Document - Colombia: A summary of Amnesty International's concerns related to the Colombian Government's implementation of the ICCPR


Amnistía Internacional



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Resumen de los motivos de preocupación de Amnistía Internacional relativos a la aplicación por parte del gobierno colombiano del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

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Resumen de los motivos de preocupación de Amnistía Internacional relativos a la aplicación por parte del gobierno colombiano del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos


INTRODUCCIÓN


En Colombia, la prolongada crisis de derechos humanos se ha visto agravada desde agosto de 1994, fecha en que el presidente Ernesto Samper Pizano accedió al poder. El conflicto civil, caracterizado por un absoluto desprecio por los derechos humanos y los principios del derecho humanitario internacional, ha alcanzado niveles alarmantes en diversas regiones del país. El optimismo y la esperanza que generó inicialmente la política de derechos humanos del presidente Samper no se han visto justificados por los hechos, y cada vez suscita más dudas la voluntad política del gobierno para poner fin a las continuas y sistemáticas violaciones.


En 1995, más de 2.000 personas fueron víctimas de homicidios por motivos políticos y en 1996 se registró una cifra similar. Centenares de civiles no combatientes han resultado muertos en el curso de operaciones de contrainsurgencia, y miembros de grupos legales de oposición, sindicalistas, maestros, dirigentes campesinos y de comunidades indígenas, así como activistas de derechos humanos siguen siendo blanco de ataques debido a sus filiaciones políticas reales o supuestas. En muchas grandes y pequeñas ciudades, los «escuadrones de la muerte», que cuentan con el respaldo policial, continúan dando muerte a los denominados «desechables», entre los que figuran vagabundos, niños de la calle, homosexuales y delincuentes de poca monta. Durante los dos primeros años del gobierno de Samper, más de 300 personas «desaparecieron» tras ser detenidas por las fuerzas armadas y de seguridad o por las fuerzas paramilitares que actuaban con el apoyo o consentimiento de éstas. La tortura se sigue practicando de forma generalizada, sobre todo en las regiones más afectadas por el conflicto civil, y las fuerzas armadas y de seguridad colombianas siguen considerando subversiva la protesta social. La respuesta dada a estas protestas a menudo ha implicado el uso excesivo de la fuerza, que ha causado la muerte de civiles desarmados y, posteriormente, ha provocado amenazas e incluso la muerte de los organizadores de las protestas. Decenas de miles de personas quedaron sin hogar en 1996, engrosando las filas de los alrededor de 750.000 desplazados internamente por violencia política en la década pasada. Tan sólo con carácter excepcional se ha llevado ante los tribunales a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos. Los tribunales militares, que generalmente reclaman y ejercen jurisdicción sobre las investigaciones de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por los miembros de las fuerzas armadas, no procesan prácticamente nunca a los responsables de dichas violaciones.


Durante los dos primeros años del mandato de Samper, los conflictos armados se han extendido e intensificado. Tanto los grupos paramilitares como las organizaciones guerrilleras han extendido su control de territorio mediante ofensivas militares de un alcance sin precedentes en los últimos años. Los principales grupos armados de oposición, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) y el Ejército de Liberación Nacional (eln), han sido responsables de numerosos abusos contra el derecho internacional humanitario, como por ejemplo los homicidios arbitrarios y deliberados de supuestos opositores, y la toma y retención de centenares de rehenes. Entre las víctimas de homicidios arbitrarios y deliberados figuran personas que se resistían a ser secuestradas, desertores de las organizaciones guerrilleras, autoridades locales sospechosas de corrupción, personas acusadas de colaborar con los grupos militares y paramilitares, ladrones y traficantes de drogas de zonas urbanas. La toma y retención de rehenes está generalizándose cada vez más ya que el dinero procedente del pago de rescates se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos de los grupos de la guerrilla. A otras víctimas de secuestros se las mantiene recluidas por motivos políticos, con el fin de presionar a las autoridades para que accedan a las propuestas de los guerrilleros o de exigir publicidad para sus políticas. A algunas de las víctimas se les ha dado muerte por no haberse cumplido las condiciones del rescate.


Pese a las reiteradas promesas del gobierno del presidente Samper de desmantelar a las fuerzas paramilitares, los homicidios políticos llevados a cabo por estos grupos han aumentado enormemente en los últimos años. En las investigaciones oficiales e independientes salieron a la luz indicios contundentes del continuo apoyo de las fuerzas armadas a las organizaciones paramilitares. En los últimos dos años, diversas zonas del país se han visto especialmente afectadas por la actividad paramilitar, como por ejemplo los departamentos de Meta, Norte de Santander, Cesar, Santander, Sucre, Bolívar, Antioquia y Chocó. El gobierno no sólo ha incumplido su compromiso de erradicar a las organizaciones paramilitares, sino que ciertas medidas políticas adoptadas por el gobierno han contribuido sin duda a que estas organizaciones proliferen. A Amnistía Internacional le preocupa cada vez más que el programa del gobierno colombiano para la creación de una red nacional de Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (convivir), grupos civiles de vigilantes encargados de ayudar a las fuerzas de seguridad en las tareas de recolección de información relacionadas con las actividades de contrainsurgencia, fomente la escalada de violencia política. (Para obtener información más detallada, consulten el apartado sobre grupos paramilitares.)


Las operaciones militares llevadas a cabo por las fuerzas armadas regulares constituyeron la causa directa de violaciones graves de los derechos humanos, ya que en ellas se escogió a civiles como blanco de homicidios indiscriminados.


El Procurador Delegado para los Derechos Humanos declaró en noviembre de 1996 que su oficina había impuesto sanciones disciplinarias, incluidos 50 despidos, contra 126 miembros del ejército y de la policía por violaciones de derechos humanos. En el mismo periodo, el Procurador Delegado inició más de 600 causas contra miembros de las fuerzas de seguridad en relación con 1.338 víctimas de matanzas, torturas y «desapariciones». Según los organismos oficiales de derechos humanos, tales como la Procuraduría General de la Nación1y la Defensoría del Pueblo, el número de violaciones de derechos humanos cometidas directamente por las fuerzas armadas ha disminuido durante el mandato del presidente Samper. Sin embargo, se ha registrado un incremento en el número de abusos cometidos por los grupos paramilitares respaldados por el ejército. Las estadísticas de 1996 señalan que los grupos paramilitares cometieron aproximadamente el 48 por ciento de los homicidios por motivos políticos de personas no combatientes, los grupos guerrilleros fueron responsables de aproximadamente un 38 por ciento y el resto se atribuyeron a las fuerzas de seguridad.


La proliferación de la actividad paramilitar en muchas zonas del país constituye un testimonio de que el gobierno colombiano no ha aplicado las recomendaciones concretas efectuadas a este respecto por los mecanismos temáticos de la onu, entre los que figuran el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y el relator especial sobre la tortura. Pese a la situación de creciente gravedad en la que se encuentran los derechos humanos, el gobierno colombiano tampoco ha tomado medidas efectivas para aplicar otras recomendaciones clave efectuadas por los relatores especiales de la onu, otros organismos intergubernamentales, autoridades gubernamentales colombianas y organizaciones de derechos humanos no gubernamentales, entre ellas Amnistía Internacional. A esta organización le preocupa especialmente el hecho de que el gobierno colombiano no ha aplicado las recomendaciones de la onu para acabar con la impunidad que está beneficiando a los responsables de violaciones de derechos humanos. El hecho de que no se exijan responsabilidades a estas personas favorece que se sigan cometiendo de forma incontrolada violaciones graves de los derechos humanos, tales como la tortura, las «desapariciones» y las ejecuciones extrajudiciales.


La Constitución colombiana limita los poderes del gobierno en lo que se refiere a la declaración de estados de excepción, y prohíbe la prolongación indefinida de los mismos. Sin embargo, a pesar de estas salvaguardias constitucionales, el gobierno del presidente Samper ha seguido recurriendo frecuentemente a la declaración de estados de excepción. El estado de «conmoción interior» declarado en agosto de 1995 coincidió con una grave crisis política desencadenada por las investigaciones sobre la presunta financiación de la campaña electoral del presidente Samper en 1994 con dinero de organizaciones de narcotráfico. A pesar de que la Corte Constitucional anuló la declaración del estado de excepción al considerarla injustificada, el gobierno recurrió nuevamente a declarar un estado de «conmoción interior» en noviembre de 1995 tras el asesinato en la capital, Bogotá, de Álvaro Gómez Hurtado, dirigente del Partido Conservador. En ambos estados de excepción, el gobierno introdujo por decreto ley medidas de excepción autoritarias, muchas de las cuales fueron posteriormente presentadas al Congreso para que este órgano las convirtiera en disposiciones legislativas. En enero de 1996, la Corte Constitucional confirmó la constitucionalidad del estado de excepción declarado en noviembre de 1995, que se prorrogó por dos periodos de 90 días hasta julio de 1996. Las medidas aplicadas durante el estado de excepción permanecieron en vigor durante 90 días más.


La voluntad política del gobierno de cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos se vio gravemente afectada por la crisis política que amenazó su permanencia en el poder en 1995 y 1996. El gobierno no sólo no ha llevado a la práctica su programa de derechos humanos, sino que las políticas y medidas que ha adoptado han debilitado aún más las salvaguardias sobre derechos humanos y han contribuido a intensificar la crisis en la que éstos se encuentran. El debilitamiento político del gobierno y el no haber tomado medidas efectivas destinadas a cumplir sus compromisos de acabar con la impunidad, desmantelar a los grupos paramilitares e introducir otras medidas que garanticen el respeto de los derechos humanos fundamentales, han permitido que perpetúen ciertas prácticas generalizadas que infringen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (pidcp).


En agosto de 1996, el entonces Defensor del Pueblo de Colombia, el doctor Jaime Córdoba Triviño criticó duramente la trayectoria del gobierno en relación con los derechos humanos. Afirmó que la política de derechos humanos aplicada por el gobierno era «contradictoria, declinante, incoherente, errática, coyuntural, "maquillada" y hasta "populista"».



IMPUNIDAD


La impunidad es la piedra angular de las continuas «desapariciones», ejecuciones extrajudiciales, torturas y otras violaciones de derechos humanos que se llevan a cabo en Colombia. Los tribunales militares, que generalmente reclaman y ejercen la jurisdicción sobre las investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por los miembros de las fuerzas armadas, no hacen responder ante la ley a los responsables de dichas violaciones.


Cuando llegó al poder en agosto de 1994, el gobierno del presidente Samper se comprometió a tomar medidas efectivas para fortalecer el respeto de los derechos humanos en Colombia. El presidente Samper reconoció la importancia de poner fin a la impunidad y anunció la intención de su gobierno de introducir medidas destinadas a garantizar que los responsables de violaciones de los derechos humanos rindieran cuentas de sus actos ante la justicia. Inicialmente, el gobierno adoptó algunas medidas positivas al respecto.


En enero de 1995, el gobierno colombiano dio por primera vez el paso de reconocer la responsabilidad del Estado en los homicidios de 107 campesinos de Trujillo, departamento del Valle del Cauca, cometidos en el periodo comprendido entre 1988 y 1991 por grupos paramilitares que actuaban con el apoyo de las fuerzas de seguridad. Era la primera vez que un gobierno colombiano aceptaba responsabilidad en un caso de violación de los derechos humanos.


Otra medida positiva adoptada por el gobierno fue la creación, en septiembre de 1995, de la Unidad Especializada de Investigaciones sobre las Violaciones de los Derechos Humanos de la Fiscalía. Desde su creación, esta Unidad ha conseguido importantes avances en una serie de casos de violaciones graves de los derechos humanos. Por ejemplo, en septiembre de 1996, se dictaron órdenes de arresto contra dos generales del ejército en la reserva por cargos relacionados con la organización de fuerzas paramilitares responsables de una serie de matanzas y de decenas de «desapariciones» de civiles a finales de los años ochenta. Entre las atrocidades atribuidas al grupo paramilitar sometido a investigación figuran los homicidios indiscriminados de 43 personas cometidos en la ciudad de Segovia en 1988, así como el homicidio de 12 miembros de una comisión judicial que estaba investigando una serie de «desapariciones» atribuidas a los grupos paramilitares. El sistema de justicia militar reclamó y obtuvo la jurisdicción del caso. Desde que se dictó esta resolución, otros tantos casos de suma trascendencia han sido igualmente transferidos al ordenamiento jurídico militar.


Pese a que organizaciones internacionales como la onu y la oea han pedido en repetidas ocasiones que los juicios de los individuos acusados de cometer violaciones de derechos humanos se lleven a cabo ante tribunales civiles, el gobierno ha hecho caso omiso de esta recomendación. Con el fin de mitigar la creciente presión de los militares para suprimir el control civil en las operaciones militares, el presidente Samper ha dado marcha atrás en sus compromisos de poner fin a la impunidad con la que miembros de las fuerzas armadas cometen violaciones de los derechos humanos fundamentales. De hecho, lejos de enfrentarse a la impunidad, el presidente, en numerosas ocasiones recientes, ha expresado públicamente su preocupación por que los controles judiciales y administrativos pudieran estar reduciendo la eficacia de las fuerzas armadas a la hora de abordar la subversión.


Con frecuencia, las investigaciones penales sobre violaciones de derechos humanos las inician tanto la Fiscalía General como el sistema de justicia militar. Cuando los funcionarios de justicia civil identifican y acusan a miembros de las fuerzas de seguridad en investigaciones penales, las autoridades militares reclaman sistemáticamente la jurisdicción sobre las investigaciones. Cuando las autoridades judiciales civiles cuestionan esta reclamación de los tribunales militares, el Consejo Superior de la Judicatura2dicta una resolución final sobre la jurisdicción. En los casos de violaciones de derechos humanos, el Consejo generalmente ha fallado en favor de la jurisdicción militar. Durante varios años, los tribunales militares han desempeñado una función clave a la hora de garantizar la impunidad prácticamente total de los responsables de dichas violaciones. Incluso cuando miembros de las fuerzas armadas han sido declarados culpables de graves violaciones de derechos humanos en procedimientos disciplinarios, sistemáticamente los tribunales militares han retirado la acusación o absuelto a los responsables.


Con frecuencia, los funcionarios de la Fiscalía General han expresado su frustración ante la impunidad garantizada por los tribunales militares pese al hecho de que, en las investigaciones llevadas a cabo en el sistema penal civil, se hayan podido recabar pruebas de peso contra miembros de las fuerzas de seguridad. El ex vice-fiscal general, el doctor Adolfo Salamanca, expresó su preocupación en febrero de 1997 por que se estaba socavando la labor de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y afirmó que este organismo estaba condenado a desaparecer como resultado de la exclusión de casos de su jurisdicción. Asimismo, el doctor Salamanca expresó su preocupación por que miembros de las fuerzas armadas estaban sometiendo a presión y hostigamiento a los funcionarios judiciales adscritos a la Unidad de Derechos Humanos.


El hecho de que los tribunales militares no exijan a los perpetradores de violaciones de derechos humanos responsabilidades ante la ley queda claramente ilustrado con el caso del teniente coronel del ejército de tierra Luis Felipe Becerra Bohórquez. En marzo de 1997, un tribunal militar absolvió a 34 soldados implicados en la matanza de 13 campesinos en octubre de 1993 en el municipio de Riofrío. Según el comandante del Batallón Palacé, el teniente coronel Luis Felipe Becerra Bohórquez, las 13 personas que murieron eran guerrilleros que encontraron la muerte al enfrentarse contra sus tropas. Esta versión se contradecía con la de testigos presenciales que afirmaron que las víctimas eran campesinos desarmados. Un testigo declaró que cuando los fotógrafos y periodistas llegaron al lugar de la matanza, los soldados colocaron granadas y cohetes al lado de varios de los cadáveres, los cuales habían sido vestidos con el uniforme de la guerrilla, para dar la impresión de que eran guerrilleros muertos en un enfrentamiento armado. Varias de las víctimas habían sido golpeadas y cinco mujeres fueron violadas antes de causarles la muerte.


Tras la resonancia internacional que recibió la matanza de Riofrío, el gobierno anunció que al teniente coronel Becerra se le había concedido una licencia honorífica. La carrera del teniente coronel ofrece un asombroso ejemplo de cómo la impunidad fomenta la violación de los derechos humanos. El teniente coronel Becerra ya había sido acusado anteriormente en relación con otra matanza cometida en 1988, la de 21 trabajadores de las plantaciones bananeras de Honduras y La Negra, cerca de la ciudad de Currulao, en Urabá. Los trabajadores murieron el 4 de marzo de ese mismo año, a manos de unos 30 hombres fuertemente armados y enmascarados.


Varios de los jueces civiles que investigaron la matanza de Urabá recibieron reiteradas amenazas de muerte. A consecuencia de estas amenazas, una juez dejó el país y, poco después, su padre fue asesinado. Pocos días antes de su partida, la juez había dictado órdenes de arresto contra cuatro oficiales del ejército, entre los que figuraba Luis Felipe Becerra, que por entonces tenía el grado de comandante, en relación con los mencionados homicidios. A pesar de que el Ministerio de Defensa declaró posteriormente que los oficiales estaban bajo custodia, más tarde se supo que el comandante Becerra se encontraba en Estados Unidos realizando un curso de formación previo a su promoción a teniente coronel. En mayo de 1991, a los tribunales militares se les concedió la competencia de los procedimientos penales contra los oficiales del ejército implicados en el caso. En 1992, mientras supuestamente se celebraba su juicio ante un tribunal militar por complicidad en asesinato, el teniente coronel Becerra, recientemente ascendido, fue designado para dirigir el departamento de prensa y relaciones públicas del ejército.


La Procuraduría Delegada de las Fuerzas Armadas investigó el caso y recomendó que se destituyera a los tres oficiales, entre ellos el teniente coronel Becerra, por su participación en la matanza de Urabá.


Pese a que, al parecer, existen numerosas pruebas de la implicación de los oficiales en la matanza, el Procurador General rechazó, en abril de 1993, las recomendaciones del Procurador Delegado y decidió no recomendar que se destituyera a los oficiales alegando que las pruebas eran insuficientes. También desestimó reanudar la investigación porque habían transcurrido más de cinco años desde la matanza y, por lo tanto, el plazo de prescripción había expirado.


A finales de 1993, la Procuraduría General de la Nación recomendó la presentación de cargos disciplinarios contra el comandante de la III Brigada, el general de brigada Rafael Hernández López, el teniente coronel Becerra, en la reserva, y otros cinco miembros de las fuerzas de seguridad. Los cargos disciplinarios presentados contra el teniente coronel Becerra y el general de brigada, hacían referencia a su intento de ocultar la matanza de Riofrío.


Los tribunales militares han desempeñado un papel decisivo a la hora de garantizar la impunidad prácticamente total de los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de violaciones de los derechos humanos. El entonces Procurador General declaró en un discurso ante el Congreso colombiano en septiembre de 1994 que el sistema de justicia militar había garantizado una impunidad del cien por cien en los casos de «desapariciones» cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad. Las organizaciones intergubernamentales, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) de la Organización de Estados Americanos ─en su informe de octubre de 1993─; los relatores especiales de la onu sobre la tortura y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ─en su informe conjunto del 16 de enero de 1995─; el Presidente del 52 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la onu ─en una declaración publicada en abril de 1996─; así como Amnistía Internacional, otras organizaciones de derechos humanos no gubernamentales y autoridades gubernamentales colombianas, han recomendado que los casos de violaciones graves de los derechos humanos sean excluidos de la jurisdicción militar.


Sin embargo, pese a que esta recomendación se ha realizado en repetidas ocasiones, el gobierno colombiano no ha adoptado una postura decisiva en favor de la misma.


El gobierno colombiano ha demostrado que carece de voluntad para garantizar que las violaciones de derechos humanos no se consideran actos de servicio y, por lo tanto, son excluidas de la jurisdicción militar.


En febrero de 1995, el gobierno colombiano creó por decreto ley una comisión de redacción para reformar el Código Penal Militar. La comisión, compuesta por un número igual de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, presentó sus propuestas al gobierno en octubre de 1995. Muchas de las reformas propuestas al Código Penal Militar fueron acordadas por consenso, entre ellas la atribución al Ministerio Público de funciones de supervisión y la aceptación de una representación civil (parte civil). No obstante, entre los miembros civiles y militares surgieron diversos puntos de disentimiento, y la Comisión no logró alcanzar un acuerdo en relación con el asunto crucial de la exclusión de las violaciones de derechos humanos de la jurisdicción militar. Los miembros civiles de la Comisión alegaron que las violaciones de derechos humanos de carácter grave, como las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las «desapariciones», no podían considerarse actos de servicio ni actos cometidos en relación con el servicio militar y, por lo tanto, propusieron que el Código Penal Militar excluyera específicamente estos delitos de la jurisdicción militar. Esta propuesta sería conforme con las recomendaciones efectuadas por los relatores especiales de la onu sobre la tortura y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, así como por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Los miembros militares de la comisión mantuvieron que los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad deberían considerarse como actos de servicio y, por lo tanto, ser competencia de los tribunales militares.


Por consiguiente, la responsabilidad de decidir sobre este asunto crucial fue devuelta al gobierno colombiano. Tras un retraso de un año, el gobierno remitió un proyecto de ley a la Comisión para el análisis y asesoramiento en la aplicación de las recomendaciones formuladas por los órganos internacionales de derechos humanos, una comisión interministerial que el gobierno estableció en 1995. En febrero de 1997, miembros del gobierno colombiano informaron a Amnistía Internacional de que la Comisión tampoco había alcanzado un acuerdo sobre la cuestión de la exclusión de las violaciones de derechos humanos de la jurisdicción militar.


A Amnistía Internacional le preocupa que el gobierno colombiano sigue demostrando una falta de voluntad política para abogar por una clara definición de lo que constituye un acto de servicio, con el fin de excluir de una vez por todas las violaciones de derechos humanos del ámbito de la justicia militar. A la organización le preocupa que el gobierno colombiano ha efectuado diversas declaraciones en favor de proteger el actual ámbito de aplicación del «fuero militar». En un discurso pronunciado el 26 de noviembre de 1996 en la Escuela Superior de Guerra, el presidente Samper declaró:


... el gobierno está absolutamente consciente de que dadas las condiciones de perturbación del orden público, dadas las amenazas que en este momento están confrontando las fuerzas armadas que no solamente son amenazas físicas sino también amenazas jurídicas y las propias condiciones de vulnerabilidad de una justicia que tiene que ejercer su profesión en muchos casos amedrantada y en zonas de alto riesgo, lo que en este momento le conviene y le corresponde al país es mantener el fuero militar para garantizar la independencia en la acción de los militares.


El hecho de que el gobierno no haya adoptado una postura decisiva en relación al asunto del fuero militar, sumado a sus declaraciones en favor de proteger el sistema de justicia penal militar, han indicado claramente al Consejo Superior de la Judicatura que los casos de violaciones de derechos humanos pueden seguir considerándose actos de servicio.



Iniciativas del gobierno para facilitar la impunidad


La Constitución colombiana de 1991 introdujo una serie de disposiciones destinadas a fortalecer los derechos humanos fundamentales, entre ellas la creación de la Defensoría del Pueblo. Según la Constitución, la función de la Defensoría del Pueblo, que forma parte de la Procuraduría General de la Nación, es supervisar «la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos». A pesar de que no desempeña una labor de investigación, desde principios de 1992, el Defensor del Pueblo de Bogotá y de otras ciudades importantes ha proporcionado un punto destacado y accesible para recibir denuncias sobre violaciones de derechos humanos y prestar consejo a las víctimas. El Defensor del Pueblo también ha conseguido llamar la atención sobre las continuas violaciones de los derechos humanos mediante la divulgación de publicaciones y la participación en debates de ámbito nacional sobre los derechos humanos. Aunque la Procuraduría General de la Nación no fue creada por la Constitución de 1991, ésta garantizaba su autoridad permanente para investigar las denuncias de conducta indebida, y en especial de violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios públicos. La competencia de la Procuraduría se limita a establecer la carga e imponer sanciones disciplinarias. No tiene facultades para entablar causas penales pero puede remitir el caso a las autoridades judiciales para que se investigue. La Constitución de 1991 dio lugar asimismo a la creación de la Fiscalía General de la Nación, organismo encargado de investigar y entablar causas para todos los delitos cometidos en Colombia, incluidas las violaciones de los derechos humanos.


En agosto de 1996, el gobierno presentó un proyecto de ley de reforma constitucional que, entre otras cosas, preveía conceder al ejército ciertas competencias de policía judicial y privar a la Corte Constitucional del control sobre la declaración de estados de excepción, con el consiguiente aumento de la probabilidad de que se ampliaran los periodos de excepción y se suspendieran las garantías constitucionales. Las propuestas del gobierno incluían medidas encaminadas a conceder facultades de investigación de policía judicial a las fuerzas armadas durante los estados de conmoción interior, lo cual habría permitido a las fuerzas armadas iniciar investigaciones penales preliminares. Además, el gobierno colombiano permitió un debate continuado sobre diversos proyectos de ley presentados por parlamentarios que contaban con el respaldo de algunos sectores militares. Si estos proyectos se hubieran aprobado y convertido en leyes, habrían fortalecido de forma significativa los mecanismos de impunidad. En ellos se incluían medidas para limitar la jurisdicción de la Procuraduría General de la Nación, así como la de la Fiscalía General de la Nación.


(i) Intentos de limitar la jurisdicción de la Procuraduría General de la Nación

En abril de 1996, se presentó al Congreso colombiano el Proyecto de Acto Legislativo Núm. 17, propuesta de enmienda del artículo 220 de la Constitución colombiana. El objetivo de este proyecto de ley era reformar la Constitución con el fin de otorgar a la jurisdicción militar la competencia exclusiva sobre las investigaciones disciplinarias y penales sobre las violaciones de derechos humanos. Actualmente la Procuraduría General de la Nación se encarga de llevar a cabo las investigaciones disciplinarias sobre los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad. Los legisladores que presentaron el proyecto de ley al Congreso alegaron que su objetivo era tratar de hacer frente al «Síndrome de la Procuraduría». Según las fuerzas de seguridad, este «Síndrome» ha dado lugar a que las fuerzas armadas «se hayan convertido en menos operativas, por el temor a que sus actividades oficiales se vean intervenidas por algún miembro de la Procuraduría».


A Amnistía Internacional le preocupa que el hecho de que las autoridades militares realicen investigaciones disciplinarias de los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, pueda dar lugar a que se garantice la impunidad disciplinaria. En las investigaciones tanto disciplinarias como penales de dichos casos, la impunidad sería total.


A pesar de que el sistema de justicia penal militar garantiza la impunidad prácticamente total de los miembros de las fuerzas de seguridad en las investigaciones penales sobre violaciones de derechos humanos, la Procuraduría General de la Nación ha impuesto sanciones disciplinarias a algunos miembros de las fuerzas de seguridad que ha declarado culpables de violaciones graves de los derechos humanos. En numerosas ocasiones, ha declarado culpables a miembros de las fuerzas de seguridad en causas en las que la jurisdicción militar había absuelto a estos mismos acusados. La labor de la Procuraduría General de la Nación también ha sido importante a la hora de poner en evidencia pautas de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.


(ii) Intentos de limitar la jurisdicción de la Fiscalía General de la Nación.

La creencia de que investigar a los miembros de las fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos limita su capacidad de combatir a la guerrilla estaba también detrás de la presentación ante el Congreso de un proyecto de ley concebido con el fin de limitar la jurisdicción de la Fiscalía. Se pretendía que este órgano no pudiera emprender investigaciones penales sobre miembros de las fuerzas de seguridad.


Si el Congreso hubiese aprobado esta propuesta legislativa, se hubiese fortalecido notablemente el fuero militar ─actualmente, la Fiscalía puede iniciar investigaciones penales sobre casos de violaciones de derechos humanos, paralelamente a las investigaciones realizadas por la jurisdicción militar─. En el momento en que se identifica a miembros de las fuerzas de seguridad como posibles perpetradores, los tribunales penales militares reclaman la jurisdicción exclusiva y en la inmensa mayoría de los casos, el Consejo Superior de la Judicatura la concede. Esta propuesta legislativa incrementaría la impunidad al excluir todos los casos de la jurisdicción de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, antes incluso de que algún miembro de las fuerzas de seguridad pueda verse implicado en un caso de violación de derechos humanos que esté siendo investigado.


A pesar de que, en su discurso del 26 de noviembre de 1996, el presidente se manifestó contrario a que se prive a la Procuraduría de toda autoridad para realizar investigaciones disciplinarias, a Amnistía Internacional le preocupa que el gobierno colombiano no pusiera objeciones al hecho de que los parlamentarios presenten estas propuestas unidas a la reforma constitucional presentada por el gobierno. De esa forma, el gobierno consiguió que los proyectos de ley de los parlamentarios, que son completamente opuestos a las recomendaciones efectuadas por la onu y otros organismos internacionales, se estudiaran durante la última sesión del Congreso, la cual finalizó el 16 de diciembre de 1996. (Los proyectos de ley de reforma de la Constitución deben debatirse durante dos sesiones consecutivas del Congreso.)


En febrero de 1997, el Ministro de Gobierno anunció que la reforma constitucional del gobierno había sido retirada. En marzo de 1997, sin embargo, el gobierno volvió a presentar un proyecto de ley de reforma constitucional destinado nuevamente a suprimir el control de la Corte Constitucional sobre la declaración de los estados de excepción, con el consiguiente aumento de la probabilidad de que se ampliaran los periodos de excepción y se suspendieran las garantías constitucionales. Por otro lado, persiste la preocupación de que las propuestas señaladas anteriormente, destinadas a fortalecer los mecanismos de impunidad, puedan ser presentadas nuevamente durante el debate sobre la reforma constitucional.



GRUPOS PARAMILITARES RESPALDADOS POR EL EJÉRCITO


(Véase el apartado 11 del informe del gobierno colombiano al Comité de Derechos Humanos de la onu.)


Numerosos grupos paramilitares tienen su origen en los grupos civiles de «autodefensa» creados por el ejército en la década de los ochenta para que colaboraran con las fuerzas armadas en las operaciones de contrainsurgencia. En 1989, el gobierno colombiano suspendió el fundamento jurídico para la creación de organizaciones paramilitares y emitió directivas para que las fuerzas armadas colombianas combatieran y desmantelaran tales grupos. Sin embargo, los grupos paramilitares siguen representando una parte esencial de la estrategia de contrainsurgencia de las fuerzas armadas que se caracteriza por la violación sistemática de los derechos humanos. Por lo tanto, el hecho de que el gobierno colombiano no haya desmantelado estos grupos está favoreciendo la perpetuación de dichas violaciones. En los últimos meses, varios oficiales de alta graduación han sido arrestados por sus vinculación con las organizaciones paramilitares, entre ellos el general Farouk Yanine Díaz y el coronel en la reserva Hernando Navas Rubio, en septiembre de 1996, acusados de participar en la planificación de la matanza de 43 personas cometida en Segovia en 1988 por un grupo paramilitar. En una carta publicada el 1 de septiembre de 1996, un ex guerrillero que se había incorporado a la XX Brigada del Ejército Nacional (esta Brigada coordina las operaciones de los servicios de inteligencia del ejército a nivel nacional), afirmó que la Brigada había participado en el secuestro de un líder de la guerrilla en 1996. Posteriormente, el grupo paramilitar Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (accu) reivindicó la autoría del secuestro.


En mayo de 1996, el coronel Carlos Alfonso Velásquez, el ex oficial asistente al mando de la Brigada XVII, con base en la región de Urabá, en el norte de Colombia, denunció públicamente los vínculos entre el ejército y las fuerzas paramilitares, y afirmó que la Brigada XVII no había combatido ni desmantelado los grupos paramilitares que operaban en Urabá. El coronel fue posteriormente expulsado de las fuerzas armadas.


Otros casos más recientes documentados por Amnistía Internacional también revelan los estrechos vínculos existentes entre las fuerzas de seguridad y las fuerzas paramilitares. Segovia: Historial recurrente de violaciones graves de los derechos humanos, (Índice AI: AMR 23/61/96/s), documenta una matanza cometida el 22 de abril de 1996 por fuerzas paramilitares que operaban bajo el control de las fuerzas de seguridad. Antes de que se cometiera esta matanza, un capitán del ejército recibió en el aeropuerto de Otú, en el municipio de Remedios, a los miembros del grupo paramilitar que participaron en ella y los condujo hasta la base militar de Segovia. Durante la operación paramilitar, que se saldó con dos personas «desaparecidas», 15 muertos y numerosos heridos, las fuerzas de seguridad no tomaron ninguna medida para detener o enfrentarse al grupo paramilitar. Una vez concluida la operación, el grupo paramilitar dejó la ciudad de Segovia atravesando, sin ningún obstáculo, tres controles militares.


El gobierno colombiano sigue afirmando que los vínculos entre las fuerzas de seguridad y las fuerzas paramilitares representan episodios aislados. Los ejemplos anteriormente señalados denotan un alto nivel de coordinación entre las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares. Resulta inconcebible que las operaciones paramilitares llevadas a cabo en zonas de conflicto, en las que toman parte numerosos individuos fuertemente armados no identificados, puedan tener lugar sin que exista una coordinación entre las fuerzas de seguridad y las fuerzas paramilitares con el fin de garantizar que no se produzcan enfrentamientos contra estos grupos al ser confundidos con las fuerzas de la guerrilla. A este fin, los militares necesitan que los comandantes regionales les proporcionen instrucciones concretas.


Las operaciones paramilitares normalmente implican la presencia de fuerzas paramilitares en las comunidades durante varias horas o días sin que las fuerzas de seguridad se enfrenten a ellas, así como el establecimiento de controles de carretera paramilitares con frecuencia muy próximos a los controles de las fuerzas de seguridad. Generalmente, las operaciones paramilitares suceden a las operaciones militares, y en éstas, a los residentes locales se les avisa de la inminente llegada de los grupos paramilitares. En numerosas ocasiones, se ha constatado la presencia de miembros de las fuerzas de seguridad en los grupos paramilitares.


Amnistía Internacional acogió con satisfacción el compromiso de erradicar a los grupos paramilitares asumido por el presidente Samper en septiembre de 1994.


En un discurso ofrecido el 18 de mayo de 1995 en Bucaramanga, en el departamento de Santander, el presidente Samper reiteró el compromiso del gobierno de desmantelar los grupos paramilitares:


El Gobierno rechaza la presencia de cualquier agrupación de violencia armada pues considera que el monopolio legítimo de la fuerza en cabeza de las fuerzas armadas es la única condición posible para asegurar la paz y la seguridad a toda la ciudadanía.


En su discurso, el presidente anunció la intención de su gobierno de reactivar


...los mecanismos previstos en el decreto 814 de 1989, para el combate de estas formas de violencia organizada. Se reactivará el cuerpo especial constituido con este propósito, destinando mil efectivos de la Policía Nacional.


Sin embargo, se han tomado pocas medidas a este respecto y no se han recibido informes de que las fuerzas de seguridad se han enfrentado o esforzado por combatir a los grupos militares.


Desde agosto de 1994, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación ha tomado algunas iniciativas para arrestar a miembros de los grupos paramilitares. En su Informe sobre el Cumplimiento de las Recomendaciones de los Relatores Temáticos y Grupos de Trabajo de la Organización de la Naciones Unidas, elaborado para el 52 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la onu, el gobierno colombiano enumeró una serie de detenciones de miembros de las fuerzas paramilitares llevados a cabo por la Fiscalía.


Algunos de los detenidos fueron posteriormente liberados sin cargos, si bien otros fueron sometidos a juicio por violaciones graves de los derechos humanos. Sin embargo, pese a que estos arrestos representan un paso hacia adelante, las autoridades aún no han conseguido arrestar a ninguno de los principales líderes de los grupos paramilitares colombianos. Por el contrario, el gobierno ha intentado negociar directamente con estos líderes, por ejemplo con los hermanos Fidel y Carlos Castaño, pese al hecho de que contra ellos se han dictado órdenes de arresto por atentados con bomba, matanzas y otras atrocidades. En ocasiones anteriores, las autoridades colombianas han alegado que no han arrestado a los hermanos Castaño porque se encontraban en paradero desconocido. Sin embargo, en 1996 el ministro de Gobierno reconoció haberse entrevistado con Carlos Castaño en diversas ocasiones.


Además, la Fiscalía no ha conseguido garantizar el apoyo de las fuerzas de seguridad para capturar a los miembros paramilitares contra quienes existe una orden de arresto. Recientemente, por ejemplo, la Fiscalía dictó 27 órdenes de arresto contra miembros del grupo paramilitar que opera en el departamento de Cesar. Sin embargo, las fuerzas de seguridad no han tomado ninguna medida efectiva para cooperar con la Fiscalía y, hasta la fecha, solamente han sido arrestados dos miembros paramilitares.


En diciembre de 1996, el entonces ministro de Defensa, Sr. D. Carlos Esguerra, anunció que el gobierno ofrecía una recompensa por la captura de Carlos Castaño, y en enero de 1997, el gobierno anunció que se ofrecían recompensas por la captura de otros líderes, tanto de las fuerzas paramilitares como de la guerrilla.


El 14 de enero de 1997, el ministro de Defensa emitió un comunicado en el que el gobierno se comprometía a adoptar una serie de medidas destinadas a hacer frente a los grupos paramilitares. A Amnistía Internacional le preocupa que, a pesar de este compromiso, el gobierno colombiano todavía no cuenta con una estrategia para combatir a dichas fuerzas; que, en algunos casos, las fuerzas paramilitares y el ejército continúan desarrollando operaciones conjuntas de contrainsurgencia, y que otras operaciones paramilitares se llevan a cabo con el consentimiento, si no la coordinación, de las fuerzas de seguridad. A Amnistía Internacional le preocupa que el gobierno colombiano, al no adoptar medidas decisivas, ha permitido la propagación de la actividad de los grupos paramilitares por una gran parte del territorio colombiano.


Grupos CONVIVIR


En diciembre de 1994, el gobierno colombiano lanzó un nuevo Plan Integral de Seguridad Rural, el cual incluía la creación de Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (convivir). Estas asociaciones estarían integradas por civiles y operarían principalmente en un ámbito rural proporcionando información a las fuerzas de seguridad con el fin, aparentemente, de colaborar en operaciones de enfrentamiento contra las guerrillas y las fuerzas paramilitares. Los miembros de estas asociaciones estarían armados en ocasiones excepcionales en las que el Estado Mayor del Ejército lo considerara «estrictamente necesario».


Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por que el Plan Integral de Seguridad Rural puede constituir un medio para que las fuerzas de seguridad contribuyan al continuo desarrollo de grupos paramilitares legalizados. Las autoridades colombianas han negado sistemáticamente que exista algún peligro de que esto pudiera suceder, y han señalado el hecho de que los grupos convivir operan bajo la supervisión de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad.


A finales de 1996, había aproximadamente 400 grupos convivir operativos en numerosas zonas del país, y este crecimiento no ha ido acompañado de una reducción de la actividad paramilitar en Colombia. De hecho, diversos grupos convivir operan en regiones en las que la presencia paramilitar va en aumento.


A Amnistía Internacional le preocupa que el nuevo Plan Integral de Seguridad Rural permita que grupos paramilitares establecidos ilegalmente se inscriban en la Superintendencia y continúen funcionando como grupos convivir legalmente reconocidos. Hernán Arias Gaviria, el Superintendente de Vigilancia y Seguridad, señaló que su organismo estaba a favor de que los grupos paramilitares se inscribieran como grupos convivir:


¿Que jefes del paramilitarismo se constituyeron en convivir? En un país donde esta actividad (paramilitarismo) está desbordada, cualquier acercamiento hacia la ley permite tener un cordón umbilical entre el Estado y quienes ejercen esa actividad.


Pese a las garantías expresadas por el gobierno, muchos grupos convivir disponen de armas y algunos de ellos poseen armamento restringido al uso de las fuerzas de seguridad, a pesar de que anteriormente se aseguró que tales grupos solamente estarían armados «en circunstancias excepcionales». Hernán Arias afirmó que «unos diez servicios tienen armas de uso restringido de la fuerza pública: subametralladoras, ametralladoras, escopetas, pistolas». Según Hernán Arias, el 90 por ciento de los grupos convivir están dirigidos por ex miembros del Ejército colombiano. La provisión de armas de los grupos convivir se lleva a cabo a discreción de las fuerzas armadas. En vista de la reconocida función del ejército de crear, formar y equipar a los grupos paramilitares responsables de violaciones generalizadas de derechos humanos, persisten serias preocupaciones de que la creación de los grupos convivir represente un medio para perpetuar la estrategia paramilitar.


Por otro lado, el hecho de que la Superintendencia esté permitiendo y fomentando que miembros de grupos paramilitares se unan a los grupos convivir, o que los grupos paramilitares puedan inscribirse como grupos convivir, significa que el Estado colombiano está realmente promoviendo un mecanismo para legalizar a las fuerzas paramilitares responsables de graves violaciones de los derechos humanos.



LEGISLACIÓN DE EXCEPCIÓN Y DE ORDEN PÚBLICO QUE CONTRIBUYE A LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS


a) Legislación de excepción


Durante años, los sucesivos gobiernos han recurrido a la declaración de estados de excepción para combatir las crisis políticas y del orden público. Durante los estados de excepción, los gobiernos han introducido medidas autoritarias por decreto ley, muchas de las cuales se han convertido posteriormente en disposiciones legislativas permanentes. El hecho de que muchos de estos decretos pudieran favorecer las violaciones de los derechos humanos es motivo de gran preocupación para Amnistía Internacional. Recientemente, por ejemplo, la organización ha expresado su preocupación ante los decretos ley aprobado para crear Zonas Especiales de Orden Público.


En abril de 1996, en virtud de las disposiciones de los estados de excepción, el gobierno colombiano promulgó el decreto ley 0717. La ley permite la designación de regiones conflictivas como Zonas Especiales de Orden Público. Con esta medida, en realidad, se colocaban las áreas designadas como zonas especiales de orden público bajo la autoridad directa de los jefes militares regionales. En estas zonas, las fuerzas de seguridad pueden limitar la circulación del tráfico, pueden imponer toques de queda, así como obligar a los residentes locales que deseen salir o entrar en una región que estén provistos de salvoconductos. Otro decreto, el 0900, promulgado en mayo de 1996, amplía los poderes del mando militar de las Zonas Especiales de Orden Público, permite la detención preventiva de presuntos delincuentes por miembros de las fuerzas armadas sin una orden judicial. (Este decreto se opone a la ley 137/94 que regula los poderes especiales que el gobierno puede otorgar a las fuerzas de seguridad en los estados de conmoción interior.) En julio de 1996, la Corte Constitucional resolvió que tres de las disposiciones de los decretos ley 0717 y 0900 eran inconstitucionales, entre las que figuraban el registro obligatorio de residentes y la detención preventiva. A pesar del fallo emitido por la Corte Constitucional, las fuerzas armadas siguieron ejerciendo estos poderes en muchas de las zonas más remotas del país. Amnistía Internacional considera que la imposición de medidas especiales de seguridad destinadas a controlar de forma sistemática a la población local, así como una mayor militarización de la zona designada, puede facilitar la violación del derecho a la vida y a no ser torturado, derechos que jamás pueden ser suspendidos, ni siquiera durante los estados de excepción. En una de las denominadas Zonas Especiales de Orden Público, Amnistía Internacional ha comprobado la continua presencia de los grupos paramilitares y una constante de violaciones de los derechos humanos cometidas por dichos grupos. Con el levantamiento del estado de conmoción interior y la expiración, en octubre de 1996, de la prórroga de 90 días, las medidas introducidas en relación con las Zonas Especiales de Orden Público ya no están en vigor. No obstante, a Amnistía Internacional le preocupa que en algunas zonas remotas del país, estas medidas continúan vigentes en la práctica.


b) Sistema de justicia regional y el derecho a un juicio con las debidas garantías


El sistema de justicia sin rostro/justicia regional socava gravemente el derecho a un juicio justo que defiende la Constitución colombiana en su artículo 29.


La severa legislación antiterrorista, conocida como el Estatuto para la Defensa de la Democracia, que incrementaba notablemente las penas y el número de tribunales especiales, fue introducida por decreto ley durante el estado de excepción de 1988.


En enero de 1991 entró en vigor una nueva jurisdicción del orden público establecida por el Estatuto para la Defensa de la Justicia. En virtud de este estatuto, los tribunales regionales son competentes para los casos de terrorismo, tales como los delitos violentos relacionados con el narcotráfico y la violencia política. En julio de 1992, estos tribunales se convirtieron en una figura permanente del sistema de justicia penal de Colombia. En los tribunales regionales, los jueces, los fiscales y los testigos pueden permanecer anónimos. El acceso a las pruebas por parte de los abogados defensores y los derechos del inculpado de cuestionar dichas pruebas están sometidos a severas restricciones.


Cada vez es mayor el uso de las leyes antiterroristas. Esto responde a un movimiento en favor de la criminalización de la protesta social, ya sea de carácter violento o pacífico. Se cree que centenares de personas han sido detenidas arbitrariamente y acusadas injustamente de delitos terroristas, entre las que figuran campesinos acusados de cultivar drogas ilegales, campesinos sin tierras acusados de delitos «terroristas» relacionados con la ocupación de tierras, líderes sindicalistas implicados en huelgas declaradas ilegales por el gobierno, así como autoridades locales acusadas de mantener contactos con las fuerzas de la guerrilla. Esta situación se ha visto favorecida por la vaga definición de terrorismo en la legislación antiterrorista:


...el que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación ... valiéndose de medios capaces de causar estragos.


El sistema de justicia regional socava gravemente el derecho a un juicio justo:


- El inculpado a menudo desconoce la naturaleza exacta de los cargos que se le imputan hasta que no están próximas las fechas de su comparecencia ante el tribunal;


- El uso de testigos de cargo secretos cuyas acusaciones no pueden ser contrastadas adecuadamente por la defensa viola el derecho a interrogar a los testigos;


- El uso de pruebas secretas que no pueden ser examinadas adecuadamente por la defensa limita seriamente los medios para la preparación de la defensa;


- Muchos de los detenidos en aplicación de las leyes antiterroristas han sido víctimas de torturas y malos tratos. A pesar de que los interrogatorios a presos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad solamente se permiten en presencia del abogado defensor, en la práctica la policía judicial interroga a muchos presos sin que su abogado esté presente, lo cual aumenta el riesgo de que se obtengan confesiones mediante tortura o coacción.


1 La Procuraduría General de la Nación es el principal órgano administrativo con competencias para vigilar e investigar los casos de derechos humanos. Tiene el deber constitucional de investigar a los agentes del Estado acusados de cometer violaciones de derechos humanos u otras formas de conducta indebida. Tiene potestad para aplicar sanciones administrativas a miembros de las fuerzas de seguridad responsables de violaciones de derechos humanos. La Procuraduría no puede entablar causas penales, pero puede facilitar información a los tribunales y supervisar las investigaciones penales.

2 El Consejo Superior de la Judicatura es un órgano judicial establecido por la Constitución colombiana de 1991

Marzo de 1997

Índice AI: AMR 23/17/97/s

(21/97)



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TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

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