Document - Colombia: Open letter to Presidential Candidates: What will you do to protect the human rights of all Colombians?










Índice AI: AMR 23/013/2010

28 de abril de 2010


AMNISTÍA INTERNACIONAL

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Estimado/Estimada candidato/candidata presidencial:


¿Qué hará usted para proteger los derechos humanos de todos los colombianos?Carta abierta a los candidatos presidenciales


Ante la celebración de las próximas elecciones presidenciales el 30 de mayo, Amnistía Internacional desea aprovechar esta oportunidad para escribirle y hacer hincapié en que la organización alberga la sincera esperanza de que el respeto a los derechos humanos ocupe un lugar destacado en la agenda electoral y sea un asunto de máxima prioridad para todos los candidatos presidenciales y para el futuro gobierno. A través de esta carta que hoy hacemos pública, deseamos exponer los principales motivos de preocupación de Amnistía Internacional en el ámbito de los derechos humanos. Esperamos que, en respuesta a ella y con un espíritu de diálogo constructivo, usted exponga las políticas que emprenderá y las medidas concretas que aplicará para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos en Colombia.


Durante los últimos 30 años, Amnistía Internacional ha seguido de cerca la situación de los derechos humanos en Colombia. La organización ha publicado numerosos informes basados en investigaciones realizadas en el país, especialmente en zonas de conflicto. En estos informes, la organización ha dado a conocer públicamente los muchos abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario relacionados con el conflicto que han llevado a cabo las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros. En el prolongado diálogo que Amnistía Internacional ha mantenido con los sucesivos gobiernos colombianos durante más de 30 años, la organización ha subrayado la responsabilidad del Estado de cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales relativas al respeto y la protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. También ha dejado clara la responsabilidad de los grupos guerrilleros de respetar el derecho internacional humanitario.


En esta carta abierta, Amnistía Internacional plantea una serie de preguntas sobre dos amplios temas que son fundamentales en el conflicto armado interno de Colombia y lo han marcado de forma indeleble. El primero es el lamentable y reiterado fracaso de todas las partes en el conflicto a la hora de proteger a la población civil de las consecuencias de éste sobre los derechos humanos y de respetar su derecho a no verse involucrada en las hostilidades. El segundo es la polémica cuestión de la impunidad, posiblemente el factor que más ha contribuido a la prolongación del conflicto armado interno que desde hace 45 años asola el país.


Amnistía Internacional espera que, con sus respuestas a estas preguntas fundamentales, los candidatos den a entender claramente que, si son elegidos, su gobierno tendrá la determinación política necesaria para terminar eficazmente con muchas décadas de abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario cometidos por todas las partes del conflicto y para vencer la endémica y vergonzosa impunidad sobre la que durante tanto tiempo se ha sostenido dicho conflicto y sus consiguientes abusos contra los derechos humanos. Una primera medida importante que deben tomar como candidatos es indicar en su programa electoral los pasos concretos que darán para resolver la crisis de derechos humanos y terminar con la impunidad de una vez por todas.


La protección de la población civil:


Reconocer la existencia de un conflicto armado y que la situación de los derechos humanos es aún grave


La actual administración se ha caracterizado por negarse de forma miope y perjudicial a reconocer la existencia de un conflicto armado interno en Colombia. Esta negación no concuerda en absoluto con la postura que siempre han adoptado organismos tan autorizados como el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, así como la comunidad internacional y las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, el último informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia publicado por el Departamento de Estado estadounidense en marzo era categórico y directo al calificar la situación como conflicto armado interno. En resumen, la actual administración colombiana discrepa abiertamente respecto de una cuestión sobre la que hay un abrumador consenso.


No se trata en absoluto de un simple debate semántico. La discrepancia conlleva el peligro de desvirtuar la aplicación práctica del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. A pesar de que el gobierno reconozca o no la existencia de un conflicto armado, estas normas internacionales, así como las leyes colombianas, continúan siendo aplicables. Pero al negar la existencia de tal conflicto, el gobierno transmite un potente y peligroso mensaje a los combatientes de que no es necesario que respeten el derecho internacional humanitario, una serie de normas de aplicación exclusiva en situaciones de conflicto armado y concebidas para minimizar el sufrimiento. Como afirmó el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, de la ONU, en su informe de 2006 sobre Colombia: “La denegación de la condición de conflicto armado interno tiene importantes consecuencias. Una de ellas es que puede rechazarse toda distinción entre combatientes y no combatientes”. El sorprendente hecho de que todas las partes en el conflicto persistan en no hacer esta distinción supone que, por ejemplo, Colombia tenga el dudoso honor de ser uno de los primeros países del mundo en cifras de desplazamientos forzados y de muertos y heridos por minas terrestres.


La obstinada e ilógica postura del actual gobierno de negarse a reconocer la existencia de un conflicto armado se extiende hasta la negación de que Colombia sigue padeciendo graves problemas humanitarios y de derechos humanos. Si bien reconoce que sigue habiendo problemas, el gobierno afirma que ya se han superado los peores excesos del conflicto. Posiblemente sí han mejorado algunos indicadores de derechos humanos relacionados con el conflicto, como el número de civiles víctimas de homicidio o secuestro, que ha descendido, y muchos colombianos y colombianas, sobre todo los que viven en zonas urbanas, se sienten ahora más seguros que hace diez años. Pero esto sólo es parte del panorama. La cruda verdad es que el conflicto sigue destrozando las vidas de millones de colombianos, especialmente los miembros de comunidades vulnerables que viven en zonas rurales. Las voces de estas personas han sido silenciadas porque sus historias desvirtuarían claramente la versión oficial que presenta a Colombia como país que ha superado en gran medida su sangriento pasado. Terribles ejemplos de esta realidad son, por ejemplo, las nada menos que 286.000 personas que se vieron obligadas a huir de sus hogares sólo en 2009, la situación de deterioro de los derechos humanos a la que se enfrentan los pueblos indígenas y el aumento de las amenazas contra los defensores y defensoras de los derechos humanos.


La innegable verdad es que todas las partes en el conflicto, sean militares, policías, paramilitares o guerrilleros, siguen perpetrando reiteradamente numerosos abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario. Los homicidios ilegítimos, las desapariciones forzadas, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, las amenazas de muerte, el desplazamiento forzado, la violencia sexual contra mujeres y niñas y los ataques indiscriminados continúan a la orden del día.


Preguntas para los candidatos sobre la crisis de derechos humanos


  • No reconocer la existencia de un conflicto armado interno no sólo socava los esfuerzos por aplicar el derecho internacional humanitario, sino que también da argumentos a los grupos guerrilleros que intentan evitar que se les censure por sus ataques contra la población civil. ¿Está usted por tanto de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en que el conflicto continúa existiendo y que, por tanto, las partes implicadas tienen la obligación de cumplir con el derecho internacional humanitario? ¿Acepta que el gobierno tiene la obligación, legalmente vinculante y que emana del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, de proteger a la población civil y asegurarse de que se respetan y protegen los derechos humanos de toda la ciudadanía?


  • Si bien ha habido mejoras en algunos indicadores de derechos humanos, la situación humanitaria y de los derechos humanos sigue siendo sumamente grave, e incluso se ha deteriorado en algunos aspectos. No reconocer esta realidad puede hacer que la difícil situación de los millones de víctimas del conflicto pase desapercibida. ¿Reconoce usted por tanto que Colombia aún sigue atravesando graves problemas humanitarios y de derechos humanos? Y ¿qué medidas concretas tiene pensado tomar para resolver esos problemas?


  • La situación en que se encuentran las comunidades que corren especial peligro de sufrir los efectos del conflicto armado –por ejemplo, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas– es especialmente grave, y se está deteriorando en ciertos aspectos. Los índices de desplazamiento forzoso, que se resisten a descender, son un doloroso testimonio de las graves penalidades que siguen padeciendo muchas de estas comunidades. ¿Qué medidas concretas piensa tomar para abordar las dificultades específicas con que se enfrentan estas comunidades vulnerables?


  • Los defensores y defensoras de los derechos humanos, que desempeñan un papel fundamental en la defensa de estos derechos y del Estado de derecho, continúan siendo víctimas de amenazas, homicidios ilegítimos y detenciones arbitrarias. También han sido objeto de campañas de difamación de las autoridades, que han tratado de vincular su labor con el apoyo a la guerrilla a fin de desvirtuar su legitimidad. Esto ha puesto en peligro su seguridad individual y ha debilitado su capacidad para defender los derechos humanos. ¿Cómo se propone garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos puedan ejercer su derecho constitucional a defender los derechos humanos sin temores, estigmatizaciones y agresiones?


  • Aunque encontrar una solución duradera a este conflicto no sea algo inmediato, durante más de una década ha existido un plan de acción fundamental para abordar la situación de los derechos humanos de las personas afectadas por el conflicto armado de Colombia. Las recomendaciones formuladas reiteradamente por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y aceptadas por el gobierno actual describen en detalle los pasos que las autoridades y los grupos guerrilleros deben seguir para terminar eficazmente con los abusos de derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario. ¿Qué hará usted concretamente para asegurar que estas recomendaciones, así como las presentadas por todos los Procedimientos Especiales y órganos de vigilancia de los tratados de la ONU y por el sistema interamericano de derechos humanos se aplican plenamente y sin demora?


Impunidad y Estado de derecho:


Garantizar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto


La impunidad sigue siendo una de las causas fundamentales de que se continúen perpetrando de forma persistente abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, y también es la amenaza más tangible para el Estado de derecho. El hecho de que la inmensa mayoría de los responsables de tales abusos aún no ha sido llevada ante la justicia y que la mayoría de las víctimas aún no han recibido compensación alguna ha deteriorado mucho la confianza de la opinión pública en la administración de justicia y el Estado de derecho.


Los sucesivos gobiernos colombianos han tratado por todos los medios de convencer tanto dentro como fuera del país de los importantes avances realizados para llevar ante la justicia a los perpetradores de abusos contra los derechos humanos. En años recientes se ha avanzado algo en este aspecto, pero estos avances han impedido ver las graves deficiencias del sistema judicial para combatir la impunidad y han planteado dudas sobre el compromiso del gobierno con la resolución de este problema. La triste verdad es que la impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos contra los derechos humanos. Incluso en los casos destacados donde han sido evidentes ciertos avances, los intentos de desbaratar el proceso siguen socavando las investigaciones:


  • El escándalo del DAS. La operación ilegal masiva y de larga duración de “trampas sucias” llevada a cabo por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) –servicio de inteligencia civil que opera bajo la autoridad directa del presidente– contra defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas provocó que las personas sometidas a estas medidas –vigilancia y campañas de descrédito– recibieran amenazas y que se cometieran una serie de homicidios ilegítimos a manos de los paramilitares. Otros activistas objeto de esta operación, especialmente los implicados en llevar ante los tribunales casos de derechos humanos, continúan sometidos sin motivo a investigaciones criminales y a acusaciones que los vinculan con grupos guerrilleros. Esto los ha puesto en peligro de sufrir agresiones y ha socavado su labor. Aunque varios altos cargos del DAS han sido acusados de “concierto para delinquir agravado” y abuso de autoridad, aún sigue suscitando serias dudas sobre quién ordenó la operación de “trampas sucias” y si tales métodos ilegales continúan empleándose.


  • El escándalo de la “parapolítica”. Unos 80 congresistas están siendo sometidos a investigación criminal por la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos vínculos ilegales con paramilitares, y varios legisladores y otros cargos electos ya han sido declarados culpables. Sin embargo, el gobierno ha tratado reiteradamente de socavar la legitimidad de la Corte Suprema. Varios magistrados que investigan el caso han recibido amenazas, han sido puestos bajo vigilancia y han visto interceptadas sus comunicaciones por instituciones estatales.


  • Ejecuciones extrajudiciales. Aunque la Fiscalía General de la Nación está investigando más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad durante los últimos seis años, la mayoría de los presuntos autores aún están por identificar, con lo que aún no se han iniciado investigaciones sobre ellos. En los casos en que se ha abierto una investigación criminal ha habido muy pocos avances. La resistencia del sistema de justicia militar a aceptar la jurisdicción civil en tales casos amenaza con desvirtuar aún más la lucha contra la impunidad, al igual que las amenazas y el homicidio ilegítimo de abogados y testigos vinculados a estas causas penales.


La impunidad persiste por una infinidad de motivos, complejos e interrelacionados. La falta de voluntad política de las autoridades y la obstrucción a la justicia han contribuido a garantizar que los perpetradores no sean llevados ante la justicia. Resulta especialmente preocupante que personas relacionadas con casos de derechos humanos clave, como abogados, defensores de los derechos humanos, fiscales, jueces, magistrados, testigos, dirigentes comunitarios y víctimas y sus familias, son víctimas cada vez con más frecuencia de amenazas y homicidios ilegítimos. Lógicamente, esto desvirtúa gravemente los esfuerzos por combatir la impunidad.


La connivencia de sectores del aparato del Estado y de algunos del ámbito empresarial y político con los grupos paramilitares y, en menor grado, con grupos guerrilleros y con las bandas del narcotráfico, continúan suponiendo una grave amenaza para el Estado de derecho. La oportunidad más desperdiciada a este respecto fue el ineficaz manejo del nocivo fenómeno del paramilitarismo. Las normas internacionales de derechos humanos dejan claro que el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación no puede ponerse en peligro. Pero el proceso de desmovilización de los paramilitares y la Ley de Justicia y Paz, gracias a la cual los combatientes que depusieran sus armas podrían beneficiarse de la reducción de sus penas de prisión a cambio de confesar violaciones de derechos humanos y de ofrecer reparaciones a sus víctimas, han sido un lamentable fracaso en lo que respecta a garantizar que dichos combatientes han sido retirados verdaderamente del conflicto, que los paramilitares y sus simpatizantes responden adecuadamente por violaciones graves de derechos humanos y del derecho humanitario y que a las víctimas y a sus familias se les ofrece una reparación completa.

Quienes tanto en Colombia como en el extranjero apoyan el proceso de desmovilización de los paramilitares, afirman que vale la pena renunciar a la justicia en aras de la paz. Pero la desmovilización y el marco jurídico que la acompaña no ha traído consigo ni paz ni justicia. Amnistía Internacional considera que la justicia es esencial para garantizar una paz significativa y duradera.


Aunque algunos paramilitares han confesado haber cometido delitos relacionados con los derechos humanos y han incriminado a otras personas de la política, los negocios y el ejército, el proceso de desmovilización sigue lejos de cumplir con las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Aproximadamente el 90 por ciento de los desmovilizados se libraron de ser sometidos a una verdadera investigación. La mayoría de los 18 jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos por cargos de narcotráfico se han negado a colaborar con el sistema de justicia de Colombia en sus investigaciones sobre violaciones de derechos humanos. Es más, las víctimas o sus familiares que participan en el proceso, sus abogados y quienes apoyan sus campañas en pro de la justicia, así como los fiscales y los jueces que participan en el proceso han sido víctimas de amenazas u homicidios ilegítimos.


En la raíz del conflicto está el control del territorio y los recursos. Gran parte de la riqueza acumulada por los paramilitares y los políticos y empresarios que los apoyan procede de la apropiación indebida, a menudo con violencia o amenazas de violencia, de millones de hectáreas de tierra pertenecientes a cientos de miles de campesinos y comunidades indígenas y afrodescendientes por todo lo largo y ancho del país. Como parte de su trato con el gobierno, los paramilitares prometieron entregar todas estas tierras y devolverlas a sus legítimos propietarios o a sus familias. Sin embargo, hasta ahora sólo han devuelto algunas propiedades poco valiosas y ninguna extensión de tierra importante.


En cualquier situación de conflicto, la búsqueda de la verdad y la justicia está plagada de dificultades y obstáculos. Pero para que un proceso así llegue a buen puerto, debe basarse en los derechos humanos, incluido el principio de “no repetición”. La protección contra futuros abusos contra los derechos humanos y la adopción de medidas eficaces para resolver los abusos cometidos en el pasado no son algo que se añada a un proceso de paz o de desmovilización para que resulte más aceptable; son, o deberían ser, el componente crucial para lograr una paz justa y duradera. Esta es una constante que debe aplicarse a todos los procesos de paz y desmovilización, tanto de paramilitares como de guerrillas.


Preguntas para los candidatos sobre la impunidad y el Estado de derecho:


  • No abordar eficazmente la impunidad está prolongando la crisis de derechos humanos y erosionando el Estado de derecho y los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. ¿Qué medidas concretas adoptará usted para garantizar que se investigan eficazmente todos los abusos graves contra los derechos humanos y que se respeta plenamente el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación?


  • El éxito a la hora de combatir eficazmente la impunidad se evaluará en parte según los avances que se realicen en cuatro investigaciones criminales clave: la del DAS, la de los vínculos entre congresistas y paramilitares, la de las más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad y la del proceso de Justicia y Paz. Aunque en todos ellos se han efectuado avances, las investigaciones han estado plagadas de obstáculos y obstrucciones que han amenazado una y otra vez con hacerlas fracasar. ¿Qué medidas concretas tomaría su gobierno para garantizar que estos casos avanzan fluida y eficazmente?


  • Los homicidios y las amenazas a testigos, familiares de víctimas, abogados, fiscales, jueces y defensores de los derechos humanos implicados en investigaciones clave de abusos contra los derechos humanos pueden desbaratar los limitados progresos logrados en la lucha contra la impunidad. Las reiteradas amenazas contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia suponen un peligro especialmente grave para el Estado de derecho. ¿Qué medidas concretas tomaría usted para garantizar que las personas implicadas en investigaciones criminales relacionadas con casos de derechos humanos reciben una protección eficaz?


  • Los constantes intentos del sistema de justicia militar de reclamar la jurisdicción sobre casos de miembros de las fuerzas de seguridad implicados en violaciones de derechos humanos sólo sirven para socavar los esfuerzos por combatir la impunidad. ¿Qué medidas aplicaría para garantizar que todos esos casos quedan excluidos de una vez por todas del sistema de justicia militar?


  • Los duraderos y todavía presentes vínculos entre sectores del Estado, y también de la política y la economía, con grupos paramilitares y, en menor grado, con grupos guerrilleros y con el crimen organizado, han sido una característica del conflicto. Tales vínculos representan un grave peligro para el Estado de derecho, pues amenazan los cimientos del gobierno. ¿Qué medidas concretas aplicará usted para acabar con todos estos vínculos?


  • Solucionar la cuestión de la tierra sigue siendo uno de los retos más difíciles de resolver en la tarea de garantizar el derecho a la reparación de millones de víctimas del conflicto. En cierto modo, la desmovilización de los paramilitares se presentó a una sociedad escéptica basándose en que los combatientes que entregaran sus armas recibirían importantes ventajas procesales y económicas a cambio de renunciar a los millones de hectáreas de tierra de los que se apropiaron desplazando violentamente a quienes vivían en ella. Tanto los paramilitares como el Estado han incumplido ostensiblemente esta promesa. Y mientras tanto, millones de colombianos y colombianas siguen desposeídos de sus tierras, que a menudo son su único medio de subsistencia. ¿Qué medidas concretas tomará para garantizar que estas tierras son devueltas a sus legítimos propietarios o a sus familiares? ¿Y para garantizar que los paramilitares o quienes les apoyan no vuelven a hacerse con el control de estas tierras?



Como candidato presidencial, Amnistía Internacional le reitera su esperanza de que los derechos humanos ocupen un lugar central en su campaña y que, en caso de ganar las elecciones, conceda máxima prioridad a la aplicación de medidas concebidas para poner fin eficazmente a la crisis humanitaria y de derechos humanos. Amnistía Internacional cree sinceramente que apoyando una estrategia de derechos humanos que se base en resolver los motivos de preocupación expresados en esta carta y aplicando plenamente y sin demora todas las recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas y el sistema interamericano de derechos humanos, dará un paso importante y muy necesario para acabar de una vez por todas con los abusos contra los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario.




Atentamente,





Susan Lee

Directora del Programa Regional para América


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