Document - Brazil: Government and judiciary fail Brazil's indigenous peoples once more

AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

Índice AI: AMR 19/001/2006 (Público)

Servicio de Noticias: 004 /2006

6 de enero de 2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR190012006

Brasil: El gobierno y el poder judicial vuelven a fallar a los pueblos indígenas de Brasil

En Brasil, el gobierno y el poder judicial no protegen el derecho constitucional de los pueblos indígenas a la tierra, y a consecuencia de ello éstos siguen sufriendo violencia y graves privaciones económicas, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

El 16 de diciembre de 2005, una comunidad guaraní-kaiowá que vive en el estado de Mato Grosso do Sul fue desalojada violentamente de sus tierras ancestrales en una operación a gran escala llevada a cabo por la Policía Federal con el apoyo no oficial de terratenientes locales. El desalojo se produjo después de varias intervenciones legales, incluido un fallo del Tribunal Supremo que de hecho suspendía el derecho constitucional del pueblo guaraní-kaiowá a sus tierras.

Los guaraní-kaiowás están acampados junto a la autovía MS-384, con comida insuficiente y condiciones de higiene y alojamiento inadecuadas.

“El fallo tuvo consecuencias catastróficas para la comunidad indígena guaraní-kaiowá”, ha dicho Patrick Wilcken, adjunto de investigación y acción de Amnistía Internacional para Brasil.

“Una mujer embarazada de siete meses abortó tras sufrir una caída durante el desalojo, y un bebé de un año falleció por la deshidratación provocada por la diarrea.”

El 24 de diciembre de 2005, nueve días después del desalojo, Dorvalino Rocha, de 39 años, recibió un tiro en el pecho en la entrada de la Hacienda Fronteira en el municipio de Antônio João, en el estado de Mato Grosso do Sul. Según los informes, lo mató un guardia de seguridad privado contratado por terratenientes locales.

Amnistía Internacional y las ONG locales habían advertido reiteradamente que el desalojo generaría más violencia y la privación social del pueblo guarani-kaiowá.

Dorvalino Rocha hace el número 38 de los activistas indígenas víctimas de homicidio en 2005, el peor año en más de una década, según la ONG brasileña Consejo Misionero Indígena. Veintiocho de estas muertes se produjeron en el estado de Mato Grosso do Sul.

“La difícil situación de los guaraní-kaiowás es típica de lo que sucede cuando una orden judicial provoca un estancamiento o un retroceso del proceso de ratificación de las tierras. Los pueblos indígenas se ven obligados a acampar en los márgenes de sus tierras ancestrales, con el temor constante de sufrir las represalias de pistoleros contratados por terratenientes o de empresas de seguridad poco controladas”, ha dicho Wilcken.

“Pasamos miedo toda la noche. Nos despertamos con cada automóvil que pasa”, ha dicho Eugênio Morales, uno de los dirigentes del campamento.

“Si bien el gobierno federal ha tomado tardíamente alguna medida para resolver los problemas causados por el desalojo, proporcionando ayuda de urgencia –ha dicho Wilcken-, no hizo nada para evitar que la situación se produjera.”

Amnistía Internacional pidió a las autoridades de Brasil que establezcan políticas claras y estrategias concretas para resolver las cuestiones de derechos humanos que afectan persistentemente a la población indígena de Brasil. Amnistía Internacional también pide al gobierno federal que investigue minuciosamente a las empresas de seguridad privadas y su papel en los casos de violaciones de derechos humanos.