Document - Colombia: Open Letter to the Presidential Candidates

[No difundir hasta el 27 de abril de 2006] Público

Amnistía Internacional

Colombia

Carta abierta a los candidatos presidenciales

Colombia

Carta abierta a los candidatos presidenciales

Estimado candidato presidencial:

A un mes de las elecciones presidenciales del 28 de mayo, Amnistía Internacional (AI) desea aprovechar la ocasión para subrayar la sincera esperanza de la organización de que todos los candidatos presidenciales tengan muy presente en su agenda electoral el tema fundamental de los derechos humanos en Colombia y le otorguen la máxima prioridad.

Durante los últimos treinta años, AI ha observado atentamente la crisis de derechos humanos en Colombia. La organización ha emprendido muchas acciones y publicado informes basados en la investigación sobre el terreno. En estos informes, AI ha hecho públicas las muchas violaciones de derechos humanos y graves infracciones del derecho internacional humanitario en las que están implicados miembros de las fuerzas de seguridad, paramilitares –que siguen operando en colaboración con las fuerzas de seguridad o con su aquiescencia– y grupos guerrilleros. En el largo diálogo que AI ha mantenido con los sucesivos gobiernos de Colombia a lo largo de los últimos treinta años, la organización ha subrayado la responsabilidad internacional del Estado colombiano de cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales en lo que se refiere al respeto y la protección de los derechos humanos. AI también ha pedido siempre a los grupos guerrilleros que respeten plenamente el derecho internacional humanitario.

Esta carta plantea los principales motivos de preocupación de AI en el ámbito de los derechos humanos y sus recomendaciones. La organización cree que estas recomendaciones contribuirían significativamente a resolver el prolongado y sangriento conflicto armado del país, causante de la muerte o la "desaparición" de más de 70.000 personas, en su inmensa mayoría civiles muertos fuera de combate, y del desplazamiento de más de 3 millones durante los últimos 20 años. AI pide a todos los candidatos presidenciales que incorporen estas recomendaciones en sus programas electorales y se comprometan públicamente a aplicarlas si ganan las elecciones.

Reconocimiento de la crisis de derechos humanos y el conflicto armado interno

Todas las partes en el conflicto continúan mostrando un grave desprecio por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y han sido responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros delitos tipificados por el derecho internacional, como homicidios, "desapariciones", torturas y secuestros. Es la población civil la que indefectiblemente se ha visto más afectada por esta crisis de derechos humanos que aún está en fase crítica, ya que es ella la que precisamente sigue estando en el punto de mira de todos los sectores armados para evitar su posible o imaginario apoyo al bando contrario. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha afirmado reiteradamente que su principal motivo de preocupación en Colombia ha sido el hecho de que las partes en el conflicto no hayan respetado el principio de distinción entre quienes participan en el conflicto y quienes no lo hacen.(1)

Aunque algunos indicadores de la violencia relacionada con el conflicto parecen haber descendido, en particular el número de secuestros y de homicidios, estas cifras ocultan una realidad de derechos humanos que AI sigue considerando crítica. En particular, la organización ha expresado honda preocupación por el aumento del número de nuevas personas desplazadas, los informes de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad y los paramilitares a pesar de su supuesta desmovilización y el número de "desapariciones", que sigue siendo elevado. También son motivo de honda preocupación la exacerbación de la violencia de los ataques de la guerrilla contra comunidades civiles, con homicidios deliberados y secuestros, y su uso sistemático de los bloqueos económicos y las "huelgas armadas", cuyas principales víctimas son los civiles. Aunque AI reconoce que puede haber descendido el número de homicidios en las grandes ciudades, la situación en las provincias, y especialmente en el campo, sigue deteriorándose. Pocos de los abusos y las violaciones de derechos humanos que se cometen en las zonas rurales llegan jamás a oídos de las autoridades, bien por miedo a las represalias de cualquiera de los actores armados, o por falta de confianza en las instituciones pertinentes.

Recomendaciones a los candidatos presidenciales:

· Reconocer públicamente que Colombia está pasando por una crisis de derechos humanos. No hacerlo es condenar a la invisibilidad la difícil situación en que se encuentran las millones de víctimas del conflicto.

· Reconocer públicamente la responsabilidad del Estado de resolver la crisis de derechos humanos. Sucesivos gobiernos han intentado eludir la responsabilidad de abordar esta crisis utilizando los abusos cometidos por la guerrilla como justificación para su reiterada inacción. Pero precisamente por los deberes y obligaciones que le imponen las leyes nacionales e internacionales y por ejercer de forma exclusiva la función de respetar y defender la ley, mantener el orden y administrar la justicia, el Estado debe asumir la responsabilidad de resolver esta tragedia de derechos humanos.

· Reconocer públicamente la existencia de un conflicto armado interno.(2) No hacerlo podría debilitar la aplicación del derecho internacional humanitario y favorecer los esfuerzos de la guerrilla para evitar que se censuren sus numerosos y sistemáticos ataques contra la población civil.

· Apoyar públicamente la retirada de la declaración efectuada en virtud del artículo 124 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que permite a Colombia rechazar la competencia de este tribunal para investigar crímenes de guerra durante un periodo de siete años.

Aplicación de las recomendaciones internacionales sobre derechos humanos

A lo largo de las dos últimas décadas, organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos, han publicado informes periódicos sobre la situación general de los derechos humanos en Colombia.(3) Los Procedimientos Especiales de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la CIDH, que se ocupan de asuntos diversos, como la libertad de expresión y las "desapariciones", también han visitado Colombia por invitación de los sucesivos gobiernos. Estos órganos también han publicado numerosos informes y recomendaciones, dirigidos tanto a las autoridades como a los grupos guerrilleros.(4)

Estas recomendaciones ofrecen un marco eficaz y práctico para resolver la crisis de derechos humanos.(5) Incluyen llamamientos a la acción para resolver el problema endémico de la impunidad, romper los vínculos entre los paramilitares y los funcionarios públicos, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, y combatir y desmantelar eficazmente a los grupos paramilitares; garantizar la protección de la población civil que está más en peligro, como las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, las personas desplazadas, las mujeres y los menores, así como quienes están en la vanguardia de la lucha por los derechos humanos: sindicalistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas comunitarios. Las recomendaciones de las Naciones Unidas también piden a la guerrilla que tome medidas decisivas para respetar y defender el derecho internacional humanitario, y al gobierno y los grupos guerrilleros que lleguen a un acuerdo humanitario para proteger a la población civil del conflicto.

La responsabilidad de que la crisis de derechos humanos se haya cronificado en Colombia es tanto de los sucesivos gobiernos, que no han aplicado plenamente las recomendaciones de las Naciones Unidas, como de las fuerzas de la guerrilla, que no se han comprometido a respetar y defender el derecho internacional humanitario.

Aunque los gobiernos colombianos recientes han avanzado algo en la aplicación de varias de estas recomendaciones, hasta ahora han hecho muy poco para aplicarlas plenamente. A AI le preocupa la evidente falta de voluntad política del actual gobierno para apoyar de pleno la aplicación de estas recomendaciones. Su reiterado incumplimiento de las recomendaciones sobre la preparación de un Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y de un calendario para la aplicación de las recomendaciones de derechos humanos de las Naciones Unidas son ejemplos muy tangibles de la inacción del gobierno con respecto a cuestiones clave relacionadas con los derechos humanos.

En su intento de asegurar que el gobierno sigue las recomendaciones de las Naciones Unidas, la comunidad internacional ha prestado en reiteradas ocasiones su apoyo político y financiero a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presente en Colombia desde 1996. La Oficina tiene el mandato de vigilar el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y prestar asesoramiento y asistencia técnica al gobierno. La intervención de la Oficina ha garantizado que las vidas de muchos civiles se salven. Por eso AI ha expresado su preocupación por los evidentes esfuerzos del gobierno colombiano para tratar de menoscabar su mandato en el momento de su renovación, que se efectuará este año.

Recomendaciones a los candidatos presidenciales:

· Comprometerse públicamente a aplicar plenamente y sin demora las recomendaciones sobre derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros órganos de las Naciones Unidas, así como de la CIDH.

· Expresar públicamente su apoyo a la renovación del mandato íntegro de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Dicho mandato debe ser renovado por un periodo razonable, al menos cuatro años. Cualquier restricción del mandato de la Oficina obstaculizaría gravemente su capacidad de desempeñar su tarea con eficacia, con el consiguiente riesgo de un mayor deterioro de la crisis de derechos humanos.

Reforma del marco legal para la desmovilización de los grupos armados ilegales

Se supone que más de 25.000 paramilitares han sido desmovilizados en virtud de un proceso criticado por AI y otros grupos de derechos humanos colombianos e internacionales, así como por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CIDH. AI vería con satisfacción un proceso de desmovilización que condujera al verdadero desmantelamiento de los paramilitares y terminara con los vínculos entre éstos y las fuerzas de seguridad. Pero es poco probable que el actual proceso de desmovilización garantice el desmantelamiento real de tales estructuras. De hecho, está facilitando un resurgimiento del paramilitarismo y socavando el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

La mayoría de los paramilitares que se han desmovilizado se han beneficiado del Decreto 128 de 2003, en virtud del cual los miembros de grupos armados ilegales que no están siendo investigados por delitos de derechos humanos se benefician de una amnistía de hecho. Precisamente el problema endémico de la impunidad en Colombia es el motivo por el cual la mayoría de los paramilitares y los miembros de la guerrilla, responsables muchos de ellos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros delitos tipificados por el derecho internacional, nunca han sido investigados, y mucho menos puestos a disposición judicial por estos delitos. Por lo tanto, casi todos los miembros de los grupos paramilitares ya se han beneficiado del Decreto 128.

A lo sumo unos cuantos cientos de paramilitares, principalmente dirigentes de rango alto y medio, están siendo investigados por violaciones de derechos humanos. Aunque ellos no pueden beneficiarse del Decreto 128, es probable que gocen de considerables ventajas procedimentales en virtud de la Ley de Justicia y Paz,(6) aprobada en 2005 aparentemente para facilitar la desmovilización de los grupos paramilitares. Al igual que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CIDH, AI ha criticado reiteradamente tanto el Decreto 128 como la Ley de Justicia y Paz por no cumplir las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y porque garantizará la impunidad de paramilitares y guerrilleros responsables de violaciones de derechos humanos y abusos, y de terceros que han dado apoyo y respaldo al paramilitarismo, como los miembros de las fuerzas de seguridad y los que les han proporcionado otros apoyos logísticos, políticos y financieros.(7)

Pero todos los indicios apuntan a que muchas estructuras paramilitares siguen prácticamente intactas, y que los paramilitares continúan matando. AI sigue documentando violaciones de derechos humanos cometidos por grupos paramilitares que en ocasiones operan bajo nuevos nombres y a menudo en connivencia con las fuerzas de seguridad. En el departamento de Meta, por ejemplo, a pesar de la presunta desmovilización del Bloque Centauros en septiembre de 2005, AI sigue recibiendo informes creíbles de homicidios y "desapariciones" a manos de paramilitares que operan bajo un nuevo nombre en connivencia con las fuerzas de seguridad y en las mismas zonas en las que operaba el Bloque Centauros. Según los habitantes de la zona, estas estructuras continúan dirigidas por los mismos jefes militares. En todo el país, más de 2.750 homicidios y "desapariciones" han sido atribuidas de forma fidedigna a paramilitares desde que éstos anunciaron el cese de las hostilidades a finales de 2002.

El gobierno no sólo no se ha asegurado de que los paramilitares desmovilizados se reintegran plenamente a la vida civil, sino que además está promoviendo políticas que podrían "reciclar" a los combatientes en el conflicto. Se está animando a muchos combatientes desmovilizados a que se incorporen a "redes de informantes civiles", concebidas para proporcionar información militar a las fuerzas de seguridad, y que se conviertan en "guardias cívicos" encargados de la seguridad en, por ejemplo, parques públicos y carreteras. El endeble marco legal bajo el cual se han desmovilizado los paramilitares significa que no hay garantía alguna de que no se está integrando a violadores de derechos humanos en estructuras de seguridad, como por ejemplo empresas de seguridad privada, donde podrían portar armas y por lo tanto estar en condiciones de ejercer el poder y cometer más abusos en las zonas en las que operan.

Los millones de sobrevivientes del conflicto se han convertido en las verdaderas víctimas de la estrategia gubernamental de desmovilización de los paramilitares. No sólo apenas hay disposiciones para que participen en los procesos judiciales que puedan surgir de la Ley de Justicia y Paz, sino que su derecho a una reparación integral –en particular por las tierras que les robaron los paramilitares– se ha pasado por alto lamentablemente. Se cree que los paramilitares poseen varios millones de hectáreas de tierra, muchas de ellas conseguidas por la fuerza. Las leyes existentes amenazan con permitir a los paramilitares desmovilizados mantener el control de estos bienes y legalizarlos.

Según el Decreto 4760, promulgado el 31 de diciembre de 2005 para regular la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, estos bienes obtenidos ilegalmente pueden ser catalogados como reparación si se considera que benefician económicamente a la comunidad local y los paramilitares desmovilizados. Es más, los paramilitares desmovilizados que declaren que estas tierras benefician económicamente a la comunidad local y a otros, incluidos sus propios combatientes supuestamente desmovilizados, podrían tener acceso a subvenciones para desarrollar proyectos agrícolas en estas tierras en virtud del programa de "reinserción rural" anunciado por el gobierno en abril de 2005.

Este programa de "reinserción rural" prevé la financiación gubernamental de proyectos agroindustriales que reúnan a campesinos, personas desplazadas y paramilitares desmovilizados. Estos últimos constituirían la mitad de los que trabajan en cada proyecto. De hecho, varios grupos paramilitares ya han anunciado su intención de promover proyectos de desarrollo económico para sus miembros y la comunidad local de zonas bajo su control.

Así, en estos proyectos agrícolas podrían verse a comunidades de campesinos y desplazados trabajando codo con codo con las mismas personas que las obligaron a irse de sus tierras con amenazas, o que mataron o hicieron "desaparecer" a sus familiares. En un marco en el que ni se está produciendo una verdadera desmovilización de los paramilitares ni se está entregando a la justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos, resultará difícil garantizar que los paramilitares que participen en estos proyectos no los controlen mediante la violencia o la amenaza de violencia contra quienes se opongan a sus intereses.

Estos proyectos también podrían desarrollarse en tierras colectivas cedidas a comunidades afrodescendientes e indígenas, lo cual podría desvirtuar la independencia de los Consejos Comunitarios, que determinan la forma en que se explotan las tierras, y obligarlos a adoptar políticas contrarias a los intereses de la comunidad. De nuevo, cualquier oposición podría encontrarse con violencia o amenazas de violencia.

Un proyecto de ley presentado al Congreso en marzo de 2005 amenaza también con consolidar la propiedad de las tierras conseguidas por los paramilitares por la fuerza.(8) El proyecto, si se aprueba, dará a los particulares un plazo de tiempo limitado para legalizar su propiedad de la tierra. Dado que muchas de las personas que han sido desplazadas por la fuerza viven invariablemente lejos de su lugar de origen, puede resultar difícil notificarles que se están llevando a cabo procedimientos para asegurar la titularidad de sus tierras con el tiempo necesario para que impugnen estas reclamaciones. Según el proyecto de ley, toda persona que impugne una reclamación deberá estar presente en los procedimientos. Pero ésta no es una propuesta realista para personas que se han visto obligadas a huir de sus tierras por temor a sufrir ataques. Aunque las disposiciones del proyecto indican que no se reconocerá la titularidad de tierras situadas en zonas de desplazamiento forzado, la mayoría de las tierras pertenecientes a personas desplazadas no han sido registradas como tales.

Recomendaciones a los candidatos presidenciales:

· Expresar públicamente su apoyo a la aprobación de un marco legal para la desmovilización de grupos armados ilegales que respete las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, incluida la devolución a sus legítimos propietarios o sus descendientes de las tierras conseguidas por la fuerza por los paramilitares.

· Acordar públicamente la adopción de medidas para garantizar que los combatientes desmovilizados no se "reciclen" en el conflicto, sino que se integran plenamente en la vida civil. El uso de combatientes desmovilizados en operaciones relacionadas con la seguridad supone un peligro de que se repitan las condiciones que condujeron inicialmente al desarrollo del paramilitarismo.

· Comprometerse públicamente a no aprobar ninguna ley que pudiera legalizar la propiedad de tierras y otros bienes expropiados mediante abusos contra los derechos humanos.

Garantía de respeto pleno de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario por las fuerzas de seguridad

Las fuerzas de seguridad tienen la especial obligación de garantizar que sus acciones se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Pero AI, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la CIDH siguen documentando casos de participación generalizada y sistemática de las fuerzas de seguridad en violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, "desapariciones", tortura (incluidos actos de violencia sexual contra las mujeres), y detención arbitraria de civiles. Hay informes que indican que en 2005 el ejército ejecutó al menos a un centenar de civiles. A menudo se describía a las víctimas falsamente como "guerrilleros muertos en combate". Es más, sigue habiendo claros indicios de que ciertos sectores de las fuerzas de seguridad siguen actuando en connivencia con los paramilitares.

La cuestión de la impunidad es fundamental para AI, y el nuevo gobierno colombiano deberá abordarla sin rodeos. La impunidad, tanto la de los miembros de las fuerzas de seguridad como de los paramilitares o de la guerrilla, es un factor fundamental de la crisis de derechos humanos de Colombia. Aunque son muy pocos los presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros delitos tipificados por el derecho internacional que han sido puestos a disposición judicial, el grado de impunidad de que disfrutan los altos mandos de las fuerzas de seguridad implicados en violaciones de derechos humanos ha sido especialmente escandaloso dada su obligación de respetar el Estado de derecho.

El escándalo de la impunidad nunca se resolverá si no existe el compromiso de garantizar que los casos de derechos humanos en los que estén implicados miembros de las fuerzas de seguridad serán investigados únicamente por el sistema de justicia ordinaria, como dictaba una sentencia de 1997 de la Corte Constitucional,(9) y no por el sistema de justicia penal militar, que continúa reclamando su competencia en muchos casos. Ha sido práctica habitual de estos tribunales no poner a disposición judicial a los responsables de violaciones de derechos humanos. Aunque el sistema de justicia ordinaria ha iniciado algunas investigaciones que implican a personal del ejército en violaciones de derechos humanos, estas investigaciones se han visto obstaculizadas por muchos factores, entre ellos las amenazas contra los fiscales y los testigos.

Recomendaciones a los candidatos presidenciales:

· Expresar públicamente su preocupación por las violaciones de derechos humanos y las vulneraciones del derecho internacional humanitario cometidas por las fuerzas de seguridad –incluido el número creciente de informes de ejecuciones extrajudiciales– y adoptar medidas para evitar e investigar estas violaciones.

· Comprometerse públicamente a garantizar investigaciones completas e imparciales sobre violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario y a insistir en que se investigan y se ponen en manos de la justicia a los funcionarios públicos, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, responsables de apoyar el paramilitarismo. Además, comprometerse públicamente a que los miembros de las fuerzas de seguridad implicados por investigaciones judiciales o disciplinarias en tales casos o en connivencia con el paramilitarismo sean suspendidos de sus funciones hasta que se determine su responsabilidad o su inocencia.

· Comprometerse públicamente a adoptar medidas para garantizar que el sistema de justicia penal militar no reclama competencia en casos de derechos humanos en los que están implicados miembros de las fuerzas de seguridad, y a asegurarse de que la Fiscalía General de la Nación da instrucciones a sus fiscales para que actúen con arreglo a los principios internacionales que establecen que los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en violaciones de derechos humanos siempre deben ser investigados por el sistema de justicia ordinaria.

Compromiso de firmar un acuerdo humanitario con los grupos guerrilleros

Los grupos guerrilleros tienen una responsabilidad equivalente de garantizar que sus combatientes respetan plenamente las leyes de la guerra, tal como disponen instrumentos internacionales como el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), incluido el derecho de los civiles a no verse envueltos en las hostilidades. Al no cumplir estos compromisos, los grupos guerrilleros también son culpables de contribuir a que la crisis de derechos humanos en Colombia continúa costándole la vida a miles de colombianos y reduciendo a millones de otros a la mayor de las miserias.

AI ha expresado reiteradamente su condena de los abusos cometidos por la guerrilla, como secuestros, torturas (incluida la violencia contra las mujeres), reclutamiento forzoso de menores y homicidio arbitrario de civiles. En toda Colombia, al menos 140 civiles murieron y más de 270 fueron secuestrados por los grupos guerrilleros en la primera mitad de 2005.

Recomendaciones a los candidatos presidenciales:

· Comprometerse a llegar a un acuerdo humanitario con la guerrilla. AI, la comunidad internacional, incluida la Unión Europea y la ONU (particularmente la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos), han pedido a las dos partes que lleguen a un acuerdo para proteger a la población civil del conflicto. Cualquier acuerdo humanitario debe incluir la liberación de todos los rehenes que están en manos de grupos guerrilleros y la denegación de amnistías para los implicados en graves abusos contra los derechos humanos.

· En vista de las actuales negociaciones de paz con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN, y en cualquier futura conversación de paz con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, comprometerse públicamente a garantizar que el gobierno sitúa el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario como máxima prioridad en su agenda de negociaciones.

Defensa de los derechos de defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas sociales

Con el tiempo, las fuerzas de seguridad han adoptado una estrategia de contrainsurgencia centrada fundamentalmente en minar lo que perciben como apoyo de la población civil a la guerrilla. Esta estrategia suele considerar a los civiles que habitan zonas de conflicto no como víctimas de los grupos guerrilleros, sino como parte del enemigo, lo cual ha conducido al abuso y la estigmatización sistemáticos de grupos considerados "favorables" a la guerrilla, como defensores y defensoras de los derechos humanos, dirigentes campesinos, sindicalistas y otros activistas sociales.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y activistas comunitarios están en primera línea de la lucha por los derechos políticos, sociales y económicos en Colombia. Muchos denuncian activamente violaciones de derechos humanos y vulneraciones del derecho internacional humanitario perpetradas por todas las partes en el conflicto. Así, ellos y las organizaciones a las que pertenecen se han convertido en objetivo de quienes en Colombia desean silenciar sus denuncias. Esto trae consigo la preocupación de que sectores de las fuerzas de seguridad y otros funcionarios del Estado, el gobierno y la judicatura estén tratando de empañar y erosionar su reputación y la de sus organizaciones mediante detenciones arbitrarias y judicializaciones, allanando con ello el terreno al peligro de ataques paramilitares. Las fuerzas guerrilleras también han puesto en el punto de mira a activistas sociales y defensores de los derechos humanos que han criticado sus acciones o buscado alternativas socioeconómicas que no se ajustan a la ideología de la guerrilla. En 2005 perdieron la vida más de 70 sindicalistas, 7 defensores de los derechos humanos y 17 activistas comunitarios.

Los esfuerzos del Ministerio del Interior para administrar varios programas creados con el propósito de proteger a defensores y defensoras de los derechos humanos y sindicalistas han sido positivos, pero se han encontrado con problemas financieros, operativos, administrativos y burocráticos. Sin embargo, si bien estos programas han salvado vidas de activistas, continuarán resultando relativamente ineficaces a menos que se tomen medidas políticas concretas y eficaces para apoyar la labor legítima de quienes defienden los derechos humanos en el país y terminar con la impunidad que garantiza que a los perpetradores de violaciones de derechos humanos y abusos rara vez se los identifique y aún más raramente se les exijan responsabilidades.

Por consiguiente, AI sigue viendo con preocupación cómo altos cargos del gobierno, funcionarios del Estado y mandos del ejército hacen declaraciones equiparando la labor de los activistas de derechos humanos con la "subversión" –lo cual sólo sirve para aumentar el peligro de que dichos activistas sean víctimas de ataques– y cómo se siguen utilizando los archivos de inteligencia militar y a menudo el testimonio de informantes pagados como única base para incoar actuaciones legales contra defensores y defensoras de derechos humanos y otros activistas.

En septiembre de 2003 se presentaron cargos penales contra cinco miembros de la organización no gubernamental colombiana Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. La Fiscalía General de la Nación abrió investigaciones judiciales por denuncias de corrupción, narcotráfico, homicidio y formación de grupos armados ilegales. Estas actuaciones surgen a partir de la decisión de la Corte Constitucional de autorizar a la organización a participar en las actuaciones judiciales que se siguen por los más de 200 casos de violaciones de derechos humanos cometidas por paramilitares que operaban en coordinación con la XVII Brigada del Ejército colombiano entre 1997 y 1998. Aunque algunos de los cargos se retiraron, recientemente se han presentado nuevos cargos contra la organización.

La representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Hina Jilani, señaló recientemente que "el número de comunicaciones enviadas al gobierno de Colombia sobre casos de defensores en peligro y que atraviesan dificultades sigue siendo especialmente elevado. La representante señaló también que a pesar de las reiteradas expresiones de preocupación emitidas bajo su mandato, la situación de los defensores de los derechos humanos en Colombia no parece haber mejorado, sino más bien parece haberse deteriorado".(10) Por otro lado, hasta ahora el gobierno no ha accedido a la solicitud para visitar Colombia presentada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.(11)

Recomendaciones a los candidatos presidenciales:

· Expresar públicamente su apoyo a la labor realizada por los activistas de derechos humanos y comprometerse públicamente a poner fin a la evidente campaña para minar y desacreditar la legítima labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y otros activistas sociales.

· Comprometerse públicamente a revisar el uso del sistema legal para socavar la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y otros activistas comunitarios.

· Comprometerse públicamente a investigar y sancionar a los funcionarios públicos que socaven la labor de los activistas de derechos humanos. En concreto deben incrementarse los esfuerzos para garantizar que estos funcionarios cumplen la Directiva Presidencial 07, promulgada en 2001, que ordena a los servidores públicos se abstengan de cuestionar la legitimidad de las organizaciones de derechos humanos, formular falsas imputaciones o comportarse de cualquier forma que pudiera denigrar o fomentar la hostilidad hacia los defensores y defensoras de los derechos humanos.

· Comprometerse públicamente a revisar de forma eficaz los archivos de inteligencia militar sobre muchos defensores y defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y otros activistas. A pesar de las reiteradas peticiones de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para que estos expedientes sean revisados, hasta ahora se ha avanzado muy poco en esa línea.

· Comprometerse públicamente a adoptar medidas eficaces para garantizar que las autoridades judiciales abren investigaciones penales completas e imparciales sobre violaciones de derechos humanos y abusos perpetrados contra defensores y defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y activistas comunitarios.

· Dado que el uso del sistema legal para socavar la legítima labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas sociales sigue siendo motivo de preocupación, comprometerse públicamente a satisfacer la solicitud de visitar Colombia presentada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Protección de la población civil que se encuentra en situación de mayor peligro

A AI le sigue preocupando la lamentable falta de respeto que las fuerzas guerrilleras y las fuerzas de seguridad muestran hacia el derecho de la población civil de no verse involucrada en el conflicto. AI sigue documentando casos de hostigamiento generalizado y sistemático de civiles por parte de combatientes guerrilleros y de las fuerzas de seguridad, que actúan con o sin los paramilitares. Los civiles que se encuentran en zonas de conflicto y áreas de importancia militar o económica, especialmente las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, siguen siendo uno de los sectores de la población civil más vulnerables de Colombia. Las mujeres también siguen siendo hostigadas por todas las partes en el conflicto y AI sigue documentando muchos casos de ataques contra ellas, a menudo con violencia sexual.

El desplazamiento forzado sigue siendo una de las expresiones más visibles del hostigamiento deliberado de la población civil. Más de 300.000 personas fueron desplazadas a la fuerza en 2005, una cifra significativamente mayor que la del año anterior. En su presentación estratégica regional en la 35ª reunión del Comité Permanente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señaló que un número cada vez mayor de grupos armados lucha por el control en las afueras de las principales ciudades, donde viven la mayoría de las personas desplazadas en difíciles condiciones de seguridad. Los estallidos de violencia, particularmente en las zonas fronterizas, han tenido repercusión en países vecinos, donde según los informes hay más de medio millón de colombianos viviendo en situaciones parecidas a las de los refugiados.(12)

Las comunidades civiles que han tratado de exigir activamente que se reconozca su derecho a no verse involucradas en el conflicto han sido hostigadas por todos los agentes armados. Entre estas comunidades se encuentra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el departamento de Antioquia, y las comunidades afrodescendientes de Cacarica, Jiguamiandó y Curvaradó, en el departamento de Chocó. En febrero de 2005, unos hombres armados, que según testigos eran miembros del ejército colombiano, mataron a ocho miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Posteriormente han perdido la vida otros miembros de esta comunidad, algunos de ellos presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad.

Las comunidades afrodescendientes que viven en zonas humanitarias de la cuenca del río Cacarica, como las de Jiguamiandó y Curvaradó, siguen expuestas a la amenaza de incursiones paramilitares. El homicidio del dirigente comunitario Orlando Valencia en octubre de 2005 coincidió con la incoación de varias actuaciones penales contra miembros del Consejo Comunitario y de Justicia y Paz, organización esta última que colabora estrechamente con estas comunidades.(13)

Los implicados en estas actuaciones penales son los que están en primera línea a la hora de denunciar de las violaciones de derechos humanos que sufren estas comunidades y la expropiación ilegal de tierras comunitarias por intereses económicos que tratan de desarrollar plantaciones de palma africana en la zona y presuntamente actúan en conjunción con grupos paramilitares. La CIDH y funcionarios colombianos han reconocido la relación existente entre las amenazas contra estas comunidades y el desarrollo ilegal de la palma africana. Las investigaciones penales sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas contra miembros de las comunidades de Jiguamiandó, Curvaradó, Cacarica y San José han avanzado muy poco.

Recomendaciones a los candidatos presidenciales:

· Comprometerse públicamente a garantizar que se toman medidas para aumentar la protección eficaz de la población civil, incluidas las personas desplazadas, en consonancia con las recomendaciones de derechos humanos de las Naciones Unidas y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, de las Naciones Unidas.

· Reconocer públicamente la obligación particular del Estado de evitar el desplazamiento de los pueblos indígenas, los campesinos y otros grupos de zonas en conflicto y áreas de importancia militar o económica que tienen una especial dependencia o relación con sus tierras.

· Reconocer públicamente el derecho de la población civil a no verse arrastrada al conflicto, y la legitimidad de la postura adoptada por comunidades como las de San José de Apartadó, Cacarica, Jiguamiandó y Curvaradó de ejercer activamente este derecho.

· Comprometerse públicamente a llevar a cabo una evaluación sobre las investigaciones penales abiertas contra líderes comunitarios y organizaciones no gubernamentales que trabajan con las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, y garantizar que se inician investigaciones completas e imparciales sobre las violaciones de derechos humanos sufridas por estas comunidades.

· Comprometerse públicamente a llevar a cabo una evaluación del estado de las investigaciones penales sobre los abusos contra los derechos humanos perpetrados contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Esto se satisfaría las reiteradas peticiones efectuadas por la comunidad desde 2002 para que se evalúe el trabajo de la comisión creada en 2000 para investigar los más de 150 homicidios y "desapariciones" llevadas a cabo contra miembros de la comunidad de San José.

Como candidato presidencial, AI espera que haga usted de estos motivos de preocupación en materia de derechos humanos el eje central de su campaña y, si gana las elecciones del 28 de mayo, que ocupen un lugar básico en su administración. AI cree sinceramente que, apoyando una estrategia de derechos humanos basada en las recomendaciones precedentes, y en las formuladas por los órganos de derechos humanos de la ONU y la OEA, estará usted dando un paso importante y muy necesario para acabar de una vez por todas con la crisis de derechos humanos. No es necesario decir que AI continuará presionando a la comunidad internacional y las organizaciones internacionales para que apoyen los esfuerzos de Colombia para conseguir este objetivo.

Atentamente:

Susan Lee

Directora del Programa Regional para América********

(1) Véase http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/audio_respect_ihl_040205!OpenDocument(en inglés)

(2) El CICR define la situación de Colombia como de conflicto armado interno.

(3) Véanse, por ejemplo, CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9, Rev.1, 26 de febrero de 1999, y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2006/9, 20 de enero de 2006.

(4) Véanse, por ejemplo, CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Impunidad, Autocensura y Conflicto Armado en Colombia, OEA/Ser.L/V/II, Doc.51, 31 de agosto de 2005, y Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Sra. Radhika Coomaraswamy, presentado de conformidad con la resolución 2001/49 de la Comisión de derechos humanos, E/CN.4/2002/83/Add.3, 11 de marzo de 2002.

(5) El gobierno colombiano se ha comprometido a aplicar las recomendaciones de derechos humanos de las Naciones Unidas en numerosas ocasiones, como al firmar la Declaración de Londres y la Declaración de Cartagena, en 2003 y 2005 respectivamente, y a través de reiteradas declaraciones de la Presidencia en los periodos de sesiones anuales de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la última en 2005 (véase el documento de la ONU E/2005/23, páginas 347-355).

(6) Ley 975 de 2005.

(7) Véase un examen detallado de los motivos de preocupación de AI sobre esta cuestión en Los paramilitares en Medellín: ¿Desmovilización o legalización?, Índice AI: AMR 23/019/2005, 1 de septiembre de 2005.

(8) Proyecto de ley 319 Cámara, "por medio del cual se establece un proceso especial para el saneamiento de la titulación de la propiedad inmueble".

(9) Sentencia de la Corte Constitucional C 358, de 5 de agosto de 1997.

(10) Véase el documento de la ONU E/CN.4/2006/95/Add.1, párr.139 (disponible sólo en inglés, traducción de Amnistía Internacional). Hina Jilani visitó también Colombia en octubre de 2001. Su informe sobre esa visita está disponible en el documento de la ONU E/CN.4/2002/106/Add.2, 28 de marzo de 2002.

(11) "A pesar de que Colombia [...] [ha] cursado una invitación abierta a todos los procedimientos temáticos de la Comisión de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo no ha recibido respuesta a su solicitud de visitar [este país]." Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, E/CN.4/2006/7, 12 de diciembre de 2005 (párr. 24)

(12) Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Regional Strategic Presentation Summary to 35th Standing Committee Meeting, 7-9 de marzo de 2006.

(13) Véase en el apartado anterior el análisis de Justicia y Paz.