Document - Bolivia: Submission to the UN Universal Periodic Review: Seventh session of the UPR Working Group of the Human Rights Council, February 2010

8 de septiembre de 2009 Público


Amnistía Internacional



Bolivia

Información para el examen periódico universal de la ONU

Séptimo periodo de sesiones del grupo de trabajo del EPU del Consejo de Derechos Humanos

Febrero de 2010













Resumen ejecutivo

En este documento, Amnistía Internacional ofrece información con respecto a los apartados b), c) y d) de las Directrices generales para la preparación de la información en el marco del examen periódico universal:1

  • En relación con el apartado b), Amnistía Internacional expresa su preocupación por el lento ritmo de aplicación de importantes disposiciones de la nueva Constitución y por la injerencia política en el poder judicial.

  • Con respecto al apartado c), la organización pone de relieve sus motivos de preocupación, a saber: los homicidios ilegítimos y otras violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del malestar social y la tensión entre grupos de tendencias políticas opuestas, la discriminación y la violencia contra los pueblos indígenas y los defensores y defensoras de los derechos humanos y la persistente impunidad de las violaciones de derechos humanos.

  • En la relación con el apartado d), Amnistía Internacional formula varias recomendaciones sobre medidas que debe adoptar el gobierno para abordar los motivos de preocupación.

Bolivia

Información para el examen periódico universal de la ONU

Séptimo periodo de sesiones del grupo de trabajo del EPU del Consejo de Derechos Humanos, febrero de 2010


B. Marco normativo e institucional del Estado


En octubre de 2008, el Congreso aprobó el texto revisado de una nueva Constitución. Sometido a referéndum en todo el país en enero de 2009, el texto fue aprobado por el 61,43 por ciento de los votos, con una participación de más del 90 por ciento. La nueva Constitución, promulgada el 7 de febrero de 2009, reafirma el carácter “plurinacional” del Estado boliviano y contiene importantes disposiciones nuevas sobre derechos económicos, sociales y culturales, como el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, prevé un sistema de “jurisdicción indígena originaria campesina”. Además de estos cambios fundamentales, la nueva Constitución introduce modificaciones estructurales en el poder judicial, establece un órgano electoral del Estado, entre otros, y crea un nuevo marco para las cuestiones de medio ambiente, recursos naturales y tierras.


El proceso de cambio político impulsado por el gobierno del presidente Evo Morales comporta importantes cambios estructurales y culturales dentro del Estado. La actual administración no ha podido hacer avances significativos en la aplicación de la Constitución ni en la adaptación de la legislación actual debido al inminente traspaso de poder a una nueva Asamblea Legislativa Plurinacional que se elegirá en diciembre de 2009. Asimismo, importantes departamentos del Estado boliviano, como las oficinas del Defensor del Pueblo y el Fiscal General, tienen una dirección interina desde hace mucho tiempo.


El sistema judicial adolece desde hace mucho tiempo de injerencias políticas y corrupción, exacerbadas por problemas estructurales como consecuencia de los cuales se ha visto menoscabada su independencia, y en los últimos años ha sufrido aún más erosión. Debido a esta situación, desde junio de 2009 el Tribunal Constitucional no tiene jueces, y en estos momentos, agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia cuenta sólo con 7 de sus 12 magistrados.


En diciembre de 2008, Bolivia aprobó su Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos Bolivia – Para Vivir Bien, 2009-2013, ambicioso proyecto elaborado por medio de un proceso consultivo entre el Estado y la sociedad civil.



C. Promoción y protección de los derechos humanos sobre el terreno


Reforma constitucional y proceso de cambio político

El antagonismo del gobierno y la oposición durante el proceso de redacción de la nueva Constitución y sus posibles consecuencias en el control de los recursos económicos y naturales de Bolivia dieron lugar a enfrentamientos, malestar social y tensiones entre grupos de tendencias políticas opuestas, que en algunos casos fueron violentas y causaron muertes. Los departamentos con un marcado proyecto autonomista pusieron muchas objeciones a los textos propuestos y al proceso seguido para examinarlos.


En un referéndum revocatorio de agosto de 2008, el 67,4 por ciento de los votantes confirmaron la permanencia del presidente Morales en su cargo durante el resto de sus cuatro años de mandato. Sin embargo, a Amnistía Internacional le preocupan las arraigadas tensiones culturales y raciales latentes entre el movimiento autonomista, especialmente en los departamentos de la Media Luna (Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija), y los seguidores del partido en el poder, el Movimiento al Socialismo(MAS). Estas tensiones podrían generar más violencia y nuevas violaciones de derechos humanos en el periodo previo a las elecciones de diciembre de 2009 y después de ellas.


La aplicación de la nueva Constitución hará necesaria una considerable reforma y adaptación de la legislación y los procedimientos existentes, así como una nueva ley de deslinde de las jurisdicciones “ordinaria” y “comunitaria” que establece. Asimismo, la nueva Constitución prevé el establecimiento de una Asamblea Legislativa Plurinacional y nuevos procedimientos de elección de los jueces. Amnistía Internacional cree que la coordinación y colaboración entre los distintos poderes del Estado son esenciales para que la aplicación de la Constitución se lleve a cabo de manera respetuosa con el Estado de derecho y las obligaciones internacionales de Bolivia en materia de derechos humanos.


Violaciones de derechos humanos cometidas durante sucesos violentos, incluidos homicidios ilegítimos

Amnistía Internacional informó de casos de manifestantes muertos y heridos en Cochabamba y Sucre, en enero y noviembre de 2007, en el contexto de las protestas de contenido político que tuvieron lugar en relación con los procesos autonomistas y de reforma constitucional.


Más recientemente, grupos de choque –grupos civiles formados con motivos políticos y que se cree que actúan bajo la autoridad de individuos afines al movimiento de oposición– han participado en actos violentos en Santa Cruz provocados por el debate sobre la autonomía del departamento. En mayo de 2008, un grupo de activistas de la oposición acorralaron a partidarios indígenas y campesinos del presidente Morales en la plaza mayor de la ciudad de Sucre y los golpearon, les quitaron las camisas y les obligaron a quemar sus prendas de vestir y enseñas tradicionales y a corear consignas contra el presidente.


En septiembre de 2008, entre 11 y 19 personas, en su mayoría campesinos, murieron y alrededor de 50 más resultaron heridas al intensificarse la violencia en el departamento de Pando en el periodo previo a un ampliado (asamblea) campesino que tenía previsto celebrarse para tratar cuestiones de importancia local, como la distribución de la tierra y el manejo de los recursos naturales, tras presuntas amenazas a un proceso recién concluido de saneamiento de tierras. Desde que estalló la violencia, diversas investigaciones nacionales e internacionales, incluidas algunas realizadas por Amnistía Internacional en agosto de 2009, han permitido aclarar lo que realmente ocurrió y coinciden en la conclusión de que funcionarios locales de la prefectura y el comité cívico, en manos de la oposición, participaron en la planificación y comisión de actos de violencia. Las investigaciones han puesto también de manifiesto la falta de medidas de la policía para detener la violencia. El12 de septiembre de 2008, el presidente Morales declaró en Pando el estado de sitio, que estuvo vigente durante más de dos meses.


También fueron motivo de preocupación una serie de hechos conexos, como los malos tratos infligidos a 15 campesinos detenidos por su presunta participación en los actos de violencia y el modo en que se detuvo y trasladó a la La Paz, en virtud del estado de sitio y durante los meses siguientes, a diversas personas afines a la prefectura y el comité cívico y presuntamente implicadas en la violencia. Amnistía Internacional recibió denuncias según las cuales estas detenciones se practicaron haciendo uso excesivo de la fuerza y sin las debidas garantías judiciales.


Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que, en el momento de redactar este documento, un año después de los actos violentos, las investigaciones no hayan determinado la responsabilidad de todaslas violaciones de derechos humanos que se cometieron en Pando y posteriormente por no haberse llevado aún ante la justicia a los presuntos responsables. La organización ve también con preocupación las amenazas y el hostigamiento denunciados por defensores y defensoras locales de los derechos humanos y testigos potenciales después de los sucesos violentos, así como los dirigidos contra negocios de personas identificadas con el movimiento indígena y campesino.


Justicia e impunidad

Los problemas de que adolece desde hace mucho tiempo el poder judicial han obstaculizado la lucha contra impunidad en Bolivia. Amnistía Internacional espera que las reformas aprobadas en el sistema de justicia sean un medio de consolidar su independencia y garantizar justicia a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos y un juicio justo a todos sus presuntos autores. La organización toma nota del encarcelamiento de Luís Arce Gómez, ministro del Interior durante la dictadura de Luís García Meza, que fue devuelto a Bolivia desde Estados Unidos en julio de 2009 en virtud de una sentencia de 1993 de la Corte Suprema de Justicia en la que se lo condenaba por participación en delitos como genocidio.


En octubre de 2008 se presentó al gobierno estadounidense una solicitud de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos ex ministros, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague. Todos ellos están acusados de implicación en el homicidio de 67 personas durante unas manifestaciones celebradas en El Alto en 2003, pero su extradición continúa pendiente. Asimismo, en noviembre de 2008 se presentaron cargos contra otros ex ministros y militares en relación con los homicidios, pero parece que cuatro ex ministros llevados también a juicio junto con Sánchez de Lozada han huido a Perú. El juicio oral comenzó en mayo de 2009, pero se ha suspendido varias veces debido a las recusaciones presentadas. Aunque Amnistía Internacional acoge con satisfacción los esfuerzos por llevar este caso ante la justicia, el proceso contra Sánchez de Lozada y otras personas debe respetar las normas internacionales relativas a los derechos de los acusados, que no deben ser objeto de actuaciones procesales in absentia.


A pesar de estos avances, a Amnistía Internacional le preocupa que las batallas jurisdiccionales que se libran en otras causas clave (a saber, el caso Pando y el denominado caso de “terrorismo”2) hayan malogrado varios procesos judiciales recientes, lo cual podría sentar un precedente negativo para la administración de justicia duradera e imparcial en el futuro.


Amnistía Internacional espera que, independientemente de los problemas históricos del sistema de justicia y del actual proceso de reforma, estos casos se lleven ante la justicia de una manera respetuosa con el Estado de derecho y las normas internaciones sobre el debido proceso. Este tipo de casos ofrecen al actual gobierno la oportunidad de demostrar su respeto por la separación de poderes y su compromiso político con el fortalecimiento del sistema de justicia a largo plazo.


Las demoras causadas por las batallas jurisdiccionales sin resolver y las numerosas impugnaciones presentadas contra funcionarios judiciales relacionados con causas delicadas desde el punto de vista político, como el caso Pando, crean una situación de incertidumbre legal que afecta a las víctimas y a sus familiares, así como a los presuntos autores de los delitos. El ex prefecto de Pando está sometido a detención preventiva desde septiembre de 2008, acusado de ser autor intelectual de la violencia. La causa abierta contra él debe instruirse con carácter urgente a fin de garantizar que se dicta sentencia de manera oportuna y respetuosa con los derechos humanos.


En agosto de 2009 se informó de los primeros resultados de los esfuerzos por localizar a identificar los restos de 26 personas desaparecidas en la zona de Teoponte del departamento de La Paz desde la década de 1970. Amnistía Internacional acoge con satisfacción el hallazgo de los restos de cinco personas en tanto que parte esencial de la búsqueda de la verdad de las violaciones de derechos humanos cometidas en Bolivia en el pasado. Otro elemento decisivo de este proceso es la apertura de los archivos del periodo de gobierno militar y autoritario, que podrían proporcionar pruebas de los abusos cometidos.

Discriminación y violencia contra los pueblos indígenas y los defensores y defensoras de los derechos humanos

Amnistía Internacional considera motivo de preocupación los informes sobre ataques de motivación racial contra organizaciones y personas que trabajan por los derechos de los pueblos indígenas y campesinos de Bolivia. El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas ha observado la frecuencia del discurso racista, empleado por algunos partidos políticos y grupos cívicos de presión y difundido por algunos medios informativos, contra los pueblos indígenas en todos los niveles de la sociedad.3Amnistía Internacional ve también con preocupación la situación de las familias indígenas guaraníes de la región del Chaco, que viven en un estado de servidumbre semejante a la esclavitud, como han descrito la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas y el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas.4


Por ejemplo, más de 40 personas resultaron heridas en febrero y abril de 2008 cuando terratenientes y grupos de hombres armados atacaron a miembros de la comunidad guaraní en Santa Cruz durante el proceso de esclarecimiento de escrituras de propiedad de tierras tradicionales guaraníes. Las agresiones a que un grupo de activistas de la oposición sometió a partidarios indígenas y campesinos del presidente Morales en Sucre en mayo de 2008 (véase supra) también tenían un evidente carácter racista.


En septiembre de 2008, en el contexto del debate autonomista y de reforma constitucional, las oficinas de varias ONG que trabajan con comunidades indígenas y campesinas sufrieron ataques en varias ciudades, especialmente en Santa Cruz, y se destruyó material de oficina y documentación.


Derechos económicos, sociales y culturales

Aunque hay mucha pobreza, particularmente entre los campesinos y los pueblos indígenas, se han realizado avances en el área de los derechos económicos, sociales y culturales sobre el papel y en la práctica. Entre ellos figuran importantes avances logrados en la nueva Constitución y en la introducción de programas para combatir el analfabetismo y mejorar la asistencia escolar, abordar la malnutrición, construir más viviendas sociales, pagar pensiones de jubilación y prestar apoyo a las mujeres embarazadas o con hijos recién nacidos, así como avances en el saneamiento de tierras en favor de campesinos y pueblos indígenas. Sin embargo, según el Fondo de Población de la ONU, Bolivia continúa teniendo la mayor tasa de mortalidad materna de Sudamérica (aproximadamente de 290 por 100.000 nacimientos vivos).



D. Recomendaciones sobre medidas que deber tomar el Estado objeto de examen


Amnistía Internacional insta al gobierno a:


Reforma constitucional y proceso de cambio político

  • Tomar todas las medidas posibles para lograr una buena transición a la nueva Constitución y las instituciones nacionales conexas, con las debidas garantías de respeto del Estado de derecho y los derechos humanos.

  • Promover y fomentar una mayor colaboración y coordinación entre los poderes del Estado, especialmente el ejecutivo y el judicial, y garantizar que el poder judicial puede desempeñar sus funciones con eficacia, con independencia y sin injerencias políticas.

  • Ratificar el segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, y el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.


Violaciones de derechos humanos cometidas durante sucesos violentos, incluidos homicidios ilegítimos

  • Acelerar la realización de investigaciones imparciales y exhaustivas sobre todos los hechos violentos ocurridos en Pando en septiembre de 2008, así como sobre otros sucesos, con el fin de identificar a los responsables y ponerlos a disposición de la justicia en un tribunal competente, independiente e imparcial.

  • Aclarar el papel de la fuerzas armadas, la policía y las autoridades judiciales antes, durante y después de los actos de violencia de Pando, incluida la falta de medidas para responder a la violencia o detenerla.


Justicia e impunidad

  • Determinar medios por los que la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional puedan desempeñar sus funciones, especialmente mediante la designación de miembros de demostrada competencia técnica, probidad moral e independencia de toda influencia externa.

  • Aplicar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en la legislación nacional y adaptar esta legislación al derecho internacional, incluso con respecto a la definición de tortura.

  • Introducir en la legislación nacional una disposición sobre la imprescriptibilidad del genocidio y otros delitos de derecho internacional.

  • Hacer esfuerzos concertados por localizar y hacer públicos los archivos relacionados con abusos contra los derechos humanos cometidos durante el periodo de gobierno militar y autoritario.

  • Cursar una invitación permanente a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que visiten Bolivia.


Discriminación y violencia contra los pueblos indígenas y los defensores y defensoras de los derechos humanos

  • Realizar investigaciones sobre la discriminación contra los pueblos indígenas y tomar las medidas apropiadas contra los funcionarios del Estado regionales y nacionales responsables.

  • Garantizar que se aplican plenamente y con prontitud las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas y el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas.



Derechos económicos, sociales y culturales

  • Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

  • Asignar recursos suficientes a la aplicación de las políticas nacionales para reducir la mortalidad materna, eliminar las barreras que impiden a las mujeres indígenas y pobres el acceso a servicios de atención de la salud materna y reproductiva –lo que incluye prestar apoyo lingüístico y formación a los profesionales de la salud– y proporcionar a las mujeres información clara y accesible sobre sus derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la salud.

  • Garantizar que se aplican plenamente y con prontitud las disposiciones de la nueva Constitución para la consolidación de los derechos económicos, sociales y culturales mediante políticas efectivas y sostenibles de ámbito nacional y local y mediante la asignación de recursos suficientes.

Anexo: Documentos de Amnistía Internacional para consulta


Informe 2009 de Amnistía Internacional: El estado de los derechos humanos en el mundo


Bolivia: Respetar los derechos humanos, fundamental para detener la escalada de violencia, 15 de septiembre de 2008 (Índice: AMR 18/002/2008)


Bolivia: Inaceptables las protestas violentas en contra de mejorar las vidas del pueblo indígena Guaraní, 21 de abril de 2008 (Índice: AMR 18/001/2008)





1 Contenidas en la Decisión 6/102 del Consejo de Derechos Humanos, seguimiento de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, apartado I, aprobada el 27 de septiembre de 2007.

2 En el que, en abril de 2009, tres presuntos mercenarios murieron y otros dos fueron detenidos por su presunta participación en una presunta conspiración de asesinato del presidente Evo Morales durante una operación policial llevada a cabo en un hotel de Santa Cruz.

3 Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen: Misión a Bolivia, A/HRC/11/11 párrs. 65-73, 18 de febrero de 2009.

4 Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008, OEA/Ser.L/V/II.134, cap. II.D.i; Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen: Misión a Bolivia, A/HRC/11/11, párrs. 50-54, 18 de febrero de 2009; Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, Misión a Bolivia: Informe y recomendaciones, agosto de 2009, pp. 17-19.

Índice AI: AMR 18/002/2009 Amnistía Internacional

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