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POR EL SECRETARIADO INTERNACIONAL.

ÍNDICE AI: AMR 22/004/2001/s Servicio de Noticias 18/01

30 de enero del 2001 Documento público

Chile: La larga búsqueda por la justicia llega a una etapa crucial

«Con la decisión del juez Juan Guzmán Tapia ayer, la justicia chilena ha dado un paso importante en la lucha contra la impunidad que por tantos años ha cubierto las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar de Augusto Pinochet», consideró Amnistía Internacional al conocer el contenido de la decisión judicial de someter a proceso a Augusto Pinochet por la desaparición y/o asesinato de las 75 víctimas de la «Caravana de la Muerte».

«La justicia ha demostrado su independencia en este caso, restableciendo la confianza del pueblo chileno de que todos son iguales ante la ley, sentando así un importante precedente para el futuro», dijo la organización.

«La perseverancia de la labor de largos años de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, de organizaciones no gubernamentales que han apoyado esta labor, de los abogados chilenos de derechos humanos, y de todos aquellos que dentro y fuera de Chile han luchado por la victoria de la justicia y la derrota de la impunidad está rindiendo sus frutos», añadió la organización.

Amnistía Internacional hace eco al pedido de justicia y verdad que ha sido el lema de los familiares en su incansable peregrinación para obtener respuestas de las autoridades chilenas. La decisión judicial, después de 27 años de incansable trabajo de los familiares de las víctimas representa el reconocimiento a las aspiraciones de los familiares de recibir el apoyo de la justicia a su justo reclamo.

La organización exhorta a la justicia chilena a continuar demonstrando su independencia y su rechazo a las repetidas y fuertes presiones de las fuerzas armadas o de cualquier sector que pretenda influenciar sus decisiones.

Antecedentes

El 29 de enero de 2001, el juez Guzmán Tapia dispuso por segunda vez la prisión preventiva de Augusto Pinochet para someterlo a proceso en su calidad de autor de los delitos de secuestro y/o homicidio calificado cometidos en perjuicio de 75 víctimas de la operación militar conocida como la «Caravana de la muerte» en octubre de 1973.

El 1 de diciembre de 2000 el juez Guzmán Tapia ordenó el arresto domiciliario de Augusto Pinochet en relación al mismo caso. El 11 de diciembre, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la orden de arresto acogiendo el recurso de amparo presentado por los abogados de Augusto Pinochet sobre la base de que los trámites judiciales para ordenar la detención no se habían completado. El 20 de diciembre la Corte Suprema confirmó la resolución previa de la Corte de Apelaciones.

El trámite del proceso en el caso de la «Caravana de la Muerte» retornó entonces al punto en que se encontraba antes del 1 de diciembre: la realización de los exámenes médicos a Augusto Pinochet para determinar su estado de salud.

El 18 de enero de 2001 se realizaron los exámenes médicos en el Hospital militar. Los resultados oficiales no han sido hecho públicos, pero el juez Guzmán Tapia ha establecido en su orden de arresto del 29 de enero que: «Este tribunal, [...] ha llegado a la apreciación de que el ciudadano cuyas facultades mentales han sido examinadas presentaría en la actualidad, su imputabilidad disminuida aunque no extinguida. [.... ] su actual estado no le impide hacer valer sus derechos y defensa [...].»

El 23 de enero el juez Guzmán Tapia procedió al interrogatorio de Augusto Pinochet con relación al caso «Caravana de la Muerte». La decisión del juez puede ser apelada por los abogados de la defensa de Augusto Pinochet en los próximos cinco días. El juez Guzmán Tapia esta encargado de resolver 215 querellas que han sido presentadas en casos de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad chilena durante los años de gobierno militar y en las cuales está incluido Augusto Pinochet.

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