Document - Colombia: The human rights situation in Colombia: Amnesty International written statement to the 19th session of the UN Human Rights Council (27 February – 23 March 2012)

Colombia Annual Report Outline: 2012

COLOMBIA: LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA: DECLARACIÓN ESCRITA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL ANTE LA DECIMONOVENA SESIÓN DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU (del 27 de febrero al 23 de marzo de 2012) Índice AI: AMR 23/007/2012 PÚBLICO Fecha: 10 de febrero de 2012 La situación de los derechos humanos en Colombia: Declaración escrita de Amnistía Internacional ante la decimonovena sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (del 27 de febrero al 23 de marzo de 2012) Amnistía Internacional expresa su constante reconocimiento al trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia para la mejora del respecto hacia los derechos humanos y el derecho humanitario internacional en el país. En su decimonovena sesión, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) tendrá ante sí el informe de la Alta Comisionada sobre la situación de los derechos humanos en Colombia,1 que lamentablemente no está disponible en el momento de redactarse este documento. Esta declaración presenta una visión general de las preocupaciones de Amnistía Internacional en Colombia. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos, sigue expresando su compromiso con los derechos humanos y el fin de la impunidad. La relación del gobierno con las organizaciones en defensa de los derechos humanos ha sido, en general, constructiva, especialmente al compararla con la posición abiertamente hostil que había adoptado el gobierno anterior. Ha introducido también algunas políticas diseñadas para beneficiar a muchas, pero no a todas, las víctimas del conflicto armado. En concreto, la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras que, si se implementa eficazmente, podría ser un importante paso adelante en los esfuerzos para devolver a sus legítimos dueños algunos de los millones de hectáreas de tierras apropiados indebidamente. A pesar de estos avances positivos, ha habido pocas mejoras tangibles en la situación general de los derechos humanos. La población civil sigue siendo la más afectada por las consecuencias sobre los derechos humanos del conflicto armado. Los grupos guerrilleros, los paramilitares y las fuerzas de seguridad siguen siendo responsables de crímenes de acuerdo con el derecho internacional, entre los que se incluyen homicidios, secuestros, desapariciones forzadas, violencia sexual y desplazamientos forzados. Los habitantes de las zonas rurales, particularmente los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas, son quienes sufren un mayor riesgo, al igual que las personas que viven en comunidades urbanas pobres, los defensores y las defensoras de los derechos humanos y los sindicalistas. La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras: La Ley reconoce la existencia de un conflicto armado y los derechos de las víctimas. Se prevé una reparación para muchos de los supervivientes de abusos de derechos humanos, incluidos los perpetrados por agentes del Estado. Sin embargo, se excluye a muchas otras víctimas del conflicto de presentar reclamaciones de reparación, mientras que importantes extensiones de tierras indebidamente apropiadas puede que no sean devueltas a sus legítimos dueños. A Amnistía Internacional le preocupa la ausencia de salvaguardas que garanticen que los retornados no se verán de nuevo obligados a ceder el control de sus tierras a quienes les desplazaron por la fuerza o a otras personas. Es más, las continuas amenazas y asesinatos de quienes defienden la restitución de las tierras y de quienes buscan volver a sus tierras corren el riesgo de socavar la implementación de la ley. Impunidad: Se han realizado algunos avances en varias investigaciones clave sobre derechos humanos, incluidas las vinculadas al escándalo de la "parapolítica", que reveló los vínculos ilegales entre decenas de legisladores y grupos paramilitares. Ha habido también algunos 1 A/HRC/19/21/Add.3

avances en relación con la campaña de "juego sucio" del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que reveló los vínculos que el servicio civil de inteligencia y los paramilitares mantenían con la intención de desacreditar y, en algunos caso, amenazar y asesinar a defensores y defensoras de los derechos humanos, magistrados, periodistas, sindicalistas y abogados. Sin embargo, la mayoría de los autores de estos actos que fueron así desenmascarados siguen evadiendo la justicia, lo que continúa enviando un poderoso mensaje a quienes violan los derechos humanos de que pueden continuar amenazando y matando sin temor a las repercusiones. Las constantes amenazas y asesinatos perpetrados contra algunas de las personas que participan en investigaciones sobre derechos humanos, como testigos, supervivientes, familiares de víctimas, defensores y defensoras de los derechos humanos, abogados, fiscales y jueces, ponen de relieve con toda claridad cómo la impunidad en Colombia continúa siendo causa y consecuencia de los abusos y violaciones de los derechos humanos. Los avances han sido particularmente lentos en las investigaciones penales sobre los "falsos positivos", que han implicado a miembros de las fuerzas de seguridad en miles de homicidios ilegítimos de civiles, y en el proceso de Justicia y Paz, en el que solo un puñado de los miles de paramilitares que supuestamente fueron desmovilizados a mediados de la década de 2000 han sido condenados por violaciones de los derechos humanos. Los éxitos recientes de los tribunales a la hora de llevar ante la justicia a varios oficiales de alto rango del ejército por violaciones de los derechos humanos se vieron atenuados por las fuertes críticas públicas que el presidente Santos, y el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas realizaron en contra de las condenas. A Amnistía internacional también le preocupan los esfuerzos realizados en el Congreso, y apoyados por el gobierno, para enmendar la Constitución y extender el papel del sistema de justicia militar a la investigación y persecución de las violaciones de los derechos humanos que impliquen a las fuerzas de seguridad. En Colombia los tribunales militares tienen una historia vergonzosa a la hora de cerrar este tipo de investigaciones sin que los responsables rindan cuentas ante la justicia. Si el Congreso aprueba la enmienda, esto representará un serio revés a los esfuerzos por combatir la impunidad y contravendría la jurisprudencia internacional y colombiana. Asimismo, también contravendría las repetidas recomendaciones sobre derechos humanos realizadas por las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aclaran que los tribunales militares no deben investigar violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad. El Congreso está también debatiendo los cambios constitucionales que podrían permitir a quienes cometen abusos contra los derechos humanos, incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad, beneficiarse de las amnistías de facto. La guerrilla: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) siguen cometiendo graves abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, incluyendo homicidios ilegítimos, secuestros, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y uso indiscriminado de armas, como las minas anti-persona, que continúan matando e hiriendo a civiles. Aunque la mayoría de los secuestros se atribuyen a bandas de criminales, los grupos guerrilleros continúan siendo responsables de la mayoría de los casos relacionados con el conflicto armado. Paramilitares: A pesar de su supuesta desmovilización, los grupos paramilitares, calificados por el gobierno como "bandas criminales" (Bacrim), continúan expandiéndose y consolidando su presencia a lo largo y ancho de Colombia. Siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos, a veces en connivencia o con el consentimiento de las fuerzas de seguridad, incluyendo homicidios y desapariciones forzadas, al igual que operaciones de "limpieza social" en los vecindarios pobres de las áreas urbanas. Sus víctimas continúan siendo principalmente sindicalistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y líderes vecinales; así como representantes de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas. Defensores y defensoras de los derechos humanos: La labor de los activistas en defensa de los derechos humanos continúa siendo socavada por los homicidios, amenazas, persecuciones

judiciales y robos de información sensible. Todas las partes del conflicto, pero los grupos paramilitares y las fuerzas de seguridad en particular, son responsables de las violaciones de los derechos humanos cometidas contra estos defensores. Los activistas que trabajan en cuestiones relacionadas con la restitución de las tierras o que representan a comunidades desplazadas se encuentran especialmente en peligro. Amnistía Internacional cree que es muy importante que la Unidad de Protección Nacional, creada el año pasado, demuestre tener éxito a la hora de garantizar que los defensores y las defensoras de los derechos humanos gozan de seguridad para continuar con su legítima labor, y que las medidas especialmente diseñadas para proteger a los activistas que trabajan en cuestiones relacionadas con las tierras se implementen de manera eficaz. Sin embargo, a Amnistía Internacional le preocupa cada vez más la manera en que algunos sectores en Colombia han buscado explotar denuncias recientes sobre víctimas supuestamente falsas para socavar la labor de las organizaciones en defensa de los derechos humanos y para poner en cuestión la veracidad de algunos de los más horribles crímenes cometidos por todas las partes en conflicto. En octubre de 2011 la Fiscal General afirmó que investigaría las acusaciones de que algunas víctimas de la masacre de Mariripán, en la que paramilitares, en connivencia con el ejército, cometieron decenas de asesinatos y desapariciones forzadas en julio de 1997, no habían muerto y que las familias de estas víctimas supuestamente falsas habían reclamado y recibido, con la ayuda de abogados especializados en derechos humanos, compensaciones del Estado. Las autoridades, al culpar a estos abogados especializados en derechos humanos por las acciones de estas víctimas supuestamente falsas y al poner en cuestión la legitimidad de su labor –y, por extensión, la de otras organizaciones no gubernamentales– ignoraron el hecho de que la evidencia presentada por estas “víctimas” fue respaldada por la Fiscalía General, y no por los abogados a quienes las autoridades culpan ahora. No es responsabilidad de las ONG investigar a las víctimas o las acusaciones formuladas contra ellas. Si se sospecha que ha habido fraude, son las autoridades judiciales las que deben investigar y llevar ante la justicia a los responsables. Amnistía Internacional nota con preocupación que el cuestionamiento de la labor de los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Mariripán y en otros casos sea parte de una campaña para desacreditar el trabajo de ciertas ONG que han luchado sin descanso contra la impunidad de los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en violaciones de los derechos humanos. La aparición de estas supuestas víctimas falsas tiene lugar también en un momento en el que el alto mando militar y algunos políticos de primer nivel, incluido el ex presidente del país, Álvaro Uribe, están pidiendo que las condenas contra los oficiales de alto rango implicados en graves violaciones de los derechos humanos sean anuladas. Violencia contra mujeres y niñas: El gobierno se ha comprometido a luchar contra la violencia sexual ejercida contra mujeres y niñas en relación con el conflicto armado y ha adoptado algunas medidas que, según el propio gobierno, ayudarán a resolver el problema. Sin embargo, la violencia sexual en el conflicto sigue siendo generalizada y sistemática, y el cumplimiento por parte del gobierno de las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana sobre este tema, especialmente en lo que concierne al Auto 092 de 2008, sigue siendo extremadamente pobre. En diciembre de 2011 un tribunal condenó a un paramilitar por delitos sexuales, la primera de tales condenas en el proceso Justicia y Paz. Sin embargo, la impunidad de estos crímenes continúa siendo más alta que para otros tipos de abusos de los derechos humanos, tal y como se señalaba en el informe 2011 de Amnistía Internacional sobre la violencia sexual en Colombia en relación con el conflicto armado2. Las defensoras de los derechos humanos y las líderes comunitarias, especialmente si trabajan en asuntos relacionados con la tierra, continúan siendo amenazadas y asesinadas. Grupos de derechos humanos de mujeres, especialmente los que trabajan con mujeres desplazadas y supervivientes de violencia sexual, están siendo también amenazados. 2 Véase Eso es lo que nosotras exigimos. Que se haga justicia: Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia (AMR 23/018/2011).

Recomendaciones: Amnistía Internacional urge a los Estados miembros y observadores del Consejo de Derechos Humanos a: • Plantear estas preocupaciones en el debate del CDH, incluso durante el Segmento de Alto Nivel, y en las conversaciones bilaterales con el gobierno colombiano; • Alentar al gobierno de Colombia a que persiga con más ímpetu la realización de su compromiso expreso con los derechos humanos y a que ponga fin a la impunidad. El CDH debe mantenerse vigilante y denunciar los retrocesos y los esfuerzos concertados de poderosas fuerzas en Colombia para evitar el progreso y deshacer los avances alcanzados.

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