"Entran disparando":
La actuación policial en las comunidades socialmente excluidas
El 31 de marzo del 2005, 29 personas perdieron la vida en la zona de Baixada Fluminense de Río de Janeiro. Los homicidios se atribuyeron a un grupo que se cree que está integrado por miembros de la policía militar, que recorrió la zona en un vehículo entre las 8:30 y las 11 de la noche, disparando al azar contra las personas que transitaban por la calle. Entre las víctimas mortales figuraban Douglas Brasil de Paula, estudiante de 14 años, que estaba jugando con una máquina de pinball en un bar; Elizabeth Soares de Oliveira, que estaba trabajando en un bar perteneciente a su esposo; João da Costa Magalhães, que estaba sentado a la puerta de su casa, y Rafael da Silva Couto, estudiante de 17 años que circulaba en bicicleta por la Via Dutra. Ésta fue la peor matanza de la historia de Río de Janeiro, pero no era nada nuevo ni un fenómeno aislado. Para los millones de brasileñas y brasileños(1) que viven en favelas(2) –asentamientos urbanos empobrecidos cuyas viviendas son invariablemente precarias y donde la tenencia de la tierra es en su mayor parte irregular– la violencia, tanto la que causa la delincuencia como la que inflige la policía,(3) forma parte ineludible de su vida.
Al criminal favelado / no se lo barre con escoba / se lo barre con granada / con fusil y ametralladora. [Bandido favelado / não varre com vassoura / se varre com granada / com fuzil, metralhadora.](12)
La discriminación En un círculo vicioso de discriminación, la presencia de bandas de delincuentes en las favelas no es sólo una fuente de peligro para la comunidad, sino que también alimenta la discriminación y estigmatización que padece. Todas las personas integrantes de la comunidad son tratadas como delincuentes.
La constante de delitos violentos En los últimos 25 años han aumentado los delitos violentos, y en concreto los homicidios.(23) Los grupos socialmente excluidos son las principales víctimas de los crímenes más brutales. El número total de homicidios registrados en Brasil ha aumentado de 30.586 en 1993 a 49.640 en el año 2002.(24) En la actualidad, hay más del doble de fallecimientos de jóvenes por homicidio que por accidentes de tráfico. Las comparaciones internacionales son reveladoras. En Brasil se cometen 52,2 homicidios por cada 100.000 jóvenes,(25) mientras que en Estados Unidos la proporción es de 13,2 por 100.000 y en Italia, de 2,1 por 100.000. (26) Las muertes por arma de fuego en Río de Janeiro durante los años noventa fueron más numerosas que las producidas en zonas de conflicto como Angola y Sierra Leona.(27)
Tasa nacional de homicidios Fuente: Datasus
El aumento de la tasa de asesinatos no es uniforme, sino que se concentra en zonas de mayor exclusión socioeconómica y presencia policial reducida (véanse los mapas del apéndice 2), así como entre grupos sociales específicos. En la ciudad de São Paulo, Jardim Ângela, una zona con carencias del sur de la ciudad, sufrió 309 homicidios, es decir, 123 por cada 100.000 habitantes, en el año 2001, mientras que en el barrio de clase media de Moema, a sólo unos kilómetros de distancia, hubo 2 homicidios, o 3 por cada 100.000 habitantes, en el mismo año. En Espírito Santo, el porcentaje de personas jóvenes fallecidas por disparos, en relación con otras causas de muerte, fue del 52,56 por ciento en el año 2000, mientras que en Pernambuco fue del 63,98 por ciento y en Río de Janeiro, del 68,4 por ciento, frente a una media nacional del 29,95 por ciento. (28) Según las cifras que cita la UNESCO en su informe sobre la violencia en Brasil, el 93 por ciento de todas las víctimas de homicidio en Brasil en el año 2000 eran varones. Mientras que la tasa media de homicidios en el año 2000 fue de poco más del 20 por 100.000, la correspondiente a los jóvenes de entre 15 y 24 años fue de casi 50 por 100.000.(29) Los jóvenes negros, en particular, corren más riesgo. Según el estudio de la UNESCO sobre la violencia en Brasil, hay aproximadamente el mismo número de jóvenes blancos y de jóvenes negros, alrededor de 16 millones. No obstante, los jóvenes negros sufren el doble de homicidios. De los 17.900 jóvenes que perdieron la vida por homicidio en el año 2002, 11.308 eran negros y 6.592, blancos.(30)
La policía Los agentes de la policía brasileña se han acostumbrado tanto a ser criticados que suelen estar a la defensiva, y la mayoría reacciona con mucha suspicacia ante las propuestas de reforma. Esto ha dificultado a quienes trabajan fuera de las fuerzas policiales la labor de identificar a las personas con quienes pueden colaborar para reformar las instituciones. No obstante, hacen falta reformas urgentes en varios frentes, como las condiciones de trabajo, los salarios y la capacitación, así como la gestión y la supervisión. Los salarios de la policía son bajos, lo que ha hecho que muchos agentes tengan un segundo empleo, muchas veces en el sector de la seguridad privada, que está mal regulado. Amnistía Internacional ha informado ya con anterioridad que el sistema de turnos, que permite mantener un segundo empleo, conocido como bico, afecta negativamente a la continuidad y la eficacia de la policía.(43) En una escala más general, la seguridad pública se ve obstaculizada por las divisiones y la falta de coordinación entre los numerosos organismos responsables de las labores policiales. La coordinación del trabajo de dos fuerzas policiales federales, dos fuerzas policiales estatales, los guardias municipales y el resto del sistema de justicia penal es un elemento central de las reformas que propone el gobierno. El objetivo es lograr una labor policial más concentrada y basada en las actividades de inteligencia. Algunos estados han establecido organismos para centralizar el trabajo de las diversas fuerzas policiales y fiscalías, y estados como São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro han mejorado los métodos para la elaboración de estadísticas y de análisis. Sin embargo, la cooperación efectiva sigue siendo una meta lejana. La labor policial en Brasil es una ocupación de alto riesgo. En Río de Janeiro, 52 policías perdieron la vida en acto de servicio en el año 2004. La policía tiene que enfrentarse a menudo a bandas de delincuentes fuertemente armados, y muchos agentes carecen claramente de la preparación y los recursos necesarios. La frustración por lo que consideran falta de apoyo ha desembocado en la creación de ONG como V!va Polícia y Voz do Silencio, que alegan que se ignoran los derechos de los policías, especialmente por parte de la comunidad de derechos humanos.
La discriminación y estigmatización que viene caracterizando la actuación policial en las comunidades socialmente excluidas, así como la negligencia del Estado, que no ofrece otras formas de protección, las han hecho cada vez más vulnerables a los elevados niveles de delincuencia, especialmente de delitos violentos. Esto, a su vez, se ve agravado por los elevados y persistentes niveles de violaciones de derechos humanos que perpetran miembros de la policía contra los residentes, y en especial los cientos, si no miles, de homicidios que se cometen cada año.
5. "Cuanto más activa está la policía, mayor es el número de personas que mueren a sus manos"
El uso excesivo de la fuerza en las favelas por parte de la policía rara vez se denuncia a las autoridades, incluso cuando a consecuencia de ella mueren personas. La población de las favelas tiene miedo, afronta un gran número de dificultades si intenta denunciar estos crímenes y prácticamente ha perdido la esperanza de que los autores sean llevados ante la justicia. Sin embargo, tras las visitas de los relatores especiales de la ONU sobre la cuestión de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales realizadas a Brasil en los últimos cuatro años, y dada la extensa documentación de casos por ONG locales e internacionales, el reconocimiento de la dimensión de este problema ha aumentado. Las visitas de la ONU pusieron de relieve el hecho de que las ejecuciones extrajudiciales, el uso excesivo de la fuerza y la tortura al parecer se han convertido en las herramientas de control habituales de determinadas fuerzas policiales de Brasil. Los gobiernos estatales de Río de Janeiro y São Paulo publican estadísticas de las muertes a manos de la policía bajo el epígrafe de "resistencia seguida de muerte" (resistência seguida de morte) o "registros de resistencia" (autos de resistência). Ninguno de estos términos tiene validez legal en Brasil, pero de esta manera los agentes de policía pueden registrar incidentes mortales como resultado de un conflicto y omitir detalles importantes. Al catalogar sistemáticamente como agresores a las víctimas de homicidios a manos de la policía, son pocos los casos que llegan a investigarse con eficacia e independencia. Los gobiernos estatales han utilizado estas estadísticas como un signo de la eficacia policial y han pasado por alto el hecho de que muchas de las víctimas de homicidio no tenían de antecedentes penales, no portaban armas, eran negras o mestizas y se les había disparado por la espalda. Los estudios realizados por la Defensoría del Pueblo para Asuntos Policiales de São Paulo, así como por el instituto ISER de investigación, con sede en Río de Janeiro, demuestran el predominio de jóvenes negros, pobres y sin armas entre las víctimas.(62) En junio del 2003, Amnistía Internacional se reunió con el Dr. Saulo de Castro Abreu Filho, secretario de Seguridad Pública del estado de São Paulo. Aunque el Dr. de Castro Abreu Filho expresó su preocupación por el creciente número de muertes a manos de la policía, las atribuyó al mayor número de agentes en activo y mejor armados, y al aumento de las operaciones policiales.(63) En noviembre del 2003, Rosinha Garotinho, gobernadora de Río de Janeiro, y Anthony Garotinho, entonces secretario de Seguridad Pública del estado, informaron igualmente a una delegación de Amnistía Internacional de que el mayor número de muertes a manos de la policía se debía a un aumento en eficacia y número de las operaciones policiales.(64) En abril del 2005, Marcelo Itagiba, secretario de Seguridad Pública del estado de Río de Janeiro, indicó a Amnistía Internacional que "cuanto más activa está la policía, mayor es el número de personas que mueren a sus manos" ("a partir que a policia trabalha mais mata mais"). El Dr. Itagiba y otros representantes de los gobiernos estatal y federal han hecho hincapié en que las violaciones de derechos humanos no pueden considerarse una política gubernamental bajo ningún concepto. Sin embargo, sobre todo en el caso de los gobiernos estatales, pareciera darse por sentado que el uso de medios letales es hoy una realidad de la actuación policial aceptada en Brasil, y una forma de medir la eficacia de la policía. El Dr. Itagiba dijo que los 1.195 homicidios policiales registrados desde el 2003 no podían describirse como civiles muertos a manos de la policía, sino como "enfrentamientos de la policía con delincuentes que desafortunadamente acaban en autos de resistência".(65) Según dos estudios sobre el uso letal de la fuerza y los "autos de resistência", son muchas más las personas que mueren que las que resultan heridas a manos de agentes de policía. Uno de ellos fue realizado por Ignacio Cano sobre Río de Janeiro y otro por la Defensoría del Pueblo para Asuntos Policiales de São Paulo. El informe de Ignacio Cano dice:
