Document - Swaziland: Persistent failure to call police to account

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: AFR 55/001/2006 (Público)

Servicio de Noticias: 017/2006

20 de enero de 2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR550012006

Suazilandia: Sigue sin exigirse a la policía que responda de sus actos

Amnistía Internacional ha hecho hoy un nuevo llamamiento al gobierno de Suazilandia para que tome de inmediato medidas concretas a fin de evitar la tortura y el homicidio ilegítimo de presuntos delincuentes y opositores políticos a manos de la policía.

En una carta dirigida al jefe del Estado, rey Mswati III, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la inacción que sigue demostrando el gobierno en relación con la tortura, incumpliendo las obligaciones de Suazilandia en virtud de tratados de derechos humanos internacionales y regionales que este país ha ratificado y vulnerando la Declaración de Derechos de la nueva Constitución. La presunta tortura de algunos de los detenidos que actualmente van a ser juzgados por traición es una manifestación más de las consecuencias que ha tenido el hecho de que el gobierno lleve desde hace tiempo sin exigir a la policía que responda de sus actos.

Al no tomar medidas para evitar la tortura o los malos tratos, no investigar imparcialmente y sin demora los informes sobre estas prácticas ni llevar a sus presuntos autores ante la justicia, el gobierno está haciendo caso omiso reiteradamente a la Declaración de Derechos de la nueva Constitución, las conclusiones de expertos independientes y coroners (agentes judiciales que actúan en caso de muerte súbita o violenta), las críticas de la conducta de la policía efectuadas por funcionarios judiciales en los juicios y los fallos judiciales que conceden las reparaciones solicitadas en las demandas presentadas por víctimas de violaciones de derechos humanos. También está haciendo caso omiso a los llamamientos de organizaciones de la sociedad civil para que la conducta de la policía se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos.

El gobierno tampoco ha seguido adelante con las garantías dadas a Amnistía Internacional por el primer ministro, Absalom T. Dlamini, durante una reunión celebrada en febrero de 2005 en Londres, en la cual el señor Dlamini reconoció que se estaban produciendo incidentes de brutalidad policial y afirmó que el gobierno actuaría conforme a las recomendaciones que por entonces acababa de formular la coroner, que había investigado la muerte bajo custodia de Mandlenkhosi Ngubeni, encontrando pruebas de que tanto él como otros habían sido sometidos a métodos de tortura, como la asfixia. Hasta donde sabe Amnistía Internacional, no se han realizado más investigaciones ni se ha procesado a los presuntos autores de las torturas; por el contrario, el gobierno ha negado tener ninguna responsabilidad en la muerte de Mandlenkhosi Ngubeni en la demanda civil presentada por la familia.

En su carta, Amnistía Internacional reconoció al rey que su gobierno tiene la obligación de proteger la seguridad pública e investigar los delitos, incluida la serie de atentados con cócteles molotov contra infraestructuras estatales a finales de 2005. La organización hizo una afirmación similar en la carta que dirigió al primer ministro el 16 de diciembre de 2005. Sin embargo, Amnistía Internacional subrayó que el hecho de que estos incidentes hubieran causado lesiones y daños a la propiedad no daba al gobierno y a la policía carta blanca para vulnerar la prohibición de torturar que recogen la nueva Constitución y los tratados de derechos humanos. La prohibición de la tortura y los malos tratos es absoluta en el derecho internacional de los derechos humanos. Ninguna circunstancia excepcional, ni siquiera una guerra o una emergencia pública, puede invocarse para justificarlos.

A pesar de estas obligaciones, el gobierno de Suazilandia no ha sometido la actuación policial a un régimen de rigurosa supervisión, no ha realizado una investigación sistemática, inmediata e imparcial de las denuncias ni ha procesado a los agentes de policía sospechosos de torturas, graves negligencias y homicidios ilegítimos. Esta inacción ha animado a la policía a actuar temerariamente y con una sensación de impunidad cuando investiga los delitos. Y los derechos humanos de todos los habitantes de Suazilandia han quedado desprotegidos.

En la oleada de detenciones que viene produciéndose desde diciembre, y que ha conducido a la detención de 16 personas, a las que se ha acusado formalmente de traición e intento de asesinato en relación con los atentados con explosivos, al parecer la policía ha torturado a algunos de los detenidos, y las torturas han sido tan duras que han causado lesiones, en uno de los casos con resultado de muerte. Algunas de las denuncias contra la policía se han formulado durante la vista del tribunal, haciendo que al menos un juez ordenara a la policía que trasladara a la víctima al hospital para ser examinada y recibir tratamiento. Se emplearon métodos de tortura –asfixia con tubos de goma– condenados por la coroner en sus conclusiones en el caso de Mandlenkhosi Ngubeni 12 meses antes. Sin embargo, nada indica que el gobierno haya ordenado una investigación independiente, imparcial y con rendimiento público de cuentas sobre estas denuncias. Tampoco parece haber ordenado ninguna investigación del coroner sobre la muerte de una joven detenida, Fikile Fakudze, poco después de quedar en libertad tras haber permanecido bajo custodia policial.

Amnistía Internacional expresó al rey su preocupación de que el tribunal que juzgará a los 16 acusados pueda utilizar las pruebas conseguidas bajo tortura o malos tratos. El derecho internacional exige que cualquier prueba –incluidas las confesiones de un acusado– conseguida como resultado de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes no sea utilizada en actuación alguna, excepto en las iniciadas contra los presuntos perpetradores. Además, como afirmó el relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura, “cuando el acusado formule durante el juicio acusaciones de tortura u otros malos tratos, la carga de la prueba debería recaer en el ministerio público, a fin de demostrar, más allá de cualquier duda razonable, que la confesión no se obtuvo con medios ilícitos, incluida la tortura y malos tratos análogos”.

En cartas dirigidas por Amnistía Internacional al rey y el primer ministro, la organización elogió la actuación de un jefe de policía que había ayudado a que se respetaran los derechos reconocidos internacionalmente de la familia de un joven, Charles Mabuza, víctima de homicidio ilegítimo a manos de la policía en mayo de 2005. La autopsia oficial se realizó apresuradamente y bajo la presión de la policía, sin reconocer en absoluto el derecho de la familia a recibir información y a que un representante suyo asistiera al procedimiento. Días después, el jefe de policía se aseguró de que la familia, a través de su representante legal, pudiera conseguir que se efectuara una segunda autopsia, esta vez realizada por un perito médico independiente. El resultado de la segunda autopsia mostró que la policía había sido responsable de la muerte de Charles Mabuza. Hasta donde sabe Amnistía Internacional, el gobierno aún no ha puesto a disposición judicial a los responsables de la muerte ni se ha asegurado de que la familia reciba una indemnización justa y adecuada.

Por último Amnistía Internacional pedía al rey y a su gobierno que condenaran inequívocamente los actos de tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como los homicidios ilegítimos a manos de la policía, y que se aseguraran de que la policía lleva a cabo sus operativos respetando las obligaciones de Suazilandia de promover y proteger los derechos humanos. Al tomar estas medidas, el gobierno estará también protegiendo con más eficacia la seguridad pública.