AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

22 de diciembre de 2009

Índice AI: AMR 19/022/2009

Brasil: Una auténtica comisión de la verdad y la justicia debe poner fin al legado de crímenes

El anuncio por el presidente Lula del tercer plan nacional de derechos humanos del país representa tanto una esperanza de un futuro mejor como un desafío para todos los niveles del gobierno brasileño, que deben hacer por fin realidad las garantías de derechos humanos de las que aún carece la mayor parte del país.

Fundamental para el nuevo plan ha sido la bien recibida inclusión del derecho a la memoria y a la verdad, junto con la promesa de crear una comisión para investigar y hacer públicos los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el régimen militar que gobernó el país.

Amnistía Internacional ha declarado que confía en que esta comisión pondrá por fin a Brasil a la altura de otros países de la región, que hace tiempo que hacen esfuerzos para que los responsables de crímenes como la desaparición, la tortura y la ejecución extrajudicial comparezcan ante la justicia al mismo tiempo que se garantiza a las familias de las víctimas el derecho a una reparación.

El legado de crímenes contra los derechos humanos que han quedado sin castigo persiste en los informes diarios sobre homicidios cometidos por la policía y en los casos de tortura que caracterizan el sistema de justicia penal del Brasil de hoy.

Sin embargo, a Amnistía Internacional le preocupa que, aparentemente, las propuestas que formulan actualmente las autoridades brasileñas para la creación de una comisión de este tipo no reúnen los tres requisitos esenciales:

• Verdad: determinar los hechos relativos a las violaciones de derechos humanos cometidas;

• Justicia: investigar las violaciones cometidas y, si se reúnen pruebas admisibles suficientes, enjuiciar a los presuntos autores por medio de mecanismos judiciales independientes;

• Reparación: proporcionar una reparación plena y efectiva a las víctimas y a sus familias, en sus cinco formas: restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

La organización ha declarado que la tortura y la desaparición forzada son crímenes tipificados en el derecho internacional que no prescriben ni pueden considerarse actos políticos. La justicia y una reparación completa por los abusos contra los derechos humanos cometidos son una vía esencial para erradicar los crímenes contra los derechos humanos y dar paz y una restitución a las víctimas y a sus seres queridos. Las negociaciones o maniobras políticas no deben ponerlas en peligro.

Amnistía Internacional expresa su satisfacción por las promesas del gobierno brasileño de revelar por completo todos los archivos militares pertinentes, especialmente los relativos a casos de desaparición. La organización ha instado también a las autoridades a que garanticen que los abogados que representan al Estado brasileño dejen de intentar proteger a los autores de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado con la ley de amnistía promulgada en Brasil en 1979, y a que se haga todo lo posible para cuestionar las interpretaciones de la ley que desde hace tiempo sostienen la impunidad.

Información complementaria

Entre 1964 y 1985 Brasil estuvo regido por un gobierno militar que llegó al poder tras un golpe de Estado que derrocó el gobierno del presidente João Goulart. Durante el régimen militar, cientos de activistas políticos, líderes sindicales, miembros de órdenes religiosas, así como de grupos de oposición fueron objeto de desaparición, detención arbitraria, tortura y muchos de ellos fueron ejecutados. Brasil va a la zaga del resto de la región en la investigación de estos crímenes, aplicando una polémica interpretación de la ley de amnistía de 1979 para proteger a los torturadores y asesinos del régimen.

Se ha presentado ante el Tribunal Supremo del país un informe que cuestiona la interpretación que se aplica desde hace tiempo, según la cual la tortura, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del régimen fueron actos políticos que, por tanto, quedaron amnistiados en aplicación de la referida ley. Aún no se ha dictado ninguna resolución.

Los intentos del gobierno federal de ofrecer un acceso limitado a los archivos militares e identificar el lugar donde están los miembros de un grupo armado de la oposición presuntamente ejecutados por el ejército en Araguaia, en Pará, han sido rechazados hasta ahora por algunas víctimas y sus familias por no proporcionar una transparencia completa ni justicia. Algunos presos políticos de ese periodo han recibido una indemnización económica.

En 2007 una comisión especial sobre muertos y desaparecidos políticos hizo público un informe titulado El derecho a la memoria y a la verdad. Sin embargo, en octubre de 2009, el gobierno brasileño apeló ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidiendo que cerrara el caso formulado en su contra por la desaparición de activistas de la oposición armada en Araguaia.

El principio VII de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones explica:

“Entre los recursos contra las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario figuran los siguientes derechos de la víctima, conforme a lo previsto en el derecho internacional: a ) Acceso igual y efectivo a la justicia; b ) Reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido; c ) Acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación.”

Respecto de las violaciones de derechos humanos cometidas, los Estados deben garantizar que se da a conocer la verdad, que se hace justicia y que se facilita una reparación a todas las víctimas. En este sentido, la verdad, la justicia y la reparación son tres aspectos de la lucha contra la impunidad.

FIN/