Document - Sudan: Arms continuing to fuel serious human rights violations in Darfur


Sudán


Las armas continúan propiciando la comisión de graves violaciones de derechos humanos en Darfur


http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR540192007


Introducción 1

Postura de Amnistía internacional sobre el comercio de armas y material de seguridad 4

Información general 5

Transferencias irresponsables de armas a Sudán 6

Continúa el flujo ilícito de armas a Darfur 11

Despliegue reciente de helicópteros de ataque en Darfur 11

Despliegue de aviones de combate para bombardear objetivos terrestres en Darfur 14

Las autoridades sudanesas camuflan aeronaves militares en Darfur 16

Suministro y uso de armas pequeñas y munición por parte del gobierno sudanés en Darfur 19

Suministros de armas utilizados en ataques en el este de Chad por grupos armados que operan desde Darfur 20

Vehículos militares y paramilitares utilizados para facilitar abusos graves contra los derechos humanos 22

El actual embargo de armas de la ONU 26

Conclusiones y recomendaciones 30


Introducción

Se siguen transfiriendo armas, municiones y material afín con destino a las operaciones militares que se desarrollan en la región de Darfur, en el oeste de Sudán. En estas operaciones, el gobierno sudanés, las milicias yanyawid(1) respaldadas por el gobierno y los grupos armados de oposición están cometiendo gravísimos abusos y violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.


Este informe describe el proceso de rearme y su repercusión sobre las personas que viven en Darfur y en la vecina región del este de Chad, muchas de las cuales han tenido que desplazarse contra su voluntad. También detalla violaciones del embargo de armas impuesto por las Naciones Unidas a Darfur, cometidas entre enero y marzo de 2007. Entre otras cosas, muestra cómo el gobierno de Sudán viola el embargo de armas de la ONU y camufla alguna de sus operaciones logísticas militares en Darfur, así como qué tipo de armas suministradas a Sudán desde China y Rusia –miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU– han sido utilizadas para violar el embargo de armas preceptivo impuesto por el propio Consejo de Seguridad.


Amnistía Internacional insta a la comunidad internacional a que imponga su autoridad, adopte medidas de inmediato para reforzar la aplicación del embargo de armas de la ONU y detenga el flujo de armas a Darfur, como parte de un conjunto de medidas urgentes para contribuir a proteger a la población civil y defender sus derechos humanos, tal y como exige el derecho internacional.


Los Estados que suministran armas, municiones y otro tipo de material militar a Sudán y a otras partes implicadas en el conflicto saben –o al menos deberían saber– que dichas armas se utilizan a menudo para perpetrar graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Darfur, y ahora también en el este de Chad. El hecho de que el Consejo de Seguridad de la ONU haya formulado de una forma un tanto imprecisa el embargo de armas impuesto por las Naciones Unidas a Darfur y, sobre todo, que dicho embargo carezca de un sólido mecanismo de vigilancia, verificación y difusión pública de información, dependiente de la ONU, está permitiendo a algunos Estados y a algunas personas violarlo con impunidad.


A pesar de que el gobierno sudanés lo niega, continúan produciéndose ataques de las fuerzas armadas sudanesas y sus aliados, las milicias yanyawid, contra la población civil en Darfur, y ahora el conflicto se ha extendido más allá de las fronteras sudanesas. En la actualidad las milicias yanyawid sudanesas y sus aliados locales chadianos atacan también a los civiles de Chad, saqueando y matando con impunidad.(2) Funcionarios de las Naciones Unidas y de la Unión Africana han denunciado numerosos bombardeos aéreos y ataques indiscriminados contra pueblos, casos de desplazamiento forzado, así como ejecuciones sumarias, "desapariciones", saqueo y destrucción de propiedades.(3) Las descripciones de estos ataques recibidas por la ONU indican que las tácticas utilizadas han sido muy similares a las empleadas durante el apogeo de la guerra en Darfur, a finales del año 2003 y en 2004, y se han caracterizado por (1) la coordinación de las operaciones entre las fuerzas armadas sudanesas y las milicias apoyadas por el gobierno, (2) la falta de respeto a los principios de distinción y proporcionalidad, y (3) graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.(4) En Darfur, las milicias yanyawid, las fuerzas armadas sudanesas y los grupos armados de oposición continúan cometiendo violaciones, actos de violencia sexual y otras formas de violencia de género, incluyendo a niños y niñas entre sus víctimas.(5)


Pese a que es el principal responsable de proteger a la población civil en Darfur, el gobierno de Sudán continúa desviando y desplegando aeronaves militares importadas de ataque y de otro tipo, material militar de fabricación nacional y de "doble uso", así como munición y armas de fuego, tal y como se describe en este informe, para atacar directamente a la población civil, lanzar ataques indiscriminados que causan víctimas mortales entre la población civil y para armar y apoyar a los yanyawid. Aunque teóricamente estas milicias se han disuelto, son ellas, junto a las fuerzas gubernamentales sudanesas, las principales responsables de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Darfur.


Los grupos armados de oposición que operan en Darfur también siguen recibiendo armas pequeñas y ligeras y suministros logísticos que después utilizan abiertamente para cometer graves abusos y violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Además, la proliferación de armas pequeñas y la ausencia generalizada de justicia y del Estado de derecho han permitido que los actos de bandidaje armado estén cada vez más extendidos.


La transferencia irresponsable de armas a Sudán y a sus países vecinos es un elemento significativo en la enorme catástrofe de derechos humanos de Darfur y en su propagación al este de Chad. Más de 200.000 personas han muerto en los cuatro años de conflicto en Darfur, Sudán, y más de dos millones y medio han sido desplazadas de sus hogares. Durante el mes de marzo de 2007, los abusos y las violaciones de derechos humanos contra las personas internamente desplazadas, incluidos actos de violencia sexual y de género, no disminuyeron. En este mes, 40.000 civiles más hubieron de desplazarse a consecuencia de la violencia reinante, y el bandidaje armado tampoco disminuyó.(6) Continuaron produciéndose ataques contra el personal y los cargamentos de las organizaciones de ayuda humanitaria, especialmente en ciudades importantes como El Fasher. Entre junio de 2006 y enero de 2007, 12 trabajadores humanitarios murieron violentamente, más que en los dos años anteriores. Debido a la situación de seguridad, muchas agencias de ayuda humanitaria cada vez encuentran más difícil facilitar servicios esenciales a las personas desplazadas; el acceso a los servicios de ayuda humanitaria seguía siendo deficiente y en algunos lugares se deterioró aún más. La facilidad con la que se accede a las armas está intensificando y prolongando el conflicto, con efectos desastrosos para la población civil y su bienestar a largo plazo.


En la realización de este informe se han utilizado análisis de datos a cargo de especialistas independientes y descripciones pormenorizadas que testigos de Darfur ofrecieron a Amnistía Internacional en el curso de la investigación. Como complemento, se han utilizado datos obtenidos de fuentes de libre acceso, bases de datos y fuentes confidenciales.(7) A finales de abril, cuando el proceso de elaboración de este informe estaba ya muy avanzado, un informe confidencial provisional del Grupo de Expertos de la ONU se filtró a The New York Times.(8) El periódico publicó algunas de las conclusiones principales del informe provisional de la ONU y el gobierno de Sudán, en particular, negó categóricamente las acusaciones que el periódico atribuía al informe provisional, según las cuales estaba utilizando aeronaves de combate y trasladando material militar a Darfur, en contravención del embargo de armas impuesto por la ONU y, además, que utilizaba aeronaves pintadas de blanco, para que parecieran aviones de la ONU, con el fin de bombardear y vigilar pueblos de Darfur. En ese momento, Amnistía Internacional decidió concluir el trabajo sobre este informe como estaba previsto, dado que para entonces ya se habían redactado las conclusiones principales sobre los movimientos de armas a Darfur y las transferencias de armas a Sudán. Además, la organización decidió que la coincidencia parcial con el informe provisional de la ONU en sus ejemplos –como el del movimiento de aeronaves específicas y armas a Darfur– y en sus resultados no debía impedir a la organización publicar sus conclusiones. De hecho, al arrojar más luz sobre el problema en el ámbito público, Amnistía Internacional cree que este informe dará lugar a nuevas acciones internacionales instando a la comunidad internacional a prevenir las violaciones del embargo de la ONU en Darfur y a promover los derechos humanos de su población.


Por las razones que se exponen en este informe, Amnistía Internacional insta de nuevo al Consejo del Seguridad de la ONU a reforzar el embargo de armas de la ONU a Darfur, estableciendo mecanismos de vigilancia y verificación más fuertes con el fin de garantizar su cumplimiento e impedir el flujo de armas y material afín hacia las partes que perpetran graves abusos y violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Darfur.


Postura de Amnistía internacional sobre el comercio de armas y material de seguridad(9)

Amnistía Internacional no adopta ninguna postura sobre el comercio de armas en sí, pero se opone a las transferencias de material, tecnología, personal o servicios militares, de seguridad o policiales, así como al apoyo logístico o económico a ellas, si existen razones para pensar que pueden utilizarse para cometer graves violaciones de las normas internacionales de derechos humanos o del derecho internacional humanitario, como homicidios arbitrarios e indiscriminados, "desapariciones" o tortura. Con objeto de ayudar a prevenir tales violaciones, Amnistía Internacional hace campaña para que se promulguen leyes efectivas y se acuerden mecanismos que prohíban toda transferencia de este tipo si no se puede demostrar razonablemente que no va a contribuir a que se cometan violaciones graves de derechos humanos. Asimismo, Amnistía Internacional pide que las instituciones competentes establezcan rigurosos sistemas de rendición de cuentas y formación para prevenir tales violaciones.


Información general

El Consejo de Seguridad de la ONU, en su resolución 1556, de 30 de julio de 2004, impuso un embargo de armas a los grupos no gubernamentales de Darfur. La exclusión inicial del gobierno sudanés y sus fuerzas armadas de la definición del embargo de la ONU a Darfur, así como la ausencia de un mecanismo de vigilancia adecuado para garantizar su cumplimiento, debilitaron sobremanera el embargo. En vista del empeoramiento de la grave situación humanitaria y de derechos humanos en Darfur, varios gobiernos y organizaciones no gubernamentales cuestionaron esta debilidad. En noviembre de 2004, Amnistía Internacional publicó un informe exhaustivo que ofrecía información detallada sobre los distintos tipos de transferencias de armas convencionales y de "doble uso" a Sudán y el despliegue y uso de ese material en Darfur, también por las fuerzas armadas sudanesas, para perpetrar abusos graves contra los derechos humanos.(10) Por fin, el 29 de marzo de 2005, el Consejo de Seguridad de la ONU amplió el embargo de armas a todas las partes en el conflicto de Darfur y subordinó cualquier desplazamiento por parte del gobierno de equipo militar y suministros a la región de Darfur a la aprobación con antelación, previa solicitud, del Comité de Sanciones a Sudán del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.(11)


Pese a que la decisión de marzo de 2005 del Consejo de Seguridad ampliaba la definición del embargo de armas de las Naciones Unidas a "todas las partes en el conflicto" –de modo que incluía a las fuerzas armadas gubernamentales y a los grupos armados no gubernamentales–, el gobierno de Sudán y los grupos armados de oposición, así como varios de los Estados clave desde los que han partido transferencias de armas significativas con destino a Sudán, han ignorado buena parte de las disposiciones del embargo. El Grupo de Expertos de la ONU establecido mediante la resolución 1591(2005) del Consejo de Seguridad ha dejado constancia de una constante similar de flujos de armas hacia Darfur y de graves violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos perpetradas con estas armas.(12) En octubre de 2006, el Grupo de Expertos de la ONU informó de que "todas las partes que intervienen en Darfur continúan violando abiertamente el embargo de armas. Siguen entrando armas, en particular armas pequeñas, munición y equipo militar a los estados de Darfur, desde varios países de la región del Sudán".(13)


El Consejo de Seguridad de la ONU, a través de su Comité de Sanciones a Sudán, ha seguido recibiendo informes del Grupo de Expertos de la ONU sobre violaciones del embargo de armas y el uso de éstas para cometer abusos y violaciones de derechos humanos; sin embargo, no ha actuado para poner en práctica las recomendaciones del Grupo de Expertos a fin de reforzar el embargo de armas de las Naciones Unidas, incluido un llamamiento para aplicar el embargo de armas a todo el territorio de Sudán con algunas excepciones. El Comité de Sanciones a Sudán tampoco ha actuado en todo momento para identificar y poner en evidencia a las partes implicadas en el proceso de rearme.(14) Parece, sin embargo, que la intención del Consejo de Seguridad de evitar el acceso a las armas de las milicias yanyawid, mediante la aprobación de la resolución 1556 (2004), se ha frustrado porque muchas de las milicias ya formaban oficialmente parte de los órganos de seguridad del gobierno o se incorporaron a ellos, en particular la Fuerzas Populares de Defensa, la Guardia de Inteligencia de Fronteras, la policía de reserva central, la Policía Popular y la policía nómada, con posterioridad a la aprobación de la resolución.


Transferencias irresponsables de armas a Sudán

Cuando el Consejo de Seguridad impuso el embargo de armas de la ONU a los grupos armados no gubernamentales de Darfur en julio de 2004, se debatió mucho por qué el gobierno de Sudán había sido excluido del embargo, ya que se sabía que las fuerzas armadas de Sudán estaban armando y apoyando activamente a las milicias yanyawid; esta situación se rectificó en marzo de 2005, cuando el embargo de la ONU se amplió a todas las partes implicadas en el conflicto de Darfur. Sin embargo, de acuerdo con las últimas estadísticas oficiales sobre comercio de armas(15), durante 2005 hubo envíos de equipo militar y material afín a Sudán desde varios países. Los datos oficiales de Sudán y de los países exportadores pueden minusvalorar de forma significativa la cantidad real de transferencias militares, pero dan una idea de la escala y la naturaleza irresponsable del comercio internacional al armar a Sudán, un país ya inundado de armas. La mayor parte de las transferencias procedía de China y Rusia, dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Los gobiernos de estos países proveedores sabían, o debían saber, a través de los informes públicos y de uso interno del Grupo de Expertos de la ONU al Comité de Sanciones a Sudán, así como por el informe detallado que Amnistía Internacional publicó en noviembre de 2004(16), que las fuerzas armadas y las milicias sudanesas han desplegado material militar de diversa índole, incluidas aeronaves, para realizar ataques directos contra la población civil y ataques indiscriminados en Darfur y para el apoyo logístico a estos ataques.


Según los datos de Sudán referentes a 2005, las cifras más recientes de que se dispone, este país importó armamento y munición de la República Popular de China por valor de 24 millones de dólares estadounidenses, componentes y material para aeronaves por valor de casi 57 millones de dólares y componentes de helicópteros y aviones por valor de dos millones de dólares. Según los informes, durante una reunión celebrada en Pekín, el ministro de Defensa chino manifestó al jefe del Estado Mayor conjunto de las fuerzas armadas sudanesas que "los contactos y la cooperación amistosas entre ambos ejércitos han continuado desarrollándose fluidamente", y añadió: "[Nosotros] estamos dispuestos a desarrollar la cooperación militar entre nuestros dos países en todas las áreas".(17) La compañía china AviChina Industry and Technology entregó recientemente seis aeronaves militares de entrenamiento y ataque K-8 a la Fuerza Aérea Sudanesa y en breve entregará otras seis, de acuerdo con la información de una revista militar.(18) La empresa Beijing Aviation Science and Technology Co., Ltd. (BASC), subsidiaria de China Aviation Industry Corporation I (AVIC I), ha anunciado en su sitio web que ha desarrollado y fabricado simuladores de vuelo para los aviones K-8S sudaneses.(19) Estos simuladores fueron entregados a la Fuerza Aérea Sudanesa en 2005(20). El K-8S se utiliza generalmente como avión de entrenamiento básico para pilotos de combate. Algunos de los pilotos de combate de la Fuerza Aérea Sudanesa obtendrán finalmente la cualificación necesaria para pilotar el NAMC Q-5 "Fantan", después de un periodo de formación básica en el K-8S. La versión para la exportación del Q-5 se conoce como A-5 "Fantan".(21)A Amnistía Internacional le preocupa que la Fuerza Aérea Sudanesa haya desplazado estos bombarderos a Darfur (véase infra fotografía y detalles) sin la autorización del Comité de Sanciones de la ONU, y que es muy probable que utilice estos nuevos aviones de combate, como ha hecho con otros aparatos, así como la cualificación adquirida para pilotar los aviones suministrados por China, para llevar a cabo ataques indiscriminados en Darfur, en contravención del embargo de armas de la ONU y del derecho internacional humanitario, lo cual también plantea serias dudas sobre los sistemas de rendición de cuentas y la formación que reciben los miembros de la Fuerza Aérea Sudanesa para garantizar el respeto por esa norma universal.


En 2005, la Federación Rusa exportó a Sudán aeronaves y material afín, incluidos repuestos, por valor de 21 millones de dólares estadounidenses y helicópteros por valor de 13,7 millones, cifras que suponían un incremento en relación en el ya importante volumen de exportaciones de armas de años anteriores.(22) A Amnistía Internacional le preocupa especialmente, como se expone infra, el uso de distintos tipos de helicópteros militares, especialmente los helicópteros de reconocimiento armados rusos Mi-24 adquiridos por la Fuerza Aérea Sudanesa, para lanzar ataques indiscriminados en Darfur contra la población civil.


Bielorrusia y Sudán firmaron un protocolo de cooperación militar el 15 de junio de 2006, y desde hace años mantienen estrechas relaciones militares, especialmente en lo que se refiere al suministro de vehículos blindados para transporte de personal del mismo tipo que los que se han visto en Darfur en marzo de 2007.(23) El 26 de mayo de 2004, el gobierno de Bielorrusia declaró que durante 2003 había exportado a Sudán 9 vehículos militares BMP 2, 39 vehículos militares BRDM 2 y 32 piezas de artillería de 122 milímetros, incluidos obuses, todos de origen ruso.(24) Como se describe infra, a Amnistía Internacional le preocupa que las fuerzas armadas sudanesas están desplegando en Darfur vehículos blindados para transporte de personal suministrados por Bielorrusia y que las fuerzas armadas los puedan utilizar, como ha ocurrido con otros vehículos militares, para facilitar violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario en Darfur.


En 2005, Irán exportó armas y munición a Sudán por un valor superior a 650.000 dólares estadounidenses, siguiendo la pauta de exportaciones de material militar a Sudán de años anteriores. En el mismo año Sudán importó aeronaves de otros países.(25) Según los informes, en noviembre de 2006(26) Kuwait debatió con el gobierno de Jartum una posible cooperación militar, y un comerciante de armas pequeñas kuwaití regenta una agencia de venta en Jartum. Según los datos de Sudán, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos suministraron pequeñas cantidades de armas a Sudán en 2005.(27) No se sabe si las exportaciones de aeronaves de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos incluían aviones militares o de "doble uso".


Aunque Amnistía Internacional no dispone de informes dignos de crédito de que todasesas exportaciones a Sudán de material militar o afín o las actividades de cooperación militar con el gobierno de Sudán hayan contribuido a la comisión de graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en Darfur, actualmente el riesgo de que algunasde esas transferencias lo hagan en el futuro es alto. En consecuencia, Amnistía Internacional pide el cese de todas las transferencias de material militar y de seguridad a Sudán, con las excepciones que autorice la ONU, como se describe infra.


A estas transferencias internacionales hay que añadir la producción nacional de armamento de Sudán, que depende hasta cierto punto del suministro exterior de componentes, materiales especiales y conocimientos. La Empresa Industrial Militar de Sudán continúa operando tres plantas de material militar cerca de Jartum en las que se fabrican munición, armamento ligero para la infantería, vehículos militares y versiones sudanesas del tanque T-55 –que han sido vistas en Darfur–, para las fuerzas armadas de Sudán.(28)


Pese a que el secretismo que rodea al suministro de armas a los grupos armados de oposición –la otra parte implicada en el conflicto de Darfur– es aún mayor, numerosos informes indican que estos grupos reciben ayuda económica y política, así como apoyo material de países vecinos entre los que se encuentran Libia, Chad y Eritrea.(29) El Grupo de Expertos de la ONU que investiga el cumplimiento del embargo de armas de la ONU a Darfur ha denunciado que el gobierno de Eritrea ha proporcionado armas, apoyo logístico, formación militar y apoyo político al Movimiento Justicia e Igualdad, al Ejército de Liberación de Sudán y a las distintas facciones de estos grupos armados que han continuado cometiendo abusos graves contra los derechos humanos en Darfur. En julio y agosto de 2006, observadores de la Unión Africana vieron dos convoyes de camiones llevando suministros a través de la frontera entre Libia y Sudán.(30) No está nada claro si el suministro de material militar y afín a los grupos armados de oposición en Darfur procedente de Chad y de la República Árabe Libia obedecía a una política oficial de los gobiernos de esos países o se trataba de iniciativas de funcionarios gubernamentales que actuaban por cuenta propia.


Las autoridades sudanesas también han permitido que los grupos armados de oposición de Chad que cometen abusos graves contra los derechos humanos operen desde Darfur, y estos grupos han obtenido armas pequeñas y ligeras de transferencias realizadas recientemente a Darfur desde China.(31) Por ejemplo, en junio de 2006 Amnistía Internacional informó de que miembros chadianos del Frente Unido por el Cambio Democrático en Chad (Front uni pour le changement démocratique au Tchad, FUCD), que en aquel momento operaba como un grupo armado de oposición desde Darfur, utilizaban armas fabricadas en China. Posteriormente, el FUCD se ha integrado en el gobierno de Chad. A comienzos de 2006, en concreto el 28 de febrero, miembros de ese grupo armado de oposición fueron fotografiados con lanzagranadas automáticos QLZ87 de 35 milímetros a las afueras de la ciudad de Al Yeneina, en Darfur Occidental, Sudán, cerca de la frontera con Chad.(32)


Aun cuando los gobiernos de los países citados en este informe no podían desconocer los informes sobre las graves violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad sudanesas, han seguido permitiendo el envío de equipamiento militar a Sudán desde sus países. La obligación de los Estados de no participar en los actos internacionalmente ilícitos de otros Estados se establece, en términos que reflejan el derecho consuetudinario internacional vinculante para todos los Estados, en los artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos presentados por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU y respaldados por la Asamblea General en 2001(33). (9) El artículo 16 dispone:

El Estado que presta ayuda o asistencia a otro Estado en la comisión por este último de un hecho internacionalmente ilícito es responsable internacionalmente por prestar esa ayuda o asistencia si:

a) Lo hace conociendo las circunstancias del hecho internacionalmente ilícito; y

b) El hecho sería internacionalmente ilícito si fuese cometido por el Estado que presta la ayuda o asistencia.


Continúa el flujo ilícito de armas a Darfur

Aunque para los observadores independientes es difícil estar cerca de lo que acontece en Darfur, de la información procedente de fuentes fidedignas se desprende que el flujo continuado de armas, munición y material afín a los estados de Darfur Septentrional, Meridional y Occidental y la falta de rendición de cuentas ante el Estado de derecho por el uso de ese material son factores importantes que contribuyen a la comisión de graves abusos y violaciones de derechos humanos. Estos factores también favorecen las frecuentes violaciones del embargo de armas de la ONU(34) y de las disposiciones de los Acuerdos de Cesación del Fuego(35) que limitan el movimiento de armas y que se aplican a la región sudanesa de Darfur.


Un aspecto clave es que el gobierno de Sudán sistemáticamente no solicita la aprobación del Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU para trasladar armas, municiones y otro material militar a Darfur. Como se explica infra, esos desplazamientos no autorizados, que violan la resolución 1591(2005) del Consejo de Seguridad, continúan produciéndose.(36)


Despliegue reciente de helicópteros de ataque en Darfur

Amnistía Internacional ha recibido recientemente informes detallados de testigos que corroboran la presencia continuada de helicópteros de ataque Mi-24(37) en Al Yeneina, El Fasher y Nyala entre enero de 2007 y marzo de 2007. En Nyala, un helicóptero de ataque Mi-24 ha sido sustituido por otro en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2007; estos dos helicópteros de reconocimiento armados tenían los números de registro 925 y 926 (véase la Tabla 1 infra).


Con anterioridad, en enero de 2006, el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Sudán había informado del nuevo despliegue por parte de la Fuerza Aérea Sudanesa de seis helicópteros de ataque en Darfur, en violación del párrafo 7 de la resolución 1591 (2005).(38) De nuevo en octubre de 2006, el Grupo de Expertos expresó su preocupación por la presencia continuada y no autorizada de helicópteros de ataque modelo Mi-24 en tres capitales de la región de Darfur, Al Yeneina, Nyala y El Fasher.(39)


Caption

Un helicóptero de ataque Mi-24 (número de registro 928) en el aeropuerto de Nyala, Darfur, marzo de 2007 (© AI)


Tabla 1. Despliegue de helicópteros de ataque Mi-24 en Darfur

LugarFechaModeloCantidad Número de registro





El Fasher

Enero de 2007

Mi-24P

2

Desconocido






Al Yeneina

Enero de 2007

Mi-24P

3

927, 931, 935






Al Yeneina

Mediados de marzo de 2007

Mi-24P

3

927, 931, 935






Nyala

Enero de 2007

Mi-24P

3

926, 928, 929






Nyala

Principios de marzo de 2007

Mi-24P

3

925, 928, 929






Nyala

Mediados de marzo de 2007

Mi-24P

1

928







Un motivo de preocupación internacional es que durante años la Fuerza Aérea Sudanesa ha utilizado este tipo de helicóptero de combate en operaciones durante los ataques indiscriminados de los yanyawid contra pueblos de Darfur.(40) Por ejemplo, el 15 de noviembre de 2006, soldados de las fuerzas armadas sudanesas y miembros de las milicias armadas, apoyados por helicópteros de reconocimiento armados, atacaron varios pueblos en el área de Birmaza, matando al menos a tres civiles, incendiando decenas de casas y destruyendo cuatro centros de ayuda humanitaria de una organización no gubernamental internacional.(41)Dada la constante de ataques indiscriminados de los últimos cuatro años y en vista de que el gobierno de Sudán aún se niega a reconocer la autoridad del Comité de Sanciones de la ONU para autorizar el traslado de ese armamento a la región de Darfur, sigue existiendo el peligro de que se produzcan nuevos ataques indiscriminados.(42)


Brian Steidle, que actuó como observador militar para la Unión Africana en Darfur(43) entre septiembre de 2004 y febrero de 2005, describió el tipo de armamento utilizado en esos ataques con helicópteros de reconocimiento armados. Ante el Subcomité sobre África de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ofreció el siguiente informe como testigo directo:

Indicios de apoyo gubernamental: Un helicóptero de reconocimiento armado sobrevolando el pueblo de Labado después de haber atacado. Este pueblo, como he dicho y mostrado en la fotografía, ya no existe. Ellos niegan que utilicen estos helicópteros. Aquí tenemos una imagen de uno desde más cerca. Se puede ver la bandera sudanesa en la cola.

Impactos de los cohetes que utilizan para atacar estos pueblos y la metralla de los cohetes disparados desde el helicóptero.

Y esto son "flashettes", un cohete de "flashettes". Cada helicóptero lleva aproximadamente cuatro soportes para cohetes, con unos 20 cohetes cada uno; y en cada cohete, unos 500 de estos pequeños "flashettes", que son como clavos. Salen como disparos de escopeta y no se utilizan contra objetivos militares ni contra camiones o edificios. Sólo se usan contra personas, para matar o mutilar a las personas, y los emplean de modo casi exclusivo.(44)


Despliegue de aviones de combate para bombardear objetivos terrestres en Darfur

La Fuerza Aérea Sudanesa también ha llevado a cabo bombardeos aéreos indiscriminados de pueblos en Darfur y en el este de Chad, utilizando aviones de combate para atacar objetivos en tierra y aviones Antonov. En febrero de 2007, el secretario general de la ONU pidió el fin de esta práctica: "Como parte de su campaña para eliminar a los combatientes de las fuerzas no signatarias, el gobierno intensificó los bombardeos aéreos de las posiciones de esas fuerzas, incluidos objetivos civiles. […] Me aflige el deterioro de la situación humanitaria y de seguridad sobre el terreno. Todas las partes deben poner fin a los ataques violentos contra la población civil. Deploro en particular los bombardeos aéreos llevados a cabo por fuerzas del gobierno del Sudán, que desde el 16 de enero se han extendido a nuevas zonas y han provocado más bajas y sufrimientos entre la población civil".(45)


Entre enero de 2007 y marzo de 2007, aviones de combate chinos A-5 Fantan han sido vistos aparcados en el aeropuerto de Nyala (véase la tabla 2 infra). Estos aviones están diseñados especialmente para su uso en operaciones de ataque contra objetivos en tierra. A principios de marzo una bomba de grandes dimensiones y algunas cajas de munición de color verde fueron vistas junto a los aparatos.(46) En marzo de 2007 se vio un tercer avión A-5 Fantan (número de registro 410) en el aeropuerto de Nyala. Entre enero y marzo de 2007 también se observó en varios lugares de Darfur un avión militar Antonov (véase infra).


Tabla 2: Bombarderos Fantan en Nyala

Lugar

Fecha

Tipo

Cantidad

Número de registro






Nyala

Enero de 2007

Q5 Fantan

2

402, 403






Nyala

Principios de marzo de 2007

Q5 Fantan

3

402, 403, 410






Nyala

Mediados de marzo de 2007

Q5 Fantan

2

Desconocido






Nyala

Finales de marzo

Q5 Fantan

3

402, 403, 410






rd

Caption

Bombarderos chinos A5 Fantan en Nyala, Darfur, a principios de marzo de 2007. (© AI)


La Misión de la ONU en Sudán (UNMIS) informó de que enero de 2007 "estuvo marcado por los ataques terrestres por parte de fuerzas del gobierno de Sudán y la milicia armada, así como por los bombardeos aéreos de la Fuerza Aérea Sudanesa contra presuntas facciones rebeldes".(47) A lo largo de enero continuaron produciéndose nuevos desplazamientos hacia campos para desplazados internos de personas que huían de los ataques de las fuerzas armadas sudanesas y milicias afines, así como de los ataques de los combatientes de la facción de Minni Minawi del Ejército de Liberación de Sudán –especialmente en la región de Darfur Septentrional, donde hubo informes de bombardeos aéreos de la Fuerza Aérea Sudanesa en muchas localidades– y de los ataques y la intimidación de las milicias yanyawid.(48) En enero de 2007, los ataques a pueblos en el estado sudanés de Darfur Occidental obligaron a unas 5.000 personas a huir de sus hogares y buscar refugio en dos campos situados en los alrededores de Al Yeneina, según la organización no gubernamental Medair-Suiza.(49)


El 22 de marzo de 2007, un avión que varios testigos describieron como un Antonov sudanés bombardeó áreas al norte y al sur de la ciudad de Bahai, en el noreste de Chad. Los ataques aéreos incluyeron el área que rodea el lago Cariari, a unos kilómetros del campo de refugiados de Oure Cassoni. Este campo alberga a casi 27.000 refugiados sudaneses. Aunque el bombardeo no alcanzó a ningún refugiado, varios civiles chadianos y dos trabajadores humanitarios de una ONG internacional resultaron heridos. Este no es el primer ataque aéreo que se produce cerca de Oure Cassoni, situado a sólo cinco kilómetros de la frontera sudanesa. Según los informes, se registraron ataques aéreos a principios de enero de 2007 –durante dos días– y en octubre de 2006. El ACNUR ha intentado obtener el acuerdo de los refugiados y de las autoridades de Chad para trasladar el campo más lejos de la frontera.(50)


A finales de diciembre de 2006, fuerzas terrestres de las milicias árabes apoyadas por bombardeos aéreos desde un avión Antonov atacaron el pueblo de Deim Bishara, en Darfur Meridional. Investigadores de la Unión Africana confirmaron que, además de algunos combatientes muertos, 16 civiles resultaron heridos en los ataques. El 5 y el 6 de diciembre, aviones del gobierno bombardearon Shagbuba con el apoyo en tierra de la milicia armada y mataron a cinco civiles.(51)


Las autoridades sudanesas camuflan aeronaves militares en Darfur

En informes anteriores, el Grupo de Expertos de la ONU expresó su preocupación por el uso de aeronaves de color blanco por el gobierno de Sudán(52). Según uno de los informes, el gobierno sudanés declaró que "no tenía ningún avión de color blanco y que todas sus aeronaves llevaban logotipos o emblemas. Sin embargo [...] admitió que utilizaba helicópteros blancos para el transporte de oficiales y dirigentes tribales para asistir a reuniones de reconciliación y no para fines militares".(53) El Grupo de Expertos declaró tener pruebas documentales de la existencia de esas aeronaves, un avión Antonov-26 con número de registro militar 7705 (marca adicional: 26563) y otro Antonov-26 con número de registro ST-ZZZ(54). El Grupo concluyó en su informe de octubre de 2006 que el gobierno de Sudán "posee y utiliza aeronaves de color blanco y que proporcionó información falsa e inexacta a las Naciones Unidas"(55) y que "sigue utilizando aeronaves de color blanco sin distintivos para misiones de reconocimiento aéreo y vuelos militares ofensivos y hostiles".(56)


Amnistía Internacional ha recibido recientemente informes de testigos de que el avión Antonov-26 de color blanco con número de registro 7705 de la Fuerza Aérea Sudanesa sigue operando en Darfur. Se lo ha visto en varios lugares de Darfur, entre ellos los aeropuertos de Al Yeneina y Nyala, entre enero de 2007 y marzo de 2007. A principios de marzo de 2007, este avión Antonov-26 con número de registro 7705 fue avistado en El Fasher, aparcado cerca de un cargamento de bombas. El avión con número de registro ST-ZZZ también ha sido visto en diversos lugares entre enero y marzo de 2007.


Al parecer hay tres aviones con este número de registro. Un Antonov-26 blanco con número de registro ST-ZZZ y la marca SAF (Fuerza Aérea Sudanesa) en el morro fue visto en El Fasher (véase la fotografía infra) y en Nyala entre enero y marzo de 2007. Además, un avión Antonov-26 con fuselaje blanco y cola azul y también con el número de registro ST-ZZZ fue visto en la pista de estacionamiento del aeropuerto de Jartum en enero y a mediados de marzo de 2007. Por último, en agosto de 2006 un Antonov-26 también con el número de registro ST-ZZZ hizo un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de El Fasher después de realizar misiones de bombardeo sin confirmar en Darfur.(57) Uno de sus motores había sido destruido.(58) Este aparato permanece aparcado fuera de la pista de aterrizaje en El Fasher desde que aterrizó.


Caption

Este avión Antonov-26 (ST-ZZZ) fue avistado en varios lugares de Darfur entre enero y marzo de 2007 y aparcado aquí, en Nyala, a finales de marzo de 2007. (© AI)


Además, Amnistía Internacional ha recibido informes dignos de crédito de que helicópteros de transporte de la Fuerza Aérea Sudanesa modelo Mi-171 de color blanco, sin distintivos, han sido avistados en el aeropuerto de Nyala entre enero y marzo de 2007 (con el número de registro 533) y en El Fasher en marzo de 2007 (con el número de registro 528). La Fuerza Aérea Sudanesa tiene helicópteros de transporte similares en otros lugares que sí muestran logotipos o emblemas.(59) También recientemente, la ONU informó del uso de helicópteros blancos por parte de la Fuerza Aérea Sudanesa en el sur de Sudán, en contravención de una decisión de la Comisión Conjunta de Cesación del Fuego.(60)


El uso de aviones y helicópteros de color blanco por el gobierno de Sudán en Darfur constituye, a primera vista, una violación de las normas aplicables del derecho internacional humanitario. Generalmente, los aviones y helicópteros de color blanco se utilizan para las actividades de la ONU, la AMIS y de otras agencias humanitarias, en particular para el suministro de ayuda humanitaria. Como mencionaba el informe del Grupo de Expertos de octubre de 2006, el uso de aeronaves blancas "supone una grave amenaza para los organismos humanitarios, Naciones Unidas y la Misión de la Unión Africana en el Sudán que tienen operaciones en la región de Darfur. Ello podría dar lugar a errores en la identificación y a la posibilidad de ataques contra sus aeronaves por las fuerzas rebeldes".(61) Sudán está obligado, en virtud del derecho internacional humanitario, a adoptar todas las medidas cautelares para evitar pérdidas de vidas de civiles y daños a objetivos civiles.


Suministro y uso de armas pequeñas y munición por parte del gobierno sudanés en Darfur

En el aeropuerto de Al Yeneina, entre diciembre de 2006 y marzo de 2007, varios testigos observaron cinco vuelos de aviones Antonov fletados por compañías sudanesas de los que se descargaron armas pequeñas y munición. Según los informes, al menos una de las remesas de armas pequeñas y munición iba destinada a la oposición armada chadiana. Esos nuevos envíos por parte del gobierno de armas pequeñas y munición a Darfur propician nuevos ataques contra civiles y graves abusos y violaciones de derechos humanos perpetrados, entre otros, por las milicias yanyawid apoyadas por el gobierno de Sudán, a quienes el gobierno ha suministrado fusiles de asalto.


A principios de 2007, las fuerzas gubernamentales y las milicias perpetraron ataques armados contra personal de agencias humanitarias. El 7 de febrero de 2007, tres camiones comerciales que transportaban suministros de ayuda humanitaria fueron atacados en tres ocasiones distintas en la carretera entre Kabkabiya y El Fasher, en Darfur Septentrional. Aunque los asaltantes no robaron nada, agredieron sexualmente a las mujeres y atacaron físicamente a los hombres. El 11 de febrero, tres hombres armados irrumpieron por la noche en una clínica de una ONG en Mornei, Darfur Occidental, reunieron a todos los pacientes y los amenazaron de muerte. El 17 de febrero, varios hombres armados, al parecer miembros de las milicias, entraron en el campamento Krindign II, cerca de Yeneina, y quemaron un refugio. Cuando varias personas desplazadas salieron de sus cabañas para protestar, una de ellas recibió un disparo en la cabeza que le produjo la muerte en el acto.(62)


El 9 de diciembre de 2006, hombres armados a caballo atacaron un convoy de vehículos comerciales que transportaba personas y suministros médicos, entre otros, cerca de Runju Runju, en el área de Sirba, Darfur Occidental. Un camión fue alcanzado por una granada propulsada por un cohete y los jinetes dispararon contra los pasajeros. En el ataque resultaron muertos 31 civiles, entre ellos cinco enseñantes.(63) El 18 de noviembre, fuerzas del gobierno de Sudán y de la milicia armada atacaron e incendiaron una parte significativa del pueblo de Buli, en Darfur Occidental, donde más de 10.000 personas desplazadas internamente habían encontrado refugio, y saquearon varios pueblos entre Rowata y Bul Bul, en Darfur Occidental. Los ataques causaron la muerte de decenas de civiles y el desplazamiento de miles de personas.(64)


Suministros de armas utilizados en ataques en el este de Chad por grupos armados que operan desde Darfur

Las milicias yanyawid, que en los últimos años han devastado extensas zonas del oeste de Sudán, constituyen la columna vertebral de los grupos armados que matan, atormentan y desplazan a los miembros de grupos étnicos como los dajo y los masalit, en el este de Chad. El objetivo de los ataques parece ser expulsar de amplias áreas a comunidades que son identificadas previamente por los yanyawid como "africanas" en lugar de "árabes", y alejarlas de la frontera con Sudán.(65)


La constante de desplazamientos, matanzas y abusos en Darfur ha desbordado las áreas fronterizas de Sudán, y más de dos millones de personas viven en situación precaria en campos situados junto a la frontera. A lo largo de la frontera oriental de Chad con Sudán, las incursiones de los yanyawid han expulsado del terreno a los miembros de comunidades como los dajo, mobeh, masalit, kajaksa y otros grupos, forzando a desplazarse a unas 120.000 personas(66). Aunque esas incursiones llevan produciéndose al menos desde 2003, desde finales de 2005 ganaron en intensidad, gravedad y abusos, a medida que las relaciones entre los gobiernos de Sudán y Chad se han ido deteriorando, y se intensificaron de nuevo a finales de 2006 y principios de 2007. Ante las atrocidades cometidas en su territorio, el gobierno de Chad no ha protegido a la población civil de los ataques de los yanyawid, como han reconocido algunos funcionarios del gobierno a Amnistía Internacional. Al retirar y retener tropas de la frontera entre Chad y Sudán para reforzar sus posiciones contra los ataques de los rebeldes chadianos, el gobierno de Chad ha dejado a la población civil sin protección frente a los ataques de los yanyawid y de los grupos rebeldes de Chad. El vacío de seguridad creado está provocando el aumento de la militarización ya que las comunidades se están armando y formando milicias para su defensa. El gobierno sudanés tampoco ha emprendido acción alguna para controlar y desarmar a los yanyawid ni para poner fin a sus ataques. Las fuerzas sudanesas no patrullan de forma efectiva la frontera del país ni hacen esfuerzo alguno por interceptar o perseguir a los yanyawid, cuyos combatientes visten uniformes similares a los del ejército sudanés y en cuyo poder se han hallado tarjetas de identificación que los clasifican como miembros de las fuerzas paramilitares sudanesas. Los asaltos de los yanyawid coinciden a menudo con los ataques realizados contra el gobierno de Chad por grupos armados chadianos con base en Sudán, cuando los yanyawid aprovechan la ausencia de tropas gubernamentales chadianas para atacar a civiles indefensos en las áreas fronterizas.


Amnistía Internacional también tiene razones para creer que al menos algunos fusiles de asalto Kalashnikov en poder de las milicias yanyawid son armas nuevas. A mediados de 2006, un equipo de Amnistía Internacional que visitaba Djimeze, localidad del este de Chad cercana a la frontera con Sudán, encontró la ciudad desierta, sin señales de vida. Era evidente que, en su precipitada huida, los habitantes se habían llevado consigo sólo lo más esencial. Testigos presenciales de otros pueblos mostraron a Amnistía Internacional cómo los yanyawid habían llevado a cabo la emboscada en abril de 2006 y condujeron a los miembros del equipo a ocho emplazamientos donde se habían enterrado los cadáveres, algunos de ellos de niños de corta edad. El olor a putrefacción señalaba el lugar donde al menos dos cadáveres habían sido desenterrados. Junto a uno de los enterramientos podía verse un cráneo y de una fosa colectiva donde habían sido enterradas siete personas asomaba el pie de un cadáver cuyos pantalones seguían intactos. Cerca de estas fosas aún se podían ver las sandalias de una de las personas enterradas, un hombre de 45 años, padre de tres hijos. "Los cuerpos no se habían descompuesto todavía. Los enterramos a cincuenta centímetros de profundidad. Las fuertes lluvias y los perros pueden haber dejado al descubierto estos dos. Entre las personas que enterré reconocí a mis primos y a mi yerno", declaró un habitante de un pueblo cercano.


En el lugar de la matanza aún podían verse algunos cartuchos –que indicaban que las personas habían sido ejecutadas allí mismo– y varias flechas, lanzas y amuletos dispersos por el suelo. Un análisis de los cartuchos llevado a cabo para Amnistía Internacional mostró que procedían de fusiles de asalto Kalashnikov, incluido uno nuevo y en muy buen estado, si bien la mayoría de ellos eran antiguos y de distinta procedencia –China, la antigua Alemania Oriental y países de Europa del Este–, lo que indica que probablemente han sido reutilizados a través de los excedentes de otros gobiernos.


Vehículos militares y paramilitares utilizados para facilitar abusos graves contra los derechos humanos

Las fuerzas armadas sudanesas y funcionarios del Servicio de Policía del gobierno de Sudán han perpetrado graves violaciones de derechos humanos utilizando vehículos de tracción a las cuatro ruedas con ametralladoras de 12,7 mm instaladas en su parte posterior. Los grupos armados de oposición sudaneses y chadianos también utilizan esos vehículos para cometer abusos contra los derechos humanos.


Amnistía Internacional ya ha denunciado con anterioridad que "en muchos testimonios recogidos por los delegados de Amnistía Internacional se habla de vehículos del ejército que acompañaban a los yanyawid en sus ataques por tierra contra los poblados de Darfur, y a menudo se menciona que los yanyawid llegan también en Land Cruiser. Según informes, los vehículos del gobierno se utilizan para el transporte de soldados y de armamento pesado, así como para prestar apoyo activo cuando llevan armas instaladas en ellos. Con frecuencia se colocan al borde de los poblados para impedir la huida de quienes intentan escapar del ataque de los yanyawid, pero a veces atacan ellos primero".(67)


El 11 de abril de 2007, un grupo de hombres armados, presuntamente miembros de las milicias yanyawid, atacaron el mercado de Abujogh, a 20 kilómetros al oeste de Serif Beni Hesain, y otros siete pueblos de Darfur Septentrional: Sindala, Omrakena, Warda, Hijer, Obayed, Melibeida y Betetil. Según los informes, los atacantes utilizaron 30 vehículos equipados con ametralladoras de gran calibre y artillería. Murieron 40 civiles y otros 25 resultaron heridos. Al parecer, los habitantes de los pueblos huyeron a la región oriental de Serief Beni Hesain.(68) El 25 de diciembre de 2006, observadores del alto el fuego de la Unión Africana informaron de que miembros de las milicias armadas que viajaban en unos 30 vehículos atacaron y saquearon el pueblo de Kineen, a ocho kilómetros al noreste de Kutum, y robaron el ganado. Según los informes, los atacantes incendiaron los arbustos que rodeaban el pueblo y acosaron sexualmente a las mujeres.(69)


El 7 de abril de 2007, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó de que, según fuentes locales, entre mediados y finales de diciembre de 2006, fuerzas gubernamentales y milicias afines atacaron por tierra y por aire el pueblo de Deribat y otros ocho pueblos a lo largo de la carretera que une Kutur y Deribat. Los atacantes llegaron en unos 20 vehículos y también a caballo y en camello.(70) Dos mujeres embarazadas, de 25 años de edad, que afirmaron haber sido violadas relataron lo sucedido. Una de las víctimas se encontraba en su casa con su esposo cuando un grupo de soldados hizo su aparición. Los atacantes vestían uniformes del ejército de color verde y viajaban en un vehículo Land Cruiser. Los soldados dispararon a su esposo y luego empezaron a darle patadas a ella y a golpearla. Después un grupo de 10 hombres la violó. Estaba embarazada de tres meses y abortó a consecuencia de la violación.(71)


Los grupos armados de oposición también utilizan esa clase de vehículos. Por ejemplo, el 28 de enero de 2007, un camión comercial fue atacado por siete hombres armados que viajaban en una camioneta Land Cruiser, en la carretera entre Ed Daein y Nyala, a nueve kilómetros de Yassin. El camión transportaba suministros de El Obeid a Nyala. Los hombres armados, de quienes se sospechaba eran soldados del movimiento Libre Voluntad del Ejército de Liberación de Sudán, robaron dos bidones de gasóleo (400 litros) antes de darse a la fuga.(72) Los vehículos 4x4 también se utilizan para la logística militar en Darfur; en julio y agosto de 2006, observadores de la Unión Africana vieron dos convoyes de camiones que transportaban suministros a través de la frontera entre Libia y Sudán.


Muchos de los vehículos 4x4 utilizados en Darfur por las fuerzas armadas, las milicias y los grupos armados entran dentro de la categoría comercial de importación de "equipo de doble uso", dado que pueden utilizarse para misiones militares y de seguridad o en tareas civiles. Además, al parecer, muchos de esos vehículos adquiridos o importados como vehículos civiles han sido convertidos en vehículos paramilitares o militares con la incorporación de ametralladoras, para las fuerzas armadas sudanesas, las milicias y los grupos armados de oposición. Esto representa un problema especial de control para los gobiernos, tal y como ha reconocido el Grupo de Expertos de la ONU, que ha alertado repetidamente sobre el uso indebido de vehículos y aeronaves de doble uso(73) en varios de sus informes(74) y ha recomendado que la transferencia de esos productos a Darfur "debería estar restringida y se autorizaría previa aprobación del Comité".(75) Además, el principal grupo multilateral de Estados exportadores de armas en el mundo, reunido en torno al Arreglo de Wassenaar, ha reconocido recientemente que las autoridades responsables de las exportaciones pueden restringir o impedir la exportación de bienes de "doble uso" si existe el riesgo de que se les dé un uso militar en circunstancias contrarias al derecho internacional.(76)


Un ejemplo de las medidas adoptadas para abordar este problema es el del caso de los vehículos Land Rover modelo Defender que usan los miembros del Servicio del Policía del gobierno de Sudán y que utilizan también las agencias humanitarias. Al parecer, las autoridades sudanesas a veces militarizan esos vehículos instalándoles ametralladoras (normalmente de 12,7 mm), una manipulación que los transforma en máquinas de matar de gran movilidad.


Miembros del Servicio de Policía del gobierno de Sudán han cometido graves abusos contra los derechos humanos utilizando vehículos 4x4 con ametralladoras de 12,7 mm instaladas en su parte posterior. En octubre de 2006, el informe del Grupo de Expertos de la ONU denunció que "según noticias no confirmadas el Gobierno del Sudán y las milicias Janjaweed y otras milicias apoyadas por el Gobierno también utilizan este tipo de vehículos pintados de blanco".(77) La Comisión de Cesación del Fuego de la Unión Africana emitió un informe en septiembre de 2005(78) sobre un incidente de ese tipo ocurrido en la ciudad de Tawilla, en el que se incluía el siguiente relato de un testigo:

Yo estaba en mi barbería atendiendo a los clientes. Está cerca de la mezquita[...]fui a la mezquita a rezar. Después de los rezos [...] me dirigí al mercado. Desde allí vi llegar a la policía del gobierno de Sudán [...] agentes de policía en dos vehículos [...]empezaron a disparar hacia la mezquita [...]uno de los vehículos de la policía del gobierno de Sudán tenía una ametralladora de 12,7 mm y comenzó a disparar contra la mezquita.


La Comisión era "de la opinión de que disparar contra civiles desarmados y la destrucción irracional de propiedades en Tawilla por parte del Servicio de Policía del gobierno de Sudán son actos extremadamente condenables y constituyen una clara violación del Acuerdo de Cesación del Fuego".


El 26 de julio de 2006, el Grupo de Expertos de la ONU visitó Port Sudan y "presenció un cargamento considerable de Land Rovers importados". Parece que, durante 2005 y 2006, "varios cientos" de vehículos Land Rover modelo Defender fueron importados por Sudán y, aunque algunos se destinaban a un uso humanitario, la "gran mayoría" eran para el Ministerio del Interior del gobierno de Sudán.(79)


En la actualidad, tanto Land Rover en el Reino Unido como su empresa matriz Ford Motors en Estados Unidos están al corriente de estos hechos y recientemente declararon que habían adoptado medidas para poner fin a estas exportaciones a Sudán. El 16 de agosto de 2006, James C. Gouin, vicepresidente ejecutivo y director financierode la compañía Ford Motors decía lo siguiente en una carta a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos:

Las ventas de Land Rover a su distribuidor autorizado tienen lugar en el Reino Unido, después de lo cual el distribuidor autorizado asume el control de los vehículos para su exportación a distintos mercados, incluido Sudán […] preguntamos al distribuidor de Land Rover sobre el destino último de los vehículos […] se nos informó de que el distribuidor vende los vehículos… a un punto de venta al público en Sudán, que suministra vehículos a varios departamentos gubernamentales. Hemos sabido […] que la mayoría […] iban destinados al Ministerio del Interior.(80)


Posteriormente, el 20 de marzo de 2007, la compañía Land Rover en el Reino Unido confirmó que había tenido conocimiento de estas exportaciones a Sudán y adoptado medidas para garantizar que ningún vehículo más de ese tipo era enviado a Sudán. Además, había recuperado de su distribuidor algunos vehículos adicionales que tenían como destino Sudán.(81)


Pese a que las medidas adoptadas por los proveedores representan un intento de impedir a las partes del conflicto que adquieran vehículos todo terreno, habida cuenta que los transforman para utilizarlos en acciones militares y paramilitares en la región de Darfur, a Amnistía Internacional le preocupa que se deje de suministrar a las organizaciones de ayuda humanitaria, de derechos humanos y de apoyo internacional a la paz el tipo de vehículos todo terreno que necesitan para sus operaciones civiles en Sudán.


Entre los vehículos militares pesados utilizados en Darfur se encuentran vehículos blindados para el transporte de personal diseñados exclusivamente para fines militares y de seguridad, con chapa acorazada y la posibilidad de montar ametralladoras y fusiles de asalto. El gobierno de Sudán ha importado activamente ese tipo de vehículos. En septiembre de 2006 se recibieron informes de que decenas de camiones artillados y miles de soldados se movían hacia el norte desde la capital provincial de El Fasher. En marzo de 2007, seis vehículos blindados para el transporte de personal pertenecientes al gobierno de Sudán fueron vistos en Nyala.(82) Existe un peligro real de que esos vehículos sean trasladados a Darfur por el gobierno de Sudán y se utilicen para cometer graves abusos y violaciones de derechos humanos.


El actual embargo de armas de la ONU

El 30 de julio de 2004, el Consejo de Seguridad de la ONU, en su resolución 1556, pedía que "todos los Estados adopten las medidas necesarias para impedir la venta o el suministro, a todas las entidades no gubernamentales y los particulares, incluidos los Janjaweed que realicen actividades en los Estados de Darfur septentrional, Darfur meridional y Darfur occidental, por parte de sus nacionales o a partir de sus territorios o utilizando buques o aeronaves de su pabellón, de armas y pertrechos conexos de todo tipo, con inclusión de armas y municiones, equipo y vehículos militares, equipo paramilitar y piezas de repuesto para esos elementos, tengan o no origen en su territorio"(83) (énfasis añadido).


Este embargo de armas de la ONU se aplicaba a los yanyawid y a otras milicias, así como a los grupos armados de oposición, pero al parecer ignoraba el hecho de que el gobierno de Sudán y sus fuerzas habían estado suministrando armas y apoyo logístico a los yanyawid y a otras milicias, al tiempo que fomentaban y consentían graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas por estas milicias, y desplegaban unidades que participaron en ataques deliberados e indiscriminados contra civiles con impunidad. La realidad era que muchos miembros de las milicias yanyawid estaban siendo incorporados a las fuerzas paramilitares o policiales del gobierno como las Fuerzas Populares de Defensa, la Policía Popular o la Guardia de Inteligencia de Fronteras.


El 29 de marzo de 2005, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1591, que condenaba "las persistentes infracciones del Acuerdo de Cesación del Fuego de Nyamena de 8 de abril de 2004 y de los Protocolos de Abuja de 9 de noviembre de 2004, en particular los ataques aéreos efectuados por el gobierno de Sudán en diciembre de 2004 y enero de 2005 y los ataques cometidos por rebeldes contra aldeas de Darfur en enero de 2005, así como el hecho de que el gobierno de Sudán no haya desarmado a las milicias Janjaweed ni haya aprehendido y sometido a la justicia a los líderes Janjaweed y sus asociados que hayan perpetrado infracciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y otras atrocidades"(84) y, por tanto, en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas decidió establecer un Comité(85) del Consejo de Seguridad para vigilar el embargo de armas. El Consejo de Seguridad decidió incluir en el embargo de armas a

todas las partes(86) en el Acuerdo de Cesación del Fuego de Nyamena y cualesquiera otros beligerantes en los estados de Darfur septentrional, Darfur meridional y Darfur occidental(87).


También se decidió que estas medidas:

no serán aplicables al desplazamiento de equipo, personal y suministros militares hacia la región de Darfur que el Comité [...] apruebe con antelación, previa solicitud del gobierno de Sudán;

no serán aplicables con respecto a la asistencia y los suministros proporcionados en apoyo de la aplicación del Acuerdo General de Paz.(88)


Por tanto, de conformidad con el párrafo 7 de la resolución 1591 (2005) del Consejo de Seguridad de la ONU, se prohíbe al gobierno de Sudán trasladar equipo y suministros militares a Darfur sin la aprobación previa del Comité del Consejo de Seguridad de la ONU.


El Consejo de Seguridad de la ONU ha exigido explícitamente que el gobierno de Sudán, de acuerdo con los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de Cesación del Fuego de Yamena de 8 de abril de 2004 y del Protocolo de Seguridad de Abuja de 9 de noviembre de 2004, "ponga término de inmediato a los vuelos militares ofensivos en la región".(89) El Consejo de Seguridad, en el párrafo 1 de la resolución 1591 (2005), "exige que todas las partes tomen de inmediato medidas para cumplir todos sus compromisos con respecto al Acuerdo de Cesación del Fuego de Nyamena y los Protocolos de Abuja".


En octubre de 2006, el Grupo de Expertos de la ONU que investiga e informa sobre las violaciones del embargo de armas de la ONU, afirmó que "todas las partes siguen violando el embargo de armas de manera flagrante y que siguen entrando en Darfur armas pequeñas, municiones y equipo militar procedentes de diversos países y de otras regiones del Sudán. [...] Se han observado descargas de armas y municiones en los aeropuertos de Geneina y El-Fasher, que son trasladadas luego a diversos puntos de Darfur. A pesar de que entendía claramente sus obligaciones en virtud de la resolución 1591 (2005) del Consejo de Seguridad, en el momento en que se redactó este informe el gobierno del Sudán aún no había solicitado la aprobación del Comité para ingresar armas, municiones o equipo militar de otro tipo a Darfur, con lo que contravenía conscientemente las disposiciones de dicha resolución".(90)


El Consejo de Seguridad de la ONU también ha exigido de forma explícita al gobierno de Sudán que, de acuerdo con los compromisos que contrajo en virtud del Acuerdo de Cesación del Fuego de Yamena de 8 de abril de 2004 y del Protocolo de Seguridad de Abuja de 9 de noviembre de 2004, "ponga término de inmediato a los vuelos militares ofensivos en la región".(91) La resolución 1591 del Consejo de Seguridad de la ONU prohíbe los vuelos militares ofensivos en la región de Darfur. Sin embargo, esto no se aplica a los vuelos militares no ofensivos que, si tienen como fin el traslado de equipo o suministros militares aDarfur, necesitan la autorización previa del Comité de Sanciones a Sudán de la ONU. Dentrode Darfur, el reabastecimiento de equipo militar no está permitido y sólo se autoriza la retirada de equipo militar cuando las partes hayan comunicado el movimiento de tropas a la Comisión de Cesación del Fuego, la cual especificará posteriormente la ruta que las tropas deberán utilizar.


Un alto funcionario gubernamental sudanés manifestó al Grupo de Expertos de la ONU que "el Gobierno tenía el derecho soberano de trasladar a Darfur armas y personal militar adicional sin necesidad de obtener autorización especial del Consejo de Seguridad".(92) Sin embargo, las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas son vinculantes para todos los Estados miembros, y el gobierno de Sudán nunca ha solicitado, ni obtenido autorización del Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU para trasladar equipo y suministros militares a Darfur. Por tanto, los actuales desplazamientos por parte del gobierno de Sudán de material y suministros militares a Darfur, como se detalla supra, constituyen violaciones del embargo de armas de la ONU.(93)


Mediante su resolución 1672 (2006), el Consejo de Seguridad designó a cuatro personas para ser objeto de las medidas selectivas (prohibición de viajar y congelación de fondos) impuestas por la resolución 1591(2005). En octubre de 2006, el Grupo de Expertos facilitó al Comité de Sanciones un anexo reservado a su informe(94) que contenía información sobre algunas personas susceptibles de ser designadas y, por tanto, sometidas a las sanciones indicadas.(95) Si bien la prohibición de viajar no exige a los Estados que impidan la entrada a sus ciudadanos, en octubre de 2006 el Grupo de Expertos de la ONU informó de que ni el gobierno de Sudán ni el de Chad habían implementado las sanciones económicas en relación con las personas designadas.


La misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS), una fuerza de mantenimiento de la paz compuesta de 7.500 efectivos, está desplegada en Darfur desde el año 2004. La presencia de las fuerzas de la AMIS ha otorgado cierta protección a la población civil en Darfur. Sin embargo, no ha logrado impedir los homicidios en masa, las violaciones y el desplazamiento forzado de civiles. Los esfuerzos de la AMIS continúan siendo ineficaces por su capacidad y sus recursos económicos limitados. La AMIS tampoco tiene ni el mandato ni la capacidad para vigilar el embargo de armas de la ONU. En 2007 continuaban las negociaciones entre las Naciones Unidas, la Unión Africana y el gobierno de Sudán en relación con el fortalecimiento de la AMIS y el despliegue de una fuerza de mantenimiento de la paz híbrida Naciones Unidas-Unión Africana para Darfur.


Conclusiones y recomendaciones

Amnistía Internacional siente profunda consternación por el hecho de que algunos gobiernos, incluidos dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad –China y Rusia– permiten el flujo continuo de armas hacia Sudán, armas que son desviadas para el conflicto de Darfur y utilizadas en esa región y al otro lado de la frontera con Chad para cometer graves violaciones del derecho internacional. Los gobiernos que ratifican los tratados internacionales de derechos humanos tienen la obligación especial de garantizar que esos tratados son respetados y que se protegen los derechos humanos de la población que vive dentro del Estado. Sin embargo, el gobierno sudanés ha participado en violaciones masivas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en Darfur y los grupos armados de oposición en Darfur siguen perpetrando graves abusos contra los derechos humanos.


Los gobiernos deben garantizar que no transfieren armas ni otro material militar, incluido material de doble uso, que pueda utilizarse para cometer violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario. De conformidad con los principios del derecho internacional, todos los Estados deben abstenerse de autorizar transferencias de armas cuando sepan o deberían saber que tales armas pueden utilizarse para cometer violaciones del derecho internacional.


Es necesario aplicar un enfoque preventivopara abordar las situaciones en las que se hace evidente que ciertos tipos de armas serán utilizados para cometer graves violaciones del derecho internacional. La comunidad internacional no puede confiar exclusivamente en los embargos de armas de la ONU que, por su propia naturaleza, sólo se imponen cuando ya se está haciendo un mal uso de las armas, con consecuencias catastróficas. En estas circunstancias, es muy importante recordar que en diciembre de 2006 la Asamblea General de la ONU aprobó, por amplia mayoría, establecer un proceso para un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas basado en el respeto del derecho internacional vigente, incluida la Carta de las Naciones Unidas, los tratados sobre el control de armas pertinentes, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.(96) De haber existido ya ese tratado, se podría haber privado a las fuerzas que han perpetrado atrocidades y abusos en Darfur, y anteriormente en el sur de Sudán, de los medios para armarse. Actualmente, el secretario general de la ONU está recabando la opinión de todos los Estados sobre un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. Por su parte, Amnistía Internacional y sus socios están instando a todos los gobiernos a dar una respuesta positiva al secretario general.


Ahora, la comunidad internacional y, en particular, el Consejo de Seguridad de la ONU deben actuar con decisión para reforzar el diseño y la implementación del embargo de armas de la ONU a Darfur hasta que haya desaparecido el peligro de que las armas se utilicen para facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en Darfur. La autoridad del propio Consejo de Seguridad sufre un grave menoscabo cuando se permite a las autoridades sudanesas y a los grupos armados actuar en Darfur con una impunidad tan evidente ante los ojos del mundo, importando y desviando armas para cometer violaciones flagrantes del derecho internacional, incluidas disposiciones fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos, en contravención del artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas.


En consecuencia, Amnistía Internacional recomienda:


Al Consejo de Seguridad de la ONU:


1. Reforzar urgentemente los mecanismos de vigilancia y verificación del embargo de armas de la ONU para mejorar la implementacióndel embargo de armas a las partes implicadas en el conflicto de Darfur, de modo que:

(a) con efecto inmediato, el Comité de Sanciones de la ONU elabore y publique una lista detallada de los artículos cuya transferencia a las partes en el conflicto de Darfur, incluido el gobierno de Sudán, esté prohibida, y que el Comité la revise regularmente utilizando la información que le suministren el Grupo de Expertos de la ONU y otras fuentes fidedignas sobre las categorías y tipos de artículos que han sido utilizados o cuya utilización futura pueda suponerse razonablemente¸ en violación del embargo de la ONU y contra el derecho internacional por las partes en el conflicto de Darfur, incluidos todos los tipos de material militar definidos en el párrafo 7 de la resolución 1565 (2004);

(b) el Comité de Sanciones de la ONU emita recomendaciones sin demora al Consejo de Seguridad en relación con la inclusión de otros artículos pertinentes que deberían figurar en la lista de artículos prohibidos, teniendo en cuenta la información disponible sobre la utilización de equipo de "doble uso" en operaciones militares y paramilitares, repuestos de esos equipos, especialmente para vehículos y aeronaves, y los servicios logísticos, de intermediación y financieros empleados en las transacciones y entregas de transferencias de armas que podrían ser utilizados para cometer graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y que tales recomendaciones sean coherentes con el objeto y la definición del embargo de la ONU a Darfur, como se definen en las resoluciones 1556 (2004) y 1591 (2005);

(c) se estacione personal observador de la ONU en todos los puertos de entrada a Sudán, incluido Darfur, con recursos suficientes para vigilar el movimiento de los artículos cuya transferencia esté prohibida y garantizar que cualquier presunta violación del embargo de la ONU es investigada exhaustivamente, comunicada de inmediato al Comité de Sanciones de la ONU y expuesta en un informe de la ONU si se comprueba su veracidad;

(d) se establezca un sistema de la ONU de vigilancia y verificación para garantizar que el gobierno de Sudán responde de cualquier artículo importado no incluido en la lista de artículos cuya transferencia está prohibida –como se ha definido supra– n y, mediante un sistema de verificación en el que participen equipos de observadores sobre el terreno de la ONU, llevar a cabo comprobaciones regularmente para impedir la desviación o violación del embargo de armas de la ONU y;

(e) se requiera a los Estados miembros el envío al Comité de Sanciones de la ONU de copias de los certificados de usuario finalde todas las transferencias de armas propuestas a Sudán y a los países que tienen frontera con Darfur, que abarquen todos los artículos que figuran en la lista de transferencias prohibidas, de modo que el Grupo de Expertos de la ONU y el personal observador de Naciones Unidas puedan garantizar que esas transferencias no son desviadas a ninguna de las partes implicadas en el conflicto de Darfur.


2. Publicar sin demora todos los informes provisionales y finales del Grupo de Expertos de la ONU al Comité de Sanciones a Sudán del Consejo de Seguridad de la ONU, en relación con las violaciones del embargo de armas de la ONU.


3. Garantizar que el Grupo de Expertos de la ONU y la Secretaría de la ONU cuentan con los recursos adecuados, humanos y de otro tipo, para llevar a cabo investigaciones que contribuyan a garantizar el cumplimento del embargo de armas de la ONU a Sudán, incluidos expertos con dominio del idioma árabe.


4. Acometer con celeridad (a) la implementación del Plan de Apoyo Pesado para garantizar que la AMIS puede proteger a la población civil de un modo proactivo y eficaz; (b) todas las medidas necesarias para implementar la operación híbrida ONU-UA, en particular garantizando el acuerdo y la cooperación del gobierno de Sudán en la operación, y reuniendo el personal militar, policial y civil necesario, así como todos los recursos económicos y materiales esenciales; y (c) que la operación híbrida ONU-UA tiene un mandato y una capacidad que le permitan supervisar el desarme y la desmovilización de las milicias yanyawid apoyadas por el gobierno y de los grupos armados de oposición; y que recibe el mandato de vigilar y aplicar el embargo de armas de la ONU reforzado.


A todos los Estados:


5. Suspender de inmediato la transferencia de armas a todas las partes en el conflicto de Darfur, incluyendo todo tipo de armas, municiones, material militar y paramilitar, material de seguridad y policial, así como partes y componentes de ese material, equipo "de doble uso", así como los servicios logísticos, de intermediación y financieros empleados para acordar o efectuar esas transferencias, que puedan ser utilizados o desviados de tal modo que las partes en el conflicto de Darfur se sirvan de ellos para cometer violaciones graves de derechos humanos o crímenes de guerra en Darfur, o para violar el embargo de la ONU a Darfur, como se define en las resoluciones del consejo de Seguridad 1556 (2004) y 1591 (2005) .


6. Adoptar las medidas adecuadas, incluidos todos los medios legales y administrativos, contra cualquier actividad que viole el embargo de armas de la ONU a Darfur de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.


7. Investigar y exigir responsabilidades penales a todas las personas sospechosas de ayudar a la comisión de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad en Darfur, mediante el suministro de equipo militar, de seguridad o policial o al facilitar u organizar deliberadamente el suministro de ese equipo, a sabiendas de que su acción facilitaría la comisión de esos delitos.


8. Hacer rendir cuentas y exigir responsabilidades penales a las compañías que operen dentro de su jurisdicción nacional y estén transfiriendo u organizando el suministro de ese equipo a Sudán, cuando saben o deberían haber sabido que contribuirá a la comisión de graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.


9. Ayudar activamente al Comité de Sanciones a Sudán de la ONU y al Grupo de Expertos de la ONU compartiendo la información pertinente, incluyendo copias de certificados de usuario final, sobre posibles transferencias de armas a Sudán y a países que tengan frontera con Darfur e información verosímil sobre violaciones y presuntas violaciones del embargo de armas de la ONU a Darfur.


10. Apoyar el proceso para un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, tal y como se acordó en la Asamblea General, instando al secretario general de la ONU a que el Tratado se base en el respeto al derecho internacional vigente, incluida la Carta de las Naciones Unidas, los tratados pertinentes en material de control de armamento, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, de modo que pueda actuar como un mecanismo preventivo lo antes posible.


*********************************


(1) Las milicias armadas yanyawid, apoyadas por el gobierno de Sudán, proceden en su mayoría de los grupos nómadas. Armadas normalmente con fusiles de asalto Kalashnivkov y a menudo también con granadas propulsadas por cohetes y doshkas (ametralladoras montadas sobre vehículos de tracción a las cuatro ruedas), han atacado, desplazado y matado a millares de civiles.


(2) Amnistía Internacional, Chad: "¿Somos ciudadanos de este país?". La población civil de Chad, sin protección frente a los ataques de los yanyawid, Índice AI: AFR 20/001/2007, 29 de enero de 2007: "La milicia yanyawid sudanesa que ataca los núcleos de población de Chad parece estar constituida por una mezcla de fuerzas formales y otras milicias con base en las comunidades locales. Las primeras, con frecuencia, aunque no exclusivamente, forman parte de fuerzas paramilitares sudanesas –como las Fuerzas Populares de Defensa (Quwwat difa’ al-sha’bi) y la Guardia de Inteligencia de Fronteras (Haras mukhabarat al-hudud)– y reciben armas además de un salario mensual. Al equipo de investigación de Amnistía Internacional se le entregaron tarjetas de identidad encontradas en los cadáveres de milicianos yanyawid muertos en Chad, que mostraban que eran miembros de esos grupos paramilitares. Las otras fuerzas que integran los yanyawid, menos formales, no forman parte de las fuerzas gubernamentales sudanesas pero pueden permanecer bajo el mando de un jefe tribal (aqid) o ser armadas y reunidas, normalmente por conocidos líderes yanyawid, para ocasiones concretas".


(3) Informe de la Misión de alto nivel sobre la situación de los derechos humanos en Darfur de conformidad con la decisión S-4/101 del Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/4/80, 9 de marzo de 2007; El Alto Comisionado para los Derechos humanos pide investigaciones sobre los incidentes de violencia sexual y las desapariciones en Jebel Marra y Darfur Meridional, Sudán. Comunicado de prensa de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre dos informes, Ginebra, 6 de abril de 2007.


(4) Informe de la Misión de alto nivel, ibíd.


(5) El Alto Comisionado para los Derechos Humanos pide investigaciones, abril de 2007, op. cit.


(6) Misión de la ONU en Sudán (UNMIS), The DPA Monitor, marzo de 2007.


(7) El enfoque es similar al adoptado por el informe de Amnistía Internacional Sudán: Armas para los responsables de los graves abusos cometidos en Darfur, Índice AI: AFR 54/139/2004, noviembre de 2004.


(8) The New York Times, "Sudan Flying Arms to Darfur, Panel Reports", por Warren Hoge, 18 de abril de 2007.


(9) Para una introducción general, véase el informe conjunto de Amnistía Internacional y Oxfam, Vidas destrozadas. La necesidad de un control estricto del comercio internacional de armas, Índice AI: ACT 30/001/2003, octubre de 2003.


(10) Amnistía Internacional Sudán: Armas para los responsables de los graves abusos cometidos en Darfur, op. cit.


(11) Véase Consejo de Seguridad de la ONU, resolución 1591 (2005), párr. 7.


(12) Informes del Grupo de Expertos de la ONU establecido de conformidad con la resolución 1591 (2005) en relación con Sudán, elaborados de acuerdo con el párrafo 2 de la resolución 1665 (2006): S/2006/65, 30 de enero de 2006; S/2006/250, 19 de abril de 2006; y S/2006/795, octubre de 2006.


(13) Naciones Unidas, Informe del Grupo de Expertos, S/2006/795, op. cit. El Consejo de Seguridad, a través de la resolución 1672 (2006), designó a cuatro personas para someterlas a las sanciones específicas, pero no ha obtenido la cooperación para este fin de los gobiernos de Sudán y Chad.


(14) Véanse, por ejemplo, las recomendaciones 2, 3 y 7 del informe S/2006/250.


(15) Naciones Unidas, COMTRADE, estadísticas internacionales de comercio para el año 2005; lamentablemente, los datos de COMTRADE para 2006 aún no están disponibles.


(16) Amnistía Internacional, Sudán: Armas para los responsables de los graves abusos cometidos en Darfur, op. cit.


(17) Financial Times, 4 de abril de 2007.


(18) Air Forces Monthly, diciembre de 2006.


(19) http://www.basc.com.cn/en/index.htm.


(20) http://www.basc.com.cn/en/product/K8S.htm.


(21) Jane’s Aircraft Recognition Guide, 2005.


(22) Naciones Unidas, COMTRADE, op. cit.


(23) Sobre los vehículos blindados para transporte de personal de Bielorrusia, véase Amnistía Internacional, Sudán: Armas para los responsables de los graves abusos cometidos en Darfur, op. cit. El mismo tipo de vehículo fue visto en Darfur en marzo de 2007.


(24) Registro de Armas Convencionales de la ONU, 2004.


(25) ONU, COMTRADE, op. cit. Entre los países que exportan componentes de aeronaves a Sudán se encuentra Ucrania, que exportó una pequeña cantidad de repuestos en 2005 y que en el pasado ha suministrado componentes para la flota de aviones Antonov de la Fuerza Aérea Sudanesa. Estos aparatos se han utilizado en bombardeos y otras operaciones militares en Darfur.


(26) Según se informó, el 24 de noviembre de 2006 el jefe del Estado Mayor kuwaití, mariscal del aire Fahd Al Amir, encabezó una delegación que viajó a Sudán para debatir la cooperación militar y, como invitado del jefe del Estado Mayor sudanés, general Hal Ahmad Al Pili, visitó bases de las fuerzas armadas sudanesas; Middle East Newsline, 28 de noviembre de 2006.


(27) ONU, COMTRADE, op. cit.


(28) Carta de fecha 30 de enero de 2006 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1591 (2005) relativa al Sudán, apartado "Producción de armas y compra de equipo militar por el sector público", párrafo 124: "En el último decenio el Sudán ha aumentado significativamente su capacidad de fabricar sus propias municiones y armas ligeras. Según fuentes fidedignas, la Empresa Industrial Militar del Sudán sigue operando tres plantas militares cerca de Jartum que fabrican municiones, armamento ligero para la infantería, vehículos militares y versiones sudanesas del tanque T-55".


(29) Véanse, por ejemplo, los informes del Grupo de Expertos de la ONU, S/2006/65, 30 de enero de 2006; S/2006/250, 19 de abril de 2006; y S/2006/795, octubre de 2006., op. cit.


(30) Información de observadores de la Unión Africana, febrero de 2007.


(31) S/2006/795, párr. 75.


(32) Amnistía Internacional, República Popular de China: Contribuye al conflicto y los abusos contra los derechos humanos - El flujo de armas se acelera, Índice AI: ASA 17/030/2006, junio de 2006, p. 12.


(33) Asamblea General, resolución A/RES/56/83, 12 de diciembre de 2001.


(34) El embargo de armas de la ONU a los grupos no gubernamentales de Darfur fue impuesto por el Consejo de Seguridad en su resolución 1556 (2004), de julio de 2004, y posteriormente reforzado por el Consejo en la resolución 1591 (2005) para cubrir a todas las partes en el conflicto de Darfur.


(35) Acuerdo de Yamena de Cesación del Fuego por Motivos Humanitarios, 8 de abril de 2004; Protocolo sobre el mejoramiento de la situación de seguridad en Darfur,


Abuja, 9 de noviembre de 2004; Acuerdo de Paz de Darfur, Abuja, 5 de mayo de 2006. (Los instrumentos de 8 de abril de 2004 y 9 de noviembre de 2004 son, respectivamente, los anexos 1 y 5 del Acuerdo de Paz de Darfur.)


(36) S/2006/1045, párr. 15; The DPA Monitor, agosto de 2006, párr. 92; S/2006/795, párr. 80.


(37) La versión para la exportación del helicóptero Mi-24 se conoce como Mi-35.


(38) Informe del Grupo de Expertos de la ONU de 30 de enero de 2006 (S/2006/65).


(39) En Al Yeneina, el 3 de agosto de 2006, el Grupo de la ONU observó helicópteros de ataque con los números siguientes: 918, 929 y 930. Véase informe del Grupo de Expertos de la ONU de 3 de octubre de 2006 (S/2006/795, párr. 87).


(40) Brian Steidle menciona ataques de helicópteros de reconocimiento armados en los pueblos siguientes: Labado, Hamada y Amikasar. La ONU se refiere a ataques con estos aparatos en las áreas de Birmiza (S/2007/104, párr. 3) y Adilya (S/2007/104, párr. 4), en Sayah, Gubba, Hashaba y Anka (S/2007/104, párrafo 4) y Abu Hamra (S/2006/65, párrs. 195-200 y 266-267). Véase también Amnistía Internacional, Sudán: Armas para los responsables de los graves abusos cometidos en Darfur, op. cit.


(41) Informe del secretario general de la ONU sobre Darfur, S/2007/104, 23 de febrero de 2007, párrafo 2.


(42) Por ejemplo, según varios informes sin confirmar, el 21 y el 22 de abril de 2007, la Fuerza Aérea Sudanesa bombardeó y las fuerzas armadas sudanesas atacaron el pueblo de Jemmeiza, en Darfur Septentrional. En el ataque se utilizaron dos helicópteros y dos aviones Antonov y, según los informes, murieron 26 civiles, entre ellos mujeres embarazadas; UNMIS Media Monitoring Report, 22 de abril de 2007, Sudan Tribune, 22 de abril de 2007; Agence France Presse, 19 de abril de 2007; Reuters, 19 de abril de 2007. Amnistía Internacional no ha podido confirmar la muerte de estos civiles.


(43) Brian Steidle pasó un total de 13 meses en Sudán, entre 2003 y febrero de 2005.


(44) Declaración de Brian Steidle, en: "A Global Review of Human Rights: Examining the State Department’s 2004 Annual Report", audiencia ante el Subcomité sobre África, Derechos Humanos Globales y Operaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, 17 de marzo de 2005, Serial N° 109-35, p. 79.


(45) Informe mensual del secretario general sobre Darfur, 23 de febrero de 2007, S/2007/104, párrs. 2 y 48.


(46) Ibíd.


(47) The DPA Monitor, enero/febrero de 2007, p. 8.


(48) Véase OCAH, Sudan Humanitarian Overview, 1 a 31 de enero de 2007, vol. 3, núm. 1.


(49) Según los informes, unas 500 familias llegaron al campo de Ardamatta y otras 300 al de Durti. Estos civiles habían huido de sus hogares con muy pocas pertenencias durante lo más crudo de la estación fría. Véase http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=57179.


(50) ACNUR, Notas breves, "Bombardeos e incursiones armadas aumentan la preocupación del ACNUR por la seguridad de los campamentos", 27 de marzo de 2007.


(51) Ibíd.


(52) Véase, por ejemplo, S/2006/795, párrs. 205-213. El artículo 24 del Acuerdo de Paz de Darfur, en su apartado 266 (i), prohíbe a las partes "todo intento de hacer pasar su equipo, personal o actividades por los de la Misión de la Unión Africana en el Sudán, los organismos de las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja u otra organización similar".


(53) S/2006/795, párr 206.


(54) S/2006/795, párrs. 207-208.


(55) S/2006/795, párr. 209.


(56) S/2006/795, párr. 213.


(57) S/2006/795, 3 de octubre de 2006, anexo 3.


(58) http://aviation-safety.net/database/record.php?id=20060807-0&lang=en.


(59) Por ejemplo, en el aeropuerto internacional de Jartum fue visto un helicóptero Mi-171 de color blanco (número de registro 531) con una bandera sudanesa en la cola.


(60) The CPA Monitor, octubre de 2006, párr. 259.


(61) S/2006/795, párr. 205.


(62) OCAH, Sudan Humanitarian Overview, 1 a 28 de febrero de 2007, vol. 3, núm. 2.


(63) Ibíd.


(64) Ibíd.


(65) Amnistía Internacional, Chad: "¿Somos ciudadanos de este país?" La población civil de Chad, sin protección frente a los ataques de los yanyawid , Índice AI: AFR 20/001/2007, 29 de enero de 2007: "En su gran mayoría, los ataques contra la población civil en Chad han sido perpetrados por una coalición variable creada sobre la base de un origen étnico común. Esta coalición está formada por las milicias apoyadas por el gobierno de Sudán, que cruzan la frontera desde Darfur, y grupos árabes locales de Chad. A ellos se les han unido con frecuencia grupos étnicos africanos de Chad como los mimi y los wadai, que viven entre los dajo y otras comunidades étnicas objeto de los ataques. Las personas sobrevivientes de los ataques se refieren siempre a los miembros de esta alianza como ‘yanyawid’".


(66) Amnistía Internacional, Chad/Sudán: El fruto de las semillas de Darfur. Ataques étnicos en Chad de las milicias yanyawid de Sudán, junio de 2006 (Índice AI: AFR 20/006/2006).


(67) Amnistía Internacional, Sudán: Armas para los responsables de los graves abusos cometidos en Darfur, op. cit.


(68) UNMIS News Bulletin, 16 de abril de 2007.


(69) UN Sudan Bulletin, 2 de enero de 2007.


(70) Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "Sexual violence during attacks on villages in East Jebel Marra, Darfur", 6 de abril de 2007.


(71) Ibíd.


(72) UN Sudan Bulletin, 29 de enero de 2007.


(73) Material que puede ser utilizado con fines civiles y militares, por ejemplo, aeronaves o vehículos con tracción a las cuatro ruedas.


(74) Véanse S/2006/250, párr. 50 y S/2006/795, párr. 91.


(75) S/2006/250, párr. 63.


(76) Arreglo de Wassenaar: en la Declaración de entendimiento sobre el control de bienes no incluidos en la lista de bienes y tecnologías de doble uso, Viena 2003, se acordó que: "Los Estados participantes adoptarán las medidas apropiadas para garantizar que su normativa exige autorización para la transferencia de bienes no incluidos en la lista de bienes de doble uso a destinos sometidos a un embargo de armas vinculante impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU, a cualquier embargo de armas regional pertinente, vinculante para un Estado participante o al que un Estado participante se ha adherido voluntariamente, cuando las autoridades del país exportador informen al exportador que el uso final de los bienes en cuestión es o puede ser militar". (Traducción de Amnistía Internacional.)


(77) S/2006/795, párr. 101.


(78) Informe sobre violación del alto el fuego: Presuntos disparos por parte de fuerzas del gobierno de Sudán contra civiles en la mezquita de Tawilla, el 9 de septiembre de 2005.


(79) Conversación con un funcionario de la Unión Africana, Jartum, 22 de febrero de 2007.


(80) www.sec.gov/Archives/Edgar/data/37996/000003799600062


(81) Conversación con el director de exportaciones de Land Rover en el Reino Unido, 20 de marzo de 2007.


(82) Fuente confidencial.


(83) S/RES/1556 (2004), párr. 7. El Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones diplomáticas a Sudán en abril de 1996 (resolución 1054). En agosto de 1996, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1070 (1996) para aplicar un embargo aéreo sobre Sudán, pero no lo impuso por razones humanitarias. La resolución 1372 (2001), de 28 de septiembre de 2001, levantó todas las sanciones tras la promesa de Sudán de que cumpliría las resoluciones del Consejo de Seguridad.


(84) S/RES/1591 (2005), párr. 1.


(85) S/RES/1591 (2005), párr. 3 (a). El Comité está formado por todos los miembros del Consejo de Seguridad.


(86) Las partes en el Acuerdo de Cesación del Fuego de Yamena son: el gobierno de Sudán, el Movimiento de Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia e Igualdad (JEM).


(87) S/RES/1591 (2005), párr. 7


(88) S/RES/1591 (2005), párr. 7. Véase también el párr. 3 (a) (v): El Comité también debe "examinar las solicitudes del gobierno del Sudán relativas al desplazamiento de equipo y suministros militares a la región de Darfur [...] y dar su aprobación por anticipado cuando proceda".


(89) S/RES/1591 (2005), párr. 6.


(90) S/2006/795.


(91) S/RES/1591 (2005), párr. 6. El concepto de "vuelo militar ofensivo" se discute en el informe de 2006 del Grupo de Expertos de la ONU (S/2006/795, párr. 215) y se define según los criterios siguientes:


• Vuelos realizados en busca de un objetivo militar concreto, con fines distintos de la defensa de la aeronave de una amenaza clara e inminente.


• Uso de la aeronave para obtener una ventaja militar desproporcionada con respecto a la necesaria para neutralizar una amenaza clara e inminente.


• Ataque no provocado con una aeronave, por ejemplo ametrallamiento o bombardeo de aldeas.


• Uso de la aeronave para apoyar operaciones ofensivas en tierra.


• Ataque cometido en represalia, es decir, acciones en respuesta a un ataque previo.


• Vuelo realizado para depositar tropas que participen en una operación ofensiva inminente.


• Utilización de una aeronave con fines de intimidación o acoso, por ejemplo, vuelo realizado para simular ataques, amedrentar a los niños y los animales, destruir edificios con la estela del rotor o estampidas sónicas, entre otros fines.


(92) S/2006/795, párr. 81.


(93) Comunicación con un funcionario de la ONU, marzo de 2007.


(94) S/2006/795.


(95) El Grupo de Expertos de la ONU puede recomendar al Consejo de Seguridad que "designe" a personas concretas si impiden el proceso de paz, constituyen una amenaza para la estabilidad en Darfur y en la región, perpetran infracciones del derecho internacional humanitario o las normas relativas a los derechos humanos u otras atrocidades, infringen las medidas aplicadas por Estados Miembros en cumplimiento de los párrafos 7 y 8 de la resolución 1556 (2004) o el párrafo 7 de la presente resolución o son responsables de vuelos militares ofensivos según se describe en el párrafo 6 de la resolución 1591 (2005).


(96) Asamblea General de la ONU, Resolución 61/89, "Hacia un tratado sobre el comercio de armas", de 6 de diciembre de 2006, aprobada por 153 votos a favor, uno en contra y 24 abstenciones. Todos los Estados miembros están invitados a enviar sus opiniones sobre la viabilidad, ámbito y parámetros provisionales de ese tratado al secretario general de la ONU.

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