Document - Argentina: Amnesty International submission to the UN Universal Periodic Review: 14th session of the UPR working group: October-November 2012

Justice and the rule of law: the role of the UN

Argentina: Información de Amnistía Internacional para el Examen Periódico Universal de la ONU

ARGENTINA

Información de Amnistía Internacional

para el Examen Periódico Universal de la ONU

14º periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, octubre-noviembre de 2012

SEGUIMIENTO DEL ANTERIOR EXAMEN PERIÓDICO

Durante su examen anterior en 2008, Argentina respaldó las recomendaciones respecto a abordar la discriminación contra las mujeres, mejorar las condiciones penitenciarias, tomar medidas para garantizar que no hay impunidad para el delito de tortura, velar por que se tenga debidamente en cuenta el principio de los juicios rápidos en el contexto de los juicios sobre derechos humanos en curso, y garantizar el respeto por los derechos de los pueblos indígenas. Amnistía Internacional ha observado con satisfacción que Argentina presentó en septiembre de 2010 una revisión de mitad de periodo sobre la aplicación de las recomendaciones que había respaldado. No obstante, el país sigue siendo escenario de numerosas violaciones graves de derechos humanos.

derechos humanos de las mujeres

Argentina ha progresado respecto a abordar la discriminación contra las mujeres, especialmente en lo relativo a aumentar la participación política de las mujeres. Sin embargo, las mujeres siguen enfrentándose a obstáculos para acceder a información y servicios relativos a sus derechos sexuales y reproductivos. Se calcula que en Argentina se practican entre 460.000 y 600.000 abortos ilegales cada año. Casi 80.000 mujeres y niñas son hospitalizadas anualmente a causa de complicaciones derivadas de abortos ilegales. Durante los últimos 20 años, la falta de acceso a abortos seguros ha sido la principal causa de mortalidad materna en el país. Según la información estadística de 2009 facilitada por el Ministerio de Salud, más de un centenar de mujeres mueren al año a consecuencia de abortos no seguros; la mayoría de las víctimas proceden de entornos con pocos recursos económicos o ingresos bajos.

condiciones de reclusión

Los progresos en la mejora de las condiciones de reclusión han sido lentos. La situación en las prisiones sigue siendo de hacinamiento, y los centros penitenciarios carecen de estructuras adecuadas, lo que da lugar a que la población reclusa permanezca privada de libertad en condiciones crueles, inhumanas o degradantes; algunas prisiones operan a más del doble de su capacidad. En la provincia septentrional de Catamarca y en Buenos Aires se han producido muertes en centros de detención a consecuencia de la violencia de otros presos o de los guardias.

Tortura y malos tratos

Argentina ha progresado poco en lo relativo a abordar la impunidad por el delito de tortura. Amnistía Internacional sigue recibiendo información sobre tortura y malos tratos en prisiones y centros de detención, donde rara vez se realizan investigaciones para llevar a los responsables ante la justicia. Ha habido avances en la implementación de mecanismos para prevenir la tortura y los malos tratos, especialmente en el ámbito local. Sin embargo, en el ámbito nacional, Argentina aún no ha introducido un mecanismo nacional de prevención, de acuerdo con las obligaciones que ha contraído en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En 2011, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para establecer el mecanismo nacional de prevención, que en el momento de redactar este informe estaba siendo debatido por el Senado.

Por el contrario, se han realizado progresos importantes en lo relativo a conseguir la condena de los responsables de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar, de 1976 a 1983. Sin embargo, respecto a las violaciones de derechos humanos más recientes –por ejemplo en los presuntos casos de desalojo forzoso, uso excesivo de la fuerza o tortura y malos tratos– las investigaciones, o no tienen lugar, o tardan demasiado para garantizar que los responsables comparecen ante la justicia.

Derechos de los pueblos indígenas

Auque Argentina ha realizado algunas mejoras respecto a los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades indígenas siguen amenazadas de desalojo por parte de hacendados particulares, pese a la prohibición general de los desalojos establecida hasta noviembre de 2013, en espera de que se complete un estudio nacional sobre los territorios indígenas. Los miembros de las comunidades indígenas han sufrido ataques directos de agentes particulares, que han causado la muerte de al menos dos personas desde 2008.

El Marco nacional de derechos humanos

Penalización del aborto y violencia contra las mujeres

Según el artículo 86 del Código Penal, las mujeres y las niñas para las que el embarazo supone un riesgo físico o mental, o cuyo embarazo es consecuencia de una violación, tienen derecho a un aborto legal. Aunque este artículo está en vigor desde 1921, su redacción es poco clara, y su interpretación contradictoria da lugar a una aplicación discrecional por parte de los jueces y de los proveedores de servicios de salud, lo cual a su vez limita el acceso de mujeres y niñas a un aborto legal. En marzo de 2012, la Corte Suprema aclaró el contenido del artículo 86, al establecer que toda víctima de violación debía tener acceso a un aborto seguro, y que los profesionales de la salud no necesitaban una orden judicial para practicarlo. Sin embargo, algunas autoridades locales han manifestado su desacuerdo con la resolución de la Corte Suprema, y no está claro si se cumplirá. Varios órganos de vigilancia de los tratados, entre ellos el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, han pedido a Argentina que revise y modifique su legislación sobre el aborto para garantizar que las mujeres no se ven obligadas a someterse a abortos poco seguros que puedan poner su vida en peligro.

En abril de 2009 se promulgó legislación para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres. En ella se dispone la asistencia legal gratuita para las mujeres víctimas de violencia, y se establecen protocolos para la recopilación y el registro sistemático de datos oficiales sobre la violencia de género. No obstante, la ley no se ha aplicado en su totalidad, y no existen datos fiables suficientes en los que basar una evaluación de la legislación.

Falta de acceso a datos fiables para evaluar el cumplimiento en materia de derechos humanos

Argentina no ha proporcionado datos fiables para examinar y evaluar el cumplimiento por parte del gobierno de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Una de las fuentes principales de esa información es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Sin embargo, los métodos utilizados por el INDEC para calcular estadísticas no siempre están disponibles públicamente, lo que plantea dificultades para interpretar los datos. Las carencias del INDEC también fueron destacadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en las recomendaciones que formuló a Argentina en 2011.

La situación de los derechos humanos sobre el terreno

Derechos de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas de Argentina siguen enfrentándose a obstáculos para obtener el reconocimiento jurídico de su derecho a sus tierras tradicionales. En 2006 se aprobó una ley de emergencia nacional para suspender la ejecución de las órdenes de desalojo y la expulsión de las comunidades indígenas de sus tierras, a la espera de un estudio nacional cuya finalidad es revisar y registrar la propiedad de la tierra. La suspensión estará en vigor hasta noviembre de 2013. No obstante, pese a ello, ha habido amenazas de desalojo contra comunidades indígenas, y algunas han sido desalojadas.

Amnistía Internacional también ha documentado ataques contra dirigentes indígenas a causa de reclamaciones de tierras. El 12 de octubre de 2008, Javier Chocobar, de la comunidad indígena diaguita de la provincia de Tucumán, murió por disparos cuando trataba de impedir el desalojo forzoso de su comunidad por parte de un hacendado local. En 2009 y 2010, en esa misma provincia, los miembros de la comunidad indígena quilmes fueron desalojados de sus hogares. La policía trató de desalojarlos de nuevo en abril de 2011, después de que regresaran a las tierras. No fue hasta agosto de 2011 cuando un tribunal ordenó la suspensión de los intentos de desalojar a la comunidad indígena quilmes en espera de que concluyeran los procedimientos para determinar la propiedad de la tierra en la que vivían.

En noviembre de 2010, unos 400 policías armados dispersaron violentamente a los miembros de la comunidad indígena toba qom que habían bloqueado una carretera para protestar por los planes de construcción de una universidad en sus tierras ancestrales. Asimismo, la policía incendió las viviendas temporales que la comunidad había construido junto a la carretera. Al menos un policía y un indígena murieron, y en torno a 30 personas de la comunidad, entre las que había menores, fueron detenidas. Félix Díaz, dirigente de la comunidad, recibió amenazas directas de los policías, que lo calificaron de “agitador”. Algunos miembros de su familia recibieron posteriormente amenazas de muerte de miembros de una familia criolla (no indígena) que reclamaba su derecho sobre las mismas tierras. En abril de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a las autoridades argentinas a tomar medidas para garantizar la seguridad de Félix Díaz y su familia. En mayo de 2011, el gobierno llegó a un acuerdo con la comunidad indígena toba qom para garantizar su seguridad. No obstante, pese a estas medidas, Amnistía Internacional ha documentado nuevas amenazas y actos de acoso contra la comunidad toba qom.

Tal como señaló en 2011 el relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, en Argentina se han emprendido proyectos de desarrollo y de industrias extractivas que afectan a los derechos de los pueblos indígenas, sin respetar el derecho de estos pueblos a ser consultados y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado. La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional demuestra que no se obtuvo el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad indígena pilagá de El Descanso, provincia de Formosa, antes de emprender importantes obras de infraestructura en 1997. Los miembros de esta comunidad afirman que, desde que se excavaron los canales de riego, entre un tercio y la mitad de sus tierras sufren inundaciones con mayor facilidad, y que actualmente ha disminuido la cantidad de peces y otros recursos naturales de los que dependían su subsistencia y su desarrollo.

Derechos sexuales y reproductivos

El aborto sigue estando parcialmente penalizado en Argentina (véase pág. 2). La falta de una legislación clara sobre esta cuestión se ve agravada por la ausencia de unas directrices nacionales efectivas para los proveedores de servicios de salud respecto al acceso a un aborto legal. En 2009 se publicó la esperada Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles, cuyo objetivo es mejorar el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos, y que aborda en especial las dificultades existentes para acceder a un aborto legal. Sin embargo, la guía no se ha aplicado de manera efectiva.

Además, en las situaciones en las que los profesionales de la salud se niegan a practicar abortos a causa de sus creencias, no existe un sistema efectivo que garantice que las sobrevivientes de violación o las mujeres y niñas cuyo embarazo pone en peligro su vida o su salud pueden acceder a tratamiento, incluido el aborto.

En abril de 2011, el Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó que Argentina no había cumplido sus obligaciones en virtud del derecho internacional al impedir el acceso a un aborto legal a una discapacitada mental de 19 años que había sido violada por su tío en 2006. El Comité concluyó que la negativa del Estado a garantizar a la joven su derecho a interrumpir el embarazo había causado a ésta dolor físico y psicológico, y recomendó que Argentina pagara una indemnización y tomara medidas para prevenir violaciones similares de derechos en el futuro.

En 2010, a dos muchachas de 15 años, ambas presuntamente violadas por sus respectivos padrastros, las autoridades hospitalarias les negaron el aborto en la provincia meridional de Chubut. En ambos casos, los proveedores de servicios de salud pidieron la intervención judicial para determinar la legalidad de sus solicitudes de aborto, y en ambos casos los jueces de primera instancia denegaron dichas solicitudes. Aunque finalmente los jueces anularon las decisiones en ambos casos y las muchachas pudieron someterse al aborto que habían solicitado, Amnistía Internacional considera que la actuación del sistema judicial fue injustificada y prolongó el sufrimiento y la angustia mental de las dos jóvenes. Tras la resolución de marzo de 2012 de la Corte Suprema, que aclara la interpretación del artículo 86 del Código Penal, se espera que estos casos no se repitan en Argentina.

Condiciones de reclusión y tortura y malos tratos bajo custodia

Desde hace muchos años, se han venido recibiendo informes de malas condiciones, violencia, hacinamiento, falta de servicios de salud adecuados, tortura y malos tratos en prisiones y centros de detención de diversas provincias argentinas. Varios comités de la ONU, entre ellos el Comité de Derechos Humanos, han manifestado su preocupación por el periodo excesivamente prolongado de detención preventiva.

En 2009, Amnistía Internacional escribió a las autoridades de la República Argentina y de la provincia de Santiago del Estero en relación con los informes sobre la tortura y los malos tratos infligidos a dos hombres, Marcelo Santiago Tello e Iván Andrés Bressan, detenidos desde 2008 tras ser acusados de haber matado a un hombre. En noviembre de 2011, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria revisó el caso y pidió a las autoridades que investigaran los informes de tortura y malos tratos. El Grupo de Trabajo manifestó también que los dos hombres habían pasado más de tres años y medio en detención preventiva, lo cual violaba su derecho a ser juzgados en un plazo razonable y sin demoras indebidas, y pidió a las autoridades que consideraran la posibilidad de ponerlos en libertad sometiéndolos a medidas que garantizaran su comparecencia a juicio.

En febrero de 2011 se difundieron imágenes grabadas con teléfonos móviles que mostraban la tortura de dos presos a manos de guardias penitenciarios en la prisión de San Felipe, provincia de Mendoza. Las imágenes habían sido grabadas en 2010. Los dos presos, Matías Tello y Andrés Yacante, de quienes los funcionarios de la prisión sospecharon que habían difundido las imágenes, recibieron amenazas y fueron trasladados a la prisión de Almafuerte, donde, según afirman, fueron torturados. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, no se ha llevado a nadie ante la justicia en relación con estos casos de presunta tortura y malos tratos.

Impunidad por delitos cometidos en el pasado

En los últimos años se han producido progresos importantes en cuanto a la condena de los responsables de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar (1976-1983). Sin embargo, en algunos casos sigue habiendo demoras.

Sigue sin conocerse el paradero de Jorge Julio López, principal testigo y demandante en la causa contra el ex director de Investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires. Las investigaciones sobre su desaparición, ocurrida en septiembre de 2006, no han experimentado progresos significativos.

RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN DIRIGIDAS AL ESTADO EXAMINADO

Amnistía Internacional insta al gobierno de Argentina a:

Seguimiento del examen anterior:

mejorar las condiciones en todas las prisiones y centros de detención para que cumplan las normas internacionales, incluidas las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos;

garantizar que todas las denuncias de tortura y otros malos tratos se investigan de manera exhaustiva e imparcial, y que los presuntos responsables comparecen ante la justicia;

garantizar que el proyecto de ley que establece el mecanismo nacional de protección, requerido por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se debate en el Senado y se somete a consulta de la sociedad civil sin más demora, para que sea aprobado a finales de 2012, a más tardar.

Violencia contra las mujeres:

garantizar que la legislación para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres se aplica de manera efectiva; recopilar y desglosar los datos sobre la violencia contra las mujeres para permitir una mejor evaluación de la aplicación de la legislación.

Recopilación de datos:

garantizar que se recopilan abundantes datos fiables para poder vigilar el cumplimiento por parte del Estado de las obligaciones que ha contraído en materia de derechos humanos, y garantizar también que tanto la metodología utilizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos como los datos que recopila son accesibles y están a disposición pública.

Derechos de los pueblos indígenas:

garantizar la plena aplicación y observancia de la Ley de Emergencia 26.160, a fin de impedir que los indígenas sean desalojados o expulsados de sus tierras ancestrales;

realizar el estudio nacional para revisar y registrar la propiedad de la tierra con la plena participación de las comunidades indígenas afectadas;

respetar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a dar su consentimiento libre, previo e informado antes de que se adopten medidas legales y administrativas que puedan afectar a sus derechos;

llevar a cabo investigaciones inmediatas, independientes e imparciales sobre las amenazas y los homicidios contra dirigentes indígenas, y garantizar que los responsables de esos hechos comparecen ante la justicia.

Derechos sexuales y reproductivos:

garantizar que las mujeres y las niñas no son objeto de sanciones penales por buscar u obtener un aborto en ninguna circunstancia;

adoptar las medidas y los protocolos necesarios, incluida la asignación de recursos, para garantizar el acceso uniforme en todo el país a un aborto no punible;

garantizar que las autoridades de salud cuentan con un sistema efectivo y accesible para derivar los casos en los que los profesionales de la salud, a causa de sus creencias, no desean proporcionar servicios de aborto a las sobrevivientes de violación y a las mujeres y niñas cuyo embarazo pone en peligro su vida o su salud.

Condiciones de reclusión y tortura o malos tratos bajo custodia:

garantizar que todas las denuncias de tortura u otros malos tratos son investigadas de manera efectiva e inmediata por un órgano independiente e imparcial, y que los responsables de tortura u otros malos tratos comparecen ante la justicia en juicios con las debidas garantías;

garantizar que las confesiones obtenidas mediante tortura no se utilizan como prueba ante los tribunales;

garantizar la reparación, incluida una indemnización justa y adecuada, a las víctimas de tortura y otros malos tratos infligidos por agentes estatales;

mejorar las condiciones en todas las prisiones y centros de detención para que cumplan las normas internacionales, incluidas las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos;

garantizar que se asignan recursos suficientes y adecuados a las prisiones y los centros de detención, y abordar de manera inmediata y efectiva el problema del hacinamiento en las prisiones;

tomar medidas para reducir la duración de la detención preventiva garantizando que los detenidos comparecen ante la justicia sin demoras indebidas, de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Impunidad por delitos cometidos en el pasado:

continuar con los esfuerzos por llevar ante la justicia, sin demoras innecesarias, a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar;

proteger la seguridad y la integridad física de los testigos y los acusados en esos juicios garantizando que las autoridades aplican plenamente medidas efectivas de protección.

NOTAS

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal: Argentina, 13 de mayo de 2008 (A/HRC/8/34), recomendación 64.2 (Reino Unido, México).

A/HRC/8/34, recomendación 64.8 (Eslovenia, Alemania, Canadá).

A/HRC/8/34, recomendaciones 64.6 (Países Bajos) y 64.7 (Suecia).

A/HRC/8/34, recomendación 64.5 (Suiza).

A/HRC/8/34, recomendaciones 64.15 (República de Corea) y 64.16 (Nigeria).

Véase Comité de Derechos Humanos, CCPR/C/101/D/1608/2007, 28 de abril de 2011.

Ministerio de Salud de la Nación, Estimación de la magnitud del aborto inducido en Argentina, Edith Pantelides (Conicet y Cenep-Centro de Estudios de Población) y Silvia Mario (Instituto Gino Germani).

Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, 2008, disponible en: HYPERLINK "http://www.jus.gob.ar/media/108979/Informe%20SNEEP%20ARGENTINA%202008.pdf" http://www.jus.gob.ar/media/108979/Informe%20SNEEP%20ARGENTINA%202008.pdf (consultado el 10 de abril de 2012).

Véase Naciones Unidas HYPERLINK "http://acnudh.org/2012/02/la-oficina-regional-para-america-del-sur-de-naciones-unidas-derechos-humanos-expresa-preocupacion-por-la-reciente-ola-de-muertes-y-violencia-en-las-carceles/" http://acnudh.org/2012/02/la-oficina-regional-para-america-del-sur-de-naciones-unidas-derechos-humanos-expresa-preocupacion-por-la-reciente-ola-de-muertes-y-violencia-en-las-carceles/ (consultado el 10 de abril de 2012).

Véase Amnistía Internacional envía carta a las autoridades para poner fin a violaciones de derechos humanos en Santiago del Estero (Índice: AMR 13/001/2012), disponible en: HYPERLINK "http://www.amnesty.org/pt-br/library/asset/AMR13/001/2012/es/c9668e59-3fd4-4806-aec9-9aec26a271a8/amr130012012es.html" http://www.amnesty.org/pt-br/library/asset/AMR13/001/2012/es/c9668e59-3fd4-4806-aec9-9aec26a271a8/amr130012012es.html (consultado el 3 de abril de 2012).

En los últimos años, algunas provincias, como Chaco, Río Negro y Mendoza, han aprobado legislación específica para crear un mecanismo local de prevención.

Argentina es parte en el Protocolo Facultativo desde 2004.

Véase Amnistía Internacional, Argentina: Acción Urgente – Familias indígenas en peligro de desalojo forzoso, AU 163/11 (Índice: AMR 13/001/2011), 2 de junio de 2011.

Véase Amnistía Internacional, Argentina: Acción Urgente – Dos menores atacados por hombres armados, AU 245/10 (Índice: AMR 13/005/2011), 11 de noviembre de 2011, Argentina: Acción Urgente – Dirigente indígena asesinado en Argentina, AU 341/11 (Índice: AMR 13/006/2011), 22 de noviembre de 2011.

Véase la declaración Amnistía Internacional Argentina celebra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que garantiza el acceso al aborto en casos de violación, 13 de marzo de 2012.

Véase HYPERLINK "http://www.lacapital.com.ar/contenidos/2012/03/25/noticia_0032.html" http://www.lacapital.com.ar/contenidos/2012/03/25/noticia_0032.html (consultado el 3 de abril de 2012) y HYPERLINK "http://www.taringa.net/posts/noticias/14357003/El-gobernador-de-Mendoza-tambien-minimizo-el-alcance-del-f.html" http://www.taringa.net/posts/noticias/14357003/El-gobernador-de-Mendoza-tambien-minimizo-el-alcance-del-f.html (consultado el 3 de abril de 2012).

Comité de la ONU sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, doc. ONU: CEDAW/C/ARG/CO/6, párr. 38; Comité de Derechos Humanos de la ONU, CCPR/C/ARG/CO/4, párr. 13; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, E/C.12/ARG/CO/3, párr. 22.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, E/C.12/ARG/CO/3, diciembre de 2011, párr. 11. El Comité manifestó que el Estado debía adoptar las medidas necesarias para que sus estadísticas oficiales sean comparables con los datos obtenidos por las instituciones internacionales pertinentes, y que debía velar por que las metodologías utilizadas y los datos reunidos por el INDEC en el curso de sus estudios sean accesibles a los usuarios externos y reciban una difusión adecuada.

Ley de Emergencia 26.160.

Véase Amnistía Internacional, Argentina: Acción Urgente – Comunidad indígena bajo amenaza de desalojo ilegal, AU 282/09 (Índice: AMR 13/001/2009), 16 de octubre de 2009.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Medidas cautelares, MC 404/10 – Comunidad Indígena Qom Navogoh “La Primavera”, Argentina.

Véase Amnistía Internacional, Argentina: Acción Urgente – Dos menores atacados por hombres armados, AU 245/10 (Índice: AMR 13/005/2011), 11 de noviembre de 2011.

Visita del relator especial a Argentina, comunicado de prensa, Declaración a los medios del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas al concluir su visita a Argentina, diciembre de 2011, véase HYPERLINK "http://unsr.jamesanaya.org/statements/declaracion-a-los-medios-del-relator-especial-de-las-naciones-unidas-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-al-concluir-su-visita-a-argentina" http://unsr.jamesanaya.org/statements/declaracion-a-los-medios-del-relator-especial-de-las-naciones-unidas-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-al-concluir-su-visita-a-argentina (consultado el 3 de abril de 2012).

Véase Amnistía Internacional, Argentina: “Exigimos respeto”: Los derechos de los pilagá del bañado La Estrella (Índice AMR 13/001/2010), 20 de abril de 2010.

Véase Comité de Derechos Humanos, CCPR/C/101/D/1608/2007, 28 de abril de 2011.

Amnistía Internacional, Acción Urgente - Una adolescente violada consigue el aborto legal. Para más información, véase AU 65/12 (Índice: AMR 13/004/2010), 23 de marzo de 2010; Amnistía Internacional, Argentina: Acción Urgente – Se niega el aborto a una adolescente violada, AU 65/10 (Índice: AMR 13/002/2010), 15 de marzo de 2010; Amnistía Internacional y Human Rights Watch, Aborto seguro para jóvenes víctimas de violación sexual, comunicado de prensa (Índice: PRE 01/076/2010).

Comité de Derechos Humanos de la ONU, CCPR/C/ARG/CO/4, párr. 16. También Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, Opinión 52/2011 (Argentina), 2 de mayo de 2011.

El juicio sobre el homicidio comenzó el 19 de marzo de 2012. No obstante, Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que las autoridades hayan tomado medidas para investigar las denuncias de tortura y malos tratos.

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