Document - English speaking Caribbean: Privy Council decision a welcome step towards an end to the death penalty

11 de marzo de 2002

Índice AI: AMR 05/004/2002/s

Servicio de Noticias 43/02



Caribe de habla inglesa: Satisfacción ante una decisión del Consejo Privado de la Corona que acerca el fin de la pena de muerte


En una decisión anunciada hoy, el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona confirma una sentencia según la cual la pena de muerte preceptiva constituye una violación de las constituciones de siete Estados isleños.


«Esta resolución judicial deja sin efecto las leyes actuales que permiten la imposición de la pena de muerte en San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Granada, San Cristobal y Nevis, la Dominica, Belice y Antigua y Barbuda. Acogemos con satisfacción un paso adelante en el camino hacia un Caribe libre de ejecuciones», ha señalado hoy Amnistía Internacional.


El Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona, citando numerosas normas internacionales y otras decisiones judiciales relativas a la imposición de la pena capital, falló por unanimidad que:


Negar al delincuente la oportunidad, antes de que se dicte sentencia, de tratar de convencer al tribunal de que, dadas todas las circunstancias, condenarlo a muerte resultaría desproporcionado e inapropiado sería tratarlo como no se debe tratar a ningún ser humano, negándole su condición esencial de ser humano.


En su decisión, el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona resolvió que tal trato violaba la Constitución de Belice (y por ende, la de otros países que contuviesen cláusulas similares) que prohíbe que las personas sean sometidas a «castigos u otros tratos inhumanos o degradantes».


Amnistía Internacional insta a los gobiernos del Caribe de habla inglesa a que aprovechen esta oportunidad para analizar su apoyo a la pena de muerte y plantearse detenidamente si desempeña una función útil en la sociedad. Somos conscientes del terrible índice de delincuencia violenta que sufren muchas de las comunidades a las que representan, pero sostenemos que las ejecuciones no han logrado reducir el número de víctimas y pueden incluso incidir en el aumento de la violencia en la sociedad.


«Como organización que trabaja en favor de las víctimas de abusos contra los derechos humanos, Amnistía Internacional ofrece su solidaridad a las víctimas de delitos violentos y a sus seres queridos. Esta sentencia brinda a las autoridades la oportunidad de dejar de utilizar, en beneficio del apoyo a la pena de muerte, la indignación que la delincuencia violenta suscita en la opinión pública y, en su lugar, buscar métodos verdaderamente eficaces para prevenir la delincuencia».


Cinco naciones del Caribe de habla inglesa van a seguir recluyendo a presos condenados a muerte, a saber: Jamaica, las Bahamas, Barbados, Guyana, y Trinidad y Tobago.


«Jamaica, las Bahamas, Barbados, Guyana, y Trinidad y Tobago forman parte de la reducida minoría de países que prevén la pena de muerte preceptiva para determinados tipos de asesinatos. Amnistía Internacional abriga esperanzas de que estos países modifiquen sus leyes para adecuarlas a esta decisión judicial como primer paso hacia la abolición del castigo inhumano y anacrónico de la ejecución en la horca», ha añadido Amnistía Internacional.


La cuestión de la naturaleza preceptiva de la pena capital en Jamaica, las Bahamas, Barbados, y Trinidad y Tobago será resuelta por los tribunales en un futuro próximo.


Información general


La tendencia a restringir la práctica de la pena de muerte se ha puesto claramente de manifiesto en las decisiones dictadas recientemente por tribunales tanto estadounidenses como indígenas, y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el hecho de no considerar las circunstancias personales del reo a la hora de imponer la pena capital viola la prohibición de infligir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes dispuesta en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.


El gobierno de Santa Lucía ha recurrido contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Caribe Oriental en la causa seguida contra Peter Hughes. Además, ha habido nuevas intervenciones de los gobiernos de Granada, Antigua y Barbuda, y San Vincente y las Granadinas y han interpuesto distintos recursos los gobiernos de Belice y San Cristobal. La última ejecución llevada a cabo en Santa Lucía tuvo lugar el 17 de octubre de 1995, con el ahorcamiento de Joseph Soloman.


La Corte de Apelaciones del Caribe Oriental decide sobre los recursos de apelación civiles y penales en Santa Lucía, San Cristobal, San Vicente, Granada, Antigua y Barbuda, Belice y la Dominica. El Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona, con sede en Inglaterra, es actualmente la máxima instancia de apelación de la región.


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