Document - Latin America: Crime without punishment: impunity in Latin America


Amnistía Internacional





LATINOAMÉRICA

Crimen sin castigo: Impunidad en Latinoamérica



NOVIEMBRE DE 1996 RESUMEN ÍNDICE AI: AMR 01/08/96/s


DISTR: SC/CO/GR (01/97)



Este informe se publicó por primera vez con ocasión de una Vista Pública sobre la Impunidad organizada el 30 y 31 de octubre de 1996 por el Subcomité sobre Derechos Humanos (Comité sobre Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa) del Parlamento Europeo.


El informe trata las preocupaciones de Amnistía Internacional respecto a la impunidad en Latinoamérica, en el pasado y actuales, e incluye apartados individuales sobre la mayoría de los países de la región. Aunque el contexto de las violaciones de derechos humanos varía en los diferentes países, Amnistía Internacional cree que la impunidad niega los valores de verdad y justicia y lleva a más violaciones contra estos derechos.


En varios países con regímenes militares, las fuerzas de seguridad cometieron torturaron, ejecutaron extrajudicialmente e hicieron «desaparecer» a presuntos opositores políticos. Las Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida aprobadas en Argentina y las leyes de amnistía aprobadas en Chile, Brasil, Ecuador, El Salvador y Perú, han tenido todas como resultado impedir que se conozca la verdad y que se rinda cuentas ante la ley posteriormente. Para Amnistía Internacional estas leyes son inaceptables.


En Colombia se han atribuido muchas violaciones de derechos humanos cometidas en los últimos años, entre ellas miles de homicidios políticos y centenares de «desapariciones», a las organizaciones paramilitares. Sin embargo, el gobierno colombiano no ha tomado medidas para cumplir su compromiso de desmantelar a los grupos paramilitares o de poner a los responsables de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos ante la justicia.


En Guatemala, muy pocos de los responsables de miles de violaciones de derechos humanos cometidas durante los últimos 30 años han tenido que responder de sus actos ante los tribunales y la impunidad ha sido la norma general. En Guatemala, Brasil y en otros países, sólo en unos pocos casos, que han atraído la atención internacional y conmocionado a la opinión pública, los responsables han comparecido ante un tribunal para ser juzgados.


Los miembros de las organizaciones intergubernamentales y otras personas que intentan promover el respeto de los derechos humanos han sido objeto creciente de amenazas, intimidaciones y atentados contra sus vidas. Los defensores de derechos humanos desempeñan una labor fundamental en las campañas contra la impunidad y, por tanto, su protección es clave para terminar con esta práctica en América Latina.


En este informe, Amnistía Internacional hace hincapié en los numerosos factores que contribuyen a la prolongación de la impunidad en la región: la falta de investigaciones exhaustivas sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos; la importancia de poner a los responsables en manos de la justicia, y la aprobación de leyes de amnistía que impiden los procesamientos y los juicios, o cierran investigaciones y socavan la búsqueda de la verdad y la justicia.





PALABRAS CLAVE: IMPUNIDAD1 / AMNISTÍA PARA LOS VIOLADORES / HOMICIDIOS MASIVOS / EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES / «DESAPARICIONES / TORTURA Y MALOS TRATOS / HOSTIGAMIENTO / DETENCIÓN ILEGAL / DETENCIÓN EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN / MILITARES / POLICÍA / PARAMILITARES / DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS / NIÑOS / CAMPESINOS / PRESOS POLÍTICOS / INSTRUMENTOS DE DERECHOS HUMANOS / LEGISLACIÓN / INVESTIGACIÓN DE ABUSOS / ARGENTINA / BOLIVIA / BRASIL / CHILE / COLOMBIA / ECUADOR / EL SALVADOR / GUATEMALA / HAITÍ / HONDURAS / MÉXICO / NICARAGUA / PERÚ


Este informe resume un documento titulado Latinoamérica: Crimen sin castigo: Impunidad en Latinoamérica (Índice AI: AMR 01/08/96/s) publicado por Amnistía Internacional en noviembre de 1996. Quien desee más información o actuar al respecto debe consultar el documento completo.



SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA



Amnistía Internacional



LATINOAMÉRICA


Crimen sin castigo: Impunidad en Latinoamérica

















Noviembre de 1996

Índice AI: AMR 01/08/96/s

Distr: SC/CC/CO






SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA



Crimen sin castigo: Impunidad en Latinoamérica



Crimen sin castigo: Impunidad en Latinoamérica

Amnistía Internacional, noviembre de 1996 Índice AI: AMR 01/08/96/s

Índice AI: AMR 01/08/96/s Amnistía Internacional, noviembre de 1996

ARGENTINA


En Argentina durante el periodo de gobierno militar (1976-1983), las fuerzas de seguridad secuestraron e hicieron «desaparecer» a miles de personas. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, nombrada en 1983 por el nuevo gobierno civil, registró 8.960 casos de «desapariciones». Entre los «desaparecidos» había unos 200 niños nacidos en centros de detención clandestinos durante la cautividad de sus madres, algunos de los cuales, al parecer, fueron sacados para ser entregados a parejas sin hijos relacionadas con las fuerzas armadas o la policía para que los criaran como suyos.


En 1985, la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires juzgó y condenó a varios ex miembros de la junta y jefes de la policía por violaciones de derechos humanos, como detención ilegal, tortura y homicidio. Pero en la década de los años ochenta, se paralizaron las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado como consecuencia de la Ley de Punto Final de 1986, que establecía unos plazos para que los tribunales finalizaran las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos, de la Ley de Obediencia Debida de 1987, que ordenaba a los jueces que aplicaran el principio de obediencia debida a todos los oficiales de rango inferior a coronel y a cerrar la causa contra ellos, y de los indultos presidenciales de octubre de 1989 y diciembre de 1990.


En abril de 1995, el Comité de Derechos Humanos, con sede en el centro de las Naciones Unidas en Ginebra, comentó la Ley de Obediencia Debida, aprobada en junio de 1987, en virtud de la cual cualquier militar con rango inferior a coronel era considerado inocente automáticamente debido a que obedecía órdenes de un superior. El Comité señaló:


Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida niegan el remedio efectivo a las personas que sufrieron violaciones de derechos humanos durante el periodo del régimen autoritario, lo cual supone una violación de los artículos 2(2,3) y 9(5) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos... El Comité expresa su temor de que los indultos y amnistías generales puedan fomentar un ambiente de impunidad para los perpetradores de violaciones de derechos humanos que son miembros de las fuerzas de seguridad. El Comité expresa su opinión de que el respeto a los derechos humanos puede debilitarse si los perpetradores de violaciones de derechos humanos gozan de impunidad». (Traducción no oficial)



En octubre de 1992, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en relación con la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida. La Comisión consideró que al aprobar estas leyes, Argentina había vulnerado el derecho a la protección judicial (articulo 25) y el derecho a un juicio imparcial (artículo 8) de la Convención Americana de Derechos Humanos. La resolución señaló que estas leyes se habían aprobado después de la entrada en vigor de la Convención en Argentina (1984). En la resolución, la Comisión citaba extractos de la sentencia del 29 de julio de 1989 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Velásquez Rodríguez de Honduras:


El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación....Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción.



Han transcurrido ya 20 años desde las primeras «desapariciones», pero la mayoría de los familiares de los «desaparecidos» todavía no han recibido información sobre la suerte corrida por sus seres queridos. Además, de conformidad con la legislación argentina, carecen de medios para llevar ante los tribunales a los responsables de cometer violaciones de derechos humanos durante el régimen militar. Sin embargo, los familiares de los «desaparecidos» de otra nacionalidad diferente tienen la esperanza de que continúen las investigaciones sobre la suerte corrida por sus seres queridos y de que se ponga a los responsables a disposición judicial.


Amnistía Internacional continúa interesada en que se averigüen los hechos sobre las miles de personas «desaparecidas» en Argentina durante el periodo de régimen militar. Amnistía Internacional cree que los familiares de las víctimas tienen el derecho innegable a que se investigue exhaustivamente la verdad sobre la suerte corrida por sus seres queridos y a que se revelen públicamente las conclusiones finales y ha he hecho hincapié ante las autoridades argentinas en la necesidad de aclarar la suerte y el paradero de los «desaparecidos».


En un país como Argentina, en el que no se ha respetado la búsqueda de la verdad y la justicia y en el que todos los oficiales por debajo del rango de coronel quedaron exentos de los procesamientos por violaciones de derechos humanos, debe tenerse en cuenta la siguiente declaración realizada en 1995 por el comandante jefe del Ejército, general Martín Antonio Balza. El general declaró que quienquiera que violase la Constitución, diera o obedeciese órdenes inmorales y quien, con el fin de lograr un fin que creyese justo, utilizase medios injustos e inmorales, cometería un delito. A pesar de esto, no ha surgido más información sobre los casos de miles de «desaparecidos».




BOLIVIA


En julio de 1995, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados presentó a la Cámara para su examen el informe que había realizado sobre las violaciones de derechos humanos cometidas presuntamente por las fuerzas de seguridad bolivianas entre junio de 1989 y abril de 1993. Estas violaciones de derechos humanos se cometieron en el curso de las operaciones que las fuerzas de seguridad llevaron a cabo para terminar con las actividades violentas de unos grupos armados de oposición de reciente formación.


El informe de la Comisión, Denuncia de Torturas a Ciudadanos Sindicados de Alzamiento Armado, documenta las denuncias de tortura y malos tratos infligidos a 35 detenidos, la mayoría de los cuales siguen detenidos. También proporciona información sobre la aparente ejecución extrajudicial de cinco personas y cita la legislación boliviana y las normas internacionales para poner en duda la imparcialidad de los juicios iniciados contra los presos. La información recopilada y analizada en el informe de la Comisión incluye testimonios de las víctimas y sus familiares, de miembros de la judicatura y otras autoridades pertinentes, así como documentación legal y forense. La Comisión también cita los informes de organizaciones nacionales de derechos humanos y de Amnistía Internacional.


La Cámara de los Diputados encargó a la Comisión que llevara a cabo esta investigación y su informe aguarda el respaldo total de la Cámara. Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por la postura firme de la Comisión contra la tortura y la impunidad. Amnistía Internacional cree que el respalda pleno del Congreso a las recomendaciones contenidas en el documento serviría para fortalecer las instituciones oficiales encargadas de investigar las violaciones de derechos humanos. Este respaldo debe incluir pedir el procesamiento de los responsables de violar los derechos humanos.


Amnistía Internacional continúa preocupada por la falta de investigación judicial de los informes señalados anteriormente de detenciones en régimen de incomunicación prolongadas ilegalmente, tortura y ejecuciones extrajudiciales. La organización también continúa preocupada debido a que los presos políticos no tuvieron acceso a asistencia letrada durante el periodo inicial de detención, sufrieron tortura y sus juicios no han concluido en un plazo razonable de tiempo. Estas preocupaciones se plantearon en varias ocasiones ante las autoridades, una de ellas en enero de 1996 al vicepresidente de la República, Victor Hugo Cárdenas, durante una entrevista en Londres, y en abril de 1996 a algunos ministros bolivianos en La Paz. No se ha recibido ninguna respuesta oficial respecto a estas preocupaciones.


Las violaciones de derechos humanos mencionadas anteriormente indican una pauta de violaciones de derechos humanos cometidas por los agentes de las fuerzas de seguridad bolivianas contra los detenidos por presunta pertenencia a grupos armados. Amnistía Internacional ha señalado con preocupación que, aunque la Constitución boliviana establece en su artículo 9.II que nadie puede estar recluido en régimen de incomunicación más de 24 horas, ninguna de las detenciones mencionadas en este informe respetaron esta disposición constitucional. Amnistía Internacional siente preocupación debido a que las denuncias de tortura contra los detenidos bajo custodia policial no se han investigado adecuadamente.


La tortura a los detenidos bajo custodia policial es una práctica inaceptable que no debe tolerarse. Además, estas prácticas vulneran los compromisos contraídos por el Estado boliviano como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Otras normas internacionales como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, que el gobierno boliviano no ha ratificado, exigen que los gobiernos tomen medidas eficaces para impedir actos de tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción. Como firmante de esta Convención, las autoridades están obligadas, de conformidad con la legislación internacional, a no tomar medidas que impidan el objeto u propósito de este tratado.


Amnistía Internacional siente honda preocupación debido a que los agentes del gobierno responsables de mantener la ley aparentemente no han respetado la Constitución boliviana ni las normas internacionales que prohíben la tortura y establecen garantías que, de cumplirse adecuadamente, contribuirían a impedir estas violaciones de derechos humanos.


Amnistía Internacional también siente preocupación debido a que las acusaciones contra los detenidos políticos se basan fundamentalmente en testimonios obtenidos mediante tortura, lo que vulnera la legislación boliviana y las normas internacionales de derechos humanos.


Amnistía Internacional siente preocupación debido a que los fiscales de distrito y de la policía no respetaron la Constitución del país ni las normas internacionales al negarse a que los detenidos contasen con asistencia letrada durante los interrogatorios.


Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos deben investigarse sin dilación y de forma exhaustiva, independiente e imparcial. Estas investigaciones deben llevarse a cabo incluso después de que un gobierno, bajo cuyo mandato se cometieron las presuntas violaciones, sea sustituido por otro. El no identificar ni poner a disposición judicial a los responsables de violaciones de derechos humanos puede fomentar que en el futuro otros consideren que cometer ejecuciones extrajudiciales, tortura y malos tratos constituye un método aceptable de funcionamiento de la seguridad nacional.


De conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de garantizar que las investigaciones de casos de presunta tortura y ejecuciones extrajudiciales hasta el final, que las conclusiones se hacen públicas y que los responsables quedan a disposición judicial. Terminar con la impunidad para los abusos contra los derechos humanos es una de las medidas preventivas más importantes contra dichos abusos.


BRASIL


Brasil ofrece un ejemplo significativo de cómo la impunidad total para las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar (1964-1985) ha llevado a que en las fuerzas de policía se inculquen unos hábitos de impunidad, hasta el punto de que amenazan al mismo Estado de derecho. Cone el régimen militar, las fuerzas de seguridad torturaron, ejecutaron extrajudicialmente e hicieron «desaparecer» a los presuntos opositores políticos, y la impunidad se garantizó mediante la Ley de Amnistía de 1979 promulgada por el propio gobierno.


Con el régimen civil estas mismas violaciones de derechos humanos se cometen contra los presuntos delincuentes comunes con impunidad casi absoluta. Sin embargo, las consecuencias de la impunidad se llevan un paso más allá. En vez de pretender servir a una denominada «guerra contra el crimen», la tolerancia con las violaciones de derechos humanos ha permitido a la policía torturar y matar con fines de lucro personal mediante la extorsión y ha implicado a los agentes de la policía más profundamente en actividades criminales.


Hacer frente a la impunidad en Brasil no sólo es importante para preservar los derechos humanos sino para colocar a las fuerzas de policía bajo el control de las autoridades elegidas en las urnas. El gobierno debe tomar medidas decididas para acordar, negociar y poner en práctica medidas concretas que afronten una situación que se ha descontrolado.


El 20 de octubre de 1996, el abogado de derechos humanos Francisco Gilson Nogueira de Carvalho fue abatido a tiros en el exterior de su casa en Macaiba, Natal, estado de Río Grande de Norte. Desde marzo de 1995, colaboraba con una comisión especial constituida por la fiscalía estatal para investigar unos 25 homicidios cometidos en el estado y atribuidos a un «escuadrón de la muerte» conocido como «chicos de oro», los cuales presuntamente actuaban bajo los auspicios del segundo jefe de policía. Las autoridades federales conocían perfectamente estas denuncias en 1995 y durante un mes prestaron protección de la policía federal al abogado. Sin embargo, no se tomó ninguna medida con prontitud para suspender de su función a los acusados ni ponerles a disposición judicial.


En muchos otros estados de Brasil (Acre, Amazonas, Alagoas, Espiritu Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Río de Janeiro, Sergipe no son sino ejemplos), la actuación de los «escuadrones de la muerte» eliminando a los jóvenes pobres y a los presuntos delincuentes en las zonas urbanas y a los dirigentes sindicales y comunitarios en las zonas rurales ha quedado impune. Aunque se organicen investigaciones, el resultado muchas veces es que el agente es trasladado o incluso ascendido.


En el caso de las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de policía de servicio y en uniforme, es poco frecuente que los funcionarios investigados sean suspendidos del servicio activo. Varios agentes de la policía militar en puestos de mando durante la matanza de la Casa de Detención ocurrida en octubre de 1992, en la que se dio muerte a 111 reclusos después de haberse rendido, tenían en sus historiales múltiples disparos con resultado mortal. Un agente tenía 40 incidentes de disparos con resultado mortal en su historial antes de su participación en la matanza. A pesar de las declaraciones de los responsables gubernamentales de que se iban a tomar medidas firmes y de que en este caso no habría impunidad, en los cuatro años transcurridos desde la matanza de la Casa de Detención no se ha llevado a cabo ninguna prueba balística para comparar las balas extraídas de los cuerpos de los internos con las armas de la policía militar.


En el caso de la matanza de 19 campesinos sin tierra cometida por la policía militar en Eldorado de Carajás, estado de Pará, en abril de 1996, aunque se ha acusado a los 115 policías militares presentes de participación en la matanza, se han realizado pocos intentos de identificar a los policías militares individuales a los que se presenció perpetrando las ejecuciones extrajudiciales.


Por tanto, aunque se anuncien procesamientos y los procedimientos de las causas pasen años en los tribunales, los errores funestos que se cometen en las investigaciones iniciales llevan a que el resultado largamente demorado sea la impunidad. Por ejemplo, aunque la matanza de Vigario Geral, de la que fueron víctimas 21 habitantes de favelas de Río de Janeiro en septiembre de 1993, fue otro caso que obtuvo una gran repercusión, tres años más tarde se descubrió que en las autopsias no se habían extraído todas las balas de los cuerpos, y no se pudieron comparar con las armas de la policía militar.


Amnistía Internacional siente preocupación desde hace tiempo debido a que el «principio federal» ha actuado de obstáculo para que Brasil cumpla todas sus obligaciones en el campo de los derechos humanos. El gobierno federal es responsable de garantizar que Brasil cumple las obligaciones que el derecho internacional impone en el campo de los derechos humanos. Los estados individuales de la República federal tienen jurisdicción sobre los delitos cometidos en su territorio. El «principio federal» )la autonomía de los estados)ha obstruido en ocasiones la investigación completa de las violaciones de derechos humanos y ha contribuido a que se mantenga la impunidad para estas violaciones, así como altos niveles de incumplimiento de los derechos humanos en los estados.


Amnistía Internacional ha instado repetidas veces a las autoridades brasileñas a que establezcan mecanismos de investigación y procesamiento de ámbito federal de las violaciones de derechos humanos en el caso de que los estados no lo han hagan de forma diligente e imparcial. En los casos reiterados de matanzas cometidas por la policía en los estados, Amnistía Internacional ha instado a las autoridades federales a que se encarguen de las investigaciones para impedir que en el curso de las pesquisas de la policía estatal se produzcan obstrucciones, manipulación y pérdidas de indicios vitales. En muchos de estos casos, las autoridades federales se han limitado a organizar investigaciones «paralelas», que pueden proporcionar información interesante, pero que carecen de rango oficial, así como de acceso o control sobre las pruebas físicas.


El 13 de mayo de 1996, el presidente Cardoso lanzó un Programa Nacional de Derechos Humanos, que contenía varias propuestas de reformas que en caso de aplicarse podrían contribuir a reducir la frecuencia de las violaciones de derechos humanos y de la impunidad. Aunque Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por los intentos del gobierno de hacer frente a la impunidad de esta forma, los principales recelos que la organización tiene con respecto al programa es que carece de un calendario de aplicación y de claridad respecto a los recursos que se le van a dedicar. Por tanto, el Programa aparece, hasta la fecha, más como una lista de intenciones que como un plan de acción completo con objetivos medibles. Se espera, sin embargo, que el Programa se mejore y se ponga en práctica con carácter de urgencia.


El temor por la demora en la aplicación y por el nivel real de prioridad concedido por el gobierno brasileño al Programa Nacional de Derechos Humanos se ve incrementado por los obstáculos recientes puestos a leyes de reforma clave expuestas en el Programa. Entre las medidas que pueden contribuir a combatir la impunidad están:


- crear mecanismos para la investigación y la persecución federal de las violaciones de derechos humanos;

No ha habido progresos legislativos en este campo.


- Transferir la jurisdicción de los delitos cometidos por la policía militar de los tribunales militares a los civiles


En julio de 1996 se aprobó una legislación más suave que la propuesta originalmente. La legislación final sólo se refiere a delitos que causaron perdida de vidas humanas. La policía militar mantiene el control sobre las investigaciones policiales respecto a estas violaciones. Sólo cuando el investigador militar considera que el crimen ha sido «intencional» se pasa a los tribunales civiles.


- Creación de un Programa Nacional de Protección de los Testigos


En mayo de 1996, el gobierno federal retiró el proyecto de ley sobre esta cuestión, que llevaba debatiéndose en el Congreso desde 1994.


- Tipificar la tortura en el Código Penal


La Cámara de Diputados ha aprobado esta proyecto de ley, pero está paralizado en el Senado.


- Conceder a los peritos especialistas independencia de la Policía, a la que ahora están subordinados


El gobierno ha establecido esta medida como una prioridad a medio plazo y no ha habido avances.


Sin embargo, ha habido avances en algunos casos, aunque hasta la fecha han resultado ser una excepción. En abril de 1996, un policía militar fue condenado a 309 años de cárcel, reducidos a 89 en la apelación, por su participación en el homicidio de siete niños de la calle y de un joven en el exterior de la iglesia Candelária, en Río de Janeiro, en 1993, conocido como la matanza de Candelária. Dado que se consideró que el policía militar actuaba fuera de servicio y no llevaba uniforme, la causa se vio en un tribunal civil. Sin embargo, sólo se trató del juicio de uno de los acusados de un caso complejo que obtuvo una gran repercusión. En muchos otros casos de homicidio de niños y adolescentes, las investigaciones policiales no se completan y los casos no llegan a los tribunales. Sigue temiéndose que no se castigue a todos los responsables de la matanza de Candelaria. El tribunal responsable de continuar la causa de Candelária ha tomado la curiosa decisión de separar los juicios de seis acusados. En una causa en la que los acusados pueden presentar demandas y contrademandas contra otros presuntos responsables, parece fundamental que el mismo jurado pueda valorar todas las pruebas de una vez.




CHILE


Amnistía Internacional cree que deben investigarse exhaustiva e independientemente todas las violaciones de derechos humanos cometidas durante los años de gobierno militar (1973-1990) y que todos los responsables deben comparecer ante la justicia. Ha habido medidas graves para evitar que se conozca toda la verdad de lo ocurrido a las víctimas de violaciones de derechos humanos.


Amnistía Internacional siente honda preocupación por los intentos producidos en Chile de limitar la investigación de centenares de «desapariciones» y ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el régimen del general Pinochet al aplicar la Ley de Amnistía de 1978. La organización siente preocupación por las propuestas legislativas que servirían para blindar los casos frente a procesamientos y nuevas investigaciones y por el aparente apresuramiento excesivo con el que las cortes chilenas han cerrado definitivamente causas antes de que se averiguara toda la verdad. Una petición reciente del fiscal del ejército para que se cerraran todas las causas pendientes es un paso más que equivale a obtener la impunidad total para los responsables de violaciones de derechos humanos.


Amnistía Internacional cree que la Ley de Amnistía de 1978 y la forma en que se ha aplicado son contrarias a las normas internacionales de derechos humanos y ha reiterado los llamamientos para que sea anulada. La organización cree que los datos de los casos individuales de violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo militar deben conocerse totalmente. Por tanto, Amnistía Internacional se opone a cualquier nueva limitación de la investigación de estas violaciones o al procesamiento de los responsables.


El gobierno militar aprobó por decreto la Ley de Amnistía de 1978 (Decreto-Ley 2.191). Esta ley impide el procesamiento de las personas implicadas en algunos actos delictivos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Estas fechas corresponden al periodo de estado de sitio durante el cual se vivieron los años de represión más dura en Chile, cuando miles de chilenos sufrieron violaciones graves de derechos humanos, como tortura, ejecución y «desaparición» a manos de las fuerzas de seguridad chilenas, especialmente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). De la Ley de Amnistía de 1978 también se beneficiaron varios centenares de presos políticos a los que se liberó.


Las cortes chilenas, tanto militares como civiles, han aplicado la Ley de Amnistía de 1978 para cerrar sistemáticamente los procedimientos judiciales de centenares de causas por violaciones de derechos humanos ocurridas durante los cinco primeros años de gobierno del general Pinochet. Sin embargo, varias causas continúan abiertas y se han producido dictámenes contradictorios sobre la aplicación de la Ley de Amnistía de 1978.


Cuando han solicitado la jurisdicción de estas causas, la Corte Suprema casi siempre ha fallado en favor de la jurisdicción de las cortes militares, y una vez que han pasado de las cortes civiles a las militares, se han cerrado sistemáticamente mediante la aplicación de la Ley de Amnistía.


El caso de Carmelo Soria


El 23 de mayo de 1995, la sala penal de la Corte Suprema tomó la decisión sorpresa de rechazar el recurso para que se aplicara la Ley de Amnistía de 1978 en la causa de Carmelo Soria, ciudadano de doble nacionalidad chileno-española y funcionario de las Naciones Unidas, cuyo cuerpo fue encontrado en un canal de Santiago en julio de 1976 dos días después de su «desaparición»Véase también El caso de Carmelo Soria: funcionario de las Naciones Unidas, Índice AI: AMR 22/05/95/s.. Se han realizado numerosos intentos de aplicar la Ley de Amnistía de 1978 al caso y se ha cerrado y abierto en numerosas ocasiones. Durante la última apelación, los abogados de la familia Soria argumentaron que en este caso era aplicable la Convención de Viena sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra las Personas Internacionalmente Protegidas, Inclusive los Agentes Diplomáticos (que exige que los Estados castiguen a los responsables de estos delitos). La Convención fue ratificada por Chile en 1977 y, por tanto, tiene prioridad sobre la Ley de Amnistía de 1978. Aunque la Corte Suprema no mencionó expresamente la Convención de Viena en su fallo del 23 de mayo, permitió que continuaran los procedimientos. Los abogados defensores de los militares acusados en la causa pidieron el cierre del sumario.


En junio de 1996, un ministro instructor falló que la Ley de Amnistía era aplicable en esta causa y dictaminó que la causa estaba definitivamente cerrada. Los abogados de la familia Soria presentaron recurso contra este fallo.


El 23 de agosto de 1996, la sala penal de la Corte Suprema pronunció un fallo definitivo rechazando este recurso, con lo que se cerraba la causa. En una declaración pública, Amnistía Internacional declaró que esta decisión constituía una afrenta contra la comunidad internacional y contradecía abiertamente los compromisos contraídos por Chile con las normas internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional también declaró que «utilizar la Ley de Amnistía de 1978 para cerrar arbitrariamente causas promueve la impunidad y no contribuye a lograr la verdad y la reconciliación entre los chilenos».


En agosto de 1996, la Corporación de Reparación y Reconciliación, organismo gubernamental encargado de los casos de denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, presentó su informe al gobierno chileno, en el que reconocía oficialmente otras 123 «desapariciones» y 776 ejecuciones extrajudiciales y muertes mediante tortura.


A pesar de este reconocimiento de más casos de violaciones de derechos humanos ocurridos entre 1973 y 1978, existe una grave preocupación de que el gobierno chileno no esté comprometido suficientemente con afrontar la impunidad y pueda ceder a las presiones de sectores próximos a las fuerzas de seguridad y a aquellos elementos dentro de estas fuerzas relacionados con casos de violaciones de derechos humanos pendientes ocurridos en ese periodo. En el último año se ha incrementado el temor a que las autoridades se limiten a localizar los restos y se abstengan de intentar identificar a los responsables y de ponerlos a disposición judicial. En noviembre de 1995, el gobierno presentó una propuesta legislativa al Congreso, conocida como proyecto de ley de Figueroa-Otero, por la cual las investigaciones se limitarían a la localización de los «desaparecidos». El debate sobre este proyecto de ley se ha paralizado.


Hasta la fecha, en 1996, se han cerrado 20 casos de violaciones de derechos humanos. El 4 de octubre de 1996, el fiscal general militar pidió a la Corte Suprema de Justicia que ordenara a todas las cortes y jueces que cerraran definitivamente todos los causas pendientes de violaciones de derechos humanos cometidas entre septiembre de 1973 y marzo de 1978.


El derecho reconocido por la legislación internacional a recibir una reparación efectiva por violación de derechos humanos consta de tres elementos: verdad, justicia e indemnización. Aunque Chile ha tomado medidas importantes de cara a ocuparse de los derechos de los familiares a ser indemnizados, si permite que las causas por violaciones de derechos humanos se cierren prematuramente, será colocado junto con otros países que han negado a las familias el derecho a la verdad y a la justicia.


COLOMBIA


La impunidad ha continuado prevaleciendo en los casos de violaciones de derechos humanos. En la gran mayoría de los casos de ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones» y tortura, los responsables no han sido puestos a disposición judicial. En algunos casos, las investigaciones disciplinarias de la oficina del procurador general han resultado en sanciones, hasta de expulsión, de los miembros de las fuerzas armadas responsables de violaciones graves de derechos humanos. Sin embargo, en el ambiente de obstrucción y de intimidación imperante, las sanciones disciplinarias han seguido siendo una excepción y la impunidad es casi absoluta en las investigaciones penales, dado que las cortes militares, que continúan reclamando la jurisdicción, no han hecho que los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad rindan cuentas ante la ley por las violaciones de derechos humanos cometidas. Incluso en los casos en los que en los procedimientos disciplinarios se ha considerado que los miembros de las fuerzas armadas eran responsables de violaciones graves de derechos humanos, las cortes militares habitualmente han retirado los cargos o han absuelto a los responsables.


En febrero de 1996, el Procurador General de la Nación publicó su informe sobre el periodo comprendido entre julio de 1994 y julio de 1995, en el que se indicaba que «son los integrantes del Ejército y la Policía quienes tienen una mayor participación en violaciones de derechos humanos.»Durante esos doce meses se abrieron casi dos mil investigaciones. Los casos más frecuentes de violaciones de derechos humanos investigados incluían lesiones personales, tortura, incluidos abusos sexuales, y agresiones contra la población civil.


Los grupos paramilitares, declarados ilegales en 1989, han continuado cometiendo numerosas violaciones de derechos humanos, entre ellas centenares de homicidios por motivos políticos de civiles a los que consideraban subversivos o colaboradores de la guerrilla. Entre las víctimas hay dirigentes comunitarios, profesores, sindicalistas y defensores de los derechos humanos. El gobierno no ha tomado medidas para cumplir su compromiso de desmantelar a los grupos paramilitares ni de poner a disposición judicial a los responsables de abusos graves y sistemáticos. Aunque se ha detenido a un grupo reducido de miembros de grupos paramilitares, la mayoría de los dirigentes reconocidos han continuado bajo la protección de los jefes de las fuerzas armadas.


Los miembros de las organizaciones no gubernamentales y otras personas que intentan promover el respeto de los derechos humanos han sido objeto creciente de amenazas, intimidación y atentados contra sus vidas. Los activistas de derechos humanos desempeñan una labor fundamental en la lucha contra la impunidad, por lo que su protección es clave para terminar con la impunidad en Colombia.


Desde su formación en diciembre de 1991, los miembros del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta han recibido amenazas de muerte y han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. En 1992, cuatro dirigentes del Comité fueron muertos. En su segundo año de existencia, tres miembros del Comité fueron objeto de «desaparición». En febrero de 1995, el Comité, que cuatro años antes representaba a 32 organizaciones sociales, sólo estaba integrado por siete organizaciones. Ante las reiteradas amenazas de muerte recibidas, muchos miembros se vieron obligados a abandonar el departamento del Meta y el Comité tuvo que suspender sus actividades a comienzos de 1995. El propio presidente del Comité Cívico de Derechos Humanos y miembro del partido legal de la oposición Unión Patriótica, Josué Giraldo Cardona, recibió numerosas amenazas de muerte.


En agosto de 1995 se creó una comisión integrada por el Comité, otras organizaciones no gubernamentales y representantes del gobierno, con el fin de examinar la situación de los derechos humanos y crear una zona segura en la que los activistas de derechos humanos contasen con alguna protección al realizar su trabajo. Pero las amenazas continuaron y Josué Giraldo se vio obligado a abandonar el país temporalmente. En marzo de 1996, el Comité se retiró de la comisión en protesta por el hecho de que los funcionarios públicos habían presentado a la comisión como un medio de garantizar la seguridad de los activistas de derechos humanos, lo que obviamente no era el caso.


El 13 de octubre de 1996, Josué Giraldo murió delante de su casa en Villavicencio víctima de un pistolero que se le acercó y le disparó. Después del homicidio, Amnistía Internacional declaró que el gobierno colombiano debía tomar medidas inmediatamente para garantizar la seguridad de los activistas de derechos humanos y políticos. En una declaración publicada el 15 de octubre, la organización manifestó: «En reiteradas ocasiones hemos pedido a las autoridades colombianas que garanticen la seguridad de los miembros del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta y del resto de los activistas en favor de los derechos humanos del país. También hemos pedimos a las autoridades que garanticen que las violaciones de derechos humanos se investigarán exhaustivamente y que los responsables serán puestos a disposición judicial )quizá, si se hubiera hecho esto, Josué Giraldo seguiría hoy vivo)».


El gobierno ha tomado pocas medidas para investigar las amenazas, hostigamientos y agresiones reiteradas contra los defensores de derechos humanos o para introducir mecanismos eficaces para proteger a las personas amenazadas.


El gobierno del presidente Samper ha reconocido repetidas veces la función clave de la impunidad en la perpetuación de las violaciones de derechos humanos. En su programa de derechos humanos anunciado en septiembre de 1994, el presidente Samper declaró: «La impunidad se ha convertido en Colombia en una causa de multiplicación y expansión de las violaciones de los derechos humanos y debe, en consecuencia, ser enfrentada con energía.» En el programa se anunciaron varias medidas concebidas específicamente para hacer frente a la impunidad, como la creación de unidades especiales de derechos humanos dentro de la Fiscalía General y la reforma del Código Penal Militar.


Las unidades de derechos humanos de la Fiscalía General comenzaron a funcionar en septiembre de 1995 con el objetivo de concentrar los recursos en la investigación de un reducido número de violaciones graves de derechos humanos. Sin embargo, la capacidad de la unidad para procesar y condenar a los responsables de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves de derechos humanos se ve limitada por la práctica de la justicia militar de reclamar automáticamente la jurisdicción de las investigaciones en las que miembros de las fuerzas armadas están implicados en delitos por motivos políticos. El sistema de justicia militar es la piedra angular de la impunidad en Colombia. No hay constancia de que las cortes tribunales se hayan demostrado ineficaces a la hora de imponer medidas disciplinarias por delitos e infracciones no relacionadas con operaciones de contrainsurgencia y estas cortes han actuado diligente y eficazmente a la hora de investigar y castigar delitos de naturaleza no política cometidos por miembros de las fuerzas armadas. Sin embargo, se ha amparado sistemáticamente de la actuación de la justicia a los responsables de homicidios por motivos políticos y otras violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del conflicto civil.


Al iniciar su mandato el presidente Samper no adoptó una postura firme respecto a separar las causas por violaciones de derechos humanos de las cortes militares y tampoco presentó al Congreso un proyecto de ley de reforma del Código Penal Militar que podría haber servido para definir la postura del gobierno y esta situación se ha mantenido. En vez de pronunciarse rotundamente en favor de limitar el ámbito de la jurisdicción militar, el gobierno colombiano ha presentado un proyecto de ley al Congreso que, en caso de aprobarse, ampliaría la jurisdicción del sistema de justicia militar y le permitiría investigar a los civiles. Al adoptar esta postura, el gobierno colombiano ha propiciado un clima en el que los sectores que respaldan a las fuerzas de seguridad están proponiendo numerosas medidas legislativas que fortalecerían los mecanismos que favorecen la impunidad. Uno de los proyectos de ley, en caso de convertirse en ley, retiraría a la Oficina del Procurador General la capacidad de iniciar investigaciones disciplinarias de los agentes de las fuerzas de seguridad. Otro de los proyectos, de convertirse en ley, impediría a la Oficina del Fiscal General iniciar investigaciones de naturaleza penal de los agentes de las fuerzas de seguridad.


En abril de 1996, el presidente de la 52 Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló un camino para afrontar la impunidad: «La Comisión de Derechos Humanos... alienta al gobierno de Colombia a continuar y a concluir el proceso de reforma del Código Penal Militar conforme a las recomendaciones realizadas por los relatores temáticos, y en particular a excluir los crímenes de lesa humanidad de la jurisdicción de los tribunales militares». (Traducción no oficial)


Corresponde ahora al gobierno colombiano comprometerse con el cumplimiento de estas y otras recomendaciones realizadas por Amnistía Internacional.




ECUADOR


Durante los últimos años, Amnistía Internacional ha señalado en sus informes la impunidad que rodea a centenares de casos no resueltos de presuntas «desapariciones» forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y malos tratos. La gran mayoría de estos casos, de los que se informó en el contexto de la campaña de las autoridades contra el grupo armado de oposición Alfaro Vive, ¡Carajo! durante los años 1984-1988, todavía no se han resuelto satisfactoriamente.


Asimismo, también continúan sin resolverse la inmensa mayoría de las violaciones de derechos humanos que, según los informes, cometieron las fuerzas de seguridad desde 1988 hasta nuestros días, en particular centenares de casos de tortura y malos tratos y decenas de casos de muerte bajo tortura, muertes como consecuencia del uso de fuerza excesiva y casos ocasionales de «desapariciones» forzadas y posibles ejecuciones extrajudiciales.


Los intentos de reformar a la sección de la Policía Nacional, responsable del arresto e interrogatorio de los detenidos, en su mayoría han quedado en nada. El Servicio de Investigación fue cerrado por orden presidencial en septiembre de 1991, como consecuencia de una investigación realizada por una comisión internacional nombrada por el gobierno sobre la «desaparición» forzada de los dos hermanos adolescentes Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo. La Comisión consideró que los responsables de este caso de «desaparición» forzada fueron miembros del Servicio. Aunque sus cuerpos nunca se encontraron, la Comisión consideró que los hermanos estaban muertos. La Comisión declaró que entre los métodos de investigación del Servicio de Investigación estaban la tortura sistemática, la detención arbitraria y el uso de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Después del informe de la Comisión, el entonces presidente Rodrigo Borja Cevallos disolvió inmediatamente el Servicio de Investigación y anunció medidas para formar una Policía Técnica Judicial.


Después de la publicación del informe de la comisión internacional, el entonces presidente Rodrigo Borja también decidió ampliar el mandato de la comisión para que investigara las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el pasado. Sin embargo, Amnistía Internacional ha sabido posteriormente que la investigación prevista nunca llegó a llevarse a cabo.


En vista de que las autoridades siguen sin intervenir para que se lleven a cabo investigaciones eficaces sobre los informes de casos de violaciones de derechos humanos, se hagan públicas las conclusiones y se ponga a disposición judicial a los responsables, Amnistía Internacional ha recomendado que se lleve a cabo una investigación imparcial que determine los factores que han influido negativamente u obstaculizado el que las autoridades cumplan con estos procedimientos elementales. Una de las partes centrales de esta investigación debe ser abordar diligente, independiente y eficazmente las denuncias individuales de violaciones de derechos humanos presentadas por las víctimas, sus familiares o los defensores de derechos humanos. La investigación debe procurar fortalecer las disposiciones legislativas y administrativas para respetar y proteger los derechos humanos.


Amnistía Internacional ha expresado recientemente su satisfacción por la creación de la Comisión Verdad y Justicia, encargada de investigar las denuncias de las violaciones de derechos humanos no resueltas cometidas a lo largo de los últimos 17 años. La Comisión, cuyo mandato es publicar su informe y presentar sus conclusiones y recomendaciones ante las autoridades judiciales pertinentes, entró en vigor el 17 de septiembre de 1996.


El 26 de septiembre, Amnistía Internacional declaró: «Averiguar toda la verdad sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado es de importancia vital para las víctimas y sus familiares. Poner a los responsables de estas violaciones a disposición de un aparato judicial independiente, competente e imparcial, es sentar las bases para garantizar que las autoridades no toleren las violaciones de derechos humanos».


La Comisión de Verdad y Justicia se creó en respuesta a las recientes denuncias de violaciones graves de derechos humanos y a las declaraciones posteriores del nuevo presidente elegido Abdalá Bucaram, en las que decidía poner en marcha un proceso que averiguara los hechos, castigara a los responsables e indemnizara por los daños sufridos.


La Comisión es un primer paso importante para terminar con la impunidad que rodea a centenares de casos de «desapariciones» forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura documentados por organizaciones de derechos humanos ecuatorianas e internacionales durante los últimos años. También serviría de base para garantizar que las víctimas y sus familiares son indemnizados adecuadamente por el sufrimiento padecido.


Amnistía Internacional ha instado públicamente al presidente Bucaram, a las instituciones del Estado y a todos los ecuatorianos a que vigilen la Comisión para que lleve a cabo su mandato con éxito.




EL SALVADOR


En El Salvador, la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada en marzo de 1993, impide la investigación y el procesamiento de todos los responsables de los abusos contra los derechos humanos cometidos en el contexto de la guerra civil (1980-1992). Esta ley protege específicamente a las personas nombradas en el informe de la Comisión de la Verdad, organismo designado por las Naciones Unidas para investigar algunos de los peores abusos contra los derechos humanos cometidos durante la guerra.


Como consecuencia de la Ley de Amnistía, los miembros de las fuerzas armadas condenados en 1991 por el asesinato en 1989 de seis sacerdotes jesuitas y dos empleados de la universidad católica quedaron en libertad. Nada más publicarse, los grupos salvadoreños de derechos humanos recurrieron contra su constitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Sin embargo, en lo que parece una renuncia a sus poderes constitucionales, la Corte decidió que la Cámara Constitucional de la Corte Suprema carecía de jurisdicción sobre cuestiones puramente políticas, con lo que rechazaba las peticiones de los defensores de derechos humanos.


Por su parte, el gobierno, en claro contraste con la velocidad con la que ha extendido la impunidad para los violadores de derechos humanos, sigue sin aplicar algunas importantes recomendaciones realizadas por la Comisión de Verdad, como la reforma de la judicatura, investigar exhaustivamente las actividades de los «escuadrones de la muerte» y crear un fondo de compensación para las víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familiares.




GUATEMALA


En los últimos 30 años, Amnistía Internacional ha registrado miles de violaciones de derechos humanos en Guatemala. Entre las víctimas hay indígenas, campesinos, sindicalistas, defensores de derechos humanos, políticos, periodistas, estudiantes, miembros de órdenes religiosas, refugiados que han vuelto al país, personas desplazadas internamente, niños de la calle, miembros de la judicatura y personas que investigaban violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.


Las violaciones de derechos humanos documentadas por Amnistía Internacional incluyen ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones» y tortura perpetradas por el ejército y agentes de la policía, por miembros de los Comités Voluntarios de Defensa Civil y por comisionados militares.


Muy pocos de los responsables de la comisión de violaciones de derechos humanos han tenido que responder de sus actos ante los tribunales y la impunidad ha sido la norma general. Sólo en unos pocos casos, que atrajeron la atención internacional y conmocionaron a la opinión pública, los responsables tuvieron que comparecer ante una corte para ser juzgados.


Amnistía Internacional considera que la espiral de violencia, que se ha cobrado la vida de miles de personas, fue generada por la creencia extendida entre las fuerzas de seguridad de que la tortura, las «desapariciones» y las ejecuciones extrajudiciales contaban con el apoyo de la cadena de mando o que, como mínimo, estas violaciones se toleraban y no estaban sujetas a una vigilancia estrecha. Esta creencia se ha vista reforzada por el hecho de que los funcionarios públicos que han cometido violaciones de derechos humanos han quedado impunes.


Durante una visita a Guatemala en agosto de 1996, Amnistía Internacional presentó al gobierno, a través de la Comisión de la Paz, dos memorandos sobre el derecho a la verdad y la justicia para las miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en Guatemala. Con fecha de octubre de 1996, Amnistía Internacional no había recibido ninguna respuesta del gobierno.


En el memorando al gobierno sobre la posibilidad de una ley de amnistía, la organización rechazó la posible promulgación de una ley de amnistía que pudiese impedir conocer la verdad sobre las violaciones de derechos humanos e impedir que los responsables sean llevados ante los tribunales. Amnistía Internacional ha declarado que la obligación del gobierno es investigar las violaciones de derechos humanos y poner a los responsables a disposición judicial, así como que las víctimas y sus familiares tienen derecho a ser compensados adecuadamente.


Amnistía Internacional ha ofrecido un conjunto de principios, basados en las normas internacionales, que deberían respetarse en el caso de que se debata la promulgación de una ley de amnistía para las personas que cometieron violaciones de derechos humanos. Entre estos principios están: independencia judicial; investigación exhaustiva de las violaciones y abusos contra los derechos humanos; jurisdicción universal e imprescriptibilidad de las ejecuciones extrajudiciales y las «desapariciones»; responsabilidad de la cadena de mando; no utilizar la «obediencia debida» como justificación de las violaciones de derechos humanos, y el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a recibir una compensación adecuada.


Además, Amnistía Internacional solicitó que se anularan los decretos de amnistía promulgados por el gobierno anterior que concedieron la inmunidad a los responsables de violaciones graves de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, tortura y «desapariciones».


En junio de 1996, más de 20 organizaciones de profesores universitarios, abogados y defensores de los derechos humanos se unieron en la Alianza contra la Impunidad a las Violaciones a los Derechos Humanos y publicaron una «Carta abierta al Presidente de la República, a los diputados del Congreso, a los miembros de la COPAZ y a la Comandancia General de la URNG [Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca], en la que manifestaban su oposición «a un nuevo decreto de amnistía general, y a cualquier otra figura legal que fomente la impunidad... Nuestra posición se sustenta en los efectos que los decretos de amnistías generales anteriores han tenido en el fomento de la impunidad, y en la pérdida de la confianza ciudadana en la aplicación de la justicia». Además, la Alianza indicaba que «la amnistía es cuestionable a la luz del derecho internacional en materia de derechos humanos» y terminaba exigiendo «al Estado guatemalteco el cumplimiento de su obligación de resarcir moral y económicamente a los familiares y a las víctimas que han sufrido las violaciones a los derechos humanos».


La Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala, FAMDEGUA, en colaboración con el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) envió el 7 de agosto de 1996 una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos «contra la república de Guatemala por violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales por la incompatibilidad del Decreto 8-86 de Amnistía con la Convención Americana sobre Derechos Humanos».


En el segundo memorando presentado por Amnistía Internacional al gobierno guatemalteco, la organización se refirió a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han causado sufrimientos a la Población Guatemalteca, cuya creación fue acordada por el gobierno y la URNG el 23 de junio de 1994. Esta Comisión se formará y comenzará a trabajar una vez que se hayan finalizado los acuerdos de paz.


Amnistía Internacional cree que la ambigüedad del mandato de la Comisión podría limitar su investigación y los procedimientos que deben seguirse. La organización también siente preocupación por el hecho de que las conclusiones de la Comisión no tendrán fines ni consecuencias judiciales. En su memorando al gobierno, Amnistía Internacional presentaba varias recomendaciones sobre la investigación de las violaciones de derechos humanos y la comparecencia ante los tribunales de los responsables, así como recomendaciones sobre la composición, facultades y metodología de la Comisión.


Durante la investigación llevada a cabo en 1990 sobre el homicidio de la antropóloga Myrna Mack, los familiares, abogados y funcionarios judiciales, testigos, periodistas y prácticamente todas las personas relacionadas con el caso sufrieron amenazas y hostigamiento. En agosto de 1991, el comisionado de policía encargado de la investigación fue abatido a tiros delante de la sede de la Policía Nacional.


Según los informes, en octubre de 1995, la Policía Nacional puso bajo vigilancia a un investigador del Ministerio Público que trabajaba en el caso cuando éste visitó el Ministerio de Defensa para preguntar el motivo por el que el Ministerio no había contestado a la petición de información presentada por la hermana de la víctima, Helen Mack, y por qué el Ministerio, que es el responsable de recopilar la información, no había tomado declaración a varias personas implicadas presuntamente en el asesinato de Myrna Mack.

La juez de la Cámara de Apelaciones María Eugenia Villaseñor escribió un libro crítico con la forma en que el sistema judicial había tratado el caso. La juez también había intervenido en otras causas por violaciones de derechos humanos y había sido objeto de amenazas de muerte y actos de intimidación reiterados. Una vez, tuvo que huir del país y, en 1994, el agente de policía que tenía encomendada para protegerla fue secuestrado, golpeado y amenazado. Finalmente, la juez Villaseñor fue trasladada a Antigua, departamento de Sacatepéquez donde ahora sólo ve causas civiles, aunque su especialidad es el derecho penal. Las amenazas contra ella continúan y teme por su seguridad.


El 18 de marzo de 1996, la Corte Suprema rechazó una petición de la hermana de Myrna Mack para que se trasladara su causa a un tribunal civil y decidió que un juez militar debía seguir viendo la causa contra los oficiales de alto graduación acusados de la responsabilidad intelectual del asesinato de Myrna Mack. El 11 de julio de 1996, los presuntos autores intelectuales quedaron en libertad bajo fianza. Amnistía Internacional teme que los responsables continúen disfrutando de impunidad, dado que el 30 de julio de 1996, el juez Ennio Ventura ordenó que los procedimientos contra los autores intelectuales debían realizarse según el Código Penal anterior, una decisión que exige que los procedimientos se inicien de nuevo. La Misión de las Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala confirmó en su informe de agosto de 1996 que algunos testigos e investigadores continuaban siendo seguidos y que la vista de la causa se estaba celebrando en un clima de inseguridad para las personas que habían acusado a miembros de las fuerzas armadas de estar implicados en el homicidio.


Otro caso motivo de preocupación para Amnistía Internacional es el del miembro del Consejo de Comunidades Étnicas «Runujel Junam», CERJC, Martín Pelicó Coxir, secuestrado, torturado y muerto en junio de 1995. Los informes periciales indicaban que tenían lesiones en la cabeza y que había sido asfixiado. Martín Pelicó, de San Pedro Jacopilas, departamento de El Quiché, había abandonado su Comité Voluntario de Defensa Civil local hacía tres años y se había negado a pagar las multas impuestas por la dirección de los Comités Voluntarios por no participar. Como consecuencia de ello, le habían etiquetado de subversivo. El día que lo mataron, salió de su comunidad a las tres de la tarde para comprar unos repuestos para su automóvil. Seis horas más tarde, su cuerpo fue arrojado desde una furgoneta a unos 150 metros de su casa. Algunos testigos identificaron a los tres hombres de la furgoneta, los cuales fueron posteriormente detenidos y acusados de homicidio. Eran un comisionado militar y dos miembros de los Comités Voluntarios de Defensa Civil. Les liberaron en julio de 1996 cuando se cerró la causa.


La esposa de Martín Pelicó y los testigos de cargo han sido amenazados por unos hombres sin identificar y por los familiares de los acusados. Unos hombres sin identificar han seguido a los abogados que representaban a la familia de Pelicó. Dos de las personas acusadas del homicidio de Martín Pelicó también están implicadas en el homicidio de Diego Velásquez Soc, miembro del CERJ de San Pedro Jocapilas, abatido a tiros en mayo de 1993. Sin embargo, a pesar de contarse con testigos presenciales que han identificado a los responsables, no se ha presentado cargos contra ellos. Pedro Velásquez, hermano de Diego, ha informado de que miembros de los Comités Voluntarios de Defensa Civil le han hostigado reiteradamente. Estas personas se han dirigido a su casa a primeras horas de la mañana y han disparado sus rifles.


En Guatemala existe una larga tradición de impunidad. Sólo se han investigado algunos de los pocos casos de las miles de violaciones de derechos humanos cometidos en Guatemala durante las tres últimas décadas y únicamente unos pocos responsables han sido puestos a disposición judicial. Los intentos de investigar las violaciones de derechos humanos se han topado con la resistencia sistemática de las fuerzas de seguridad y de las instituciones estatales responsables de la investigación. En los pocos casos en los que se ha llevado a cabo la investigación, se ha debido fundamentalmente al valor de los defensores de derechos humanos y de los familiares de las víctimas que presionaron para que fueran procesadas.






HAITÍ


En febrero de 1996, después de las elecciones celebradas a fines de 1995, René Préval sucedió en la presidencia a Jean-Bertrand Aristide. Por aquel entonces se entregó al gobierno el informe final de la Comisión Nacional de la Verdad y la Justicia, constituida por el ex presidente Aristide para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por gobierno militar de hecho del general Raoul Cédras entre septiembre de 1991 y octubre de 1994. Hasta ahora, sólo se han publicado las conclusiones y recomendaciones aunque parece que el informe íntegro estará pronto disponible. Sin embargo, por lo que le consta a Amnistía Internacional, ninguna de las recomendaciones hechas en el informe, que según los informes se ocupa de miles de casos de abusos contra los derechos humanos, se ha puesto en práctica.


En septiembre de 1996 se presentó un proyecto de ley sobre la reforma judicial al Parlamento, pero los avances en este campo continúan siendo inaceptablemente lentos. Por tanto, se ha avanzado poco en la puesta a disposición judicial de los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Otro de los obstáculos que han sufrido los intentos de afrontar seriamente la impunidad en este país es la negativa reiterada de los Estados Unidos a entregar a Haití, donde existen varias órdenes de detención dictadas contra él, a Emmanuel Constant, ex dirigente del Frente por el Progreso de Haití, a pesar de que existe una orden de deportación en ese sentido, y el hecho de que no hayan devuelto intactos unas 60.000 páginas de documentos que las tropas estadounidenses se llevaron de las oficinas del Frente en octubre de 1994. Algunos de los documentos, de los que, según los informes, se ha eliminado toda la información delicada sobre ciudadanos estadounidenses, han sido o van a ser enviados a la Embajada de Estados Unidos en Haití en espera de que se formalice un acuerdo con el gobierno haitiano sobre su devolución. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, las autoridades de su país quieren garantías de que los documentos no se utilizarán para justificar homicidios políticos o actos de venganza contra los ciudadanos haitianos que colaboraron con el gobierno militar. Hasta la fecha, el gobierno haitiano ha insistido en que los documentos les deben ser entregados en su estado original.


A continuación reproducimos un extracto de un documento publicado en enero de 1996 sobre la cuestión de la impunidad en Haití:


Al volver a Haití, el presidente Aristide dijo, «prepararemos el café de la reconciliación utilizando el filtro de la justicia». Aunque ha pedido paciencia y ha admitido que el sistema es lento, posteriormente, en varias ocasiones, ha instado a los haitianos a que denuncien oficialmente a las personas que presuntamente cometieron violaciones de los derechos humanos en el pasado y les ha pedido que denuncien a los funcionarios corruptos. En algunos sitios se crearon oficinas para encargarse de este tipo de denuncias. Sin embargo, por lo que a Amnistía Internacional le consta, hasta la fecha, las autoridades han investigado pocas de estas denuncias adecuadamente. El propio gobierno anunció que solicitaría la ayuda de un equipo de abogados extranjeros para ayudar en la investigación de varios casos importantes de violaciones de derechos humanos ocurridos bajo el régimen militar. Por lo que a Amnistía Internacional le consta, hasta ahora sólo se han celebrado dos juicios (véase infra).


El fortalecimiento de la judicatura y de la capacidad de investigación de la policía es urgente para garantizar el respeto de los derechos humanos ahora y en el futuro. Sin embargo, igual de importante es la necesidad de poner a disposición judicial en un tiempo razonable a los responsables de cometer violaciones de los derechos humanos en el pasado, no sólo durante el gobierno del general Cédras sino también durante gobiernos anteriores. En una conferencia de prensa ofrecida el 15 de marzo de 1995, el presidente Aristide dijo que la petición del gobierno haitiano para que Estados Unidos concediese la extradición del dirigente del FRAPH Emmanuel Constant a fin de ser juzgado en Haití «es una forma de mostrar lo que significa la justicia para nosotros. No deseamos que la impunidad se extiendan por todo el país. Al igual que rechazamos la venganza y la violencia, rechazamos la impunidad. La impunidad significa que puedo matar a las personas y que el sistema de justicia no me castiga. Queremos construir un sistema, basado en la ley, en el que se pueda interrogar a las personas tenidas por culpables para que posteriormente sean juzgadas en los tribunales» Texto del informe de la emisora Haitian Métropole, originalmente en creóle, traducido del inglés según se emitió en el programa de la BBC «Summary of World Broadcast», el 18 de marzo de 1995..


A pesar de estas declaraciones de intención del presidente Aristide, hasta la fecha se han pocos progresos en el procesamiento de los responsables de violaciones de los derechos humanos. Aunque esto en parte se puede atribuir a los problemas generales que padece la justicia, se ha informado que algunos jueces tienen miedo de juzgar estos casos por temor a las represalias, especialmente una vez que las fuerzas de las Naciones Unidas hayan abandonado el país. También hay indicios de que no existe realmente la voluntad política de hacerlo, especialmente en los ámbitos policiales y judiciales. Sólo se han celebrado juicios en relación con dos de los casos en los que el gobierno solicitó ayuda a abogados extranjeros, el de la muerte por tortura de Jean-Claude Museau en 1992 y la ejecución extrajudicial de Antoine Izméry en septiembre de 1993. Ambos juicios se celebraron en ausencia de la mayoría de los presuntos responsables y, actualmente, sólo un hombre está cumpliendo pena de prisión. Al parecer, en provincias, como consecuencia de las denuncias presentadas por algunas víctimas o sus familiares, se han iniciado los procesos de algunos otros casos menos conocidos, pero los detalles son difíciles de obtener. Continúan las investigaciones de varios casos conocidos, pero aquí también se progresa lentamente. Aparte del caso de Emmanuel Constant, el gobierno haitiano parece haberse esforzado poco por pedir la extradición a otros países de presuntos responsables de cometer violaciones de derechos humanos durante el gobierno militar u otros gobiernos anteriores.





















HONDURAS


La lucha contra la impunidad continúa en Honduras, a pesar de la fuerte oposición de los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Esta lucha recibió un fuerte espaldarazo en julio de 1995 cuando la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público acusó a diez oficiales militares (en servicio activo y retirados) de violación de los derechos humanos de seis estudiantes en 1982. La respuesta de los militares frente a los cargos ha sido argumentar que no pueden ser juzgados porque están amparados por las leyes de amnistía aprobadas por el Congreso Nacional, una afirmación fuertemente contestada, entre otros, por las organizaciones de derechos humanos y las asociaciones profesionales.


Los procedimientos judiciales continuaron con la promulgación de órdenes de detención contra tres de los diez oficiales que pasaron a esconderse inmediatamente, presuntamente con la ayuda de compañeros militares. Los procedimientos judiciales provocaron la indignación pública cuando la Corte de Apelaciones dictaminó en favor de la argumentación de los oficiales de que debían beneficiarse las leyes de amnistía. Sin embargo, posteriormente, la Corte Suprema anuló esta decisión.


La labor de la judicatura ha sido decisiva por la repercusión que las decisiones tomadas en esta causa tendrán para los casos de 184 personas «desaparecidas» identificadas en el informe del doctor Leo Valladares Lanza, comisionado nacional de protección de los derechos humanos, titulado Los hechos hablan por si mismos,publicado en 1993.


Los intentos de investigar y aclarar la suerte de los «desaparecidos» también han experimentado importantes avances en relación con estos casos. Después de las exhumaciones llevadas a cabo en 1994, se realizaron más durante 1995 de restos de víctimas de «desapariciones», iniciadas por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y algunas organizaciones nacionales de derechos humanos en cooperación con peritos de varios países. A fines de año se habían exhumado nueve cuerpos.


Hubo pocos avances en otros casos de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y los tribunales y los defensores de los derechos humanos continuaron recibiendo amenazas por sus intentos de llevar ante la justicia a los responsables de estos actos.




MÉXICO


A pesar de las reiteradas declaraciones en sentido contrario del gobierno mexicano, la impunidad continúa prevaleciendo para los responsables de violaciones graves de derechos humanos. Incluso los casos más difundidos de violaciones graves de derechos humanos que provocaron la indignación generalizada de la opinión pública han quedado sin resolver.


En México casi no existen sentencias judiciales de condena a los responsables de violaciones de derechos humanos. Los agentes acusados de tortura y malos tratos u otras violaciones graves de derechos humanos son muchas veces trasladados o incluso ascendidos a otras jurisdicciones o departamentos )un hecho reconocido por los responsables gubernamentales).


El gran aumento del número de amenazas y ataques contra los defensores de derechos humanos mexicanos durante los últimos cuatro años ha puesto de relieve hasta qué punto la impunidad fomenta el ciclo de violaciones de derechos humanos.


En mayo de 1990, el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari se enfrentó a una oleada de críticas nacionales e internacionales como consecuencia de la aparente ejecución extrajudicial de la doctora Norma Corona Sapién, presidenta de la organización independiente Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa. Norma Sapién fue muerta el 21 de mayo de 1990 por unos pistoleros sin identificar en Culiacán, capital del estado de Sinaloa. Según los informes, la mataron a causa de sus investigaciones sobre la implicación de algunos agentes de la policía judicial en el secuestro, tortura y homicidio de un abogado mexicano y tres profesores universitarios venezolanos. En marzo de 1990, Norma Sapién recibió varias amenazas de muerte que ella creyó que procedían de agentes de la policía judicial local.


Norma Sapién fue muerta en vísperas de las conversaciones iniciales entre México, Estados Unidos y Canadá sobre la firma del Tratado de Libre Comercio. La indignación pública que provocó su muerte obligó al gobierno mexicano a adoptar medidas rápidamente para mejorar su imagen en el campo de los derechos humanos. El presidente Salinas prometió terminar con las violaciones de derechos humanos en México y con la impunidad disfrutada por los responsables. El gobierno creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y adoptó medidas legales y administrativas para impedir estas violaciones.


Sin embargo, las violaciones de derechos humanos continuaron sin disminuir. El hecho de que estas prácticas hayan continuado a pesar de las mejoras legislativas y administrativas, como la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la creación de una comisión gubernamental de derechos humanos en cada estado, ha alimentado las especulaciones respecto a que el compromiso con los derechos humanos manifestado por el gobierno es un mero ejercicio de relaciones públicas. El número creciente de ataques sufridos por los defensores de derechos humanos avalaría esta opinión.


Uno de los primeros cometidos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue investigar el asesinato de Norma Sapién, difundir sus conclusiones y presentar recomendaciones a las autoridades pertinentes. La Comisión carece de poder para actuar judicialmente. Se detuvo y acusó de asesinato a varios agentes de policía y a un responsable de la policía judicial aunque las investigaciones estaban lastradas por graves irregularidades, como la obtención de confesiones mediante tortura. El jefe de la policía judicial continúa encarcelado pendiente de sentencia a pesar de la falta de pruebas que le relacionen con el asesinato. Según la legislación mexicana, las cortes deben dictar sentencia antes de transcurrido un año desde el arresto. Esto ha provocado acusaciones de que algunos de los arrestados podrían ser chivos expiatorios.


La impunidad de la que disfrutan los responsables de las amenazas y agresiones contra los defensores de derechos humanos mexicanos es un problema muy grave. Las autoridades han negado toda responsabilidad en estos abusos pero tampoco han investigado exhaustivamente estos casos ni han castigado a los responsables.


Las consecuencias de negar el derecho a la justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos queda bien ilustrado en el caso del estado de Chiapas. Durante décadas, Amnistía Internacional ha documentado violaciones graves de derechos humanos cometidas por los agentes públicos en ese estado. Los responsables rara vez han comparecido ante la justicia y la impunidad disfrutada por los responsables ha fomentado que continuasen los abusos. Como han reconocido algunos altos cargos públicos esto ha disminuido los derechos de las víctimas, la mayoría de las cuales son campesinos indígenas, con lo que se ha obligado a recurrir a medios violentos para exigir el respeto de sus derechos constitucionales a una población local que de lo contrario es pacífica.


Amnistía Internacional ha señalado que algunos de los responsables de la ejecución cometida en junio de 1995 de 17 campesinos en Guerrero, entre ellos dos jefes de la policía, fueron puestos en libertad condicional pendientes de juicio poco después del suceso y que la Comisión Nacional llevó a cabo una investigación exhaustiva del caso. Las conclusiones de la Comisión se publicaron el 14 de agosto de 1995 en un informe de 360 páginas, en el que se revelaban indicios de la responsabilidad oficial en los homicidios y se documentaban graves irregularidades en las investigaciones iniciales a cargo del sistema de justicia penal para intentar evitar el procesamiento de los responsables. Entre estas irregularidades estaban: falsificación de pruebas, como colocar armas de fuego en el lugar del crimen para apoyar la afirmación oficial de que hubo un enfrentamiento armado, y falsificación de informes periciales. Al menos ocho altos cargos del estado fueron suspendidos de sus funciones después de la publicación del informe.


Si bien Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por las medidas tomadas por algunas autoridades para investigar la matanza de Guerrero, la organización ha señalado con preocupación que, hasta la fecha, los familiares de las víctimas de la matanza no han sido indemnizados y que un número importante de los presuntos responsables de organizar la matanza no han comparecido ante los tribunales. En septiembre de 1995, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó de que no se habían puesto en práctica la totalidad de sus recomendaciones, una situación que continúa en la actualidad.


Amnistía Internacional cree que sólo una decisión política firme del gobierno mexicano de eliminar la impunidad hará posible la erradicación de la prolongada práctica de la tortura y otras violaciones graves de derechos humanos y restaurará la protección íntegra de los derechos humanos de todos los sectores de la población mexicana.




NICARAGUA


Coincidiendo con las elecciones generales celebradas en Nicaragua el 20 de octubre de 1996, Amnistía Internacional escribió una carta abierta a los candidatos presidenciales pidiéndoles que se comprometieran a proteger y promover los derechos humanos de todos los nicaragüenses. También instó a quienquiera que eligiera el electorado como dirigente para los próximos cinco años que respetara incondicionalmente esos derechos.


Seguidamente reproducimos una declaración de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos y la impunidad:


Tanto las autoridades como los grupos armados cometieron abusos contra los derechos humanos durante la guerra entre el gobierno sandinista y la oposición armada que terminó en 1990. Entre 1990 y 1995 también se recibieron informes de violaciones de los derechos humanos. En 1995, al menos 19 personas murieron en circunstancias que parecen indicar que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. En uno de los casos, el de La Marañosa, 13 recontras--ex miembros del grupo armado de oposición Resistencia Nicaragüense (contra) que se reagruparon después de la guerra con este nombre-- y dos soldados perdieron la vida en la cuesta La Marañosa, Wiwili, departamento de Jinotega, el 6 de enero de 1995, en una matanza que parece haber sido perpetrada por miembros del ejército. Por otra parte, el 17 de mayo de 1995, dos cooperativistas fueron abatidos por los disparos de la policía cuando participaban en una manifestación en la zona denominada semáforos de Rubenia, en Managua, y en diciembre del mismo año dos estudiantes que se manifestaban para reivindicar la asignación de fondos a las universidades murieron como consecuencia de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad.


En el caso de La Marañosa, por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos locales y la Comisión de la Asamblea Nacional para los Derechos Humanos y la Paz, consideraron que las investigaciones realizadas habían sido superficiales. La juez del Juzgado del Crimen del distrito de Jinotega absolvió a 23 soldados, luego de concluir que las pruebas no eran suficientes para demostrar el carácter delictivo de la conducta que se les imputaba. A pesar de los llamados para que se investigue a fondo este caso a fin de identificar a los responsables, prevalece la impunidad.


El nivel de violencia en la principal zona de conflicto durante el decenio de 1980 (una franja de territorio que se extiende de este a oeste en la zona central del país) se ha intensificado, creando intranquilidad y temor entre unos habitantes que se convierten en víctimas de grupos armados. Entre las víctimas se encuentran personas provenientes de diferentes partes del espectro político --miembros y simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y recontras--,como también dirigentes de cooperativas campesinas, entre otros.

Es imprescindible que las autoridades tomen las medidas necesarias para poner fin al clima de violencia que da lugar a la comisión de violaciones de los derechos humanos contra los habitantes de la zona. Amnistía Internacional es consciente de que en este sector (como en otras partes del país) puede resultar difícil distinguir entre delitos con motivación política y delitos comunes. Sin embargo, la organización considera que las autoridades deben investigar todos los actos de violencia y asegurar que las violaciones de derechos humanos no quedan impunes.


La Policía Nacional también es responsable de violaciones graves de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida. Se han documentado muchos casos en que se dio muerte a personas que no representaban amenaza alguna para los encargados de hacer cumplir la ley, en lugar de aprehenderlas. Es imprescindible que se imparta la capacitación necesaria a los integrantes de la Policía Nacional, incluido el conocimiento de temas de derechos humanos y su aplicación en el ejercicio de sus funciones. Elementos esenciales de dicha capacitación deben ser el estudio del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la leyy de los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y el uso de armas de fuego por los encargados de hacer cumplir la ley. Las autoridades deben tomar asimismo las medidas necesarias para que se investigue cualquier caso de violación de los derechos humanos cometida por miembros de la Policía Nacional y se lleve a los culpables ante la justicia.













PERÚ


Durante los últimos 16 años, miles de peruanos han sido víctimas de las violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas cometidas por las fuerzas de seguridad peruanas. Sólo en unos pocos casos se ha puesto a los responsables a disposición judicial y han recibido castigo. La impunidad para las violaciones de derechos humanos ha caracterizado la actitud de cuatro gobiernos peruanos sucesivos.


Durante estos años, la impunidad se institucionalizó pero no llegó a reconocerse oficialmente. Esto cambió en junio de 1995, cuando se aprobó la ley de amnistía, que perdonaba a todos los agentes de las fuerzas de seguridad y a los funcionarios civiles su participación en las violaciones de derechos humanos cometidas entre mayo de 1980 y mediados de junio de 1995. Las autoridades justificaron la ley de amnistía como una medida que serviría para avanzar hacia «la pacificación y la reconciliación nacional» de Perú.


El 14 de junio de 1995, el Congreso peruano aprobó la Ley 26.479, cuyo artículo 1 concede una amnistía general a todos los agentes de las fuerzas de seguridad y funcionarios civiles que hubieran sido denunciados, investigados, acusados, juzgados o condenados, o que estuvieran cumpliendo condenas de cárcel, por violaciones de derechos humanos cometidas entre mayo de 1980 y el 15 de junio de 1995.


Amnistía Internacional ha documentado miles de casos de «desapariciones», ejecuciones extrajudiciales y tortura perpetrados por agentes de las fuerzas de seguridad desde 1980. Sólo en unos pocos casos se ha puesto a disposición judicial a los responsables. Con fecha del 16 de junio de 1995, día de entrada en vigor de la ley de amnistía, se cerraron todos estos casos. La impunidad, que alimenta el círculo vicioso por el que las violaciones de derechos humanos quedan impunes, se ha institucionalizado en Perú desde hace más de una década. El relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señaló en el informe de su visita de 1993 a Perú que existían indicios indiscutibles de que la institucionalización de la impunidad en Perú era uno de los principales problemas en relación con la falta de respeto a la vida. A mediados de 1995, las autoridades llevaron más lejos la «institucionalización de la impunidad» al introducir la impunidad en la ley.


El presidente Fujimori ha reiterado el compromiso de su gobierno con el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, cerrar estas investigaciones sobre violaciones de derechos humanos mediante la promulgación de la ley de amnistía no demuestra este compromiso. Investigar debidamente los abusos contra los derechos humanos es fundamental para que se conozca toda la verdad. Las víctimas, sus familiares y la sociedad en general tienen un interés vital en conocer la verdad de los casos de violaciones de derechos humanos no resueltos. Además, llevar a los responsables ante la justicia envía un mensaje tajante de que no se tolerarán las violaciones de derechos humanos y de que los que cometan este tipo de actos rendirán cuentas.


La consecuencia de la ley de amnistía es que miles de víctimas de violaciones graves de derechos humanos y sus familiares probablemente no conocerán jamás toda la verdad de lo ocurrido. Sus voces y la de los defensores de derechos humanos que han instado continuamente a las autoridades peruanas para que investiguen las violaciones de derechos humanos y pongan a los autores a disposición judicial, no serán oídas.


Las autoridades peruanas se han demostrado decididas a que la ley de amnistía continúe en vigor. El día en que entró en vigencia, la juez encargado de la investigación de la matanza ocurrida en 1991 en Barrios Altos, en la que murieron 15 personas, decidió valientemente que la ley de amnistía no era aplicable en este caso. Sin embargo, el 28 de junio de 1995, antes de que su fallo llegara a la Corte Superior para que lo ratificara o vetara, el Congreso aprobó otra ley que reforzaba la primera ley de amnistía. Esta segunda ley, Ley 26.492, prohíbe que la judicatura se pronuncie respecto a la legalidad o aplicabilidad de la ley de amnistía. Por lo que, en la práctica, el Congreso impidió que se examinara el fallo de la juez. Esta segunda ley conculca el espíritu y la letra de los principios 3 y 4 de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985, que afirman: «La judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial y tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley» y que «No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial...».


Más recientemente, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizó más observaciones críticas en relación con las leyes de amnistía de Perú. Durante su 57 periodo de sesiones, celebrado en julio de 1996, el Comité de Derechos Humanos inició el examen del tercer informe periódico de Perú. El 25 de julio de 1996, el Comité publicó sus observaciones preliminares. Entre otras cosas, al Comité:


le preocupa profundamente que la amnistía otorgada mediante Decreto-Ley 26.479, de 14 de junio de 1995, declare exentos de responsabilidad penal y, por lo tanto, de toda forma de rendición de cuentas, a los agentes militares, policiales y civiles del Estado que han sido denunciados, investigados, acusados, procesados y condenados por delitos de derecho común y delitos militares en razón de actos cometidos durante la «guerra contra el terrorismo», entre mayo de 1980 y junio de 1995. Esta norma hace también prácticamente imposible que las víctimas de violaciones de los derechos humanos entablen con alguna posibilidad de éxito acciones jurídicas para obtener indemnización. La amnistía señalada impide la investigación y el castigo apropiados de los autores de violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado, erosiona los esfuerzos por lograr el respeto de los derechos humanos, contribuye a crear una atmósfera de impunidad entre los autores de esas violaciones y constituye un muy grave obstáculo a los esfuerzos por consolidar la democracia y promover el respeto de los derechos humanos y, por lo tanto, viola el artículo 2 del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos] . A este respeto, el Comité reitera la opinión expresada en su observación general 20(44) de que este tipo de amnistía es incompatible con la obligación de los Estados de investigar las violaciones de los derechos humanos, de garantizar que no se cometan tales actos dentro de su jurisdicción y de velar por que no se realicen tales actos en el futuro.


Amnistía Internacional cree que la impunidad niega los valores de verdad y justicia y provoca nuevas violaciones de derechos humanos. Las dos leyes de amnistía de Perú, cuya consecuencia es impedir conocer la verdad y que se rinda cuentas ante la ley, son inaceptables. Las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad y a recibir una reparación justa y adecuada por el sufrimiento que han padecido.



INTERNO(Sólo miembros de AI) Índice AI: AMR 01/08/96/s

Distr: SC/CC/CO

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido


A: Todas las Secciones

De: Programa Regional de América

Fecha: Noviembre de 1996

Fecha de llegada a EDAI: 10 de enero de 1996



SEPAREN ESTA HOJA DEL DOCUMENTO PRINCIPAL

ANTES DE COPIARLO O DISTRIBUIRLO

PARA USO EXTERNO


CRIMEN SIN CASTIGO:

IMPUNIDAD EN LATINOAMÉRICA


Resumen


El 30 y 31 de octubre de 1996, el Subcomité de Derechos Humanos del Comité sobre Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa del Parlamento Europeo celebró una vista pública titulada: Impunidad: la necesidad de una respuesta internacional.


Amnistía Internacional fue invitada a esta vista y a hablar de la impunidad en Latinoamérica. En colaboración con la Asociación de AI de la Unión Europea se realizó una declaración para la vista, a la que asistieron miembros del Subcomité de Derechos Humanos y miembros del Parlamento Europeo. Amnistía Internacional era uno de los oradores, entre los que también estaba Antonio Cassese, presidente del Tribunal Penal Internacional sobre la ex Yugoslavia; Jeanette Bautista, presidente de la Federación de Familiares de Desaparecidos de Colombia; Nora Melara, cuyo esposo «desapareció» en Honduras en 1984; el juez Carlos Luis Carlos Nieto, en representación de Jueces para la Democracia de España; Eric Sottas, director ejecutivo de la Organización Mundial contra la Tortura, y otros.


Se adjuntaron dos documentos para la vista, adjuntos ambos:


! Crimen sin castigo: Impunidad en Latinoamérica - Informe de Amnistía Internacional(Índice AI: AMR 01/08/96/s). Se trata de un informe regional, en el que se abarca la mayoría de los países latinoamericanos. El contenido de este informe incluye material de AI ya publicado recopilado en un solo documento.


! Crimen sin castigo: Impunidad en Latinoamérica - Declaración de Amnistía Internacional(Índice AI: AMR 01/12/96/s). Es el texto de la declaración presentada por Amnistía Internacional en la vista. La versión que se adjunta no incluye las recomendaciones específicas realizadas por AI a la Unión Europea.





Distribución


El SI va a enviar este documento a todas las Secciones y a los coordinadores de campaña. Los equipos subregionales de América enviarán copias a los coordinadores de país y de la RAR.


Acciones recomendadas


Por favor, asegúrense de que este documento se archiva debidamente y de que todas las personas pertinentes (por ejemplo, encargados de prensa) de su Sección tienen conocimiento de su existencia.


Dado que AMR 01/08/96/s es un documento regional, las Secciones deben examinar cómo pueden difundir ese documento y la declaración a otras organizaciones interesadas, especialmente a las interesadas en Latinoamérica. Los dos pueden utilizarse como documentos de información general sobre la región.




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