Document - Chile: Amnesty International concerned about human rights violations committed against the Rapa Nui, in the context of unresolved land claims of Indigenous Peoples

AMNESTY INTERNATIONAL

AMNISTÍA INTERNA C IONAL DECLARACIÓN PÚBLICA

9 de diciembre de 2010

Índice AI: AMR 22/006/2010

Chile: Preocupación por violaciones de derechos humanos contra los rapanui en el contexto de reivindicaciones de l derecho a la tierr a de los pueblos indígenas

Amnistía Internacional ve con honda preocupación la situación en Rapa Nui (Isla de Pascua) tras los sucesos del 3 de diciembre, en los que más de 20 indígenas resultaron heridos en una operación emprendida para desalojarlos de unos edificios y tierras que ocupaban en el marco de una protesta. Se practicaron varias detenciones. Durante la operación, emprendida para desalojar a las personas que ocupaban varios edificios y tierras de propiedad pública y privada, resultaron heridos tanto manifestantes indígenas como policías. La protesta, iniciada hace ya mucho tiempo por clanes indígenas en demanda de tierras ancestrales y para rechazar la continua falta de medidas del gobierno chileno para atender de manera efectiva sus derechos, continúa. Según informes, las fuerzas de seguridad chilenas, formadas por alrededor de 45 efectivos, comenzaron la operación de madrugada. Al negarse el grupo de manifestantes a marcharse del lugar y comenzar a congregarse allí más personas, la policía abrió fuego con armas de perdigones y agredió físicamente a algunos manifestantes. Muchas personas, entre ellas el presidente del Parlamento rapanui, Leviante Araki, de 50 años, sufrieron graves lesiones a causa de los disparos. Al parecer, los manifestantes indígenas respondieron con palos y piedras. Las familias de los manifestantes también han denunciado malos tratos a los que fueron detenidos y llevados a la comisaría local. Según los informes, hubo graves demoras al atender a las personas heridas que fueron llevadas al hospital local, por falta de capacidad en la isla para tratar tan elevado número de lesiones. Al parecer, algunos de los miembros de los clanes que resultaron heridos no han solicitado atención médica. El gobierno ha confirmado que al día siguiente de los actos violentos se llevó a la isla a 100 agentes de policía más, especialmente para ocuparse de la situación, y que estas fuerzas continúan allí. Amnistía Internacional ha recibido preocupantes informes según los cuales podrían estar hostigando a los miembros de los clanes que proporcionan información a abogados que van a elevar una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las ocupaciones persisten desde agosto. En septiembre, los indígenas que ocupaban el hotel Hanga Roa, situado en tierras que reclamaban por considerarlas parte de su territorio ancestral, fueron desalojados. Desde los sucesos violentos del 3 de diciembre, las autoridades del gobierno ha informado de que han “recuperado” 6 de las 18 propiedades que habían sido ocupadas. Se cree que los manifestantes se retiraron voluntariamente de algunos de los edificios que ocupaban. Amnistía Internacional señala que, aunque las autoridades chilenas tienen el derecho y el deber de garantizar el orden público, deben hacerlo mediante un uso proporcional de la fuerza y cumpliendo en todo momento su obligación de respetar los derechos humanos. La organización pide al gobierno chileno que investigue completamente todo exceso que pueda haberse cometido. Amnistía Internacional señala también el reciente compromiso contraído por Chile para con los derechos de los pueblos indígenas al ratificar el Convenio 169 de la OIT, que contiene normas para la protección del derecho de estos pueblos a la consulta y a sus tierras ancestrales. Chile ha aprobado también recientemente la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que obliga a los Estados a proporcionar a los pueblos indígenas reparación por las tierras ocupadas sin su consentimiento libre, previo e informado. Según la organización, estas normas internacionales, junto con las garantías constitucionales internas de los derechos de los pueblos indígenas, proporcionan el marco necesario para las futuras conversaciones entre los líderes indígenas y las autoridades del gobierno. Amnistía Internacional insta a las autoridades chilenas a: - Garantizar el uso proporcional de la fuerza en todas las operaciones de los organismos encargados de hacer cumplir la ley e investigar toda violación de derechos humanos que se cometa. - Garantizar la disponibilidad de servicios médicos para atender a quienes resulten heridos durante ocupaciones o durante operaciones de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. - Garantizar que la policía no hostiga a personas ni a clanes por haber solicitado asesoramiento jurídico o por tener pruebas de posibles excesos cometidos durante operaciones de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. - Garantizar los derechos de los indígenas rapanui proclamados en las normas internacionales de derechos humanos, incluido el derecho a que se solicite su consentimiento libre, previo e informado para los proyectos que puedan afectar a sus derechos y sus medios de vida. - Garantizar que los indígenas rapanui tienen acceso a un proceso justo de reclamación del derecho a sus tierras ancestrales. Información complementaria Rapa Nui, o Isla de Pascua, está en el sureste del océano Pacífico y es un territorio especial de Chile. Se encuentra a unos 3.500 kilómetros al oeste del litoral chileno. Alrededor de 2.200 de sus 5.000 habitantes son indígenas rapanui. Muchos de éstos están preocupados por los efectos de la creciente inmigración a la isla y por el hecho de que los beneficios de la floreciente industria turística vayan a parar a empresas foráneas que no los invierten allí. Con disputas sobre la propiedad de la tierra que llevan decenios sin resolverse, algunos rapanui han comenzado a ocupar propiedades públicas que consideran que les fueron arrebatadas ilegalmente a sus familias hace generaciones. Los motivos de preocupación de los indígenas rapanui guardan relación con inveteradas cuestiones de tenencia de la tierra. Desde que Chile se anexionó la isla en 1888, a raíz de un acuerdo entre las autoridades isleñas y el gobierno chileno, los pueblos indígenas han sufrido una pérdida gradual de territorio. La situación se exacerbó como consecuencia de un decreto ley de 1979 que permitía a las poblaciones no indígenas de la isla adquirir la titularidad de las tierras. En 2003, el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas pidió “garantías de protección de los derechos del pueblo originario Rapa Nui sobre sus tierras, recursos y el respeto a su organización social y vida cultural”, en particular en el contexto de un estatuto de autonomía previsto para la isla. El relator informó también de la preocupación de los pueblos indígenas por la “amenaza permanente a la propiedad de la tierra” que suponía una ley que permitía la adquisición de tierras por parte de habitantes de la isla no indígenas. En respuesta al persistente problema, el gobierno chileno anunció en septiembre la creación de mesas de diálogo para llegar a un acuerdo que atendiera los motivos de preocupación relativos a la titularidad de las tierras, la inmigración a la isla, el estatuto de autonomía y los planes de desarrollo. Algunos clanes de la isla han criticado al gobierno por no hacer una consulta antes de establecer las mesas de diálogo, así como por el hecho de éstas estén condicionadas al fin de las ocupaciones y por la presunta ineficacia del mecanismo. En 2009, varios Estados, incluidos México, Suecia, Dinamarca, Azerbaiyán, Austria, Nueva Zelanda, Uruguay, la Santa Sede y Canadá, recomendaron, en el examen periódico universal de Chile en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que el país mejorara su trayectoria con respecto al reconocimiento y aplicación del derecho de los pueblos indígenas a la tierra. En este sentido, Amnistía Internacional recuerda al Estado chileno el compromiso que contrajo en ese mismo examen de aplicar las recomendaciones formuladas sobre la adopción y consecución de los objetivos de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual calificó de importante instrumento político.

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