Document - Uganda: "Breaking God's commands": The destruction of childhood by the Lord's Resistance Army

Uganda

«Están quebrantando los mandamientos de Dios»: la destrucción de la infancia por el Ejército de Resistencia del Señor



Me gustaría pedirles algo: hagan todo lo posible por contar al mundo lo que nos está ocurriendo a los niños, para que otros niños no tengan que sufrir esta violencia.



La niña de 15 años que acabó su entrevista con Amnistía Internacional haciendo esta petición había sido secuestrada en su misma casa la noche del 26 de diciembre de 1996. Se la llevaron los miembros del Ejército de Resistencia del Señor (Lord's Resistance Army, LRA), movimiento armado de oposición que combate contra el gobierno de Uganda. Durante su secuestro, la obligaron a matar a un muchacho que había intentado escapar. Vio morir acuchillado a otro niño que no había dado la alarma al presenciar la huida de un amigo suyo. La golpearon por dejar caer un recipiente de agua y echar a correr para ponerse a cubierto en un tiroteo. Tuvo 35 días de instrucción militar y la enviaron a combatir contra las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (Uganda People's Defence Forces, UPDF), el ejército del gobierno. No podemos revelar su nombre, porque el LRA busca a veces a los que escapan y se venga en ellos y en sus familias.



Este informe es nuestra respuesta a su petición. Constituye un llamamiento para que se reconozca lo que les está ocurriendo a una generación de niños de Gulu, Kitgum y otros distritos del norte de Uganda. Se calcula que, desde 1995, entre 5.000 y 8.000 niños, la mayoría de etnia acholi, han sido secuestrados por el LRA para obligarlos a convertirse en soldados.(1) La selección de los niños es sistemática: la mayoría de los secuestrados tienen entre 13 y 16 años. Si son más pequeños, por lo general carecen de fuerza suficiente para transportar armas o cargas pesadas, mientras que si tienen más edad son menos sumisos.



El informe es un llamamiento para que se ponga fin a los abusos contra los derechos humanos a que son sometidos los niños. Los golpean, los matan y los obligan a convertirse en combatientes. A las niñas las violan y las utilizan como esclavas sexuales de soldados veteranos. Además, convertirse en miembro involuntario del LRA significa verse obligado a cometer abusos contra otras personas. Quienes matan a los que intentan escapar, a los soldados del gobierno prisioneros y a los civiles son los mismos niños secuestrados. Se abusa de ellos obligándoles a cometer abusos contra los derechos humanos. Esta práctica es deliberada. Los niños están a menudo traumatizados por lo que han hecho y, creyéndose proscritos, no se atreven a dejar el LRA.

También los adultos son objeto de los abusos contra los derechos humanos que cometen en el norte de Uganda no sólo el LRA, sino también las fuerzas del gobierno. Los soldados de las UPDF son responsables de detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y otras formas de tortura. No obstante, Amnistía Internacional ha preferido publicar un informe centrado en los abusos cometidos contra los niños (y, por tanto, principalmente en los atribuibles al LRA), porque en la actualidad millares de niños están sufriendo tales abusos y decenas de miles más corren cada día el peligro de ser secuestrados. La dinámica, más general, de los abusos contra los derechos humanos perpetrados en los distritos de Gulu y Kitgum, incluidas las violaciones atribuibles a miembros del ejército, será el tema de otro informe que se publicará a finales de 1997.(2)



Este informe es un llamamiento para que se redoblen los esfuerzos por romper el ciclo de violencia que está destruyendo la vida de los niños. El conflicto del norte de Uganda dura ya 11 años. Hunde sus raíces en el impacto traumático que tuvieron en la sociedad ugandesa las graves violaciones de derechos humanos de los regímenes anteriores. Las fuerzas armadas de estos gobiernos pasados estaban compuestas en gran medida por ugandeses del norte. Algunos habitantes de los distritos septentrionales del país afirman que, desde 1986, cuando el actual gobierno llegó al poder, el resto de Uganda ha vuelto la espalda al norte y culpa a los acholi, en particular, de las violaciones masivas de derechos humanos cometidas anteriormente. Dicen que esta situación ha creado dos naciones: el sur, región prospera y estable desde el punto de vista político, y el norte, donde imperan la devastación y el atraso.(3)



Aunque hay que reconocer que para alcanzar una paz duradera en el norte de Uganda es necesario superar el pasado, debatir sobre la historia puede convertirse a veces en un obstáculo para abordar el futuro. Los niños de todas las regiones de Uganda representan ese futuro. A menos que se protejan sus derechos humanos y que se les ayude a superar las experiencias a que han estado sometidos, Uganda no se liberará del legado de su violenta historia. En la base de toda solución que se pretenda dar al conflicto con miras al futuro está el respeto de los derechos humanos de los niños.



Este informe va dirigido al LRA y a su protector extranjero, el gobierno de Sudán. Amnistía Internacional no adopta ninguna postura con respecto al programa político del gobierno ni de la oposición armada. No obstante, los abusos contra los derechos humanos cometidos sistemáticamente por el LRA como método de sus operaciones desmienten su pretensión de representar un camino hacia adelante para el norte de Uganda. El gobierno de Sudán le proporciona víveres, armas y comunicaciones. Lo utiliza como milicia para atacar al Ejército Popular de Liberación de Sudán (EPLS), movimiento armado de oposición que combate contra el gobierno sudanés. Las autoridades de Sudán alegan que el EPLS recibe apoyo del gobierno de Uganda. Muchos de los abusos contra los derechos humanos expuestos en este informe se cometen en bases militares instaladas en territorio sudanés, en las que las que se reúnen libremente soldados sudaneses y del LRA. El gobierno de Sudán está capacitado para impedir que se cometan esos abusos contra los derechos humanos y garantizar el regreso a Uganda de los niños secuestrados.



El informe va dirigido también a los ugandeses que viven fuera de su país. Un pequeño número de estos exiliados afirman que son las fuerzas del gobierno las que comenten los secuestros y demás abusos contra los derechos humanos de que son objeto los niños en el norte de Uganda. Tales personas están muy mal informadas o hacen deliberadamente caso omiso de los abusos contra los derechos humanos perpetrados por el LRA.



Está dirigido igualmente a las autoridades ugandesas y a los habitantes de todas las regiones del país. Aunque no se abordan en él las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas del gobierno, tales violaciones son una realidad. Cualquiera que sea la gravedad de los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas que luchan contra el gobierno, de acuerdo con la legislación internacional de derechos humanos el principal responsable de proteger estos derechos es el gobierno. La complacencia oficial está fuera de lugar. Y lo está por partida doble en el norte de Uganda, donde, a pesar del rechazo general a los métodos del LRA, muchos ciudadanos miran con gran recelo al gobierno.(4) En este contexto, las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales se perciben como prueba de la hostilidad oficial hacia los acholi, por lo que cada vez que se producen adquieren un significado político especial.



Asimismo, a lo largo del año pasado el gobierno se empeñó, al menos en público, en aplicar un enfoque militar al intento de poner fin a la guerra y redujo las posibilidades de diálogo. Hay indicios de que, localmente, las autoridades civiles de Gulu reconocen que el diálogo y la reconciliación son necesarios. Sin embargo, la búsqueda de métodos de reconciliación basados en el respeto de los derechos humanos no es una tarea que deban emprender localmente los propios acholi. Para llevarla a cabo se necesita la participación activa de toda la nación. Es preciso realizar una labor de vigilancia, de la que han de ocuparse los medios de comunicación y las organizaciones de todas las regiones del país que se preocupan por los derechos humanos, incluidos los de las mujeres y los niños.



El informe va dirigido también a los Estados miembros de las Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana. Es posible que Uganda sea un oasis de estabilidad comparada con países circundantes como Sudán, la República Democrática del Congo, Ruanda y Kenia, cada uno de los cuales se encuentra en diferentes estados de agitación política. No obstante, el hecho de que en el norte continúen cometiéndose abusos masivos contra los derechos humanos es perjudicial para la resolución regional del conflicto y para el futuro a largo plazo de Uganda.

El informe se basa fundamentalmente en el trabajo realizado sobre el terreno por dos equipos de investigadores de Amnistía Internacional que estuvieron en Gulu y en Apac en mayo y julio de 1997. La organización realizó más de 170 entrevistas a una amplia variedad de personas de condición social diversa, 35 de las cuales habían sido soldados del LRA.(5)








La guerra en Gulu, Kitgum y los distritos vecinos



Desde mediados de los años sesenta hasta mediados de los ochenta, sus sucesivos gobiernos proporcionaron a Uganda la poco envidiable reputación internacional de ser el prototipo de país afectado por violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. En los años setenta, el gobierno de Idi Amin se sirvió de las matanzas y las «desapariciones» para implantar un régimen de terror. Entre las víctimas de esas matanzas hubo muchos soldados acholi y langi del ejército de Uganda. Tras el derrocamiento de Amin, las fuerzas del nuevo gobierno, el Ejército de Liberación Nacional de Uganda (Uganda National Liberation Army, UNLA), reclutadas principalmente en el norte del país, tomaron represalias contra los civiles de la zona del Nilo Occidental, la región natal de Amin. Durante los años siguientes, el UNLA cometió matanzas en el Nilo Occidental, Bushenyi, Mpigi y Luwero, zonas donde el gobierno de Milton Obote se enfrentaba a la oposición armada. En Mpigi y Luwero perdieron la vida decenas de miles de personas que, al vivir lejos de las fronteras internacionales, no pudieron huir de la violencia. En julio de 1985 estalló una lucha por el poder entre las tropas langi y acholi del UNLA que culminó con la toma del poder por los oficiales acholi Tito Okello y Basilio Okello.



El gobierno militar fue efímero. Cuando, en enero de 1986 tomó el poder en Kampala el Ejército de Resistencia Nacional (National Resistance Army, NRA) de Yoweri Museveni, formado principalmente en el oeste y el sur del país, los Okello y gran parte de sus tropas huyeron al norte. Algunos soldados enterraron sus armas y uniformes y regresaron a sus casas. Otros cruzaron los distritos de Kitgum y Gulu y pasaron a Sudán. Una vez allí se reagruparon y, en agosto de 1986, invadieron de nuevo Uganda con el nombre de Ejército/Movimiento Democrático Popular de Uganda (Uganda People's Democratic Movement/Army, UPDM/A). Así comenzaron 11 años de conflicto en Gulu, Kitgum y los distritos vecinos. La victoria del NRA no puso fin a los enfrentamientos, sino que los desplazó hacia zonas más remotas.



La guerra en Kitgum y Gulu ha tenido muchas fases desde 1986. El hecho de que las tropas del gobierno desplegadas en el norte cometieran violaciones de derechos humanos avivó el conflicto a finales de 1986. No obstante, el UPDA no duró mucho como fuerza militar. En 1988, la mayor parte de sus soldados se habían entregado ya a las autoridades, y sus dirigentes se reconciliaron con el gobierno en 1990. Mientras tanto, una mujer de nombre Alice Auma, conocida también como Lakwena (término acholi que significa mensajero), creó una fuerza que se dio en llamar Movimiento del Espíritu Santo (Holy Spirit Movement). Valiéndose de una llamativa mezcla de ideas locales sobre el mundo de los espíritus y de creencias cristianas, a finales de 1986 Alice Lakwena había conseguido movilizar a numerosos desertores del UPDA, ex miembros del UNLA y civiles acholi y luo. No obstante, sus fuerzas acabaron siendo derrotadas en las afueras de Jinja en noviembre de 1987.



Tras la derrota de Alice Lakwena, el centro de la oposición armada al NRA en el distrito de Gulu fue ocupado por un grupo armado dirigido por Joseph Kony al que se dio en llamar Lakwena II hasta que adoptó el nombre de Movimiento del Espíritu Santo. Al igual que su predecesora, Joseph Kony afirma estar poseído por fuerzas religiosas a las que sirve de médium. Desde el primer momento, sus fuerzas han sometido a la población civil a graves abusos contra los derechos humanos.



A finales de octubre de 1988, el NRA lanzó una ofensiva en el distrito de Gulu. Sus soldados fueron responsables de ejecuciones extrajudiciales, del desplazamiento interno de millares de personas y de la destrucción de numerosas viviendas y graneros. Pero no derrotaron a las fuerzas de Kony, que a comienzos de 1991 tomaron el nombre de Ejército Cristiano Democrático Unido (United Christian Democratic Army, UCDA). Durante 1991, el NRA emprendió otra importante ofensiva militar que supuso aislar al norte del resto del país. Aunque eficaz desde el punto de vista militar, esta ofensiva también se vio empañada por considerables violaciones de derechos humanos. En 1992, los nuevos jefes del NRA en la zona trabajaron con las autoridades civiles sobre una estrategia de contrainsurgencia de orientación más política, y a finales de 1993 y principios de 1994 las autoridades del gobierno mantuvieron conversaciones de paz con los dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor, que es como acabaron llamándose las fuerzas de Kony.



La última fase de la guerra comenzó a principios de 1994. En febrero fracasaron las conversaciones de paz al declarar el presidente Museveni que los dirigentes del LRA tenían un plazo de siete días para rendir las armas. Mientras tanto, el gobierno de Sudán comenzó a prestar apoyo militar y logístico al LRA, lo que permitió al movimiento intensificar sus actividades. En 1995, la violencia y los secuestros de niños aumentaron. Según informes, en agosto de ese año, por ejemplo, las unidades del LRA activas en Kitgum tenían que secuestrar a 1.200 niños. Según fuentes eclesiásticas, al concluir el año 730 niños habían sido secuestrados en Pajule, más de 250 en Puranga, 502 en Patongo y más de 600 en Atanga.



Las escuelas son un blanco muy común. Entre 1993 y julio de 1996, el LRA mató en el distrito de Kitgum a 70 maestros. En el distrito de Gulu mató en julio y agosto de 1996 a 11 maestros y a más de 100 niños. Asimismo, secuestró a 250 escolares y quemó 59 centros de enseñanza primaria, lo que obligó a cerrar 136 de las 180 escuelas de primaria que había. El 25 de julio de 1996 secuestraron a 23 alumnas del St Mary's College, y el 21 de agosto a 39 alumnos de la Sir Samuel Baker School, dos centros de enseñanza secundaria próximos a Gulu. El 10 de octubre de 1996 tuvo lugar un suceso que desde entonces no ha dejado de galvanizar la concienciación pública con respecto al secuestro de niños. Fueron secuestradas otras 139 alumnas del St Mary's College de Aboke, distrito de Apac. Entre los miembros del LRA que asaltaron el centro había niños de la Sir Samuel Baker School. Como dijeron un equipo de investigadores parlamentarios, ahora «apenas se imparte una enseñanza significativa en el norte»(6).



Desde julio de 1996, casi el 50 por ciento de la población del distrito de Gulu, unas 200.000 personas que viven por lo general en comunidades formadas por granjas dispersas rodeadas de campos, se ha visto obligada a abandonar sus hogares. Según cálculos aproximados, en abril de 1997 el número de desplazados ascendía a más de 180.000.(7) Algunas de estas personas se han trasladado a la ciudad de Gulu, mientras que otras viven concentradas en los denominados pueblos protegidos que se han formado en torno a remotos centros comerciales o pequeños destacamentos militares (conocidos como detaches). En el distrito de Kitgum, decenas de miles de personas se vieron obligadas a huir debido a los ataques lanzados por el LRA sobre el condado de Lamwo en enero de 1997. En julio, cálculos no oficiales situaron el número de desplazados internos en el distrito en alrededor de 60.000. Los centros de salud de las zonas remotas están destruidos o no pueden ya prestar servicios, por lo que es imposible vacunar a los niños.



Las UPDF insisten en que los campesinos huyen del LRA.(8) Aunque en muchos caso, quizá en la mayoría, no cabe duda de que es así, también es cierto que, en otros, la huida la fomentan, en algunas situaciones mediante coacción, las UPDF, que pretenden aislar al LRA en el campo para privarle de sus suministros de víveres. Al no poder cultivar la tierra, muchos campesinos dependen ahora de la ayuda humanitaria del Programa Mundial de Alimentación de las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, World Vision Uganda, AVSI y otras organizaciones.



Exceptuada la petición de que se gobierne Uganda conforme a los Diez Mandamientos bíblicos, ni el Movimiento del Espíritu Santo de Alice Lakwena ni el LRA de Joseph Kony han presentado programas políticos comprensibles para una persona ajena al conflicto. Como rebelan las declaraciones de niños que han escapado, la violencia extrema es un instrumento utilizado deliberadamente para aterrorizar a la población civil a fin de que preste apoyo a las personas recién secuestradas para que no huyan. Asimismo, sirve para castigar a quienes no acatan los edictos de los jefes del LRA, según los cuales los civiles que viven en el campo no pueden montar en bicicleta (vehículo que les permitiría llegar rápidamente a los destacamentos militares), vivir cerca de las carreteras (donde podrían ser testigos de la colocación de minas o la preparación de emboscadas) ni tener cerdos (prohibición con la que el LRA parece agradecer el apoyo prestado por el gobierno islamista de Sudán).



Para los acholi, cuyas creencias religiosas son parte integrante de la vida cotidiana, a la fuerza de la violencia se suman la posesión espiritista que aseguran tener los dirigentes del LRA y la insistencia en la pureza espiritual. Los ritos de purificación son un tema que reaparece continuamente en las declaraciones de los niños que han conseguido escapar. Poco después de ser secuestrados, a menudo los ungen con un aceite obtenido de los frutos de cierta especie de árbol. En palabras de A., niña de 15 años secuestrada en octubre de 1996:



Así que nos hicieron ir al lugar donde íbamos a dormir. Allí nos pusieron un poco de moya. Dijeron que es aceite sagrado. Lo produce un árbol. Nos lo untaron, haciendo una cruz aquí delante [A. se señaló el pecho] y aquí y aquí, y luego en las manos también.



Los dirigentes del LRA parecen considerar la violencia como una forma de purgar a la sociedad de sus impurezas. Creen que quienes mueren, ya sean civiles, soldados del gobierno o niños miembros del LRA, son personas que han quebrantado mandamientos espirituales o religiosos, dictados a menudo por dirigentes que afirman seguir instrucciones divinas. En un arenga dirigida a las tropas del LRA en un campamento de Sudán a mediados de 1996, T., muchacho de 17 años secuestrado en marzo de ese año, oyó a Joseph Kony amenazar con destruir el Lacor Hospital, centro de salud próximo a Gulu, porque a los heridos «se les curaba allí, en vez de dejarlos morir».



El terror que siembra el LRA constituye una respuesta patológica a una historia de violencia y trauma social. La sociedad acholi de Gulu y Kitgum está traumatizada; el LRA es el resultado de ello y, por una terrible dinámica, también una de sus causas. Las complejas fuerzas sociales que provocan la violencia y los abusos generalizados contra los derechos humanos exigen una respuesta igualmente compleja. El éxito militar de las UPDF reducirá el suministro de armas y la capacidad del LRA, pero la historia ha demostrado que la paz duradera sólo se puede alcanzar con una sólida base de respeto a los derechos humanos. En el norte de Uganda, para generar este respeto es necesario que la resolución del conflicto esté basada en un compromiso con la justicia y la reconciliación en el seno de las comunidades de Gulu, Kitgum y los distritos vecinos, así como entre el gobierno de Uganda y los ciudadanos del norte y entre éstos y la sociedad del resto del país.



La respuesta oficial a los soldados del LRA que escapan de éste o caen prisioneros de las fuerzas del gobierno representa una positiva e importante contribución en esta dirección, ya que admite que la mayoría de ellos son niños secuestrados cuyos actos están motivados por la brutalidad y los abusos sistemáticos a que son sometidos. Desde 1995, las UPDF entregan a muchos ex combatientes a dos organizaciones no gubernamentales, World Vision Uganda y la Organización Gulu de Apoyo a los Niños, que les ofrecen terapia y ayuda psicosocial. El trabajo de estas organizaciones tiene su origen en la labor de familiares de niños secuestrados que reconocen que cuando éstos regresan con frecuencia se encuentran tremendamente trastornados por las experiencias que han vivido y, a veces, son peligrosos para quienes les rodean. Los programas de ambas organizaciones permiten a los ex combatientes y a su comunidad iniciar el proceso de aceptación de la violencia a que han estado sometidos y que han perpetrado.



No obstante, esté trabajo no romperá por sí solo el ciclo de violencia, cuyas principales víctimas son los niños. El presente informe concluye con otras recomendaciones para generar respeto a los derechos humanos en el marco de la resolución del conflicto.



La participación del gobierno de Sudán



El apoyo que el gobierno de Sudán presta al LRA ha sido un factor decisivo en la operaciones del movimiento desde 1994. Sin la ayuda sudanesa, el LRA no contaría con muchas de las armas que utiliza para cometer abusos contra los derechos humanos ni con la bases de retaguardia relativamente seguras a las que son llevados los niños secuestrados para entrenarlos, las cuales se encuentran a menudo junto a unidades militares sudanesas. El ejército de Sudán utiliza al LRA como milicia para combatir contra el EPLS, así como para desestabilizar Uganda en respuesta al presunto apoyo prestado por el gobierno ugandés al EPLS. La participación activa del gobierno de Sudán supone que cabe considerarle responsable de los secuestros de niños y demás abusos graves contra los derechos humanos que comete el LRA.



La colaboración con el LRA no es más que la aplicación al otro lado de una frontera internacional de un método de guerra utilizado por los sudaneses desde 1985. Dentro de Sudán hay varias milicias similares, que, aunque en teoría son independientes de las autoridades, en la práctica están armadas por ellas y actúan en estrecha colaboración con el ejército sudanés. Dos de ellas son las fuerzas del ex jefe del EPLS Kerubino Kuanyin Bol, que desde 1994 actúan fuera de las ciudades controladas por el gobierno en el norte de Bahr al-Ghazal, y el grupo Anya-Nya Two de Paulino Matip Nhial, que actúa en el oeste del Alto Nilo desde 1983.(9)








T., muchacho de 17 años, describió así lo que vio en mayo de 1996:



En Sudán había muchos soldados sudaneses. La primera vez que fui allí, los soldados sudaneses señalaron un lugar en el que podíamos acampar. Los jefes se sentaron juntos a intercambiar ideas. Las armas las traían de Juba. El sistema de radio también lo proporcionaban los sudaneses.



A lo largo de los tres últimos años, el LRA ha tenido bases en Gong, localidad próxima a Katire, así como en Owiny-Ki-Bul, Palotaka y, Parajok, y más recientemente también cerca de campos de acogida abandonados de Aru, utilizados anteriormente por desplazados internos sudaneses. En abril de 1997, Aru fue invadida por una fuerza conjunta del Ejército Popular de Liberación de Sudán (EPLS) y las UPDF.(10) En agosto de 1997, el LRA había trasladado su base a un lugar situado 38 kilómetros al sureste de Juba, a un kilómetro de la primera línea de los combates entre el ejercito de Sudán y el EPLS.



El LRA suele recibir las armas que le suministra el ejército de Sudán en los campamentos que tiene en territorio sudanés, hasta donde se transportan en camiones. Según informes, en 1994 las recibió a través del EPLS-Unido, facción disidente del EPLS dirigida entonces por William Nyuon Bany en la región meridional de Istiwaiyya. No obstante, en agosto de 1994 participaron directamente en la entrega de las armas soldados del ejército regular de Sudán. Varios niños secuestrados en 1996 y 1997 informaron de haber visto a soldados sudaneses descargar armas y municiones de vehículos del ejército en la base del LRA en Aru. Entre las armas había fusiles de asalto G3 y AK47, cañones anticarro (entre ellos, piezas B10 sin retroceso), morteros de 81 y 82 milímetros y minas terrestres, que no se utilizaron de modo generalizado en la guerra hasta que el gobierno de Sudán comenzó a apoyar al LRA. R.K., secuestrado el 1 de enero de 1997 y entrenado para colocar minas terrestres, dijo:



No me enseñaron sus nombres: sólo cómo se utilizan. Hay tres clases distintas. Las pequeñas, que se abren como un conjunto matemático, se usan contra las personas. Luego están las redondas, que explotan con 70 u 80 kilos –una bicicleta puede hacerlas estallar. Y las grandes, del tamaño de una palangana pequeña, que son para vehículos pesados. Había palabras árabes escritas en las minas. Los árabes daban también uniformes. Yo tenía uno.



Las autoridades sudanesas tienen capacidad para liberar a los niños secuestrados, pero lo cierto es que hacen todo lo contrario, porque hasta ahora los sudaneses han ayudado activamente al LRA a retener a los niños. R.O. tenía 15 años cuando fue secuestrado en septiembre de 1996. El grupo del LRA que se lo llevó fue atacado por helicópteros de combate de la UPDF cuando avanzaba hacia la frontera de Sudán. El muchacho contó lo siguiente:



Cuando llegamos a Sudán había muchos enfermos y heridos en nuestro grupo. Fuimos a un destacamento árabe y enviaron una señal a Joseph Kony. Vino un vehículo y subieron a los enfermos en él. Los demás continuamos caminando hasta la base principal.



En febrero de 1997, J., muchacho de 15 años secuestrado en noviembre de 1996, escapó junto con su hermano del campamento del LRA en Aru. Declaró lo siguiente:



Fuimos hacia Uganda, pero nos encontramos con un campamento de los árabes. Nos capturaron. Estábamos esperando a que viniera a recogernos un vehículo para llevarnos de nuevo allí. Sabíamos que iban a matarnos, así que esa noche nos escapamos otra vez. Entonces tropezamos con una patrulla árabe. Estaba oscuro y mi hermano y yo íbamos en direcciones distintas. Me atraparon. Quise esperarle, pero me obligaron a seguir adelante.



El hermano de J. escapó otra vez cuando le llevaban de nuevo a la base del LRA y consiguió regresar a Uganda.



El ejército de Sudán se sirve también del LRA como milicia en operaciones conjuntas contra el EPLS. R., secuestrado en abril de 1996 y llevado casi inmediatamente a Sudán, informó de que había participado en tres de estas operaciones conjuntas, emprendidas en 1996 y a comienzos de 1997. O.R., que tenía 17 años cuando fue secuestrado en octubre de 1994, también combatió contra el EPLS:



Los soldados sudaneses eligieron a algunos de nosotros para combatir en Sudán. A mí me llevaron. Muchos de los soldados que luchaban contra el EPLS eran ugandeses. Capturamos a algunos soldados del EPLS. Se los llevamos a los árabes... escapé en enero de 1995. Yo era uno de los que ponían en primera línea para observar al enemigo. Estábamos en Parajok. El enemigo era el EPLS.



El hecho de que las UPDF capturaran a 114 soldados del ejército regular sudanés y a 64 miembros del LRA en unos combates que tuvieron lugar el 14 de abril de 1997 prueba que todavía se emprendían operaciones conjuntas en el primer tercio de 1997. El gobierno ugandés ha informado de que estos combates se produjeron en Lelabur, localidad de Uganda próxima a la frontera con Sudán.



Violencia institucionalizada



Están violando derechos humanos; están quebrantando los mandamientos de Dios. Este movimiento es de destrucción.

T., niño soldado de 17 años entrevistado en Gulu tres meses después de escapar del LRA.



El LRA ha institucionalizado la violencia física y psicológica, incluidos los homicidios, las violaciones y otras formas de tortura. El efecto de ello sobre los civiles es la aquiescencia por la fuerza y el miedo, porque las consecuencias que sufren si se descubre que han informado sobre las actividades del LRA son claras y brutales. No obstante, la violencia no va dirigida solamente hacia fuera, hacia la población civil y los soldados de las UPDF prisioneros, sino que se utiliza también de manera calculada y deliberada dentro del propio LRA para imponer disciplina. Los abusos expuestos a continuación constituyen un método fundamental de organización que tiene por objeto destruir la moral y la voluntad individual. El proceso comienza con el secuestro de la persona para convertirla en soldado o porteador.



Un ejército que se nutre de niños



Sin niños secuestrados, el LRA tendría pocos soldados. Desde 1994, los secuestros se han convertido en su método principal de reclutamiento. Según la organización no gubernamental World Vision Uganda, que desde marzo de 1995 ha ofrecido ayuda psicosocial a más de 3.000 ex soldados del LRA, aproximadamente el 47 por ciento de éstos tenían entre 11 y 16 años cuando los secuestraron. Otro 36% por ciento eran muchachos de entre 17 y 22 años. Alrededor del 30 por ciento de los secuestrados atendidos por World Vision Uganda eran niñas, el 54 por ciento de las cuales tenían entre 11 y 16 años.(11)



Los niños secuestrados emprenden un viaje al infierno. El secuestro en sí es un acto de violencia que arranca a niños aterrorizados de la seguridad de su familia. A menudo va acompañado de homicidios, violaciones y terribles palizas. B., muchacha de 14 años secuestrada en febrero de 1997, dijo:

Eran sobre las ocho o las nueve de la mañana y había ido al huerto a recoger tomates. De repente me vi rodeada por unos 50 rebeldes. Comenzaron a arrancar tomates y a comérselos. Me detuvieron y comenzaron a golpearme terriblemente. Querían que los acompañase a mi casa, pero yo me negué. Al final los acompañé. Entramos y recogimos mis ropas. Mataron a mi madre.



Me obligaron a ir con ellos, dejando allí a mi hermano y a mis dos hermanas. Son todavía muy pequeños. Traté de explicarles que no podía dejar a los niños porque eran demasiado pequeños para valerse por sí mismos. Opuse resistencia. Entonces comenzaron a golpearme hasta hacerme perder el conocimiento. Sentí que se me iba la vida, pero no dejaba de pensar en los niños. Dejaron de golpearme.



R., mujer de 45 años, conto así lo que ocurrió cuando le arrebataron a sus hijos en Paicho, cerca de Gulu, en 1996:

Llegaron los rebeldes y me pidieron a mis dos hijos, un chico y una chica. Mi hija, de 14 años, tenía el pecho bien desarrollado. Mi hijo tenía 13 años. Mi hija estuvo dos días con los rebeldes. Durante una emboscada le dispararon en la pierna, y entonces la rescataron los soldados de las UPDF. Mi hijo estuvo en el monte dos meses, hasta que fue rescatado también después de una emboscada. El día que se llevaron a mis hijos, los rebeldes me golpearon y violaron. Eran muchos. Me dejaron inconsciente a la entrada de mi casa... A mi hija también la violaron. El jefe la tomó como esposa el mismo día que fue secuestrada.


































«Madre, sal de la cabaña y deja que el chico nos enseñe el camino» por A.































O.J., de 15 años, fue secuestrado en un pueblo situado al sur de Gulu en noviembre de 1996. Contó lo siguiente:



Sabíamos que había rebeldes alrededor, así que me oculte en el monte. Algunos niños habían huido. Un pequeño grupo los estaba persiguiendo y me encontró. Me preguntaron por dónde habían huido los niños, pero no lo sabía. Me llevaron hasta el grupo grande. El jefe dijo que iban a reclutarme. Entonces me golpearon en la espalda. Se llevaron a tres de nosotros, y a uno le dejaron marchar. Me obligaron a llevar una carga de mandioca. Estaba cada vez más cansado. Cuando llegamos a cierto lugar me dieron de nuevo 30 golpes para que continuara llevando la carga.



Como rebelan las estadísticas de World Vision y la declaración de O.J., el LRA no se lleva a todos los niños que encuentra para convertirlos en soldados. Si son demasiado pequeños los dejan libres, porque no tienen fuerza suficiente para transportar los víveres obtenidos en los saqueos o para utilizar armas. Asimismo, el blanco de las actividades de reclutamiento de las unidades del LRA parece variar de acuerdo con las necesidades y objetivos del movimiento. En los secuestros de niñas se utilizan como criterios de selección la edad y la belleza, pues una de las principales razones por las que se cometen es la práctica de obligar a las niñas a casarse con soldados veteranos. Según B., secuestrada en febrero de 1997, «se las llevan para crear un nuevo clan». Un niño entrevistado en mayo de 1997 declaró: «a los rebeldes que capturan niñas que no son bellas o atractivas los golpean para que se avergüencen».



El 10 de octubre de 1996 fueron secuestradas 139 alumnas de la St. Mary's School, centro de enseñanza de Aboke, distrito de Apac. De todas ellas, 109 quedaron en libertad posteriormente gracias a la extraordinaria intervención de los profesores del centro, que salieron en persecución de los secuestradores y, cuando dieron con ellos, les suplicaron que liberaran a las niñas. Según algunas de las 30 restantes, el jefe del LRA las seleccionó a ellas por su belleza y por su lugar de origen. G.O., de 17 años, explicó así lo ocurrido:



Estaba durmiendo en el dormitorio. No les oí llegar. Hasta que comenzaron a golpear la puerta; entonces supe que habían venido los rebeldes. Todas nos escondimos debajo de las camas. Nos dijeron que abriéramos la puerta, amenazándonos con lanzar una bomba al dormitorio. Pero ninguna abrió. Entonces rompieron una ventana. Uno de ellos entró y abrió la puerta a los demás. Nos sacaron de debajo de las camas. Nos ataron [por la cintura y en grupos de cinco] y salimos del dormitorio...



Caminamos y caminamos. Llegamos a un lugar y nos sentamos. Los rebeldes comenzaron a saquear Aboke y a capturar personas. Entonces iniciamos otra vez la marcha, hasta la mañana. Cruzamos un pantano. Los rebeldes tenían un aparato grande que utilizaban para comunicarse con su gente. Parecía un teléfono. Pero estábamos demasiado lejos para oír lo que decían...



Entonces llegó la hermana Rachele. Era alrededor de mediodía. Todas nos echamos a llorar cuando la vimos. Continuamos la marcha. Apareció un avión. Los rebeldes nos dijeron que nos quitáramos la camisa blanca, y pidieron a la hermana que se quitara el velo. Nos pusimos a cubierto. El avión disparó, pero lejos de nosotros. «Poneos a cubierto, poneos a cubierto», decían. Nos escondimos en la maleza junto con los rebeldes. Después continuamos la marcha. Mas tarde hubo una emboscada de las UPDF. Nos escondimos en la maleza. Apareció otra vez el avión, pero no nos vio.



Por la noche, las muchachas rebeldes prepararon té. Eran unas 30. Los rebeldes nos agruparon y comenzaron a elegir niñas. «Kony nos mandó elegir muchachas bellas, 30 muchachas», dijeron. Enseguida comprendimos que a nosotras nos iban a soltar.



A., de 15 años, fue una de las elegidas por el LRA. Declaró lo siguiente:



Comenzaron a elegir niñas. Si te escogían, te decían que te pusieras de pie. A mí me eligieron. Me dijeron que me levantara... Fui la tercera elegida...



Entonces apareció la hermana con el jefe. «Estas son las niñas que hemos elegido», dijo él. La hermana se acercó, pero no pudo hacer nada. Se echó a llorar. Dijo que se la llevaran a ella y dejaran libres a todas la niñas. Pero se negaron. La hermana les suplicó. Cuando vimos a la hermana, también nosotras nos echamos a llorar, porque no podíamos hacer nada. Las demás se iban a ir, pero nosotras teníamos que quedarnos, y habían comenzado a preparar palos para golpearnos.



Entonces, la hermana volvió y se arrodilló delante de ese hombre, L.O. El hombre dijo que no había que arrodillarse ante él, que no era Dios. La hermana suplicaba que dejaran libres a más niñas. Entonces, nuestro profesor, el señor B., se acercó a la hermana y dijo: «Hermana, creo que debemos irnos». Se dispusieron a marcharse. La hermana dijo: «Recemos». Así que comenzamos a rezar. Cuando la hermana se fue, nos echamos a llorar. El jefe ordenó a los rebeldes que viniesen y nos golpearan. Comenzaron a golpearnos. Nos golpearon una y otra vez. Entonces el jefe les dijo que tenían que saltar sobre nuestro pecho con las botas, y lo hicieron. Nosotras sólo llorábamos.



El grupo rebelde regresó al distrito de Gulu. El día siguiente al secuestro dejaron en libertad a varias adolescentes que se habían llevado del pueblo de Aboke. Durante las semanas siguientes, el grupo se dedicó a secuestrar niños y jóvenes principalmente. Los niños soldados del LRA dijeron a G.O. que lo había ordenado el espíritu por el que Joseph Kony estaba poseído: «Dijeron que Tipu Maleng no quería que capturaran niñas; sólo a los estudiantes de Aboke». De hecho, las declaraciones de otros niños de este grupo indican que se llevaron a muchos más niños que niñas.



El LRA no secuestra solo niños. Cuando necesita personas para cargar municiones o víveres obtenidos en saqueos se lleva también a adultos y jóvenes para que realicen trabajos forzados. Una vez que el grupo atacante ha llegado a un lugar donde no hay peligro de enfrentamiento con tropas que puedan haber salido en su persecución, lo cual puede ocurrir horas o días después del ataque, según las circunstancias, los adultos que han sobrevivido al viaje quedan a veces en libertad, y la carga que llevaban se distribuyen entre los niños recién secuestrados y los niños soldados. A primera hora de la mañana del 22 de mayo de 1997, un barrio residencial de la ciudad de Gulu fue atacado por un grupo de rebeldes que saquearon numerosas casas y comercios e incendiaron después 88 viviendas. Se llevaron secuestrados a 23 niños y jóvenes. Uno de estos últimos fue A., de 25 años, quien declaró lo siguiente:

Estaba profundamente dormido cuando llegaron los rebeldes... Me pidieron mis bienes y comenzaron a golpearme. Me obligaron a salir de la casa con ellos. Estaban saqueando las tiendas. Me ataron las manos a la espalda. Continuaron saqueando y robando. Entonces me desataron y me ordenaron correr. Iba cargado con el producto del saqueo. Detrás de nosotros se veían las llamas de las casas quemadas. Cuando llegamos a Unyama, nos ordenaron sentarnos y nos dividieron en dos grupos, uno de niños y otro de jóvenes. En el grupo de los jóvenes eramos 18. Nos dejaron en libertad a todos. No se cuántos niños había, pero todos se quedaron allí.



La iniciación: aterrorizar a los niños



Dentro del LRA, la disciplina se mantiene por medio de la violencia extrema y, a menudo, arbitraria. Los jefes del movimiento obligan a los niños a participar en homicidios casi rituales de compañeros suyos poco después de su secuestro. Al parecer, lo hacen con objeto de eliminar toda resistencia a la autoridad del LRA, destruir tabúes acerca de matar e implicar a los niños en actos delictivos. La consecuencia es que los niños acaban aterrorizados. En el caso de muchos de los ex niños soldados entrevistados por Amnistía Internacional, estas prácticas parecieron constituir el momento determinante de su permanencia en el LRA. El 15 de agosto de 1996, a J.O., muchacho de 15 años del distrito de Gulu, le obligaron a matar a un compañero suyo, llamado Oyet. Explicó así lo sucedido,:



Arrestaron a un muchacho llamado Oyet que había intentado dar la alarma. Le ataron y le apuñalaron en la espalda. Esa noche se dirigieron al nuevo grupo de personas capturadas y las distribuyeron entre varios jefes. A mí me enviaron al jefe O. A las dos de la madrugada dieron palmas, lo que significaba que teníamos que levantarnos. Colocaron una estera en el suelo con tres lámparas y trajeron a Oyet. El jefe nos dijo que Oyet iba a ser golpeado tres veces y luego «enviado a casa» [en otras palabras, iban a matarle]. Todos los nuevos reclutados estaban alrededor de la estera.



Entonces el jefe escogió a un muchacho. Este muchacho protestó un poco, porque no quería ser elegido. El jefe se enfadó y pidió un panga [gran machete de hoja ancha]. Los hombres de su escolta comenzaron a golpear al muchacho hasta hacerle escupir sangre e impedirle llorar más. Luego le dijeron que volviera a su sitio y se sentara. Entonces el jefe eligió a otro muchacho. Le dieron un hacha y dijeron a Oyet que se tumbara. Dijeron al muchacho que golpeara a Oyet una vez. Luego le dijeron que entregara el hacha a otro muchacho, el cual golpeó a Oyet una segunda vez. Entonces me dieron el hacha a mí, fue el tercero. Dí a Oyet el tercer golpe. Se que fue mi golpe el que le «envió a casa».



No hay discriminación por motivos de género a la hora de obligar a los niños secuestrados a matar a quienes intentan escapar. G.O. formó parte de un grupo de niños a los que, en octubre de 1996, una semana después de ser secuestrados, obligaron a matar a una muchacha. Explicó así lo sucedido:



Una de las muchachas del pueblo intentó escaparse tres veces. La primera vez la perdonaron. La segunda la ataron a un árbol y la golpearon. La tercera vez se metió en una casa buscando la protección de los dueños, un hombre y una mujer. La muchacha rebelde encargada de vigilarla le dijo al jefe que había desaparecido. Fueron a buscarla. Entraron en la casa y la encontraron.



Entonces nos llamaron. Ya la habían golpeado. Nos dijeron que la golpeáramos con piedras y palos hasta matarla. Tuvimos que hacerlo. Los rebeldes mataron también al hombre de la casa. El jefe dijo: «Si uno de vosotros intenta escapar, os mataré a todos». Dijo a los rebeldes que nos dieran 15 azotes a cada uno con una vara.




Por P.A. del distrito de Gulu





































La «familia»: trabajos forzados, matrimonio forzado y esclavitud sexual



Las declaraciones de los niños rebelan que en el seno del LRA existe una estricta estructura jerárquica, fundamentada en un reordenamiento macabro de experiencias con las que los niños están familiarizados. La base de la organización interna es lo que los niños califican de «familia», que en el fondo depende del secuestro de niñas para obligarlas a casarse, porque sin matrimonios forzados las «familias» no existirían.



Los miembros del LRA parecen reconocer que están divididos en cuatro categorías. Según informes, a los niños menores de 13 años se les conoce como «hermanos». Los que acaban de ser secuestrados y no han recibido aún instrucción militar se denominan «reclutas». Los que tienen ya entrenamiento militar son «soldados». Por encima de todos están los «jefes», conocidos también como «maestros» (en acholi, lapwony). Según informes, Joseph Kony tiene la graduación de general de división, y otros jefes la de teniente coronel. Los ex niños soldados entrevistados utilizaban también el término jefe para referirse a graduaciones como cabo, sargento, sargento mayor de regimiento y teniente. Los muchachos soldados que muestran entusiasmo por la vida militar son ascendidos en seguida a jefes.



Cada niño secuestrado es asignado a una «familia», de la que es cabeza un jefe:



Está organizado como una familia. Hay un hombre, su esposa o esposas y los niños. Al principio yo estaba en el familia de B.M. Su esposa se llamaba A. En la familia había seis alumnas de la escuela de Aboke y muchachos con armas.



B. formaba parte de un grupo que tenía su base en una «enfermería», lugar relativamente seguro donde los heridos reciben rudimentarios cuidados médicos. Explicó lo siguiente:



Yo formaba parte de la familia de O.K. Era un médico que atendía a los heridos. Los enfermos venían a su casa para que les diera medicinas. Tenía cuatro esposas, dos hijos y 12 reclutas. En la casa había también seis niños y seis niñas secuestrados.



Aunque están supeditados a la autoridad general de Joseph Kony y de otros jefes de alta graduación, los cabezas de «familia» tienes tales poderes que los niños que les son asignados constituyen, de hecho, parte de sus bienes. A las niñas se las obliga a contraer matrimonio. Los jefes tienen autoridad no sólo para imponer trabajos forzados y castigos físicos, sino también para matar. En opinión de Amnistía Internacional, los niños son propiedad del cabeza de «familia» hasta tal punto que su condición coincide con la definición internacional de esclavitud.(12)



Todos los niños son obligados a realizar tareas domésticas y de otras clases en condiciones inhumanas que ponen en peligro su vida y sin una dieta adecuada. Según O.J., que fue llevado a Aru, Sudán, en diciembre de 1996:



Los árabes traían sorgo y maíz una vez al mes, pero sólo había suficiente para los jefes. Nosotros comíamos hojas de patata. A veces atacábamos a los dinka y los letuha para conseguir alimentos.

A J. también lo llevaron a Sudán. Declaró lo siguiente:



Yo iba a por agua. La zona era muy arenosa y había que recorrer casi 10 kilómetros para ir y venir. Se tardaban tres horas. Vi a un niño muerto. Estaba debajo de un árbol. Creí que se encontraba descansando, pero estaba muerto. También molía y preparaba el sorgo que traían los árabes. No comíamos judías ni verdura. Sólo teníamos hojas para hacer salsa. A los niños les obligaban a cortar leña.



V., que llegó a Aru a comienzos de 1997, explicó:



En el lugar de O. había mucha gente, por lo que no teníamos comida suficiente. Las nueve niñas que había tenían que compartir la poca comida que les daban... La gente moría de sed, porque había poca agua. Teníamos que cavar en el suelo para encontrarla.



A las niñas y a las mujeres las obligan a realizar las diversas tareas domésticas de las que en la sociedad rural acholi se supone que ha de ocuparse una esposa. Entre otras cosas, tienen que cocinar, limpiar e ir a por agua y alimentos. En el LRA, si no se acatan las reglas, el cabeza de familia tiene autoridad para imponer castigos, consistentes a menudo en azotar al infractor con una vara tantas veces como grave haya sido la infracción. Cuando el grupo está en marcha, por ejemplo, es preciso cocinar muy deprisa y de manera que no se vea el humo del fuego. «Si cocinas demasiado despacio, te golpean. Suele ser la escolta del jefe la que lo hace». Dejar que se vea el humo significa ser sentenciada a muerte.



El matrimonio forzado supone que las muchachas se ven también obligadas a prestar servicios sexuales a sus «esposos». De hecho, son tratadas como esclavas sexuales. Las muchachas entrevistadas utilizaban los términos «esposa» o «ayudante» para referirse a sí mismas. En muchos casos, el uso de uno u otro término parecía depender de la imagen que la muchacha en cuestión tenía de sí misma, y el hecho de que eligiese el de «ayudante» indicaba que era reacia a admitir (quizá no sólo ante unos extraños, sino también en su fuero interno) que la habían obligado a mantener relaciones sexuales.



Otros datos demuestran que la esclavitud sexual les es impuesta a todas las niñas secuestradas, aunque posiblemente con dos excepciones: las niñas menores de 13 años y las que consiguen escapar en el plazo de una semana a partir de su secuestro. Los exámenes médicos realizados a muchachas y mujeres que acababan de escapar revelaron que casi el 100 por cien de ellas tenían sífilis u otras enfermedades de transmisión sexual, mientras que sólo el 60 por ciento de los muchachos y hombres habían contraído enfermedades similares.(13) Exceptuando el caso de las que estaban ya casadas cuando fueron secuestradas (una minoría) y de las que pudiesen ser portadoras de enfermedades de transmisión sexual, lo más probable es que estas muchachas quedaran infectadas durante el tiempo que pasaron con el LRA. Muchas personas que trabajan con niños que fueron miembros del LRA han declarado que, tarde o temprano, las «ayudantes» son violadas por el cabeza de familia al que han sido asignadas. No obstante, muchas niñas no se atreven a decirlo debido al estigma social que supone la violación, y hacen falta semanas de ayuda psicosocial hasta que son capaces de expresar su experiencia. Una persona especializada en estos casos dijo a Amnistía Internacional:



Cuando me cuentan que fueron entregadas como «ayudantes» a la familia de un hombre, les preguntó cómo dormían. Al final dicen: «El hombre podía llamarme incluso a medianoche». El hombre les decía: «Traeme agua» o «Prepárame la cama». Entonces tenían lugar los abusos sexuales o la violación. Todas las niñas lo niegan al principio. Pero al final lo cuentan.



Las declaraciones de las niñas que admiten que fueron obligadas a mantener relaciones sexuales como «esposas» o como «ayudantes» corroboran los datos médicos y de los especialistas. Como explicó G., de 16 años:



El jefe nos dio esposos, excepto a las pequeñas, las de menos de 13 años. Pero todas las de 13 o más fuimos entregadas como esposas. No hubo ceremonia de boda. Pero si te negabas, te mataban.



El poder que ejerce sobre las niñas y mujeres el hombre al que pertenecen le permite incluso cedérselas como esposas a otro hombre. Esta práctica parece darse especialmente entre los grupos que vagan por el monte en Uganda, y no tanto entre los que viven de forma más permanente en las bases de Sudán. En Uganda, los rebeldes y sus cautivos están trasladándose constantemente de un lugar a otro y corren el riesgo de verse envueltos en operaciones militares en las que puede haber muertos y heridos. Los grupos pueden dividirse o unirse a unidades nuevas procedentes de Sudán. La inestabilidad de la situación militar y la rapidez con que cambia la composición de los grupos hacen que las relaciones impuestas sean precarias. Las niñas y mujeres pueden pasar por varios hombres si el primero al que fueron asignadas muere o es trasladado. Según una persona que trabaja con ex niños soldados:



Si un hombre se cansa de su esposa, se la cede a otro para desembarazarse de ella. En un año, las niñas pueden haber tenido muchos maridos.



Por otro lado, las niñas y mujeres no puede elegir a su «esposo». Como explicó B.:



Hay una disciplina muy férrea; no te permiten elegir otro hombre.



Una vez que la niña ha sido asignada a un hombre, tampoco puede negarse a mantener relaciones sexuales con su «marido». El castigo por oponer resistencia es severo. A. expuso así el caso de una muchacha llamada L.:



El marido quería que se acostase con él. Se negó, y por la mañana la golpearon terriblemente. Pero a ella no le importó. Dijo que Dios la protegía.



L. tuvo suerte, porque, según otra declaración, los hombres tienen un poder casi absoluto. Según acuerdo P.:



Algunos hombres golpeaban a sus esposas. Algunos incluso las mataban. Vi a uno matar a la suya.



No obstante, parece ser que, en el caso de las mujeres con hijos, los «dueños» deben responsabilizarse hasta cierto punto de su bienestar, a veces sus superiores les obligan a ello. Según G., que fue asignada a S.O.:



Mi marido me trataba mal. Me golpeaba. Cuando tuve un hijo, me apartó del resto de las mujeres. Dijo que el hijo que había tenido no era suyo. Pero sí lo era. El jefe se enfadó con él por rechazarnos al niño y a mí y le dio una paliza.



La función del matrimonio forzado



El poder inherente a la posesión de niñas y mujeres por soldados del LRA es una forma retorcida y ampliada del que impera en marcos sociales más familiares. Los informes del gobierno revelan que en la sociedad ugandesa existe un contexto patriarcal más amplio, en el que las mujeres y las niñas ocupan una posición social inferior a la de los hombres en la familia, la comunidad y la sociedad en general. La idea de la mujer como propiedad de su marido, la poligamia y los derechos sexuales exclusivos del hombre sobre su esposa (lo que supone, de hecho, que la violación dentro del matrimonio no se reconoce) son también una realidad social fuera del LRA.(14) En un informe del Ministerio del Género y el Desarrollo Comunitario se afirma que «la mayoría de las personas han sido socializadas para que consideren la violencia doméstica como una práctica normal».(15)



Lo que es específico del LRA son la extensión, naturaleza y función de la violencia contra las mujeres y la existencia de unas circunstancias jerárquicas e institucionalizadas particularmente brutales, en las que se fomentan los abusos contra los derechos humanos de las mujeres. La posesión de mujeres y niñas por medio del secuestro y del reclutamiento y el matrimonio forzados es parte integrante de la estrategia militar del LRA y del orden social concebido por sus dirigentes. Es a la vez el reflejo y la base de ese orden social.



La asignación de mujeres constituye un sistema de gratificación a los soldados varones. Sirve para proporcionarles personas que se ocupen de las labores domésticas y satisfagan sus necesidades sexuales. R., niño de 15 años, explicó sucintamente este sistema en la siguiente declaración:



Cuando están en Uganda, los muchachos no tienen relaciones sexuales con muchachas secuestradas. Les pegarían un tiro inmediatamente. Cuando llegan a Sudán, las muchachas son distribuidas entre los jefes que son trabajadores. Es para darles ánimos.



T. explicó así como se recompensó a un jefe por participar en los combates:



En Sudán me asignaron a la casa del general de brigada M. Había 45 personas asignadas a ella. M. tenía siete esposas, una de las cuales tenía un hijo. Cuando M. regresó a Uganda [a combatir], le dieron dos esposas más.



Dado que las operaciones militares del LRA consisten también en secuestrar a otros niños y en matar deliberada y arbitrariamente a los soldados del gobierno que son hechos prisioneros, «dar ánimos» sirve de incentivo para tal conducta.



Poseer mujeres es también un signo de prestigio y posición social. Cuanto más alta es la posición del hombre dentro de la jerarquía del LRA, mayor es el número de «esposas» y «ayudantes» que tiene. R. declaró también:



Kony tenía 30 esposas. Luego estaban los grandes jefes, que tenían ocho. Los demás hombres de alta graduación tenían cuatro. Era como en una familia.



G., muchacha de 16 años asignada como «esposa» a un jefe tras su secuestro en abril de 1994, declaró:



Mi marido era S.O., un comandante muy mayor. Yo era su segunda esposa. Durante el tiempo que estuve con él le trajeron dos más. Algunos hombres no tenían esposa, porque eran sólo soldados.



La función del matrimonio forzado como pilar del orden social del LRA queda demostrada por las estrictas reglas impuestas dentro del movimiento en relación con la conducta sexual de los muchachos y muchachas, como muestra la declaración de R. expuesta anteriormente. Una vez que una muchacha ha sido secuestrada, el contacto sexual con miembros del LRA que no sean el «dueño» al que ha sido asignada está estrictamente prohibido. Se castiga con la muerte al muchacho y a la muchacha si han mantenido relaciones sexuales de mutuo acuerdo y al muchacho sólo en caso de violación. Una niña secuestrada en octubre de 1996 informó de que una de sus compañeras de clase había sido violada antes de ser asignada a un hombre. Según su declaración,



Una de nosotras había sido violada al principio. No dijimos nada, pero cuando me asignaron a B. le conté lo que había ocurrido. El me decía: «Ya ves lo bien que os tratamos», pero le contesté que no era cierto y le informé de la violación. Entonces B. se lo contó a O.L. [el jefe del grupo]. Por la mañana llamaron al hombre. Le dieron 200 azotes con una vara y enviaron un mensaje a Kony para preguntarle qué tenían que hacer. Les respondió que le mataran. Al día siguiente le mataron. Entonces no preguntaron si otros hombres habían intentado hacernos algo. Algunos habían intentado acosaron y lo dijimos. Les dieron 150 azotes.





d No obstante, la violación de mujeres y niñas es frecuente en los ataques a pueblos, y en esta situación se comete con impunidad (véase el apartado siguiente). Perpetrada contra mujeres ajenas al grupo, la violación se considera, junto con los homicidios y la tortura, una táctica de guerra, un medio de intimidación y control de la población. Sin embargo, los niños (y los hombres) soldados son reacios a admitir que han cometido violaciones, tanto si las han llevado a cabo en la persona de una «esposa» que les fue asignada como si ha sido en operaciones militares. Al parecer, a los niños les resulta más fácil reconocer que han cometido homicidios.



Abusos en el contexto de las operaciones militares



En Uganda, el LRA actúa organizado en grupos denominados brigadas. En los distritos de Gulu y Kitgum actúan desde 1996 cuatro brigadas, llamadas, según informes, Stockree, Control Altar, Sania y Gilver. La primera fue responsable de numerosos secuestros de niños en septiembre y octubre de 1996.



Todos los niños secuestrados por el LRA reciben entrenamiento militar en las bases de Sudán o en campamentos temporales instalados en Uganda. Esto incluye a las niñas:



Todas y cada una de las niñas tienen que recibir entrenamiento. Es indispensable. En mi grupo [que actuaba en Uganda] había pocas niñas armadas, porque la mayoría estaban en Sudán. Son los rebeldes los que deciden quienes tienen que combatir y quienes deben quedarse en Sudán.

La naturaleza y la duración del entrenamiento militar que reciben los niños soldados varía según las circunstancias. No obstante, es mínimo e idiosincrásico en todas las situaciones, y pone en gran peligro a los niños en el campo de batalla, cuando se enfrentan al EPLS o a las UPDF. T., muchacho de 17 años que fue entrenado en Sudán, declaró:



Duró sólo 14 días, después de los cuales nos enviaron a Uganda a luchar contra gente que había tenido un año de entrenamiento. Los rebeldes no aceptan que te tumbes cuando hay disparos. Tienes que estar de pie. Muchos de los nuestros murieron en combate.



R., que recibió un entrenamiento aún más corto, explicó:



Estuve dos semanas en Sudán y luego regresé. La primera semana estábamos muy cansados y nos dejaban descansar. Teníamos comida, pero no mucha. Al cabo de una semana nos dieron armas.



Para los niños que se quedan en Uganda, el entrenamiento parece ser igualmente mínimo. A., que lo recibió trabajando en una «enfermería», declaró:



Nos entrenaban a todos. A los que estaban en la enfermería les entrenaban allí. L me entrenó a mí y a otra mujer. Había estado en el monte nueve años. La habían secuestrado. Cambiaba de conducta constantemente. Unas veces era dura; otras se quedaba tan tranquila. Nos enseñaba a tender emboscadas o a disparar un arma. Cuando tenía ganas de entrenarme, me llamaba, y yo iba.



Casi desde el momento en que son secuestrados, tanto los niños como las niñas corren el riesgo de verse envueltos en un combate con las UPDF. Con excepción de los que habían conseguido escapar poco después de su secuestro, todos los niños y niñas entrevistados por Amnistía Internacional habían participado en operaciones militares en Uganda o Sudán. No obstante, los niños y los hombres tienen más posibilidades de ser enviados a combatir con más frecuencia y regularidad, lo que probablemente sea el resultado del hecho de que haya más niños que niñas secuestrados, así como de la esclavitud sexual (y el consiguiente embarazo) de las niñas.



Hay dos mitos acerca de las actividades militares en el norte de Uganda. El primero es que las UPDF no se enfrentan al LRA, y el segundo, que éste ataca sólo a la población civil, no al ejército. Ninguno de los dos es cierto. Muchos niños que fueron soldados han informado sobre combates entre las UPDF y el LRA. J., secuestrado por un grupo del LRA en agosto de 1996, explicó así como les atacaron días después de su secuestro:

A mediodía, cuando estábamos preparando la comida, apareció un helicóptero. Comenzó a alejarse y a lanzar bombas a los árboles y luego se fue. Los rebeldes dijeron: «vamos; se acabó la comida». Nos dijeron que se aproximaban cuatro líneas de soldados de las UPDF. Eso significaba que tendríamos que luchar, pero los nuevos reclutas no teníamos armas. El jefe nos dijo: «Aunque no tengáis armas debéis participar en el combate haciendo ruido. Yo fui uno de los chicos a los que escogieron para hacer ruido. A., el sustituto del jefe, estaba hablando por radio para comprobar si eran realmente las UPDF. Entonces comenzó el combate. Los que no teníamos armas comenzamos a gritar, porque nos estaban golpeando con varas también.



Se desconoce el número de niños que han muerto en operaciones militares. J. informó de que, en este combate, resultaron muertos alrededor de 40 miembros del LRA y más de 70 soldados de las UPDF. Según la información aparecida en los periódicos The New Visiony The Monitorsobre enfrentamientos militares que se produjeron entre el 8 de febrero de 1996 y el 30 de abril de 1997, en este periodo las UPDF y el EPLS mataron a un total de 748 soldados del LRA. No es fácil evaluar la exactitud de esta cifra, basada en gran medida en declaraciones oficiales de los militares, ya que las UPDF procuran unas veces minimizar la magnitud de los combates, mientras que otras hacen todo lo posible para demostrar que van ganando. Las declaraciones de los entrevistados indican que la cifra se ha calculado por lo bajo.



Las bajas de las UPDF también son difíciles de determinar; pero no cabe duda de que el LRA no toma prisioneros, sino que mata a los soldados de las UPDF heridos o capturados. A J.O. le obligaron a matar a soldados poco después de su secuestro. Declaró lo siguiente:



Más tarde dijeron a los reclutas nuevos que remataran a todos los soldados de las UPDF heridos. A un oficial le mataron con una bayoneta... Capturaron a dos soldados de las UPDF. El jefe dijo: «los reclutas nuevos pueden alimentarse ahora de estos dos soldados». A tres de nosotros nos ordenaron golpear a los dos soldados, dos veces cada uno. Fue mi segundo día con los rebeldes.



T. también informó de que a los soldados de las UPDF capturados los mataban. Según su declaración:



Combatí tres veces en Uganda. Nunca capturamos a soldados de las UPDF. Pero otro grupo si lo hizo y los mató.



Marchas por el monte



Cuando están en Uganda, las unidades del LRA están constantemente en marcha. Se alejan con rapidez de los pueblos que atacan y recorren grandes distancias para buscar nuevos blancos o evitar a las UPDF. Al parecer, los niños soldados por lo general sólo permanecen en un mismo lugar durante un periodo considerable cuando son asignados a una «enfermería» o están siendo atendidos en ella. Los niños (y los adultos) secuestrados son obligados a transportar pesadas cargas de alimentos obtenidos en saqueos, municiones, utensilios de cocina, víveres y agua. La comida suele ser escasa. Los entrevistados han informado de que la muerte por agotamiento, hambre o sed cuando están en marcha es común. Probablemente, nunca se llegará a saber cuántos niños han muerto así. Mueren en soledad y, a menudo, en el anonimato. B., secuestrada en febrero de 1997 al norte de Gulu, relató así su experiencia:



Caminamos hasta Pyeng [transcripción fonética] y nos quedamos allí. Estuvimos cuatro días, durante los cuales hacíamos incursiones en busca de alimentos. Mi tarea consistía principalmente en transportar el equipaje y los víveres. También tenía que cocinar y que ir a por agua. Recibí entrenamiento militar durante un día. Algunos de los demás niños secuestrados murieron de hambre y de sed.



G.A. formaba parte de otro grupo que merodeó por la zona de la frontera entre Sudán y Uganda a finales de 1996. Declaró lo siguiente:



Al final llegamos a un lugar donde recogimos agua, así que también tuvimos que cargar con ella. Cuando todo acabó, algunos habían muerto de sed.



A los porteadores los tratan con brutalidad... J.O. explicó así cómo le obligaron a cargar con los alimentos obtenidos en el saqueo de un centro comercial:



Llevábamos tres bolsas de azúcar, bebidas, galletas, dulces, una radio y una caja de dinero. En el camino había un río que cubría hasta el pecho. Les dieron las cosas a las mujeres para que las llevaran sobre la cabeza. Las amenazaron con matarlas si resbalaban y perdían algo.



Una mujer lo perdió todo. Suplicó: «No me matéis, dejadme ser esposa de uno de vosotros». «¿Crees que eres la única mujer?», dijeron. Dos hombres la mataron con una bayoneta, y el jefe nos advirtió a todos: «Si se os cae una sola galleta os mataremos así».



A quienes no pueden resistir, lo más probable es que los maten. P., de 15 años, escapó en mayo de 1997 tras haber pasado siete meses con el LRA. Declaró lo siguiente:



Por la mañana, después de levantarnos, nos poníamos en marcha hasta el mediodía. Entonces cocinábamos. Luego continuábamos otra vez hasta la puesta del sol. A veces marchábamos todo el día sin comer. Nos obligaban a llevar cargas pesadas. Si no podías con ellas te mataban. Vi matar a mucha gente. Había un hombre al que le habían dado muchas cosas para llevar y no podía caminar más. Lo mataron y dieron lo que llevaba a otra persona.



J. fue secuestrada en octubre de 1996 y llevada rápidamente a la frontera de Sudán. Explicó lo siguiente:



Una vez en las montañas, recogimos a las muchachas embarazadas y los niños de una enfermería y marchamos todos juntos hacia Sudán. Caminábamos constantemente, día y noche, transportando cargas por parajes terribles. Me salieron llagas en las piernas. Si tu bebé lloraba, te golpeaban; y si dejabas mucha distancia entre ti y el grupo, te mataban. A dos muchachos que iban detrás con pesadas cargas los mataron de un tiro por ir demasiado despacio.



Ataques a civiles



Las principales víctimas de las actividades del LRA son los civiles. Las carreteras y los caminos suelen estar minados. Los vehículos que viajan por Gulu, Kitgum y los distritos vecinos caen a menudo en emboscadas, en las que a veces pierden la vida muchas personas. Las escuelas, los centros médicos y los edificios oficiales están en el punto de mira de los ataques de los rebeldes. Cuando el LRA necesita alimentos, los obtiene de campesinos aterrorizados a los que obliga a colaborar con él o saqueando pueblos. El movimiento utiliza la violencia para castigar a las comunidades que se muestran reacias a apoyarle y a quienes cree que han proporcionado información a las autoridades. Los concejales de los municipios y otros civiles que trabajan con las autoridades están especialmente expuestos a que los maten. Pero son los pueblos, sobre todo, los que sufren los ataques, porque es en ellos donde se secuestra a los niños; y los homicidios deliberados de civiles son parte habitual de estos ataques. Es imposible enumerar todos los sucesos sobre los que se ha informado a Amnistía Internacional. A continuación se exponen algunos a modo de ejemplo.



El 20 de abril de 1995, varios centenares de soldados del LRA atacaron Atiak, centro comercial situado al norte de Gulu. Después de asaltar un destacamento militar, saquearon e incendiaron el mercado, a la vez que reunían a cientos de personas a las que llevaron hasta un lugar situado unos 10 kilómetros al suroeste de la ciudad, a orillas de un río donde por fin se detuvieron Una vez allí, dividieron a los cautivos en categorías: niños menores de 11 años, hombres y mujeres ancianos, mujeres embarazadas, madres con niños de pecho y hombres y mujeres jóvenes, incluidos los niños mayores de 11 años. Según informes, el jefe del LRA acusó a los civiles de no prestar apoyo al movimiento. A mediodía, mataron a tiros a los adolescentes y a los jóvenes. Más de 130 muchachos murieron ese día a orillas del río, entre ellos más de 40 alumnos de la escuela técnica de Atiak. Se cree que en total más de 200 civiles perdieron la vida durante esta incursión del LRA.



Varios niños soldados que habían participado en ellos dijeron que, en los combates con las UPDF que se libraron después, murieron muchos miembros del LRA, mientras que algunos escaparon aprovechando la confusión. Una unidad del LRA regresó tres semanas más tarde en busca de un muchacho que había huido con un arma. En Latebe, localidad situada a un kilómetro de Atiak, mató a palos a tres hombres y a cuatro mujeres. A C., muchacha de 17 años secuestrada en 1994, la descubrieron cuando intentaba huir. Declaró lo siguiente:



Me vieron unos rebeldes que había en lo alto de los árboles. Me atraparon y me castigaron por haber intentado escapar. El «maestro» me torturó... Me echó aceite hirviendo en la mano.




«Si corres, te pegaremos un tiro» por O.C.















































Desde julio de 1996 ha aumentado la frecuencia de los ataques a civiles, que eran ya muy comunes. El 12 y el 13 de julio de 1996, una unidad del LRA atacó los campos de refugiados sudaneses de Agago y Achol-Pii, en el distrito de Kitgum. Los rebeldes mataron a cuchilladas o a tiros a 115 refugiados. Asimismo, secuestraron y asesinaron a dos agentes de policía ugandeses. El LRA considera que los refugiados sudaneses, en particular los de etnia dinka, apoyan al EPLS.



Según informes, el 28 y el 29 de julio de 1996 mataron en el municipio de Kilak a 78 campesinos ugandeses. En agosto de 1996, un grupo de rebeldes se encontró con tres muchachos que habían hecho caso omiso de la prohibición de utilizar bicicletas. J.O., que pertenecía entonces a ese grupo, declaró:



A las 11 cruzamos la carretera de Omoro. Nos encontramos con tres muchachos en bicicleta. Los rebeldes los detuvieron y nos dijeron que les diéramos un hachazo en la cabeza. Pero el maestro nos detuvo, así que los ataron para llevarlos con nosotros. Llegamos a cierta casa, a unos tres kilómetros de la carretera principal. El jefe O. comenzó a hablar con la gente de la casa, aconsejándoles que no fuesen por la carretera. Dieron orden de matar a los tres muchachos delante de la gente de la casa. El maestro A. dijo que no utilizáramos armas, sino un hacha. Fui uno de los elegidos para dar un hachazo a los muchachos, pero no tuve que hacerlo, porque el jefe me pidió algo de la bolsa que yo cargaba. Fui a traerle la bolsa. Cuando volví, habían matado a los tres muchachos.



El 16 de septiembre fueron asesinados en Burcoro 15 campesinos. El 19 de septiembre mataron a hachazos en Abera, cerca de Unyama, a tres mujeres. Al día siguiente, los rebeldes «detuvieron» a 11 hombres en Oding, pueblo próximo a Paicho. Alinearon sus cadáveres a lo largo de la carretera y quemaron el pueblo. También el 20 de septiembre mataron a siete hombres que encontraron montados en bicicleta al sur de Gulu y dejaron sus cadáveres en la carretera. J., niña secuestrada en octubre, vio matar a otro hombre por montar en bicicleta. Explicó así lo sucedido:



Destrozaron la bicicleta y al hombre le cortaron los pies. Luego obligaron a su esposa a comerse uno de los pies amenazándola con matarla si no lo hacía.



Entre el 7 y el 11 de enero de 1997, una fuerza del LRA mató a más de 400 campesinos en varios lugares de condado de Lamwo, distrito de Kitgum. Según otros campesinos que presenciaron las matanzas, el LRA les dijo que éstas eran un castigo por su falta de apoyo, en concreto porque varios niños soldados de la zona habían desertado llevándose consigo sus armas y porque los habitantes del municipio habían revelado el paradero de algunos rebeldes heridos que se habían ocultado allí y mostrado a las UPDF dónde había minas terrestres colocadas. Mataron a más de 80 personas en Palabek Kal, a más de 61 en Padibe y a 82 en Lokung. Además, quemaron pueblos y graneros. Según informes, el 18 y el 19 de enero mataron en Palabek Kal a otros 90 civiles. Decenas de miles de campesinos huyeron de la zona en busca de la protección de las UPDF.

De los homicidios se informa públicamente con frecuencia, pero los numerosos casos de violación se mantienen más ocultos. Las violaciones no son un fenómeno casual del conflicto, sino un arma táctica utilizada para aterrorizar a la población civil. D. explicó así lo que les ocurrió a su familia y a ella en 1996, durante un ataque del LRA:



Estaba sentada en mi casa con mi hijo de seis meses. Llegaron los rebeldes. Me arrebataron al niño y lo arrojaron al suelo. Sobrevivió. Mi marido es funcionario. Estaba allí, junto con un hombre que había venido a comprar cacahuetes. Los rebeldes comenzaron a golpearlos. Mataron a mi marido. Al comprador lo dejaron vivo, pero ahora tiene trastornado el juicio. Luego comenzaron a violarme. Mi hija tenía siete años. La quemaron, la torturaron y le preguntaron dónde tenía mi marido los bienes del gobierno. A mí me golpearon también en la cabeza y perdí los dientes.



F. sufrió la siguiente experiencia el 12 de mayo de 1995 cuando se encontraba en su casa, cerca de Gulu:



Llegaron una noche. Mis dos hijos estaban durmiendo en el monte, así que no los vieron. Mi marido sí estaba. Los rebeldes lo molestaron y luego lo mataron. Entonces me sacaron de la casa y me violaron.



El estigma y las probables consecuencias sociales de haber sufrido una violación hacen que muchas mujeres violadas no informen de ello. Esta actitud sirve de base a una predisposición generalizada a minimizar el problema de las violaciones por considerar que no es más una «desafortunada» cuestión secundaria. Pero lo cierto es que la violencia sexual es una parte clave no sólo del trauma que sufren numerosas mujeres y niñas del norte de Uganda, sino también del modo en que se está desarrollando la guerra.



El viaje de regreso



Intentar escapar es peligroso. Ya se han expuesto en este informe las consecuencias que pagan quienes lo intentan y no lo consiguen. No obstante, en los últimos tres años millares de niños han logrado huir del LRA o han sido capturados por la UPDF. Algunos habían planeado su fuga, otros huyeron aprovechando una oportunidad inesperada, a menudo en medio del fragor y el caos de un enfrentamiento militar. G.O., miembro de un grupo que cayó en una emboscada de las UPDF a comienzos de 1997, declaró:

Las UPDF dispararon. Echamos a correr dejando allí todas y cada una de las cosas que transportamos. Los disparos eran terribles, y había también bombas, muchas. Yo estaba con una niña. La llevaba de la mano, pero se soltó. No sé que le ocurriría.



Llegué a un río y comencé a cruzarlo. Había mucha agua. Era como si me estuviera ahogando. Me escurría. Creí que iba a morir. Pero al final noté que estaba tocando una piedra con el pie. Me quedé allí, porque estaba muy cansado. Caminé hacia la orilla. Oí chillar a unas niñas. «Me lleva el agua», decía una. No grité porque tenía miedo de que me atraparan las UPDF.



Caminé un rato a lo largo del río. Había hierba alta entre la que podía esconderme. Tenía mucho frío. Me quedé allí, temblando. Todavía tenía miedo. Seguían lanzando bombas. Me tumbé en la hierba y cerré los ojos. Me quedé así hasta las cuatro. En la hierba. Ni siquiera tenía hambre.



B. escapó en enero de 1997, durante una operación emprendida en el distrito de Gulu. Declaró lo siguiente:



Estábamos en marcha, de camino a un pueblo para saquearlo. Era de noche. Otras dos niñas y yo nos ocultamos debajo de un árbol y esperamos allí mientras el grupo seguía adelante. Luego corrimos en dirección contraria.



R., de 17 años, tuvo que esperar mucho tiempo hasta que se le presentó la oportunidad de escapar en junio de 1997. Contó así su huida:



Me escogieron para ir a buscar víveres y niños a Uganda. Estaba destinado cerca de Pabo. Confiaban en mí. Fuimos y secuestramos a muchos. Cuando regresábamos a toda prisa a nuestro destacamento, caminando de noche, simulé apartarme para orinar. Continuaron caminado y me dejaron. Cuando se fueron comencé a avanzar despacio. Encontré un camino en el monte y lo seguí hasta llegar a la carretera principal. Corrí por ella y luego me desvié hacía el monte y me oculté. Para entonces ya habían regresado y estaban buscándome. Corrieron detrás de mí, bajando por la carretera principal, y pasaron de largo. Me quedé allí toda la noche, completamente inmóvil. Al amanecer vi gente que venía por la carretera. Me quedé en el monté. Tenía miedo de que me mataran.



Para los niños que escapan en zonas remotas, la huida inicial va seguida de un largo y a menudo peligroso viaje por el monte. G.O. tuvo que cruzar una parte del distrito de Gulu que estaba completamente desierta a finales de 1996 al haberse trasladado sus habitantes a los centros comerciales por razones de seguridad. Relató así su experiencia:



Durante dos días caminé solo. Comía plátanos y papayas crudas. Llevaba algunos en la bolsa. Comía mientras caminaba. Buscaba casas pero no encontraba ninguna. Vi una carretera y la seguí y la seguí hasta que se hizo de noche. No podía caminar más. Dormí debajo de un árbol. En plena noche noté la presencia de algo. Era un animal. Pasó de largo. Por la mañana me puse otra vez en marcha. Vi un mango. Comí mangos y los plátanos del día anterior.



El segundo día de marcha encontré una casa; era un lugar donde los rebeldes habían cocinado. Me fui a toda velocidad hasta dejar atrás ese lugar, y continué caminando durante mucho tiempo. Llegué a un campo de mandioca. Seguí caminando y caminando. Vi un campo de arroz, pero ya lo habían recogido. Finalmente llegué a una carretera importante y continué por ella caminando y caminando. Vi muchos campos, todos quemados.



El recibimiento de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda



Ponerse en contacto con las UPDF es un proceso que entraña riesgos, a pesar de que el ejército está aplicando la política de animar a los rebeldes a proporcionarle información. En especial resulta arriesgado si los soldados de las UPDF están patrullando por el monte o si los niños han huido durante un ataque, porque en estas situaciones los militares están nerviosos por temor a caer en una emboscada del LRA. G.O. había huido y estaba escondida cuando se encontró con los soldados de las UPDF. Contó así lo ocurrido:



Entonces oí ruidos. Me dije: «¿salgo o no salgo?», y decidí salir. Vi a un anciano y a un niño de unos nueve años. Los reconocí; también habían sido prisioneros. No podíamos cruzar el río porque era demasiado profundo. El anciano no podía caminar mucho; tenía los pies tan hinchados que andaba muy despacio. Yo iba delante y el niño detrás de mí. Encontramos un lugar por el que se podía cruzar el río. Oímos voces. El niño dijo: «Son soldados. Vamos. No nos dispararán». Dije: «No. Si nos ven, dispararán». De repente, las UPDF nos vieron y comenzaron a disparar. Eché a correr. No sé qué les ocurrió al niño y al anciano.



La mayoría de los huidos se entregan a civiles, a menudo a mujeres, que se ponen en contacto con los concejales locales para que éstos se ocupen de llevar a los niños hasta los militares. R., que se había escondido al borde de la carretera, hizo lo siguiente:



Desmonté mi arma y la oculté en una bolsa. Caminé hacia el centro comercial y vi a una anciana. Le dije quién era. Fuimos a ver a un concejal del pueblo y él me llevó al destacamento.



G.O. declaró que, cuando por fin llegó a una parte habitada del distrito de Gulu, se entregó a unas mujeres:



Vi casas. Fui a una de ellas y había dos mujeres. Les pregunté el nombre del pueblo. «Paibona. Está en Gulu, pero muy lejos de todo», dijeron. Me invitaron a comer. Les conté todo. Me dijeron que me bañara y que no tuviera miedo. «Cuando se ponga el sol te llevaremos al cuartel», dijeron. Tenían miedo de que las UPDF las acusaran de dar refugio a los rebeldes.



La política oficial del gobierno hacia los niños soldados del LRA capturados o huídos consiste en trasladarlos rápidamente al Cuartel de Gulu desde el remoto destacamento en el que se han presentado. Una vez allí, o en el mismo destacamento a veces, les hacen algunas preguntas sobre sus armas y otros asuntos que puedan ser de interés para los servicios de seguridad. Oficialmente, los militares les retienen muy poco tiempo antes de llevarlos a World Vision Uganda o a la Organización Gulu de Apoyo a los Niños para que les ofrezcan terapia y ayuda psicosocial. Parece ser realmente así en la mayoría de los casos; pero Amnistía Internacional ha recibido también informes sobre menores de 18 años a los que se ha dado la opción de alistarse en el ejército y sobre niños soldados que se habían entregado hacía poco a los que se ha utilizado en operaciones militares como guías e informantes de los servicios de seguridad. Las UPDF afirman que estos informes no son ciertos.



La gran mayoría de los niños entrevistados por Amnistía Internacional señalaron que, una vez en el destacamento militar, los soldados y los funcionarios les trataban bien. Un asunto al que los soldados dan prioridad es la localización de armas,(16) mientras que a los niños lo que les preocupa suele ser la comida. V., de 15 años, declaró lo siguiente:



Los soldados nos preguntaron dónde estaban nuestras armas. Les dijimos que las habíamos tirado, pero nos hicieron volver con ellos a buscarlas. No las encontramos. Regresamos al cuartel alrededor de las 10 de la noche. Teníamos mucha hambre, porque no habíamos comido nada. En el cuartel nos dieron judías, carne y arroz. Estuvimos cuatro días allí y luego nos llevaron a Gulu. Nos dieron muy bien de comer, e incluso teníamos galletas.



G., muchacha de 16 años que escapó en febrero de 1997 tras haber pasado casi tres años con el LRA, explicó:



Me llevaron a combatir a la frontera y nos derrotaron. Conseguí escapar con mi arma. Fui corriendo al cuartel de Ngoromoro, en Kitgum. Allí me recibieron bien. Estuve una semana. Me hicieron preguntas sobre la batalla que se acaba de librar y me dieron de comer. No me hicieron nada malo. Me llevaron al Cuartel de Gulu y, después de comer, me trajeron directamente al centro [de ayuda].

No obstante, a pesar de la política oficial, en un pequeño número de casos los soldados de las UPDF han adoptado una postura más agresiva hacia los niños que se entregan voluntariamente, llegando, de hecho, a mantenerlos detenidos durante algún tiempo y, a veces incluso a someterlos a malos tratos. T., muchacho de 17 años que se presentó en un destacamento en febrero de 1997, tras haber pasado 11 meses con el LRA, despertó las sospechas de los soldados. Explicó así lo que le ocurrió:



Al final llegue a un destacamento y me presenté a los militares. Al principio no me creyeron. Pensaban que estaba fingiendo rendirme. Así que me introdujeron en un hoyo que habían cavado en el suelo. Me dejaron allí un día. Al día siguiente me sacaron. También se habían presentado en el destacamento cuatro personas más. Les dejaron marcharse a casa, pero a mí no. Dijeron: «Vamos a tenerte aquí dos semanas. Si en ese tiempo el LRA no ataca el destacamento, te soltaremos para que vayas al cuartel». Al cabo de dos semanas y dos días me llevaron al Cuartel de Gulu. A los dos días de estar allí me enviaron a World Vision.



Amnistía Internacional ha recibido más testimonios sobre el uso de hoyos como lugares de detención en destacamentos de las UPDF. A la organización le preocupa la posibilidad de que está práctica sea relativamente común, especialmente en zonas remotas.



Aunque los niños soldados que se entregan voluntariamente o que son capturados encuentran pocos motivos de queja, parece necesario que las UPDF y las fuerzas que colaboran con ellas, como las Unidades de Defensa Local y los guardias municipales, sean más sensibles hacia las necesidades de estos niños. Como explicó con cierta resignación una niña entrevistada por Amnistía Internacional: «los soldados eran groseros. De todos modos, estoy acostumbrada. Así es como se comportan siempre».



Represalias del Ejército de Resistencia del Señor



El LRA ha respondido a algunas huidas, en especial a las han supuesto pérdida de armas, lanzando ataques de represalia contra el lugar de origen del huido. Según informes, como consecuencia de ello en algunos pueblos han expulsado a niños soldados que habían regresado, por temor a lo que pudiera ocurrir después. El LRA puede lanzar sus ataques de represalia al azar –como en caso de los efectuados contra diversos pueblos del condado de Lamwo, distrito de Kitgum, en enero de 1997, en los que murieron centenares de campesinos– o dirigirlos contra personas concretas o contra sus parientes. J.O., niño de 15 años del distrito de Gulu, escapó durante una operación lanzada en su zona de origen y se refugió en casa de un tío suyo. Según su declaración:



Más tarde me dijeron que, por haberme escapado, habían capturado y golpeado a dos muchachos de mi pueblo. A uno de ellos, los rebeldes le dieron una puñalada en la mano y le dijeron que los llevase a casa de mis padres. Allí encontraron a mi madre y la mataron. Esto me lo contaron más tarde. En la casa había cuatro mujeres. Los rebeldes preguntaron quién era mi madre y golpearon a una de las mujeres hasta que se lo dijo. Comenzaron a golpear a mi madre y le preguntaron dónde estaba mi hermano. También le encontraron. Golpearon a mi madre y a mi hermano con palos y hachas hasta matarlos.



Siguieron buscándome. Amenazaron con matar a más gente si no regresaba. Luego prendieron fuego a mi casa. Esto me lo contó un muchacho que vivía cerca de mi casa. Me hizo sentirme avergonzado por lo que había ocurrido. Me dijo que yo tenía la culpa de que hubiesen matado a mi madre y a mi hermano.



J.O. escapó en octubre de 1996 y todavía no ha regresado a su pueblo, sino que continúa en Gulu tratando de empezar de nuevo su educación. Una vez se encontró en un centro de ayuda de Gulu con el hombre que había matado a su madre y a su hermano. Explicó así el encuentro:



Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, él volvía la cabeza. Un día me llamó para que fuese a hablar con él detrás del edificio. Dijo: «O., hermano, cuando te veo me siento desgraciado. ¿Qué me hiciste hacer?. Me obligaron. Maté a tu madre». Entonces se echó a llorar. Le dije: «no tengas miedo de mí aquí. No les diré a mis parientes que mataste a mi madre». Este rebelde no había sido secuestrado. Mataron a su tía [las UPDF] y se unió a los rebeldes para vengarse.



Los ex niños soldados comprenden la presión a que han estado sometidas otras personas. A ellos también los obligaron a matar.

La vuelta a casa



Los niños que sobreviven a los sufrimientos del secuestro y recuperan la libertad tienen que hacer un inmenso esfuerzo para reconstruir su vida, pues se enfrentan a intimidantes situaciones que escapan a su control. Sus familiares pueden estar muertos o haber sido desplazados a campos de acogida donde, al no poder cultivar la tierra, dependen de la ayuda humanitaria. Además, de regreso en su pueblo o en el campo de desplazados, los niños corren el riesgo de ser secuestrados de nuevo (en mayo de 1997, Amnistía Internacional entrevistó a varios que habían sido secuestrados más de una vez). Por otro lado, el secuestro trastorna completamente la educación de los niños.



En muchos casos, los niños están atormentados psicológicamente por la terrible experiencia que han vivido, lo que convierte su reintegración y reajuste social en una difícil tarea. Las organizaciones no gubernamentales que trabajan con los niños han informado de que sus familias normalmente desean que regresen con ellas, pero otros miembros de la comunidad no siempre ven con buenos ojos que los niños que han sido soldados, muchos de los cuales han participado en terribles actos de violencia, vivan de nuevo entre ellos. No obstante, es posible que, a modo de efecto secundario, el hecho de que desde 1995 haya aumentado el número de secuestros de niños haga que aumente considerablemente la aceptación de los niños soldados que regresan por parte de su comunidad. Casi todas las comunidades de Gulu y Kitgum han sufrido ya el secuestro de niños en un momento u otro.



Cuando llegan, después de haber pasado un tiempo en el monte, los niños suelen encontrarse en mal estado físico. Los reconocimientos médicos revelan que la mayoría de ellos están desnutridos en el momento de su huida y que muchos presentan infecciones cutáneas y heridas como consecuencia de los combates, las largas marchas o las pesadas cargas que han tenido que llevar. Algunos llegan tullidos. A menudo tienen grastroenteritis, sarna, infecciones parasitarias, e incluso enfermedades que pueden poner en peligro su vida, entre ellas VIH/SIDA.



En el caso de las niñas, las consecuencias médicas y sociales pueden ser especialmente graves. Cabe la posibilidad de que hayan contraído enfermedades de transmisión sexual y tengan luego complicaciones como infertilidad, abortos y alumbramientos de mortinatos, todo lo cual tiene consecuencias sociales. El hecho de haber sido violadas u obligadas a mantener relaciones sexuales durante el tiempo que pasaron con el LRA puede suponer para ellas el rechazo y la marginación social. A principios de 1997, ACORD, organización intergubernamental cuyos programas tienen como objetivo a largo plazo el restablecimiento y consolidación de la paz comunitaria, realizó un estudio sobre 36 mujeres que habían sido violadas por soldados del LRA o del gobierno. Treinta de ellas fueron expulsadas de su casa por el marido o por la familia de éste, mientras que a otras tres, aunque no las habían echado directamente, el marido ya no las mantenía. Los hombres mostraban temor a que sus esposas hubieran contraído el VIH/SIDA.



Los análisis de la situación de las mujeres, los niños y los adolescentes en Uganda ponen de manifiesto lo importante que es en la sociedad ugandesa casarse y tener hijos. Al mismo tiempo, los estudios del gobierno indican que las desigualdades entre la esposa y el marido son parte integrante de la institución del matrimonio. Pero como éste está basado en la inferioridad de la mujer, la ausencia de esposo constituye «una maldición». El divorcio supone el desamparo económico, y las mujeres solteras con hijos suelen ser tachadas de prostitutas.(17)



En circunstancias extremas, las mujeres y niñas que la sociedad ha condenado al ostracismo pueden verse obligadas a dedicarse a la prostitución. Según informes, en el distrito de Gulu la guerra ha generado un aumento del número de prostitutas. La presencia de soldados fomenta el mercado del sexo, y muchas mujeres no tienen más remedio que recurrir a él para mantenerse o para mantener de sus hijos. Asimismo, las mujeres pueden verse atrapadas en relaciones precarias e inestables, debido a las cuales están expuestas a sufrir abusos. En un estudio de ACORD-Gulu se exponen casos de muchachas «cantineras», adolescentes que se han fugado con soldados o han tenido que casarse con ellos y se quedan ya en el destacamento de su compañero cuando éste muere o es destinado a otro lugar.(18)



Conclusión: hacia un programa de acción



Los abusos y la explotación flagrante a que se somete a los niños en los conflictos armados pueden y deben ser eliminados. Llevamos demasiado tiempo ya cediendo terreno a la falsa idea de que la participación de los niños en los conflictos armados es lamentable, pero inevitable. No lo es. Normalmente, los niños se ven atrapados en los conflictos debido a decisiones conscientes y deliberadas de los adultos.

The impact of armed conflict on children(El impacto de los conflictos armados sobre los niños), informe presentado por Graça Machel ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, 26 de agosto de 1996.



El genocidio de Ruanda y la guerra en la República Democrática del Congo (el ex Zaire) y en Sudán han eclipsado la situación de los derechos humanos en el norte de Uganda. Internacionalmente, Uganda está considerada como un país que ha dejado atrás su pasado sangriento. Sin embargo, la continua violencia que asuela los distritos de Gulu y Kitgum rebela que, en realidad, existen dos Ugandas: el sur, que goza de prosperidad y de una vibrante actividad política, y el norte, región devastada, donde el pasado encuentra continuidad en un brutal, inseguro y traumatizado presente.



Este informe se centra en los abusos contra los derechos humanos que sufren y cometen los niños secuestrados por el LRA para convertirlos en soldados. La fuerza que impulsa a este movimiento parece ser tanto una reacción religiosa al trauma social como una ideología política. Las personas ajenas al LRA lo describen a menudo como una fuerza irracional, cuyos líderes deben de padecer algún trastorno mental. Pero, por difícil que pueda resultar comprender la motivación de sus dirigentes, lo que es evidente es que el LRA constituye una fuerza completamente organizada y disciplinada. El sistema y la estructura internos que ha creado y los medios que utiliza para mantenerlos se basan en una perversión de actitudes y creencias tomadas de un contexto más amplio.



Como movimiento armado de oposición, el LRA está obligado, al igual que los gobiernos, a respetar los principios básicos del derecho internacional humanitario. En concreto, todas las partes de un conflicto interno deben observar los principios establecidos en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, en el que se estipulan unas normas mínimas de humanidad para las situaciones de conflicto armado que no son de naturaleza internacional.(19) El artículo común 3 hace extensiva la protección a:



Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa...



A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:



a) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;

b) La toma de rehenes;

c) Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

d) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido.



En este informe se han documentado abusos contra los derechos humanos que infringen la mayoría de estas disposiciones. Tales abusos son crímenes de guerra, por los que los dirigentes del LRA han de rendir cuentas.



El LRA ejerce derechos de propiedad sobre los niños secuestrados. Los trata como si fueran bienes suyos. De hecho, las niñas y las mujeres son esclavas sexuales. La esclavitud y la servidumbre están prohibidas por el artículo 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que estipula:



Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todos sus formas.



El segundo Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados no internacionales, prohíbe la violación y la esclavitud.



El régimen jurídico internacional aplicable a los gobiernos es más complejo y amplio. Como Estados parte, los gobiernos están obligados a respetar también la legislación internacional sobre derechos humanos. La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas contiene artículos que tratan específicamente de los derechos humanos de los niños. En ellos se impone a los gobiernos la obligación de salvaguardar el derecho de los niños a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, así como a la libertad de expresión, pensamiento, conciencia, religión, asociación y reunión. Otros artículos salvaguardan su derecho a no ser sometidos a tortura ni a otros tratos o penas crueles, así como a la libertad.(20) La esclavitud, uno de los primeros abusos contra los derechos humanos contra los que se impusieron normas específicas en el derecho internacional, está también prohibida por la Convención sobre la Esclavitud de 1926, de la que Uganda y Sudán son Estados parte.(21)



En este informe se ha documentado el apoyo que presta Sudán al LRA, apoyo que desde 1994 ha sido decisivo, al permitir a este movimiento ampliar sus operaciones en el norte de Uganda. El gobierno de Sudán tiene capacidad para liberar a los niños secuestrados, pero en vez de hacerlo ha optado por ayudar al LRA a mantenerlos bajo control. Asimismo, el gobierno de Sudán colabora con el LRA en operaciones militares contra el EPLS en las que se utiliza a niños soldados. El gobierno de Sudán está incumpliendo claramente los tratados y normas internacionales de derechos humanos, incluidas la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la Convención sobre la Esclavitud.(22) Suministra muchas de las armas con que se cometen los abusos contra los derechos humanos y permite al LRA instalar bases en Sudán, sabiendo que el movimiento utiliza de manera constante y sistemática el secuestro y la violencia extrema contra los niños y contra otros civiles. Por todas estas razones, el gobierno de Sudán puede ser considerado responsable de los abusos contra los derechos humanos cometidos por el LRA.



La gravedad de los abusos contra los derechos humanos cometidos por el LRA plantea un dilema. Si se quiere hacer justicia a los habitantes de Gulu, Kitgum y los distritos vecinos, es preciso enfrentarse al hecho de que se han cometido graves delitos. Sin embargo, muchas de las peores atrocidades las han perpetrado los mismos secuestrados, niños que son parientes de las personas a las que han matado o mutilado y que también han sido objeto de una violencia espantosa. Millares de niños han conseguido escapar del LRA y muchos otros cuyo número exacto se desconoce han muerto en el intento. De acuerdo con la legislación ugandesa (y con las disposiciones internacionales anteriormente mencionadas), los ex miembros del LRA pueden ser acusados de traición o de delitos graves contra la persona, como el asesinato y el secuestro. Sin embargo, las autoridades han reconocido que estos delitos han sido perpetrados por niños aterrorizados y tratados brutalmente, contra cuyos derechos fundamentales se han cometido abusos sistemáticos para conseguir su sumisión. No parece tratarse de una amnistía formal per se, sino de la decisión de no entablar procesos penales.



No obstante, sigue siendo necesario hacer frente a estos abusos violentos contra los derechos humanos a fin de compensar a las víctimas y de tomar medidas para que no se repitan. Si se hace caso omiso del trauma que han causado será difícil romper el ciclo de violencia existente en el norte de Uganda. La prestación de ayuda psicosocial a los miembros del LRA huidos o capturados es una forma creativa y positiva de abordar una compleja cuestión, no solo psicológica, sino también social y política. Muchos niños están destrozados por el sentimiento de culpa, y la terapia les ayuda a superarlo. En otros casos les ayuda a reconocer lo que han hecho. La ayuda psicosocial no es una opción fácil. Los niños tienen que hablar de lo que han vivido, y al hacerlo es inevitable que experimenten de nuevo parte de sus sufrimientos. En última instancia, el objetivo de la ayuda es invertir en el futuro rehabilitando a los niños.



Amnistía Internacional no ha evaluado la calidad ni la conveniencia cultural de los servicios que prestan la Organización Gulu de Apoyo a los Niños y World Vision Uganda. No obstante, en principio la organización aprueba la prestación de ayuda psicosocial culturalmente apropiada sobre la base de la comprensión y el respeto de las necesidades de la población rural como parte del proceso de afrontar y superar las consecuencias de los abusos contra los derechos humanos.



Durante las visitas que Amnistía Internacional realizó a Gulu en mayo y julio de 1997 se hicieron patentes tres cosas. En primer lugar, los servicios psicosociales existentes en la actualidad están desbordados y no pueden atender debidamente al gran número de niños soldados huidos o capturados que las UPDF les llevan. Si bien es evidente que el gobierno de Uganda ha adoptado una actitud positiva al permitir que las organizaciones no gubernamentales trabajen con los ex soldados del LRA, en opinión de Amnistía Internacional las autoridades no están haciendo uso de sus propios recursos para prestar el debido apoyo a tales programas. De hecho, de acuerdo con los datos de que dispone la organización, el gobierno no presta absolutamente ninguna ayuda al trabajo de las organizaciones no gubernamentales locales e internacionales.



En segundo lugar, la desorganización y el desplazamiento interno de las comunidades rurales hacen que a las organizaciones que se ocupan de prestar apoyo psicosocial les resulte en la actualidad muy difícil hacer participar plenamente en el proceso de abordar el trauma de la violencia a los familiares y demás miembros de la comunidad a la que pertenecen los niños. Tal participación es necesaria, porque los niños que han sido soldados forman parte de una comunidad compuesta por sus familiares y vecinos, y esta comunidad también está traumatizada. Por este motivo, es probable que la necesidad de apoyo psicosocial aumente, en vez de disminuir, si el conflicto pierde intensidad y se consigue acceso a mayor número de personas. Asimismo, tal necesidad se plantea a largo plazo, no en respuesta a un problema pasajero. En el norte de Uganda será necesario prestar apoyo psicosocial durante muchos años.



En tercer lugar, aunque en Kitgum hay asistentes psicosociales comunitarios formados allí, en este distrito sólo se presta un apoyo limitado. En la actualidad, las UPDF llevan al centro de World Vision en Gulu a muchos niños de Kitgum, por lo que hacer participar en la rehabilitación de estos niños a la comunidad a la que pertenecen resulta doblemente difícil.



Sin embargo, la ayuda psicosocial no es suficiente por sí sola para hacer frente a los abusos contra los derechos humanos y generar un sentimiento colectivo de justicia. El LRA existe en un contexto político caracterizado por la acusada falta de confianza de los acholi en el gobierno del Movimiento de Resistencia Nacional y por su igualmente intensa sensación de aislamiento con respecto al resto de Uganda. El LRA existe en un contexto en el que muchos ciudadanos de otras partes de Uganda culpan a los acholi de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y, aunque no se atreven a expresarlo, creen que los acholi están simplemente recibiendo lo que se merecen. Sin embargo, la mayoría de los niños que el LRA secuestra, mata y obliga a matar ni siquiera habían nacido cuando los homicidios cometidos en el triángulo de Luwero y en Bushenyi estaban en su punto culminante.



Los intentos de restablecer el respeto a los derechos humanos en el norte de Uganda no darán resultado si no se aborda este aislamiento. Los obstáculos históricos que lo impiden son inmensos. No obstante, la sociedad ugandesa debe iniciar un diálogo que haga frente al pasado, pero no para continuar anclada en él, sino para construir el futuro. Asimismo, debe ofrecer una compensación por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.



El restablecimiento de la paz y la reducción del número de violaciones de derechos humanos en la mayor parte de Uganda se han conseguido, en parte, reconociendo la necesidad de diálogo. Para Amnistía Internacional, el diálogo no significa simplemente que el gobierno mantenga conversaciones con los políticos de la oposición o con los dirigentes de los grupos armados de oposición. Consiste también en que el gobierno establezca una relación de confianza con los habitantes de los distritos de Kitgum y Gulu. Supone ofrecer nuevas oportunidades a los ciudadanos del norte de país, especialmente en materia de educación, formación y empleo. Asimismo, el diálogo implica que los ugandeses de otras partes del país reconozcan que mejorar la situación de los derechos humanos en el norte es una prioridad nacional, no sólo una preocupación local.



Es preciso identificar y abordar específicamente las necesidades concretas en materia de educación y apoyo económico de los niños que han sido soldados. Nadie sabe exactamente a cuántos niños se ha llevado el LRA. Al parecer se han puesto en marcha planes, con ayuda de UNICEF, para intentar determinar el número de personas secuestradas, así como su identidad, con miras a calcular la cantidad de recursos que sería necesario invertir en la prestación de ayuda a tales personas y a sus familias. En mayo de 1997, el jefe de la Cuarta División de las UPDF, con base en Gulu, dio a entender que se podrían presentar cargos penales contra los niños que no estuviesen censados. Si bien no parece que esta insinuación guarde relación con la política oficial, Amnistía Internacional considera que la utilización de tales datos como base para decidir quiénes deben y quiénes no deben ser procesados minaría el intento de elaborar un censo significativo (y, por tanto, los esfuerzos por rehabilitar a los niños soldados). Además, lo cierto es que, en la práctica, la desorganización imperante en las zonas rurales y la desconfianza del gobierno hacen imposible la elaboración de un censo completo. La utilización de los datos censales para decidir quién debe y quién no debe rendir cuentas ante la justicia por abusos contra los derechos humanos supondría tomar tales decisiones al azar. Por tanto, las autoridades deben prometer que no se utilizarán los datos censales para decidir quién debe y quién no debe ser sometido a juicio.



Amnistía Internacional no está segura de que el gobierno tenga un plan coherente e integrado de rehabilitación en el norte de Uganda que tenga en cuenta la necesidad no sólo de hacer una inversión significativa a fin de reconstruir la economía y el sistema educativo, sino también de abordar el legado de los abusos contra los derechos humanos y las necesidades especiales de los niños secuestrados. Si tal plan existe, a la mayoría de los habitantes del norte les resulta incomprensible o inadmisible. Éste es uno de los motivos por los que, en general, los acholi creen que al resto del país no le preocupa mucho su situación.



Desde el punto de vista de los derechos humanos, hacer frente al pasado para construir el futuro supone investigar públicamente los abusos contra los derechos humanos cometidos por todas las partes a fin de que se conozca la verdad y se ofrezca la debida reparación. En mayo de 1986, Uganda designó una comisión judicial para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas desde la independencia del país en 1962 hasta la llegada al poder del Movimiento de Resistencia Nacional en enero de 1986, convirtiéndose así en la primera nación africana que tomaba una medida de este tipo. En un esfuerzo explícito por sacar a la luz los abusos a que los ciudadanos habían sido sometidos, la comisión, que publicó su informe en octubre de 1994, escuchó declaraciones sobre violaciones de derechos humanos de personas de todas las partes del país. Su labor contribuyó de manera muy importante a superar el pasado pues permitió desvelar públicamente la tragedia oculta que empañaba la vida de muchos ugandeses. Aunque se dio a conocer el nombre de quienes habían cometido abusos, el trabajo de la comisión tenía por objeto no tanto buscar culpables como ofrecer recomendaciones sobre las medidas prácticas que había que tomar para impedir la repetición de los abusos contra los derechos humanos.



Sin embargo, la historia no se detuvo cuando el actual gobierno llegó al poder. La comisión limitó sus investigaciones a un periodo concreto, que no comprendía los abusos cometidos a partir del 25 de enero de 1986, por lo que en los distritos de Gulu y Kitgum muchas personas comenzaron a considerar con escepticismo los motivos que había tenido el gobierno para iniciar la investigación. Además, desde el punto de vista de los derechos humanos, otras investigaciones centradas en la situación existente en el norte han sido decepcionantes. En 1988 se inició una sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en el distrito de Gulu. Con constantes altibajos, se logró mantener hasta 1991, cuando dio lugar a un informe confidencial sobre el trabajo que se estaba realizando y a la petición de más fondos. Desde entonces, no se ha continuado.



Una de las primeras cosas que hizo el nuevo Parlamento de Uganda elegido en 1996 fue encargar al Comité Parlamentario de Defensa y Asuntos Internos una investigación «sobre todos los aspectos de la guerra que tiene lugar en la actualidad en el norte de Uganda con miras a ponerle fin con prontitud». Aunque en su mandato no se mencionaban explícitamente los abusos contra los derechos humanos, el comité escuchó considerable cantidad de declaraciones sobre abusos. En su posterior informe hizo una desoladora descripción del impacto de la guerra en el norte pero no llegó a formular recomendaciones sobre derechos humanos, aparte de pedir a la Comisión de Derechos Humanos de Uganda que investigara las denuncias. Por tanto, desde el punto de vista de los derechos humanos, hasta ahora no se ha hecho frente pública y directamente a la experiencia vivida por los habitantes del norte de Uganda durante los 11 años de guerra.



Las investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Uganda, instituida en 1996 conforme a los dispuesto en la Constitución de octubre de 1995, son esenciales, y Amnistía Internacional apoya la recomendación del Comité Parlamentario de Defensa y Asuntos Internos. La condición constitucional de la comisión como institución independiente del gobierno y de la sociedad civil y responsable únicamente ante el Parlamento, así como sus amplios poderes en materia de investigación, presentación de informes y educación, le dan mucha fuerza. Es una institución aún sin consolidar que, con un mandato amplio y recursos finitos, está todavía definiendo su programa y sus prioridades. En opinión de Amnistía Internacional, es urgente que la Comisión de Derechos Humanos abra una oficina regional en Gulu y en otras ciudades remotas de Uganda a fin de hacerse accesible al público en general. Actuando a modo de observador enérgico e independiente de las actividades del gobierno y de la oposición armada en el norte, la Comisión demostraría ser un institución dinámica, preparada para utilizar los poderes de que dispone, y contribuiría al proceso de generar confianza entre el gobierno y los ciudadanos.

Por desgracia, aun así quedarían todavía sin reconocer públicamente varios años de abusos contra los derechos humanos. Según lo dispuesto en el estatuto de fundación de la Comisión, ésta no puede investigar los abusos contra los derechos humanos que se cometieron antes de que la nueva Constitución entrara en vigor, es decir, los que tuvieron lugar antes de octubre de 1995. Sin embargo, para superar el aislamiento del pueblo acholi, las personas que sufrieron abusos contra los derechos humanos a manos de la oposición o del gobierno entre 1986 y 1995 también han de poder exponer su caso ante una comisión de investigación pública o una comisión de la verdad. Amnistía Internacional tiene intención de examinar más exhaustivamente esta recomendación en un informe que se publicará a finales de 1997 y en el que se abordarán las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del gobierno, además de los abusos del LRA.



Como se ha documentado en el presente informe, la violación de mujeres y niñas en matrimonios forzados dentro del LRA, así como la violación de campesinas durante los ataques de este movimiento, es parte integrante y determinante de la dinámica de abusos cometidos en el norte. La violación constituye un delito contra la integridad física de la víctima. Amnistía Internacional cree que la existencia en Uganda de este abuso contra los derechos humanos de las mujeres merece especial atención, entre otras razones porque los estudios del gobierno indican que la violencia sexual en el norte de Uganda es una manifestación extrema de actitudes hacia la mujer ampliamente compartidas en la sociedad ugandesa en general. Por tanto, la violación y la agresión sexual en el norte se deben abordar en el contexto de una campaña nacional más amplia sobre la violación y la violencia sexual en Uganda, campaña en la que han de participar por igual el gobierno y la sociedad civil.



Acción internacional



A pesar de la creciente preocupación internacional sobre el asunto de los niños en los conflictos armados, la situación de los niños en el norte de Uganda ha recibido sólo una atención limitada. Amnistía Internacional cree que las iniciativas tomadas en Uganda para mejorar los derechos humanos de los niños en el norte han de estar respaldadas por la concienciación, participación y apoyo internacionales.



Los niños secuestrados del norte de Uganda constituyen un terrible ejemplo de los abusos a que son sometidos los niños en situaciones de conflicto armado. Su experiencia pone de manifiesto la necesidad de ofrecer más protección a los niños para impedir que queden expuestos a los peligros y a los efectos embrutecedores de la participación en la guerra. En agosto de 1996, Graça Machel presentó ante la Asamblea General de la ONU un estudio sobre el impacto de los conflictos armados en los niños. Este exhaustivo informe contiene valiosas y trascendentales recomendaciones generales sobre las protección de los derechos de los niños en los conflictos armados. Una de las más importantes es que el secretario general de la ONU nombre un representante especial sobre el asunto de los niños y los conflictos armados a fin de que se le asigne gran prioridad en los programas internacionales de derechos humanos, paz, seguridad y desarrollo. Amnistía Internacional cree que las recomendaciones de este estudio han de ser adoptadas y aplicadas con urgencia por los Estados miembros. Por este motivo, la organización pide al secretario general que nombre sin demora a un representante especial que actúe a modo de coordinador de las medidas que se tomen para garantizar una respuesta internacional a la difícil situación de los niños en el norte de Uganda.



Diversas organizaciones no gubernamentales llevan más de una década haciendo campaña para que se eleve a 18 años la edad mínima de alistamiento (voluntario u obligatorio) en las fuerzas armadas. En la actualidad, las normas internacionales humanitarias y de derechos humanos prohíben el alistamiento de niños menores de 15 años. Con respecto a los de edades comprendidas entre los 15 y los 18 años, el único requisito impuesto es que se de prioridad en el alistamiento a los más mayores. En respuesta a la creciente presión internacional, en 1994 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU decidió crear un grupo de trabajo encargado de redactar un protocolo facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados. Este grupo de trabajo se ha reunido ya tres veces, pero no ha llegado aún a un acuerdo sobre cuestiones esenciales, como la edad mínima de alistamiento y participación en las hostilidades.



Hay un argumento sobre la definición culturalmente apropiada que se suele utilizar en relación con los niños que sugiere que considerar los 18 años como la mayoría de edad es una idea intrínsecamente occidental y ajena a las sociedades africanas. Amnistía Internacional cree que podría resultar muy provechoso compartir con el grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU la experiencia particular de Uganda, donde el gobierno ha adoptado ya la política oficial de no alistar a menores de 18 años en las fuerzas armadas como consecuencia de la preocupación pública sobre los niños soldados del Ejército de Resistencia Nacional. La organización insta al gobierno de Uganda y a otros Estados africanos a participar activamente en este grupo de trabajo a fin de que el protocolo facultativo incorpore su experiencia.



Amnistía Internacional cree que el Comité de los Derechos del Niño, órgano encargado de vigilar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, debe ayudar a llamar la atención internacional sobre la situación emprendiendo investigaciones en el norte de Uganda. El Comité tiene previsto considerar en su reunión de octubre de 1997 el informe inicial de Uganda sobre el cumplimiento de las obligaciones que le impone la Convención. En concreto debe evaluar el impacto de la guerra sobre los derechos de los niños y el progreso realizado por el gobierno de Uganda en la aplicación de medidas positivas para cumplir con su obligación de proteger los derechos de los niños. El Comité debe formular recomendaciones en las que se identifiquen medidas apropiadas para garantizar la protección de los derechos de los niños.

Amnistía Internacional presentará este informe al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Sudán. La participación activa del gobierno sudanés, que suministra armas, apoya y utiliza al LRA como fuerza de combate para reforzar y sustituir a su propio ejército, es un ejemplo del uso generalizado de fuerzas que actúan en su nombre. Por este motivo, cabe afirmar que el gobierno de Sudán es directamente responsable de muchos de los abusos cometidos por el LRA. Amnistía Internacional pide al Relator Especial que dé prioridad a la investigación de los abusos contra los derechos humanos de los niños en los próximos informes que presente ante la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.



Asimismo, Amnistía Internacional presentará el informe a la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas. Permitir que las mujeres y las niñas vivan libres de la violencia o la amenaza de la violencia, incluida la de carácter sexual, es una cuestión a la que se debe conceder especial prioridad. La organización le pedirá que investigue la situación en Uganda con miras a formular recomendaciones prácticas sobre el modo de conseguirlo.

Como órgano de derechos humanos de la Organización de la Unidad Africana, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos está particularmente obligada a abordar los abusos que se comenten en el continente contra los derechos de los niños. Amnistía Internacional insta a la Comisión a incluir los derechos humanos de los niños, en especial de los que se encuentran en situaciones de conflicto armado, en el orden del día de su próxima reunión, que se celebrará en octubre de 1997. La organización cree que la Comisión debe hacer una enérgico llamamiento a los Estados africanos para que ratifiquen la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, a fin de que entre en vigor en un futuro próximo.



Amnistía Internacional pide a los gobiernos donantes de ayuda que consideren el modo de apoyar, en primer lugar, a la Comisión de Derechos Humanos de Uganda en el caso de que ponga en marcha la creación de una oficina en Gulu, y en segundo lugar, otras iniciativas, como una investigación pública o una comisión de la verdad, encaminadas a afrontar públicamente el legado de los abusos contra los derechos humanos cometidos desde 1986.



Resumen de las recomendaciones



Para que se protejan los derechos humanos de los niños del norte de Uganda es necesaria la acción de los dirigentes del LRA, de los gobiernos de Sudán y Uganda, de la sociedad civil ugandesa y de la comunidad internacional. Primeramente se debe reconocer la gravedad del problema, y en segundo lugar es necesario que todas las partes afectadas tengan la voluntad de tomar las difíciles medidas políticas necesarias para impedir que se cometan nuevos abusos contra los derechos humanos y se continúe destrozando la vida a millares de niños.



Amnistía Internacional formula las siguientes recomendaciones:



Al LRA



Como movimiento armado de oposición, el LRA está obligado por el derecho internacional a observar el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y a su Segundo Protocolo Adicional. Por este motivo, el LRA debe:



C acabar con los secuestros de niños y liberar a todos los que mantiene actualmente cautivos o como niños soldados;

C poner fin a las violaciones, agresiones sexuales y otras formas de tortura o malos tratos;

C dejar de imponer penas crueles o degradantes;

C poner fin a los homicidios deliberados y arbitrarios.



Asimismo, el LRA debe:



C comprometerse públicamente a observar la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas;

C permitir al Comité Internacional de la Cruz Roja el acceso a los lugares donde se encuentran recluidos los niños y las demás personas secuestradas.




Al gobierno de Sudán



El gobierno de Sudán tiene capacidad para liberar a los niños secuestrados por el LRA. Su apoyo y cooperación hacen que quepa considerarle responsable de los abusos contra los derechos humanos cometidos por el movimiento. A la luz de estos hechos, el gobierno de Sudán debe:



C cumplir las obligaciones que le imponen las normas internacionales humanitarias y de derechos humanos, incluidas la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la Convención sobre la Esclavitud, tomando medidas para impedir los abusos contra los derechos humanos, entre ellos los secuestros de niños;

C garantizar que todas las entidades no gubernamentales que actúan en territorio sudanés y sobre las que el gobierno de Sudán tiene autoridad, entre ellas el LRA, observan completamente el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra;

C permitir que el Comité Internacional de la Cruz Roja tenga acceso a Sudán, en particular a los campamentos del LRA en el país;

C dejar de proporcionar armas, provisiones y bases al LRA hasta que éste deje de cometer abusos contra los derechos humanos;

C poner fin a las operaciones militares emprendidas conjuntamente con el LRA, en las que participan niños soldados;

C apoyar las medidas que se adopten para aumentar la protección de los niños contra los abusos en situaciones de conflicto armado, incluida la redacción del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, con el que se pretende aumentar la edad mínima de alistamiento en las fuerzas armadas.



Al gobierno de Uganda

De acuerdo con el derecho internacional, el Estado es el principal encargado de garantizar la protección de los derechos humanos. Aunque el LRA sea responsable de abusos generalizados en el norte de Uganda, las fuerzas del gobierno también han cometido allí violaciones de derechos humanos. El gobierno está obligado por la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas a tomar medidas positivas para proteger los derechos humanos de los niños. Por este motivo, el gobierno de Uganda debe:

C tomar medidas para impedir que los soldados de las UPDF, la policía y otros agentes del Estado cometan violaciones de derechos humanos. Tales medidas han de incluir investigar los informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del gobierno y poner a disposición judicial a los presuntos responsables;

C garantizar que las personas que informan de abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas del gobierno o por el LRA reciben protección contra posibles represalias;

C comprometerse a no utilizar los datos censales sobre personas secuestradas para determinar si se deben presentar cargos penales contra los ex miembros del LRA que se han entregado o han sido capturados;

C garantizar que los niños que fueron soldados que se han entregado o han sido capturados son tratados bien, no permanecen recluídos demasiado tiempo en destacamentos o cuarteles y no son utilizados en operaciones militares;

C proporcionar facilidades y recursos para la ampliación de los servicios de ayuda psicosocial comunitaria;

C junto con las organizaciones no gubernamentales pertinentes, identificar las necesidades a largo plazo de los niños y comunidades traumatizados y poner en marcha planes para satisfacerlas;

C desarrollar un plan a largo plazo para la resolución del conflicto y la rehabilitación en el norte de Uganda, en el que se haga hincapié en la necesidad de generar respeto a los derechos humanos y de afrontar el legado de los abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado;

C entablar con los habitantes de Gulu y Kitgum un diálogo en relación con la protección de los derechos y responder a él;

C crear una comisión de investigación pública o una comisión de la verdad encargada de escuchar declaraciones sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos por todas las partes desde enero de 1986;

C garantizar que la Comisión de Derechos Humanos de Uganda dispone de recursos suficientes para abrir una oficina de investigación en Gulu;

C facilitar y apoyar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en las partes del norte de Uganda afectadas por la guerra;

C en coordinación con las organizaciones no gubernamentales pertinentes y con otros sectores de la sociedad civil, emprender una campaña nacional contra la violación y la violencia sexual;

C invitar al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Sudán a visitar Uganda a fin de que investigue los abusos cometidos por el LRA contra los derechos humanos de los niños;

C invitar a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer a visitar Uganda para que investigue e informe sobre la situación de las mujeres y las niñas en el norte del país;

C aplicar las disposiciones de la Declaración de Pekín y la Plataforma de Acción de Pekín relativas a las mujeres y los conflictos armados;

C aplicar las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;

C apoyar las medidas que se adopten para mejorar la protección de los niños contra los abusos en situaciones de conflicto armado, incluida la redacción del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que tiene por objeto aumentar la edad mínima de alistamiento en las fuerzas armadas.



A la sociedad civil



Las organizaciones no gubernamentales, las iglesias y los medios de comunicación pueden desempeñar un papel decisivo en la tarea de acabar con el sentimiento de aislamiento del norte de Uganda. Una parte importante de esta tarea puede consistir en contribuir a reconstruir el respeto a los derechos humanos. Con este fin, Amnistía Internacional formula las siguientes propuestas:



C desarrollar programas de acción en un marco que identifique la situación de los derechos humanos y de los derechos de los niños en el norte de Uganda como un asunto que compete a todos los ugandeses, no sólo a los del norte;

C mantener bajo observación y revelar los abusos contra los derechos humanos cometidos por todas las partes en el norte de Uganda;

C apoyar y difundir, si resulta conveniente, el trabajo que las organizaciones no gubernamentales realizan en el norte de Uganda en favor de los derechos humanos y de los niños;

C vigilar los progresos del gobierno de Uganda en el cumplimiento de su obligación internacional de proteger a los niños en el norte del país;

C emprender una campaña nacional contra la violación y la violencia sexual;

C animar a la Comisión de Derechos Humanos de Uganda a abrir una oficina de investigación en Gulu;

C pedir que se abra una investigación o se cree una comisión de la verdad en relación con los abusos contra los derechos humanos cometidos en el norte de Uganda desde enero de 1986.



A la Comisión de Derechos Humanos de Uganda



La Comisión de Derechos Humanos de Uganda tiene amplios poderes, garantizados por la Constitución, para investigar los informes sobre abusos contra los derechos humanos. Asimismo, está encargada de desarrollar un programa constante de educación e información para aumentar el respeto a los derechos humanos. Dada su imagen pública, su preparación para proteger los derechos humanos en el norte puede llegar a ser un factor determinante de la situación. Ocupa una posición sin igual para demostrar el papel que puede desempeñar el trabajo dinámico en favor de los derechos humanos a la hora de generar confianza entre los ciudadanos y el Estado. A la luz de estos hechos, Amnistía Internacional insta a la Comisión a:



C ampliar su dinámica labor de investigación de los abusos contra los derechos humanos cometidos en el norte de Uganda desde octubre de 1995;

C hacerse accesible a los habitantes del norte del país abriendo una oficina de investigación en Gulu.



A la comunidad internacional



Los Estados miembros de las Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana y las estructuras de derechos humanos creadas por estos organismos han de ser conscientes de que la situación de los derechos humanos en la guerra que se desarrolla en el norte de Uganda es grave. En este país, la experiencia traumática de los abusos contra los derechos humanos aún no ha acabado. Los abusos contra los derechos humanos de los niños, en particular, indican que son necesarias medidas internacionales más enérgicas para proteger a los niños en los conflictos armados. A la luz de estos hechos, Amnistía Internacional pide:



C al secretario general de las Naciones Unidas, que responda al informe Machel sobre el impacto de los conflictos armados en los niños nombrando un representante especial sobre los niños y los conflictos armados;

C al Comité de los Derechos del Niño, que emprenda una investigación en el norte de Uganda sobre el impacto de la guerra en los derechos humanos de los niños y sobre los progresos realizados por el gobierno de Uganda en el cumplimiento en la práctica de la obligación de proteger los derechos de los niños que le impone la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. El Comité debe presentar propuestas prácticas para garantizar los derechos de los niños;

C al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Sudán, que dé prioridad a la investigación sobre los abusos contra los derechos humanos de los niños;

C a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, que investigue e informe sobre la situación de las mujeres y las niñas en el norte de Uganda;

C a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de la Organización de la Unidad Africana, que incluya los derechos humanos de los niños en el orden del día de su próxima reunión, que se celebrará en octubre de 1997, y que haga un llamamiento a los gobiernos africanos para que ratifiquen la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño;

C a los países donantes de ayuda, que apoyen iniciativas para la resolución del conflicto y la rehabilitación en el norte de Uganda en las que se haga hincapié en la necesidad de generar respeto a los derechos humanos y de afrontar el legado de los abusos contra los derechos humanos cometidos por todas las partes;

C a los gobiernos, que apoyen la medidas que se tomen para mejorar la protección de los niños contra los abusos en situaciones de conflicto armado, incluida la redacción del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que tiene por objeto aumentar la edad mínima de alistamiento en las fuerzas armadas.


INTERNO (sólo para miembros de AI) Índice AI : AFR 59/01/97/s

Distr : SC/CC/PG/PO



Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

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Reino Unido



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UGANDA

«Están quebrantando los mandamientos de Dios»:

la destrucción de la infancia por el Ejército de Resistencia del Señor





ACCIONES RECOMENDADAS



Asegúrense de que todas las personas pertinentes de su Sección reciben una copia y de que el documento queda debidamente archivado para futuras consultas. Asimismo, emprendan el mayor número posible de las siguientes acciones recomendadas:



1. Encargados de prensa: procuren difundir este informe. Irá acompañado de un comunicado de prensa. Asimismo, el SI y la Sección Británica organizarán en Londres una conferencia internacional de prensa.



2. Coordinadores de mujeres, de niños y de transferencias militares, de seguridad y policiales: se les enviará una circular de acciones recomendadas concretas. Utilicen esté informe en todo trabajo que realicen sobre el impacto de los conflictos armados en los niños o para contribuir al debate de la Reunión del Consejo Internacional sobre niños soldados. Envíen copias del informe a sus contactos en organizaciones no gubernamentales y pónganse en contacto con los comités nacionales de UNICEF.



3. Encargados de la captación de apoyos en el propio gobierno y en organizaciones intergubernamentales: envíen este informe a los contactos pertinentes que tengan en el gobierno.



4. Coordinadores de Uganda y Sudán: envíen una copia de este informe a las embajadas de Sudán y Uganda. Con respecto al gobierno sudanés, ínstenle a dejar de prestar apoyo al Ejército de Resistencia del Señor mientras este movimiento continúe cometiendo abusos contra los derechos humanos. Envíen también copias a organizaciones no gubernamentales que trabajen en Sudán o en Uganda.



DISTRIBUCIÓN POR EL SI



El SI ha enviado directamente este documento a:



Secciones de AI: Coordinadores de campaña

Coordinadores de Uganda y Sudán

Coordinadores de mujeres

Coordinadores de niños

Coordinadores de transferencias militares, de seguridad y policiales

Relatores pertinentes y Comité de los Derechos del Niño de la ONU



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(1) Declaración de Carol Bellamy, directora ejecutiva de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), CF/DOC/PR/1997/27, 3 de julio de 1997.

(2) Amnistía Internacional ya ha documentado anteriormente las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del gobierno en el norte de Uganda. Véanse The human rights record 1986-1989(Índice AI: AFR 59/01/89), de marzo de 1989, y Uganda: The failure to safeguard human rights(Índice AI: AFR 59/05/92), de septiembre de 1992.

(3) Parliamentary report on the war in the north, Comité Parlamentario de Defensa y Asuntos Internos, Parlamento de Uganda, Febrero de 1997, pp. 55-56.

(4) Íbid.,p. 56.

(5) Otros informes sobre abusos contra los derechos humanos de los niños cometidos por el Ejército de Resistencia del Señor son Shattered innocence: testimonies of children abducted in northern Uganda(La inocencia hecha pedazos: testimonios de niños secuestrados en el norte de Uganda), de Robbie Muhumuza, World Vision Uganda/UNICEF, 1996, y Scars of death: children abducted by the Lord’s Resistance Army in Uganda(Cicatrices de la muerte: niños secuestrados por el Ejército de Resistencia del Señor en Uganda), Septiembre de 1997.

(6) Íbid. p. 49.

(7) Cifras compiladas por el Comité de Desastres del distrito de Gulu.

(8) El Ejército de Resistencia Nacional tomó el nombre de Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda en la Constitución de octubre de 1995.

(9) Hasta abril de 1997, cuando se firmó un «acuerdo de paz» con el gobierno de Sudán, las fuerzas de Kerubino Kuanyin Bol afirmaban estar en guerra con Jartum.

(10) Las bases del LRA en Palotaka, Parajok y Owiny-Ki-Bul fueron invadidas por el EPLS en octubre de 1995.

(11) Cifras presentadas por World Vision Uganda en una conferencia sobre reconciliación y protección de los derechos humanos en Uganda (Challenges to reconciliation and the protection of human rights) organizada en Gulu el 7 de julio de 1997 por la Fundación para una Iniciativa en Favor de los Derechos Humanos.

(12) El artículo 1 de la Convención sobre la Esclavitud de 1926 define ésta como «el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan todos los atributos del derecho de la propiedad o algunos de ellos».

(13) Las organizaciones que atienden a los niños soldados escapados han optado por no hacerles pruebas de VIH/SIDA.

(14) Equity and vulnerability: A situation analysis of women, adolescents, and children in Uganda, 1994, (Equidad y vulnerabilidad: Análisis de la situación de las mujeres, los adolescentes y los niños en Uganda, 1994). National Council for Children, gobierno de Uganda, p. 140..

(15) Country Report in Preparation for the Fourth World Conference on Women 1995, Ministry of Gender and Community Development, p. 125.

(16) Lo mismo indican los registros de miembros del LRA huidos o capturados que llevan las UPDF, en los que se distingue entre las personas que llegan con armas y las que no.

(17) Equity and vulnerability: a situation analysis of women, adolescents and children in Uganda, 1994Consejo Nacional de Uganda para los Niños, gobierno de Uganda, pp. 119-122..

(18) A survey of causes, effects and impact of armed conflict in Gulu District, ACORD-Gulu, abril de 1997.

(19) Uganda se adhirió a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 el 18 de mayo de 1964, y a los dos Protocolos Adicionales, el 13 de marzo de 1991. El Protocolo II se refiere a la protección de las víctimas de los conflictos armados no internacionales.

(20) Uganda ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en septiembre de 1990.

(21) Sudán se adhirió a la Convención sobre la Esclavitud, ya modificada, el 9 de septiembre de 1956, cuando acababa de convertirse en un Estado independiente, por lo que este fue el primer tratado internacional de derechos humanos que se comprometió a respetar.

(22) Sudán ratificó la Convención sobre los Derechos del Niños de las Naciones Unidas el 3 de agosto de 1990.

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