios paramilitares. La experiencia pasada demuestra que las acusaciones contra organizaciones e individuos por parte de oficiales del ejército suponen en la práctica una invitación clara a los grupos paramilitares a elegirlos como víctimas de graves violaciones de derechos humanos, como ejecución extrajudicial, secuestro, acoso y amenazas. Las acusaciones contra defensores de los derechos humanos a menudo se difunden mediante informes extraoficiales y filtraciones «accidentales» a la prensa que las autoridades militares desautorizan y niegan fácilmente. Sin embargo, no cabe ninguna duda de que quienes lanzan las acusaciones son perfectamente conscientes de sus consecuencias.

En julio el general Manuel José Bonnet, ex comandante del Ejército Nacional y actual comandante general de las Fuerzas Militares, hizo un llamamiento a «las Organizaciones No Gubernamentales para que cesen sus ofensas contra las autoridades colombianas, a través de las declaraciones negativas que permanentemente conceden ante los medios de comunicación extranjeros» [El Colombiano, 24/7/97].

En noviembre de 1997 un grupo influyente, formado por varios generales del ejército en el retiro y un ex ministro de Defensa entre otros, publicó un informe extraoficial titulado Evaluación del conflicto interno colombiano: Organizaciones No Gubernamentales y derechos humanos en el que se hacían graves acusaciones contra diversas organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Amnistía Internacional. El documento fue ampliamente distribuido entre representantes de gobiernos europeos y organismos de las Naciones Unidas. En él se asegura que las ONG han «resuelto apoyar el proceso subversivo en Colombia mediante el ataque sistemático al estado de derecho y a la vez mediante el apoyo directo o indirecto a la guerra política y militar» y que «la temática de los derechos humanos hace parte de una conspiración orquestada».

También en noviembre de 1997, una ONG nacional reveló un informe de 94 páginas de la Inteligencia Militar que databa de 1994. El informe salió a la luz cuando unos abogados defensores estaban verificando las pruebas de cargo en una investigación judicial y descubrieron que las acusaciones contra los procesados se basaban exclusivamente en el contenido de ese antiguo documento. El caso sirve para ilustrar el modo en que la información secreta militar, aun siendo atrasada o insustancial, puede servir como prueba en los enjuiciamientos penales (véase el subapartado Preocupaciones respecto a la justicia regional). Más tarde se hizo público el contenido del informe, en un intento de demostrar hasta qué extremo la Inteligencia Militar considera subversivo todo activismo social y, en particular, la labor de defensa de los derechos humanos.

En el informe se citaba a más de cincuenta miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos de todo el país vinculándolos al terrorismo y acusándolos de servir de fachada a grupos armados de oposición. Uno de los citados es Alirio Uribe Muñoz, presidente del Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo», agrupación de letrados que suelen defender los derechos legales de presos políticos y actuar en representación de las víctimas en causas abiertas contra miembros del ejército acusados de violaciones de derechos humanos. Este Colectivo de Abogados recibió dos premios internacionales en 1996 por su trabajo en pro de los derechos humanos.

Según el documento de la Inteligencia Militar, Alirio Uribe Muñoz «viene realizando una campaña para que los bandoleros recluidos en las diferentes cárceles sean declarados presos políticos» y eso demuestra que está relacionado con grupos armados de oposición. A finales de 1997, Miguel Puerto Barrera, letrado que trabaja para el Colectivo de Abogados y se dedica a preparar demandas judiciales contra miembros del ejército acusados de violaciones de derechos humanos en el departamento de Arauca, fue, según informes, declarado «objetivo militar» de la XVIII Brigada por fuentes militares locales.

Estos ataques públicos a la credibilidad de los trabajadores pro derechos humanos han coincidido con una serie de detenciones en todo el país de personas relacionadas con organizaciones de derechos humanos. También se han dictado órdenes de detención contra varias personas más. Una constante en la cobertura informativa de estas detenciones e investigaciones ha sido la rapidez y disposición con que altos cargos militares o elementos próximos al ejército han formulado acusaciones veladas contra todos los que trabajan en favor de los derechos humanos, insinuando que pertenecen a la oposición armada o que actúan en su nombre. Tales imputaciones sin fundamento se han presentado como si fueran exposiciones de hechos, confirmados por «pruebas» que no se han llegado a concretar. La publicación sistemática de estas afirmaciones no sólo ha perjudicado la situación de las personas detenidas o expuestas a la detención, sino que revela claramente un intento de erosionar la legitimidad de todas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y humanitarias. De hecho, parece probable que algunos de los arrestos se hayan practicado con ese propósito.

Tras la detención en septiembre de 1997 de cuatro trabajadores pro derechos humanos en Bucaramanga, departamento de Santander, el general Rafael Hernández López¹, comandante de la II División del ejército, declaró a través de la prensa que las detenciones servían para «desenmascarar la manipulación que hace el ELN²de algunas ONG nacionales e internacionales, valiéndose de ellas para desprestigiar el Estado colombiano» [Vanguardia, 24/9/97]. Tales aseveraciones infundadas por parte de oficiales del ejército son ya un tópico en los medios de comunicación colombianos y ponen en peligro la integridad física de todos aquellos que trabajan en la defensa de los derechos humanos.

En esos mismos informes emitidos por los medios de comunicación acerca de los arrestos de Bucaramanga, oficiales de alta graduación del ejército formulaban la acusación infundada de que parte de los fondos de Amnistía Internacional y la Unión Europea (UE) destinados a proyectos de ayuda humanitaria en la zona se estaban desviando al ELN. Esta afirmación carecía del más mínimo fundamento; de hecho Amnistía Internacional no está aportando fondos a ningún proyecto en el departamento de Santander, y los coordinadores del proyecto de ayuda humanitaria de la UE en Colombia —Consejería en Proyectos— han comprobado que no existió tal malversación de fondos.

A pesar de que esta campaña propagandística contra los defensores de los derechos humanos y las organizaciones con las que colaboran contraviene claramente el espíritu y la letra de la Directiva Presidencial No. 11 de agosto de 1997 y de la declaración que hizo el presidente el 9 de septiembre de 1997, el Ejecutivo no ha intentado en ningún momento disciplinar o reconvenir a los responsables. Al perseverar en la actitud de no enfrentarse a quienes están detrás de esta campaña propagandística, el gobierno da pie a los que atacan a los defensores de los derechos humanos a creer que su estrategia cuenta con cierto grado de aprobación oficial y que podrán beneficiarse de la impunidad que protege a la inmensa mayoría de los autores de violaciones de derechos humanos en Colombia.

Ataques contra los defensores de los derechos humanos

En general se han observado en los últimos meses tres tipos de campaña contra los defensores de los derechos humanos:

. vigilancia intensiva e intimidante por parte de grupos desconocidos de los que las autoridades afirman no tener noticia. Estas campañas de hostigamiento con frecuencia se acompañan de amenazas de muerte escritas y de palabra;

. ejecución extrajudicial, secuestro, acoso, vigilancia, agresiones y amenazas de muerte directas por parte de miembros de grupos paramilitares;

. detención y procesamiento ante tribunales de «justicia regional» sobre la base de «pruebas» suministradas por la Inteligencia Militar.

i) Campañas de hostigamiento y amenazas contra organizaciones de derechos humanos

Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA)

MINGA es una organización nacional de derechos humanos con sede en Bogotá que se dedica a denunciar los abusos contra los derechos humanos cometidos en todo el país, especialmente en los departamentos de Cesar, Norte de Santander y Bolívar. Sus miembros han sido objeto de amenazas y acoso en repetidas ocasiones. Amnistía Internacional ha documentado muchos de estos sucesos y ha emitido Acciones Urgentes en favor de estas personas (AU 204/95, AMR 23/52/95/s, 21 de agosto de 1995). A lo largo del año pasado, tanto la sede de MINGA como sus colaboradores fueron sometidos a intensas operaciones secretas de vigilancia.

En el documento Colombia: No hay seguridad para los defensores de los derechos humanos (AMR 23/32/97/s) se mencionaba un debate celebrado en el Parlamento de Colombia el 6 de diciembre de 1996, emitido por la televisión nacional, durante el cual el senador Pablo Victoria aseguró que algunos miembros de MINGA, entre otras organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, colaboraban con grupos guerrilleros y que su único objetivo era desacreditar al Estado colombiano. El senador aseguró tener en su poder una serie de conversaciones telefónicas grabadas por la Inteligencia Militar. A continuación leyó en público los datos de una cuenta bancaria de MINGA así como de la financiación que la organización recibía de agencias humanitarias internacionales. El gobierno colombiano no ha expresado en ningún momento su rechazo a las afirmaciones del senador Victoria, ni tampoco ha dado explicación alguna de por qué la Inteligencia Militar estaba grabando clandestinamente las conversaciones telefónicas de una organización nacional de derechos humanos.

Ese mismo día, mientras tenía lugar el debate en el Congreso, Ludivia Giraldo, destacada integrante de MINGA, fue seguida de cerca por dos hombres y una mujer durante varias horas. A lo largo de las semanas siguientes, la vigilancia de la sede de MINGA y de sus miembros fue constante.

El 29 de septiembre de 1997, la operación de vigilancia se reactivó visiblemente. Un grupo de individuos sin identificar vestidos de civil fueron vistos observando el edificio donde se ubica la sede de MINGA. Los hombres se apostaron en las calles colindantes y delante de la casa; algunos tomaron posiciones en la propia entrada del edificio. Cuando los miembros de la organización salieron, comenzaron a seguirlos.

Ese mismo día, el personal de la oficina de MINGA recibió una llamada anónima por una línea externa que prácticamente acababan de instalar. La persona que llamaba profirió graves insultos —«hijueputas y malparidas»— contra los colaboradores de MINGA.

Al día siguiente, 30 de septiembre de 1997, continuó la vigilancia a cargo de unos individuos desconocidos a los que se vio espiando el edificio desde las proximidades, entre ellos dos jóvenes que instalaron puestos de dulces enfrente de la entrada principal. Durante toda la mañana y la tarde se los vio tomando buena nota de cada persona que entraba o salía del edificio.

El 1 de octubre, dos empleados de MINGA que salían de las oficinas de Coordinación Colombia Europa fueron fotografiados por un hombre que se desplazaba en un taxi. A continuación el vehículo se alejó a toda velocidad.

El 2 de octubre de 1997, miembros de MINGA y voluntarios de las Brigadas Internacionales de Paz³que los acompañaban en ese momento vieron a cuatro hombres con una actitud sospechosa a la entrada del edificio Los Andes. Uno de ellos llevaba una cámara.

Amnistía Internacional no niega que las autoridades tengan derecho a investigar a personas sospechosas de realizar actividades ilícitas. Pero hasta la fecha ninguna autoridad ha asumido responsabilidades por dirigir la operación de vigilancia contra MINGA. Las autoridades no han sido capaces de dar una explicación o justificación de la operación y, que se sepa, tampoco han emprendido ninguna investigación para localizar a los responsables de dirigirla.

Informes recientes parecen indicar que las autoridades colombianas se están tomando en serio las amenazas contra MINGA y han dotado la sede de la organización de algunos sistemas de seguridad. Amnistía Internacional ve con agrado estas medidas para aumentar la seguridad de las instalaciones de MINGA, pero ha seguido pidiendo a las autoridades colombianas que adopten todas las medidas de seguridad que la organización estime oportunas, la más importante de todas que se realice una investigación completa y exhaustiva sobre la campaña de acoso y amenazas contra la organización y sus trabajadores.

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES)

El 22 de julio de 1997, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución (CDH-S/721) por la cual instaba al gobierno colombiano a aplicar medidas provisionales en favor de los miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), organización nacional que presiona a las autoridades para que se investigue y se procese a los responsables de la «desaparición» de sus familiares.

Los miembros de esta organización, cuya labor pone en peligro la impunidad de que disfrutan los miembros de las fuerzas de seguridad que cometen violaciones de derechos humanos, han sufrido hostigamiento, amenazas y ataques en reiteradas ocasiones. En junio de 1997 hizo explosión una bomba en un edificio de Medellín donde ASFADDES tiene uno de sus centros regionales. En agosto, María Eugenia Cárdenas, directora regional de la organización en Riosucio, departamento de Caldas, fue objeto de amenazas por parte de un individuo que iba armado con granadas y que amenazó con volar la sede local (actualización del 27 de agosto de 1997 de la Acción Urgente AU 191/97, AMR 23/64/97/s, 27 de junio de 1997). La organización se vio obligada a cerrar temporalmente sus oficinas como consecuencia de estas amenazas contra sus colaboradores. El temor por la seguridad de María Eugenia Cárdenas, sus familiares y los miembros de ASFADDES en general aumentó con el secuestro y homicidio de su primo, José María Cárdenas, en el pueblo de Bajo Pirza, departamento de Caldas, el 3 de diciembre de 1997; según los informes, fue un acto de represalia por los perseverantes intentos de la familia de que se hiciera justicia respecto a la «desaparición» de varios de sus miembros en 1992 (AU 386/97, AMR 23/84/97/s, 9 de diciembre de 1997). Las amenazas de muerte formuladas en los últimos años contra el personal de ASFADDES han obligado a la organización a cerrar temporalmente otras oficinas regionales, como la de Ocaña, en el departamento de Santander.

La decisión de la Corte Interamericana por la que se pedía al gobierno colombiano que protegiera la seguridad de los miembros y las instalaciones de ASFADDES dispone:

- la adopción de medidas de seguridad efectivas que garanticen la integridad física de los miembros de ASFADDES, que deberían ser acordadas entre el gobierno colombiano y las personas susceptibles de recibir dicha protección a fin de garantizar su eficacia e idoneidad;

- la puesta en marcha de una investigación eficaz sobre la campaña contra ASFADDES como elemento central de las medidas de protección;

- la adopción de medidas por parte del gobierno colombiano para garantizar que todos los centros de ASFADDES cuentan con la protección necesaria para proseguir su actividad normal sin peligro para el personal que trabaja en ellas, en particular las oficinas de Medellín y Ocaña;

- la obligación del gobierno colombiano de informar periódicamente a la Corte sobre las iniciativas que ha tomado para aplicar las medidas provisionales.

En su respuesta oficial a la Corte Interamericana, emitida el 6 de agosto de 1997, el gobierno colombiano reconocía que el derecho internacional le obligaba a acatar las decisiones pero ponía en duda el derecho de la Corte a tomar tal decisión, alegando que seguía en curso una investigación sobre las amenazas recibidas por miembros de ASFADDES en 1994 y que, por lo tanto, no se habían agotado todos los recursos del ordenamiento jurídico nacional, requisito indispensable para poder solicitar las medidas provisionales de la Corte Interamericana. El gobierno colombiano pasaba por alto en su argumentación el hecho de que se había permitido que la investigación inicial se estancara y no había dado resultados positivos.

El 4 de noviembre de 1997, representantes del gobierno colombiano y ASFADDES se reunieron para debatir las posibles medidas de protección. Se acordó que las autoridades suministrarían fondos para costear el reasentamiento provisional de 18 miembros de ASFADDES y de sus familias en varias zonas del país. Además, las autoridades policiales presentaron estudios para la seguridad de cinco de los centros más amenazados de la organización. Hace poco, Amnistía Internacional ha sido informada de que las autoridades han dotado la sede central de ASFADDES de algunas medidas de seguridad.

El 11 de noviembre de 1997, la Corte Interamericana decidió prorrogar por otros seis meses el requisito impuesto al gobierno colombiano de ofrecer medidas especiales de protección a los miembros de ASFADDES. La decisión volverá a ser estudiada en mayo de 1998.

ii) Los grupos paramilitares siguen dirigiendo sus actividades contra los defensores de los derechos humanos

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia «Héctor Abad Gómez» (CPDH)

El 27 de febrero de 1998, unos pistoleros sin identificar mataron a tiros en su despacho de Medellín (departamento de Antioquia) a Jesús María Valle Jaramillo, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia «Héctor Abad Gómez» (CPDH), ONG de derechos humanos ampliamente respetada. Según informes, en las últimas semanas había recibido varias amenazas de muerte debido a su labor relacionada con los derechos humanos. En concreto, Jesús María Valle Jaramillo había denunciado una serie de matanzas cometidas por grupos paramilitares en el departamento de Antioquia en los meses precedentes, como el asalto a su propia localidad natal de Obtenga, durante el cual los paramilitares habían matado a diecisiete personas al menos. También había denunciado públicamente que algunos grupos paramilitares responsables de violaciones generalizadas de los derechos humanos actuaban de común acuerdo con las fuerzas armadas colombianas.

Jesús María Valle Jaramillo era profesor universitario y concejal local por el Partido Conservador. Según los informes, antes de matarlo los pistoleros le dijeron: «Usted es muy importante para nosotros, pero no deja de ser un problema». Antes que él habían muerto del mismo modo otros tres presidentes del CPDH, el doctor Héctor Abad Gómez entre ellos, en 1987 y 1988. Nunca se ha llegado a procesar a los responsables.

Personas que en su día denunciaron violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad o sus socios paramilitares fueron después ellas mismas víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Del mismo modo, a quienes denunciaron públicamente la existencia de estrechos vínculos entre las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares los han acusado de simpatizar con la guerrilla y sometido a amenazas de muerte y graves violaciones de derechos humanos.

Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS)

La región central de Magdalena Medio es una de las zonas de Colombia más afectadas por el conflicto armado entre el ejército y sus socios paramilitares y los grupos guerrilleros. La población civil se ha visto reiteradamente sometida por ambas partes a violaciones de los derechos humanos tales como «desapariciones», ejecuciones extrajudiciales, amenazas e intimidación. La labor de los defensores de los derechos humanos es particularmente importante a la hora de sacar a luz abusos que, de otro modo, permanecerían ocultos a la comunidad nacional e internacional. Por esa razón, los colaboradores de la organización de derechos humanos CREDHOS han sufrido reiterados actos de hostigamiento y ataques por parte de grupos paramilitares que actúan en estrecha colaboración con las fuerzas de seguridad. En los últimos diez años, seis activistas de CREDHOS han sido asesinados y varios más han tenido que exiliarse (véase Colombia: No hay seguridad para los defensores de los derechos humanos (AMR 23/32/97/s).

La peligrosa situación en que se encuentran los trabajadores locales pro derechos humanos ha llevado a las Brigadas Internacionales de Paz a ampliar el servicio de acompañamiento que esta organización presta a los miembros de CREDHOS. Los observadores de las Brigadas han sido testigos de la campaña de intimidación que soportan los colaboradores de CREDHOS. El 3 de septiembre de 1997, tres individuos armados que, según informes, los miembros de las Brigadas identificaron después como integrantes del Grupo de Autodefensas de Puerto Wilches —grupo paramilitar cuya actividad en la zona es sabida—, aparcaron un vehículo todoterreno en el exterior de la sede de CREDHOS. Cuando la persona que desempeña las funciones de presidente, abogado y secretario de CREDHOS salió del edificio en compañía de un miembro de las Brigadas para tomar un taxi, se oyó decir a uno de los ocupantes del todoterreno: «Mírenles bien». Después el taxi que tomaron fue seguido de cerca por el todoterreno a lo largo de varias manzanas de casas.

La reanudación de la campaña de intimidación contra los colaboradores de CREDHOS parece deberse a una reacción contra la recogida de testimonios que está haciendo la organización de personas que presenciaron acciones paramilitares en el municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander, en julio de 1997. Ese mes, CREDHOS denunció el secuestro y la «desaparición» de Misael Pinzón Granados a manos de miembros de un grupo paramilitar (AU 218/97, AMR 23/49/97/s, 17 de julio de 1997).

De acuerdo con la información recibida, entre los días 14 y 16 de julio de 1997, a los miembros de CREDHOS que fueron interceptados en controles instalados por grupos paramilitares se les dijo lo siguiente:

[...] para adelante depende de ustedes. No quiero nada de derechos humanos, no quiero la Defensoría, no quiero la Cruz Roja. Para mí valen mierda. [....] No quiero nada de denuncias, en sus hombros está la responsabilidad [...] Si de los Derechos Humanos se meten con nosotros les volamos la oficina.

El 3 de agosto de 1997, miembros del mismo grupo paramilitar que estaban realizando operaciones de registro en la carretera entre Barrancabermeja y Bucaramanga en la zona de La Fortuna, en los límites del municipio de Puerto Wilches, dijeron a los que paraban que estaban «buscando a los trabajadores de derechos humanos de Barrancabermeja».

Comité de Derechos Humanos de Sabana de Torres

El 23 de diciembre de 1997, en la localidad de Sabana de Torres, también sita en el departamento de Santander, Mario Humberto Calixto, miembro del Comité de Derechos Humanos de Sabana de Torres, se libró por poco de que un grupo de supuestos pistoleros lo secuestrara de su domicilio y posiblemente lo matara (AU 08/98, AMR 23/02/98/s, 8 de enero de 1998).

Mario Humberto Calixto ha sido amenazado de muerte en varias ocasiones por grupos paramilitares activos en la región (No hay seguridad para los defensores de los derechos humanos, AMR 23/32/97/s). Las amenazas contra él y otros miembros del Comité se intensificaron tras la publicación en noviembre de 1997 de un informe de la organización acerca de las violaciones de derechos humanos en la zona.

De acuerdo con la información recibida, Mario Humberto Calixto pudo escapar al intento de secuestro gracias a que dos voluntarios de las Brigadas que se alojaban en su casa lograron interponerse entre él y los dos pistoleros, permitiéndole escapar por la parte de atrás. Después huyó de la zona y desde entonces permanece escondido. En cambio, otros miembros del Comité continúan en la ciudad y corren un gran peligro. Es más, se teme que pueda haber represalias contra cualquier voluntario de las Brigadas por el papel de la organización en la frustración del secuestro.

Corporación Laboral Educativa Básica de Especialización Regional (CLEBER)

El 7 de octubre de 1997 se recibió en la sede de CLEBER, en Simití, departamento de Bolívar, una llamada telefónica en la que alguien amenazó de muerte al sacerdote francés Clemente Berel, asesor jurídico de la organización. Quien llamaba se identificó como «Maceto», acrónimo frecuentemente empleado por los grupos paramilitares, y dijo lo siguiente: «ya sabemos y tenemos confirmado que ese cura es colaborador y auxiliador de la guerrilla, dígale que tiene que abandonar ese pueblito en ocho días o si no lo legalizamos».

CLEBER es una ONG regional dedicada a promover proyectos de educación, comunicación y habilitación comunitaria en el sur del departamento de Bolívar. En los últimos años, la violencia derivada del conflicto civil ha supuesto que gran parte del trabajo de CLEBER se centre en la protección y promoción de los derechos humanos. Actúa en coordinación con la iglesia y con autoridades municipales y nacionales.

Desde que se fundó en 1986, los militares destacados en la zona han acusado reiteradamente a la organización y a sus miembros de tener vínculos con grupos guerrilleros. En 1992, un sargento del ejército reunió por la fuerza a los habitantes del pueblo de San Luis, municipio de Simití, y les dijo que el padre Berel era colaborador de la guerrilla.

En julio de 1997, fuerzas guerrilleras asaltaron el puesto policial de la localidad de Simití. El jefe de policía del departamento vecino de Santander acusó públicamente a la población de colaborar con fuerzas subversivas. La intensa actividad paramilitar en la región contra la población civil ha llevado a muchas comunidades rurales a huir de sus pueblos y parcelas.

A lo largo de agosto y septiembre de 1997, grupos de soldados del Batallón «Los Guanes», estacionado cerca de Simití, visitaron las oficinas de CLEBER para exigir información sobre las actividades de la organización, y en particular sobre el padre Berel. En agosto de 1997 empezó a correr el rumor de que los grupos paramilitares activos en la región planeaban bombardear las oficinas de CLEBER.

El padre Berel abandonó la zona, pero Amnistía Internacional sigue preocupada por la seguridad de los demás miembros de CLEBER y ha pedido a las autoridades que investiguen las amenazas proferidas contra la organización así como los presuntos vínculos existentes entre los grupos paramilitares de la zona y las autoridades militares de la región.

Pese a haber indicios firmes de la existencia de vínculos entre los grupos paramilitares y las fuerzas de seguridad, el gobierno lo sigue negando. En cambio, las autoridades repiten sin cesar la vieja promesa de que van a poner freno al progresivo poder de los grupos paramilitares, prefiriendo pasar por alto el hecho de que cada vez que han formulado esas mismas promesas, las fuerzas de seguridad han mostrado poca disposición a atacar la estructura de poder paramilitar. Es evidente que sin una investigación amplia e independiente sobre la relación entre las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares no es probable que tales promesas tengan mayores repercusiones que en el pasado, con lo cual los que están detrás de las actividades paramilitares seguirán gozando de impunidad.

En sus conversaciones con el gobierno colombiano, las organizaciones nacionales de derechos humanos han expresado su convencimiento de que la desarticulación de grupos paramilitares y el procesamiento de aquellos de sus miembros que hayan cometido violaciones de derechos humanos constituye una condición indispensable para dar solución a la crítica situación que atraviesan los defensores de los derechos humanos.

iii) Preocupaciones respecto a la justicia regional: incriminación de los trabajadores de derechos humanos

Amnistía Internacional ha expresado sus motivos de preocupación en relación con la administración regional de justicia en repetidas ocasiones, la última en un documento de marzo de 1997 titulado Resumen de los motivos de preocupación de Amnistía Internacional relativos a la aplicación por parte del gobierno colombiano del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(AMR 23/17/97/s). En el apartado titulado «Sistema de justicia regional y el derecho a un juicio con las debidas garantías» (pág. 14) se criticaba la «justicia sin rostro» o justicia regional porque socava gravemente el derecho a un juicio con las debidas garantías e incumple las normas internacionales sobre garantías procesales.

El sistema de justicia regional fue inicialmente concebido para facilitar el enjuiciamiento de delitos relacionados con la violencia política y el tráfico de drogas; sin embargo, Amnistía Internacional y otras muchas organizaciones han observado con inquietud que se aplica con frecuencia para criminalizar actos de protesta social y activismos de otra índole. El año pasado se registró un agudo incremento en el número de activistas de derechos humanos arrestados y juzgados en aplicación del sistema de justicia regional.

Lo que caracteriza básicamente a este sistema es que jueces, fiscales y testigos pueden permanecer en el anonimato, y que tanto el acceso de los abogados defensores a las pruebas como el derecho del acusado a refutarlas están gravemente restringidos. Los activistas de derechos humanos han denunciado una y otra vez la utilización de testigos anónimos cuyo testimonio no se puede rebatir. Según los datos de un caso, un testigo de cargo anónimo se hizo pasar por tres personas diferentes, corroborando falsamente su propio testimonio.

Amnistía Internacional ha expuesto en los siguientes términos las principales razones por las que considera que el sistema de justicia regional vulnera el derecho a un juicio justo:

- El acusado suele desconocer la naturaleza exacta de los cargos que se le imputan hasta poco antes de su comparecencia ante el tribunal;

- La utilización de testigos de cargo secretos que no pueden ser interrogados debidamente por la defensa vulnera el derecho a examinar a testigos;

- La utilización de pruebas secretas que no pueden ser examinadas debidamente por la defensa limita gravemente los medios para la preparación de la defensa;

- A pesar de que los interrogatorios a presos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad solamente se permiten en presencia del abogado defensor, en la práctica la policía judicial interroga a muchos en ausencia de su abogado, lo cual aumenta el riesgo de que se obtengan confesiones mediante tortura o coacción.

Los procesamientos son iniciados por las Fiscalías Regionales; aunque oficialmente son independientes, estas suelen tener su sede en cuarteles militares regionales y trabajan en estrecha colaboración con la inteligencia militar a la hora de reunir pruebas durante las investigaciones. En muchos casos se entrega al fiscal regional un informe de la Inteligencia Militar que sirve de base para la apertura de una investigación y constituye además la única prueba contra los acusados.

Colectivo de Derechos Humanos «Semillas de Libertad» (CODEHSEL)

En 1997, varios miembros de CODEHSEL, colectivo integrado por 15 organizaciones, fueron detenidos en el departamento de Antioquia junto con varios activistas sociales más por el cargo de «rebelión», después de haberse entregado al fiscal regional un informe elaborado por el VI Batallón de la XX Brigada del ejército⁴.

En dicho informe, que fue filtrado a los medios de comunicación, se citaba al comandante de la XVII Brigada, estacionada en la región de Urabá, afirmando que los grupos guerrilleros controlaban a varias organizaciones de apoyo «como son las oficinas de Derechos Humanos, las cuales tienen a su vez respaldo de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales» [El Colombiano, 3/10/97]. También se aseguraba en el documento que los miembros de CODEHSEL defendían a los presos políticos mediante la obstrucción de las investigaciones judiciales «utilizando artimañas y demás estrategias fraudulentas», y que «la naturaleza real de CODEHSEL es ser organismo fachada de la subversión». El informe proponía entregar al fiscal regional testimonios procedentes de testigos anónimos.

En agosto de 1997 el fiscal regional volvió a ordenar la detención de Ana Herminta Rengifo Durango, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS), y de los demás miembros de CODEHSEL, según informes basándose en el testimonio de esos testigos anónimos. Ana Herminta Rengifo Durango ya había estado detenida en enero de 1997 durante más de dos semanas por orden del fiscal regional adscrito a la Brigada XVII, después de haberse presentado parecidos cargos de «rebelión» contra ella.

Coincidiendo con su arresto se dictaron órdenes de detención contra otros tres líderes de ANDAS: Martha Inés Zapata, Gustavo Arenas Quintero y Gerardo Nieto Yantén. También se emprendieron investigaciones judiciales contra Bayron Ricardo Góngora Arango, abogado de la Corporación Jurídica Libertad; Jesús Ramiro Zapata, coordinador del Comité de Derechos Humanos del Municipio de Segovia y Nordeste Antioqueño; William García Cartagena, abogado que suele representar a presos políticos; y Blanca Lucía Valencia Molina, presidenta de SEMBRAR, organización especializada en la defensa de los derechos legales de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

El 24 de septiembre de 1997, cuando los miembros de ANDAS estaban detenidos y sometidos a investigación y las fuerzas de seguridad habían tachado públicamente a su organización de fachada de la oposición armada, Teódulo Ignacio Sibaja Martínez, presidente de la sección de ANDAS en Cartagena, fue abatido a tiros por dos hombres vestidos de civil. Según informes había recibido varias amenazas de muerte.

Amnistía Internacional reconoce que las autoridades colombianas están en su derecho de realizar investigaciones sobre personas de quienes sospechan que trabajan en favor de grupos armados de oposición. Sin embargo, algunos casos ocurridos en el pasado demuestran que una vez que los responsables de seguridad han afirmado públicamente la existencia de vínculos entre las organizaciones de derechos humanos y la oposición armada, los miembros de estas organizaciones quedan automáticamente expuestos a los ataques de grupos paramilitares. Más aún, las acusaciones sin fundamento formuladas por militares no sólo ponen en peligro a todos los defensores de los derechos humanos, sino que perjudican gravemente la causa de aquellos que están siendo investigados, además de infringir las garantías procesales.

El 19 de diciembre de 1997, Ana Herminta Rengifo Durango fue puesta en libertad después de que el fiscal regional recién asignado al caso decidió que había graves defectos en las pruebas presentadas en su contra. A pesar de su excarcelación, continuaron las investigaciones judiciales contra ella y otros acusados. El 2 de enero de 1998, el fiscal regional encargado del caso contra Jesús Ramiro Zapata y Blanca Lucía Valencia Molina suspendió la investigación tras decidir que las pruebas contra ambos eran falsas al haber sido aleccionados los testigos de cargo por miembros de las fuerzas de seguridad.

Corporación para la Reconstrucción Social y Económica de la Población Desplazada del Nororiente (Corporación REDES)

El 24 de octubre de 1997, en Bucaramanga, capital del departamento de Santander, efectivos militares y autoridades judiciales de Bogotá efectuaron una redada en las oficinas de la Corporación REDES, ONG que trabaja en favor de los desplazados por el conflicto armado.

Durante la operación se incautaron de gran cantidad de documentación perteneciente a la organización, que incluía informes económicos y expedientes de personas desplazadas registradas por la organización. Cuatro miembros de la junta directiva de REDES —Javier Orlando Marín Rodríguez, Yolanda Amaya Herrera, Socorro Rincón Chinchilla y Armando Valbuena Pallares— fueron detenidos por orden del fiscal regional y se encuentran en prisión preventiva por el cargo de «rebelión». Varias personas más han sido igualmente acusadas de «rebelión» en la misma investigación, aunque todavía no han sido detenidas. La redada y las detenciones se practicaron a partir de investigaciones realizadas por la XX Brigada (Inteligencia Militar).

Tras las detenciones, fuentes de la inteligencia militar reconocieron abiertamente que las pruebas confiscadas en las oficinas de REDES estaban en su poder y no en manos de los investigadores de la Fiscalía Regional, lo cual suscitó una gran inquietud respecto al modo en que la Fiscalía reunía y controlaba las pruebas, con implicaciones claras respecto a la imparcialidad de las investigaciones realizadas en estrecha colaboración con la Inteligencia Militar.

Sumado a esto, la presunción de inocencia en estos casos se ha socavado de manera irrevocable y las presuntas pruebas, que debían haber permanecido sub júdice, han sido publicadas o, peor todavía, aludidas sin haber sido demostradas ante un tribunal de justicia. En tales casos, cuando la defensa ha podido acceder a esas «pruebas», a menudo se ha encontrado con que consistían meramente en acusaciones sin fundamento formuladas por la Inteligencia Militar⁵.

La atención dedicada por los medios de comunicación a esta operación de registro volvió a caracterizarse por acusaciones infundadas de altos mandos del ejército contra defensores de los derechos humanos, con el propósito claro de relacionar al movimiento de defensa de los derechos humanos con una conspiración internacional comprometida con la causa de la oposición armada. Al parecer un oficial que tomó parte en algunas de estas redadas había dicho lo siguiente:

Ellos [los acusados] hacían parte de una estructura integrada por personas sin antecedentes subversivos, con capacidad económica definida, generalmente profesionales. Formaban una estructura de apoyo al ELN casi invisible y difícil de descubrir. [El Tiempo, 8/11/97]

Tales aseveraciones por parte del ejército, que infringen claramente las leyes que regulan el debido procedimiento legal, no han sido replicadas ni impugnadas por el gobierno colombiano a pesar de la Directiva Presidencial No. 11. De hecho, su silencio da credibilidad a las afirmaciones del ejército, convirtiendo acusaciones sin fundamento en aparentes exposiciones de hechos, y demuestra que las autoridades no se toman en serio el cumplimiento de su programa de derechos humanos. Una vez más, es el propio colectivo de ONG quien debe hacerse cargo de su propia defensa pública, pese a las reiteradas promesas del gobierno de ir a hacer frente a los ataques contra la legitimidad de las organizaciones de derechos humanos y de su labor.

Que las fuerzas de seguridad se consideran los verdaderos árbitros de la justicia quedó claro en una entrevista ofrecida a la prensa por el general Bonnett, comandante general de las Fuerzas Militares. Al preguntársele por los casos de los detenidos en Bucaramanga, pareció descartar cualquier preocupación respecto al cumplimiento de las garantías procesales debidas al afirmar que «el tipo es delincuente y la prueba está en que está detenido» [El Colombiano, 30/11/97]. Tal aseveración demuestra claramente que para el ejército, las personas arrestadas a tenor de los datos contenidos en informes de la Inteligencia Militar son necesariamente culpables, en mayor o menor grado, aun antes de haber comenzado el juicio.

Aun suponiendo que no se derive una sentencia condenatoria de los procesos, la estrategia militar de incriminar a los defensores de los derechos humanos tiene dos consecuencias: en primer lugar los acusados seguirán siendo culpables para el ejército al margen de cuál sea el resultado del proceso legal, y por lo tanto estarán igualmente expuestos a sufrir violaciones de derechos humanos; en segundo lugar, las redadas, detenciones e investigaciones sirven para propagar a través de los medios de comunicación acusaciones sin fundamento claramente dirigidas a desacreditar la labor de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, retratando al movimiento de derechos humanos como brazo político de la oposición armada. El fin último y hasta la fecha enormemente productivo de esta estrategia es convertir a todos los defensores de los derechos humanos en objetivos pretendidamente legítimos de la guerra contra la insurgencia que está librando el ejército con la ayuda de sus socios paramilitares.

Conclusiones y recomendaciones

El gobierno colombiano ha dado algunos pasos encaminados a la protección de las organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, todavía no ha hecho posible el procesamiento de los responsables de planear y ejecutar violaciones de derechos humanos contra defensores de los derechos humanos, que sería la medida más eficaz para evitar que los defensores de los derechos humanos sigan siendo perseguidos en el futuro.

Existe en el seno de las fuerzas de seguridad una estrategia coordinada para presentar a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales como portavoces subversivos de la oposición armada. El gobierno, pese a haber reiterado públicamente su apoyo al trabajo legítimo de los defensores de los derechos humanos, no ha emprendido ninguna acción eficaz para acabar con esta guerra propagandística declarada por las fuerzas de seguridad a los activistas de derechos humanos. La falta de voluntad o de capacidad del gobierno para enfrentarse a esta estrategia permite que se siga atacando a los defensores de los derechos humanos.

Una consecuencia de esta estrategia ha sido la incriminación de muchos defensores de los derechos humanos por el desempeño de sus actividades legítimas. El excesivo poder que detenta la Inteligencia Militar tanto en la administración regional de justicia como en la estructura del propio sistema de justicia regional, impide que el proceso judicial al que se somete a los acusados reúna las garantías procesales que exigen las normas internacionales.

Amnistía Internacional pide al gobierno de Colombia que cumpla sus promesas a los defensores de los derechos humanos:

- adoptando todas las medidas que los propios defensores de los derechos humanos estimen oportunas para garantizar su seguridad;

- garantizando investigaciones completas e imparciales sobre las violaciones de derechos humanos contra defensores de los derechos humanos, la publicación de sus conclusiones y el procesamiento de los autores materiales e intelectuales de estos crímenes;

- adoptando medidas eficaces para que todos los funcionarios públicos, incluidas las fuerzas de seguridad, actúen en consonancia con la política oficial declarada de reconocer la legitimidad del trabajo de los defensores de los derechos humanos y no calificarlos de subversivos, contestando públicamente a cualquier afirmación semejante y sancionando debidamente a los responsables;

- reformando el sistema de justicia regional a fin de ajustarlo a las normas del debido proceso contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que Colombia es país signatario.

Amnistía Internacional ha pedido a la comunidad internacional:

- que exprese su preocupación constante por la seguridad de los defensores de los derechos humanos y exhorte al gobierno colombiano a adoptar todas las medidas que los propios defensores estimen oportunas para su seguridad;

- que inste al gobierno colombiano a garantizar que se llevan a cabo investigaciones completas e imparciales sobre las violaciones de derechos humanos contra defensores de los derechos humanos, que se publican las conclusiones de dichas investigaciones y que se procesa a los autores materiales e intelectuales de los crímenes;

- que realice un seguimiento escrupuloso de las investigaciones judiciales contra los defensores de los derechos humanos y exhorte al gobierno colombiano a reformar el sistema de justicia regional con arreglo a las normas internacionales;

- que vigile atentamente el cumplimiento efectivo por parte del gobierno colombiano de su política declarada en materia de derechos humanos, incluida la manera de impedir que algunos funcionarios públicos sigan formulando acusaciones sin fundamento contra los defensores de los derechos humanos.

Sólo para miembros de AI Índice AI: : AMR 23/17/98/s

Distr. : SC/CO/GR

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