Document - Sudan: Civilians still under threat in Darfur. An agenda for human rights protection

13 de octubrePúblico

Amnistía Internacional

Sudán

LA POBLACIÓN CIVIL DE DARFUR SIGUE EN PELIGRO

Un programa de protección de los derechos humanos

Índice

La visita a Sudán de Amnistía Internacional 1

La región sigue siendo una zona conflictiva 2

Civiles desprotegidos 3

Violaciones y violencia sexual 3

Una situación humanitaria delicada 4

Deficiencias de la administración de justicia 5

Abusos cometidos por los grupos armados de oposición 5

Recomendaciones 5

Protección de los derechos humanos en todo Sudán 5

Al gobierno sudanés: protección de la población civil 6

A los grupos armados de oposición: cese de los abusos contra los derechos humanos 7

Al gobierno sudanés: reforma del sistema judicial 7

Al gobierno sudanés: fin de la impunidad 7

A la comunidad internacional: una comisión internacional de investigación efectiva 8

A la comunidad internacional: una estrategia para la protección de la población civil 8

A la comunidad internacional: ampliar la presencia de observadores 9

A la comunidad internacional: suspensión de los suministros de armas 9

Sudán

LA POBLACIÓN CIVIL DE DARFUR SIGUE EN PELIGRO

Un programa de protección de los derechos humanos

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR541312004

En Darfur, las personas que han sido expulsadas de sus casas siguen padeciendo una situación de inseguridad, traumatizadas por las pérdidas sufridas en el pasado, temerosas del presente y sin un futuro claro. Durante su visita a Darfur en septiembre de 2004, los delegados de Amnistía Internacional observaron la profunda brecha existente entre los desplazados, que no tienen ya ninguna confianza en el gobierno y temen abandonar sus campos sin protección internacional, y el gobierno, que sigue negando el alcance de los homicidios y las violaciones y su responsabilidad por la crisis humanitaria y de derechos humanos de la región. Para poner a fin a esta sensación de inseguridad es imprescindible que el gobierno cambie por completo su actitud y su forma de actuar y que la comunidad internacional continúe e intensifique sus esfuerzos en la zona, facilitando, entre otras cosas, una protección internacional mucho más amplia. La amenaza mayor es que la continuación de los abusos y el conflicto están poniendo en peligro a comunidades del norte y el sureste de Darfur que hasta ahora no se habían visto demasiado afectadas por la crisis.

A principios de 2003, la formación de dos grupos insurgentes, el Ejército de Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia e Igualdad, acarreó una intensificación del conflicto de Darfur. Sin embargo, los 1,4 millones de personas –pertenecientes en su mayoría a comunidades sedentarias– que han sido expulsadas de sus pueblos y que ahora viven atemorizadas en los campos de desplazados, no tienen ninguna relación con los movimientos rebeldes surgidos recientemente. El gobierno sudanés dio carta blanca a las milicias nómadas, conocidas como los yanyawid, para devastar pueblos y matar a personas. Estas milicias, que expulsaron por completo a la población de amplias zonas de Darfur, estaban armadas, pagadas y respaldadas por el gobierno sudanés y actuaban a menudo junto a sus fuerzas armadas.

Los testimonios de los desplazados y de otras personas de Darfur confirman el papel desempeñado por el gobierno en el apoyo a las milicias y la participación de sus fuerzas armadas en numerosos ataques. Sin embargo, a pesar de que algunos ministros y funcionarios del gobierno reconocieron a Amnistía Internacional que se habían cometido violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, la mayoría de las autoridades gubernamentales sudanesas siguió negando que el gobierno alentara los homicidios y los desplazamientos. Los representantes del gobierno rechazaron también las conclusiones de Amnistía Internacional, según las cuales se habían producido violaciones a gran escala.

En mayo,, el gobierno creó una comisión de investigación, que no ha emitido todavía su informe, y en julio, unos "comités sobre violaciones" con el fin de investigar las denuncias sobre este delito. Sin embargo, los desplazados no confían demasiado en las iniciativas del gobierno y en su disposición a cooperar en estas investigaciones. Se sigue negando de forma habitual el derecho a la libertad de expresión y a no ser detenido de manera arbitraria.

La visita a Sudán de Amnistía Internacional

Después de que el 1 de septiembre de 2004 se permitiera a Amnistía Internacional el acceso a Sudán, unos delegados de la organización, encabezados por la secretaria general, Irene Khan, visitaron Jartum entre el 13 y el 21 de septiembre. Los delegados sostuvieron reuniones con altos representantes del gobierno sudanés, la magistratura y la policía, así como con abogados, médicos y miembros de comunidades sedentarias y nómadas del país, entre ellos numerosas víctimas de violaciones de derechos humanos. Se reunieron también con miembros de organizaciones de derechos humanos gubernamentales y no gubernamentales, representantes de organizaciones humanitarias y de la ONU, observadores de la Unión Africana y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y representantes del cuerpo diplomático. A los delegados se les permitió el acceso libre y pleno a Darfur.

Los delegados hablaron con centenares de desplazados en campos o ciudades de Darfur Septentrional, Meridional y Occidental y en Jartum, la capital del país. Testimonios similares se repetían una y otra vez y narraban la llegada de unos hombres armados, de los que se decía a menudo que iban vestidos de caqui y acompañados de miembros del ejército sudanés, que atacaban pueblos, incendiaban casas y robaban bienes y ganado. Mataban a los habitantes de los pueblos, y en muchos de ellos violaban a las mujeres y se las llevaban para someterlas durante varios días a esclavitud sexual. Algunas de estas mujeres no han vuelto todavía. En ciertas zonas, las fuerzas aéreas sudanesas utilizaron aviones Antonov, cazas Mig o helicópteros de reconocimiento armado para bombardear pueblos y ciudades. Los testimonios indican que los bombardeos continúan todavía.

Desde hace muchos años, Amnistía Internacional viene siguiendo muy de cerca la situación de los derechos humanos en Darfur. En enero de 2003, delegados de Amnistía Internacional visitaron Sudán, incluido Darfur, y sostuvieron conversaciones con el gobernador del estado de Darfur Septentrional y altos cargos de la policía y la magistratura. En aquella época, un mes antes de que la formación del opositor Ejército de Liberación de Sudán desencadenara los ataques de las milicias y del gobierno contra las poblaciones sedentarias, Amnistía Internacional pidió al gobierno que creara una comisión nacional de investigación sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en Darfur y que aplicara sus recomendaciones. En abril de 2003, al intensificarse los ataques contra la población civil, la organización pidió la creación de una comisión de investigación internacional. En un informe de julio de 2003(1), Amnistía Internacional planteó sus motivos de preocupación sobre los derechos humanos en el norte de Sudán, entre ellos el deterioro de la situación en Darfur. La organización pidió también que el proceso de paz iniciado para resolver el conflicto en el sur de Sudán abordara la cuestión de los derechos humanos en todas las zonas del país.

Al no recibir el permiso del gobierno sudanés para visitar Darfur en el momento álgido del conflicto, los delegados de Amnistía Internacional realizaron investigaciones entre los sudaneses refugiados en Chad y publicaron cinco informes entre febrero y agosto de 2004 en los que se daban detalles sobre homicidios, destrucción de pueblos, actos de violencia sexual contra mujeres, deficiencias del sistema judicial, restricciones a la libertad de expresión y otras violaciones de derechos humanos.(2)

La región sigue siendo una zona conflictiva

Al prolongarse el conflicto en muchas zonas de Darfur y extenderse los ataques a otras áreas, continúa el peligro de que los civiles sean objeto de homicidios ilegítimos y otras violaciones de derechos humanos. Se sigue obligando a comunidades enteras a abandonar sus hogares mediante acciones realizadas exclusivamente con ese propósito o como consecuencia de las violaciones del alto el fuego perpetradas por todas las partes involucradas en el conflicto. Según los informes, se han producido nuevos desplazamientos de personas en Darfur Septentrional. Los informes indican también que en algunas zonas del sureste de Darfur Meridional, de las que anteriormente no se tenía noticia de que se hubiesen visto afectadas por el conflicto, han tenido lugar violaciones del derecho internacional humanitario durante los combates entre los grupos armados de oposición y las fuerzas armadas gubernamentales apoyadas por las milicias. Es posible que algunos de los combates registrados en Darfur Meridional sean producto de un conflicto entre comunidades.

La ausencia de avances sustanciales en el proceso de paz puede tener como consecuencia que el conflicto se agrave y que la delicada situación humanitaria se deteriore hasta superar incluso los límites de la actual situación de emergencia. Si el gobierno sudanés y los grupos armados de oposición no alcanzan un acuerdo político o aplican salvaguardias en materia de derechos humanos, es muy posible que la mayor parte de Darfur sea escenario en los próximos años de un conflicto prolongado, acompañado de violaciones del derecho internacional humanitario. Los desplazados internos y los refugiados que han huido del país no podrán regresar a sus hogares de un modo seguro y digno. Existe también el peligro de que el conflicto retrase las negociaciones de paz entre el norte y el sur y se extienda al estado de Kordofan.

Civiles desprotegidos

La falta de protección de los civiles sigue siendo el principal motivo de preocupación de Amnistía Internacional. Las poblaciones de desplazados en Darfur no tienen ninguna confianza en las instituciones oficiales, incluidas la magistratura y la policía. La mayoría de los desplazados afirman que no creen que se den todavía las condiciones de seguridad necesarias para regresar a sus hogares y algunos ni siquiera se sienten seguros en los campos de desplazados. Están indignados por los abusos cometidos contra ellos y se sienten frustrados por sus actuales condiciones de vida y la falta de perspectivas de regresar a un hogar seguro.

El gobierno sudanés ha destacado en Darfur a nuevos agentes de policía con el fin de restaurar la confianza en la institución y proteger ciertas zonas. Sin embargo, la gente sigue sin confiar en la policía. Al parecer, la mayoría de las denuncias de ataques armados y violaciones no se investiga en absoluto y otras no se investigan en profundidad.

Además, según numerosos testimonios, ex miembros de las progubernamentales milicias yanyawidse han integrado en las fuerzas de seguridad oficiales, incluidos el ejército y la policía. Es evidente que el gobierno debe proporcionar garantías concretas y perceptibles de que los miembros de las milicias acusados de perpetrar violaciones contra civiles en Darfur no se incorporarán a las fuerzas de policía encargadas de protegerlos. La tensión que genera en los campos la falta de confianza y la sensación de inseguridad se reflejan en el hecho de que algunos desplazados residentes en ellos hayan atacado –en una ocasión con consecuencias mortales– a individuos a quienes consideran seguidores de las milicias o representantes del gobierno.

Las personas que viven fuera de los lugares asignados a los desplazados suelen estar incluso menos protegidas y más preocupadas por su seguridad. Entre estas personas se encuentran los que no pueden recibir ayuda humanitaria porque están todavía escondidos, los que viven en zonas en poder de las milicias progubernamentales o cerca de ellas y los que han regresado a zonas inseguras.

Violaciones y violencia sexual

Durante la visita que realizaron en septiembre de 2004, los delegados de Amnistía Internacional recibieron más informes sobre numerosos casos de violación y esclavitud sexual a gran escala registrados antes del alto el fuego del 8 de abril de 2004. Recibieron también información sobre casos recientes de violación individual , cuyas víctimas eran por lo general mujeres que recogían leña o hierba cerca de los campos de desplazados, que la policía no había investigado adecuadamente. No se tiene noticia de que se haya condenado a nadie por una violación relacionada con el conflicto.

Un decreto promulgado por el ministro de Justicia el 21 de agosto de 2004 suprimió la obligación de las víctimas de violación de informar a la policía antes de solicitar asistencia médica. Los delegados de Amnistía Internacional se reunieron con miembros de los "comités sobre violaciones", creados por el Ministerio de Justicia para investigar las denuncias de este tipo de delito. El Consejo Asesor de Derechos Humanos, de carácter oficial, señaló que los comités habían registrado sólo 50 casos de violación. A Amnistía Internacional le preocupa que esta cifra no sea más que un pálido reflejo de la magnitud de las violaciones y de la violencia sexual perpetradas en Darfur durante los últimos 18 meses. Algunos residentes en los campos de desplazados indicaron a los delegados que no confiaban en los "comités sobre violaciones" porque los había nombrado el gobierno, y por tanto no eran independientes, y porque no efectuaban investigaciones serias entre las mujeres, incluidas las supervivientes de violaciones. Los miembros de los comités, que en cada estado incluyen a una juez, a una fiscal y a una agente de policía, insistieron en que habían intentado de forma reiterada obtener información, reuniéndose, por ejemplo, con grupos de mujeres. El hecho de que no hayan detectado la magnitud de los casos revelados por las mujeres a Amnistía Internacional en Jartum y en los campos de refugiados y desplazados se debe probablemente a la perpetua desconfianza de los desplazados ante cualquier acción del gobierno sudanés.

El gobierno de Sudán no ha aceptado que los casos de violación y otros actos de violencia sexual hayan alcanzado la magnitud descrita por Amnistía Internacional en su informe Sudán, Darfur: La violación como arma de guerra. La violencia sexual y sus consecuencias, publicado en julio de 2004. El Consejo Asesor de Derechos Humanos pidió a la organización que le facilitara una lista de todas las víctimas. Los delegados de Amnistía Internacional insistieron en mantener el anonimato de las personas que habían informado sobre casos de violación, pero prometieron que proporcionarían una lista de los incidentes comunicados a la organización.

Una situación humanitaria delicada

La situación humanitaria sigue siendo delicada. Los informes indican que las tasas de desnutrición y mortalidad entre los desplazados siguen superando en muchos asentamientos los umbrales de emergencia.(3) Las organizaciones humanitarias no dan abasto y no pueden satisfacer con frecuencia las necesidades de las personas en los campos, donde han aumentado las exigencias a que deben hacer frente. Más comunidades han sido víctimas de desplazamientos, y las organizaciones humanitarias han conseguido acceder a zonas a las que no podían llegar o cuyas necesidades no estaban en condiciones de evaluar. La distribución de comida sigue siendo irregular e incompleta, debido aparentemente a las dificultades logísticas en hacer llegar los alimentos a los beneficiarios.

Aunque el gobierno de Sudán ha permitido a las organizaciones humanitarias el pleno y libre acceso a las zonas de Darfur bajo su control, no es posible llegar a algunas comunidades debido a los peligros que acarrean el bandidaje y el conflicto que sigue desarrollándose en ellas. En muchas otras zonas, las organizaciones humanitarias han podido negociar el acceso con el gobierno de Sudán y los grupos armados de oposición con el fin de evaluar las necesidades humanitarias en aquellas áreas no controladas totalmente por el gobierno ni los grupos armados de oposición.

Deficiencias de la administración de justicia

Se sigue recluyendo a gente por facilitar información o hablar sobre la situación en Sudán sin haberla sometido antes a juicio, y el gobierno no ha respetado las normas internacionales sobre aplicación de la ley y garantías procesales. Amnistía Internacional ha pedido de forma reiterada al gobierno sudanés que modifique la Ley sobre Fuerzas de Seguridad Nacional, que permite recluir a una persona hasta nueve meses sin formular cargos contra ella, y que se dejen de utilizar en Darfur tribunales penales especiales que limitan el derecho a un juicio justo.

Según los informes, en algunos lugares, como el campo de Abu Shouk en Al Fasher, decenas de desplazados fueron detenidos en julio y agosto de 2004 por hablar con delegaciones extranjeras u observadores de la Unión Africana. Algunas de estas personas siguen detenidas. Varios de los detenidos fueron presuntamente golpeados o maltratados. En septiembre de 2004, en Omdurman y Jartum, dos personas murieron el mismo día en que las detuvieron, según los informes después de ser golpeadas. Las habían detenido junto con varias decenas de miembros del Congreso Popular, partido de oposición supuestamente vinculado al Movimiento Justicia e Igualdad, por una presunta conspiración golpista. Un mes después no se tenía noticia de que ninguno de los detenidos hubiera tenido acceso a abogados.

Los delegados de Amnistía Internacional hablaron de algunos casos concretos, incluidos casos de homicidio y violación, con jueces, fiscales, abogados y miembros de la policía. En Al Jeneina, los jueces y fiscales señalaron que no se había enjuiciado a los autores de miles de homicidios de civiles, perpetrados en el estado de Darfur Occidental después de mayo de 2003, porque no existían pruebas ni denuncias. En los últimos meses se ha trasladado a Darfur a varios miles de nuevos policías. En varias zonas del estado de Darfur Occidental, los delegados de Amnistía Internacional hablaron con miembros de las nuevas unidades de policía, que habían llegado recientemente de Jartum y el este de Sudán. Carecen de apoyo logístico y, al parecer, siguen sin investigar adecuadamente los presuntos casos de homicidio y violación.

Los delegados visitaron también un centro de detención, dependiente de la delegación del Departamento de Información y Seguridad Nacional en Nyala, y sostuvieron conversaciones privadas con los detenidos. Los detenidos en virtud de la Ley sobre Fuerzas de Seguridad Nacional, uno de ellos desde hacía siete meses, no habían sido inculpados ni comparecido ante un tribunal, y tampoco habían tenido acceso a abogados.

Abusos cometidos por los grupos armados de oposición

Los delegados de Amnistía Internacional visitaron el campo de Musai, cerca de Nyala, y escucharon los testimonios de algunos desplazados de grupos nómadas sobre homicidios y violaciones perpetrados por el Ejército de Liberación de Sudán.

Las fuerzas del Movimiento Justicia e Igualdad y del Ejército de Liberación de Sudán han atacado convoyes humanitarios y secuestrado a trabajadores de ayuda humanitaria. Aunque la mayoría de los secuestrados han sido liberados sin recibir ningún daño, según los informes se ha dado muerte a algunos civiles sudaneses, entre ellos dos miembros del personal del Comité para la Erradicación del Secuestro de Mujeres y Niños.

Recomendaciones

Protección de los derechos humanos en todo Sudán

La crisis de Sudán debe abordarse de una manera global que garantice la protección y el respeto de los derechos humanos de todas las personas. La atención internacional se ha trasladado de una a otra zona de Sudán "apagando fuegos", en lugar de regirse por un enfoque coherente y global de la situación general del país. No obstante, se deben extraer las enseñanzas pertinentes y arbitrar soluciones que proporcionen una protección oportuna, efectiva y duradera de los derechos humanos. Los ataques contra civiles y los desplazamientos forzosos han seguido y siguen las mismas pautas en otras zonas de Sudán.Por consiguiente, con el fin de romper este ciclo, es fundamental que el respeto de los derechos humanos se refuerce en todo Sudán. La impunidad de las violaciones de derechos humanos, la falta de libertad de expresión y asociación, las duras condiciones de reclusión, los juicios injustos, la ausencia de reformas en el poder judicial, las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, el uso inadecuado de las milicias y la proliferación de armas son cuestiones que es preciso abordar con urgencia en todo el país.

· Todas las partes implicadas en el conflicto deben comprometerse públicamente a respetar el derecho internacional humanitario y las normas internacionales sobre derechos humanos en Sudán, absteniéndose en especial de realizar cualquier tipo de ataque directo o indiscriminado contra civiles y bienes de carácter civil. Deben impartir instrucciones inequívocas a todos los combatientes bajo su control de que no maten a civiles ni utilicen la violación y otras formas de violencia sexual contra las mujeres.

· Todas las partes involucradas en el conflicto deben asignar a los derechos humanos un lugar primordial en las conversaciones de paz de Naivasha (Kenia) y Abuja (Nigeria). El proceso de paz debe comportar el firme compromiso de garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales, incluido el respeto de la diversidad y la no discriminación en todo Sudán. La comunidad internacional debe apoyar con todo su peso el proceso de paz al fin de garantizar que se basa en el respeto, la protección y el mantenimiento de los derechos humanos.

· Todas las partes implicadas en el conflicto y los mediadores internacionales deben garantizar que los derechos de las mujeres y sus necesidades específicas se abordan en el proceso de paz y que las mujeres participan plenamente en él.

· Todas las partes involucradas en el conflicto deben facilitar al Comité Internacional de la Cruz Roja toda la ayuda que necesite para llevar a cabo su mandato en materia de protección.

Al gobierno sudanés: protección de la población civil

· Se deben disolver y desarmar de inmediato las milicias yanyawid, incluidos aquellos de sus miembros que se han incorporado a las Fuerzas Populares de Defensa, la Policía Popular y otras fuerzas paramilitares y que han participado en ataques contra civiles.

· Se debe destituir a todos los presuntos responsables de violaciones del derecho internacional humanitario y de las normas sobre derechos humanos de todos aquellos cargos en los que los que podrían seguir perpetrando actos de esta naturaleza.

· La policía sudanesa debe recibir una adecuada formación sobre las normas internacionales de derechos humanos e investigar sin demora todas las denuncias de abusos contra estos derechos.

· El gobierno debe cooperar plenamente con las misiones de observación de la Unión Africana y de la ONU y con otros observadores internacionales.

· El gobierno debe permitir a las organizaciones humanitarias y de derechos humanos el libre y pleno acceso a todas las zonas de Sudán.

· Se debe abandonar el concepto de "áreas seguras" definido en el Plan de Acción de Agosto acordado por la ONU y el gobierno sudanés. Existe el peligro de que las "áreas seguras" institucionalicen el desplazamiento de personas y que los planes del gobierno para ampliar las ya existentes acarreen más enfrentamientos con los grupos armados de oposición.

A los grupos armados de oposición: cese de los abusos contra los derechos humanos

· El Ejército de Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia e Igualdad deben respetar el derecho internacional humanitario. Deben abstenerse en especial de todo ataque contra civiles o bienes de carácter civil.

· Se debe destituir a todo presunto responsable de violaciones del derecho internacional humanitario de aquellos cargos en los que podría seguir cometiendo abusos.

Al gobierno sudanés: reforma del sistema judicial

El sistema judicial sudanés no ha protegido a las víctimas de las violaciones de derechos humanos perpetradas por el Estado y por las milicias apoyadas por el gobierno.

· Se debe poner en libertad de forma inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia recluidos exclusivamente por expresar sus opiniones de forma no violenta.

· Es fundamental reformar el sistema judicial en Darfur con el fin de restaurar la confianza en el Estado de derecho. Se deben modificar los decretos de creación de tribunales especiales o tribunales penales especiales en Darfur con objeto de garantizar la celebración de juicios justos en los que no exista la posibilidad de imponer la pena de muerte o castigos crueles, inhumanos o degradantes.

· Se debe proporcionar a todos los detenidos acceso inmediato a las autoridades judiciales, a abogados y familiares. Se debe modificar sin demora el artículo 31 de la Ley sobre Fuerzas de Seguridad Nacional, que permite recluir a una persona hasta nueve meses sin formular cargos contra ella.

· Todos los centros de detención deben figurar en un registro y ser inspeccionados por un servicio dependiente del Ministerio de Justicia. Este servicio de inspección debe tener acceso a todos los centros de detención, investigar sin demora y con imparcialidad los casos de tortura y otros abusos contra los derechos humanos y llevar a los responsables ante la justicia.

Al gobierno sudanés: fin de la impunidad

· El gobierno sudanés debe reconocer su responsabilidad en la crisis de Darfur y condenar los ataques contra civiles y otras violaciones de derechos humanos cometidas por las milicias armadas, las fuerzas terrestres gubernamentales o las fuerzas aéreas sudanesas durante el conflicto. La consiguiente impunidad de las ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos, los actos de tortura, las violaciones, los secuestros y las detenciones arbitrarias sólo puede acarrear más violaciones de derechos humanos en Darfur y otros lugares.

· El gobierno sudanés no ha abordado hasta el momento la cuestión de la impunidad. Debe garantizar que se investiga con prontitud, minuciosidad e independencia las denuncias de violaciones de derechos humanos formuladas en el pasado y en la actualidad y que se juzga a los presuntos responsables según las normas internacionales de justicia procesal y sin que exista la posibilidad de imponerles la pena de muerte u otros castigos crueles, inhumanos y degradantes. Las víctimas deben tener acceso a una reparación que incluya indemnización y restitución. Se debe proteger la seguridad de las víctimas y los testigos. En el caso de que el sistema judicial sudanés no pueda o no se muestre dispuesto a enjuiciar a los presuntos responsables de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad , la comisión internacional de investigación creada recientemente por la ONU debe considerar la posibilidad de recurrir a otros mecanismos de justicia internacional.

A la comunidad internacional: una comisión internacional de investigación efectiva

Amnistía Internacional acoge positivamente la creación por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de una comisión internacional de investigación para investigar los informes de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario y determinar si han tenido lugar actos de genocidio. La comisión cuenta con expertos muy cualificados en derechos humanos y derecho internacional. Entre sus objetivos específicos deben figurar:

· la investigación de la magnitud de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por todas las partes implicadas en el conflicto (procediendo, por ejemplo, al examen pericial de los lugares de enterramiento de las víctimas), la documentación sistemática de violaciones y otros actos de violencia sexual, la confección de listas de víctimas de homicidio y la identificación de los pueblos destruidos.

· la elaboración de un plan global que garantice el enjuiciamiento de los responsables, examinando, por ejemplo, la capacidad del sistema judicial sudanés para realizar esta tarea, así como enfoques transitorios y complementarios que garanticen la obtención de justicia para las víctimas. Como parte de estos enfoques transitorios y complementarios, la Comisión debe analizar la cuestión de la jurisdicción –es decir, si la ejercen tribunales de terceros Estados, o el Tribunal Penal Internacional en virtud de una declaración de Sudán con arreglo al artículo 12.3 del Estatuto de Roma o de una remisión del Consejo de Seguridad de acuerdo con el artículo 13.b de ese mismo instrumento– y la creación de tribunales mixtos sudaneses e internacionales.

· la propuesta de un método para erradicar la impunidad y conseguir una reparación plena para las víctimas de los abusos contra los derechos humanos, que incluya restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

· la publicación de sus conclusiones y recomendaciones en un plazo de tiempo razonable.

A la comunidad internacional: una estrategia para la protección de la población civil

· Los organismos internacionales encargados de la protección de los desplazados internos deben coordinar sus acciones con eficacia, estableciendo objetivos comunes y funciones y responsabilidades claramente definidas. Estos organismos deben elaborar con urgencia una estrategia global común para la protección de los desplazados internos en Darfur, con la colaboración del gobierno de Sudán, del representante especial del secretario general de las Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja, que respete plenamente los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos establecidos por la ONU.

· Los organismos y las organizaciones que proporcionen protección y ayuda a los desplazados internos en Sudán o a los refugiados de Darfur en Chad deben tener en cuentan las necesidades específicas de los grupos vulnerables, como las mujeres y los niños. Las víctimas de tortura, violación y otras formas de violencia sexual deben disponer de asistencia médica que incluya asesoramiento en cuestiones de salud.

· En la crisis de Darfur, el retorno seguro, voluntario y sostenible de todos los desplazados a sus lugares de origen debe seguir siendo el fin último en materia de derechos humanos. Se deben crear las condiciones de seguridad necesarias para que este retorno se realice de una manera voluntaria y digna bajo los auspicios de la ONU. Se debe facilitar a los desplazados los medios que les permitan adoptar una decisión bien fundada e individualizada sobre el momento de emprender el regreso. Los criterios mínimos para determinar cuándo es posible el retorno deben ser los mismos tanto en el caso de los refugiados como en el de los desplazados internos.

A la comunidad internacional: ampliar la presencia de observadores

Incrementar la observación internacional en Darfur hasta que todos los desplazados y refugiados hayan retornado en condiciones seguras es fundamental para abordar su preocupación en materia de seguridad y su falta de confianza en el gobierno.

· El gobierno sudanés ha aceptado la ampliación del mandato de los observadores de la Unión Africana y su despliegue inmediato. La comunidad internacional debe cooperar con la Unión Africana para realizar con prontitud esta tarea.

· La presencia de los observadores de la Unión Africana debe extenderse a cada una de las unidades administrativas (wahda idariya) de Darfur. Los observadores del alto el fuego de la Unión Africana no deben vigilar sólo las violaciones del alto el fuego, sino también las infracciones del derecho internacional humanitario y de las normas internacionales sobre derechos humanos. Deben comunicar sus conclusiones sin omitir ningún detalle, y no se requerirá el consentimiento de las partes involucradas en el conflicto para publicar los informes sobre las labores de observación.

· Los Estados miembros de la ONU deben proporcionar el apoyo necesario a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el fin de reforzar su capacidad de vigilancia de manera significativa.

· Deben enviarse observadores policiales para proporcionar apoyo a las fuerzas nacionales de policía y restaurar la confianza en las autoridades nacionales de policía. El cuerpo internacional de policía debe desplegarse rápidamente, no sólo para facilitar formación y asesoramiento, sino también para vigilar el sistema de reclutamiento de nuevos policías en Darfur con el fin de garantizar que los presuntos responsables de graves violaciones de derechos humanos no se incorporan a las fuerzas de policía y son llevados ante la justicia.

A la comunidad internacional: suspensión de los suministros de armas

El gobierno de Sudán es responsable de las violaciones cometidas por sus fuerzas armadas y la milicia yanyawiden Darfur. El embargo de armas decretado por el Consejo de Seguridad de la ONU, que en la actualidad es aplicable sólo a entidades no gubernamentales, debe ampliarse hasta incluir la suspensión de todas las transferencias de material militar al gobierno sudanés si cabe la posibilidad de que se utilice para perpetrar violaciones de derechos humanos. Se debe crear un sólido mecanismo de vigilancia que investigue las posibles violaciones del embargo de armas e informe de sus conclusiones de forma periódica. La suspensión de las transferencias de armas al gobierno sudanés y a todas las partes implicadas en el conflicto contribuiría a limitar su alcance y garantizaría que no se utilizan más armas para cometer violaciones de derechos humanos. Con dicha suspensión se haría llegar también un enérgico mensaje al gobierno sudanés de que la comunidad internacional puede tomar medidas contundentes si se perpetran atrocidades a gran escala.

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(1) Sudan: Empty promises? Human rights violations in government-controlled areas (AFR 54/036/2003, 16 de julio de 2003).

(2) Sudan, Darfur: ‘Too many people killed for no reason’ (AFR 54/008/2004, 3 de febrero de 2004);

Sudán, Darfur: Detención en régimen de incomunicación, tortura y tribunales especiales (AFR 54/058/2004, mayo de 2004); Sudán: A merced de los homicidas. Destrucción de pueblos en Darfur (AFR 54/072/2004, junio de 2004); Sudán, Darfur: La violación como arma de guerra. La violencia sexual y sus consecuencias (AFR 54/076/2004, 19 de julio de 2004); Sudán: Intimidación y negación. Ataques contra la libertad de expresión en Darfur (AFR 54/101/2004, agosto de 2004).

(3) UN Darfur Humanitarian profile No.6, 1 de septiembre de 2004, www.unsudanig.org