Document - Colombia: Amnesty International's statement to the 10th session of the UN Human Rights Council (2-27 March 2009)

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública


Índice AI: AMR 23/004/2009 (público)

Fecha: 13 de febrero de 2009


Colombia: Declaración de Amnistía Internacional ante el 10º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2-27 de marzo de 2009)


Amnistía Internacional expresa su constante reconocimiento de la labor de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para mejorar el respeto de los derechos humanos en el país.


Esta declaración expone una perspectiva general de los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en Colombia, así como sus recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos.


Aunque algunos indicadores clave de la violencia relacionada con el conflicto, como los secuestros y la toma de rehenes, continúan mejorando, otros, como los relativos a las personas desplazadas internamente, siguen deteriorándose. El conflicto armado en curso sigue afectando a cientos de miles de personas, especialmente a las pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, muchas de las cuales viven en tierras que tienen interés económico para las partes en conflicto. Los grupos guerrilleros, los paramilitares y las fuerzas de seguridad siguen siendo responsables de abusos contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario generalizados y sistemáticos. El índice aún elevado de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad continúa suscitando honda preocupación, al igual que los homicidios ininterrumpidos de defensores y defensoras de derechos humanos y de sindicalistas, que también siguen recibiendo amenazas. Los grupos paramilitares siguen actuando, a veces con el apoyo o la connivencia de las fuerzas de seguridad, pese a las declaraciones en sentido contrario del gobierno. Aunque ha habido algunos avances en las investigaciones judiciales sobre casos clave de derechos humanos, la impunidad continúa siendo un problema grave.


Las fuerzas de seguridad. Aunque ha tardado en producirse, Amnistía Internacional expresa satisfacción ante el reconocimiento por el gobierno de Colombia de que las fuerzas de seguridad son responsables de homicidios ilegítimos de civiles. En noviembre de 2008, durante una visita a Colombia, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos afirmó que las ejecuciones extrajudiciales en Colombia parecían sistemáticas y generalizadas. El gobierno ha adoptado algunas medidas para abordar las ejecuciones extrajudiciales, como la destitución en octubre de 2008 de 27 oficiales del ejército tras revelarse que soldados del ejército habían sido responsables de la muerte de decenas de varones jóvenes de Soacha, así como las posteriores destituciones por otros casos de ejecución extrajudicial. Sin embargo, estas graves violaciones de derechos humanos seguirán cometiéndose hasta que se aborde efectivamente la impunidad. El gobierno debe garantizar que todos los casos de violaciones de derechos humanos en los que estén implicadas las fuerzas de seguridad son investigados por el sistema de justicia civil, no por el militar.


Grupos guerrilleros. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) siguen siendo responsables de abusos generalizados y sistemáticos contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos homicidios de civiles y toma de rehenes. Aunque Amnistía Internacional expresa satisfacción ante las últimas liberaciones de rehenes en poder de las FARC, pide a la guerrilla que libere inmediata e incondicionalmente a los cientos de civiles que aún mantiene en cautividad.


En diciembre de 2008, el presidente Álvaro Uribe declaró que se concedería la libertad y recompensas económicas a los miembros de la guerrilla que entregasen a rehenes que estuvieran en su poder. La toma de rehenes en el contexto de un conflicto armado constituye una violación del derecho internacional humanitario y un crimen de guerra. Según el derecho internacional, los crímenes de guerra y de lesa humanidad no son susceptible a amnistías ni a medidas de carácter similar. Todas las personas de quienes haya sospechas razonables de que han cometido toma de rehenes y otras violaciones del derecho internacional humanitario deben comparecer ante los tribunales en actuaciones judiciales que cumplan las normas internacionales sobre un juicio justo.


El uso de minas terrestres antipersonal por los grupos guerrilleros sigue siendo generalizado, y estos artefactos causan cada año heridas y la muerte a cientos de civiles y de miembros de las fuerzas de seguridad. Colombia sigue siendo el país del mundo que tiene más víctimas de minas terrestres al año. Amnistía Internacional pide a todas las partes del conflicto que no utilicen minas terrestres ni otras armas intrínsecamente indiscriminadas y que garanticen que, en la planificación y realización de ataques, se adoptan las precauciones necesarias para proteger a los civiles y los bienes de carácter civil.


Grupos paramilitares. Los grupos paramilitares siguen estando activos, a pesar de que según el gobierno todos los paramilitares han sido desmovilizados en un proceso que auspició el gobierno iniciado en 2003. A Amnistía Internacional le preocupa el aumento del número de grupos paramilitares que operan en todo el país. Los paramilitares siguen matando a civiles y cometiendo otras violaciones de derechos humanos, a veces con el apoyo o la connivencia de las fuerzas de seguridad. Por otro lado, las fuerzas de seguridad siguen empleando a paramilitares presuntamente desmovilizados en operaciones militares y de inteligencia a pesar de la prohibición oficial, introducida en 2007, de estos despliegues. Amnistía Internacional pide al gobierno colombiano que garantice la disolución y el desarme efectivos de los grupos paramilitares, y el enjuiciamiento de aquellos paramilitares contra quienes existan pruebas creíbles de que han cometido violaciones de derechos humanos. También debe garantizar que los combatientes desmovilizados no son "reciclados" en el conflicto como informantes, por ejemplo. El gobierno debe asegurar que se investiga adecuadamente a terceros, ya se trate de miembros de las fuerzas de seguridad, funcionarios del Estado, autoridades gubernamentales, figuras políticas o ciudadanos particulares que hayan sido responsables de conductas equivalentes a complicidad en los actos ilegítimos de los grupos paramilitares, y que se les exija que rindan cuentas ante un tribunal de justicia.


El proceso de Justicia y Paz. Este proceso permite que los paramilitares que hayan depuesto las armas se beneficien de una reducción de las penas de prisión a cambio de confesiones sobre violaciones de derechos humanos y de reparaciones para las víctimas. Sin embargo, el 90 por ciento de los paramilitares quedaron excluidos del proceso y, por tanto, han eludido la acción de la justicia. Continúan los homicidios de víctimas que declaran como testigos en el proceso, así como las amenazas contra ellas, y muchos paramilitares no están colaborando plenamente con los tribunales de Justicia y Paz, en concreto al no devolver los millones de hectáreas de tierras de los que se apropiaron indebidamente ellos y quienes los respaldaban. Esto continúa menoscabando gravemente el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.


Las organizaciones de derechos humanos han expuesto su preocupación por el hecho de que la extradición en mayo de 2008 de 15 líderes paramilitares nacionales a Estados Unidos para enfrentarse a cargos relacionados con las drogas ha socavado gravemente las investigaciones en Colombia sobre violaciones de derechos humanos cometidas por los paramilitares y sobre los vínculos que éstos podrían haber tenido con políticos y otros funcionarios del Estado colombiano.


En mayo de 2008 la Corte Constitucional resolvió que el programa de protección del gobierno para víctimas y testigos que participaban en el proceso de Justicia y Paz incumplía la obligación constitucional e internacional del Estado de prevenir la discriminación y la violencia contra las mujeres.


La impunidad. La impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos de derechos humanos. Se han producido continuos avances en varias investigaciones destacadas, sobre todo como resultado de la presión internacional, pero ha habido pocos progresos en la identificación de la responsabilidad de la cadena de mando. A Amnistía Internacional le preocupan los esfuerzos que está haciendo el sistema de justicia militar para reclamar la competencia sobre la investigación penal contra el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, juzgado por los tribunales civiles por su presunta participación en la desaparición forzada de 11 personas durante el asalto militar al Palacio de Justicia de Bogotá en 1985. En enero de 2009, un juez civil resolvió que el caso debía seguir siendo competencia de los tribunales ordinarios. El Consejo Superior de la Judicatura tiene ahora la última palabra sobre qué institución tiene competencia sobre el caso. Con arreglo a reiteradas recomendaciones de los órganos de las Naciones Unidas, como las de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, todos los casos en los que haya implicados miembros de las fuerzas de seguridad en violaciones graves de derechos humanos deben ser investigados por el sistema de justicia civil, no por el militar.


Defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas y otros activistas. El colectivo de activistas de derechos humanos sigue siendo escogido como blanco por todas las partes del conflicto. Las amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos y los homicidios de sindicalistas aumentaron en 2008, sobre todo en torno a las manifestaciones que se celebraron el 6 de marzo de 2008 en Colombia y en otros países en protesta por las violaciones de derechos humanos de los paramilitares y las fuerzas de seguridad. La responsabilidad de estos ataques fue atribuida a los paramilitares. El presidente Uribe hizo de nuevo declaraciones en las que ponía en duda la legitimidad del trabajo por los derechos humanos.1Amnistía Internacional pide a todas las autoridades del gobierno y funcionarios del Estado que se abstengan de una vez por todas de hacer declaraciones públicas que cuestionen la legitimidad del trabajo por los derechos humanos estigmatizando a los defensores y defensoras de estos derechos, acusándolos a menudo de ser simpatizantes de la guerrilla.


Grupos civiles en situación de riesgo especial. Los civiles siguen sufriendo la peor parte del conflicto. La situación de derechos humanos y humanitaria que afrontan las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas es especialmente precaria. En diciembre de 2008, Amnistía Internacional condenó el homicidio por miembros de las fuerzas de seguridad de Edwin Legarda, esposo de la líder indígena Aída Quilcué. Edwin Legarda se dirigía en automóvil a la ciudad de Popayán, departamento de Cauca, para recoger a su esposa, que regresaba de Ginebra, donde había participado activamente en el Examen Periódico Universal (EPU) de Colombia del Consejo de Derechos Humanos. Amnistía Internacional pide a las autoridades que realicen una investigación imparcial y exhaustiva sobre el homicidio y que hagan comparecer ante la justicia a todos los responsables.


El desplazamiento forzado sigue siendo una característica que define el conflicto colombiano, y es un abuso contra los derechos humanos que no muestra indicios de disminuir. En 2008 hubo otro gran aumento de desplazamientos forzados que afectó especialmente al sur del país, en gran medida debido a los combates en curso entre las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares y guerrilleros.


Los grupos guerrilleros y paramilitares siguen reclutando a menores. Las fuerzas de seguridad aún utilizan a menores como informantes, lo que es contrario a una directiva promulgada por el Ministerio de Defensa en 2007, que prohíbe el uso de menores con fines de inteligencia.2Amnistía Internacional expresa su satisfacción por la decisión del gobierno de aceptar finalmente los mecanismos de presentación de informes y de supervisión previstos en la resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los niños y los conflictos armados, aunque lamenta su reserva en relación con la competencia de tal mecanismo sobre actos de violencia sexual.


Los civiles siguen siendo las principales víctimas de los atentados con bombas en centros urbanos, algunos de los cuales han sido atribuidos a las FARC.


En abril de 2008, el gobierno promulgó el decreto 1290, mediante el cual se crea un programa de reparación individual para las víctimas de abusos cometidos por los grupos guerrilleros y paramilitares, en cuyo contexto el Estado proporcionará a las víctimas una indemnización monetaria. No obstante, Amnistía Internacional lamenta que el plan de compensaciones no aborde la cuestión de la restitución de tierras robadas ni las reparaciones debidas a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.


Amnistía Internacional también lamenta que el proyecto de ley original concebido para legislar sobre la reparación para las víctimas (conocida como "Ley de Víctimas"), que habría servido para avanzar en la concesión de reparaciones a las víctimas del conflicto, fue debilitada considerablemente por una comisión parlamentaria. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que el proyecto de ley modificado era discriminatorio. Amnistía Internacional pide al Congreso colombiano que garantice que, cuando vote el proyecto de ley, tendrá en cuenta plenamente el derecho de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos —incluidas las cometidas por agentes estatales— a una reparación integral, tal como definen las normas internacionales.


El papel de la comunidad internacional. El papel de la comunidad internacional es fundamental para resolver la grave situación de los derechos humanos y humanitaria en Colombia. Como ha demostrado el reciente proceso del EPU, muchos países reconocen que la situación sigue siendo crítica, aunque ha habido algunas mejoras. La comunidad internacional debe seguir manteniendo una relación de trabajo activa con el gobierno colombiano. Al mismo tiempo que reconoce que se han adoptado medidas concretas y efectivas sobre asuntos concretos, la comunidad internacional no debe tener miedo de criticar a las autoridades por los asuntos que claramente no han abordado, como el cumplimiento íntegro de las reiteradas recomendaciones de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos.


Amnistía Internacional pide al Consejo de Derechos Humanos, reunido en su 10º periodo de sesiones, que:


  • exprese su gran preocupación por la grave situación de los derechos humanos y humanitaria que sigue atravesando el país;


  • inste a todas las partes del conflicto a que cumplan sin dilación y en su integridad las recomendaciones de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, incluidas las formuladas en sus informes anteriores, así como las de otros órganos de la ONU;


  • recomiende la puesta en práctica en su integridad de las recomendaciones y compromisos aceptados del EPU y la presentación de informes periódicos al Consejo sobre dicha aplicación;


  • implante un proceso con plazos e hitos para evaluar el cumplimiento de estas recomendaciones; y


  • pida al gobierno colombiano que colabore plenamente con el Consejo y sus mecanismos.


1 Si desean ver ejemplos, consulten el informe de Amnistía Internacional sobre Colombia "¡Déjennos en paz!" La población civil, víctima del conflicto armado interno de Colombia (Índice AI: AMR 23/023/2008) y el comunicado de prensa conjunto de Amnistía Internacional y Human Rights Watch Acusaciones falsas contra grupos de derechos humanos deben cesar, de 19 de noviembre de 2008.

2 Directiva 30743 del Ministerio de Defensa, de 6 de marzo de 2007.

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