Document - Sudan: Death Penalty / Unfair trial

PÚBLICO

Índice AI: AFR 54/029/2003/s

1 de mayo de 2003

AU 117/03 – Pena de muerte / juicio sin garantías

SUDÁN

Al-Taher Ahmad Hamdan, de 15 años;

Al-Doum Adam Abaker Ali, de unos 75 años;

Mohammad Omer Suliman Ahmad, de unos 71 años;

y otros 23 hombres del estado de Darfur.

E
l 26 April, un joven de 15 años y 25 adultos, entre ellos dos septuagenarios, fueron condenados a muerte por un tribunal de Nyala, en el estado de Darfur Meridional. Amnistía Internacional ve con preocupación que se han dictado condenas de muerte tras actuaciones judiciales que han distado mucho de ajustarse a las normas internacionales de imparcialidad procesal. Además, el uso de la pena de muerte contra personas menores de 18 años está prohibido por el derecho internacional.

Al-Taher Ahmad Hamdan, Al-Doum Adam Abaker Ali, Mohammad Omer Suliman Ahmad y otros 23 hombres fueron declarados culpables de dar muerte a 35 personas y causar lesiones a otras 28 durante una incursión en el pueblo de Singita,Darfur Meridional, el 31 de diciembre de 2002. Haciendo gala de lo que uno de los jueces describió como «conducta bárbara y salvaje», un grupo de jinetes armados recorrieron el pueblo matando, saqueando y destruyendo viviendas. Según se dijo, los hombres arrojaron unos 10 cadáveres a las casas que ardían. No obstante, abogados y testigos presenciales afirmaron que los verdaderos perpetradores eran otros, y que los hombres a los que se había detenido habían sido privados de su libertad arbitrariamente. Según informes, las declaraciones de los testigos de cargo fueron contradictorias.

Un total de 38 personas, entre ellas dos niños y una mujer, fueron sometidas a juicio en Nyala el 17 de marzo en relación con esta incursión. Aparte de los 26 condenados a muerte, un niño de 14 años fue condenado a pasar tres años recluido en un centro de detención para menores; los 11 restantes fueron declarados inocentes. Los 38 acusados fueron detenidos a principios de enero de 2003 y recluidos en régimen de incomunicación en Nyala durante más de dos meses.

Los procedimientos de los tribunales especiales de Darfur Meridional, establecidos en 2001 mediante un decreto del wali (gobernador del estado) disponen que los acusados no pueden ser defendidos por abogados a menos que se les conceda una autorización especial. Los 38 acusados fueron representados por tres abogados a los que no se les permitió comunicarse con ellos ni examinar sus expedientes hasta cinco días antes del inicio del juicio, el 17 de marzo. Los tres jueces —uno de ellos, perteneciente al servicio policial, otro, al ejército, y otro, que presidía al tribunal, un juez civil— sólo permitieron que los abogados defensores hicieran cuatro preguntas a cada uno de los acusados y de los testigos. A la fiscalía se le permitió formular un número ilimitado de preguntas.

Los 26 condenados a muerte disponen de siete días para interponer un recurso ante el Tribunal Especial de Apelaciones de Nyala. Si el recurso es desestimado, podrán apelar ante el Tribunal Supremo, en la capital, Jartum, y en última instancia ante el Tribunal Constitucional.

INFORMACIÓN GENERAL

Durante los últimos años, centenares de civiles, en su gran mayoría pertenecientes a grupos étnicos dedicados a la agricultura, como los fur, masalit y zaghawa, han resultado muertos o heridos, sus hogares han sido incendiados y su ganado saqueado por grupos nómadas. Esto ha dado lugar a enfrentamientos en los que han muerto decenas de civiles.

El gobierno sudanés ha respondido a la escalada de la violencia introduciendo tribunales especiales que dictan penas severas tras juicios sumarios y no garantizan los derechos de la defensa. Las fuerzas de seguridad también han detenido a líderes de pueblos y grupos étnicos y otros, y los han mantenido recluidos en régimen de incomunicación durante periodos prolongados sin cargos ni juicio. En febrero de 2003, miembros de grupos étnicos sedentarios anunciaron que habían formado el «Ejército de Liberación de Sudán» (Sudan Liberation Army, SLA), que ha pedido que se desarrolle la región y ha atacado dependencias militares. Amnistía Internacional ha instado al gobierno a resolver los problemas existentes mediante un proceso de reconciliación y no mediante violaciones de derechos humanos como la detención arbitraria y el desplazamiento forzado de la población local. En abril de 2003, Amnistía Internacional pidió que Darfur fuera incluido en el proceso de monitorización de los derechos humanos que se va a implantar en el contexto de las negociaciones de paz que pretenden poner fin a 20 años de conflicto armado en el sur (dado que en principio Darfur, un estado del norte de Sudán, no estaría incluido en el ámbito de la labor del equipo de monitorización que se creará este año). Amnistía Internacional también ha pedido que se encargue a una comisión internacional la investigación de la situación, que empeora cada vez más.

El uso de la pena de muerte contra delincuentes juveniles —personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometerse el delito del que se los acusa— está prohibido por el derecho internacional. Tanto los Convenios de Ginebra como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño contienen disposiciones que prohíben la ejecución de menores de edad.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos de modo que lleguen lo antes posible, en árabe, inglés o en su propio idioma:

- haciendo hincapié en el hecho de que, aunque las autoridades tienen el derecho y el deber de enjuiciar a las personas acusadas de delitos violentos, tienen también la obligación de garantizar que los acusados son procesados en juicios que ofrecen las debidas garantías;

- expresando honda preocupación por el hecho de que 26 personas, entre ellas un joven de 15 años, Al-Taher Ahmad Hamdan, y dos septuagenarios, Al-Doum Adam Abaker Ali y Mohammad Omer Suliman Ahmad, fueron condenados a muerte por un tribunal especial de Darfur tras un juicio que distó mucho de observar los principios internacionales de equidad procesal;

- instando a las autoridades a cumplir con las obligaciones que han contraído en virtud del artículo 37.a de la Convención sobre los Derechos del Niño y garantizar que «Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad»;

- señalando que los menores privados de libertad sólo deben ser recluidos en centros de detención para menores y enjuiciados ante tribunales para menores en actuaciones en las que deben protegerse todos los derechos que les asisten en virtud de su edad;

- exhortando a las autoridades a que garanticen que todos los condenados disfruten del derecho a un juicio justo y a una defensa adecuada, conforme a las normas internacionales;

- haciendo un llamamiento a las autoridades para que disuelvan los tribunales especiales de Darfur y garanticen que todos los juicios serán celebrados de acuerdo con las normas internacionales de imparcialidad procesal;

- manifestando que se oponen a la pena de muerte por tratarse de una violación del derecho a la vida que, además, ha demostrado no tener ninguna fuerza disuasoria.

LLAMAMIENTOS A:

Presidente:

His Excellency Lieutenant General Omar Hassan al-Bashir

President of the Republic of Sudan

President’s Palace

PO Box 281, Khartoum

Sudán

Telegramas: President al-Bashir, Khartoum, Sudán

Fax: + 249 11 771651 / 783223 / 779977

Tratamiento: Your Excellency / Señor Presidente

Ministro de Justicia y Fiscal General:

Mr Ali Mohamed Osman Yassin

Minister of Justice and Attorney General

Ministry of Justice

Khartoum

Sudán

Telegramas: Justice Minister, Jartum, Sudán

Fax: + 24911 779 031

Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro

Gobernador del Estado de Darfur Meridional:

Lieutenant-General Adam Hamid Musa

Governor of South Darfur state

c/o People's Palace

PO Box 281, Khartoum

Sudán

Telegramas: Wali, Nyala, Sudan

Fax: + 249 11 771 651 / 787676 / 7832332

Tratamiento: Dear Sir / Señor Gobernador

COPIA A:

Consejo Asesor de Derechos Humanos:

Dr Yasir Sid Ahmed

Advisory Council for Human Rights

PO Box 302, Khartoum

Sudán

Fax: + 249 11 779173 / 770883

y a los representantes diplomáticos de Sudán acreditados en su país.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 12 de junio de 2003.