Document - Democratic Republic of Congo: "Our brothers who help kill us": Economic exploitation and human rights abuses in the east.


Público


Amnistía Internacional

República Democrática del Congo

«Nuestros hermanos que ayudan a matarnos»

Explotación económica y abusos contra los derechos humanos en el este de la República Democrática del Congo



Abril de 2003

Resumen



Los cuatro años de conflicto en la República Democrática del Congo han resultado ser los más catastróficos de la historia del África contemporánea. Se cree que unos tres millones de personas han perdido la vida y que más de dos millones y medio se han visto desplazadas de sus hogares, 500.000 de ellas a países vecinos. Los habitantes de la región oriental del país, que está bajo control de fuerzas extranjeras y grupos políticos armados opuestos al gobierno de Kinshasa, la capital, son los que más han sufrido.Índice AI: AFR 62/010/2003/s

Miles de civiles congoleños han sido víctimas de tortura y homicidio en el transcurso de las operaciones militares para afianzar el control de tierras ricas en minerales. Las fuerzas extranjeras han instigado los conflictos étnicos y los homicidios masivos para proteger las zonas mineras. Los combatientes de las distintas fuerzas enfrentadas en la región han matado o torturado a mineros y comerciantes independientes para despojarlos de sus minerales o su dinero. Muchos de los cientos de miles de personas obligadas a abandonar sus hogares y a huir a países vecinos o a otras regiones de la República Democrática del Congo han muerto de desnutrición o por no poder acceder a la ayuda humanitaria. Entre las personas obligadas a realizar trabajos penosos en las minas figuran menores de tan sólo 12 años. A los defensores de los derechos humanos que han denunciado o criticado estos abusos se los ha golpeado, detenido, obligado a huir o matado.

Se calcula que más de las tres cuartas partes de los homicidios que han tenido lugar en la República Democrática del Congo durante los cuatro últimos años se han producido en la zona oriental del país, y que el 90 por ciento de los desplazamientos internos de población se han efectuado para huir de la violencia imperante en la región. En la zona oriental de la República Democrática del Congo, los Estados vecinos de Ruanda y Uganda, aliados con grupos políticos armados congoleños, han saqueado sistemáticamente a gran escala la región y han justificado su intervención militar y el control de la zona aduciendo que las actividades de los grupos insurgentes ruandeses y ugandeses que actúan desde aquel país plantean una amenaza para su propia seguridad. La ambición de todas estas fuerzas combatientes por explotar los recursos minerales y la riqueza económica de la zona oriental de la República Democrática del Congo ha sido el factor de más peso para la perpetuación de la violencia. Los principales beneficiarios han sido los altos mandos de las fuerzas armadas de Ruanda y Uganda, empresas extranjeras y dirigentes de grupos políticos armados. La reciente retirada de tropas no ha afectado al persistente control de la explotación de los recursos congoleños que ejercen Ruanda y Uganda. Estos intereses económicos han dado lugar al surgimiento de una conducta habitual violenta de todas las fuerzas de la región, cuyo blanco principal lo constituyen las comunidades civiles congoleñas.

Este informe se basa en investigaciones sobre los abusos contra los derechos humanos relacionados con la explotación económica que tiene lugar en zonas controladas por grupos armados de oposición y fuerzas extranjeras de la región oriental de la República Democrática del Congo. En él se expone el contexto económico en el que se producen dichos abusos, se examinan los principales agentes y las fuerzas económicas y recursos minerales que fomentan la guerra, se documentan los abusos contra los derechos humanos, así como el hecho de que no se haga comparecer ante la justicia a los presuntos responsables, y se muestra cómo el afán de obtención de beneficios económicos sigue cobrándose vidas de civiles.

Este informe concluye con recomendaciones, dirigidas a todos los bandos del conflicto, ya se trate de gobiernos o de grupos políticos armados, y a la comunidad internacional, incluidas las empresas con intereses comerciales en la zona oriental de la República Democrática del Congo, con el objetivo de hacer realidad la rendición de cuentas y la justicia. Hace falta una acción internacional concertada y firme que ponga fin a la crisis humanitaria y de derechos humanos en la República Democrática del Congo y garantice que la impunidad de que gozan los dirigentes militares y políticos que han consentido, instigado y organizado los abusos contra los derechos humanos no sea la única respuesta a tan espantosa tragedia.

Este texto resume el documento titulado República Democrática del Congo: «Nuestros hermanos que ayudan a matarnos». Explotación económica y abusos contra los derechos humanos en el este de la República Democrática del Congo(Índice AI: AFR 62/010/2003/s), publicado por Amnistía Internacional en abril de 2003. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en <http://www.amnesty.org>, y nuestros comunicados de prensa se pueden recibir por correo electrónico: <http://web.amnesty.org/ai.nsf/news>. Para los documentos traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org/centro/>.



SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA











Público

Amnistía Internacional



República Democrática del Congo

«Nuestros hermanos que ayudan a matarnos»

Explotación económica y abusos contra los derechos humanos en el este de la República Democrática del Congo













Índice



Siglas 2

1. Introducción 1

2. El conflicto: «Nuestros hermanos que ayudan a matarnos» 4

2.1 Los principales protagonistas 4

2.2 Negociaciones de paz 6

3. Una guerra cuyo objeto son los beneficios 9

3.1 Alianzas cambiantes 11

3.2 Tónica del conflicto y explotación económica 12

3.3 El saqueo como estrategia de guerra 13

3.4 Corrupción y «pago de impuestos» 15

3.5 El desmoronamiento de los servicios públicos 18

4. Rivalidades étnicas avivadas por los intereses económicos 19

5. Diamantes: las guerras de Kisangani 22

5.1 Competencia comercial 23

5.2 Persiste la violencia por el control de Kisangani 24

6. Oro manchado 25

7. Columbotantalita: recogida de beneficios 26

7.1 Comercialismo militar 28

7.2 La columbotantalita mata 31

7.3 Trabajo forzoso y desplazamiento 33

7.4 La terribles consecuencias sociales 34

7.5 Responsabilidades internacionales 34

8. Robo, extorsión y malos tratos 35

9. Agresiones a defensores de los derechos humanos 38

10.1 El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas 40

10.2 Comisión de investigación de Uganda (Comisión Porter) 41

11. Marco jurídico 43

12. Conclusión 46

13.1 Recomendaciones a los gobiernos de Ruanda, Uganda y Burundi 47

13.2 Recomendaciones a los grupos políticos armados que actúan en la zona oriental de la República Democrática del Congo: 49

13.3 Recomendaciones a las empresas con intereses en la zona oriental de la República Democrática del Congo 49

13.4 Recomendaciones a los organismos regionales y a la comunidad internacional 51





Glosario



EPC

Ejército del Pueblo Congoleño (Armée du peuple congolais, APC), brazo armado de la UCD-ML



FDD

Fuerzas para la Defensa de la Democracia (Forces pour la Défense de la Démocratie, FDD), grupo rebelde que combate contra el gobierno de Burundi



FIPI

Frente para la Integración y la Paz en Ituri (Front pour l’intégration et la paix en Ituri), dirigido por Kawa Mandro



interahamwe

Milicia integrada principalmente por hutus ruandeses



mayi-mayi

Milicia congoleña



MONUC

Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo



MLC

Movimiento por la Liberación del Congo (Mouvement pour la libération du Congo), dirigido por Jean-Pierre Bemba y apoyado por el gobierno ugandés



UCD-Goma

Unión Congoleña para la Democracia-Goma (Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma), apoyado por el gobierno ruandés y dirigido por Adolphe Onusumba Yamba



UCD-ML

o

UCD-K/ML

Unión Congoleña para la Democracia-Movimiento de Liberación (Rassemblement congolais pour la démocratie-Mouvement de libération, RCD-ML), también conocida como UCD-Kisangani, dirigida por Mbusa Nyamwisi, respaldada por el gobierno ugandés y estrecha aliada del gobierno de la República Democrática del Congo



UCD-N

Unión Congoleña para la Democracia-Nacional (Rassemblement congolais pour la démocratie–National, RCD-N), dirigida por Roger Lumbala y respaldada por el gobierno ugandés



EPR

Ejército Patriótico Ruandés, el ejército ruandés



UPC

Unión de Patriotas Congoleños (Union des patriotes congolais), dirigida por Thomas Lubanga



UDPS

Unión por la Democracia y el Progreso Social (Union pour la démocratie et le progrès social), partido político dirigido por Etienne Tshisekedi



FDPU

Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda, el ejército ugandés









República Democrática del Congo



«Nuestros hermanos que ayudan a matarnos»



Explotación económica y abusos contra los derechos humanos en el este de la República Democrática del Congo



1. Introducción

«Ahora estoy convencido [...] de que la vida de los congoleños ya no significa nada para nadie. Ni para los que nos matan como moscas, ni para nuestros hermanos que ayudan a matarnos, ni para eso que ustedes llaman la comunidad internacional […]. Ni el mismo Dios escucha nuestras oraciones y nos abandona [...].»(1)

Salvatore Bulamuzi, miembro de la comunidad lendu, cuyos padres, dos esposas y cinco hijos murieron durante los recientes ataques a la ciudad de Bunia, en el noreste de la República Democrática del Congo

«No puede negarse lo evidente: sólo hay dos agentes principales en la zona controlada por los rebeldes. Por un lado está Uganda y su ejército, las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda, y por otro Ruanda y el Ejército Patriótico Ruandés [el ejército de Ruanda]. El resto de los que ustedes denominan rebeldes son meros sirvientes locales al servicio de Kigali [Ruanda] y Kampala [Uganda] [...]. Y como su riqueza también depende de ellos, se unen a estas fuerzas y a los pobres sólo nos queda la opción de morir [...].» (2)

Hangui T., residente de Nyankunde, pequeña ciudad cercana a Bunia, en la región de Ituri, en la que murieron más de 200 personas a consecuencia la violencia entre comunidades en septiembre de 2002

Los cuatro años de conflicto en la República Democrática del Congo han resultado ser los más catastróficos de la historia del África contemporánea. Se cree que unos tres millones de personas han perdido la vida y que más de dos millones y medio se han visto desplazadas de sus hogares, 500.000 de ellas a países vecinos. Los habitantes de la región oriental del país, que está bajo control de fuerzas extranjeras y grupos políticos armados opuestos al gobierno de Kinshasa, la capital, son los que más han sufrido.(3)

Miles de civiles congoleños han sufrido torturas y han muerto en el transcurso de las operaciones militares desarrolladas para afianzar el control de tierras ricas en minerales. Las fuerzas extranjeras han instigado los conflictos étnicos y los homicidios masivos para retener las zonas mineras. Los combatientes de las distintas fuerzas enfrentadas en la región han matado o torturado a mineros y comerciantes independientes para despojarlos de sus minerales o su dinero. Muchos de los cientos de miles de personas obligadas a abandonar sus hogares y a huir a países vecinos o a otras regiones de la República Democrática del Congo han muerto de desnutrición o por no poder acceder a la ayuda humanitaria.(4) Entre las personas obligadas a realizar trabajos penosos en las minas figuran menores de tan sólo 12 años. A los defensores de los derechos humanos que han denunciado o criticado estos abusos se los ha golpeado, detenido, obligado a huir o matado.

Se calcula que más de las tres cuartas partes de los homicidios que han tenido lugar en la República Democrática del Congo durante los cuatro últimos años se han producido en la zona oriental del país, y que el 90 por ciento de los desplazamientos internos de población tuvieron por objeto huir de la violencia imperante en la región. En la zona oriental de la República Democrática del Congo, los Estados vecinos de Ruanda y Uganda, aliados con grupos políticos armados congoleños, han saqueado sistemáticamente a gran escala la región y han justificado su intervención militar y el control de la zona aduciendo que las actividades de los grupos insurgentes ruandeses y ugandeses(5) que actúan desde aquel país plantean una amenaza para su propia seguridad. La ambición de todas estas fuerzas combatientes por explotar los recursos minerales y riqueza económica de la zona oriental de la República Democrática del Congo ha sido el factor de más peso para la perpetuación de la violencia. Los principales beneficiarios han sido los altos mandos de las fuerzas armadas de Ruanda y Uganda, empresas extranjeras y dirigentes de grupos políticos armados. La reciente retirada de tropas no ha afectado al persistente control de la explotación de los recursos congoleños que ejercen Ruanda y Uganda. Estos intereses económicos han dado lugar al surgimiento de una conducta habitual violenta de todas las fuerzas de la región, cuyo blanco principal lo constituyen las comunidades civiles congoleñas.

A pesar de la magnitud de la tragedia que todavía sigue produciéndose, la crisis de derechos humanos no ha atraído suficientemente la atención pública y se ha comprendido mal, lo que ha permitido que los principales protagonistas escaparan a las investigaciones. El gobierno de Kinshasa ha permitido a las fuerzas armadas de Zimbabue la explotación de los yacimientos diamantíferos de la República Democrática del Congo, así como la comisión de violaciones de derechos humanos, a cambio de su ayuda militar. En la zona oriental de la República Democrática del Congo, el arraigado fenómeno de la impunidad ha perpetuado la violencia y el desorden causados por las fuerzas armadas.

Amnistía Internacional ha analizado en un informe anterior cómo repercute el comercio de diamantes en la situación de los derechos humanos en las zonas de la Repúblicaa Democrática del Congo que controla el gobierno, donde se han utilizado habitualmente medios letales contra los mineros ilegales que han invadido las concesiones mineras controlas por el Estado.(6) Este informe de la organización se basa en investigaciones sobre los abusos contra los derechos humanos relacionados con la explotación económica que tiene lugar en zonas controladas por grupos armados de oposición y fuerzas extranjeras de la región oriental de la República Democrática del Congo. En él se expone el contexto económico en el que se producen dichos abusos, se examinan los principales agentes y las fuerzas económicas y recursos minerales que fomentan la guerra, se documentan los abusos contra los derechos humanos, así como el hecho de que no se haga comparecer ante la justicia a los presuntos responsables, y se muestra cómo el afán de obtención de beneficios económicos sigue cobrándose vidas de civiles.

Este informe concluye con recomendaciones, dirigidas a todos los bandos del conflicto, ya se trate de gobiernos o de grupos políticos armados, y a la comunidad internacional, incluidas las empresas con intereses comerciales en la zona oriental de la República Democrática del Congo, con el objetivo de hacer realidad la rendición de cuentas y la justicia. Es necesaria una acción internacional concertada y firme que ponga fin a la crisis humanitaria y de derechos humanos en la República Democrática del Congo y garantice que la impunidad de que gozan los dirigentes militares y políticos que han consentido, instigado y organizado los abusos contra los derechos humanos no sea la única respuesta a tan espantosa tragedia.

Amnistía Internacional exhorta a los gobiernos de Ruanda y Uganda, así como a los dirigentes de los grupos políticos armados, a que pongan fin a los homicidios y a otros abusos graves contra los derechos humanos cometidos por sus fuerzas en la zona oriental de la República Democrática del Congo. También insta a los gobiernos a que hagan comparecer ante la justicia a los presuntos responsables de abusos, y a los grupos políticos armados a que reconozcan y condenen los abusos contra los derechos humanos cometidos por sus combatientes, separen del servicio, con efecto inmediato, a los presuntos autores y colaboren en cualquier investigación que se lleve a cabo.

Las principales recomendaciones de la organización a la comunidad internacional son el establecimiento de una comisión internacional de investigación de los abusos contra los derechos humanos cometidos en la zona oriental de la Repúblicaa Democrática del Congo y el apoyo a la creación de mecanismos judiciales que hagan comparecer ante la justicia a las personas acusadas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros abusos graves contra los derechos humanos. El enjuiciamiento de los responsables de los abusos sería la más eficaz medida disuasoria. La reciente retirada de parte de las fuerzas ruandesas y ugandesas de las regiones orientales de la República Democrática del Congo no rebaja su responsabilidad por las atrocidades cometidas durante el conflicto armado en este país ni atenúa la necesidad acuciante de hacer justicia.

Amnistía Internacional también recomienda al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la adopción de medidas para fomentar la transparencia y garantizar que los minerales procedentes de la zona oriental de la República Democrática del Congo que acceden al mercado internacional se han obtenido sin contribuir a la comisión de abusos contra los derechos humanos. El interés comercial internacional por columbotantalita, oro, diamantes, madera y otros recursos valiosos ha contribuido, a sabiendas o no, a la comisión de abusos contra los derechos humanos. Algunos minerales, como la columbotantalita, se utilizan en la fabricación de productos electrónicos habituales en la mayoría de los hogares del mundo industrializado. El oro es una materia prima que es objeto de comercio intenso por considerarse tanto una garantía contra la inflación como una inversión. Los diamantes se compran para lucirlos en las grandes ocasiones. La madera tiene una diversidad de aplicaciones en los hogares de todo el mundo. En otras palabras, los recursos de la República Democrática del Congo se utilizan a escala mundial y tienen un mercado internacional. Sin embargo, los consumidores mundiales disponen de escasa información sobre las circunstancias en las que se extraen y adquieren estos recursos, así como del efecto de su comercio en la vida de los habitantes de las comunidades que habitan en torno a las plantaciones y minas.

Los ingresos provenientes de los contratos comerciales que afecten a los recursos nacionales deben contribuir a hacer realidad progresivamente los derechos sociales y económicos de la población. Corresponde a la comunidad internacional vincular la búsqueda de la justicia en el marco de la campaña mundial contra la impunidad con los esfuerzos internacionales por aumentar la obligación de rendir cuentas en relación con las actividades económicas y sus efectos sobre los derechos humanos.

El Grupo de Expertos encargado de examinar la explotación ilegal de los recursos naturales y otras riquezas de la República Democrática del Congo (Grupo de Expertos de las Naciones Unidas), nombrado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha recomendado la creación de un organismo de monitorización a largo plazo encargado de examinar la explotación económica constante en el país.(7) Amnistía Internacional recomienda que entre las atribuciones de dicho organismo figure la de evaluar los abusos contra los derechos humanos que sean consecuencia de dicha explotación. La organización pide principalmente a las autoridades de Ruanda y Uganda, así como a las empresas que participan en las operaciones mineras en la zona oriental de la República Democrática del Congo, que velen por que todos los contratos comerciales que afecten a los recursos nacionales de este país se negocien de forma transparente y de acuerdo con los principios internacionalmente reconocidos de oferta y licitación. Amnistía Internacional también formula recomendaciones dirigidas a las empresas que actúan en la zona oriental de la República Democrática del Congo, siendo la más importante de ellas la de velar por no convertirse en cómplices de abusos contra los derechos humanos.

2. El conflicto: «Nuestros hermanos que ayudan a matarnos»

La mayor parte de los tres millones de personas que se calcula que murieron a consecuencia de la guerra que estalló en agosto de 1998 con el fin de derrocar al gobierno de la República Democrática del Congo eran mujeres, niños y ancianos. Muchos murieron en el transcurso de la catástrofe humanitaria provocada por la desorganización de la producción y el comercio de alimentos, así como por la imposibilidad de obtener abrigo y asistencia médica.

El número de víctimas del conflicto es muy alto. Más de las tres cuartas partes de los muertos y alrededor del 90 por ciento de los desplazados internos se encontraban en la zona oriental de la República Democrática del Congo. Muchos murieron a causa de las enfermedades y desnutrición debidas al desplazamiento y al conflicto; el resto fueron víctimas de homicidios perpetrados por fuerzas extranjeras o grupos armados congoleños. Los homicidios étnicos en Ituri constituyen una excepción, aunque también están estrechamente relacionados con las maniobras políticas y la situación de inseguridad causada por las fuerzas combatientes. Las estructuras sociales, los centros médicos y las administraciones locales han desaparecido. La continua mudanza de las alianzas políticas y militares basadas en intereses económicos ha dado lugar a un vacío político y han exacerbado los conflictos étnicos. Muchas comunidades que padecen grave escasez de alimentos y hambre no pueden beneficiarse de la ayuda de las organizaciones humanitarias internacionales. La inseguridad, utilizada deliberadamente como estrategia bélica, ha permitido a los combatientes justificar su presencia permanente en la región y les ha dado rienda suelta para saquear los recursos naturales.

2.1 Los principales protagonistas

La zona oriental de la República Democrática del Congo ha estado controlada por las fuerzas armadas de Uganda y Ruanda y, en menor medida, de Burundi, en un contexto de cambiantes alianzas con grupos políticos armados locales, desde agosto de 1998.

Hasta la retirada de las fuerzas gubernamentales ruandesas y burundesas a finales de 2002, el Ejército Patriótico Ruandés (el ejército ruandés) y su aliado, la facción basada en Goma del grupo político armado Unión Congoleña para la Democracia-Goma (Rassemblement congolais pour la démocratie–Goma, RCD-Goma), controlaron la mayor parte de provincia de Kivu Septentrional, la totalidad de las provincias de Kivu Meridional y Maniema, y gran parte de la provincia de Kasai Oriental y la provincia Oriental, incluida Kisangani, la tercera ciudad del país en población. Las fuerzas burundesas dominaban una zona relativamente pequeña situada en la orilla occidental del lago Tanganika. La UCD-Goma sigue controlando la mayor parte de este territorio tras la retirada de sus aliados extranjeros, aunque muchas zonas hayan caído en poder de grupos mayi-mayi. La UCD-Goma pretende ser la auténtica autoridad política y militar de estas provincias y lleva a cabo funciones propias de la administración local, como el cobro de los derechos de aduana y de los impuestos por actividad económica. Pero como el movimiento es débil desde el punto de vista militar, depende considerablemente del ejército ruandés, que dispone de más soldados y medios, especialmente en el interior del país. Las autoridades ruandesas ejercen entre bastidores el poder administrativo, político, militar y económico en la región. Las políticas aplicadas se deciden y aprueban en Kigali. «La UCD es aliada del Ejército Patriótico Ruandés, y no al revés», según un defensor de los derechos humanos congoleño.

Las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (el ejército ugandés) y el gobierno ugandés han aportado su apoyo político y militar a cuatro grupos políticos armados que actúan en distintos ámbitos con medios diversos. Se trata de la Unión Congoleña para la Democracia-Movimiento de Liberación (Rassemblement congolais pour la démocratie – Mouvement de libération, RCD-ML), el Movimiento por la Liberación del Congo (Mouvement pour la libération du Congo), la Unión Congoleña para la Democracia-Nacional (Rassemblement congolais pour la démocratie – National, RCD-N) y un grupo de reciente creación, la Unión de Patriotas Congoleños (Union des patriotes congolais). La UCD-ML y la UCD-N son facciones disidentes de la UCD-Goma. La UPC, constituida fundamentalmente por miembros del grupo étnico hema, también se ha escindido recientemente de la UCD-ML y domina Bunia, la capital de la provincia de Kibali-Ituri creada por Uganda en 1999. El cambio de apoyo de Uganda de la UCD-ML a la UPC ha hecho pensar que este país pretende respaldar al grupo de formación reciente, de mayoría hema, y conservar su dominio de la región aurífera de Ituri.(8) Posteriormente se produjeron divisiones internas en la UPC, donde, según informes, había una facción partidaria de una alianza con Ruanda y otra que prefería aliarse con Uganda. Esta última se convirtió en un nuevo grupo político armado, el Frente por la Integración y la Paz en Ituri (Front pour l’intégration et la paix en Ituri, FIPI), dirigido por Kawa Mandro Panga, jefe del subclán gegere. Su formación se anunció en el hotel Speke de Kampala, Uganda, el 14 de febrero de 2003.(9) Estos grupos controlan gran parte del norte y nordeste de la República Democrática del Congo, incluidas ciertas zonas de la provincia de Kivu Septentrional, la provincia de Ituri y extensas zonas de la provincia Oriental y la provincia de Equateur. Los cuatro grupos han estado más o menos en conflicto permanente entre sí. Las divisiones y lealtades étnicas, especialmente en Ituri, han contribuido a estas divergencias, al igual que el apoyo político y militar ambivalente y cambiante prestado por Uganda a cada grupo. Un gran número de civiles ha muerto a consecuencia de los periódicos brotes de luchas intestinas.

Frente al ejército ruandés, a las fuerzas ugandesas y ruandesas y a los grupos políticos armados congoleños que son sus aliados en la zona oriental de la República Democrática del Congo se encuentran los grupos armados locales congoleños a los que colectivamente se denomina mayi-mayi,los combatientes hutus, de mayoría ruandesa —que comprenden la antigua milicia interahamwe— y grupos insurgentes ugandeses y burundeses.

Según los informes, los gobiernos de Ruanda y Burundi facilitan a las fuerzas de la UCD-Goma la mayor parte de su armamento y adiestramiento militar. El armamento está compuesto por lanzamisiles, vehículos blindados, ametralladoras, artillería ligera, morteros y minas terrestres fabricados en un amplio abanico de países, entre los que figuran China, Estados Unidos, Bélgica, Francia, la antigua Yugoslavia, Alemania y Bulgaria. Según miembros de la UCD-Goma, se han utilizado helicópteros Puma y aviones Antonov en las operaciones militares de este grupo armado y del ejército ruandés efectuadas en el este de la República Democrática del Congo controladas por Uganda, así como para importar armas y exportar madera y minerales como la columbotantalita. Al parecer, los aparatos estaban pilotados por ucranianos y rusos contratados por sociedades con intereses financieros en el comercio de columbotantalita y diamantes. La situación reinante en las zonas de la República Democrática del Congo es semejante. La mayor parte de las armas utilizadas por los grupos políticos armados que actúan en la zona las suministra Uganda o llegan a través de su territorio. Uganda también proporciona adiestramiento militar a los movimientos combatientes, como MLC, UCD-ML, UPC y FIPI. Según los informes, el gobierno de la República Democrática del Congo suministra armamento y uniformes a la UCD-ML de Mbusa Nyamwisi. En 2002, los residentes de Bunia y las organizaciones no gubernamentales locales de defensa de los derechos humanos fueron testigos de que los combatientes de la UCD-ML vestían uniformes de las Fuerzas Armadas Congoleñas (Forces Armées Congolaises, FAC).

2.2 Negociaciones de paz

Acuerdo de alto el fuego de Lusaka

Bajo los auspicios de la Organización de la Unidad Africana (OUA)(10) y de las Naciones Unidas, el 10 de julio de 1999 se firmó un acuerdo de alto el fuego en Lusaka (Zambia), denominado «acuerdo de alto el fuego de Lusaka», para poner fin al conflicto en la Repúblicaa Democrática del Congo.(11) Las líneas de alto el fuego se definieron claramente y fueron aceptadas por todos los beligerantes. El acuerdo reconocía a los distintos grupos políticos armados apoyados por Uganda y Ruanda que controlaban parte de la zona oriental de la República Democrática del Congo, y pedía la retirada de las fuerzas extranjeras y la continuación del diálogo entre los distintos agentes congoleños. También postulaba el desarme de los grupos armados que no habían suscrito el acuerdo, como los mayi-mayi, interahamwey otros grupos insurgentes ruandeses, ugandeses y burundeses, a los que se calificó de «fuerzas negativas». El acuerdo de alto el fuego de Lusaka es, de hecho, el único marco político con el que se sigue contando para solucionar pacíficamente el conflicto.

La MONUC(12)

En virtud del acuerdo de alto el fuego de Lusaka debía establecerse un organismo de vigilancia del alto el fuego, así como una comisión militar mixta. La resolución 1291 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada el 24 de enero de 2000, creaba la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) con una fuerza inicial de 5.537 soldados, entre los que figuraban hasta 500 observadores.(13) La MONUC es una misión de observación y una de sus principales funciones es la de vigilar las líneas de alto el fuego. La misión también estaba autorizada para incluir el personal auxiliar civil adecuado, especialmente en los ámbitos de derechos humanos, asuntos humanitarios, protección de la infancia, asuntos políticos y asistencia médica y administrativa.La actuación de la MONUC se circunscribe a cinco sectores: Kinshasa, Kisangani, Kananga, Kalemie y Mbandaka.

La MONUC ha sido objeto de críticas por parte de las organizaciones no gubernamentales internacionales y de la sociedad civil congoleña debido a su falta de personal, actitud pasiva e incapacidad para proteger a los civiles en muchas ocasiones. Desde la firma del acuerdo de alto el fuego de Lusaka, las líneas del frente han cambiado y al menos el 90 por ciento de los enfrentamientos armados se producen en zonas en las que anteriormente no había combates. El empeoramiento de la situación de la seguridad en Kisangani y la intensificación de la violencia comunitaria en Ituri han puesto de manifiesto la importante labor que puede desempeñar la MONUC. No obstante, durante el último trimestre de 2002 y a comienzos de 2003, se intensificaron los enfrentamientos entre varios grupos armados en diversas zonas de la provincia Oriental y de Kivu Meridional sin que la MONUC diera muestras de poder detenerlos ni de impedir los homicidios o el desplazamiento de civiles indefensos. El 4 de diciembre de 2002, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1445, que aumentaba el contingente militar de la MONUC de 5.537 a 8.700 personas, a fin de que ésta pudiera desempeñar con más eficacia su tarea de vigilancia del alto el fuego.

El Diálogo Intercongoleño

En marzo y abril de 2002, las partes del conflicto armado y los representantes congoleños de los partidos políticos y de la sociedad civil celebraron el Diálogo Intercongoleño en Sun City, Sudáfrica. Como respuesta a las acusaciones de explotación ilegítima de los recursos naturales de la República Democrática del Congo, todos los bandos coincidieron en la necesidad de revisar todos los contratos comerciales firmados desde el inicio del conflicto para determinar su validez.

En el plano político, el gobierno de la República Democrática del Congo y el MLC llegaron a un acuerdo para compartir el poder que estipulaba que Joseph Kabila continuaría siendo presidente del país y el dirigente de la oposición armada Jean-Pierre Bemba sería el primer ministro. La UCD-Goma, uno de los principales grupos políticos armados, que cuenta con apoyo ruandés, no ha firmado este componente político del acuerdo. Una parte importante de los principales grupos no armados de oposición también se han negado a firmarlo. El acuerdo de paz no ha sido general y está resultando sumamente difícil de aplicar sobre el terreno. Han surgido importantes divergencias ideológicas y de intereses entre Joseph Kabila y Jean-Pierre Bemba. En la práctica, el acuerdo sólo ha dado lugar a meses de negociaciones estériles para formar un gobierno de transición. Entretanto, las partes que no lo han firmado, especialmente la UCD-Goma y la UDPS de Etienne Tshisekedi, han formado una coalición para oponerse al acuerdo y reclamar un acuerdo más completo. En octubre de 2002, se reanudaron las conversaciones en Pretoria, Sudáfrica, con el objetivo de lograr un entendimiento global de poder compartido en el que estarían comprendidos los grupos de oposición no incluidos en el acuerdo de Sun City.(14)



Las iniciativas bilaterales de paz dan lugar a retiradas de tropas

El 30 de julio de 2002 en Pretoria, Sudáfrica, y el 15 de agosto en Luanda, Angola, el gobierno congoleño firmó dos acuerdos bilaterales independientes con Ruanda y Uganda, en los que se acordaba la retirada total de las tropas ruandesas y ugandesas de la República Democrática del Congo antes del 5 de octubre y del 15 de diciembre de 2002, respectivamente, de conformidad con el acuerdo de alto el fuego de Lusaka. Uganda también aprobó la creación de una comisión mixta de pacificación para la región de Ituri. Ruanda declaró al Consejo de Seguridad de la ONU que había completado la retirada de sus fuerzas el 5 de octubre de 2002, bajo supervisión de la MONUC y de otros observadores internacionales. Burundi también anunció que había retirado sus tropas en octubre, aunque su gobierno había negado cualquier participación en el conflicto de la República Democrática del Congo.



En octubre de 2002, Uganda retiró más del 90 por ciento de sus fuerzas, pero el Secretario General de las Naciones Unidas le pidió que mantuviera tropas en Bunia, en la provincia de Ituri, para salvaguardar la seguridad. Oficialmente permanecen en la provincia tres batallones las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda. A Amnistía Internacional le preocupa que el ejército ugandés no haya sido imparcial en la crisis interétnica de Ituri, que representa una amenaza para la paz y aviva la violencia en la región. También existen razones fundadas para creer que algunas tropas ruandesas no han abandonado sus posiciones en la zona oriental de la República Democrática del Congo o que ellas y su armamento pesado se han incorporado a las fuerzas de la UCD-Goma. Grupos locales de defensa de los derechos humanos han confirmado la presencia de fuerzas del Ejército Patriótico Ruandés en la provincia de Kivu Septentrional, especialmente en los alrededores de las zonas ricas en minerales de Burungu, Kishanga (Masisi), Rushuru y Goma.

Las Naciones Unidas y la comunidad internacional han refrendado y respaldado firmemente la retirada de tropas. Innegablemente, ésta ha permitido establecer una base de debate para los bandos beligerantes y relanzar la dinámica de paz en la región, que ha dado lugar a nuevas conversaciones de paz. No obstante, no ha traído la paz ni ha puesto fin a la depredadora explotación económica ni a los abusos contra los derechos humanos vinculados a ella. Tras la partida de las fuerzas ruandesas, ninguna fuerza neutral se hizo cargo de la situación. La falta de otras medidas de seguridad prácticas ha hecho que la confusión y la violencia reinen en muchas zonas, en especial en Ruzizi, Uvira y Kindu. Las fuerzas mayi-mayilocales han cubierto el vacío en la mayoría de los casos. Según los informes, apenas una semana después de su retirada, las fuerzas ruandesas y burundesas regresaron a la zona oriental de la República Democrática del Congo para ayudar a la UCD-Goma a recuperar Uvira, que estaba en manos de los mayi-mayi. De acuerdo con los informes, más de 40 civiles de ambos sexos, entre los que figuraban niños, murieron durante los contraataques. Las fuerzas ruandesas han reforzado su presencia en la zona, patrullan por la noche en Bukavu y mantienen discretamente sus posiciones anteriores en la región.















La retirada de tropas ugandesas también ha dejado un vacío de poder, especialmente en Ituri. En un estudio reciente, un grupo local de defensa de los derechos humanos radicado en Bunia ha señalado que existe un recrudecimiento de la violencia, de los asesinatos políticos y de los combates en toda la provincia. Después del acuerdo de Luanda, el ejército ugandés ha vuelto a desplegar tropas en la República Democrática del Congo. Uganda ha desmentido las informaciones según las cuales, el 20 de octubre de 2002, sus tropas tomaron posiciones en Rwabisengo, en el lado ugandés de la frontera, desde donde pueden cruzar fácilmente el río Semiliki y penetrar en la zona oriental de la República Democrática del Congo.(15)

La falta de previsión y de perspectivas a largo plazo en la planificación del proceso de retirada de tropas y la imprecisión de los términos en que los gobiernos ugandés y ruandés acordaron retirar sus tropas han tenido honda repercusión en la eficacia y viabilidad de la operación. La MONUC no ha podido garantizar la paz y seguridad a causa de la interpretación limitada de su mandato y de la falta de recursos apropiados, elementos que amenazan con invertir el proceso de retirada de tropas

3. Una guerra cuyo objeto son los beneficios

Las regiones orientales de la República Democrática del Congo son ricas en oro, diamantes, columbotantalita, casiterita, cobre, cobalto, wolframio, zinc y petróleo, así como en madera, café y aceite de palma. Existen importantes yacimientos diamantíferos en Kisangani, Bafwasende y Watsa, oro de alta calidad en Ituri y depósitos de columbotantalita en todo el este de la República Democrática del Congo. Quienes practican el comercio internacional de estos productos nunca han experimentado la necesidad de mostrar transparencia en sus operaciones. En vista de los informes del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas y de las preocupaciones suscitadas por la conexión entre los abusos contra los derechos humanos y la extracción de estas materias primas, se ha hecho acuciante la necesidad de dotar de cierta transparencia a los contratos comerciales celebrados por los jefes militares responsables de abusos generalizados.

Desde la época del dominio colonial belga, los habitantes de la región se han beneficiado poco o nada de sus riquezas naturales. Por el contrario, ha sufrido una sucesión interrumpida de administradores políticos, autoridades militares y grupos políticos armados brutales que han saqueado la región y cometido abusos contra los derechos humanos con impunidad.(16) El rey Leopoldo II amasó una gran riqueza personal sin ni siquiera poner un pie en suelo congoleño. Entre 1905 y 1960, los administradores belgas del entonces denominado Congo Belga recurrieron al trabajo de esclavos para saquear caucho, marfil y madera.



Tras la independencia, alcanzada en 1960, durante la larga presidencia de Mobutu Sese Seko el país, cuyo nombre se había cambiado por el de Zaire, fue bien conocido por el favoritismo y la corrupción reinantes. Tras la subida al poder del presidente Mobutu Sese Seko en 1965, se inició un periodo prolongado de corrupción institucionalizada y apropiación indebida de los recursos del Estado. Gran parte de los ingresos provenientes de compañías estatales, como la compañía de cobre y cobalto Gécamines, no fueron a parar al tesoro público, sino directamente a los bolsillos del presidente Mobutu y de sus colaboradores más íntimos.

Tras la guerra que llevó al poder a Laurent-Désiré Kabila en 1997, Ruanda, Uganda y Burundi se enfrentaban a graves amenazas de los grupos políticos armados que actuaban desde el interior de la República Democrática del Congo, como la milicia interahamwe y ex miembros de las fuerzas gubernamentales ruandesas.(17) No obstante, las operaciones militares emprendidas por Ruanda y Uganda, sus aliados congoleños y sus enemigos obedecían cada vez más a consideraciones comerciales y no estrictamente a preocupaciones por la seguridad.

En Ruanda, se estableció la Oficina del Congo, sección del Departamento de Seguridad Exterior(18) encargada de administrar el producto de la explotación de las riquezas de la zona oriental de la República Democrática del Congo. En marzo de 2002 Deus Kagiraneza, ex agente de inteligencia militar adscrito a la Oficina del Congo y futuro diputado parlamentario, manifestó a una comisión parlamentaria belga de investigación sobre la región de los Grandes Lagos que comerciantes de minerales y otros recursos extraídos en la zona de la República Democrática del Congo ocupada por Ruanda visitaban con frecuencia la Oficina del Congo. Declaró que existía un sistema de contabilidad paralela y secreta (caisse noire), que sustentaba las operaciones del ejército ruandés en la República Democrática del Congo(19) y cuyos ingresos no quedaban reflejados en las cuentas oficiales del Estado. Este sistema permitió al ejército y a los dirigentes políticos ocultar enormes sumas de dinero.



El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas indicó en su primer informe(20) que, al contrario que Ruanda, el gobierno ugandés no se ha beneficiado directamente, en tanto que gobierno, de la explotación de los recursos del Congo.Las personas que se han aprovechado lo han hecho a título individual. Pero las autoridades ugandesas han guardado silencio y no han tomados medidas disciplinarias contra dichas personas.

3.1 Alianzas cambiantes

El interés común por un enriquecimiento a costa de los recursos naturales de la región y el deseo de explotarlos parecen ser los factores que han determinado las cambiantes alianzas en la región. Con el fin de extraer columbotantalita, el ejército ruandés ha establecido alianzas locales con grupos políticos armados opuestos a su presencia en la zona oriental de la República Democrática del Congo, como los grupos interahamwey mayi-mayien los territorios de Walikale y Masisi, según los informes. En 2002, los dirigentes mayi-mayide los grupos mundundu 40se incorporaron a la administración política ruandesa de la provincia de Kivu Meridional. Uganda también ha prestado apoyo en distintos periodos a protagonistas diversos y opuestos.

Las alianzas antiguas se han roto. El conflicto de intereses es el factor que subyace tras los combates entre las fuerzas ruandesas y ugandesas que originalmente compartían el deseo de asegurar sus fronteras Cientos de civiles murieron y miles resultaron heridos cuando las tropas ruandesas y ugandesas se enfrentaron en 1999 y 2000 por el control de Kisangani, ciudad con una posición estratégica desde el punto de vista económico con relación al río Congo y con importantes industrias del diamante, el café y la madera. En la región de Ituri, especialmente en los alrededores de la ciudad de Bunia, las fuerzas gubernamentales ugandesas han ofrecido de hecho sus servicios al mejor postor y se los han negado al protagonista más débil en el marco de las rivalidades políticas y étnicas que han surgido en la zona. En algunos casos, unidades distintas de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda han apoyado a grupos rivales.

Cada vez resulta más difícil distinguir las fuerzas de los diversos grupos políticos armados. La UCD-Goma ha realizado reclutamientos de mayi-mayi, considerados sus enemigos tradicionales. Según los informes, una mujer de Shabunda, ciudad de Kivu Meridional, fue raptada y violada a principios de 2001 por hombres que, según ella, pertenecían a las fuerzas mayi-mayi. Varias semanas después, reconoció a uno de los violadores en una calle de Shabunda vistiendo el uniforme de la UCD-Goma.

3.2 Tónica del conflicto y explotación económica

Zonas ricas en recursos mineros han sido objeto de operaciones militares y violencia prolongadas y repetidas en el transcurso de la guerra.(21) Entre las zonas más afectadas por la violencia cabe citar el territorio de Shabunda en la provincia de Kivu Meridional; Kindu y Punia en Maniema; Walikale, Masisi y Lubero en Kivu Septentrional; Bafwasende e Ituri en la provincia Oriental; así como las grandes ciudades de Goma, Bukavu, Uvira, Bunia y Kisangani.

Miembros de la UCD-Goma pertenecientes al grupo étnico tutsi conocido como banyamulengeemprendieron ataques armados en Kivu Meridional contra las fuerzas de la UCD-Goma y el Ejército Patriótico Ruandés a principios de 2002. Según los informes, este grupo de combatientes banyamulengeestaba aliado con los mayi-mayi, que habían sido sus enemigos desde 1996.

Hasta septiembre de 2002, la ciudad de Shabunda(22), centro administrativo de un territorio rico en columbotantalita, oro, diamantes y madera, estaba controlada por las fuerzas de la UCD-Goma y el Ejército Patriótico Ruandés, pero rodeada por mayi-mayi. Los habitantes de la ciudad eran auténticos rehenes y tenían prohibido cultivar los campos situados entre Shabunda y el cercano río Ulindi. Esta medida redujo considerablemente su acceso a los campos, privándolos de sus medios de sustento.Las pistas de aterrizaje de las inmediaciones de Shabunda tenían tanto importancia estratégica para las fuerzas armadas como económica para los centros comerciales establecidos en las proximidades, que las utilizan para el comercio y transporte de los recursos naturales. El ejército ruandés y la UCD-Goma controlaban la mayoría de las pistas de aterrizaje, pero algunas estaban en manos de mayi-mayiy fuerzas insurgentes ruandesas. En los alrededores de estos lugares han tenido lugar importantes combates por el control de las numerosas minas que existen en el territorio.

En el territorio de Shabunda, los mayi-mayiy otros grupos armados han atacado, torturado y matado continuamente a los civiles. La violación se ha utilizado como arma de guerra contra cientos de mujeres y niñas de forma quizás más generalizada que en cualquier otra zona de conflicto.(23) Se ha obligado a jóvenes a trabajar para los combatientes sin recibir pago ni alimentos. El ejército ruandés y la UCD-Goma han obligado a menores de tan sólo 13 años a participar en una práctica denominada en suajili Ulinzi(seguridad), según la cual las familias deben entregar uno de sus miembros cada día para que forme parte de las patrullas de seguridad.

Según los informes recibidos, se han producido numerosos ataques a civiles en la zona de Kindu, en la provincia de Maniema. Las fuerzas de la UCD-Goma y del Ejército Patriótico Ruandés controlan la ciudad de Kindu, que se extiende a ambas orillas del río Congo. Las fuerzas mayi-mayicon frecuencia practican extorsiones para recibir dinero en los puestos de control instalados en las carreteras de la región. Como en el caso de Shabunda, la ciudad está separada de su zona agrícola del interior. El ejército ruandés, la UCD-Goma y las fuerzas mayi-mayique, según los informes, luchan por el control de los recursos naturales, atacaron la región de Kampene, situada a 150 kilómetros al sudeste de Kindu. Todas las casas que se encontraban en un tramo de carretera de 17 kilómetros entre Kindu y Kalima fueron destruidas; según los informes, se trataba de una medida de contrainsurgencia ordenada por el ejército ruandés y la UCD-Goma.



La distribución de la ayuda humanitaria se ha visto considerablemente obstaculizada por la situación de inseguridad generalizada. Las organizaciones internacionales han tenido que suspender sus operaciones porque sus miembros han sido blanco de los ataques, especialmente en Ituri, donde en abril de 2001 se produjo el homicidio de seis empleados del Comité Internacional de la Cruz Roja, y otras organizaciones han sido objeto de amenazas y hostigamiento.En consecuencia, un gran número de personas desplazadas sólo reciben, en el mejor de los casos, ayuda humanitaria esporádica. Con frecuencia se ven obligados a recurrir a la ayuda de los residentes locales para obtener abrigo y sustento, o deben refugiarse en el bosque.

3.3 El saqueo como estrategia de guerra

El pillaje —con frecuencia acompañado de homicidio y tortura, incluida la violación, de civiles— se ha convertido en una característica cotidiana de la violencia en la zona oriental de la República Democrática del Congo, que trastoca y destruye todos los aspectos de la vida comunitaria. Miles de pueblos, mercados, centros médicos, misiones y escuelas han sido saqueados desde 1998 por todas las fuerzas implicadas en el conflicto. Las cosechas se han convertido en objetivos, lo que ha agravado la inseguridad alimentaria en la región. En muchas zonas, la población pasa la noche en el exterior o lejos de sus casas, por miedo a sufrir ataques. Las festividades sociales, tales como las bodas, ya no se celebran o tienen lugar en secreto por miedo a que la comunidad y sus invitados se conviertan en blanco de los grupos armados.

Debido a que hay gran demanda de medicamentos y material médico entre los grupos armados, la ya precaria infraestructura médica de la región ha sufrido destrucciones generalizadas. Así, el 5 de febrero de 2002, un grupo armado no identificado irrumpió en el centro médico de Kaniola, en el territorio de Walungu, y se apoderó de comida, botiquines de primeros auxilios, medicamentos, mantas y aparatos. Muchos profesionales de la salud han muerto o han resultado heridos a consecuencia de dichos ataques.



Muchas operaciones de saqueo parecen haber sido cuidadosamente planificadas y coordinadas por jefes militares, a menudo en una zona geográfica extensa. Por ejemplo, el 11 de febrero de 2002, según los informes, los pueblos de Cibanda, Nshesha y Mukwale, y las zonas de los alrededores del Hospital General de Walungu-Centre, en el territorio de Walungu, perteneciente a la provincia de Kivu Meridional, fueron rodeados y saqueados por las fuerzas de la UCD-Goma y el ejército ruandés.

Diversas fuerzas armadas han establecido puestos de control en las carreteras y ríos para obtener dinero de los civiles, lo que hace que las vías de comunicación entre grandes ciudades sean permanentemente inseguras. Aunque los bloqueos de carreteras de la UCD-Goma o del ejército ruandés supuestamente se han establecido como protección contra los ataques de los insurgentes, su principal objetivo parece ser el robo y la extorsión, a menudo acompañados de violencia. En cada barrera los civiles deben pagar para poder pasar, y también se los puede obligar a realizar determinadas tareas manuales, tales como cavar letrinas o transportar a un campamento militar los bienes obtenidos mediante pillaje. Existen precios fijos para transeúntes y vehículos, y a los comerciantes a veces se les exige que entreguen parte de sus mercancías.

Los bloqueos de carretera son abundantes en las carreteras que comunican las zonas de extracción de columbotantalita con las ciudades en las que se vende el mineral. Por ejemplo, el ejército ruandés ha levantado ocho de ellos en los 60 kilómetros de carretera entre Mumba y Goma; en ellos, según los informes, a los mineros se los obliga a vender la columbotantalita a bajo precio a los mandos del ejército. Al parecer, en un tramo de 200 kilómetros río Congo abajo desde Kisangani existen al menos 50 barreras en las que se obliga a los comerciantes a entregar mercancías, lo que aumenta las dificultades de abastecimiento de la ciudad. El 21 de octubre de 2001 el comandante del MLC en el territorio de Banalia, al norte de Kisangani, fijó las tarifas que habían de satisfacer los comerciantes que viajaran por el río Lindi, así como los productos con los que tenían que contribuir a las «raciones del ejército».







En la región de Ituri, los grupos políticos armados, el ejército ugandés y las fuerzas de la UCD-Goma acosan a la población en los bloqueos de carreteras. En una de ellos, situado en Mufutabangui en la carretera entre Bunia y Beni, grupos de ex soldados congoleños, rebeldes ruandeses y milicias locales levantaron barricadas. Las mujeres han sufrido violaciones y secuestros y a los hombres se los ha obligado a unirse a los distintos grupos armados. De acuerdo con los informes, el 23 de julio de 2002 unos hombres armados, al parecer mayi-mayi que vestían uniformes de la UCD-ML, violaron y mataron en esa carretera a Mami Sangai, una empresaria de Beni. A su hija de 13 años también la violaron y secuestraron.

3.4 Corrupción y «pago de impuestos»

Las fuerzas armadas y los grupos políticos armados extranjeros cobran derechos de aduana y otros impuestos para mantener su autoridad. No hay signos de que estos ingresos se utilicen para restablecer los servicios públicos o infraestructura desmantelados de la región. Las sumas recaudadas son considerables. En agosto de 2001, la UCD-Goma anunció que obtenía aproximadamente 1,5 millones de dólares estadounidenses mensuales, sobre todo procedentes de los derechos de aduana cobrados en las fronteras con Ruanda, Uganda y Burundi, y de los impuestos directos o indirectos exigidos a las empresas.(24) A principios de 2002, mientras controlaba toda la provincia de Ituri, la UCD-ML también recaudó, según los informes, más de 2 millones de dólares estadounidenses mensuales, en concepto de derechos de aduana, en Mahagi, Bunia, Aru y Butembo. Altos cargos de la UCD-ML han reconocido que la mitad de estos ingresos se utilizan para cubrir las necesidades militares, tales como la compra de armas, el adiestramiento militar y el reclutamiento, mientras que el resto se reserva para la utilización personal de los dirigentes del movimiento y el mantenimiento de las tropas.

A los viajeros que se desplazan entre las zonas controladas por la UCD-Goma y la UCD-ML se les exige la declaración de las mercancías que llevan y el pago de derechos en la supuesta frontera. En junio de 2002 las fuerzas de la UCD-Goma requisaron las tarjetas de identidad de más de 500 viajeros en la carretera de Goma a Sake. El 3 de julio, el alcalde de Goma declaró que esta medida obedecía a «razones de seguridad» y que las tarjetas o los documentos sustitutos les serían devueltos a sus propietarios previo pago de 2 dólares estadounidenses.

En las zonas que controla, la UCD-Goma ha exigido a las empresas impuestos elevados y arbitrarios destinados en principio a sus fuerzas combatientes, aunque a menudo contribuyen al enriquecimiento personal de sus dirigentes y a la compra de armas procedentes de Ruanda y Burundi. Determinadas empresas, entre ellas las que comercian con columbotantalita, han de satisfacer un impuesto específico del 10 por ciento en concepto de «esfuerzo de guerra». En abril de 2001, se cerraron 68 farmacias porque sus propietarios no habían pagado un «impuesto de actividad empresarial», además, éstos debieron abonar otros 150 dólares estadounidenses para volver a abrir su negocio. Los vehículos —incluidos aquellos indispensables para el abastecimiento de víveres— están gravados con unos impuestos anuales onerosos que pueden llegar a los 200 dólares estadounidenses, así como con toda una serie de tasas en concepto de cada viaje que se realiza, «peajes» y seguros imaginarios. Los numerosos civiles que transportan grandes cargas a pie o en bicicleta han de satisfacer un «impuesto de porte» en los bloqueos de carreteras o a la entrada de las ciudades.

Amnistía Internacional acepta que la recaudación de impuestos para financiar los servicios públicos es una función legítima de los gobiernos. La organización también admite que, en algunos territorios y en algunas situaciones, un grupo armado de oposición puede realizar tareas normalmente reservadas a los gobiernos legítimos. Pero, en las zonas que controla la UCD-Goma, estas actividades tienen frecuentemente el carácter de extorsión, y los ingresos obtenidos se utilizan para perpetuar el conflicto militar.

Este problema se está agudizando debido a que los ingresos procedentes de la columbotantalita han disminuido tras la caída del precio del mineral en el mercado internacional. Por ello, la UCD-Goma ha aumentado sus exigencias. El 21 de noviembre de 2001 decretó la confiscación, durante un mes, de los ingresos obtenidos por todas las empresas públicas, incluidas las de suministro de agua y electricidad, con el supuesto fin de pagar a los funcionarios. Las huelgas y los disturbios que se produjeron en muchas ciudades a principio de 2002 se abordaron con un despliegue de fuerza militar y la detención breve de sindicalistas y altos cargos empresariales. En marzo de 2002, el estudiante Patrick Yufuyururesultó herido por los disparos de las fuerzas de la UCD-Goma cuando éstas dispersaron una protesta estudiantil. La orden se modificó posteriormente, de forma que sólo exigía el pago del 40 por ciento de los ingresos de cada empresa.

En septiembre de 2002, la UCD-Goma anunció la exigencia de nuevas matrículas en todos los vehículos que circularan por los territorios sometidos a su administración. La sustitución costará a razón de 100 dólares estadounidenses el par de placas de matrícula, sin incluir el libro de registro (conocido como «libro azul»). Una coalición de organizaciones de la sociedad civil ha criticado con vehemencia el coste las nuevas matrículas en Kivu, que considera «exorbitante». En Kinshasa, por ejemplo, la misma matrícula costaría 10 dólares estadounidenses, incluido el «libro azul».Al parecer, la medida obedece a la difícil situación financiera que atraviesa el movimiento tras el bloqueo de los fondos de la UCD-Goma en Europa. La sociedad civil, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales internacionales que actúan en la región, la comunidad empresarial y la iglesia católica, han rechazado firmemente esta medida, especialmente en Bukavu. La insistencia de la UCD-Goma por aplicar su decisión ha dificultado las actividades comerciales de la región y ha perturbado gravemente el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y la circulación de productos destinados a los comerciantes locales. En la ciudad de Bukavu, los vehículos que carecen de las nuevas matrículas sufren el acoso de la UCD-Goma, y en las zonas rurales que están en poder de los mayi-may, como Buyakiri y Shabunda, no se aceptan las nuevas matrículas. Estas comunidades rurales necesitan desesperadamente ayuda humanitaria pero, desgraciadamente, son inaccesibles. En diciembre de 2002, las autoridades de la UCD-Goma amenazaron con eliminar a todos los que se opusieran a esta medida y repitieron que no les importaba que las organizaciones no gubernamentales suspendieran sus actividades. A comienzos de 2003, la situación seguía siendo caótica. Goma prácticamente había aceptado la medida, mientras que la resistencia a la misma seguía siendo fuerte en Bukavu.

Hasta finales de 2002, en la región oriental de la República Democrática del Congo controlada por Uganda, las continuas luchas de poder en el seno de la UCD-ML y de los grupos políticos armados rivales que reciben apoyo ugandés se han concentrado frecuentemente en los lucrativos puestos aduaneros instalados a lo largo de la frontera ugandesa. Un sistema de recaudación de impuestos complicado y corrupto beneficia a los jefes militares y a una comunidad empresarial constituida principalmente por ciudadanos ugandeses. Es frecuente la apropiación indebida de los impuestos recaudados por los servicios aduaneros. Las licencias de actividad empresarial y las exenciones fiscales pueden obtenerse a la entera discreción de una serie de funcionarios ugandeses, la mayoría de ellos jefes del ejército ugandés.

La estrategia económica del ejército ugandés conocida como «comercialismo militar» —caracterizada por presión fiscal abusiva, competencia desleal y exención de impuestos a la importación de productos ugandeses— ha contribuido a la destrucción de la economía de la zona oriental de la República Democrática del Congo en beneficio de un reducido grupo de empresas y altos mandos militares congoleños y ugandeses. Un hombre que se vio obligado a cerrar su negocio declaró a Amnistía Internacional: «Las autoridades nos obligan a pagar impuestos por adelantado, antes de traer las mercancías, mientras que los empresarios ugandeses trabajan sin problemas debido a sus vínculos con las FDPU. No podemos hacer frente a la competencia desleal.En este país ya no existen las normas».(25) Las organizaciones no gubernamentales locales han manifestado en numerosas ocasiones a Amnistía Internacional que los soldados ugandeses y los dirigentes de los grupos políticos armados con frecuencia protegen a los empresarios que aceptan la salvaguardia de sus intereses. Además, las autoridades locales recaudan numerosos impuestos arbitrarios que nunca se utilizan para crear infraestructuras sociales o poner en marcha proyectos de desarrollo socioeconómico.

Un empresario ugandés declaró a Amnistía Internacional: «La guerra no ha reducido en absoluto las actividades comerciales.Les aseguro que desde el inicio de la guerra, el interés comercial en la República Democrática del Congo ha aumentado y nos estamos beneficiando de ello.He triplicado mis inversiones y me he introducido en nuevos sectores». No obstante, esta fase de prosperidad comercial de la que disfrutan algunos no se refleja en los ingresos oficiales de las autoridades de hecho. Las comparaciones de los derechos de aduana y otros ingresos públicos durante el conflicto en las zonas controladas por Uganda y la UCD-ML con los de 1996 muestran un claro descenso.(26) Es evidente que los impuestos y derechos procedentes de las empresas y el comercio no llegan a las autoridades de hecho. Un gran porcentaje de impuestos los recaudan los principales dirigentes de los grupos políticos armados en lugar de las agencias tributarias correspondientes, y se reservan en su mayor parte para su utilización personal y la compra de armas.

3.5 El desmoronamiento de los servicios públicos

A pesar de su autoridad de hecho y de su recaudación de impuestos, las fuerzas extranjeras y los grupos políticos armados no han hecho frente a sus obligaciones gubernamentales en relación con la población civil, tales como el establecimiento de un sistema estatal de educación y sanidad, sino que han contribuido a acentuar la pobreza de la región. Resulta evidente que los ingresos recaudados a todos los niveles no se utilizan para hacer realidad progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales de la población.

En 2001, el franco congoleño perdió más del 200 por ciento de su valor frente al dólar estadounidense, lo que hizo subir aún más el precio de los productos básicos. La inflación galopante y las continuas devaluaciones de la moneda han hecho que a los pequeños inversores locales les resulte imposible invertir. Simultáneamente el conflicto ha reducido considerablemente la producción local de alimentos. Los víveres se importan de manera creciente de y desde Uganda, Ruanda y Burundi, a un coste superior, lo que beneficia aún más a los Estados responsables de la continuación de la guerra en la zona oriental de la República Democrática del Congo.

En las zonas controladas por la UCD-Goma, la debilitada infraestructura de la región, que ya era poco efectiva con las administraciones precedentes, ha sufrido un rápido declive. Grupos armados asaltan periódicamente centros médicos y hospitales, especialmente en el interior del país, y causan estragos en ellos. Los profesionales de la salud no reciben sus salarios, las instalaciones médicas carecen de fondos y la asistencia médica tiene un coste prohibitivo para la mayoría de la población.«Ya no disponemos de medios para pagar una asistencia médica cada vez más cara.Cuando nos duele la cabeza, rezamos en lugar de ir al hospital.Cuando padecemos paludismo, es peor.Dos de mis hijos murieron de malaria porque yo no tenía medios para hospitalizarlos.Antes de la guerra, era impensable que pudiera sucederme esto.[…]¿Quién nos va a librar de todo esto?». (27)

El sistema educativo está infradotado de fondos y la tasa de alumnos que abandonan sus estudios ha aumentado. El número de niños de la calle también ha aumentado notablemente en Goma y Bukavu. Aunque resulte sumamente difícil recopilar estadísticas fiables sobre la cuestión, la organización local de defensa de los derechos humanos Héritiers de la Justice(Herederos de la Justicia) deduce que «existe un vínculo y una correlación perceptibles y evidentes entre la guerra, la alta tasa de alumnos que abandonan los estudios y el aumento del número de niños de la calle en la zona oriental de la República Democrática del Congo controlada por la UCD-Goma». Los padres deben efectuar pagos directos a los maestros que, aunque módicos, están fuera del alcance de muchos de ellos. En consecuencia, a muchos niños se les priva de hecho del derecho fundamental a la educación.

Los funcionarios —incluidos los encargados de hacer cumplir la ley y otros agentes de seguridad— apenas han recibido sus pagas desde 1998, y muchos de ellos, en los sectores encargados de la recaudación de ingresos, han recurrido a la corrupción para sobrevivir. Un funcionario capacitado y con experiencia ha declaró a Amnistía Internacional: «Todos los días me siento moralmente degradado».

En septiembre de 2001, el gobierno de Kinshasa se ofreció a pagar una parte de los tres años de pagas atrasadas de los funcionarios en la zona oriental de la República Democrática del Congo, incluidos los territorios en manos de la UCD-Goma. Las autoridades de la UCD-Goma se opusieron enérgicamente a la oferta, mientras que la mayoría de la población la acogió favorablemente. El rechazo de la UCD-Goma dio lugar a huelgas y disturbios. Muchos funcionarios fueron detenidos. El 13 de septiembre en Bukavu, el creciente descontento hizo que los niños salieran a la calle para manifestarse contra la decisión de la UCD-Goma, coreando consignas como la siguiente: «Queremos los salarios de nuestros padres, los salarios para aliviar nuestra miseria e ir a la escuela». La manifestación fue brutalmente reprimida y entre las víctimas figura un muchacho de 15 años, Ombeni Mundeke Bahaya, abatido a tiros por las fuerzas de seguridad. Unos días después, también se utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud pacífica que se había reunido con motivo de la celebración del funeral del menor.

En las zonas controladas por Uganda y la UCD-ML, los sistemas de educación y sanidad se han desmoronado por completo. Todo el progreso socioeconómico ha sido fundamentalmente obra de iglesias, cooperativas locales o los grupos de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales internacionales. Como sucede en otras ciudades de las regiones orientales de la República Democrática del Congo, la ciudad de Bunia, por ejemplo, sufre cortes eléctricos durante varios días seguidos. Las organizaciones internacionales han restaurado recientemente el sistema de suministro de agua, pero es necesario realizar otros trabajos para evitar el cólera y otras enfermedades que se transmiten a través del agua.

4. Rivalidades étnicas avivadas por los intereses económicos

«Todo el mundo reconoce que no se trata sólo de un problema étnico, sino también de una cuestión política avivada por los intereses económicos.»

Amos Namanga Ngongi, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, en agosto de 2002, tras el estallido de la violencia étnica en Bunia, en la región de Ituri

Se calcula que al menos 60.000 personas murieron en la región de Ituri, situada en la provincia Oriental, donde las ambiciones económicas de los jefes militares ugandeses han exacerbado las tensiones locales y han agravado las rivalidades por el control de esta tierra rica en minerales. Los conflictos entre las comunidades étnicas hema y lendu no eran algo nuevo. «Pero la cuestión nunca se había desbordado hasta que las fuerzas ugandesas llegaron a la región y acentuaron las divisiones utilizando consideraciones económicas», declaró un dirigente tradicional local a Amnistía Internacional.(28)

La región de Ituri es muy rica en oro.(29) En 1999, el entonces jefe del ejército ugandés, el entonces general de brigada James Kazini, actualmente jefe interino del Estado Mayor de las FDPU, creó la nueva provincia de Ituri, con los territorios de Ituri y Haut-Uele. Nombró gobernadora a la ex maestra Adèle Lotsove, perteneciente a la comunidad hema, y le prometió apoyo militar ugandés. Según los informes, James Kazini había «buscado en la región dirigentes leales para proteger los crecientes intereses económicos». (30) Las autoridades ugandesas conservaron su influencia militar y política en Ituri cuando las FDPU apoyaron en septiembre de 2002 a la Unión de Patriotas Congoleños, de mayoría hema, en la toma de Bunia, entonces controlada por la UCD-ML.



Los homicidios interétnicos estallaron en la región de Ituri en 1999. Según un informe publicado por Human Rights Watch, estos homicidios han costado la vida a más de 50.000 personas, la mayoría de ellas civiles pertenecientes a las comunidades lendus. En febrero de 2002, cientos de civiles murieron y otros miles sufrieron desplazamiento forzoso. Según los informes recibidos, la UPC incendió pueblos y provocó, en uno de los casos, la muerte de al menos cinco personas en Songolo –tres agricultores, Golima Albert, Peke Liboy Singo Pekadro, y dos mujeres, Avesi Jeanne, agricultora, y Androsi Marie, ama de casa. Al parecer, soldados ugandeses mataron a seis civiles en Kagoro, según el testimonio de un superviviente herido de bala.

En agosto de 2002, en el transcurso de los ataques dirigidos contra los distritos de Bunia cuyos habitantes no eran hemas, una milicia hema y las fuerzas de la UPC, apoyadas por soldados ugandeses y artillería mataron, según los informes, a más de 100 civiles, la mayor parte de ellos pertenecientes a los grupos étnicos bira y ngiti. Quemaron las casas y destruyeron propiedades con el fin de obligar a los residentes a abandonar la zona. «La milicia hema masacró a todos aquellos que consideraba enemigos», manifestó un observador local. Entre las víctimas se encontraba Basimaki Byabasaija, pastor de la diócesis anglicana de Boga. Muchos miembros de la iglesia anglicana se vieron obligados a huir a Uganda, incluido el arzobispo de la provincia anglicana de la República Democrática del Congo. Más de 50 personas, la mayoría mujeres y niños que estaban refugiados en la residencia del gobernador de la provincia de Ituri, murieron cuando aquálla fue bombardeada, especialmente con la artillería pesada de las FDPU. Entre las víctimas se encontraba la mujer de 27 años Candy, originaria de Katanga, que estaba embarazada.













El 5 de septiembre de 2002, según los informes, miembros de la comunidad lendu apoyados por las fuerzas de la UCD-ML llevaron a cabo en Nyankunde el homicidio de represalia de más de 200 personas, la mayoría de ellos de origen hema y bira. Entre las víctimas figuran la niña de 10 años Pepe Mariey los 10 miembros de su familia. Un residente de origen griego, Sócrates, ingeniero en el Centro Médico Evangélico de Nyankunde, sobrevivió y tuvo que salir de la ciudad con su familia en condiciones desesperadas. Perdieron todos sus bienes. Según los informes, a los pacientes del hospital que pertenecían a la etnia hema los mataron en sus camas. La Cruz Roja enterró 69 cadáveres no identificados. Decenas de casas fueron incendiadas y miles de civiles huyeron a Beni y Owitsa.

5. Diamantes: las guerras de Kisangani

En junio de 2000, en el transcurso de los combates que duraron seis días, más de 1.200 civiles murieron y muchos miles resultaron heridos a causa de los enfrentamientos entre las fuerzas ruandesas y ugandesas por el control de Kisangani. Los enfrentamientos anteriores de agosto de 1999 y mayo de 2000 ya habían causado un gran número de víctimas en la lucha por el control de Kisangani, ciudad que disfruta de una posición estratégica sobre el río Congo y sus recursos de diamantes, café y madera. Mientras las fuerzas ugandesas intentaban conquistar el centro de la ciudad, los dos bandos dispararon indiscriminadamente sobre casas, colegios, iglesias y lugares de trabajo. Las fuerzas enfrentadas no hicieron ningún esfuerzo por evacuar a los civiles atrapados entre ellos. Las informaciones indican que especialmente los soldados ruandeses utilizaron como puestos de tiro casas en las que había civiles refugiados para, a continuación, huir y dejar a sus ocupantes a merced de la respuesta de las fuerzas ugandesas. El 11 de junio, los dos bandos aceptaron un alto el fuego negociado por la MONUC.

A pesar de su carácter claramente civil, el barrio de la catedral fue objeto de intenso fuego de artillería, y muchas de los cientos de personas que allí se refugiaban resultaron muertas o heridas. El mayor número de víctimas se registró en los barrios residenciales del norte, especialmente en las comunas de Tshopo, Makiso y Mangobo. En julio de 2001, una organización local de defensa de los derechos humanos, Grupo Lotus, aportó los nombres de 253 civiles que murieron durante la batalla; entre ellos figuraban 106 niños.

Cementerio de Kisangani en el que fueron enterradas las víctimas de los combates de junio de 2000 © AI

Tres años después, miles de civiles heridos y traumatizados por la violencia aún no han recibido asistencia médica ni ayuda psicológica apropiadas. A algunos todavía no se les ha extraído la metralla de sus heridas. Minas terrestres y enormes cantidades de otras piezas de artillería sin explotar siguen matando y mutilando civiles. En agosto de 2000, por ejemplo, tres hermanos de la familia Bobe, de tres, cinco y ocho años de edad murieron mientras jugaban con una granada que habían encontrado al lado de su casa.

El 16 de junio de 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 1304, expresó su «condena sin reservas» de los combates y exigió que las fuerzas ugandesas y ruandesas, así como las fuerzas de oposición armada congoleña y otros grupos armados, se retiraran de Kisangani «de forma completa e inmediata» y que se desmilitarizara la ciudad y sus alrededores. Las fuerzas ruandesas y ugandesas se retiraron aunque, al parecer, todavía quedan militares ruandeses en la ciudad. En realidad, la ciudad nunca ha sido desmilitarizada. La resolución 1304 también exigía a los gobiernos de Ruanda y Uganda «otorgar reparaciones por la pérdida de vidas y los daños materiales que habían infligido a la población civil de Kisangani». Esto no se ha cumplido. El 15 de junio de 2001, la resolución 1355 de las Naciones Unidas reiteraba la exigencia de que la RCD-Goma desmilitarizara Kisangani. Hasta la fecha, los gobiernos de Ruanda y Uganda, así como las autoridades de la UCD-Goma, no han cumplido plenamente con estas obligaciones.

La falta de firmeza del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para aplicar las dos resoluciones ha contribuido al desamparo de la población de Kisangani. En el plano internacional debe darse urgente prioridad a la protección futura de civiles y defensores de los derechos humanos en Kisangani, así como a la ayuda e indemnización de los afectados por los combates crónicos entre las distintas fuerzas armadas. Aunque corresponde principalmente a Uganda y Ruanda hacer comparecer ante la justicia a aquellos que han ordenado, perpetrado o consentido abusos contra los derechos humanos, sólo la constante presión internacional y el compromiso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de velar por la aplicación de sus propias resoluciones puede conducir a la mejora real de la situación.


André Kazadi © AI

























5.1 Competencia comercial

Desde su llegada a Kisangani en agosto de 1998, los altos mandos de los ejércitos ugandés y ruandés se entregaron al saqueo generalizado de los recursos comerciales de la ciudad. Los dirigentes ugandeses se apoderaron de valiosas existencias de madera y las enviaron a Uganda. Según el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, la UCD-Goma y funcionarios ruandeses desvalijaron entre 1 y 8 millones de dólares estadounidenses del banco central de Kisangani. En su declaración ante la comisión parlamentaria belga de investigación sobre la región de los Grandes Lagos, Deus Kagiraneza, responsable de las operaciones de la Oficina del Congo ruandesa en Kisangani y en la provincia Oriental, confirmó que había organizado un inventario de las principales empresas de la ciudad cuyos ingresos podrían utilizarse para financiar la presencia de las tropas ruandesas en la zona oriental de la República Democrática del Congo.

Los altos mandos del ejército ugandés acapararon realmente el mercado de diamantes y realizaron operaciones con una serie de empresas de comercialización (maisons d’achato comptoirs). El 25 de diciembre de 1999 se produjo el siguiente incidente: soldados ugandeses que escoltaban en un avión procedente de Kampala un envío de 600.000 dólares estadounidenses en francos congoleños destinados a una empresa de comercialización de diamantes golpearon y detuvieron a agentes de aduanas del aeropuerto de Bangboka, en Kisangani, cuando éstos intentaron apoderarse de parte del dinero. Deus Kagiraneza manifestó ante la comisión parlamentaria belga de investigación: «Nos exasperaba comprobar que la empresa Victoria, patrocinada por ugandeses, firmaba contratos sin contar con los ruandeses.Éste es el único motivo por el que entramos en guerra con Uganda, porque queríamos controlar solos los diamantes».

Tras los combates por el control de Kisangani, la ciudad finalmente cayó en poder de la UCD-Goma. La mayoría de las zonas de extracción de diamantes situadas al norte de Kisangani quedaron en manos del ejército ugandés y del MLC. Este hecho, unido a los excesivos impuestos recaudados por las autoridades de la UCD-Goma en Kisangani, impulsó a la mayoría de los comerciantes de diamantes a exportar su producción a través de la República Centroafricana y Uganda. Se calcula que Uganda, que no es país productor, exportó a Amberes, Bélgica, diamantes por un valor de 3,8 millones de dólares estadounidenses en 2001.Las autoridades de la UCD-Goma en Kisangani se han concentrado desde entonces en otros productos, como el aceite de palma, para complementar sus ingresos.

La población de la ciudad sigue sufriendo. Kisangani se ha convertido en un auténtico enclave de la UCD-Goma, dentro de una región controlada por Uganda y el MLC, y es una de las ciudades más caras de la República Democrática del Congo, dependiente del abastecimiento realizado por vía aérea, con coste exorbitante, desde Goma, Kigali y, recientemente, Kampala. Aunque la reapertura del río Congo a la población ha facilitado la libertad de movimiento y de circulación, el comercio fluvial, vital para la economía de la ciudad, sigue prohibido en gran medida por el MLC y la UCD-Goma. La electricidad y el agua están racionadas y el carburante es sumamente escaso, por lo que la población recurre a la toleka (ciclotaxis) para el transporte público.

5.2 Persiste la violencia por el control de Kisangani

La negativa de la UCD-Goma a desmilitarizar Kisangani ha sido causa directa de nuevas atrocidades perpetradas contra sus habitantes. En las primeras horas del 14 de mayo de 2002, un grupo de soldados amotinados de la UCD-Goma se apoderó de la emisora de radio oficial y arengó a la población de Kisangani a levantarse en armas contra los soldados ruandeses. Algunos jóvenes lapidaron y quemaron vivas a unas seis personas presuntamente ruandesas. Unidades leales de la UCD-Goma aplastaron la rebelión y llegaron refuerzos desde Goma, según los informes, en un avión de la empresa Bukavu Air Transport (BAT).(31) Estos refuerzos, procedentes de la 5ª y 7ª brigadas de la UCD-Goma, desempeñaron un papel preponderante en las represalias que comenzaron poco después de su llegada de Goma. Murieron al menos 180 personas.

En la tarde del 14 de mayo de 2002, policías y soldados de la UCD-Goma sospechosos de haber participado en el motín fueron conducidos, atados y con los ojos vendados, hasta el río Tshopo, donde fueron abatidos a tiros o degollados. Sus cuerpos fueron arrojados al río. El 17 de mayo, los combatientes de la UCD-Goma enterraron en fosas comunes los cadáveres que habían aflorado a la superficie. Se cree que entre los muertos figuraban muchos agentes de policía, jefes militares y otros combatientes.(32)

Represalias contra civiles

Muchas operaciones de represalia se dirigieron contra civiles de lugares ya profundamente marcados por los enfrentamientos de junio de 2000, como la comuna de Mangobo. Las fuerzas de la UCD-Goma mataron a unos 100 civiles, la mayoría de ellos en ejecuciones sumarias. Entre ellos figuraban muchos niños, mujeres y ancianos.(33)

No se tomó ninguna medida para evitar los homicidios, a pesar de haber un importante contingente de la MONUC emplazado en la ciudad. Según una organización de defensa de los derechos humanos de Kisangani, su función consistió en «contar los muertos en lugar de proteger a la población». La UCD-Goma acusó a la sociedad civil de Kisangani de haber instigado el motín y los defensores de los derechos humanos se vieron obligados a esconderse.

6. Oro manchado

El oro constituye uno de los principales recursos mineros que ha atraído a las tropas extranjeras y a otras fuerzas armadas a la zona oriental de la República Democrática del Congo. Existen ricos yacimientos en muchos lugares de la provincia Oriental, Maniema, Kibali-Ituri y ambas Kivu. Desde 2001, la actividad minera industrial se ha reducido considerablemente a causa del conflicto; ha habido varias tentativas de otorgar las concesiones mineras de Kilo-Moto, en las proximidades de Bunia, a grupos mineros estables. La explotación minera artesanal realizada por mineros independientes ha crecido considerablemente y emplea, según los informes, a más de 15.000 personas, lo que la convierte en una de las principales actividades generadoras de ingresos de la zona minera de Mongbwalu, en la provincia de Kibali-Ituri. En la zona de Kilo-Moto, las fuerzas ugandesas y de la UCD-ML controlan las operaciones de extracción de las minas de Gorumbwa y Durba. El oro producido en el yacimiento de Makaka, que, de acuerdo con los informes, emplea a 10.000 excavadores y alcanza un valor diario de 10.000 dólares estadounidenses, se les vende a la empresa de comercialización Victoria y a otras empresas de Kampala, entre las que figura el restaurante Altaboush.

Según el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, el pronunciado aumento de las exportaciones de oro ugandesas, superiores a la producción nacional, se explica por el hecho de que las fuerzas ugandesas han transportado oro desde la zona oriental de la República Democrática del Congo a Kampala.(34) El gobierno ugandés atribuye el aumento de las exportaciones a las políticas de liberalización del comercio y la exportación de oro adoptadas en 1993, que permiten a los mineros artesanales de Uganda quedarse con las divisas fuertes que han ganado en sus ventas. Las autoridades han manifestado que, debido a la facilidad de introducción clandestina de oro, Uganda se ha convertido en el destino preferido del oro de extracción artesanal de la región.



A medida que la explotación del oro ha adquirido más importancia y han aumentado los beneficios generados por la extracción de oro en la región, también han crecido los abusos contra los derechos humanos. Se obliga a los trabajadores a hacer largas jornadas, lo que permite obtener más beneficios a las empresas y particulares del sector. Las fuerzas ugandesas y de la UCD-ML controlan la extracción y comercio artesanales del oro. Reclutan trabajadores abiertamente y ofrecen sus servicios de vigilancia y custodia. Obligan a los habitantes de Mongbwalu a trabajar para ellos y detienen e infligen malos tratos a aquellos que se niegan. En zonas como Mabanda, en ocasiones los soldados ugandeses han obligado a los mineros independientes a entregar un porcentaje diario del oro que extraen.

Los propietarios de las minas pagan a los soldados ugandeses para eludir el pago de los derechos de aduana. Un comerciante de oro de Butembo declaró a Amnistía Internacional: «Pueden hacerlo porque son los único que garantizan la seguridad.Si se les paga, transportan las mercancías hasta la frontera ugandesa.Con la escolta de soldados ugandeses no hay que dar explicaciones en la aduana». El oro se transporta hasta Kampala desde las minas de Mbijo e Iga-Barrière y de Pluto, a 12 kilómetros de Bunia.

En los territorios de Irumu, al sur de la provincia de Ituri, los soldados ugandeses controlan la extracción y comercio artesanales del oro en las concesiones de Gety y Songolo. Con los beneficios obtenidos del oro, las comunidades lendus, especialmente los empresarios, adquieren armas ligeras y municiones que se utilizan con frecuencia en los enfrentamientos étnicos con los hemas. Entre las fuentes de suministro figuran miembros de las FDPU, que efectúan estas operaciones sin que sus superiores estén necesariamente informados.(35)

Municiones recogidas tras los enfrentamientos entre Ruanda y Uganda que tuvieron lugar en Kisangani en junio de 2000 © AI













7. Columbotantalita: recogida de beneficios

No se ha hecho justicia a las víctimas de los homicidios, tortura y trabajo forzoso vinculados a la extracción de columbotantalita, ni a sus familias, ni se ha pedido a los autores y a los dirigentes militares y políticos que los organizaron, instigaron, consintieron u ordenaron que respondan de sus actos.

La columbotantalita se utiliza en la fabricación de toda una serie de productos electrónicos de uso habitual.(36) A mediados del año 2000, la escasez de tantalio (uno de los minerales que la componen) a escala mundial y la rápida expansión del mercado de los teléfonos móviles y de los juegos electrónicos provocaron una espectacular subida del precio de la columbotantalita, que pasó de costar 65 dólares estadounidenses el kilo a finales de 1999 a alcanzar el máximo nivel en torno a 530 dólares estadounidenses a mediados de diciembre de 2000. A mediados de 2001 el precio también cayó bruscamente al comprobarse que las previsiones del mercado habían sido demasiado optimistas. Los beneficios generados por estas operaciones contribuyeron a la persistencia del conflicto en la República Democrática del Congo.El ejército ruandés, la UCD-Goma y otros grupos armados que controlaban de hecho este negocio, mantenían sus tropas con los beneficios obtenidos y mataban y torturaban a los habitantes de la región, los expulsaban de sus tierras o los obligaban a trabajar en las minas de columbotantalita bajo la amenaza de las armas.

La zona oriental de la República Democrática del Congo cuenta con yacimientos de columbotantalita en las provincias de Kivu Septentrional, Kivu Meridional y Maniema, una parte importante de las cuales están en manos del ejército ruandés y de la UCD-Goma; en la parte de Kivu Septentrional controlada por la UCD-ML apoyada por Uganda; y en la provincia Oriental en zonas controladas principalmente por el ejército ugandés, la UCD-ML y el MLC.

En el Congo postcolonial, las principales operaciones mineras en las regiones orientales de la República Democrática del Congo tenían por objeto la extracción de casiterita, la principal fuente del estaño. Hasta 1995 las operaciones mineras de extracción de casiterita estaban dominadas por las empresas comerciales belgas, agrupadas en la Société minière et industrielle du Kivu(SOMINKI), que poseía y explotaba muchas concesiones de este mineral. La columbotantalita, que aparece frecuentemente junto a los depósitos de casiterita, se extraía y comercializaba como un producto secundario no muy importante. Sin embargo, el desmoronamiento mundial de los precios del estaño trajo consigo la desaparición gradual de la extracción industrial de casiterita en el este de la República Democrática del Congo. En 1997, la empresa canadiense Banro Corp, adquirió la totalidad de SOMINKI y sus concesiones. En julio de 1998, el nuevo gobierno del presidente Laurent-Désiré Kabila expropió por decreto el capital de esta empresa y creó una nueva en la que el Estado congolés tenía participación mayoritaria. Aunque Banro Corp llegó a un acuerdo jurídico con el gobierno de la República Democrática del Congo en abril de 2002, en ese momento las concesiones se encontraban en zonas no controladas por el gobierno del país y, según los informes, la UCD-Goma había vendido la mayor parte de las concesiones de casiterita a empresas ruandesas.

En el momento en que se advirtió el valor de la columbotantalita, se renovó el interés por las antiguas concesiones de SOMINKI y por otros yacimientos de columbotantalita situados fuera de ellas. Mineros independientes tamizaron los lechos de los ríos en busca de mineral o excavaron el suelo o las laderas de las colinas. Debido a la falta de equipos y de conocimientos técnicos adecuados, muchas personas murieron en las minas. Poblaciones enteras que vivían de la agricultura se transformaron en comunidades mineras que explotaban sus propias tierras, las vendían como concesiones a especuladores o se dispersaban para practicar actividades mineras itinerantes. Se calcula que el 95 por ciento de los participantes procedían de comunidades rurales pobres y que el número de mineros civiles puede haber llegado a 500.000 en el momento de mayor expansión. Se trataba principalmente de varones adultos, aunque también había niños en edad escolar y mujeres, que trabajaban machacando y transportando el mineral.

Los mineros venden su producción a los compradores locales, a comerciantes instalados en las principales localidades comerciales o a empresas de comercialización de columbotantalita de Goma y Bukavu. Al realizar la venta lejos del yacimiento obtienen un precio superior, pero esto a menudo supone viajar a pie durante varios días, transportando una pesada carga. Al llevar ellos mismos la columbotantalita y regresar con dinero están expuestos al bandidaje de los soldados ruandeses y de los combatientes de la UCD-Goma y de otros grupos armados.



7.1 Comercialismo militar

Aunque el desplome de los precios de la columbotantalita ha hecho que el ejército ruandés abandone el control directo de muchas minas, su interés y el de la UCD-Goma y otros grupos políticos armados por el comercio de este mineral no se ha debilitado. Las autoridades de la UCD-Goma han sacado provecho del comercio de la columbotantalita, pero los jefes del ejército ruandés y otras personas en Ruanda han obtenido aún más beneficio al transportar directamente el mineral a Ruanda y privar a la UCD-Goma de ingresos considerables.

Las estadísticas sobre la extracción de columbotantalita en la zona oriental de la República Democrática del Congo deben acogerse con precaución, ya que las autoridades están interesadas en ocultar el valor real del negocio y muchas transacciones eluden los controles de aduana y registro. Sin embargo, según las cifras de la UCD-Goma, entre enero y octubre de 2000, las 19 empresas de comercialización de columbotantalita situadas en la zona oriental de la República Democrática del Congo controlada por Ruanda declararon la exportación de más 445 toneladas de dicho mineral.(37) En noviembre de 2000, la UCD-Goma estableció un monopolio de exportación y declaró un volumen de exportaciones de 208 toneladas en diciembre de 2000 y enero de 2001. Si se tienen en cuanta las exportaciones ilegales y los envíos directos a Ruanda realizados por el ejército ruandés, el volumen total de la columbotantalita producida en las provincias de Kivu Meridional y Septentrional en el año 2000 puede situarse entre las 1.400 y 1.700 toneladas.(38) Según un cálculo, las empresas de comercialización se embolsaron más de 60 millones de dólares estadounidenses durante los meses de expansión. El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas calcula que el ejército ruandés puede haber obtenido al menos 250 millones de dólares estadounidenses de beneficios procedentes de las transferencias de columbotantalita a Ruanda realizadas durante un periodo de 18 meses.

La mayor parte de estos beneficios se los embolsaron los jefes militares ruandeses y de la UCD-Goma, así como negociantes influyentes que controlaban el comercio de la columbotantalita, la mayor parte de ellos, según informes, ciudadanos ruandeses o bien relacionados con el gobierno ruandés. En el plano internacional, las empresas encargadas de la comercialización y el procesamiento también obtuvieron grandes beneficios a través de acuerdos comerciales poco claros negociados con las facciones combatientes.

La extracción y el envío de columbotantalita y de otros recursos nacionales a Ruanda constituía una operación militar cuidadosamente planificada. Por ejemplo, en los territorios de Walikale y Masisi, pertenecientes a la provincia de Kivu Meridional, estaba dirigida por cuatro militares de alto rango. Los puestos de control de las carreteras de las zonas mineras disuadían a los civiles de circular con columbotantalita. En las ciudades y aeródromos principales se almacenaba columbotantalita y otros materiales en espera de su transporte por carretera o por vía aérea. En las zonas mineras se crearon o se ampliaron las pistas de aterrizaje para acoger aviones de gran tamaño. Helicópteros militares y empresas de transporte aéreo contratadas, tales como Swala Express, Bukavu Air Transport (BAT) y Kivu-Air, transportaban periódicamente columbotantalita desde Walikale, Punia, Lulingu, Lugushwa y otros lugares de la República Democrática del Congo hasta Ruanda, donde, según los informes, se utilizaban instalaciones de propiedad estatal para almacenar los materiales. En los vuelos de regreso, los aviones transportaban armas y equipos. De acuerdo con los informes, el ejército había suspendido los vuelos civiles de Punia a Goma y Bukavu, que eran utilizados por los habitantes de la región para vender el mineral a las empresas de comercialización.

En las explotaciones y zonas mineras que controlaba directamente el ejército ruandés, se obligaba a civiles a trabajar sin cobrar, y los mineros remunerados tenían que vender su producción a los jefes militares en condiciones leoninas. En las concesiones mineras adquiridas por especuladores extranjeros, soldados ruandeses realizaban funciones de vigilancia privada a cambio de una parte de los beneficios. Parte de la producción de las minas controladas por los militares se vendía a través de las empresas de comercialización, pero la mayoría se enviaba directamente por vía aérea a Ruanda. Según los informes, jefes militares ruandeses y empresarios con influencia en el ejército o el gobierno ruandeses eran directivos o accionistas de la mayoría de las empresas de comercialización de Goma y Bukavu, tales como Grands Lacs Metals y Rwanda Metals.Actuaban en connivencia con la Oficina del Congo del gobierno ruandés para exportar directamente la columbotantalita a Ruanda y al mercado internacional. De acuerdo con los informes, hasta la retirada de las fuerzas ruandesas a finales de 2002, el ejército siguió realizando envíos directos a gran escala, a pesar de la caída de los precios de la columbotantalita. Por ejemplo, el 5 de octubre de 2002 se produjo la incautación de un envío de 36 toneladas de columbotantalita propiedad de Rwanda Metals mientras transitaba por Tanzania debido a la denuncia presentada por el gobierno congoleño según la cual se trataba de mineral saqueado en la República Democrática del Congo. Los representantes de Rwanda Metalsnegaron la acusación e insistieron en que se trataba de columbotantalita extraída en Ruanda. Aunque el Tribunal Superior de Tanzania declaró nula la causa a principios de 2003, aún no se ha aclarado cual es la procedencia de la columbotantalita y el cargamento incautado todavía no se le ha devuelto a Rwanda Metalscomo habían solicitado sus abogados.

La UCD-Goma no dispone de la capacidad logística ni de las fuerzas militares que han permitido al ejército ruandés controlar exhaustivamente el comercio en las zonas mineras. En cuanto autoridad política autoproclamada en extensas zonas de la región oriental de la República Democrática del Congo, la UCD-Goma ha gravado con impuestos el comercio de la columbotantalita y ha vendido derechos de explotación de los que no tenía el título de propiedad. Ha exigido derechos de licencia, depósitos no reembolsables, diversos impuestos a la exportación y un «impuesto de esfuerzo de guerra» que han aumentado de manera exponencial al dispararse el precio de la columbotantalita. La UCD-Goma adquirió una participación mayoritaria del 75 por ciento de la Société minière des Grands Lacs(SOMIGL) y concedió a la empresa el monopolio de todas las exportaciones de columbotantalita de la República Democrática del Congo, lo que generó un inmediato aumento de los ingresos. Las 112 toneladas de columbotantalita exportadas en diciembre de 2000 reportaron más de 1.112.000 dólares estadounidenses; no obstante, ninguna parte de estos ingresos se ha invertido en infraestructuras sociales, tales como instalaciones de sanidad y educación para la población.



El monopolio se disolvió en abril de 2001 cuando el ejército ruandés hizo caso omiso del mismo, las empresas de comercialización retuvieron las existencias y el precio del tantalio cayó. Las cartas de los dirigentes de la UCD-Goma referidas a la pérdida de ingresos debido a la exportación directa a Ruanda realizada por sus aliados del ejército ruandés muestra el dominio de éste sobre el comercio de la columbotantalita y el volumen de sus beneficios. En estas cartas se dan cifras de exportaciones mensuales de 46 toneladas de columbotantalita cuyo valor, suponiendo que su contenido de tantalio es normal y tomando como base el precio medio de final del ejercicio 2000 de 463 dólares estadounidenses el kilo, habría ascenderdo a 21 millones de dólares estadounidenses en el mercado mundial.(39)

La UCD-Goma también se ha beneficiado de la venta de las concesiones de columbotantalita cuyo título de propiedad corresponde a Banro Corp o al gobierno de la República Democrática del Congo. En febrero de 2001, un comité de la UCD-Goma encargado de gestionar las antiguas concesiones de SOMINKI otorgó a la empresa suiza Medival Minerals Ltd. un contrato para la extracción de casiterita en una serie de concesiones durante un periodo de 18 meses. En la zona oriental de la República Democrática del Congo, es frecuente hacer pasar la columbotantalita por casiterita, a fin de eludir el pago de los derechos de exportación y exportación de tantalita, que son superiores. En el contrato se estipulaba que el comité recibiría el 20 por ciento del precio medio de venta y que la seguridad estaría garantizada con el apoyo de las fuerzas armadas de la UCD-Goma y «los aliados», término mediante el que normalmente se designa al ejército ruandés.(40) En otro caso, en agosto de 2001se vendieron 28 antiguas concesiones de SOMINKI a la nueva Congo Holding Development Company, entre cuyos accionistas figuraban empresas sudafricanas y ruandesas y un ex dirigente de la UCD-Goma.

Aunque se oponían a la presencia de la UCD-Goma y ruandesa en la zona oriental de la República Democrática del Congo, los mayi-mayie interahamwehan colaborado en ocasiones con ejército ruandés para la explotación de los recursos minerales. Por ejemplo, se han asociado con él para venderle columbotantalita extraída en el parque nacional de Kahuzi-Biega en la provincia de Kivu Meridional, lugar declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Según los informes, en 2001 existían 16 minas de columbotantalita en el parque, algunas de ellas controladas por los mayi-mayi einterahamwe, y otras por el ejército ugandés. Los informes indican que todas las fuerzas armadas han obligado a civiles, niños incluidos, a trabajar en las minas; la mayor parte procedían de los pueblos vecinos de Ninja, Kajeje y Kalange así como de las poblaciones desplazadas que viven en el parque. Según los informes, otro acuerdo de este tipo entró en vigor en abril de 2001 en las regiones de Matanda, Kibabi y Mishanga del territorio de Masisi, en Kivu Septentrional, y en otras zonas de los territorios de Masisi y Walikale.

Por contraste, los mineros congoleños han obtenido escasos beneficios de la columbotantalita, pues sólo reciben una mínima parte del precio de venta después de pagar un porcentaje a los comerciantes, empresas de transporte, recaudadores de impuestos, propietarios de la tierra, así como a los representantes locales del ejército ugandés, la UCD-Goma o jefes de los grupos armados. Aun cuando el precio alcanzó su nivel más alto, los mineros independientes sólo podían aspirar a obtener pequeñas sumas en efectivo o en especie a cambio de muchas horas de trabajo en el fango. En ciertas regiones, el ejército ruandés fijaba de hecho los precios al obligar a los mineros que extraían la columbotantalita a venderle la totalidad de su producción. Más recientemente, a consecuencia de la caída de los precios, los mineros sólo recibían 1,5 dólares estadounidenses por kilo.

7.2 La columbotantalita mata

El ejército ruandés y las fuerzas de la UCD-Goma, así como los grupos políticos armados que luchan contra ellos, son responsables de haber causado homicidios ilegítimos de civiles durante los enfrentamientos por el control de zonas ricas en yacimientos de columbotantalita y otros recursos valiosos. Los ataques contra pueblos y poblaciones locales se han producido especialmente en las inmediaciones de Punia y Kindu, pertenecientes a la provincia de Maniema, Shabunda, situada en la provincia de Kivu Meridional, y Masisi y Walikale, en Kivu Septentrional, y han dejado tras sí un panorama de amplias zonas despobladas y pueblos arrasados.

Civiles que participaban en el comercio de la columbotantalita a título individual han resultado muertos o gravemente heridos a consecuencia de los ataques y robos a mano armada perpetrados por soldados ruandeses y combatientes de la UCD-Goma. El 25 de mayo de 2001, Saasita Babaoni, de 24 años, empleada congoleña de una empresa de comercialización de columbotantalita, fue abatido a tiros por un soldado ruandés que mandó salir a todo el mundo de las instalaciones antes de ponerse a disparar furiosamente. Otro empleado, Bandu Lutyatso, de 28 años, resultó gravemente herido. El soldado había amenazado a Saasita Babaoni el día anterior, pero las autoridades militares ruandesas no habían tomado ninguna medida en respuesta a la denuncia presentada contra él. De acuerdo con los informes, tras el homicidio el soldado fue trasladado a Ruanda. A Amnistía Internacional no le consta que las autoridades ruandesas hayan tomado ninguna medida para investigar el incidente y hacer comparecer al responsable ante la justicia.















La UCD-Goma ha reconocido ocasionalmente que sus tropas eran responsables de cometer abusos contra los derechos humanos, pero sostenía que se trataba de soldados individuales que actuaban sin el conocimiento de la autoridad. No obstante, no parece que los dirigentes de la UCD-Goma hayan tomado medida alguna para evitar dichos abusos (como, por ejemplo, suspender a cualquier persona sospechosa de cometer abusos de las funciones que le permitirían seguir perpetrándolos). Además, existen indicios convincentes de que se han producido abusos sistemáticos y repetidos durante un largo periodo, lo que parece indicar que los combatientes actuaban según las órdenes de sus superiores o con su consentimiento. Por ejemplo, según los informes, durante un periodo de varios meses de 2000 y 2001, las unidades de la UCD-Goma irrumpieron durante la noche en decenas de viviendas de Goma a fin de robar objetos de valor y, con frecuencia, mataron, hirieron o sometieron a malos tratos a sus ocupantes.

Bindu Hamuli Makoye © AI

Las tropas de la UCD-Goma dirigieron diversos ataques contra civiles dedicados al negocio de la columbotantalita. No se tomó ninguna medida para identificar a los agresores. En la noche del 18 de noviembre de 2000, Edouard Kasereka Kahimba, de 31años, comprador de columbotantalita por cuenta de la empresa General Business Comptoir de Goma, sufrió el ataque de hombres armados, encabezados por tres combatientes de la UCD-Goma, mientras se encontraba en su domicilio. Los atacantes, que, según los informes, actuaban a sueldo de otra empresa local de comercialización de columbotantalita, le conminaron a entregar sus documentos comerciales y todo el mineral que guardara en casa para, a continuación, dispararle y herirlo en una pierna, y golpear a su mujer y a su hermano pequeño. El 9 de abril de 2001, combatientes de la UCD-Goma atacaron en su vivienda de la ciudad de Goma a Pierre Hakizimana, de 36 años, minero dedicado a la extracción de columbotantalita. Acababa de volver de su concesión y había vendido algunos kilos de mineral ese mismo día. Los agresores, que le dispararon y lo hirieron en un ojo, le robaron 3.000 dólares estadounidenses, mientras que a su padre lo golpearon brutalmente con las culatas de sus fusiles. A primeras horas de la mañana del 8 de septiembre de 2001, individuos de uniforme no identificados atacaron en su domicilio, situado en el barrio de Katoyi de la ciudad de Goma, al comerciante de columbotantalita Sengiyumva, de 41 años. Lo golpearon con porras, le dispararon tres veces en la pierna y se llevaron una cantidad importante de dinero y minerales. Según los informes, el 14 de octubre de 2001 por la noche, fuerzas de la UCD-Goma golpearon y dispararon dos tiros en el estómago al también comerciante de columbotantalita del mismo barrio Papy, de 26 años. Tras una larga estancia en el hospital, consiguió salvar su vida.



Los comerciantes de columbotantalita también han sido víctimas de robos perpetrados por otros grupos políticos armados. Unlawful killings by armed groups opposed to the RCD-Goma and RPAEl 5 de mayo de 2001, Chibinda Habeshi, comerciante de columbotantalita, murió, según los informes, a manos de los mayi-mayien las proximidades del pueblo de Bitale, en los límites del parque nacional de Kahuzi-Biega de la provincia de Kivu Meridional, tras negarse a entregar un maletín que contenía varios miles de dólares estadounidenses.





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7.3 Trabajo forzoso y desplazamiento

Las distintas facciones enfrentadas en el conflicto de la zona oriental de la República Democrática del Congo han recurrido de forma generalizada al trabajo forzoso, incluido el trabajo infantil, para explotar la columbotantalita.

Según los informes, en abril de 2001, soldados ruandeses obligaron a niños a trabajar como mineros en las explotaciones de columbotantalita de Mumba y Rugeshe en la localidad de Lwundje, de la colectividad de Osso, situada en el territorio de Masisi. El 28 de agosto de 2001 a un activista de defensa de los derechos humanos congoleño le obligaron a trabajar en una mina de columbotantalita del territorio de Masisi en la provincia de Kivu Septentrional tras acudir a la mina para investigar denuncias de la utilización de trabajo forzoso. Los soldados ruandeses le hicieron trabajar durante varias horas en la mina, así como a otros civiles. Declaró a Amnistía Internacional que había unos 200 trabajadores forzosos, la mayoría de ellos procedentes de los pueblos cercanos de Rubaya, Kibabi, Mumba y Katoy, a los que se hostigaba con las culatas de los fusiles, cuchillos o bayonetas para que trabajaran más. Entre ellos había gran número de menores. Junto a él trabajaba una niña de unos 12 años.

En Numbi, en la provincia de Kivu Meridional, las fuerzas ruandesas obligaron a los habitantes de la zona a transportar víveres a un campo de prisioneros procedentes de cárceles ruandesas. Muchos de ellos trabajaban en las minas de columbotantalita de la zona oriental de la República Democrática del Congo para conseguir su libertad o una reducción de condena, aunque su número ha descendido desde 2001. La mayor parte de la población reclusa de Ruanda está constituida por prisioneros hutus acusados de participar en el genocidio de 1994. Algunos de estos detenidos carecen de sumarios y los de muchos otros están incompletos y no se ha realizado una investigación judicial completa de las acusaciones presentadas contra ellos.

Se ha producido el desplazamiento forzoso de las poblaciones locales para dejar sitio a las minas de columbotantalita. Por ejemplo, en la segunda mitad de 2001, las fuerzas de la UCD-Goma o las fuerzas armadas ruandesas se apoderaron de una plantación de Kabati, en el territorio de Masisi, y expulsaron a sus habitantes. Entre abril y octubre de 2001 se produjo el desplazamiento forzoso de miles de personas que fueron expulsadas de sus tierras en los alrededores de Mahanga, en la colectividad de Osso del territorio de Masisi, cuando las fuerzas de la UCD-Goma aliadas con las fuerzas armadas ruandesas ocuparon las explotaciones mineras de la región. Las casas fueron incendiadas y sus habitantes perseguidos por el bosque. Varias personas murieron cuando cientos de desplazados quedaron abandonados sin ayuda, alimentos ni instalaciones sanitarias apropiadas en la escuela de Mahanga en que se habían reunido.

7.4 La terribles consecuencias sociales

En las regiones orientales de la República Democrática del Congo, la explotación de la columbotantalita por parte de grupos políticos armados, ejércitos extranjeros y sus socios comerciales ha tenido efectos devastadores para la población civil. En grandes extensiones de tierra cultivable, la actividad agrícola ha dado paso a la prospección en busca de columbotantalita, lo que contribuye a la subida de los precios de los alimentos y a la inseguridad alimentaria de la región. Las tasas de desnutrición han aumentado debido a la reducción de la producción agrícola, el desplazamiento masivo de población y la interrupción de ayuda humanitaria. En el centro nutricional Heri Kwetu, de Shabunda, se han diagnosticado cientos de casos de desnutrición en niños y adultos. Según el responsable del centro, muchas personas que padecen desnutrición no se benefician de la distribución de alimentos y la asistencia médica. Se calcula que existen otros centenares de casos no advertidos en Shabunda y otras regiones en las que se practica extracción de columbotantalita. Una organización de defensa de los derechos humanos radicada en Bukavu, Herederos de la Justicia (Héritiers de la Justice), también ha denunciado que la desnutrición ha aumentado considerablemente entre la población.

La extracción de la columbotantalita es peligrosa. La precipitada y anárquica construcción de las minas de columbotantalita ha sido causa de frecuentes hundimientos, en los que ha perecido un gran número de hombres, mujeres y niños. En un incidente que tuvo lugar en abril de 2001, al menos 50 personas, entre ellas un niño de seis años, murieron al desmoronarse una ladera sobre una mina de columbotantalita controlada por el ejército ruandés en Mumba, en el territorio de Masisi, provincia de Kivu Septentrional. El gobernador de la UCD-Goma de la provincia insistió en que sólo habían muerto cuatro mineros. Por lo que a Amnistía Internacional le consta, ni las víctimas ni sus familias han recibido compensación alguna. Las condiciones de trabajo de la mina no mejoraron y, de acuerdo con los informes, en julio de 2001 el ejército ruandés obligó a los mineros a trabajar día y noche para aumentar la producción.













7.5 Responsabilidades internacionales

Hasta la fecha, el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas ha documentado en sus informes los vínculos existentes a escala internacional con la explotación de la columbotantalita en el este de la República Democrática del Congo. La participación de varias empresas o de particulares europeos y de una empresa estadounidense en el comercio de la columbotantalita también ha sido objeto de un estudio detallado publicado por la organización no gubernamental con sede en Bélgica International Peace Information Service (IPIS).(41) Muchas de las empresas citadas en los informes del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, especialmente en el informe de finales de octubre de 2002, han negado las acusaciones específicas formuladas en su contra.

Evidentemente, las empresas con actividad en el este de la República Democrática del Congo no tienen más remedio que facilitar recursos en forma de impuestos o de servicios, o de contribuir de cualquier otra forma a los ingresos de las facciones beligerantes. Ésta es una condición para poder actuar en la zona. Diversos testimonios concordantes ponen de manifiesto que dichas contribuciones constituyen la principal, si no la única, fuente de financiación permanente de que disponen los grupos armados para adquirir las armas que necesitan para administrar la región que controlan. Estas armas se utilizan para cometer abusos y violaciones de los derechos humanos cuyas víctimas son los civiles de la zona. Existe un claro vínculo entre las empresas y la guerra; aquéllas contribuyen indirectamente a la dinámica de violencia y a la consiguiente catástrofe humanitaria y de derechos humanos en la zona oriental de la República Democrática del Congo.

Los comerciantes internacionales y las empresas de procesamiento del tantalio de todo el mundo que han comprado la columbotantalita directamente al ejército ruandés y a la UCD-Goma o a sus representantes en la zona son cómplices de los abusos contra los derechos humanos perpetrados por estas fuerzas en la región. Sus acuerdos comerciales han servido para financiar la «guerra dentro de la guerra» en el este de la República Democrática del Congo, que se ha cobrado cientos de miles de vidas de civiles y ha arrastrado a millones de éstos a una catástrofe humanitaria.

Actualmente, la ausencia de un régimen de certificación internacional o de un sistema de análisis químico impide determinar la fuente del mineral de tantalio una vez que sale de las plantas de procesamiento. Sin embargo, corresponde a los numerosos fabricantes de condensadores y a las empresas de los sectores de la electrónica, la aviación, automóviles y otras que utilizan tantalio en sus productos poner término a esta situación. Es probable que estas empresas no supieran dónde ni cómo se extraía su tantalio. Pero los datos estadísticos indican que durante la fase de expansión de la utilización de columbotantalita de 1999 y 2000 (consúltese los datos estadísticos de exportación de columbotantalita que aparecen previamente en este informe) una parte sustancial de sus suministros procedía de zonas en conflicto de la República Democrática del Congo. Estas empresas y sus clientes deberían utilizar su notable influencia para terminar con los abusos contra los derechos civiles, políticos, económicos y sociales relacionados con el comercio de la columbotantalita en el este de la República Democrática del Congo y para evitar su repetición. Como se especifica en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, «tanto los individuos como las instituciones [...] deben esforzarse [...] [por promover] el respeto a estos derechos y libertades, [y asegurar] [...] su reconocimiento y aplicación universales y efectivos [...]». "

8. Robo, extorsión y malos tratos

Aunque los combatientes se han interesado principalmente por la explotación de los recursos de minerales preciosos, ninguna actividad comercial ha escapado a las ansias depredadoras de las distintas fuerzas armadas que actúan en el este de la República Democrática del Congo. Los comerciantes son víctimas de extorsiones periódicas o de homicidios u otros abusos motivados por el deseo de obtener riquezas, como el robo a mano armada. En julio de 2001, el 61 batallón de la UCD-Goma, estacionado en Kamituga y Mungombe, en el territorio de Mwenga, provincia de Kivu Meridional, utilizaba, según informes, dos calabozos en los queretenía a comerciantes o mineros de la columbotantalita y de otros minerales preciosos, quienes eran frecuentemente objeto de torturas para que entregaran dinero o minerales. En la mayoría de los casos, no se tomó ninguna medida para hacer comparecer ante la justicia a los responsables de tales abusos.



















El 25 de agosto de 2001, dos comerciantes de diamantes de Lodja, provincia de Kasai Oriental, Albert Lukombre Kasonga, de 41 años, y Lofofo «Machine» Mbutu, de 40, fueron detenidos en Goma cuando llegaron a la ciudad con un diamante del que se decía que tenía una calidad excepcional. Los pusieron bajo custodia en un centro de detención de la policía de seguridad en Goma. Afirmaron que habían sido interrogados por jefes militares y políticos de la UCD-Goma, incluido el presidente de ésta, Adolphe Onusumba. «Se les había metido en la cabeza que el supuesto diamante valía 180.000 dólares estadounidenses —manifestó Lofofo Mbutu—. Todos querían saber dónde estaba». Lofofo Mbutu, que negó haber poseído nunca el diamante, declaró que permaneció durante tres días con los ojos vendados y los brazos atados a la espalda y fue objeto de brutales palizas. El 12 de noviembre de 2001, los dos hombres fueron puestos en libertad tras la intervención de delegados de Amnistía Internacional que visitaban la zona. Lofofo Mbutu fue detenido de nuevo en diciembre de 2001, acusado de fraude; posteriormente, lo trasladaron desde la cárcel en que estaba detenido al hospital para recibir tratamiento por heridas sufridas mientras se encontraba bajo custodia. El 18 de diciembre su esposa denunció públicamente su detención ante los dirigentes de la UCD-Goma; esa misma noche, representantes de este movimiento visitaron el hospital y exigieron el regreso a prisión de Lofofo Mbutu. Su abogado y un médico insistieron en que su estado de salud no lo permitía. No volvió a ser detenido cuando salió del hospital en enero de 2002.

De acuerdo con los informes, en la región del norte de Kisangani controlada por el MLC, a los mineros dedicados a la extracción de diamantes por métodos artesanales se les exige que realicen trabajos obligatorios ocasionales para los administradores y jefes militares del movimiento. Los informes también indican que el 29 de septiembre de 2001 un soldado del MLC apuñaló en la cabeza al minero de 22 años Eric Bongwa por negarse a trabajar en la mina de Sali-Sama cerca de Banalia.













Miles de civiles han sido objeto de desplazamiento forzoso de sus tierras. El 27 de marzo de 2001, las autoridades de la UCD-Goma concedieron derechos exclusivos a una empresa con sede en Kenia y contactos en Kigali para extraer madera durante 25 años de una explotación de 133.344 hectáreas situada en la localidad de Pinga, que se extendía por los territorios de Walikale y Masisi en la provincia de Kivu Septentrional. Según las condiciones del contrato, la empresa pagaría 35.000 dólares estadounidenses por el derecho de extracción de 43.750 m3 de madera, así como un impuesto anual de 113.344 dólares estadounidenses (un dólar por hectárea). En el contrato se especificaba que la empresa debía velar por que no se practicara ningún cultivo en la explotación, con lo que se privaba de hecho a las poblaciones locales de sus principales medios de subsistencia. A finales de septiembre de 2001, según los informes, varios cientos de soldados ruandeses acordonaron los pueblos de Peti, Bukonde y Katanga y expulsaron a sus habitantes. El 20 de octubre, Samuel Byaniro, de 32 años, enfermero de Walikale, tuvo que huir de su ministerio religioso en Pinga y viajar a pie hasta Goma, invirtiendo una semana en el trayecto. Según informó, había visto casos de enfermedad y de desnutrición extrema entre la población que huía de la región, a la que los soldados ruandeses interrogaban constantemente sobre la presencia de insurgentes armados. El 24 de octubre, soldados ruandeses detuvieron en Kalimbe, al sur de Pinga, a dos hombres desplazados, Simwerayi Bakuluy Barati Bakulu, y los interrogaron sobre sus movimientos. Los dos hombres calcularon que en el momento en que ellos huyeron de la región muchos miles de desplazados habían buscado refugio en Pinga y que cientos de ellos habían muerto de desnutrición o a causa de enfermedades.

Los agentes encargados de hacer cumplir la ley y los miembros de las fuerzas de seguridad con frecuencia complementan sus escasos ingresos —en ocasiones no reciben paga alguna— practicando detenciones arbitrarias y extorsiones en forma de multas, o exigiendo a los familiares de los detenidos pagos para poder visitarlos o proporcionarles comida. En agosto y septiembre de 2001, autoridades de la UCD-Goma apoyadas por soldados ruandeses reclutaron a la fuerza para formar parte de sus fuerzas armadas a unos 120 hombres y 51 menores, de edades comprendidas entre los 15 y los 17 años, en el territorio de Uvira Entre los menores figuraba un grupo de estudiantes de enseñanza secundaria. Estas personas estuvieron detenidas en prisiones, puestos de policía y campamentos militares hasta que las enviaron a los campamentos cercanos a Bukavu y Goma para recibir adiestramiento militar. Según los informes, representantes de la UCD-Goma, incluido el administrador del territorio y un comandante militar del Ejército Patriótico Ruandés, accedieron a dejar en libertad a algunos de ellos a cambio de pago. No obstante, la mayoría de los menores —entre los que figuraban Mbirise Mpira, Bela Kasongo, Ngopa Mabruki yKiza Rudema, todos de 15 años— no disponían del dinero o los bienes precisos para comprar su libertad.

En agosto de 2001, cuatro menores de edades comprendidas entre los 15 y los 17 años —Ibochwa Daudi, Mauridi Tulimani, Ngoma Tulamaniy Floco Bitomwa—fueron detenidos por soldados de la UCD-Goma en Lusenda, territorio de Fizi, provincia de Kivu Meridional. Se los acusó de colaborar con los mayi-mayipero, al parecer, el verdadero motivo de su detención fue la obtención de un rescate. Pasaron varios días bajo custodia hasta que sus padres pagaron un total de 120 dólares estadounidenses para obtener su libertad. El 2 de noviembre de 2001, las autoridades de la fiscalía militar de la UCD-Goma detuvieron en Uvira a un hombre llamado Kasongo Kitogaen lugar de a su hijo adulto que estaba procesado por deudas. Tras la intervención de una organización local de defensa de los derechos humanos, Kasongo Kitoga fue liberado, pero antes tuvo que pagar 10 dólares estadounidenses a los representantes de la UCD-Goma y entregar una parcela de tierra como garantía por las deudas de su hijo.



9. Agresiones a defensores de los derechos humanos

Las fuerzas de la UCD-Goma y de la UCD-ML han acosado y amenazado a las organizaciones y a las personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos que denuncian abusos contra esos derechos, apoyan la desmilitarización y la indemnización a las víctimas de los combates, e informan al mundo exterior de la situación general de los derechos humanos en el este del Congo. Entre las organizaciones que han sido blanco especial de los ataques figuran Grupo Lotus (Groupe Lotus), Justicia y Liberación (Justice et Libération), Amigos de Nelson Mandela (Les Amis de Nelson Mandela), Grupo Lufalanga (Groupe Lufalanga), Justice Plusy Paz sobre la Tierra (Paix sur Terre).

La Unión de Damnificados por la Guerra de Kisangani (Union des victimes de guerre de Kisangani, UVGK), creada para obtener justicia e indemnización para las víctimas del conflicto de junio de 2000, condenó a los representantes de la UCD-Goma por la venta de materiales para techar destinados a las personas cuyas viviendas habían resultado destruidas durante los combates. En abril de 2001, las autoridades de la UCD-Goma suspendieron las actividades del grupo con el pretexto de llevar a cabo acciones «contrarias los principios de la UCD». A principios de enero de 2001, se prohibió durante meses la actuación de otro grupo, Sinergia por la Paz (Synérgie pour la paix), por haber organizado un programa de televisión en el que se exhibió material filmado del conflicto de junio de 2000.

Dirigente religioso azotado

Claude Olenga Sumaili, presidente de la Comisión Católica de Justicia y Paz (Commission Catholique Justice et Paix), fue detenido y torturado el 9 de agosto de 2001. Fue trasladado a la Dirección de Seguridad e Información Département de la Sécurité et Renseignements, DSR) de la UCD-Goma y acusado de apoyar la desmilitarización de Kisangani y de facilitar información a la comunidad internacional. Le azotaron duramente en glúteos y muslos antes de ponerlo en libertad a altas horas de la noche ese mismo día. Adolphe Onusumba, presidente de la UCD-Goma, se encontró posteriormente con la víctima y, según los informes, atribuyo el incidente al «exceso de celo» de un agente de la Dirección. No se tomó ninguna medida contra dicho agente.

Norbert Kisanga, periodista de 47 años que trabajaba para el diario Les Coulisses, fue detenido el 29 de octubre de 2001 en Kisangani y permaneció seis días bajo custodia de la Dirección de Seguridad e Información de la UCD-Goma, durante los cuales fue golpeado. Se le acusaba de haber escrito un artículo en el que denunciaba que el gobernador de Kisangani de la UCD-Goma había autorizado el decomiso y reventa de un «botín de guerra» de productos textiles falsificados confiscados por la organización. Según su artículo, autoridades de las fuerzas armadas ugandesas y ruandesas habían participado en la importación a través de Uganda de artículos falsificados que se vendían a precio inferior que los producidos por una empresa local que era uno de los principales proveedores de empleo de la región.

El 3 de noviembre de 2001, la policía de la UCD-Goma arrestó en Uvira, provincia de Kivu Meridional, al jefe de distrito Matenga. Según los informes, fue azotado con cables eléctricos y sufrió fracturas en un brazo, así como heridas en la parte inferior de la espalda y en las manos. Había denunciado la detención arbitraria de residentes del distrito de Kilibula en Uvira y la extorsión a la que los sometía la policía de la UCD-Goma. Posteriormente fue puesto en libertad.

En la región de Ituri, los defensores de los derechos humanos también han sufrido acoso. Éste es el caso de MeHonoré Musoko, abogado y miembro destacado de Justice Plus, organización de defensa de los derechos humanos con sede en Bunia, quien fue detenido por las fuerzas de la UCD-ML el 3 de septiembre de 2002 en la ciudad de Aru, situada a 260 kilómetros al norte de Bunia. Acababa de volver de Uganda y permaneció bajo custodia durante varios días en el campamento de Monte Hawa de las fuerzas armadas de la UCD-ML, acusado de colaborar con los adversarios de esta organización. Al parecer fue detenido tras haber concedido una entrevista a la emisora Voice of America sobre la situación política y de los derechos humanos en la región de Ituri.



10. Investigaciones internacionales

Varias organizaciones no gubernamentales internacionales han publicado los resultados de sus investigaciones sobre los aspectos económicos de la guerra en la República Democrática del Congo y se han movilizado a favor de las víctimas congoleñas.(42) En junio de 2000, en respuesta a la creciente preocupación internacional sobre la explotación de los recursos congoleños a manos de las facciones combatientes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas nombró un Grupo de Expertos encargado de investigar la explotación de los recursos naturales de la República Democrática del Congo realizada por países extranjeros participantes en el conflicto.(43) El Consejo de Seguridad recomendó que todos los gobiernos a los que se aludiera en el informe llevaran a cabo investigaciones independientes de las acusaciones. Entre los principales países mencionados en los informes figuran Ruanda, Uganda y Bélgica, entre otros. El Grupo de Expertos reveló en sus informes que la presencia del Ejército Patriótico Ruandés está motivada principalmente por la explotación de los recursos, realizada a través de un comercialismo militar bien organizado.

Ruanda ha negado continuamente las acusaciones que la implican en el saqueo de los recursos naturales y otras riquezas de la República Democrática del Congo. Este país manifestó al Consejo de Seguridad que el tercer informe de Grupo de Expertos era partidista, subjetivo y falto de profesionalidad, además de que no aportaba nada nuevo a los informes anteriores. Ruanda también se opuso a la creación del organismo de vigilancia que recomendaba el Grupo de Expertos. El país tampoco ha creado nunca una comisión de investigación nacional e independiente que examinara las acusaciones, haciendo caso omiso de las recomendaciones del Consejo de Seguridad, que, por otra parte, no ha tomado ninguna medida para hacer frente a la negativa de Ruanda a aplicar dichas recomendaciones. Sólo se han abierto investigaciones en Uganda y Bélgica.

En Bélgica, el Senado creó una comisión parlamentaria de investigación sobre la región de los grandes lagos(44) en junio de 2001 a fin de analizar el comercio legítimo e ilegítimo de recursos naturales procedentes de la República Democrática del Congo, prestando especial atención a la participación belga en dicho comercio. A partir de noviembre de 2001, la comisión procedió a entrevistarse con observadores nacionales e internacionales y con las partes afectadas.En una declaración pública del 14 de febrero de 2003, BroederlijkDeleny 11.11.11, dos organizaciones no gubernamentales belgas comprometidas activamente con la cuestión congoleña, expresaron su preocupación y decepción por el resultado de las actuaciones y el trabajo de la comisión: «La esperanza de que Bélgica desempeñara un papel fundamental y preponderante en la campaña contra uno de los elementos clave para la persistencia del conflicto en la República Democrática del Congo parece haberse desvanecido [...]». Está previsto que el informe final se publique próximamente.

10.1 El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas

En los informes del Grupo de Expertos encargado de examinar la explotación ilegal de los recursos naturales y otras riquezas de la República Democrática del Congo se menciona a altos mandos de las fuerzas armadas ugandesas y ruandesas y a altos funcionarios gubernamentales y a sus familias como presuntos implicados en dicha explotación ilegal y en otros abusos. (45)El Grupo de Expertos ha propuesto que se adopten medidas contra los Estados, particulares y empresas más implicados en la explotación, entre las que figuran las prohibiciones de viajar, multas financieras y reducción de ayudas.(46)











En su primer informe de abril de 2001, el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas señala que el gobierno ugandés, altos mandos de su ejército y otros ciudadanos ugandeses han sido responsables de la explotación ilegítima masiva de las riquezas de la República Democrática del Congo, con la participación o complicidad de miembros de la familia del presidente ugandés Yoweri Museveni.(47) Ruanda y Uganda criticaron enérgicamente este informe. El segundo informe, de octubre de 2001, acusaba al gobierno de la República Democrática del Congo de explotación ilegítima y afirmaba que algunos de sus ministros mantenían relaciones activas con empresas que explotaban los recursos de las zonas controladas por los rebeldes.(48) Según el presidente del Grupo de Expertos la explotación ha podido adoptar distintas formas y estilos pero, en definitiva, era ilegítima.El presidente añadió que se ha producido comercio ilegítimo de materiales preciosos como columbotantalita, oro, madera y cobre, entre otros. El tercer informe, que vio la luz el 21 de octubre de 2002, concluyó que a pesar de la retirada de tropas continúa la explotación llevada a cabo por fuerzas extranjeras. Corroboró las acusaciones contra 54 políticos, empresarios y jefes militares, muchos de ellos de origen ugandés o ruandés.

El 24 de enero de 2003, la resolución 1457 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas amplió el mandato del Grupo de Expertos por un periodo de 6 meses.(49)

10.2 Comisión de investigación de Uganda (Comisión Porter)

En mayo de 2001, el gobierno ugandés creó una comisión de investigación judicial dirigida por el juez retirado David Porter (la Comisión Porter) para investigar las acusaciones formuladas contra Uganda por el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas.(50) Según su mandato, esta comisión debía investigar todas las acusaciones relativas a la explotación ilegítima de recursos naturales y cuestiones como el fraude fiscal. El presidente Museveni había rechazado las conclusiones del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, alegando que eran partidistas y acusando de corrupción a los miembros del grupo.(51)

Mientras tanto, en noviembre de 2001, el Ministerio de Asuntos Exteriores ugandés publicó un informe provisional en el que exoneraba al gobierno, al ejército, a miembros de la familia del presidente Museveni y a otras personas de las acusaciones vertidas por el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas. El informe rechazaba el hecho de que el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas definiera como «ilegales» las actividades de Uganda en la República Democrática del Congo. (52) No obstante, la Comisión Porter no se pronunció sobre la legalidad de la entrada de Uganda en la República Democrática del Congo, alegando que el contencioso entre los dos países se encontraba pendiente de resolución ante la Corte Internacional de Justicia. Según los informes, David Porter había declarado que las conclusiones del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas eran «erróneas y sin fundamento».(53) En otra declaración, el Ministerio de Asuntos Exteriores expresaba la inquietud del gobierno ugandés porque el Grupo de Expertos había acusado a «altos mandos militares de seguir manteniendo redes comerciales en la República Democrática del Congo».(54)

Sin embargo, según el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, la Comisión Porter reconoció que uno de los jefes militares acusados, el general de división James Kazini, le había mentido en varias ocasiones. Posteriormente, el general Kazini admitió ante la comisión que había escrito a sus jefes de campo y a los dirigentes de grupos políticos armados de la región este de la República Democrática del Congo, para ordenarles que sólo permitieran las actividades de extracción y comercio de diamantes y columbotantalita autorizadas por él. El rseto de los jefes militares acusados negaron todas las acusaciones del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas.

El mandato de la Comisión Porter se amplió en varias ocasiones; su informe debía presentarse en noviembre de 2002. Tras un considerable retraso, el 31 de enero de 2003, el ministro de Asuntos Internacionales recibió el informe final con las conclusiones de la Comisión para que lo estudiara el presidente Museveni y recibiera su aprobación. El 31 de enero el ministro de Estado de Asuntos Exteriores a cargo de la cooperación internacional, el comandante Tom Butime, prometió que el informe completo saldría a la luz «lo antes posible».(55) El informe se analizó en una reunión del gobierno dirigida por el presidente Museveni.



















A pesar de las promesas de transparencia de Tom Butime, a comienzos de abril de 2003 el informe todavía no había visto la luz. Es más, no se han precisado las medidas que se tomarán contra aquellos de los que se haya establecido que han mentido a la Comisión Porter o que han estado implicados en la explotación ilegítima en la República Democrática del Congo y los abusos contra los derechos humanos que la han acompañado. La comisión no ha efectuado investigaciones profundas en la República Democrática del Congo y su mandato no incluye los abusos contra los derechos humanos cometidos en el contexto de la explotación económica. Jefes militares de alta graduación citados en el informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas siguen en sus puestos o han recibido ascensos: el general James Kazini ha sido nombrado jefe interino del Estado Mayor de las FDPU; el coronel Noble Mayombo sigue al mando de la jefatura de inteligencia militar; el coronel Kahinda Otafirees el actual ministro a cargo de la cooperación regional y el general en la reserva Salim Saleh sigue siendo miembro del Parlamento en representación del ejército.

No se tiene conocimiento de que se haya realizado ninguna investigación contra ninguna autoridad con objeto de iniciar procedimientos disciplinarios o penales. El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, en su tercer informe, citó al magistrado Porter, quien había explicado que «cualquier recomendación que la Comisión pudiera hacer para remitir a una persona a un juicio como consecuencia de sus investigaciones debía ser aprobada por el Ministro de Relaciones Exteriores y por el Presidente Museveni.Entonces, antes de que las autoridades determinaran si había motivos para entablar juicio, debía hacerse una investigación penal».El Grupo de Expertos entendió también que «a pesar de que la Comisión tenía amplias atribuciones para hacer investigaciones, su mandato limitaba el alcance de la investigación de las actividades del personal militar.No estaba facultada para obtener documentos militares del Ministerio de Defensa ni podía comprobar las finanzas de los oficiales».(56)

La lucha contra la impunidad debe ser parte esencial del proceso judicial. Es fundamental que los delitos cometidos en la República Democrática del Congo, especialmente las violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, sean investigados exhaustivamente y con imparcialidad y que la Comisión Porter sea algo más que una mera operación de relaciones públicas para aplacar a la comunidad internacional y permitir que los responsables eludan la justicia. En interés de las víctimas congoleñas que esperan justicia y para conservar su credibilidad, el gobierno de Uganda debe publicar de inmediato el informe de la Comisión Porter. Debe tomar todas las medidas necesarias para aplicar plenamente sus recomendaciones, facilitar y apoyar ulteriores trabajos de la Comisión y hacer comparecer ante la justicia a los presuntos responsables de abusos contra los derechos humanos.

11. Marco jurídico

El este de la República Democrática del Congo es escenario de un conflicto armado internacional y de varios conflictos internos. Durante el conflicto se han violado constantemente los instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los que Ruanda, Uganda y Burundi son Estados Partes. Estas normas establecen el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a torturas. Estos son derechos que no se pueden suspender y que se deben proteger siempre. Los gobiernos no pueden aducir circunstancias extraordinarias de ningún tipo, ni siquiera un estado de guerra o de emergencia, para justificar la violación de estos derechos. Los gobiernos deben respetar estas normas de derechos humanos tanto en tiempo de guerra como de paz. La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en la que también los tres países son Estados Partes, consagra igualmente estos derechos —así como los derechos económicos, sociales y culturales— y no permite a los Estados retraerse del cumplimiento de las obligaciones que han contraído ni siquiera durante los estados de emergencia.

Además, en el artículo común 3 a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, en los que estos Estados son Parte, se establecen las normas mínimas humanitarias aplicables en los conflictos armados internos, que son aplicables a todos los gobiernos y grupos de oposición. El artículo común 3 a los Convenios de Ginebra hace extensiva la protección a las «personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa [...]».

El artículo común 3 también exige que «en todas las circunstancias», tales personas han de ser «tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo». Asimismo, prohíbe «en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;b) la toma de rehenes;c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados». Amnistía Internacional, de conformidad con su oposición a la pena de muerte en cualquiera de sus formas, se opone a las ejecuciones en todas las circunstancias, tanto si las llevan a cabo gobiernos como grupos armados.

El comentario oficial del Comité Internacional de la Cruz Roja al artículo 3 común hace referencia a los criterios para distinguir «un verdadero conflicto armado», tales como el grado de organización de la parte sublevada y su control de la población. Pero también estipula que no es necesario que se cumplan los criterios para que el artículo común 3 sea aplicable a una situación. En consecuencia, todas las fuerzas gubernamentales y grupos de oposición deben respetar en cualquier circunstancia las normas mínimas de conducta humanitaria reflejadas en dicho artículo, con independencia del nivel del conflicto y de los enfrentamientos armados. No obstante, Amnistía Internacional espera que todos los combatientes respeten escrupulosamente las normas más elevadas del derecho internacional humanitarios relativas a la protección de civiles y que apliquen las reglas específicas de conducta durante las hostilidades (codificadas en el Protocolo Adicional I a los cuatro Convenios de Ginebra) en todas las situaciones de conflicto armado.

El Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra se aplicará a todos los conflictos armados que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante: «[...] entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo». Los asesinatos, la toma de rehenes y la tortura también quedan prohibidos en virtud del artículo 4 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra. En su comentario oficial sobre el artículo común 3, el CICR manifiesta claramente que el derecho humanitario internacional es aplicable aun cuando una de las partes no respete la aplicación de sus reglas. En el comentario se afirma que cada una de las partes está obligada a aplicar el artículo 3 por el simple hecho de la existencia de esa parte y de la existencia de un conflicto armado. «La obligación para cada una de las partes es incondicional. Fue a propósito que se omitió la cláusula de reciprocidad.»

El cuarto Convenio de Ginebra gobierna la protección de la población civil en tiempo de guerra En el artículo 146 se impone a la Altas Partes Contratantes la obligación de determinar las debidas sanciones penales que se han de imponer a la personas que hayan cometido u ordenado cometer «infracciones graves» del Convenio. En el artículo 147 se indica que constituyen tales infracciones «el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, la deportación o el traslado ilegal, la detención ilegal, el hecho de forzar a una persona protegida a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga, o el hecho de privarla de su derecho a ser juzgada legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente Convenio, la toma de rehenes, la destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y arbitrario». El artículo 146 dispone además: «Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad». De no hacerlo, deberá entregar a tales sospechosos para que sean juzgados por otra Parte Contratante interesada, si ésta posee suficientes indicios para abrir juicio.

El artículo 51 del cuarto Convenio de Ginebra, que todos los combatientes tienen la obligación de respetar, prohíbe la imposición de trabajo forzoso a civiles, con la excepción de ciertas tareas como «trabajos que requieran las necesidades del ejército de ocupación o los servicios de interés público, la alimentación, el alojamiento, la vestimenta, el transporte o la salud de la población del país ocupado». La utilización de trabajadores civiles forzosos de menos de 18 años está prohibida en todas las circunstancias. Según esta disposición, no se podrá obligar a que las personas protegidas realicen trabajos que las hagan tomar parte en las operaciones militares. Tampoco se podrá obligar a las personas protegidas a garantizar por la fuerza la seguridad de las instalaciones donde lleven a cabo un trabajo impuesto. Este artículo dispone también que «[c]ada persona a quien se haya impuesto un trabajo seguirá residiendo, en la medida de lo posible, en el lugar de su trabajo habitual.El trabajo deberá ser equitativamente remunerado y proporcionado a las capacidades físicas e intelectuales de los trabajadores.Será aplicable, a las personas protegidas sometidas a los trabajos de los que se trata en el presente artículo, la legislación vigente en el país ocupado por lo que atañe a las condiciones de trabajo y a las medidas de protección, especialmente en cuanto al salario, a la duración del trabajo, al equipo, a la formación previa y a las indemnizaciones por accidentes de trabajo y por enfermedades profesionales».

Además, el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo forzoso apunta a suprimir, lo más pronto posible, el empleo del trabajo forzoso en todas sus formas. En el artículo 2.1 se define el trabajo «forzoso u obligatorio» como «todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente» Las prácticas explotadoras del trabajo infantil también se abordan específicamente en el Convenio de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil (Convenio 182) de 1999. El Convenio es aplicable a todas las personas menores de 18 años y pide «medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia».(57)

En muchas de las situaciones descritas en este informe, Ruanda, Uganda y Burundi claramente no han respetado las disposiciones de los convenios de la OIT, en especial el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil y el Convenio 29 sobre el trabajo forzoso, que han ratificado.

Ruanda, Uganda y Burundi también son Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que garantiza derechos tales como el derecho a la alimentación, a la educación, a la salud y al agua. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el órgano encargado de vigilar que los Estados Partes cumplan lo estipulado en el Pacto, considera que estos derechos no se pueden suspender. Los Estados Partes tienen la obligación fundamental de velar por la satisfacción, por lo menos, de los niveles mínimos esenciales de cada uno de los derechos enumerados en el Pacto. Como señala el Comité, sin esta obligación fundamental el Pacto estaría privado de gran parte de su razón de ser. El Comité ha manifestado que las obligaciones fundamentales no se pueden suspender y continúan existiendo en situaciones de conflicto, emergencia y de catástrofe natural.

La UCD-Goma, la UCD-ML, la UCD-N, el MLC y la UPC son grupos políticos armados que son partes del conflicto. Su nivel de organización política y administrativa les permite ejercer suficiente grado de control en sus esferas de influencia respectivas. Nombran gabinetes encargados de administrar los territorios que controlan, de llevar a cabo actividades políticas y económicas, y de exigir y recaudar impuestos y otras contribuciones. Durante los más de cuatro años de conflicto armado, han ingresado cientos de miles de dólares estadounidenses procedentes de los territorios bajo su control, pero no han invertido una proporción importante de estos ingresos en el bienestar de la población. Los grupos políticos armados previamente citados tienen la responsabilidad de actuar en el marco establecido de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario y deben utilizar los ingresos oficiales para hacer realidad progresivamente los derechos sociales y económicos de la población.



12. Conclusión

La población de la zona oriental de la República Democrática del Congo ha sido, y sigue siendo, víctima de homicidios y tortura a manos de fuerzas extranjeras y sus aliados; mientras tanto, dichas fuerzas siguen explotando los recursos naturales del país. Miles de civiles de la región padecen hambre y no pueden acceder a la asistencia humanitaria a causa del conflicto, la represión sistemática y el saqueo. En gran parte del este de la República Democrática del Congo, las actividades de los grupos políticos armados y de otros grupos armados insurgentes con frecuencia tienen carácter de extorsión y las autoridades utilizan los ingresos para mantener el conflicto militar.

Los gobiernos de Ruanda y Uganda y los grupos políticos armados deben tomar medidas inmediatas para poner fin a los abusos contra los derechos humanos cometidos por sus fuerzas. Tienen la obligación de velar por la protección de los civiles que no participen directamente en las hostilidades. Los grupos políticos armados tienen algunas de estas obligaciones con arreglo al derecho internacional humanitario. Todas las partes del conflicto deben respetar las estipulaciones del acuerdo de alto el fuego de Lusaka, reafirmado en los acuerdos de Luanda y Pretoria firmados entre el gobierno de la República Democrática del Congo y los gobiernos de Uganda y Ruanda, respectivamente, que exige a todas las partes, entre otras cosas, la protección de los derechos humanos y el cese de todos los actos de violencia contra las poblaciones civiles, tales como ejecuciones sumarias, tortura, hostigamiento, detención, ejecuciones a causa de la identidad étnica, incitación al odio racial y violencia sexual.

Constituye una necesidad urgente que todas las empresas que tienen intereses comerciales en la región y, lo que es más importante, que obtienen beneficios, asuman su responsabilidad social empresarial y su obligación legal de rendir cuentas. «Las empresas actúan en una zona de incertidumbre a escala internacional, en la que las reglas son imprecisas y el control difícil.Podría decirse que tienen la posibilidad de actuar a su antojo y con impunidad, o pueden optar por no conducirse como debieran, ya que no están sujetas a ninguna obligación jurídica precisa».(58) Las empresas que actúan en la República Democrática del Congo deben tomar medidas para cerciorarse de que sus operaciones son transparentes y que no violan con su conducta los derechos humanos de sus empleados o de las comunidades en las que desarrollan sus actividades. Sus prácticas comerciales deben ser transparentes y justas, y sus aportaciones a los gobiernos o grupos armados que controlan el territorio en el que realizan sus operaciones no deben facilitar el flujo de recursos ni el apoyo logístico, financiero o militar que permita a estos grupos armados cometer abusos contra los derechos humanos. Las empresas no sólo deben salvaguardar los intereses de los empleados, socios comerciales y proveedores, sino que deben esforzarse por proteger también los intereses de las comunidades en las que actúan.

El sector del tantalio, por ejemplo, con la colaboración de otros sectores que dependen de este mineral, como la industria electrónica, debe adoptar medidas para aumentar la rendición de cuentas por sus actividades y proteger los derechos humanos de los mineros y otros civiles cuyo sustento depende del comercio de la columbotantalita. Son numerosos los organismos industriales y las empresas individuales que ya han sentido esta presión.(59) Algunas empresas han hecho declaraciones en las que rechazaban las conclusiones del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas que las vinculaban con la explotación ilegal en la República Democrática del Congo.

Las declaraciones de buena voluntad representan un paso importante de las empresas, pero para encarar el efecto que pueden tener sus negocios en los derechos y el bienestar de la población común, es necesario habilitar mecanismos jurídicos que vayan más allá del compromiso con la acción voluntaria.(60)

En conclusión, sólo una voluntad política sumamente firme, auténtica e inequívoca por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y una acción internacional concertada compuesta de una combinación de medidas, entre las que figuren fórmulas de responsabilidad social, permitirá poner término a la crisis humanitaria y de derechos humanos de la zona oriental de la República Democrática del Congo. El combate contra la impunidad y la exigencia de rendición de cuentas son inexcusables para conseguir que la comunidad internacional haga justicia al pueblo congoleño.

13. Recomendaciones

13.1 Recomendaciones a los gobiernos de Ruanda, Uganda y Burundi

Poner término a las violaciones de los derechos humanos perpetradas por sus fuerzas armadas en la zona oriental de la República Democrática del Congo:

· Respetando las estipulaciones del acuerdo de alto el fuego de Lusaka, reafirmado en los acuerdos de Luanda y Pretoria firmados entre el gobierno de la República Democrática del Congo y los gobiernos de Uganda y Ruanda, respectivamente, que exige a todas las partes, entre otras cosas, la protección de los derechos humanos y el cese de todos los actos de violencia contra las poblaciones civiles, tales como ejecuciones sumarias, tortura, hostigamiento, detención, ejecuciones a causa de la identidad étnica, incitación al odio racial y violencia sexual.

· Reconociendo y condenando públicamente las violaciones de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, cometidas por sus fuerzas armadas en la zona oriental de la República Democrática del Congo.

· Cooperando con las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos en el este de la República Democrática del Congo y velando por que cualquiera de los miembros de sus fuerzas, funcionarios, ciudadanos u otros individuos que se encuentre en su territorio y sea presuntamente responsables de dichos abusos comparezca ante la justicia con las garantías procesales que establecen las normas internacionales.

· Estableciendo comisiones de investigación independientes, competentes e imparciales que dispongan de las facultades y recursos apropiados para investigar las violaciones de derechos humanos perpetradas por sus funcionarios o miembros de sus fuerzas. Los objetivos de la investigación serán los siguientes:

o garantizar que los presuntos criminales son juzgados sin demora y con las garantías procesales establecidas en las normas internacionales;

o determinar y garantizar el pago de la correspondiente indemnización a las víctimas o a sus familiares;

o luchar contra el problema de la corrupción, por contribuir ésta a los abusos contra los derechos humanos, y garantizar que se suspende de sus funciones, con efecto inmediato, a los funcionarios sospechosos de corrupción, en espera del resultado de la investigación criminal;

· Ayudando y compensando a las víctimas directamente afectadas por el uso indiscriminado de la fuerza por parte de sus fuerzas armadas en Kisangani en junio de 2000 o a sus familias, tal como exige la Resolución 1304 de las Naciones Unidas.

· Estableciendo los mecanismos adecuados para garantizar que se investigan y documentan debidaamente todos los incidentes con tiroteos protagonizados por miembros de sus fuerzas armadas contra civiles producidos en Ituri, Kisangani, Punia y otros lugares con el objetivo de disponer remedios adecuados de índole disciplinaria o judicial;

Fomentar la rendición de cuentas y la transparencia:

· Haciendo públicas y revisando las condiciones de los compromisos expresados por los gobiernos de Ruanda y Uganda durante el Diálogo Intercongoleño celebrado en Sun City, Sudáfrica, en marzo y abril de 2002, y confirmado en el nuevo «acuerdo general de poder compartido» firmado el 17 de diciembre de 2002 para hacer respetar los derechos humanos en la zona oriental de la República Democrática del Congo.

· Revisando todos los contratos comerciales firmados desde el inicio del conflicto para determinar su validez, de acuerdo con los compromisos adquiridos durante las conversaciones de paz de Sun City por las fuerzas extranjeras que controlan zonas del este de la Repúblicaa Democrática del Congo. El principio básico que sustente esta revisión debería ser que los contratos comerciales que afecten a los recursos nacionales han de negociarse de forma transparente y justa, a fin de que el gobierno cumpla con su obligación de hacer realidad progresivamente los derechos sociales y económicos de la población y no prive a ésta de los beneficios que se obtienen de los recursos naturales del país.(61)

· Garantizando que todos los contratos comerciales que afecten a los recursos nacionales de la Repúblicaa Democrática del Congo se negocian de forma transparente y de acuerdo con los principios internacionalmente reconocidos de oferta y licitación, con el objeto de asegurar que el pueblo congoleño obtenga el máximo beneficio de dichos contratos, con inclusión de condiciones para el fomento del desarrollo social y económico general del país.

13.2 Recomendaciones a los grupos políticos armados que actúan en la zona oriental de la República Democrática del Congo:

· Reconocer públicamente y condenar los homicidios ilegítimos y otros abusos graves contra los derechos humanos perpetrados por sus fuerzas en el este de la República Democrática del Congo.

· Cooperar con cualquier investigación que se lleve a cabo sobre homicidios ilegítimos y otros abusos graves contra los derechos humanos en el este de la República Democrática del Congo presuntamente cometidos por sus fuerzas y velar por que cualquier miembro de sus fuerzas que sea presuntamente responsable de dichos abusos sea entregado a las autoridades competentes para que comparezca ante la justicia con las garantías procesales que establecen las normas internacionales.

· Cooperar plenamente con todo mecanismo de transición o posterior a la transición para hacer comparecer ante la justicia a todas las fuerzas presuntamente responsables de abusos contra los derechos humanos, así como tomar medidas legítimas para garantizar que dicho mecanismo imparte justicia al pueblo congoleño.

· En tanto dure el conflicto, respetar los Convenios de Ginebra, en especial el artículo común 3, que establece las disposiciones mínimas relativas a la protección de civiles y de todas las «personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa» que, «en todas las circunstancias», han de ser «tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo».

· Haciendo públicas y revisando las condiciones de los compromisos expresados por los grupos políticos armados durante el Diálogo Intercongoleño celebrado en Sun City, Sudáfrica, en marzo y abril de 2002, y confirmado en el nuevo «acuerdo general de poder compartido» firmado el 17 de diciembre de 2002 para hacer respetar los derechos humanos en la zona oriental de la República Democrática del Congo.

· Revisando todos los contratos comerciales firmados desde el inicio del conflicto para determinar su validez, de acuerdo con los compromisos adquiridos durante las conversaciones de paz por las fuerzas extranjeras que controlan zonas del este de la RDC. El principio básico que sustente esta revisión debería ser que los contratos comerciales que afecten a los recursos nacionales han de negociarse de forma transparente, a fin de contribuir a hacer realidad progresivamente los derechos sociales y económicos de la población y no a privarlos de los beneficios obtenidos de los recursos naturales del país.

13.3 Recomendaciones a las empresas con intereses en la zona oriental de la República Democrática del Congo

· Reconocer públicamente y condenar los homicidios ilegítimos y otros abusos graves contra los derechos humanos perpetrados en el este de la República Democrática del Congo.

· Garantizar que la participación de la empresa en la extracción minera y otras actividades de explotación y procesamiento de recursos en la zona oriental de la República Democrática del Congo se ajusta a sus obligaciones de promover y respetar los derechos humanos dentro de su esfera de influencia, en virtud del derecho internacional.(62)

· Cooperar plenamente con cualquier comisión de investigación creada para esclarecer los abusos contra los derechos humanos y la corrupción en la zona oriental de la República Democrática del Congo;

· Formular y aplicar un código de conducta basado en los principios de las normas internacionales de derechos humanos;

· Promover y entablar un diálogo constructivo con la sociedad civil congoleña, incluidas las organizaciones de defensa de los derechos humanos, y consultar a la sociedad civil con libertad, equidad e imparcialidad sobre las decisiones que afecten a sus vidas. Publicar periódicamente informes que hayan sido objeto de verificaciones independientes sobre el efecto de las actividades de la empresa sobre los derechos humanos.

· Adoptar medidas para garantizar que los minerales, madera y otros productos comerciales procedentes de la zona oriental de la República Democrática del Congo que acceden al mercado internacional se han obtenido sin contribuir a la comisión de abusos contra los derechos humanos:

o garantizando que todos los contratos comerciales que afecten a los recursos nacionales de la República Democrática del Congo se negocian de forma transparente y de acuerdo con los principios internacionalmente reconocidos de oferta y licitación, y se hacen públicas sus condiciones;

o haciendo públicas las condiciones de todos los contratos firmados desde el inicio del segundo conflicto de la República Democrática del Congo en 1998;

o utilizando la influencia de la empresa para defender los derechos humanos en el país.

· Garantizar que en las actividades de la empresa no se emplea trabajo forzoso u otras prácticas similares ni formas peligrosas de explotación del trabajo infantil, conforme a las disposiciones de los Convenios 29 y182 de la Organización Internacional del Trabajo. En los ámbitos de actividad en que prevalecen estas prácticas, las empresas deben velar por no aprovecharse de ellas y rechazarlas públicamente.

A las empresas mundiales del sector del tantalio:

· Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el comercio internacional del mineral de tantalio. Los organismos profesionales, tales como el Centro Internacional de Estudios sobre el Tantalio y el Niobio, desempeñan una función crucial a la hora de organizar y apoyar estas mejoras, así como el sector de la electrónica y otras empresas que utilizan activamente tantalio, que deben apoyar estas medidas.

· Utilizar su influencia comercial y pública para instar a los gobiernos de todo el mundo a que detengan los abusos contra los derechos humanos en la zona oriental de la República Democrática del Congo y hagan comparecer a los autores ante la justicia.

13.4 Recomendaciones a los organismos regionales y a la comunidad internacional

Estas recomendaciones están dirigidas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la comunidad de donantes, la Unión Africana y las instituciones financieras internacionales y regionales correspondientes:

· Condenar públicamente los homicidios masivos de civiles y otros abusos graves contra los derechos humanos cometidos en la zona oriental de la República Democrática del Congo, y exigir a los gobiernos de Ruanda, Burundi y Uganda que tomen todas las medidas necesarios para poner término a tales abusos y hacer comparecer a los responsables ante la justicia, con arreglo a sus compromisos en virtud del derecho internacional;

· Adiestrar a una fuerza de policía civil encargada de velar por la seguridad de las poblaciones locales, así como aplicar plenamente el mandato de la MONUC en la República Democrática del Congo y adoptar las medidas necesarias, incluida la desmilitarización de la provincia de Ituri y un aumento del despliegue de tropas de la MONUC en ella y en cualquier otro lugar que sea preciso, que permitan garantizar la seguridad de las poblaciones civiles.

· Fomentar una revisión profunda del mandato de la MONUC y adaptarlo a la naturaleza rápidamente cambiante del conflicto de la República Democrática del Congo. Debe pasar de realizar meras funciones de vigilancia del alto el fuego a cobrar mayor protagonismo en la protección de los civiles en las zonas de la región desgarradas por la violencia.

· Facilitar el funcionamiento efectivo de la comisión mixta de pacificación de Ituri a fin de que pueda promover realmente el diálogo entre comunidades tan necesario en dicha provincia.

· Establecer una comisión internacional de investigación encargada de investigar las denuncias de abusos contra los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales ligados a la explotación económica, en la zona oriental de la República Democrática del Congo desde agosto de 1998; la comisión debe disponer de los recursos suficientes y de la capacidad necesaria para obligar a los testigos a comparecer ante ella, así como de autoridad para recomendar las acciones judiciales y de otro tipo que haya que emprender contra los responsables que haya identificado, a fin de evitar abusos futuros.

· Fomentar y apoyar los mecanismos nacionales y regionales que permitan hacer comparecer ante la justicia a los presuntos autores de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el este de la RDC, incluidos los dirigentes políticos y militares que han ordenado, instigado y consentido estos actos.

· Seguir ejerciendo presión sobre los gobiernos de Uganda y Ruanda para que ayuden y compensen a las víctimas directamente afectadas por el uso indiscriminado de la fuerza por parte de sus fuerzas armadas en Kisangani en junio de 2000 o a sus familias, tal como exige la Resolución 1304 de las Naciones Unidas, así como garantizar la futura protección de civiles y defensores de los derechos humanos en Kisangani y en toda la zona oriental de la República Democrática del Congo.

· Promover y crear un mecanismo internacional eficaz de vigilancia del historial de derechos humanos de todos los agentes —empresas, gobiernos y particulares— que participan en el comercio internacional de recursos naturales de las regiones orientales de la República Democrática del Congo.

· Adoptar medidas para fomentar la transparencia y garantizar que los minerales procedentes de la zona oriental de la Repúblicaa Democrática del Congo que acceden al mercado internacional se han obtenido sin contribuir a la comisión de abusos contra los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, con el objeto de asegurar que el pueblo congoleño obtenga el máximo beneficio de dichos contratos, con inclusión de condiciones para el fomento del desarrollo social y económico general del país. Estas medidas deben consistir en:

o exigir que todos los contratos comerciales que afecten a los recursos nacionales de la República Democrática del Congo se negocien de acuerdo con los principios internacionalmente reconocidos de oferta y licitación, y se hagan públicas sus condiciones;

o revisar y hacer públicas las condiciones de todos los contratos firmados desde el inicio del conflicto de la República Democrática del Congo en 1998;

o poner en marcha un proceso universal obligatorio de regulación gubernamental que garantice la conformidad;

o alentar al gobierno de la República Democrática del Congo a actuar de conformidad con el Proceso de Kimberley y presionar al resto de los países de tránsito de diamantes de la región para que se adhieran a dicho proceso;(63)

o recomendar la adopción de medidas de certificación similares para otros recursos que contribuyen a avivar la guerra en la República Democrática del Congo, como madera, oro y columbotantalita.

· Apoyar con firmeza y financiar un plan de desarrollo integrado de la República Democrática del Congo para la etapa posterior al conflicto destinado a promover el Estado de derecho y una transición política estable.







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(1) «Je suis convaincu maintenant […] que la vie des congolais ne signifie plus rien à personne. Ni à ceux qui nous tuent comme des mouches, ni à nos frères qui les aident à nous tuer, ni à ce que vous appelez la communauté internationale […]. Même Dieu lui même n’écoute plus nos prières et nous abandonne […].»



(2) «Ne nous voilons pas la face : il n’y a que deux acteurs principaux dans la region sous contrôle de la rebellion. Il y a d’une côté l’Ouganda et son armée l’UPDF. Et de l’autre, il y a le Rwanda avec l’APR. Les autres que vous appelez rebelles ne sont que des valets locaux au service de Kigali et de Kampala […]. Et puisqu’ils trouvent leur compte aussi dedans ils s’y accrochent et nous autres pauvres nous pouvons mourir […].»



(3) El término «zona oriental de la República Democrática del Congo» se utiliza en este documento para referirse a las zonas controladas por grupos políticos armados y fuerzas extranjeras, y comprende la provincia Oriental, las provincias de Kivu Septentrional, Kivu Meridional y Maniema, parte de la provincia de Katanga y una gran parte de la provincia de Equateur.



(4) Sitio web de African Refugee Survey. <www.ars.org>.



(5) En el glosario se facilita información sobre los grupos insurgentes ruandeses y ugandeses.



(6) República Democrática del Congo: Un gran negocio que cobra vidas. El comercio de diamantes en las zonas de la RDC que controla el gobierno, Amnistía Internacional, octubre de 2002 (Índice AI: AFR 62/017/2002/s).



(7) Informe del Grupo de Expertos encargado de examinar la cuestión de la explotación ilegal de los recursos naturales y otras riquezas de la República Democrática del Congo, octubre de 2002 (S/2002/1146).



(8) A finales de 2002, la UPC disolvió su alianza con las FDPU para aproximarse a la UCD-Goma. Ello hace temer que puedan producirse nuevos combates entre Uganda y Ruanda en Ituri, como ya sucedió en las inmediaciones de Kisangani en 2000.



(9) Puede encontrarse más información sobre la crisis de Ituri en el informe de Amnistía Internacional titulado República Democrática del Congo: Al borde del abismo. El agravamiento de la crisis humanitaria y de derechos humanos de Ituri, marzo de 2003 (Índice AI: AFR 62/006/2003/s).



(10) Ahora denominada Unión Africana.



(11) En agosto de 1998, Ruanda, Uganda y Burundi invadieron la República Democrática del Congo con el fin de derrocar al gobierno de Laurent-Désiré Kabila, al que acusaban de apoyar y cobijar a los opositores armados que actuaban desde su país. El gobierno congoleño recibió el apoyo de Zimbabue, Angola, Namibia y, durante cierto tiempo, de Chad. A la guerra que comenzó en 1998 se la denomina a menudo «segunda guerra», para diferenciarla de la que tuvo lugar en 1996 y que llevó al poder a Laurent-Désiré Kabila, al que entonces apoyaban Ruanda y Uganda. Esta segunda guerra pronto llegó a un punto muerto.



(12) Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo.



(13) Servicio de información pública de la MONUC.



(14) El 17 de diciembre de 2002, todas las partes implicadas en el conflicto, es decir, todos los grupos políticos armados, el gobierno, los partidos de la oposición política no armada y la sociedad civil, firmaron un nuevo acuerdo en Pretoria, Sudáfrica. Éste ha permitido abrir un cauce para establecer un sistema global de reparto de poder para un periodo de transición de dos años. En virtud de este acuerdo, denominado «fórmula 1+4», Joseph Kabila sigue siendo presidente de la República Democrática del Congo, asistido por cuatro vicepresidentes. Todas las partes firmaron el acuerdo global de transición, con inclusión de la Constitución, durante una sesión plenaria celebrada en Sudáfrica el 1 de abril de 2003.



(15) El seis de marzo de 2003, las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda derrotaron a las fuerzas de la UPC de Thomas Lubanga y reconquistaron plenamente la ciudad de Bunia. Las FDPU anunciaron oficialmente el despliegue de más tropas en la República Democrática del Congo.



(16) Para obtener más información sobre los abusos cometidos, consúltese, por ejemplo, El fantasma del rey Leopoldo, de Adam Hochschild, Península, 2002 (King Leopold’s Ghost, MacMillan, 1999).



(17) En 1994, más de un millón de hutus, algunos de ellos pertenecientes a la milicia interahamwe y a las antiguas fuerzas gubernamentales ruandesas que habían participado en la matanza de alrededor de un millón de tutsis y de oponentes a las autoridades hutus de Ruanda, huyeron cuando fue derrocado el gobierno ruandés de mayoría hutu. Hutus armados atacaron a los tutsis y a otras comunidades étnicas de Zaire y lanzaron ataques armados contra Ruanda.



(18) Département de la sécurité extérieure.



(19) «Qui avait permis de mener des opérations au Congo».



(20) Los informes segundo y tercero del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas han confirmado ese análisis y han revelado un nuevo sistema de pillaje al que denominan «redes de poder», que están sólidamente estructuradas tanto en la parte ugandesa como en la ruandesa.



(21) En su declaración ante la comisión parlamentaria belga de investigación sobre la región de los Grandes Lagos, Deus Kagiraneza manifestó que Ruanda permitía la presencia de fuerzas insurgentes mayi-mayi y hutus ruandesas en la provincia de Kivu Septentrional para poder comprarles columbotantalita a buen precio o apoderarse de ella mediante operaciones militares. Añadió que, si hubiera querido, el ejército ruandés podría haber expulsado de la región a estos grupos en menos de un mes.



(22) Shabunda cayó en poder de las fuerzas mayi-mayi a finales de septiembre de 2002.



(23) Consúltese el documento The war within the war: Sexual violence against women and girls in Eastern Congo, Human Rights Watch, junio de 2002.



(24) Sólo en la provincia de Kivu Septentrional, los ingresos recaudados por la UCD-Goma en los cinco puestos aduaneros de Bukavu, Kalundu, Kiliba, Kavimvira y Kamayola entre enero de 2000 y octubre de 2001 ascendieron a más de 12 millones de dólares, lo que arroja un promedio mensual de más de medio millón de dólares.



(25) Un empresario de Butembo.



(26) Mensualmente se recaudaron más de 4 millones de dólares en los puestos aduaneros de Bunia, Mahagi, Aru y Beni frente a los 2 millones mensuales que recaudaba la UCD-ML mientras seguía controlando toda la provincia de Ituri.



(27) Entrevista de Amnistía Internacional con una mujer residente en Goma, en marzo de 2002. Perdió a dos de sus hijos y también sufrió la erupción volcánica de enero de 2002 que destruyó gran parte de la ciudad.



(28) Entrevista de Amnistía Internacional, en agosto de 2002, con un jefe tradicional de la comunidad nande que tomaba parte en la reunión de reconciliación de los jefes tradicionales hemas y lendus patrocinada por Uganda.



(29) Colette Braeckman, L’enjeu congolais: l’Afrique Centrale après Mobutu, p. 162.



(30) Entrevista de Amnistía Internacional con un dirigente de la UCD-ML que tuvo lugar en Kampala en septiembre de 2002.



(31) La misma empresa de transporte aéreo ha estado implicada en el transporte de columbotantalita a Ruanda.



(32) Para obtener información más detallada sobre esta cuestión, consúltese el informe Democratic Republic of Congo. War crimes in Kisangani: the response of Rwandan backed rebels to the May 2002 mutiny, Human Rights Watch, agosto de 2002.



(33) Ídem.



(34) Informe del Grupo de Expertos encargado de examinar la cuestión de la explotación ilegal de los recursos naturales y otras formas de riqueza de la República Democrática del Congo, abril de 2001 (S/2001/357).



(35) En la mayoría de los casos, las FDPU han apoyado y armado a las milicias hemas.



(36) La columbotantalita (también denominada coltán) se compone de dos metales preciosos, el niobio, también conocido como columbio, y el tantalio. El tantalio se utiliza principalmente en la industria electrónica y sirve sobre todo para la fabricación de condensadores en los aparatos electrónicos como los teléfonos móviles, los ordenadores portátiles y personales, consolas de juegos, buscapersonas, cámaras digitales y videocámaras. El tantalio también se utiliza en la fabricación de aviones.



(37) Cifras ofrecidas por el Departamento de Tierras, Minas y Energía de la UCD-Goma en marzo de 2001, y publicadas por el International Peace Information Service, en Central Africa Minerals and Arms Research Bulletin, 14 de junio de 2001.



(38) Datos de un sacerdote jesuita residente en Bukavu bien relacionado con la red de comercio de columbotantalita.



(39) En febrero de 2001, un alto mando de la UCD-Goma escribió a una serie de empresas de comercialización con agencias en Punia quejándose de que se exportaban 46 toneladas de columbotantalita mensuales directamente desde Punia, eludiendo el monopolio de la SOMIGL y el pago de derechos de exportación a la UCD-Goma. Las pérdidas de la UCD-Goma por este concepto se calcularon en 460.000 dólares mensuales. En una carta anterior intercambiada entre autoridades de la UCD-Goma, fechada el 23 de diciembre de 2000, se compara la cantidad de columbotantalita enviada desde Punia a la SOMIGL (7,7 toneladas) con la cantidad exportada directamente por «los aliados» desde Punia a Ruanda (43,3 toneladas) entre enero y noviembre de 2000.



(40) El término «aliados» es un eufemismo utilizado para referirse al ejército ruandés en las zonas de la República Democrática del Congo controladas por Ruanda. La UCD-ML, el MLC y la UCD-N también utilizan esta expresión para referirse a las fuerzas armadas o al gobierno ugandeses.



(41) Supporting the war economy in the DRC: European companies and the coltan trade, International Peace Information Service, enero de 2002.



(42) Pole Institute, Herederos de la Justicia, Centro de Estudios y Desarrollo (Bureau d’Etude et de Développement), Amnistía Internacional, Human Rights Watch, International Crisis Group, International Peace Information Service, Movimiento de Redes para la Justicia y el Desarrollo, Oxfam, Asociación África-Canadá y otras asociaciones nacionales e internacionales.



(43) Mediante una solicitud del Consejo de Seguridad al secretario general de las Naciones Unidas del 2 de junio de 2002 (SPRST/2000/20).



(44) Desde noviembre de 2001 a enero de 2003, la comisión celebró más de 71 sesiones, la mitad de ellas a puerta cerrada. Para obtener más información sobre el trabajo de la comisión, consulten el sitio web del senado belga: <www.senate.be>.



(45) Para obtener información profunda y detallada sobre los particulares acusados o nombrados en relación con la explotación económica, consulten el Anexo II del tercer informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, oetubre de 2002 (S/2002/1146).



(46) Informe del Grupo de Expertos encargado de examinar la cuestión de la explotación ilegal de los recursos naturales y otras riquezas de la República Democrática del Congo, octubre de 2002 (S/2002/1146).



(47) Informe del Grupo de Expertos encargado de examinar la cuestión de la explotación ilegal de los recursos naturales y otras formas de riqueza de la República Democrática del Congo, abril de 2001 (S/2001/357), párrafo 29.



(48) Informedel Grupo de Expertos encargado de examinar la cuestión de la explotación ilegal de los recursos naturales y otras formas de riqueza de la República Democrática del Congo, octubre de 2001



(49) El Consejo de Seguridad pidió al Grupo de Expertos que recomendara las medidas que habrían de tomarse para que los recursos naturales de la República Democrática del Congo se explotaran legalmente y sobre bases comerciales justas, en beneficio de su población. También le pidió que revisara y analizara la información reunida anteriormente, con el fin de verificar, corroborar y actualizar las conclusiones del Grupo, o exonerar a las partes mencionadas en sus informes anteriores, con vistas a introducir los ajustes correspondientes en las listas de los participantes en actividades ilegítimas. El Grupo de Expertos también habría de incluir información sobre las medidas adoptadas por los gobiernos para atender a sus recomendaciones anteriores.



(50) Comisión de investigación (acusación de explotación ilegal de los recursos naturales y otras formas de riqueza de la República Democrática del Congo), 2001.



(51) Consúltese "UN Congo expert corrupt – Museveni", The Monitor, Kampala, 11 de mayo de 2001.



(52) Comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores, New Vision, Kampala, 9 de noviembre de 2001.



(53) The Monitor, Kampala, 9 de noviembre de 2001.



(54) The Monitor, Kampala, 9 de noviembre de 2001.



(55) New Vision, Kampala, 14 de febrero de 2003.



(56) Informe del Grupo de Expertos encargado de examinar la cuestión de la explotación ilegal de los recursos naturales y otras riquezas de la República Democrática del Congo, octubre de 2002 (S/2002/1146).



(57) Para obtener más información relativa a las preocupaciones de Amnistía Internacional sobre esta cuestión, consultése el documento titulado Derechos fundamentales en el trabajo. Amnistía Internacional informa a la Conferencia Internacional del Trabajo (Ginebra, 4-20 de junio del 2002), (Índice AI: IOR 42/001/2002/s), publicado en mayo de 2002.



(58) Taking stock: Corporate social responsibility and human rights (Índice AI: IOR 50/003/2003), Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, declaración en «Public Eye On Davos», 24 de enero de 2003.



(59) La presión internacional ha crecido a consecuencia de los informes del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas y de las campañas públicas emprendidas, entre otros, por una coalición de ONG belgas cuyo lema era Pas de sang sur mon Gsm! (Sin sangre en mi móvil) y por la Diane Fossey Gorilla Fund, que ha atraído la atención sobre la destrucción de la fauna y habitats en el este de la República Democrática del Congo.



(60) Taking stock: Corporate social responsibility and human rights (Índice AI: IOR 50/003/2003), Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, declaración en «Public Eye On Davos», 24 de enero de 2003.



(61) Recomendaciones ya formuladas en el informe de AI Un gran negocio que cobra vidas (Índice AI: AF62/017/2002/s), octubre de 2002



(62) Para obtener más información sobre la posición de Amnistía Internacional relativa a los vínculos entre negocios y derechos humanos, consúltese el informe titulado Los derechos humanos, empresa de todos (Índice AI: POL 34/008/2002/s), de octubre de 2002.



(63) Sitio web: <www.kimberleyprocess.com>.






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