Document - Colombia: International community must demand action on human rights

AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

Índice AI: AMR 23/002/2005 (Público)

Servicio de Noticias: 022/2005

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR230022005

No publicar hasta las 00:01 horas GMT del 1 de febrero de 2005

Colombia: La comunidad internacional debe exigir una actuación sobre los derechos humanos

La comunidad internacional debe reafirmar su compromiso con las recomendaciones sobre derechos humanos de las Naciones Unidas como marco para resolver el largo conflicto armado de Colombia. Cualquier desembolso de ayuda internacional debe condicionarse a que el gobierno colombiano se comprometa a aplicar las recomendaciones íntegramente y sin demora, ha dicho Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, en vísperas de la Reunión sobre Cooperación Internacional que se celebrará los días 3 y 4 de febrero en Cartagena de Indias, Colombia.

"La crisis de derechos humanos y la crisis humanitaria de Colombia siguen estando en un momento difícil, con la población civil en el punto de mira de todas las partes del conflicto: ejército, paramilitares apoyados por el ejército y guerrilla”, ha afirmado Susan Lee.

Aunque se ha producido un descenso en ciertos indicadores de violencia política, como los secuestros, han aumentado los casos de tortura y las "desapariciones", al igual que los informes de ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad. Más de 220.000 personas se han visto obligadas a huir de su hogares el año pasado, y las fuerzas de seguridad han detenido, con frecuencia arbitrariamente, a cientos de civiles.

En 2003, la comunidad internacional adoptó la Declaración de Londres, en la que se expresaba una honda preocupación por la crisis humanitaria y de derechos humanos que atraviesa Colombia, y se instaba al gobierno colombiano a que aplicara sin demora las recomendaciones sobre derechos humanos de las Naciones Unidas y tomara medidas eficaces contra la impunidad y la connivencia, especialmente con los grupos paramilitares.

Siguen sin respuesta importantes preguntas respecto al proceso de desmovilización de los paramilitares. Desde que éstos anunciaron un alto el fuego en 2002, se les ha considerado responsables de más de 1.900 homicidios y "desapariciones". Algunos de estos homicidios han sido cometidos por unidades paramilitares presuntamente desmovilizadas. Amnistía Internacional sigue documentando la existencia de fuertes vínculos entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares.

Asimismo, a muchos paramilitares desmovilizados se les está “reciclando” en el conflicto, a menudo exigiéndoles servir de informantes para las fuerzas de seguridad. Muchos activistas sociales y de derechos humanos han sido detenidos a partir de indicios a menudo falsos proporcionados por estos informantes.

Aún no hay un marco legal adecuado para la desmovilización, al tiempo que una nueva ley de procedimiento penal amenaza con dar al Fiscal General de la Nación poderes para bloquear las investigaciones penales sobre presuntos autores de abusos contra los derechos humanos. Esto ha suscitado el temor de que los perpetradores de abusos, sean agentes de las fuerzas de seguridad, paramilitares o guerrilleros, nunca serán puestos en manos de la justicia.

"Siempre hemos pedido a los gobiernos de Colombia que combatan y disuelvan a los grupos armados ilegales, pero cualquier desmovilización debe ajustarse a las normas internacionales sobre verdad, justicia y reparación; de lo contrario esos esfuerzos sólo servirán para reforzar la impunidad de quienes cometen abusos contra los derechos humanos”, ha dicho Susan Lee.

Amnistía Internacional insta a los países del G24 a que participen en la reunión organizada por la Alianza, coalición de organizaciones no gubernamentales colombianas, que se celebrará en Cartagena de Indias el 2 de febrero para debatir la aplicación de las recomendaciones de las Naciones Unidas con quienes están en primera línea de la campaña en favor del respeto a los derechos humanos.

En Cartagena, la comunidad internacional debe enviar un enérgico mensaje de preocupación por las reiteradas veces en que el gobierno colombiano no ha aplicado las recomendaciones sobre derechos humanos de las Naciones Unidas de forma plena y rápida; reafirmar su apoyo a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; condenar los abusos contra el derecho internacional de derechos humanos y humanitario perpetrados por todas las partes del conflicto y reiterar que no apoyará ningún proceso de desmovilización ni respaldará ninguna propuesta legislativa que no tome plenamente en cuenta los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación ni garantice que se retirará realmente a los combatientes del conflicto.

"El gobierno colombiano no sólo no ha cumplido con las recomendaciones de las Naciones Unidas, sino que ha intentado aplicar políticas contrarias a ellas. Por tanto, es hora de que la comunidad internacional apoye la creación de un mecanismo internacional de observación de los esfuerzos del gobierno a la hora de aplicar estas recomendaciones de una vez para siempre”, concluyó Susan Lee.

Información complementaria

La reunión de Cartagena de Indias, a la que asistirán los países del grupo de donantes (G24), el gobierno colombiano, el Banco Interamericano de Desarrollo, la ONU y representantes de la sociedad civil colombiana, incluidas ONG de derechos humanos, sirve de seguimiento a la reunión de Londres de países donantes celebrada en julio de 2003, de la que surgió la Declaración de Londres.

El gobierno colombiano se comprometió con las recomendaciones de derechos humanos de las Naciones Unidas al adherirse a la Declaración de Londres, y tiene el compromiso de aplicarlas a través de la declaración de la presidencia del 60 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que se pide su aplicación. Dichas recomendaciones también son coherentes con las normas de derechos humanos que el gobierno colombiano está obligado a cumplir como signatario de tratados internacionales de derechos humanos.

Documento público

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