Document - Colombia: Amnesty International's written statement on Colombia in relation to the Universal Periodic Review

AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA


13 de febrero de 2009

Índice AI: AMR 23/005/2009



Declaración escrita de Amnistía Internacional sobre Colombia en relación con el examen periódico universal


Amnistía Internacional expresa su satisfacción por los resultados del examen de la situación de los derechos humanos en Colombia realizado en el marco del examen periódico universal (EPU) el 10 diciembre de 2008 y en el que participaron 43 países.


Muchos de estos países señalaron la transparencia con la que el gobierno colombiano ha afrontado el proceso del examen. Amnistía Internacional espera que esto sea una señal de su disposición a llevar a cabo esfuerzos mayores y más eficaces para resolver la grave situación de los derechos humanos y humanitaria que atraviesa el país.


Muchas de las intervenciones efectuadas durante el EPU reflejaron motivos de preocupación expresados reiteradamente por organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales, incluida Amnistía Internacional, así como por la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Especialmente significativo fue el reconocimiento prácticamente unánime de que la situación de los derechos humanos y humanitaria de Colombia sigue siendo grave, que el país continúa en medio de un conflicto armado y que los grupos paramilitares siguen operando, a pesar de los esfuerzos que el gobierno dice estar realizando para su desmovilización. El gobierno colombiano, por su parte, ha rechazado reiteradamente todas estas afirmaciones.


Aunque algunos indicadores clave de la violencia relacionada con el conflicto, como los relativos a los secuestros y la toma de rehenes, siguen mejorando, otros continúan deteriorándose, como los que se refieren a las personas internamente desplazadas. Cientos de miles de personas padecen aún los efectos del actual conflicto armado, especialmente las integrantes de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, muchas de las cuales viven en tierras que tienen interés económico para las partes combatientes. Los grupos guerrilleros, los paramilitares y las fuerzas de seguridad siguen siendo responsables de abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario perpetrados de forma generalizada y sistemática. La incidencia de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, aún elevada, sigue constituyendo un grave motivo de preocupación, al igual que las constantes amenazas y homicidios de que son víctimas defensores de los derechos humanos y sindicalistas. Los paramilitares siguen actuando, en ocasiones con el apoyo o la aquiescencia de las fuerzas de seguridad, a pesar de que el gobierno afirma lo contrario. Se ha avanzado algo en las investigaciones judiciales sobre casos clave de derechos humanos, aunque la impunidad sigue siendo un grave problema.


Durante el diálogo, muchos Estados examinadores expresaron inquietudes similares y formularon nada menos que 65 recomendaciones de acción concretas a las autoridades colombianas para abordarlas.


Las fuerzas de seguridad. Muchos estados examinadores expresaron preocupación por que las fuerzas de seguridad siguen siendo responsables de graves violaciones de derechos humanos, en concreto ejecuciones extrajudiciales, y pidieron al gobierno de Colombia que resuelva eficazmente estas violaciones investigando con energía estos casos y procesando a los responsables, adoptando medidas eficaces para que éstas dejen de perpetrarse y garantizando que todos los casos de violaciones de derechos humanos en los que están implicados miembros de las fuerzas de seguridad son investigados por el sistema de justicia civil, no el militar.


Grupos guerrilleros. Varios Estados pusieron de relieve las violaciones del derecho internacional humanitario perpetradas por los grupos guerrilleros, especialmente los secuestros y la toma de rehenes, el uso de minas terrestres y el reclutamiento de menores. Algunos pidieron el fin de los secuestros y la toma de rehenes.


Paramilitares. Varios Estados expresaron su preocupación por las constantes violaciones de derechos humanos perpetradas por los grupos paramilitares y por los vínculos que aún existen entre ellos y miembros de las fuerzas de seguridad y otros funcionarios. Pidieron al gobierno que incrementara los esfuerzos para desmantelar a los grupos paramilitares y romper cualquier vínculo que puedan tener con funcionarios estatales.


El proceso de Justicia y Paz y la impunidad. Varios Estados expresaron reservas sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, que permite a algunos paramilitares que han depuesto las armas beneficiarse de penas de prisión reducidas a cambio de confesiones sobre violaciones de derechos humanos. Preocupaba que el proceso no estuviera respetando plenamente el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. También se expresó preocupación por los elevados niveles de impunidad general que siguen existiendo en el país. En algunas intervenciones se pidió al gobierno de Colombia que se asegurara de que todas las leyes y programas relacionados con el proceso de Justicia y Paz se ajustan a las normas internacionales, que los responsables de graves abusos o violaciones de derechos humanos no se benefician de amnistías ni de disposiciones similares y que se ofrece mayor protección a los testigos y las víctimas que participan en el proceso, así como a sus representantes.


Defensores de los derechos humanos, sindicalistas y otros activistas. Muchos Estados expresaron preocupación por la seguridad de defensores de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas. En este sentido, pidieron al gobierno que se abstuviera de realizar declaraciones que desvirtúen la legitimidad del trabajo en favor de los derechos humanos, que hiciera declaraciones públicas al más alto nivel apoyando a los defensores de los derechos humanos, que tomara medidas eficaces para poner fin a la impunidad de los abusos contra los derechos humanos de los defensores y que cooperara con las organizaciones de derechos humanos para adoptar el Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos.


Grupos civiles en especial situación de riesgo. La mayoría de los Estados plantearon graves preocupaciones respecto a los grupos y comunidades considerados en situación especial de riesgo, especialmente los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las mujeres, los niños y niñas y las víctimas de abusos contra los derechos humanos. En concreto, muchos estados plantearon el desplazamiento forzado como una preocupación grave y pidieron al gobierno que procesara a los responsables de estos desplazamientos, que se esforzara más para resolver la grave situación a la que se enfrentan los entre 3 y 4 millones de personas internamente desplazadas que hay en Colombia y que se asegurara de que las tierras apropiadas indebidamente son devueltas a sus legítimos propietarios. Algunos Estados también pidieron al gobierno que se asegurara de que la Ley de Víctimas, que actualmente se debate en el Congreso, no es discriminatoria y otorga los mismos derechos a la reparación a quienes han sido víctimas de violaciones de derechos humanos a manos de agentes del Estado como a quienes lo han sido a manos de grupos guerrilleros. Asimismo recomendaron que el gobierno cooperara con el mecanismo de supervisión y presentación de informes establecido en virtud de la resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad de la ONU sobre utilización de menores en los conflictos armados.


Por lo que se refiere a las preocupaciones expresadas respecto a los pueblos indígenas, Amnistía Internacional reitera su condena del homicidio a manos de miembros de las fuerzas de seguridad de Edwin Legarda, esposo de la dirigente indígena Aida Quilcué, el 16 de diciembre de 2008. En el momento de su muerte, Edwin Legarda se dirigía en automóvil a la ciudad de Popayán, en el departamento de Cauca, para recoger a su esposa, que regresaba de Ginebra, donde había desarrollado actividades en torno al examen periódico universal de Colombia por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entrevistándose, por ejemplo, con diplomáticos, periodistas y miembros de la comunidad de organizaciones no gubernamentales.


Amnistía Internacional vuelve a pedir a las autoridades que lleven a cabo una investigación imparcial y minuciosa de este homicidio y pongan a disposición judicial a sus responsables en tribunales civiles. Hasta que esta investigación concluya realmente no se disiparán las dudas sobre si el vehículo en el que viajaba Edwin Legarda fue atacado deliberadamente y si el verdadero objetivo era Aida Quilcué. Asimismo, las autoridades colombianas deben adoptar todas las medidas necesarias para proteger a los dirigentes indígenas a fin de que puedan desarrollar su legítima labor de promoción y defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas.


Amnistía Internacional acoge con satisfacción la decisión del gobierno colombiano de aceptar la mayoría de las recomendaciones presentadas por los Estados que participaron en el EPU, pero lamenta que las autoridades hayan rechazado varias recomendaciones fundamentales, como la de aceptar la jurisdicción del Comité creado en virtud de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, la de retirar la declaración relativa al artículo 124 del Estatuto de Roma, y la de poner fin de una vez por todas al controvertido programa “Soldados por un día”, que en opinión de Amnistía Internacional amenaza con involucrar a la población civil aún más en el conflicto.


Muchas de las recomendaciones presentadas en el proceso del EPU reflejan las que año tras año formula la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos y las de otros órganos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Amnistía Internacional expresa su satisfacción por el hecho de que el gobierno haya expresado su apoyo a una recomendación clave surgida del examen y consistente en aplicar plenamente y con carácter de urgencia las recomendaciones reiteradas de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.


Sin embargo, una y otra vez los sucesivos gobiernos colombianos no han aplicado plenamente estas recomendaciones, a pesar de haberse comprometido reiteradamente a hacerlo. La decisión del gobierno colombiano de aceptar la mayoría de las recomendaciones presentadas durante el EPU debe traducirse de una vez por todas en una actuación integral, concreta y eficaz. Para garantizar el cumplimiento pleno de las recomendaciones surgidas del examen y de las formuladas por la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos debe desarrollar un mecanismo integral de supervisión y seguimiento, en conjunción con la sociedad civil colombiana, a fin de evaluar eficazmente los avances a este respecto.


FIN/





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