Document - Belize: Death penalty, treatment of refugees and justice for victims test commitment to human rights

AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA



Índice AI: AMR 16/004/2002/s (Público)

Servicio de Noticias 223/02

3 de diciembre de 2002


Belice: La pena de muerte, el trato a los refugiados y la justicia para las víctimas ponen a prueba el compromiso con los derechos humanos

*No publicado


«La posible extensión del uso de la pena de muerte en Belice, la negación de un examen significativo a los posibles solicitantes de asilo y la desigualdad de acceso a la justicia para las victimas de presuntas violaciones de derechos humanos pone en peligro su reputación en materia de derechos humanos en la región» ha afirmado hoy Amnistía Internacional, que acaba de realizar su primera visita de investigación al país.


Los delegados de la organización se reunieron con numerosos representantes del gobierno, y también con miembros del poder judicial, la Oficina del Defensor del Pueblo, el sistema penitenciario, el ejército y la policía de diversos lugares del país. Además, los delegados cambiaron impresiones con varios representantes de la sociedad civil, así como de la comunidad internacional en Belice.


«Amnistía Internacional aprecia la apertura y la disposición al diálogo mostradas a sus delegados, y confía en que esta comunicación tan abierta continúe en el futuro» afirma la organización.


Los delegados de la organización de derechos humanos pudieron entrevistarse con una amplia diversidad de personas para dialogar sobre las normas de derechos humanos y el grado en que éstas se respetan en Belice. Reunieron información sobre un gran número de preocupaciones de derechos humanos, como los derechos de los indígenas, los derechos sobre la tierra, los derechos de mujeres y niños, la administración de justicia y el derecho a formar sindicatos y a negociar colectivamente.


Respecto a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU, de 1951, Amnistía Internacional señaló su preocupación por el hecho de que Belice no dispone de un mecanismo significativo por el que los individuos que huyen de la persecución en su propio país puedan solicitar asilo político; sin embargo, las autoridades aseguraron a la organización que está deficiencia sería subsanada en breve.


Si bien Amnistía Internacional reconoce que los abusos cometidos por policías, soldados o guardias de prisiones parecen esporádicos, a la organización le preocupa la aparente falta de investigación sistemática y de seguimiento judicial de todas estas denuncias.


Amnistía Internacional recibió garantías de que no se van a tolerar en Belice las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y otros agentes del Estado, y que cuando se denuncien tales abusos serán investigados sin demora.


«Vemos con satisfacción el compromiso que han expresado las autoridades de que, en los casos de informes de abusos bien fundados, los responsables serán procesados de manera abierta y oportuna» ha manifestado la organización, y ha insistido en que llevará a cabo un atento seguimiento de todos estos asuntos.


La delegación de Amnistía Internacional visitó la prisión de  Hattieville y el Centro de Internamiento para Delincuentes Menores. Tomó nota de los esfuerzos que se están haciendo para mejorar las condiciones de reclusión en la prisión de Hattieville, recién privatizada, y apreció el compromiso expresado por la Fundación Kolbe (entidad privada) con el respeto de las normas internacionales sobre el tratamiento de los detenidos.


Las autoridades de Belice reiteraron que la responsabilidad máxima sobre el trato a los detenidos sigue recayendo en el gobierno, y Amnistía Internacional pidió garantías tanto al gobierno como a la Fundación Kolbe de que las violaciones de derechos humanos serán investigadas sin demora por el sistema de justicia penal y los responsables de cualquier abuso comparecerán ante la justicia. Más aún, la organización instó a las autoridades penitenciarias a autorizar una observación periódica por parte de representantes independientes de la sociedad civil en aras de la apertura y la transparencia.


Amnistía Internacional hizo notar con preocupación los informes procedentes de beliceños sobre la delincuencia violenta y sus secuelas en el país. Al mismo tiempo, los delegados explicaron que la organización se opone a la pena de muerte en todos los casos y en todos los países, por tratarse de una violación del derecho fundamental a la vida. Amnistía Internacional considera que la pena capital no ha demostrado tener mayor efecto disuasorio que otras medidas, que tiene un efecto embrutecedor en todos los ciudadanos al aumentar el grado de tolerancia de la violencia dentro de la sociedad en su conjunto y que en muchos países se ha demostrado que se aplica de manera desigual y claramente discriminatoria.


En cuanto a los detalles de la enmienda propuesta a la Constitución de Belice para suprimir el recurso de apelación ante el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona en los casos de sentencia de muerte preceptiva mientras se establece la Corte de Justicia del Caribe, los delegados afirmaron que a la organización le preocupaba que esta medida diera paso a más ejecuciones.


«Semejante enmienda perjudicaría a todos los ciudadanos de Belice al erosionar el principio de igualdad de protección ante la ley y de acceso a la justicia para todos» ha resaltado Amnistía Internacional.


La organización agradece la reciente oportunidad de visitar Belice para conocer mejor las preocupaciones de derechos humanos de sus ciudadanos, y está deseando participar con ellos en futuros debates sobre los asuntos planteados. Amnistía Internacional publicará un informe completo sobre la visita a principios del 2003.


Documento público


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