Document - Chile: Memorandum to the Chilean Government



MATERIAL DE PRENSA

7 Noviembre 2008



Para más información contacte con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Santiago de Chile, al Tel. 02-235-5945 info@amnistia.cl

RECOMENDACIONES DE AMNISTIA INTERNACIONAL AL GOBIERNO DE CHILE

El siguiente texto es el memorándum completo que la Secretaria General de AI, Sra. Irene Khan entregó en mano a SE la Presidenta de la República, Michelle Bachelet en una audiencia donde fue recibida ayer junto con la delegación que la acompaña. La presidenta Bachelet estaba acompañada por el Ministro Secretario General de Gobierno, José Antonio Viera-Gallo; su asesora María Luisa Sepulveda y el Director de Derechos Humanos de la Cancillería, embajador Juan Aníbal Barría.


(Cita)


Excelencia,


Chile ocupa una posición cada vez más destacada en la esfera internacional. Los sucesivos gobiernos del país, incluido el que usted preside, han impulsado numerosas cuestiones de derechos humanos en los foros intergubernamentales.


El aspecto que presenta Chile en 2008 difiere radicalmente del que tenía hace 30 años, en la primera visita de un secretario general de Amnistía Internacional al país. Los 17 años de dictadura interrumpieron el proceso de construcción nacional que llevaba en marcha desde la constitución de Chile como república, en 1810, y empañaron la imagen del país ante la comunidad internacional. El régimen de Augusto Pinochet dejó estructuras profundamente arraigadas y heridas que no sólo han afectado y siguen afectando a las víctimas directas de tortura, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y otras violaciones atroces de los derechos civiles y políticos, sino que también se han dejado sentir hasta hoy en el tejido social chileno.


Amnistía Internacional reconoce que romper con un pasado de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos supone un reto enorme para cualquier gobierno. Desde 1990, y especialmente desde la detención de Augusto Pinochet hace 10 años, se ha avanzado mucho, pero es legítimo pedir un mayor progreso, lo que debería ser una prioridad para su gobierno.


La última vez que Amnistía Internacional presentó sus motivos de preocupación a un presidente de Chile fue en el año 2000. En aquel momento, su antecesor, Ricardo Lagos, y el gobierno que éste presidía se comprometieron a abordar las cuestiones planteadas por el entonces secretario general de la organización, Pierre Sané. Ocho años más tarde, al preparar esta visita, Amnistía Internacional ha analizado hasta qué punto Chile ha cumplido sus promesas.


Han habido algunos avances, pero también se ha acumulado un extenso legado de “asuntos por resolver” de la era del gobierno militar, arraigados en la influencia de las leyes y la cultura institucional que persiste en algunos sectores de los órganos del Estado, y que pone serias trabas al cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos al que Chile aspira. Además, las acciones y omisiones del gobierno han dado pie a nuevas formas de violación y negación de derechos que no sólo afectan a las víctimas de la dictadura, sino que generan nuevas víctimas en otros sectores de la sociedad chilena.


Amnistía Internacional observa otras muchas contribuciones significativas de Chile al desarrollo de un marco internacional de derechos humanos sólido y de las instituciones que vigilan su cumplimiento: el país ha promovido la elaboración de principios jurídicos internacionales relativos a los remedios y a las reparaciones para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos reconocidos internacionalmente; ha apoyado la incorporación de la perspectiva de género en todo el engranaje de las Naciones Unidas, y ha respaldado otros procesos de reforma estructural, como el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos y del mecanismo de examen periódico universal y la racionalización y mejora de los mandatos de los Procedimientos Especiales. Chile también ha liderado iniciativas regionales e internacionales encaminadas a mantener la paz y la democracia, prestando apoyo a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) y, recientemente, ejerciendo la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), reforzando la adhesión política al compromiso internacional de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y destacando nuevas vías para la cooperación internacional “sur-sur” sobre asuntos específicos, como la mortalidad materna.


Sin embargo, Amnistía Internacional ha detectado con preocupación varios ejemplos de incoherencia entre las normas internacionales preconizadas por Chile y su aplicación en el ámbito nacional. En abril de 2009, Chile, que actualmente es miembro del Consejo de Derechos Humanos, se someterá al examen periódico universal, en el que se tendrán en cuenta sus acciones. En este contexto, resulta fundamental que Chile adopte un enfoque coherente y demuestre de forma inequívoca la misma disposición a rendir cuentas ante su propia ciudadanía que ante la comunidad internacional por sus compromisos con los derechos humanos.


En 2007, usted hizo un llamamiento ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en favor de un desarrollo sostenible en el que hubiera más justicia y equidad, y en numerosas ocasiones ha prometido adoptar políticas basadas en estos principios, respondiendo al clamor que pide que se emprendan verdaderas reformas y se aborden las cuestiones aún pendientes de la era de Pinochet. Amnistía Internacional insta a su gobierno a cumplir las promesas que contrajo cuando se constituyó y a aprovechar el último año de su mandato para sentar unas bases firmes que permitan a las generaciones venideras seguir encarando el pasado y garantizando el respeto por los derechos humanos en el futuro. Mostrar a la ciudadanía y al mundo su determinación por respetar los valores y derechos consagrados en su Constitución y contraídos ante la comunidad internacional sería un buen modo de celebrar el bicentenario de su independencia. También honraría el compromiso de Chile a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento que debe mucho a las contribuciones de su país en el momento de su conceptualización, cuando cumple sus 60 años.


Teniendo en cuenta este contexto y convencida de la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos, Amnistía Internacional expone a continuación sus principales motivos de preocupación con respecto a cuatro áreas:


  1. Institucionalidad nacional e internacional de derechos humanos


En 2005, Amnistía Internacional pidió a todos los candidatos y candidatas presidenciales que se comprometieran a elaborar un Plan Integral de Acción nacional sobre Derechos Humanos, tal como recomiendan la Declaración y el Programa de Acción de Viena aprobado en 1993. Su antecesor, Ricardo Lagos, se comprometió a trabajar en un plan de esta índole. Algunos de los vecinos latinoamericanos de Chile ya han dado este importante paso hacia la adopción de un programa general de derechos humanos, por ejemplo, Ecuador (1998) y Brasil (1996). El actual gobierno de Chile contrajo este compromiso en su Programa de Gobierno 2006-2010, pero todavía no se ha iniciado el proceso.


Chile es uno de los pocos países latinoamericanos que no tienen una institución nacional de derechos humanos. La existencia de una institución, cuando cumpla con los criterios establecidos en los Principios de Paris, como ha sido comprobado en varios otros países latinoamericanos, podría desempeñar un papel importante en institucionalizar el respeto hacia los derechos humanos en Chile. A pesar de las campañas de organizaciones de la sociedad civil y de que en varias ocasiones se presentaron iniciativas legislativas para su aprobación en el Parlamento, este asunto se ha demostrado problemático. Amnistía Internacional no cree que la propuesta de establecer un Defensor de las Personas, que la Cámara de Diputados aprobó recientemente, cumpla con los criterios de los Principios de París.


Amnistía Internacional es consciente del espíritu constructivo que subyace a la participación de Chile en las actividades de los organismos intergubernamentales regionales e internacionales, tanto respecto a cuestiones concretas de derechos humanos como a la reforma estructural de estas entidades. Su país fue beneficiario de la primera Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre un país, y en la inauguración de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, su gobierno aludió al papel decisivo que desempeñó éste y otros Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas en ayudar a que Chile superara un periodo oscuro en su historia. Es fundamental mantener el papel de apoyo a los Procedimientos Especiales que desempeña Chile, así como su liderazgo y apoyo a nuevas iniciativas sobre asuntos de derechos humanos presentes y futuros, para que la comunidad internacional pueda seguir abordando los problemas comunes de derechos humanos.


Amnistía Internacional cree que, si el Estado chileno desea demostrar su compromiso de respetar todos los derechos humanos, que son universales, indivisibles e interdependientes y que están firmemente arraigados en el derecho internacional, debe ratificar y aplicar los principales tratados internacionales y regionales de derechos humanos. También tiene que dar prueba de su compromiso de respetar plenamente y sin demora las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si no emprende estas acciones, las promesas políticas de respeto por los derechos de los habitantes de Chile serán promesas vacías.


La ratificación y la implementación de estos tratados, como por ejemplo los tratados sobre desapariciones forzadas, son el medio de que dispone el Estado para romper nítidamente con sus nefastas acciones del pasado, para reconocer que no ha dado respuesta al sufrimiento de numerosas víctimas y para demostrar su futuro compromiso de resarcir tales daños. De este modo, Chile podrá contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional por erradicar estas prácticas en el futuro.


Recomendaciones:


En el ámbito nacional

  • Dar prioridad a la elaboración de un Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos mediante un amplio proceso de consulta, de conformidad con las recomendaciones recogidas en la Declaración y el Programa de Acción de Viena.

  • Tomar todas las medidas posibles para agilizar el proceso legislativo para aprobar la creación de una institución de derechos humanos autónoma conforme con los Principios de París.


En las Naciones Unidas

  • Cursar una invitación abierta a los diferentes mandatos y responder positivamente a las solicitudes de visita pendientes realizadas por los Relatores y Relatoras Especiales sobre el derecho a la educación, sobre la libertad de religión y sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía.

  • Seguir desempeñando una función positiva en la revisión, racionalización y mejora del sistema de Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, liderando debates e iniciativas tanto en el Grupo de Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC) del Consejo de Derechos Humanos como en un entorno más amplio, incluyendo el fortalecimiento de Procedimientos sobre países;

  • Ratificar y aplicar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

  • Ratificar la Convención sobre la no Aplicabilidad de las Limitaciones Legales a los Crímenes de Guerra y a los Crímenes contra la Humanidad, adoptada en 1968 por las Naciones Unidas.


En el ámbito regional

  • Ratificar y aplicar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

  • Cumplir plenamente y sin demora con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

  • Seguir promoviendo iniciativas encaminadas a la solidaridad regional mediante la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), asegurando que las iniciativas den prioridad a las cuestiones de derechos humanos.



  1. Justicia e impunidad


Amnistía Internacional reconoce que, en los mandatos de los cuatro gobiernos elegidos democráticamente que han sucedido a Augusto Pinochet, se han logrado avances significativos a la hora de abordar el legado de violaciones graves y sistemáticas cometidas durante el régimen militar. Cabe mencionar el trabajo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) y de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech), así como investigaciones penales y procesamientos, y asistencia médica, educativa y psicoterapéutica a las víctimas.


Sin embargo, la organización observa decepcionada que el gobierno todavía tiene que emprender muchas de las tareas fundamentales para el proceso de transición posterior a la dictadura, tareas estas que ya le había planteado durante su visita en el año 2000 y en otras ocasiones. El mero reconocimiento público de las violaciones cometidas en el pasado es insuficiente si no va acompañado de un esfuerzo concertado por poner fin a la impunidad que hoy sigue vigente, por proporcionar la justicia debida a las víctimas, tantos individuales como colectivos, y por emprender reformas políticas que sienten las bases para garantizar que no se volverán a cometer violaciones similares en el futuro.



  1. Investigación, enjuiciamiento y reparación de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado


Amnistía Internacional considera que, si Chile desea demostrar un compromiso serio de respuesta a su legado de violaciones de derechos humanos, es vital que solucione las deficiencias e incompatibilidades que existen entre su marco jurídico y el derecho internacional.


Resulta muy preocupante que la Ley de Amnistía (Decreto Ley 2191), promulgada bajo el régimen del general Augusto Pinochet en 1978, y que abarca el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, todavía esté en vigor. Aunque algunas decisiones judiciales han autorizado la investigación de casos de desaparición con arreglo a la figura del “secuestro permanente”, que permite eludir la aplicación de la Ley de Amnistía, y han establecido que la Ley no es aplicable a los delitos cometidos en el extranjero ni a los crímenes de lesa humanidad, el hecho de que siga la Ley de Amnistía en vigor en el ordenamiento chileno es incompatible con las obligaciones jurídicas internacionales de Chile. Además, proyecta una sombra peligrosa en todo procedimiento legal que se inicie en relación a las violaciones de derechos humanos cometidas antes de 1978. Mientras siga rigiendo la Ley de Amnistía, siempre existirá la posibilidad de que estos juicios sean cerrados por una decisión judicial basada en esta ley.


También es crucial que los delitos de derecho internacional también estén tipificados en la legislación chilena, para que los tribunales puedan investigar y enjuiciar los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos sin tener que establecer una analogía o identificarlos con delitos comunes que puedan estar sujetos a normas de prescripción.


Los crímenes contra el derecho internacional son imprescriptibles. Por eso, Amnistía Internacional considera preocupante que se hayan aplicado estas normas a casos de violaciones graves de derechos humanos (como desapariciones forzadas y homicidios ilegítimos) y que algunos jueces insistan en justificar su aplicación a demandas civiles presentadas en procesos penales. Esta aplicación de las normas sobre prescripción contraviene varios principios establecidos por el derecho internacional.


Las víctimas (presos y presas políticos/as y personas torturadas) reconocidas como tales en el informe de la Comisión Valech pueden optar a una pensión de reparación y beneficiarse de diversas medidas destinadas a proporcionarles resarcimiento en virtud de la Ley 19.992, que “establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas que indica”, de 24 de diciembre de 2004. Sin embargo, Amnistía Internacional comparte la preocupación expresada por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura: el limitado mandato de la Comisión Valech, la brevedad del plazo que tuvieron las presuntas víctimas para registrarse y otra serie de obstáculos, sumados al enfoque “austero y simbólico” del Estado, hacen que la política de reparaciones sea inadecuada. Además, se debe abordar las dificultades que tienen las víctimas de tortura al  tratar de traspasar los beneficios a sus hijos/as y herederos/as. Amnistía Internacional cree que la política real de Chile en este ámbito no se ajusta a los principios relativos al derecho de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos y del derecho humanitario a obtener remedio y reparación, promovidos en las Naciones Unidas por el propio Estado chileno. Llevar a la justicia a los autores de los abusos de derechos humanos es un elemento clave de las reparaciones. Por lo tanto, el Estado chileno debe afrontar su responsabilidad con las víctimas, tratando todos los obstáculos que siguen en el camino hacia la justicia.


Además de tales procedimientos legales, Amnistía Internacional cree que una reunión personal con los grupos de víctimas, dado la experiencia personal que tiene, les daría un fuerte apoyo moral a las víctimas, y una oportunidad de compartir sus propias experiencias, y sus reclamos para un proceso de justicia que ponga punto final a la continua impunidad del pasado.




Recomendaciones:


  • Anular la Ley de Amnistía (Decreto Ley 2191) de 1978 y cualquier otra disposición similar que conceda una amnistía a presuntos autores de violaciones graves de derechos humanos.

  • Reconocer la imprescriptibilidad de los crímenes contra el derecho internacional y de las demandas civiles que deriven de esos delitos, con independencia de cuándo se hayan cometido.

  • Proporcionar reparaciones plenas a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familiares, incluyendo quienes viven fuera del país.



  1. Reforma del Código de Justicia Militar


Amnistía Internacional tiene entendido que su gobierno está desarrollando una propuesta para reformar el Código de Justicia Militar. Esta iniciativa se acoge con satisfacción, pero llega con mucho retraso, por lo que debería agilizarse. La incompatibilidad entre la actual aplicación del Código de Justicia Militar a casos sobre civiles y las normas internacionales de derechos humanos se ha expuesto en numerosos foros, por ejemplo, recientemente en una decisión vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Iribarne Palamara vs. Chile). La imposición del Código de Justicia Militar en respuesta a supuestos actos de violencia en el contexto de las protestas Mapuche contribuye a una situación en la que se debilita el derecho al debido proceso.


Recomendaciones:

  • Armonizar el Código de Justicia Militar con las normas internacionales, y con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Iribarne Palamara vs. Chile.

  • Eliminar la aplicación de la jurisdicción militar a civiles.

  • Juzgar en tribunales civiles los casos de violaciones de derechos humanos en los que haya implicado personal militar.

  • Eliminar del Código Militar las disposiciones sobre la pena de muerte.



  1. Cooperación con la Corte Penal Internacional y con otros tribunales penales internacionales


Chile se encuentra en la poco envidiable situación de ser el único Estado de Sudamérica que no ha ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pues los sucesivos gobiernos del país no han dado el paso de ratificarlo tras su firma, el 11 de septiembre de 1998. Las recientes muestras de que su gobierno está a favor de la ratificación son bienvenidas, y Amnistía Internacional espera que el proceso de ratificación prospere sin necesidad de medidas adicionales – como la reforma constitucional y la potencial declaración unilateral propuestas en 2003 –que pudieran socavar el objeto o propósito del Estatuto. Asimismo, para que la ratificación del Estatuto de Roma sea satisfactoria, es esencial promulgar la legislación necesaria para su aplicación y cooperar posteriormente con la propia Corte Penal Internacional.


Recomendaciones:

  • Ratificar sin demora y aplicar plenamente el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

  • Ratificar y aplicar plenamente el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional.

  • Promulgar legislación que implemente la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, los Convenios de Ginebra y sus Protocoles Adicionales I y II, y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y que prohíba las conductas determinadas en éstos tratados, respetando plenamente el derecho internacional.

  • Promulgar legislación sobre cooperación con otros tribunales penales internacionales, en particular sobre la entrega de personas presuntamente responsables de crímenes contra el derecho internacional.



  1. Violencia contra las mujeres


La continua prevalencia de la violencia contra las mujeres en Chile es un motivo de grave preocupación para Amnistía Internacional, que lleva a cabo una labor de campaña en todo el mundo para fortalecer los derechos de las mujeres y las niñas, que sufren violencia de forma desproporcionada. La organización está sumamente preocupada por el elevado índice de femicidios registrados en Chile y por la probabilidad de que, al ritmo actual, el número de mujeres muertas en 2008 supere el de 2007. También considera preocupante el aumento de casos en los que se han utilizado armas de fuego para amenazar o matar a mujeres en el contexto de la violencia intrafamiliar. Tanto estas cifras alarmantes, como los datos sobre las dificultades que encuentran las mujeres para denunciar los actos de violencia ante las autoridades, y el hecho de que no se investiguen los casos y no se procese a los responsables, ponen de manifiesto que las iniciativas que ha emprendido el gobierno para llamar la atención sobre el problema y abordar sus causas y efectos son insuficientes. Amnistía Internacional pide al gobierno de Chile demostrar su compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres tomando medidas positivas destinadas a empoderar a las mujeres, a condenar públicamente la violencia y a ejercer la diligencia debida para prevenir, investigar y castigar los actos de violencia contra las mujeres, perpetrados por el Estado, o por particulares.


Recomendaciones:

  • Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

  • Promulgar y hacer cumplir legislación específica en materia de violencia contra las mujeres.

  • Respetar las normas sobre la realización de exámenes periciales a las víctimas de la violencia, de conformidad con las directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre la atención médico-forense de víctimas de violencia sexual (Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence).

  • Establecer un sistema efectivo para el registro de casos de violencia contra las mujeres que active tanto los mecanismos para tratar y proteger a las víctimas como la investigación pronta e imparcial de todas las denuncias.

  • Garantizar que la recolección cualitativa y cuantitativa de datos está estandarizada y desglosada por género y otros factores, tales como la relación entre la víctima y su agresor, y que esté abierta a comprobaciones. Todos los departamentos gubernamentales correspondientes deben recabar, compartir y publicar los datos, que posteriormente utilizarán las personas responsables de la adopción de políticas para concebir políticas y programas eficaces destinados a erradicar el problema.


  1. Pueblos Indígenas


Los pueblos indígenas de Chile, al igual que los de otros países americanos, sufren marginación y discriminación desde hace mucho tiempo. Aunque en el periodo posterior a la dictadura se han emprendido algunas reformas institucionales oportunas, y pese a que la Ley Indígena de 1993 reconoce algunos de los derechos de estos pueblos, las alrededor de 700.000 personas indígenas que viven en Chile no disfrutan de reconocimiento constitucional como tales y la pobreza les sigue afectando de forma desproporcionada. El hecho de que Chile haya votado a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y de que participe en el Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas son signos positivos de su compromiso con estas cuestiones. Chile ha ratificado recientemente el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169) de la Organización Internacional del Trabajo, lo cual es un paso significativo pero, para aplicar el Convenio de forma efectiva, será necesario un esfuerzo concertado del gobierno chileno. De lo contrario, no supondrá un cambio real en la vida de las personas indígenas del país.


Amnistía Internacional siente preocupación por la situación generalizada de pobreza y discriminación en la que viven los pueblos indígenas de Chile y por el efecto que esto tiene en su capacidad de ejercer sus derechos económicos, sociales y culturales. El impacto de las industrias extractivas a gran escala y proyectos de silvicultura en las vidas de los pueblos indígenas se siente en todo Chile. Afecta su acceso a la tierra y al agua, y causa la degradación y contaminación del medioambiente, migración a las ciudades y tensiones entre las propias comunidades.


Los indicadores de salud y educación sugieren que los Pueblos Indígenas tienen una desventaja seria en comparación con la población no-indígena de Chile. No obstante, el hecho de que el Estado no desagregue de manera sistemática la información de desarrollo social que reúne tiende a ocultar los problemas específicos que se presentan a los pueblos indígenas, y dificulta el diseño de políticas a la medida de sus verdaderas necesidades.


La resolución inadecuada de reivindicaciones sobre tierras ancestrales y el impacto de proyectos actuales y futuros de industria extractiva e ingeniería forestal han ocasionado tensiones que muy a menudo han desembocado en violencia. Amnistía Internacional ha recibido noticias de la aparente “militarización” de las comunidades a causa de actividades desproporcionadas de orden público, y el uso de fuerza excesiva en respuesta a las protestas de algunos Mapuche. Amnistía Internacional reconoce el deber del Estado de hacer frente a los actos delictivos y de mantener el orden público, pero enfatiza que estas tareas deben desempeñarse respetando los derechos humanos y sin recurrir a legislación inapropiada. Si no se resuelven los reclamos sobre las tierras de una manera justa y con el consentimiento previo, libre e informado de los propios pueblos indígenas, estas tensiones no desaparecerán.


Concretamente, Amnistía Internacional ha manifestado en repetidas ocasiones su preocupación por la aplicación de la “Ley Antiterrorista” (promulgada durante el régimen del general Pinochet) contra personas de etnia mapuche que han participado en reclamos a los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras. El que recientemente esta ley sólo se haya aplicado a tales casos pone de manifiesto la existencia de un enfoque discriminatorio. Pese a que el ex presidente Ricardo Lagos negó que la aplicación de la “Ley Antiterrorista” respondiera a una política de Estado o a una práctica discriminatoria, y pese a que usted misma declaró posteriormente que el gobierno no solicitaría su aplicación, sigue habiendo cargos presentados contra personas en virtud de esta ley. A Amnistía Internacional le decepciona especialmente saber que esta ley haya sido aplicada nuevamente, esta vez por un fiscal regional en Temuco el 4 de noviembre.


Amnistía Internacional pide a su gobierno que se comprometa categóricamente a derogar la “Ley Antiterrorista”; dado que si no desaparece de la legislación, seguirá siendo posible aplicarla.


El uso de la legislación inapropiada y de la jurisdicción militar, así como el presunto uso de la fuerza excesiva y actividad policial desproporcionada en algunas comunidades, ha generado una aparente penalización de la protesta, lo que preocupa gravemente a Amnistía Internacional.


Durante su estancia en Chile, la delegación de Amnistía Internacional se reunió con pueblos indígenas Mapuche, Atacameño y Diaguita Huascoaltino en Temuco, Collipulli, Calama y Chiu Chiu, con el fin de evaluar por sí misma la situación en la que viven. De este modo ha podido confirmar de primera mano la vigencia de muchas de las recomendaciones hechas en 2004 al Estado chileno por el Relator Especial de la Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas. Amnistía Internacional está decepcionada por el escaso grado de cumplimiento de estas recomendaciones cuatro años después de formuladas.


Recomendaciones:

  • Revisar la legislación sectorial sobre tierras, agua, minas y otros sectores cuyo contenido pueda entrar en contradicción con lo dispuesto en la Ley Indígena, teniendo en cuenta que deberá primar el principio de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas por encima de intereses comerciales y económicos particulares.

  • Derogar la Ley 18.314, también conocida como “Ley Antiterrorista”, para que no pueda ser aplicada a actos relacionados con la lucha social por la tierra, y las quejas legítimas de los pueblos indígenas.

  • Asegurar la desagregación de la información reunida para demostrar los problemas específicos de los pueblos originarios, y asegurar también que esta información contribuya al diseño de políticas a la medida de sus necesidades y de manera precisa.

  • Asegurar que las actividades policiales en las comunidades indígenas se atengan a los estándares internacionales de derechos humanos, sobre todo los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas, y también que mecanismos eficaces sean aplicados para investigar quejas sobre el uso de fuerza excesiva.

  • Implementar las recomendaciones pendientes del Relator Especial de la Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, incluyendo:

    • Modificar la legislatura sectorial sobre la tierra, el agua, las minas, y otros sectores que pueden estar en conflicto con las disposiciones de la Ley Indígena.

    • Ampliar y agilizar el trabajo del Fondo de Tierras gestionado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) para la adquisición de tierras por parte de los pueblos indígenas.

    • Desistir de criminalizar o penalizar las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y los pueblos indígenas.

  • Trabajar de forma constructiva con los pueblos indígenas para avanzar en la elaboración de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a fin de que esta declaración consagre y refuerce las normas internacionales existentes para la protección de esos derechos, como la declaración adoptada recientemente por las Naciones Unidas, y de que sus garantías no sean inferiores a las de esas normas.

  • Participar activamente en las negociaciones sobre el Anteproyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de Discriminación e Intolerancia, apoyando la adopción de un tratado vinculante y sólido que no se quede atrás respecto a las normas existentes.


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En vísperas del bicentenario de la independencia de Chile, es evidente que la transición del país de la dictadura a la democracia ha supuesto muchos avances en el disfrute de los derechos humanos de sus habitantes. Los cambios propulsados por el gobierno que usted preside se han basado en el proceso iniciado con el regreso a la democracia en 1990. En tanto que miembro de la comunidad internacional, Chile ha recuperado credibilidad a nivel regional, bilateral y en su participación en las organizaciones intergubernamentales. Amnistía Internacional la insta encarecidamente a continuar este proceso durante el último año completo de su mandato, dando prioridad a las tareas pendientes que se han expuesto supra para dejar unos cimientos sólidos sobre los cuales puedan seguir avanzando sus sucesores. Sólo respetando los derechos de todos sus habitantes y demostrando que lo hace para honrar sus obligaciones internacionales podrá Chile demostrar su verdadero compromiso con este nuevo paradigma basado en los derechos y con su plena aplicación.



6 Noviembre 2008






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AMR 22/009/2008

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