Document - Sudan: Darfur: Incommunicado detention, torture and special courts: Memorandum to the government of Sudan and the Sudanese Commission of Inquiry

[EMBARGADO hasta el 8 de junio de 2004]Público

Amnistía Internacional

Sudán

Darfur: Detención en régimen de incomunicación, tortura y tribunales especiales

Memorándum al gobierno y a la Comisión de Investigación de Sudán

8 de junio de 2004			Resumen
Índice AI: AFR 54/058/2004

Este memorándum presentado al gobierno y a la Comisión de Investigación de Sudán pone de relieve el fracaso del sistema judicial en Darfur.

En 2001, ante el problema creciente de seguridad en los estados de la región de Darfur, que incluía ataques entre etnias, sobre todo de milicias nómadas contra grupos sedentarios, y el aumento del bandidaje, el gobierno de Sudán optó por la vía de la represión arbitraria. Las autoridades estatales limitaron los derechos individuales con el establecimiento de unos tribunales especiales que celebran juicios sumarios en los que los encausados no disfrutan de todos los derechos de la defensa.

Al mismo tiempo, con la utilización de los artículos 31 y 33 de la Ley sobre Fuerzas de Seguridad Nacional, que permiten que las fuerzas de seguridad detengan a personas en régimen de incomunicación sin cargos, y les confieren inmunidad frente al procesamiento, se podría eludir incluso el sistema de justicia sumaria.

El hecho de no abordar las tensiones étnicas utilizando a la policía para proteger a la población y los juicios imparciales ante los tribunales para juzgar a los delincuentes ha debilitado el Estado de derecho y creado una atmósfera de injusticia. También se han eludido los mecanismos tradicionales de reconciliación entre grupos étnicos que podrían haber mitigado la situación.

Desde abril de 2003 no se han practicado nuevas detenciones de miembros de grupos nómadas acusados de atacar pueblos y matar a los habitantes pertenecientes a grupos sedentarios. El gobierno de Sudán viene permitiendo que la milicia nómada Janjawid, respaldada por el propio gobierno, mate, viole y saquee con impunidad. Al mismo tiempo se han producido decenas de detenciones de miembros de grupos sedentarios, no sólo de presuntos simpatizantes del Ejército de Liberación de Sudán (ELS) o del Movimiento Justicia e Igualdad (MJI), sino también de muchas personas detenidas aparentemente por ser líderes comunitarios, periodistas, abogados y activistas de derechos humanos considerados detractores del gobierno.

La inmensa mayoría de los detenidos en Darfur y de los detenidos fuera de Darfur en relación con el conflicto de esta región carece de unos derechos mínimos. Los servicios de seguridad detienen y recluyen sin rendir cuentas de ello. Los detenidos rara vez son acusados formalmente de un delito y a menudo no se les informa de los cargos que pesan contra ellos. Es habitual que no se les dé acceso a un abogado ni a su familia, que no comparezcan ante un juez, que no puedan cuestionar la legalidad de su detención y que permanezcan en régimen de incomunicación.

El aislamiento de los detenidos del mundo exterior facilita unas condiciones en las que se pueden cometer, y se cometen, torturas; en Darfur son frecuentes las denuncias de torturas. Los detenidos en relación con el conflicto suelen estar recluidos en campamentos militares en zonas cerradas o en centros de detención de los servicios de seguridad y de inteligencia donde la tortura suele ser habitual y las condiciones de reclusión muy precarias.

El memorándum expone asimismo casos de presuntas «desapariciones», en su mayor parte de combatientes del ELS que al parecer «desaparecieron» tras su captura; el gobierno niega que estén en su poder y se desconoce su suerte.

Las recomendaciones al gobierno incluyen la liberación de todos los presos de conciencia y la de los demás presos políticos salvo que vayan a ser juzgados sin dilación por delitos comunes reconocibles ante tribunales penales ordinarios. Amnistía Internacional pide asimismo el acceso inmediato de los detenidos al mundo exterior; la inscripción en un registro de todos los detenidos y su reclusión únicamente en centros de detención reconocidos; y la investigación de todas las denuncias de tortura y que los autores de ésta comparezcan ante la justicia. El memorándum solicita también al gobierno que amplíe el mandato de la Comisión de Investigación establecida en Sudán en mayo para que pueda examinar las violaciones de derechos humanos relativas a la detención, la tortura y el uso de tribunales especiales.

Este texto resume el documento titulado Sudán: Darfur. Detención en régimen de incomunicación, tortura y tribunales especiales(Índice AI: AFR 54/058/2004), publicado por Amnistía Internacional en junio de 2004. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales sobre este y otros temas en http://www.amnesty.org. Para los documentos traducidos al español consulten: http://web.amnesty.org/library/eslindex.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

[EMBARGADO hasta el 8 de junio de 2004] Público

Amnistía Internacional

Sudán

Darfur: Detención en régimen de incomunicación, tortura y tribunales especiales

Memorándum al gobierno

y a la Comisión de Investigación de Sudán

Junio de 2004

Índice AI: AFR 54/058/2004

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

ÍNDICE

Introducción 1

Información general 3

Un sistema judicial de excepción e injusto en Darfur 6

Justicia arbitraria: Darfur antes de febrero de 2003 8

Darfur: Detenciones desde abril de 2003 9

Detención de presos de conciencia 10

Presos de conciencia detenidos en Darfur 11

Presos de conciencia detenidos en Jartum 12

Detenciones de miembros del Congreso Popular 13

Tortura y malos tratos 14

Condiciones de reclusión crueles, inhumanas y degradantes 15

«Desapariciones» 16

Conclusión 17

Recomendaciones 18

Sudán

Darfur: Detención en régimen de incomunicación, tortura y tribunales especiales

Memorándum al gobierno y a la Comisión de Investigación de Sudán

Introducción

Las normas internacionales de derechos humanos(1) establecen una serie de garantías para todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Entre ellas figuran el derecho a ser informada de los motivos de la detención, el derecho a comunicarse con abogados y familiares y a recibir asistencia médica; el derecho a comparecer sin dilación ante un juez u otra autoridad judicial; el derecho a cuestionar la legalidad de la detención y el derecho a recibir un trato humano.

La inmensa mayoría de los detenidos en Darfur y de los detenidos fuera de Darfur en relación con el conflicto de esta región carece de estos derechos mínimos. Los servicios de seguridad detienen y recluyen sin rendir cuentas de ello. Los detenidos rara vez son acusados formalmente de un delito y a menudo no se les informa de los cargos que pesan contra ellos. Es habitual que no se les dé acceso a un abogado ni a su familia, que no comparezcan ante un juez, que no puedan cuestionar la legalidad de su detención y que permanezcan en régimen de incomunicación. El aislamiento de los detenidos del mundo exterior facilita unas condiciones en las que se pueden cometer, y se cometen, torturas; en Darfur son frecuentes las denuncias de torturas, especialmente a manos del Servicio Nacional de Seguridad e Inteligencia, y del servicio de inteligencia militar.

Amnistía Internacional ha elaborado este memorándum sobre la detención en régimen de incomunicación, la tortura y los juicios injustos para presentarlo ante el gobierno de Sudán y la Comisión de Investigación sudanesa que dirige el ex presidente del Tribunal Supremo Daf’allah al-Hajj Yusuf, creada para examinar «denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por grupos armados en Darfur», con la esperanza de que el gobierno adopte medidas para reparar las violaciones de derechos humanos que se exponen y de que la Comisión de Investigación amplíe su labor para abarcar también las violaciones que cometen las autoridades.

El informe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU el 7 de mayo de 2004 afirma: «Se requiere una comisión internacional de investigación, teniendo en cuenta la gravedad de las alegaciones de violaciones de los derechos humanos en Darfur y el fracaso del sistema judicial nacional para abordar este problema».(2) Este fracaso del sistema judicial en Darfur para garantizar justicia en los últimos años viene siendo un factor importante en la escalada de violaciones de derechos humanos; en concreto, desde el 2003, el sistema judicial incumple su obligación de hacer que comparezcan ante la justicia los autores de ataques contra civiles. Amnistía Internacional reconoce el derecho de un gobierno que sufre las amenazas de un grupo armado a actuar contra dichas amenazas, pero las medidas que adopte han de ser conformes con las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Entre los detenidos hay defensores de derechos humanos, abogados, periodistas y otras personas detenidas sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. La detención en régimen de incomunicación y la tortura son habituales, y los juicios que se celebran en Darfur son sumarios e injustos.

El memorándum expone únicamente los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en relación con la administración de justicia, la detención, la tortura y las «desapariciones» de personas detenidas en relación con el conflicto de Darfur. Hay otros asuntos en relación con Darfur que suscitan honda preocupación a Amnistía Internacional y que no se abordan en este memorándum. Entre ellos figuran, meramente a título de ejemplo, el bombardeo indiscriminado y deliberado de civiles por parte de aviones y helicópteros gubernamentales; los abusos contra los derechos humanos que cometen milicias respaldadas por el gobierno que actúan en coordinación con el ejército sudanés y que incluyen homicidios ilegítimos de civiles e incendios y saqueos de pueblos; las ejecuciones extrajudiciales, las violaciones, los secuestros y los desplazamientos forzosos.(3) A la organización le preocupan asimismo las violaciones de derechos humanos que se cometen en otras zonas de Sudán y que incluyen, por ejemplo, la detención en régimen de incomunicación y la tortura y otros malos tratos; los castigos crueles, inhumanos y degradantes, como la pena de muerte; el homicidio de civiles a manos de milicias gubernamentales; y las restricciones del derecho a la libertad de expresión.

Amnistía Internacional tiene conocimiento de que los grupos políticos armados Ejército de Liberación de Sudán (ELS) y Movimiento Justicia e Igualdad (MJI) mantienen también detenidos. Se han recibido informes de torturas a manos del MJI, concretamente a un grupo de detenidos que, al parecer, permanecieron encadenados y fueron sometidos a palizas en septiembre de 2003; según las denuncias, a dos de ellos les introdujeron en la boca una mezcla de pimienta picante, ácido y gasolina. Sin embargo, estos motivos de preocupación, que se han hecho públicos y se han hecho llegar a los propios grupos armados, no constituyen el centro de este memorándum dirigido al gobierno de Sudán y a la Comisión de Investigación.(4)

Con la presentación de este memorándum, pedimos al gobierno de Sudán que garantice que su sistema judicial sea conforme a los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado, para lo cual debe poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas detenidas sólo por la expresión no violenta de sus convicciones. Las autoridades sudanesas deben garantizar que todos los demás detenidos serán juzgados sin dilación por delitos comunes reconocibles ante tribunales penales ordinarios con arreglo a las normas internacionales de imparcialidad procesal, beneficiándose de la presunción de inocencia y de todos los derechos de la defensa. Pedimos al gobierno que haga una enérgica declaración pública en la que deje claro que la tortura no es aceptable nunca y que ordene una investigación exhaustiva de todos los casos de tortura denunciados. Quienes hayan cometido torturas deben comparecer ante la justicia, y sus víctimas deben ser indemnizadas. Los casos de «desaparición» deben ser investigados, los autores de «desapariciones» deben ser castigados, y las víctimas que siguen en prisión deben ser excarceladas si no van a ser juzgadas sin dilación en juicios justos por delitos comunes reconocibles. Debe abolirse la detención en régimen de incomunicación bajo custodia del Servicio Nacional de Seguridad e Inteligencia, y todos los detenidos deben estar recluidos en buenas condiciones en centros de detención ordinarios, bajo la responsabilidad del Departamento de Justicia. Todos los centros de detención de Darfur deben ser sometidos a la inspección del Departamento de Justicia y del Comité Internacional de la Cruz Roja.

En enero de 2003, en conversaciones mantenidas con el Consejo Asesor de Derechos Humanos del gobierno de Sudán, Amnistía Internacional recomendó la creación de una comisión de investigación para examinar los factores que intervienen en el deterioro de la situación de Darfur, investigar los abusos y sugerir mecanismos para juzgar a los autores de violaciones de derechos humanos. El 8 de mayo de 2003, tras meses de violaciones de derechos humanos que han provocado la devastación de gran parte de Darfur y el desplazamiento forzoso de más de un millón de habitantes del medio rural, el presidente de Sudán, general Omar Hassan al-Bashir, mediante el Decreto de la Presidencia núm. 97, creó una Comisión de Investigación para investigar «presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por grupos armados en los estados de Darfur». Amnistía Internacional pide al presidente que amplíe el mandato de la Comisión de Investigación a fin de que quede claro que su cometido incluye la investigación de las violaciones de derechos humanos que cometan las autoridades. La Comisión de Investigación debe tener facultades para proteger a los testigos y debe informar públicamente de sus conclusiones y recomendaciones. Amnistía Internacional pide a las autoridades sudanesas que den a la Comisión de Investigación pleno acceso a todos los centros de detención y a todas las personas detenidas en relación con el conflicto.

Información general

La crisis humanitaria y de derechos humanos de Darfur está en la agenda mundial sólo desde el 18 de marzo de 2004, cuando el coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU declaró a la BBC: «esta es la mayor crisis humanitaria del mundo, y no sé por qué el mundo no está haciendo más respecto de ella». El 7 de abril, décimo aniversario del genocidio de Ruanda, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, anunció el envío de un equipo de alto nivel a Darfur «para obtener una mayor comprensión del alcance y la naturaleza de esta crisis, y tratar de obtener mejor acceso a los que necesitan asistencia y protección». Una misión de investigación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitó el Chad del 5 al 15 de abril, y Sudán del 20 de abril al 3 de mayo. Su informe se hizo público el 7 de mayo de 2004, y en él se hablaba de un «reino del terror» en Darfur, causado por ataques contra civiles que parecen tener un «fundamento en gran parte étnico», que incluyen «el asesinato, la violación, el saqueo», la destrucción de bienes y el desplazamiento forzado por parte de milicias que cuentan con el respaldo el gobierno, que actuaban a menudo con el apoyo de bombardeos realizados desde aviones y helicópteros Antonov del gobierno. Según el informe, «es posible que [muchos de estos ataques] constituyan crímenes de guerra y/o crímenes de lesa humanidad».(5)

Un conflicto en curso entre grupos nómadas y sedentarios en Darfur empeoró rápidamente a partir de febrero de 2003, cuando un grupo armado autodenominado «Ejército de Liberación de Sudán» (ELS) atacó a las fuerzas militares y policiales como protesta por la marginación de Darfur y porque el gobierno no protegía a los grupos principalmente agrícolas de la región.

Sin embargo, hacía muchos años que existían claras señales de advertencia. En enero de 2003, la primera delegación de Amnistía Internacional a la que se permitía entrar en Sudán desde hacía años visitó Al Fasher, en el estado de Darfur Septentrional, y mantuvo conversaciones con el entonces gobernador del estado y muchas autoridades más, como jefes de policía, jueces y fiscales, así como abogados y habitantes que habían sido víctimas de ataques. Los grupos rurales hablaban de «genocidio» y de la pasividad del gobierno, que no los protegía cuando los grupos nómadas armados atacaban pueblos, mataban a sus habitantes y saqueaban los bienes de éstos. Las autoridades del gobierno y la policía declararon que la policía también era víctima de homicidios en lo que consideraban un problema regional de competencia por unos recursos escasos; muchos de los homicidios fueron obra de bandidos o venganzas. Amnistía Internacional, en declaraciones públicas realizadas en febrero, después de los primeros ataques del ELS, y en abril de 2003, pidió que se recurriera a mecanismos de reconciliación y se creara una comisión de investigación que examinara las complejas causas del deterioro de la situación de los derechos humanos en Darfur y formulara recomendaciones para resolver la crisis.

El gobierno hizo caso omiso de este llamamiento y a finales de marzo de 2003 había decidido responder con la fuerza. Tras un ataque del ELS contra el aeropuerto de Al Fasher realizado el 25 de abril de 2003, en el que según los informes perdieron la vida cerca de 70 miembros del ejército sudanés y fueron destruidos varios aviones, los ataques y las detenciones aumentaron drásticamente. Al parecer, el gobierno dio carta blanca a la milicia Janjawid (6)para atacar pueblos y matar a civiles(7) y detuvo a decenas de líderes comunitarios masalit, fur, zaghawa y de otros grupos sedentarios.

En mayo de 2003, Amnistía Internacional envió al gobierno de Sudán un memorándum en el que exponía sus motivos de preocupación en relación con la muerte de civiles en los ataques y los bombardeos indiscriminados en Darfur, el desplazamiento forzado y la detención arbitraria en régimen de incomunicación. En julio de 2003, el memorándum se hizo público como informe. En él se concluía, en relación con Darfur, que «el gobierno de Sudán ha intentado resolver conflictos cuyas causas profundas radican en problemas de discriminación y justicia consintiendo u ordenando acciones que han violado derechos humanos. Sólo cuando se tengan en cuenta los derechos humanos de todas las personas de Sudán podrá haber una paz duradera».(8)

En septiembre de 2003, las milicias armadas alineadas con el gobierno habían atacado miles de pueblos de Darfur y centenares de miles de personas se habían convertido en desplazados internos o habían buscado refugio en el Chad. El alto el fuego firmado por el gobierno y el ELS en Abéché en septiembre de 2003, auspiciado por el Chad, duró sólo dos meses. Tras una visita realizada al Chad en noviembre, Amnistía Internacional hizo público un informe titulado Sudan: Darfur. "Too many people killed for no reason", en el que concluía: «Los graves abusos contra los derechos humanos expuestos en este informe no se pueden seguir ignorando, ni justificando o excusando con un contexto de conflicto armado» y pedía al gobierno de Sudán que «reconozca abiertamente el alcance de la crisis humanitaria y de derechos humanos de Darfur y adopte medidas inmediatas para ponerle fin».

La escala de los ataques queda patente por el hecho de que actualmente en gran parte de Darfur apenas queda un solo pueblo habitado y que no haya sufrido daños. Un investigador de Human Rights Watch estudió una superficie de 60 kilómetros cuadrados en abril de 2004 y concluyó que la zona, antes poblada y cultivada, estaba totalmente desierta.(9) La misión interinstitucional de investigación y evaluación rápida de la ONU que visitó la ciudad de Kailek, en el estado de Darfur Meridional, en abril de 2004, señaló:

Los 23 pueblos fur de la unidad administrativa de Shattaya se encuentran totalmente despoblados, saqueados e incendiados (el equipo observó varios de estos emplazamientos en su viaje de dos días por la zona). Mientras tanto, salpicados junto a estos lugares calcinados hay colonias «árabes» intactas, pobladas y en funcionamiento. En algunos lugares, la distancia entre un pueblo fur destruido y un pueblo «árabe» es de menos de 500 metros.

Pueblo de Darfur atacado e incendiado por los Janjawid©WFP/Marcus Prior

Aunque algunos pueblos han sido bombardeados por aviones y helicópteros sudaneses, la mayor parte de la devastación ha sido causada por los ataques de una milicia que cuenta con el apoyo del gobierno, los Janjawid. Al principio parecía estar alentada por el gobierno; a principios de 2004 existían pocas dudas de que recibían apoyo, financiación y armas del gobierno. Los Janjawid han atacado pueblos, incendiado casas, violado y secuestrado y saqueado propiedades y rebaños vestidos con uniformes del gobierno y actuando desde campamentos del ejército, a veces desde antiguos campamentos de las Fuerzas Populares de Defensa, y pagados por el gobierno.

Un sistema judicial de excepción e injusto en Darfur

En 2001, ante el problema creciente de seguridad, que incluía ataques entre etnias y el aumento del bandidaje, el gobierno de Sudán optó por la vía de la represión arbitraria, reduciendo las garantías individuales ante los tribunales. El hecho de que no abordara las tensiones utilizando a la policía para proteger a la población y los juicios imparciales ante los tribunales para juzgar a los delincuentes ha debilitado el Estado de derecho y creado una atmósfera de injusticia. En esta política represiva también se han eludido los mecanismos tradicionales de reconciliación entre grupos étnicos que podrían haber mitigado la situación.

En el 2001 se establecieron Tribunales Especiales en los estados de Darfur Septentrional, Meridional y Occidental en virtud de distintos decretos, y tras la declaración del estado de excepción en la región. Aunque estos Tribunales Especiales siguen en funcionamiento en Darfur Septentrional y Occidental, en abril de 2003 los de Darfur Meridional fueron sustituidos por Tribunales Penales Especializados. Los decretos son muy similares.

Las garantías de imparcialidad en los procesos, establecidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluyen el derecho a una audiencia imparcial y pública ante un tribunal competente, independiente e imparcial; a la presunción de inocencia; a ser informado sin dilación y con detalle de las acusaciones; a disponer de tiempo y medios adecuados para preparar la defensa y a comunicarse con un abogado de su elección; a no ser obligado a declarar contra sí mismo; a interrogar o a hacer que sean interrogados los testigos de la acusación, y a obtener la comparecencia de, e interrogar a, testigos de la defensa; y el derecho a que la sentencia sea examinada por un tribunal superior. Las personas juzgadas por los Tribunales Especiales de Darfur carecen de la mayoría de estos derechos.

Aunque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos permite la suspensión de ciertos derechos en situaciones excepcionales «que pongan en peligro la vida de la nación», el Comité de Derechos Humanos, grupo de expertos que examina el cumplimiento del Pacto, ha declarado que algunos de los derechos fundamentales a un juicio justo contenidos en el artículo 14 no son susceptibles de suspensión. La Carta Africana no contiene ninguna cláusula relativa a situaciones de excepción, y por tanto no permite la suspensión de los derechos que consagra.

Los Tribunales Especiales están integrados por un juez civil y dos militares; éstos no están obligados a tener conocimientos de Derecho. El Decreto sobre el Establecimiento de un Tribunal Especial en Al Fasher (Decreto núm. 21 para el 2001 del gobernador del estado) estipula en su artículo 5:

c) La presencia de huellas digitales es suficiente [para una sentencia condenatoria] y no son necesarias más pruebas de respaldo.

d) El Tribunal acepta la confesión del acusado y la considera una prueba si estima convincente dicha confesión.

e) Si el acusado retira su confesión, el Tribunal tendrá en cuenta la confesión como prueba contra el acusado. El acusado no tiene derecho a retirar su confesión.

El decreto no estipula en ninguna parte que no deben utilizarse las confesiones obtenidas bajo tortura.

La jurisdicción de los Tribunales Especiales y de los Tribunales Penales Especializados de Darfur abarca una gran diversidad de delitos, que incluyen el robo a mano armada y el haraba (bandidaje); la posesión de armas de fuego sin licencia; los delitos previstos en los artículos 50 a 57 del Código Penal (delitos contra el Estado); los delitos de orden público; y «cualquier otra acción considerada delito por el Wali [gobernador] del estado o el presidente de la magistratura» (artículo 5). En virtud del artículo 5.g del Decreto núm. 21, «los abogados no tendrán derecho a comparecer ante los tribunales para representar al acusado. Podrá comparecer en su lugar un amigo del procesado para asistirle ante el tribunal». Se puede recurrir contra las condenas a más de cinco años de prisión en un plazo de siete días ante el Tribunal de Apelación de Darfur, cuya sentencia es definitiva salvo en los casos que conlleven amputación o la pena de muerte, en los que se podrá recurrir ante el Tribunal Supremo en Jartum, y el Tribunal Constitucional, que ha anulado algunas resoluciones por falta de pruebas.

Los juicios que celebran los Tribunales Especiales en Darfur Septentrional y Occidental están profundamente viciados. La presencia de miembros de las fuerzas de seguridad como jueces pone en cuestión la independencia de la magistratura. Los juicios que celebran estos tribunales son sumarios y se han impuesto condenas a muerte tras procesos que sólo han durado una hora. Los derechos de defensa de los detenidos son muy limitados e insuficientes: los abogados sólo pueden estar presentes como «amigos» y entrevistarse con el enjuiciado durante periodos breves, a veces sólo inmediatamente antes del juicio y sin tiempo suficiente para examinar el sumario. Las denuncias de tortura son frecuentes y se aceptan como prueba las confesiones obtenidas bajo tortura.(10) Es habitual la presunción de culpabilidad del procesado, en lugar de la presunción de inocencia, que es una de las condiciones previas de un juicio justo.

En los Tribunales Especiales, los abogados vienen recurriendo a la posibilidad de comparecer como «amigo del procesado» para defender a éste, pero esta posición no les confiere los mismos derechos que tendrían si comparecieran como abogados defensores ante los tribunales ordinarios, como el derecho de acceder al sumario o a hacer un alegato final (aunque a veces el Tribunal Especial los conceda). El abogado que actúa en calidad de «amigo» tampoco tiene derecho a interrogar a los testigos de la acusación, ni a llamar a testigos de la defensa.

En abril de 2003, los Tribunales Penales Especializados sustituyeron a los Tribunales Especiales en Darfur Meridional. Los Tribunales Penales Especializados están integrados únicamente por un juez civil. Aunque aceptan que el acusado disponga de abogado defensor durante la vista oral, lo que constituye una mejora, no se permite la apelación salvo en condenas como la pena de muerte, la amputación o la cadena perpetua, y dicha apelación ha de presentarse en un plazo de siete días ante el presidente del Tribunal Supremo del estado de Darfur Meridional, cuya decisión es definitiva. Esto significa que no cabe su examen por el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional de Sudán, lo que limita aún más las posibilidades de apelación de los condenados a muerte o a amputación por los Tribunales Penales Especializados. Las actuaciones de estos tribunales siguen siendo sumarias y las normas sobre el uso como prueba de las confesiones son similares a las de los Tribunales Especiales. Los abogados dicen que, pese a que ahora pueden representar al acusado ante los Tribunales Penales Especializados, no se les permite visitarlos mientras permanecen en prisión antes del juicio. Normalmente su derecho a interrogar a los testigos de la acusación y a llamar a testigos de la defensa es limitado. Los Tribunales Especiales de los estados de Darfur Septentrional y Darfur Occidental siguen funcionando con arreglo a lo previsto en los decretos de 2001.

Justicia arbitraria: Darfur antes de febrero de 2003

Entre los años 2001 y 2003, el gobierno de Sudán reaccionó a menudo con detenciones arbitrarias a las crecientes quejas de la población sedentaria que era objeto de ataques y al aumento del bandidaje en Darfur. Tanto los grupos étnicos «árabes» como los «africanos» han sido víctimas de esta justicia arbitraria. En abril de 2002, 136 miembros del grupo étnico rizeigat (árabe) de Darfur Meridional fueron detenidos y acusados formalmente de bandidaje armado (haraba) por un ataque cometido contra miembros de otro grupo étnico árabe, el maaliya. Tras un juicio injusto celebrado ante un Tribunal Especial, en el que a los abogados sólo se les permitió actuar como «amigos» y el juez se negó a tener en cuenta las alegaciones de que se habían obtenido confesiones bajo tortura, 88 encausados, dos menores entre ellos, fueron condenados a muerte. Dos años después, el caso sigue pendiente de apelación y los enjuiciados continúan condenados a la pena capital.

Hasta principios del 2003 se adoptaron medidas contra los miembros de grupos nómadas que supuestamente atacaban pueblos. No obstante, estas medidas fueron en ocasiones represivas y afectaron a líderes de ambas comunidades, que fueron detenidos en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio.

§ Por ejemplo, tras un ataque (que, según el gobierno, fue una venganza por el homicidio de un árabe) cometido por un grupo árabe armado contra el pueblo de Shoba, cerca de Kabkabiya, el 28 de abril de 2002, en el que murieron 17 personas y resultaron heridas 16, diez líderes comunitarios de Shoba fueron detenidos y encarcelados, en su mayoría en régimen de incomunicación, durante cuatro meses en la prisión de Shala, en Al Fasher, en la prisión de Port Sudan, y después bajo arresto domiciliario en Wad Medani. Al mismo tiempo, varios líderes de grupos árabes fueron también detenidos y recluidos varios meses en régimen de incomunicación; entre ellos estaban Musa Hilal, el nazer(jefe) de los mahamid, presunto líder de los Janjawid, y Shaikh Abdel Baqi Abdel Rahman Abdel Baqi, de los zeilat.

En otras ocasiones, los detenidos fueron juzgados en un juicio tan injusto que son permanentes las dudas sobre su culpabilidad.

· Por ejemplo, en enero de 2003 fueron detenidos 38 miembros de diversos grupos étnicos y acusados de haber matado a 35 personas del pueblo de Singita el 31 de enero de 2002. Permanecieron dos meses recluidos en régimen de incomunicación y fueron juzgados por un Tribunal Penal Especializado en Nyala, en un proceso gravemente injusto. Los defendieron sólo tres abogados a cada uno de los cuales únicamente se les permitió formular cuatro preguntas. Los testimonios de los testigos de la acusación eran contradictorios, no obstante lo cual 26 de los encausados, uno de ellos un joven de 15 años, fueron condenados a muerte el 26 de abril de 2003. Según los abogados, los verdaderos perpetradores de los homicidios pertenecían a otro grupo étnico y los encausados habían sido detenidos arbitrariamente. Un Tribunal Especial de Apelación conmutó la pena del joven por otra de 25 latigazos; la apelación de los demás condenados a muerte sigue pendiente de tramitación ante el Tribunal Supremo.

Darfur: Detenciones desde abril de 2003

Desde que en abril de 2003 se decidió recurrir a la represión en lugar de a la reconciliación para reprimir la rebelión del ELS, y después del MJI, no se han practicado más detenciones ni se ha recluido a las personas acusadas de atacar pueblos y matar a miembros de grupos sedentarios (aunque continuaron los juicios de los que ya estaban detenidos). Al parecer, la milicia nómada, los Janjawid, goza de carta blanca para atacar pueblos, incendiar casas y matar a civiles.

Mientras tanto, se practicaron decenas de detenciones, en su mayoría en ciudades de toda la región de Darfur. Al parecer, a la mayor parte de los detenidos se les atribuyen vínculos con el ELS o el MJI, y muchas detenciones parecen haber sido arbitrarias. Según parece, muchos de los afectados fueron detenidos sólo por pertenecer al mismo grupo étnico que miembros del ELS o el MJI o ser familiares suyos; otros lo han sido por gozar de gran prestigio dentro de su comunidad. Las detenciones del 2003 se caracterizaron por que muy rara vez los detenidos comparecieron ante una autoridad judicial. Permanecieron en régimen de incomunicación durante periodos de hasta cinco meses en condiciones precarias, que a menudo constituyeron tratos crueles, inhumanos o degradantes, y hubo frecuentes denuncias de tortura.

La detención de personas sin cargos ni juicio durante un periodo máximo de nueve meses está prevista en el artículo 31 de la Ley sobre Fuerzas de Seguridad Nacional. El artículo 32 confiere al detenido el derecho a informar a su familia y a comunicarse con ella únicamente «si ello no perjudica el progreso de la investigación». El mismo artículo estipula que los detenidos no deberán sufrir daños «físicos o morales» y que un fiscal de la fiscalía (niyaba) deberá inspeccionar los centros de detención. Sin embargo, estas limitadas salvaguardias se vienen ignorando sistemáticamente. El artículo 33 de la ley confiere al servicio de seguridad nacional inmunidad frente al procesamiento.

El alto el fuego de septiembre de 2003 preveía un intercambio de prisioneros, y tanto el ejército como los grupos armados liberaron a un gran número de detenidos. Sin embargo, poco después de la firma del alto el fuego, el 6 de septiembre, volvieron a practicarse detenciones, aunque a una escala menor.

Aunque el alto el fuego se renovó, en noviembre de 2003 había fracasado. En noviembre y diciembre fueron detenidas decenas de personas, muchas de las cuales ya habían estado detenidas en ocasiones anteriores. Los detenidos fueron recluidos sistemáticamente en régimen de incomunicación, en general no comparecieron ante un juez y a menudo sufrieron torturas y malos tratos.

La fuerte presión de la comunidad internacional llevó a la firma de otro alto el fuego, el 8 de abril de 2004. El artículo 5 del acuerdo de alto el fuego establecía: «Las partes han decidido liberar a todos los prisioneros de guerra y a todas las demás personas detenidas a causa del conflicto armado de Darfur». Varios detenidos fueron puestos en libertad, pero muchos de los que estaban recluidos en relación con el conflicto permanecieron en prisión. Además, algunos de los detenidos en relación con el conflicto, varios abogados entre ellos, fueron trasladados a otras partes del país. Parte de ellos fueron a parar a la conocida prisión de Debek, infestada de mosquitos, al norte de Jartum (tras enérgicas protestas, a principios de mayo de 2004 se los trasladó a otras prisiones). Otros detenidos en relación con el conflicto, entre los que había varios miembros del Congreso Popular,(11) fueron recluidos en la prisión de Kober, la prisión de Wad Medani y otros centros de detención de Sudán. Muchos de los detenidos eran presos de conciencia, privados de libertad únicamente por la expresión no violenta de sus convicciones. Entre ellos estaba el doctor Mudawi Ibrahim Ahmed, director de una organización de derechos humanos vinculada con Darfur, que seguía bajo arresto domiciliario. Tras realizar una huelga de hambre para exigir un juicio, es el único de los más de 100 detenidos que será juzgado, basándose en acusaciones imprecisas que conllevan la posibilidad de ser condenado a muerte.

La Ley sobre Fuerzas de Seguridad Nacional anima a las fuerzas de seguridad a que hagan caso omiso de los tribunales, y esto es lo que ha ocurrido en Darfur en el último año en relación con las detenciones políticas. Uno de los pocos casos políticos que, según las informaciones, ha llegado hasta los tribunales desde abril de 2003, es el de Al-Tayeb Ali Ahmed, que fue juzgado junto con otras dos personas por el Tribunal Especial de Al Fasher y condenado a muerte el 27 de enero de 2004 por delitos contra el Estado, incluido el de «librar la guerra contra el Estado» (artículo 51 del Código Penal). Al-Tayeb y sus coencausados fueron detenidos en noviembre de 2003 y acusados en relación con el ataque cometido por el ELS contra el aeropuerto de Al Fasher en abril de 2003 (aunque las personas detenidas anteriormente en relación con el ataque ya habían sido excarceladas en aplicación de las condiciones del alto el fuego de septiembre de 2003). Al parecer, durante el tiempo que permaneció detenido, las fuerzas de seguridad lo torturaron propinándole golpes con palos, tubos, mangueras y manos, y le negaron atención médica. Durante el juicio, los procesados carecieron de abogados defensores y, según los informes, fueron condenados basándose en sus confesiones, obtenidas bajo tortura. Los abogados conocieron el caso por casualidad y presentaron una apelación, que aún está pendiente de resolución, el último día del plazo legal de siete días estipulado para apelar.

Detención de presos de conciencia

El gobierno sudanés no sólo ha proscrito la libertad para hablar de Darfur en los periódicos, sino que además ha limitado severamente la difusión de información y prohibido la difusión de comentarios que critiquen la política gubernamental sobre la región. Entre las víctimas de esta política se cuentan periodistas, otros trabajadores de los medios de comunicación, abogados y activistas de derechos humanos de Darfur.

Algunos de los detenidos, entre los cuales figuran muchas personas de gran relevancia pública, fueron detenidos en Darfur y trasladados después a prisiones de otros lugares de Sudán. En Jartum, Omdurman y otras ciudades han sido detenidas numerosas personas originarias de Darfur.

Presos de conciencia detenidos en Darfur

Muchos de los detenidos en Darfur son presos de conciencia o posibles presos de conciencia, detenidos por intentar obtener o difundir información sobre la situación en Darfur, o incluso sólo por hablar de la crisis y de formas de recabar apoyo en el gobierno. Desde el comienzo del conflicto pesa una estricta censura sobre los textos escritos sobre Darfur. Muchos de los detenidos en Darfur como presos de conciencia también han sufrido torturas o malos tratos.

· Yusuf al-Bashir Musa, corresponsal en Nyala de al-Sahafa(El Diario), de Jartum, fue detenido el 3 de mayo de 2003 y llevado a la sede de los servicios de seguridad de Nyala, donde lo golpearon con maderas en los pies, los brazos, las nalgas y el pecho. Un abogado solicitó verlo de inmediato, pero sólo le permitieron acceder a él al cuarto día. Un médico que lo vio ese mismo día constató que presentaba señales de golpes. Fue acusado formalmente de publicar información incorrecta contra el Estado, en aplicación del artículo 26 de la Ley del Estado de Excepción de 1998. Posteriormente lo trasladaron a la prisión de Nyala, donde mejoró el tratamiento. Fue puesto en libertad sin cargos el 24 de mayo. Formuló una demanda civil reclamando una indemnización por las torturas padecidas, que no se ha resuelto aún.

· Ibrahim Yusuf Ishaq, de 40 años de edad, conocido abogado y ex miembro del Consejo Legislativo de Darfur Meridional, fue detenido el 15 de noviembre de 2003, junto con dos periodistas, Gassem Taha, del diario al-Sahafa, y Muhannad Hussein, de al-Akhbar al-Yawm(Noticias Hoy). Ibrahim Yusuf Ishaq, originario de Singita, había llevado a los periodistas a fotografiar y filmar las casas y propiedades incendiadas de dos pueblos fur, tras ataques recientes de los Janjawid. Los tres fueron puestos en libertad tras 11 horas de interrogatorio, pero el fiscal ordenó a Ibrahim Yusuf Ishaq que regresara al día siguiente y ordenó su detención. Los abogados no pudieron visitarlo y estuvo detenido hasta marzo. A Gassem Taha y Muhannad Hussein les ordenaron presentarse ante los servicios de seguridad todos los días, durante casi un mes.(12)

· Osman Adam Abdel Mawla, activista de derechos humanos que trabaja para la oficina de Nyala de la Organización para el Desarrollo Social de Sudán (SUDO, por sus siglas en inglés; véase infra) de 39 años, fue detenido por el Servicio Nacional de Seguridad e Inteligencia el 5 de mayo de 2004, al parecer debido a sus actividades humanitarias y de derechos humanos para esta organización. Osman viajaba desde Nyala a Zalingei cuando, en un control de seguridad situado a unos cinco kilómetros de Zalingei, lo sacaron del autobús. Estuvo detenido en la sede del servicio de seguridad nacional de Zalingei y fue puesto en libertad el 18 de mayo, después de 13 días en régimen de incomunicación en los que no fue interrogado y no se le comunicó siquiera el motivo de su detención. A su regreso a Nyala no se le concedió autorización para salir de nuevo de la ciudad para realizar su trabajo.

· El 9 de mayo de 2004 fueron detenidos en la calle, en Kabkabiya, dos omdas(líderes locales de pueblo): Nureddin Mohammad Abdel Rahim, omdade Shoba, y Bahr al-Din Abdullah Rifah, omdade Jabal Si. Habían asistido a una reunión celebrada en la ciudad, convocada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, a la que acudieron miembros de la administración de la provincia, y donde, según los informes, habían hablado del miedo de los desplazados internos de las zonas rurales y de las dificultades que tenían para regresar a sus pueblos debido al peligro de sufrir acoso y nuevos ataques de los Janjawid. Los informes indican que fueron detenidos en la calle, después de la reunión; salieron en libertad unos dos días después.

Presos de conciencia detenidos en Jartum

Las restricciones informativas impuestas a la cuestión de Darfur en los medios de comunicación son tan férreas que pocas personas del resto de Sudán saben bien lo que está ocurriendo en Darfur, salvo los que tienen amigos en las comunidades de dicha región que han sufrido abusos. La mayoría de los sudaneses creen que se trata de un conflicto de carácter sobre todo tribal, y esta es la impresión que el gobierno intenta presentar ante los medios de comunicación. Las organizaciones, abogados y activistas de derechos humanos de Sudán actúan con valentía para defender a los detenidos y hablar abiertamente de las violaciones de derechos humanos, y como consecuencia de ello, algunos han sido víctimas de abusos. Los directores de periódicos que tratan de ofrecer más información sobre el conflicto pueden encontrarse con la confiscación de la edición del diario y con que son acusados en virtud de ciertos artículos del Código Penal, como el artículo 103 (amenazar la seguridad del país) o el artículo 66 (publicar noticias falsas).

Para el gobierno de Sudán, la fuente de información más peligrosa son los canales de televisión por satélite, que no pueden ser confiscados antes de la publicación y que se verán en numerosos hogares. Al Yazira, el canal independiente que emite desde Qatar, es una de las fuentes de información sobre Darfur, y la agencia por satélite más perseguida por el gobierno. A finales del 2003, el gobierno comenzó a acosar a Al Yaziray al director de su oficina, Islam Salih Belo, periodista próximo al Congreso Popular de Hassan al-Turabi, acusado de ser el instigador del grupo armado MJI en Darfur. El servicio de seguridad, tras intensificar la presión advirtiendo al canal de que iba a actuar si no moderaba sus informaciones sobre Darfur, irrumpió en las oficinas de Al Yazira el 17 de diciembre de 2003 y confiscó un transmisor y tres cámaras, alegando que no se habían cumplimentado las formalidades aduaneras. Al día siguiente clausuraron las oficinas y detuvieron a Islam Salih Belo, que permaneció detenido seis días. Según AFP, el servicio de seguridad declaró: «El canal Al Yazira, a través de su oficina en Jartum y de su corresponsal, Islam Salih Belo, preparó y transmitió varios programas y materiales llenos de información falsa y deficiente, análisis sesgados y con imágenes y escenas seleccionadas para servir a sus fines». Citaba como prueba reportajes sobre la tuberculosis, sobre las víctimas de las minas terrestres en Sudán y sobre acontecimientos ocurridos en la zona occidental de la región de Darfur. El servicio de seguridad dijo: «Se reabrirá sólo después de que la dirección del canal adopte medidas para corregir los errores, subsane las deficiencias y nombre para la oficina a personas responsables que puedan transmitir el mensaje del canal de una forma neutral y profesional».

El doctor Mudawi Ibrahim Adam,director de la Organización para el Desarrollo Social de Sudán, grupo de voluntarios creado para promover el desarrollo sostenible y los derechos humanos, fue detenido en su casa en Jartum, capital de Sudán, el 28 de diciembre de 2003. La organización tiene una red de activistas de derechos humanos y trabaja entregando artículos no alimentarios a desplazados internos en Darfur, en el oeste de Sudán. El doctor Mudawi, que es originario de Darfur, había hecho numerosas visitas a la región y acababa de regresar de ahí cuando fue detenido.

El doctor Mudawi estuvo primero recluido en el centro de seguridad nacional de Jartum y luego en la prisión de Kober, en aplicación del artículo 31 de la Ley sobre Fuerzas de Seguridad Nacional, que permite la reclusión sin juicio durante un periodo máximo de nueve meses. El 7 de febrero inició una huelga de hambre para exigir que lo acusaran formalmente y fuera juzgado o excarcelado. Terminó la huelga de hambre al cabo de dos días, cuando fue llevado ante el fiscal general. Entonces fue acusado de unos nueve delitos tipificados en el Código Penal, muchos de los cuales conllevan la pena de muerte y no permiten la libertad bajo fianza, como los delitos contra el Estado previstos en los artículos 50, 51 y 56 del Código Penal. También fue acusado de provocar el odio contra sectas o entre ellas, delito previsto en los artículos 63 y 64. El doctor Mudawi estuvo recluido junto con delincuentes comunes en las celdas de la Fiscalía General hasta que, en abril, fue puesto bajo arresto domiciliario. Los 14 documentos presentados como prueba contra él incluían dos Acciones Urgentes de Amnistía Internacional (una de las cuales no era sobre Darfur). El juicio continúa celebrándose.

Muchos de los recluidos en prisiones sudanesas originarios de Darfur son abogados. Uno de ellos es Saleh Mahmoud Osman, abogado defensor de los derechos humanos residente en Nyala, que trabajaba en numerosos casos políticos y proporcionaba asistencia letrada gratuita a los condenados a muerte. Fue detenido a las once de la noche del 1 de febrero en la casa de su esposa, en Wad Medani, y sigue en prisión. Desde hace dos meses no se le permite recibir visitas de su familia. Muchos otros abogados de Darfur que residen en Jartum, como Barud Sandal, uno de los abogados del doctor Mudawi; Muhammad Omer Muhammad;Ismail Omar y Mohammad Abdallah Duma, llevan varias semanas o meses recluidos en Kober y en otras prisiones. Los abogados de Darfur residentes en Jartum han sido a menudo un foco de reunión para la gente originaria de Darfur, que visita sus despachos para intercambiar información sobre la región, y esa podría ser la razón por la que han sido detenidos tantos. Tras lo ocurrido al doctor Mudawi Ibrahim, cuya exigencia de ser acusado formalmente o juzgado hizo que se formularan contra él diversos cargos que conllevan la pena de muerte, otros detenidos por el servicio de seguridad han optado por no exigir un juicio justo, confiando en que la situación política garantice en último término su excarcelación.

Detenciones de miembros del Congreso Popular

Todos los miembros del Congreso Popular, incluido el doctor Hassan al-Turabi, que había estado recluido dos años, fueron puestos en libertad en octubre de 2003. Sin embargo, los días 29 y 30 de marzo de 2004 fueron detenidos más de 15 miembros de esta organización, junto con 10 oficiales del ejército, y acusados de diversos delitos, incluido el de preparar un golpe de Estado y conspirar para volar una central eléctrica. Según una declaración del gobierno, Hassan al-Turabi fue detenido por «incitar a la violencia y conflictos étnicos y regionales en diversos estados del país». Muchos pensaban que estas detenciones estaban motivadas por la relación entre el Congreso Popular y el MJI. El 11 de mayo de 2004 habían sido detenidos unos 69 seguidores del doctor Hassan al-Turabi. Ninguno había sido llevado a juicio aún.

Tortura y malos tratos

Amnistía Internacional ha observado que en los últimos años la tortura de detenidos parece generalizada en Darfur, desde donde llegan informes con más frecuencia que de otras partes de Sudán. Aunque se han formulado muchas denuncias de tortura ante los tribunales, no hay datos de que se haya investigado ninguna de ellas.

· Según los informes, 30 personas de Kornoy detenidas a finales de abril de 2003 fueron torturadas. Fueron puestas en libertad al cabo de 20 días y, al parecer, aún eran visibles las señales de golpes y quemaduras. Dos de los detenidos, Sherif Ahmed Farjekabiry Abubaker Zakariya, sufrieron quemaduras tan graves que fueron llevados al hospital.

· En un conflicto entre dos grupos étnicos árabes, las fuerzas armadas detuvieron a 45 maaliya de Adila, en el estado de Darfur Meridional, el 4 de mayo de 2003. Mantuvieron a todos en régimen de incomunicación durante dos meses y, para obligarlos a confesarse culpables de la muerte de siete miembros del grupo rizeigat, torturaron a ocho de ellos, entre los que figuraban Hassan Mohammad Ismaily al-Tayeb Yusuf Ajib, a quienes, según los informes, propinaron palizas y les insertaron objetos de metal en el ano. Tras la difusión de las denuncias de torturas tanto dentro como fuera de la sala de juicios, el Tribunal Especial desestimó las acusaciones contra todos los encausados menos uno por falta de pruebas. Uno de los encausados, de la etnia dinka, Abdallah Agai Akot, fue condenado a muerte. Según los informes, también había sido torturado con palizas para que se confesara culpable. Su apelación sigue pendiente de resolución.

· Eldoctor Ali Ahmed Daoud, cirujano veterinario, y Ali Hussein Dossa, miembro de la Asamblea del Estado de Darfur Meridional, fueron detenidos el 15 de marzo de 2004 en Nyala. El doctor Ali Ahmed Daoud asistía a una reunión en casa de Ali Hussein Dossa, junto con otras 20 personas, que se cree pertenecían al grupo étnico fur. Según los informes, debatían formas de influir en el gobierno para que adoptase medidas firmes para poner fin a los ataques contra los pueblos de la región perpetrados por la milicia Janjawidrespaldada por el gobierno. Al parecer, miembros de las fuerzas de seguridad sudanesas irrumpieron en la reunión y detuvieron al doctor Ali Ahmed Daoud, a Ali Hussein Dossa y a los otros 20 asistentes a la reunión, acusándolos de estar vinculados a grupos rebeldes. Los informes indican que los demás detenidos fueron puestos en libertad. Ambos hombres, de acuerdo con los informes, sufrieron torturas tan brutales que hubo que avisar a un médico. Al parecer, se los ha acusado de espiar para el ELS, aunque no han sido llevados a juicio. Fueron trasladados a Kober y luego a Debek, y en la actualidad están recluidos en Kober. Según los informes, 12 estudiantes de la Universidad de Nyala detenidos al mismo tiempo permanecieron recluidos tres días durante los cuales los golpearon con palos de madera y cables eléctricos. Los estudiantes dijeron que los miembros del servicio de seguridad les arrojaron agua fría en el cuerpo, los obligaron a hacer duros ejercicios físicos y los insultaron diciendo que las tribus africanas eran esclavos.

· Se han recibido informes de varias detenciones seguidas de torturas a manos del servicio de seguridad nacional o del servicio de inteligencia militar en Buram, producidas después de un ataque del ELS contra la ciudad a mediados de marzo. Ocho personas, Al-Sadeq Ahmed Harba, de 32 años, de Nyala; Haroun Bashir, pescadero de 35 años; Abdu [se desconoce su nombre completo], comerciante de aceite; Mohammad Yusuf, comerciante de sorgo de 43 años; Mohammad Adam Huri, director de la Escuela Primaria de Legaid Diba de 45 años; Zakariya Madibo, comerciante de sorgo de 60 años; Mohammad Ahmed Abu Kantosh, de 55 años; y Al-Faki Abdallah Kiraykiro, clérigo islámico de 45 años, permanecieron recluidos nueve días en un campamento militar donde, según los informes, fueron golpeados con palos y culatas de rifles, atados cabeza abajo a un árbol y atados juntos en la parte trasera de un camión durante cuatro días, sin comida ni agua. Al parecer, los interrogadores introdujeron una barra de hierro en el recto a Haroun Bashir. Transcurridos nueve días, fueron trasladados a la prisión militar de Nyala, donde no recibieron comida durante tres días. En Nyala, uno de los detenidos, Al-Sadeq Ahmed Harba, fue puesto en libertad; se cree que los demás están recluidos en la prisión militar de esta localidad, donde los abogados no tienen acceso a ellos.

· Abdel Karim Jaber Narow, comerciante de 48 años, y Abdel Shafi’ Badawi Bashir, comerciante de 35 años de Nyala, ambos de la etnia zaghawa, fueron detenidos a las nueve de la mañana del 29 de marzo de 2004 en la tienda de Abdel Karim Jaber Narow en Buram, Darfur Meridional, por el servicio de seguridad nacional. Permanecieron un mes en la comisaría de policía de Buram sin cargos ni juicio. Al parecer, se los consideraba sospechosos de haber colaborado en el ataque del ELS contra Buram, incluido el hospital de Buram, cometido en marzo, y durante su detención los golpearon con las manos y con barras de metal en la espalda y el estómago, los azotaron con mangueras de agua y los patearon en todo el cuerpo. Según los informes, no se les permitió recibir tratamiento médico y siguen recluidos en la prisión de Buram.

Condiciones de reclusión crueles, inhumanas y degradantes

La mayoría de los detenidos en Darfur en relación con el conflicto han sido recluidos, no en prisiones, donde las condiciones son relativamente mejores, sino en centros de las fuerzas de seguridad o del servicio de inteligencia (fusionados en marzo de 2004 en un servicio conjunto denominado Servicio de Seguridad e Inteligencia Nacional) y en centros militares o del servicio de inteligencia militar. A los abogados y familiares les resulta difícil o imposible acceder a los detenidos en centros militares, situados en zonas militares. Dos detenidos de Tina recluidos en Al Fasher calificaron las condiciones en el centro de inteligencia militar de extremadamente malas.

Me llevaron desde Tina en avión a las dependencias del servicio de inteligencia militar de Al Fasher, donde permanecí cuatro meses. Nunca me acusaron formalmente de ningún delito y nunca vi a nadie, ni a mi familia, ni a un abogado. Me golpeaban con frecuencia. También me dieron descargas eléctricas para obligarme a hablar. Sólo nos daban una taza de agua al día y la comida era escasa y muy mala. Estuve junto con 25 personas más en una celda que no tenía aseos. Tres personas murieron en el centro de detención mientras yo estaba ahí: Sheri’ Abdel Rahman, de Tina; Abdel Rahim Taharja, abogado de Kutum; y Hagar Yusuf Hagar. Se puso enfermo y nadie llevó a un médico hasta que murió.

En marzo de 2004, varios detenidos de Jartum fueron trasladados desde la prisión de Kober, donde existe una sección controlada por el servicio de seguridad nacional destinada principalmente a los detenidos políticos recluidos sin juicio en aplicación del artículo 31 de la Ley sobre Fuerzas de Seguridad Nacional, a la prisión de Debek, a unos 40 kilómetros al norte de Jartum. Un defensor de derechos humanos dijo de Debek que es una prisión «en la que se encierra a quienes se quiere humillar». Al parecer, está llena de suciedad, es calurosa, está infestada de mosquitos y sus guardias son muy agresivos. Tras las protestas de los activistas de derechos humanos de Sudán y de las familias de los detenidos, a principios de mayo éstos fueron trasladados y repartidos en otras prisiones de todo el país.

«Desapariciones»

Según los informes, varias personas han sido detenidas y han «desaparecido» posteriormente. En la situación de confusión, en la que familias enteras huyen al Chad y a las ciudades de Darfur, se desconoce su suerte. Resulta sumamente difícil para cualquier persona, incluidos los familiares, averiguar los nombres de los detenidos recluidos en los centros de detención de Darfur. No se hacen listas públicas y los familiares tienen dificultades para entrar en los centros de detención, si es que pueden hacerlo. Muchos de los detenidos por motivos políticos están recluidos en secreto, sin ningún acceso al mundo exterior. Algunos de los que, según los informes, han «desaparecido» tras su detención podrían seguir confinados en alguna prisión; otros podrían haber muerto en detención o haber sido ejecutados extrajudicialmente. Otros más podrían haber huido de sus captores y haber llegado a un campo de refugiados o haberse unido a algún grupo armado.

La «desaparición» de detenidos, incluida la «desaparición» de combatientes capturados, es especialmente preocupante. Aunque algunos combatientes capturados podrían haber accedido a trabajar con el gobierno y podrían estar ahora con las fuerzas gubernamentales, siguiendo el ejemplo de lo sucedido a combatientes del Ejército de Liberación Popular de Sudán capturados durante la guerra en el sur del país, existe la posibilidad de que quienes no han sido puestos en libertad hayan sido ejecutados extrajudicialmente.(13) Entre los casos de «desaparecidos» tras la detención figuran los siguientes:

· Al-Hadi Adamfue detenido, según se dijo, por las fuerzas gubernamentales en Kutum, junto con muchas personas más, justo antes de los combates que enfrentaron a las fuerzas gubernamentales y los grupos armados en julio de 2003. Otras personas fueron liberadas posteriormente, en su mayoría tras el alto el fuego, pero de él no se han vuelto a tener noticias.

· Varias personas fueron detenidas cerca de Silaya, en los meses previos a los combates que hubo ahí en 2003. Entre ellas estaba un comerciante, Ishaq Abdallah, detenido en junio de 2003 en el pueblo de Kongok, al noreste de Al Jeneina, al parecer después de que el gobierno recibiera quejas de que estaba revelando los secretos de la milicia Janjawid. También fueron detenidos Adam Abdallah, que según los informes fue encadenado y golpeado tras la detención; Abaker Adam, agricultor de 37 años detenido en la carretera de Silaya, e Ismail Yahya, agricultor de 40 años detenido en la carretera de Silaya. No se han tenido noticias de ninguno de ellos desde entonces.

· Según el ELS, las fuerzas gubernamentales capturaron a un total de 79 combatientes y no combatientes, en su mayor parte en junio y julio de 2003, a los que no han liberado después de decretarse el alto el fuego del 6 de septiembre de aquel año. Su paradero sigue sin conocerse desde entonces. Entre ellos hay un total de 28 combatientes del ELS capturados en Dissa el 18 de junio. Según Mini Arkoi Minawi, secretario general del ELS, dos de ellos, Mohammad Adam Musay Abaker Tikki Jamus, pudieron telefonearle unos días después de su captura, con un teléfono móvil que les prestó el ejército sudanés, y le dieron los nombres de los capturados. Mohammad Ahmed Musa dijo que tenía una pierna rota. Entre los «desaparecidos» hay cuatro civiles: Suleiman Mahmoud Nabiy su esposa, Hussein Nahar Jarar y su padre, Nahar Jarar, y otros 33 combatientes del ELS que al parecer fueron capturados en la batalla de Abu Gamra, en agosto. La delegación del ELS en Abéché planteó la cuestión de los detenidos no liberados y la delegación del gobierno negó que estuvieran bajo su custodia.

Amnistía Internacional entregó una lista de personas presuntamente «desaparecidas» tras la detención a la embajada de Sudán en Londres en enero de 2004. Sin embargo, no se ha recibido aclaración alguna sobre su suerte.

Conclusión

La detención arbitraria de decenas de personas y los juicios injustos a que han sido sometidas otras han recibido escasa atención en medio de la catástrofe de derechos humanos de Darfur, donde casi un millón de personas han abandonado sus pueblos devastados, miles de hombres, mujeres y niños han perdido la vida y decenas de mujeres han sido violadas.

Pero la pasividad de quienes, en un periodo de creciente desorden, deberían haber protegido a estas personas –la policía, el sistema de seguridad y los tribunales de justicia– ha contribuido a generar la crisis humanitaria y de derechos humanos de 2003-2004. Ya se había creado un sistema de injusticias, con detenciones prolongadas en régimen de incomunicación y procedimientos judiciales viciados ante tribunales especiales. En 2003, muchas personas de Darfur pensaban que, en un sistema controlado por agentes de seguridad que no rendían cuentas ante nadie, no se podía obtener justicia del Estado por los homicidios y los ataques.

Durante la crisis actual, las fuerzas de seguridad han detenido a cientos de personas en relación con el conflicto, detenidos que rara vez han comparecido ante un juez. La detención en régimen de incomunicación y sin juicio viene siendo la norma para los detenidos políticos. Sin un juicio imparcial es imposible saber quién es inocente y quién culpable.

La libertad de expresión, un debate exhaustivo en la sociedad civil sudanesa sobre las causas de la crisis y las soluciones que podrían ser aceptables para todos los grupos que viven en Darfur, podrían haber evitado miles de homicidios y los peores resultados de esta tragedia. Pero la censura de la prensa, no permitir el libre acceso a la información y al debate, ha hecho que en Sudán se hayan silenciado las críticas a la política oficial en Darfur. El hecho de que entre los detenidos haya numerosos presos de conciencia, recluidos sólo por expresar sus convicciones, sin propugnar ni emplear la violencia –defensores de derechos humanos, abogados, profesionales, estudiantes e incluso líderes de pueblos que se han limitado a hablar abiertamente del temor de su comunidad– ha contribuido a extender un clima de temor y a que la gente se muestre reacia a hacer críticas en público.

No es suficiente que el gobierno ponga en libertad a los detenidos. Las prisiones de Sudán se han vaciado en varias ocasiones; por ejemplo, en octubre de 2003 había sólo dos presos en el sector político de Kober y decenas de detenidos en Darfur habían sido excarcelados. Pero mientras siga en vigor el artículo 31 de la Ley sobre Fuerzas de Seguridad Nacional, y mientras la ley permita que los miembros de las fuerzas de seguridad nacionales mantengan detenidos en régimen de incomunicación sin cargos y cometan malos tratos y torturas con impunidad, el sistema nacional de justicia seguirá siendo incapaz de defender los derechos de las personas y ningún crítico, abogado ni defensor de derechos humanos se sentirá libre de la detención arbitraria.

Para reconstruir el sistema de justicia, Amnistía Internacional formula las siguientes recomendaciones al gobierno:

Recomendaciones

- Libertad de los detenidos: poner en libertad inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia y a las demás personas detenidas en relación con el conflicto, salvo que vayan a ser juzgadas sin demora por delitos comunes reconocibles en juicios que cumplan las normas internacionales de imparcialidad procesal y sin recurso a la pena de muerte ni a otras penas inhumanas o degradantes.

- Eliminación del régimen de incomunicación: todos los detenidos deben tener acceso inmediato a su familia y a un abogado, así como a asistencia médica.

- Eliminación de la tortura: todos los detenidos deben recibir un trato humano. Todos los centros de detención deben estar registrados y ser examinados por un servicio de inspección dependiente del Ministerio de Justicia. El Comité Internacional de la Cruz Roja y una inspección del Ministerio de Justicia deben tener acceso a todos los centros de detención de Darfur. Se deben investigar sin dilación e imparcialmente los casos de tortura y de otros abusos contra los derechos humanos, cuyos autores deben comparecer ante la justicia. Los observadores del alto el fuego y de derechos humanos deben tener también acceso a todos los centros de detención.

- Acceso sin dilación a la justicia: debe abolirse el artículo 31 de la Ley sobre Fuerzas de Seguridad Nacional, que permite la detención sin cargos ni juicio durante un periodo máximo de nueve meses.

- Juicios justos: deben abolirse los tribunales especiales que emplean procedimientos sumarios contrarios a las normas internacionales de imparcialidad procesal; todos los detenidos deben beneficiarse de la presunción de inocencia, tener acceso inmediato y confidencial a un abogado y gozar del derecho a la defensa. Ninguna declaración realizada como resultado de la tortura podrá utilizarse como prueba contra un detenido.

- Poner fin a las «desapariciones»: todos los detenidos deben estar recluidos en centros de detención reconocidos, sus nombres deben inscribirse en un registro y sus familias deben ser informadas de la detención. Los casos de «desaparición» deben ser investigados, los autores de «desapariciones» deben ser castigados, los «desaparecidos» deben ser puestos en libertad si no van a ser juzgados sin demora en juicios justos por delitos comunes reconocibles; si un «desaparecido» ha sido ejecutado extrajudicialmente, su familia debe recibir una indemnización.

- Eliminación de la impunidad: todas las personas que hayan cometido violaciones graves de derechos humanos, u ordenado que se cometan, o hayan sido cómplices de las mismas, deben comparecer ante la justicia en juicios justos en los que no esté prevista la imposición de la pena de muerte.

- Libertad de expresión: el gobierno de Sudán debe garantizar el derecho a la libertad de expresión y eliminar los controles sobre la prensa. Los servicios de seguridad deben poner fin a la detención, intimidación y acoso de los medios de comunicación independientes, periodistas y otros trabajadores de los medios.

- Reparación para las víctimas: las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas las que hayan perdido a familiares, las que hayan padecido torturas como violación u otros abusos, y quienes hayan perdido sus viviendas o propiedades, tienen derecho a una reparación, que incluye una indemnización por sus sufrimientos. La Comisión de Investigación nombrada por el gobierno de Sudán en mayo bajo la presidencia del ex presidente del Tribunal Supremo Daf’allah al-Hajj Yusuf debe recomendar un mecanismo para indemnizar a las víctimas.

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(1) Incluyen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ratificados por Sudán en 1986, así como el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptado por consenso por la Asamblea General de la ONU en 1988.

(2) Situación de los derechos humanos en la región de Darfur (Sudán), Informe E/CN.4/2005/3, párrafo 103.

(3) Sudan: Darfur. "Too many people killed for no reason" (Índice AI: AFR 54/008/2004), febrero de 2004.

(4) Ibídem 2.2.2.

(5) E/CN.4/2005/3, párrafo 92.

(6) Las milicias apoyadas por el gobierno, integradas sobre todo por miembros de grupos nómadas árabes, se conocen normalmente como Janjawid («pistoleros a caballo») o Fursan (jinetes).

(7) Entre los ataques que se produjeron al día siguiente de la incursión contra el aeropuerto, los Janjawid atacaron el mercado y la mezquita de Murli, en Darfur occidental, causando la muerte de casi 60 personas.

(8) Sudan: Empty promises? Human rights violations in government-controlled areas (Índice AI: AFR 54/036/2003), julio de 2003.

(9) Véase Darfur destroyed - Ethnic cleansing by government and militia forces in western Sudan, Human Rights Watch, mayo de 2004, Vol. 16, Núm. 6(A).

(10) Sudán firmó en 1986 la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aunque no la ha ratificado. Sin embargo, el principio de que no pueden invocarse como prueba contra un procesado las confesiones obtenidas bajo tortura está también consagrado en la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1975.

(11) El Congreso Popular fue fundado por el doctor Hassan al-Turabi, ideólogo principal del gobierno «de salvación» del general Omar al-Bashir, desde 1989 hasta 1999, fecha en que el gobierno se escindió. Se cree que está vinculado al Movimiento Justicia e Igualdad.

(12) Sobre el uso de citaciones reiteradas para comparecer ante las fuerzas de seguridad como forma de acoso o de castigo, véase Sudan: Empty promises? Himan rights violations in government-controlled areas (Índice AI: AFR 54/036/2003, julio de 2003, página 32).

(13) «Apenas se dispone de información clara sobre la suerte que han corrido los combatientes capturados en las zonas de conflicto. No obstante, esta guerra destaca por el escaso número de prisioneros capturados que se encuentran detenidos. Esto parece deberse a que el gobierno, si no puede utilizar a los combatientes capturados para que le proporcionen información, los ejecuta de forma sistemática. Al parecer, los soldados del [Ejército de Liberación Popular de Sudán] que se entregan voluntariamente a las fuerzas gubernamentales corren menos peligro de ser ejecutados.» Sudán: Las lágrimas de los huérfanos, Índice AI: AFR 54/02/95, enero de 1995.