Document - Sudan: Political detainees in limbo

Amnistía Internacional

Declaración pública

Índice AI: AFR 54/064/2005 (Público)

Servicio de Noticias 181/05

1 de julio de 2005

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR540642005

Sudán: Los detenidos políticos, en un limbo legal

El presidente de Sudán ha prometido hoy, 30 de junio de 2005, dejar en libertad a todos los presos políticos. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades sudanesas que pongan en libertad de inmediato y sin condiciones a todos los presos de conciencia, así como a todos los presos políticos si no se presentan con prontitud cargos contra ellos por delitos comunes reconocibles para que sean sometidos a un juicio justo.

Según los datos de que dispone la organización, hay 355 personas detenidas por motivos políticos, y de ellas, sólo Shaikh Hassan al-Turabi, fundador del Congreso Popular, ha sido puesto en libertad hasta ahora, según los informes, tras 15 meses de arresto domiciliario en Jartum sin cargos ni juicio. (Véase la lista de detenidos políticos de Amnistía Internacional, publicada el 30 de junio de 2005, con Índice AI AFR 54/062/2005, en http://web.amnesty.org/library/eng-sdn/index.)

Amnistía Internacional cree que en Sudán hay muchos más detenidos políticos que los que figuran en la lista. Las familias de estas personas a menudo no saben dónde se encuentran recluidas. Tienen que ir buscando información sobre su paradero, porque se las traslada de un lugar a otro y no hay un registro público de detenidos que puedan consultar.

La organización ha pedido que se permita el acceso inmediato a todos los detenidos a sus familias y abogados, a observadores de la ONU y al Comité Internacional de la Cruz Roja. Ha manifestado, asimismo, que sólo el 10 por ciento de los detenidos que figuran en la lista han sido sometidos a juicio.

Amnistía Internacional ha pedido también al gobierno que levante en todo Sudán las medidas de excepción que contravienen los derechos humanos. La organización insta, igualmente, a que se proceda a abolir los artículos 31 y 33 de la Ley de las Fuerzas de Seguridad Nacional, se lleven a cabo rápidas reformas jurídicas para adaptar los procedimientos de detención de Sudán a las normas internacionales de derechos humanos y se inscriban en un registro del Ministerio de Justicia y se inspeccionen todos los centros de detención.

Estadísticas de presos

La lista de Amnistía Internacional muestra lo siguiente:

Al menos la tercera parte de las personas privadas de libertad fueron detenidas en Darfur, y la mayoría de ellas se encuentran recluidas arbitrariamente en relación con el conflicto. Muchas están aún recluidas en Darfur, y otras han sido trasladadas a Jartum. Entre ellas hay líderes comunitarios, individuos que se han mostrado críticos con la política del gobierno y personas –incluidos miembros de grupos árabes– que son partidarios de la reconciliación. La mayoría han sido detenidas por ser presuntos simpatizantes de grupos armados de Darfur, aunque sólo el 26 por ciento han sido acusadas formalmente de algún delito o llevadas a juicio.

Más de un centenar de personas detenidas en otras partes y que son en su mayoría de Darfur o del este de Sudán han sido trasladadas a Jartum. Se cree que entre ellas hay 18 partidarios del Congreso Beja que fueron detenidos en Port Sudan o Kassala. Debido a la distancia y las dificultades del viaje hasta Jartum, la mayoría no han tenido acceso a sus familias. En el caso de la mayoría de los 69 miembros de Congreso Popular de la lista, detenidos en redadas masivas llevadas a cabo por las fuerzas del gobierno en septiembre de 2004, incluso el plazo de nueve meses de detención sin acceso a un juez que permite la legislación sudanesa ha terminado ya. El gobierno vinculó estas detenciones a una conspiración contra el Estado, pero pocas de las personas que continúan detenidas han sido sometidas a juicio, y a muchas ni siquiera se les ha imputado ningún delito.

Alrededor de 106 de las personas incluidas en la lista fueron detenidas en el campo de Soba Aradi, instalado informalmente al sur de Jartum, tras enfrentamientos con la policía en los que resultaron muertos al menos 14 policías y, posiblemente, hasta 50 residentes. Se cree que también se encuentran recluidas más de un centenar más de personas de Soba Aradi. Se han celebrado algunos juicios sumarios de detenidos de Soba Aradi, en los que por primera vez se ha permitido a los abogados reunirse con los detenidos, quienes, según informes, han denunciado que han recibido palizas a diario en comisarías de policía. Amnistía Internacional insta a que estos detenidos sean sometidos a un juicio justo por delitos reconocibles o puestos en libertad y a que se ponga fin de inmediato a su presunta tortura.

Información complementaria

El 30 de junio de 2005, el gobierno reiteró su promesa de levantar el estado de excepción, aunque sólo en algunas partes del país, y de dejar en libertad a los presos políticos. El 20 de junio, Amnistía Internacional había enviado al Consejo Asesor de Derechos Humanos del gobierno de Sudán una lista de más de 300 detenidos políticos, pidiendo que fueran puestos en libertad de inmediato o sometidos a un juicio justo.

El gobierno ha prometido también dejar en libertad a todas las personas detenidas en relación con el conflicto de Darfur, como se determinó en un acuerdo del 9 de noviembre de 2004 entre el gobierno y el Ejército de Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia e Igualdad.

Meses sin acceso al mundo exterior

[n]o se mantendrá a la persona presa o detenida incomunicada del mundo exterior, en particular de su familia o su abogado, por más de algunos días.[Principio 15 del Conjunto de Principios de la ONU para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión]

La mayoría de las personas detenidas por motivos políticos no tienen acceso al mundo exterior. A sus abogados se les niega casi invariablemente el acceso a ellas, y a sus familias a menudo sólo se les permite verlas una o dos veces al año, coincidiendo con festividades musulmanas. A veces, las familias ni siquiera saben dónde se encuentran recluidas, por lo que temen que hayan “desaparecido” o hayan sido ejecutadas en secreto. Ni siquiera los abogados acostumbrados a trabajar en casos de detenidos políticos y que conocen los probables lugares de detención conocen su paradero Los familiares de la mayoría de los detenidos, que no tienen abogado ni conocen el sistema, pasan semanas o meses de angustia, visitando en vano las comisarías y las oficinas de las Fuerzas de Seguridad Nacional, sin saber si sus seres queridos están vivos o muertos. Normalmente no se las informa cuando el detenido es trasladado de centro de detención.

Adib Abdel Rahman Yusuf, quien quedó en libertad en abril de 2005, había pasado cuatro meses en un centro secreto de detención cerca de la prisión de Kober, en Jartum, conocido por los detenidos como “Abu Ghraib”. Lo golpeaban y ataban sistemáticamente, y a veces lo dejaban atado a puertas o ventanas sin poder dormir. Pasó parte del tiempo recluido en régimen de aislamiento, pero luego lo pusieron con otros nueve detenidos en una habitación de cuatro por cuatro metros. Después estuvo dos meses en la prisión de Debek, un lugar de Jartum Norte plagado de mosquitos y famoso por sus pésimas condiciones. Posteriormente fue traslado a la sección política de la prisión de Kober, en Jartum Norte también, donde pasó otro mes. No sabe por qué lo dejaron en libertad. Durante todo el tiempo que estuvo bajo custodia, no lo llevaron en ningún momento ante un juez o un fiscal ni tuvo contacto con su familia.

Tortura y muertes bajo custodia

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.[Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.]

La detención en régimen de incomunicación genera una situación en la que a menudo se infligen con impunidad palizas y otras formas de tortura. Los estudiantes y los miembros de grupos marginados, como los nuba y los habitantes de Darfur, están especialmente expuestos a sufrir palizas y otras formas de tortura cuando son detenidos. El año pasado, al menos cuatro personas murieron bajo custodia en circunstancias en las que la tortura podría haber causado la muerte o contribuido a ella. En ningún caso se ha puesto a ningún miembro de las fuerzas de seguridad a disposición judicial por esta tortura. Las personas que se saben que han muerto bajo custodia son:

Abdelrahman Mohamed Abdel Hadi, muerto el 26 de agosto de 2004, el mismo día en que fue detenido por los servicios de información militar en Mellit, Darfur, a causa, según informes, de lesiones graves provocadas por torturas.

Shamsaddin Idris, estudiante nuba de la universidad de Al Nilein y activista del Congreso Popular, muerto bajo custodia al día siguiente de su detención por las Fuerzas de Seguridad Nacional en Omdurman el 10 de septiembre de 2004.

Abdel Rahman Suleiman Adam, fellata de Darfur, murió el día de su detención, el 13 de septiembre de 2004, cuando se practicaron detenciones masivas de presuntos miembros del Congreso Popular.

Abdallah Daw al-Bait Ahmed, del grupo de Bani Hussein de Darfur, fue detenido por la policía el 24 de mayo de 2005 junto con centenares de personas más en el asentamiento para desplazados de Soba Aradi, en Jartum. Su cadáver, que presentaba marcas de brutales palizas, fue llevado al depósito del Hospital de Jartum el 8 de junio de 2005. Al parecer, otras tres de las personas detenidas en Soba Aradi también han muerto bajo custodia.

La Ley de las Fuerzas de Seguridad Nacional y la legislación de excepción

Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez. [Artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.]

Aunque el 9 de enero de 2005 se firmó el Acuerdo General de Paz, la legislación sobre el estado de excepción, que limita la libertad de expresión y permite a las fuerzas de seguridad retener a los detenidos indefinidamente y prohibir o disolver reuniones pacíficas, continúa en vigor en todo el país. Sudán se encuentra en estado de excepción casi permanentemente desde 1999, pero no ha tomado medidas que le impidan jurídicamente cumplir las obligaciones que ha contraído en virtud del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El estado de excepción vigente en Sudán contraviene los “elementos” y las disposiciones intangibles del Pacto que está obligado a cumplir.

La Ley de las Fuerzas de Seguridad Nacional, que durante muchos años ha permitido las detenciones en régimen de incomunicación en gran escala, no se ha reformado aún. En virtud de su artículo 31, las fuerzas de seguridad pueden tener detenida a una persona hasta nueve meses. Aunque la detención por más de tres años tiene que someterse a la consideración del director de la Seguridad Nacional y la detención por más de 30 días debe limitarse a los casos en que haya “señales, indicios o sospecha de que [el detenido] ha cometido un delito contra el Estado”, en la práctica las personas detenidas por motivos políticos suelen pasar meses recluidas en aplicación de la Ley de las Fuerzas de Seguridad Nacional, sin acceso a sus familias ni a un abogado. El artículo 33 concede a las fuerzas de seguridad inmunidad por sus acciones e impide llevar adelante las denuncias de tortura o malos tratos presentadas contra ellas.

Sudán ha ratificado instrumentos de derechos humanos que establecen que los detenidos tienen derecho a ser llevados “con prontitud” ante un juez. Mantener a una persona detenida durante nueve meses sin cargos y sin acceso a un juez ni a un abogado constituye ya de por sí una violación grave de derechos humanos. Aún así, el plazo de nueve meses permitido por la legislación sudanesa suele prolongarse. Unos 30 de los detenidos que figuran en la lista de Amnistía Internacional llevan más de nueve meses privados de libertad, lo cual es ilegal según la legislación sudanesa. A los detenidos notables se les suele dejar en libertad para volverlos a detener inmediatamente después al terminar el plazo de nueve meses.

Jibril al-Nil, Nureddin Adam Ali, Ibrahim Mohammed Sultan y Ahmed Adam Bakhit, destacados miembros del partido Congreso Popular, comparecieron ante un tribunal que los absolvió de los delitos contra el Estado que se les imputaban, pero fueron detenidos de nuevo en cuanto salieron del juzgado. En otros casos, como los de Hassaballah Khater Mursal y Mohammed Osman Ahmed, activistas del Congreso Popular, o Yusuf Haroun Rahma, estudiante, e Ishaq Mohammed Adam, granjero, ambos de Niyertiti, Darfur, es como si se hubieran olvidado de los detenidos.