Document - Uganda: Proposed Ugandan media law threatens the right to freedom of expression

AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA

Fecha: 11 de mayo de 2010

Índice: AFR 59/006/2010


Proyecto de ley de prensa amenaza la libertad de expresión en Uganda

Amnistía Internacional considera motivo de gran preocupación un proyecto de ley del gobierno ugandés que prevé restricciones de los medios de comunicación violando el derecho a la libertad de expresión. El anteproyecto de Ley de Prensa y Periodistas (Reformada), de 29 de enero de 2010, está a la espera de su aprobación por el Consejo de Ministros, para que se presente entonces al Parlamento con miras a la promulgación de la Ley.

El proyecto de ley prevé el registro y autorización obligatorios de los periódicos por un órgano, el Consejo de Medios de Comunicación, controlado por el Estado. El Consejo tendrá amplios poderes discrecionales para revocar las licencias, y los periodistas que infrinjan la ley podrán ser condenados a pagar fuertes multas y a cumplir hasta dos años de prisión.

Estas disposiciones se proponen en un contexto de constantes atentados perpetrados por el gobierno contra la libertad de expresión, en particular la libertad de prensa, durante los últimos años. En la actualidad hay pendientes más de una decena de causas penales contra periodistas por acusaciones como difamación, sedición y "publicación de noticias falsas", presentadas contra ellos por la aparición en los medios de comunicación de información crítica con el gobierno. Varios periodistas han sido también objeto de detención arbitraria y tortura y otros malos tratos.

A raíz de una serie de manifestaciones y disturbios de índole política ocurridos en septiembre de 2009 en la capital, Kampala, y otras partes del país, varias emisoras y periódicos han sufrido actos de intimidación oficial, incluidas amenazas de cierre por informar de sucesos ocurridos durante los disturbios. El Consejo de Difusión Audiovisual, órgano oficial establecido por ley y con atribuciones para controlar las emisiones, incluido su contenido, ordenó arbitrariamente el cierre de cuatro emisoras de radio. La medida se tomó supuestamente por incumplimiento, durante las manifestaciones y antes de ellas, de las normas mínimas sobre el contenido se las emisione,s recogidas en la Ley de Medios de Comunicación Electrónicos, de 2000. Las emisoras no recibieron ninguna notificación previa ni explicaciones adecuadas del motivo del cierre, y tampoco tuvieron oportunidad de apelar contra las órdenes de cierre, como dispone la ley. Hasta la fecha continúa cerrada una emisora de radio. El Consejo ordenó también la interrupción de algunos programas radiofónicos durante los disturbios e inmediatamente después de ellos.

En virtud del proyecto de Ley de Prensa y Periodistas (Reformada), el Consejo de Medios de Comunicación, en el ejercicio de sus atribuciones de registro y concesión o revocación de licencias, hará determinaciones basadas en aspectos muy generales e imprecisos, como "los valores sociales, culturales y económicos del periódico", como condición previa para conceder una licencia, así como sobre si el material publicado es perjudicial para “la seguridad, la estabilidad y la unidad nacionales" o "las relaciones de Uganda con nuevos países amigos o vecinos" o constituye "sabotaje económico". Al margen de los procedimientos de registro y autorización, la publicación de material de prensa que sea “perjudicial para la seguridad o la estabilidad y la unidad nacionales" o "que constituya sabotaje económico" constituirá un delito atribuible a un periódico o a un periodista y penado con fuertes multas, hasta dos años de prisión o ambas cosas.

En este contexto, el proyecto de ley confiere al gobierno amplios poderes para silenciar las críticas de los medios de comunicación a sus políticas y prácticas.

Amnistía Internacional considera que el proyecto de ley ampliará y consolidará la censura generalizada a que está sometida ya la prensa en virtud de poderes previstos en la legislación previa, la Ley de Prensa y Periodistas, en vigor desde julio de 1995.

La organización considera motivo de gran preocupación este proyecto de ley, que permite a un órgano controlado por el gobierno denegar o revocar licencias a los medios de comunicación basándose en criterios muy generales e imprecisos y entraña un gran riesgo de violación del derecho a la libertad de expresión no sólo de los periodistas, sino también de los ciudadanos de Uganda en general. El derecho a la libertad de expresión abarca el derecho no sólo a difundir información e ideas de toda índole, sino también a buscarlas y a recibirlas. Por consiguiente, los medios de comunicación desempeñan una función clave a la hora de hacer posible el ejercicio de estos diferentes aspectos del derecho a la libertad de expresión no sólo por periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y quienes deseen difundir información e ideas, sino también por personas para quienes los medios de comunicación son una fuente clave de información.

Amnistía Internacional pide al gobierno ugandés que retire el proyecto de ley y reforme la ley existente para ajustarla a sus obligaciones con respecto al derecho a la libertad de expresión, garantizado por el derecho internacional y por el artículo 29 de la Constitución de Uganda.

Información complementaria

El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(PIDCP) garantiza el derecho a la libertad de expresión, que incluye la libertad para “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”. Este derecho se halla también recogido en el artículo 9 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Uganda es Estado Parte en estos dos tratados. Asimismo, el artículo 29 de su Constitución prevé el derecho de toda persona a la "libertad de palabra y expresión, que incluirá la libertad de la prensa y demás medios de comunicación".

Aunque el derecho internacional permite imponer ciertas restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, el PIDCP estipula que toda restricción que se imponga debe reunir tres condiciones: a) estar prevista por la ley, b) aplicarse sólo con ciertos fines específicos permisibles (que incluyen la seguridad nacional y el orden público) y c) estar justificada por ser necesaria en las circunstancias de uno de esos fines específicos. El Comité de Derechos Humanos, órgano de expertos independientes encargado de vigilar la aplicación del PIDCP por los Estados, ha manifestado en su observación general sobre el artículo 19 que “cuando un Estado Parte considera procedente imponer ciertas restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, éstas no deberán poner en peligro ese derecho en sí mismo”.

El artículo 43 de la Constitución de Uganda dispone que "en el disfrute de los derechos prescritos [en la Constitución], ninguna persona perjudicará los derechos humanos u otros derechos y libertades fundamentales ajenos ni el interés público”. No obstante, el artículo 43.2.c estipula que "el interés público […] no permitirá ninguna limitación del disfrute de los derechos y libertades que exceda de lo aceptable y probadamente justificable en una sociedad libre y democrática o de lo previsto en esta Constitución”.

Las manifestaciones y disturbios se produjeron del 10 al 13 de septiembre en Kampala y en otros lugares, debido a la decisión del gobierno de impedir a una delegación del reino de Buganda de Uganda visitar el distrito oriental de Kayunga para sumarse a las celebraciones del Día Nacional de la Juventud, el 12 de septiembre. La policía dijo que se había impedido la visita para prevenir posibles enfrentamientos violentos entre partidarios del kabaka, rey del pueblo baganda, y los banyala, grupo étnico local de Kayunga contrario a la autoridad del kabaka. Según informes, durante los disturbios murieron hasta 27 personas, al menos la mitad de ellas por disparos de la policía y de personal de seguridad.

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