Document - Sierra Leone: Getting reparations right for survivors of sexual violence (Including amendments)


Embargado hasta el: 1 de noviembre de 2007Público


Amnistía Internacional

Sierra Leona

Reparación para las sobrevivientes de violencia sexual

1 de noviembre de 2007

Resumen

Índice AI: AFR 51/005/2007



http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR510052007

Seis años después de terminado el conflicto de Sierra Leona, apenas se ha hecho nada para garantizar que las sobrevivientes de violencia sexual reciben justicia, reconocimiento de su sufrimiento o una reparación que las ayude a reconstruir su vida. Todas las partes de aquella guerra, que duró 11 años, fueron responsables de abusos tales como violaciones, esclavitud sexual, embarazo forzado y otros delitos de violencia sexual contra, según estimaciones, un cuarto de millón de mujeres y niñas.


Para las víctimas de estos delitos, la violencia sexual no era un hecho aislado, sino una violación que ha continuado. Tras haber sido blanco de ataques sistemáticos durante la guerra, sus heridas físicas y psicológicas se han visto agravadas por el estigma y la discriminación desde que cesaron las hostilidades.


Estas mujeres y niñas han hecho uso de numerosas estrategias para sobrevivir, tanto durante el conflicto como en los años que siguieron. Muchas sobrevivientes están demasiado avergonzadas de sus experiencias de violencia sexual como para regresar a sus pueblos y ciudades; otras viven en silencio, incapaces de compartir sus dolorosos recuerdos por temor al rechazo de sus familias y a la pérdida de su seguridad económica. Además, como muchas fueron identificadas como "esposas de rebeldes", sufren discriminación, aislamiento y exclusión en sus comunidades. A consecuencia de ello tienen dificultades para obtener alimento, cobijo, trabajo y atención médica. En la práctica, se les impide reintegrarse en la sociedad.


El deseo de estas mujeres y niñas de recibir justicia y reparación se debe simplemente a la necesidad de ser económicamente independientes, de cuidar de sí mismas y de sus hijos e hijas y de empezar a restablecer sus vidas sin temor, estigma ni discriminación.


El gobierno de Sierra Leona no ha abordado los efectos físicos y psicológicos de los delitos cometidos contra tantas mujeres y niñas. Tampoco ha ofrecido justicia, reconocimiento de los delitos ni programas de rehabilitación efectivos, y sin ellos las sobrevivientes no pueden siquiera empezar a reconstruir sus vidas y las de sus hijos e hijas.


Para que las reparaciones para mujeres y niñas de Sierra Leona aborden los complejos efectos sociales e individuales del abuso sexual, deben formar parte de una estrategia más amplia destinada a prevenir la violencia en el futuro, abordar la arraigada discriminación contra las mujeres, promover la igualdad y mejorar la situación de las mujeres.


La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sierra Leona ha recomendado medidas específicas para garantizar que las víctimas de abuso sexual reciben reparaciones que les permitan empezar a abordar el daño que han sufrido. Las propias sobrevivientes deben participar activamente en el establecimiento de un programa de reparaciones que realmente satisfaga sus necesidades.


Este informe examina el impacto social e individual de la violencia sexual, y documenta el constante sufrimiento que se deriva de la discriminación, el ostracismo y la marginación de las sobrevivientes, así como de la falta de reconocimiento de los delitos que se han cometido.


El informe formula recomendaciones específicas para el gobierno de Sierra Leona, que éste debe poner en práctica en consulta con la sociedad civil y los donantes y organismos internacionales y, cuando sea posible, con su apoyo y su ayuda. Estas recomendaciones incluyen:


• el reconocimiento público del sufrimiento de las mujeres y niñas de Sierra Leona;


• la puesta en práctica de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre reformas legales, sociales y económicas para erradicar la discriminación contra las mujeres y garantizar la justicia;


• un programa de reparaciones exhaustivo, inclusivo, efectivo y en el que se rindan cuentas.


A las víctimas de violencia sexual de Sierra Leona les queda un largo camino por andar. Un programa de reparaciones significativo, en el que realmente participen las sobrevivientes de estos delitos, puede ayudar a restaurar su dignidad para que puedan utilizar su demostrada capacidad de supervivencia para adoptar un papel activo que las ayude a superar sus terribles experiencias.


Este texto resume el documento titulado Sierra Leona: Reparación para las sobrevivientes de violencia sexual (Índice AI: AFR 51/005/2007), publicado por Amnistía Internacional el 16 de octubre de 2007. Si desean más información o emprender acciones al respecto, consulten el documento completo. En el sitio web http://www.amnesty.orgencontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección:

http://www.amnesty.org/email/email_updates.html



SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO


TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA










Embargado hasta el: 1 de noviembre de 2007

Público

Amnistía Internacional




Sierra Leona

Reparación para las sobrevivientes de violencia sexual
























ÍNDICE



I Introducción 1


sb0 II La violencia sexual en el conflicto de Sierra Leona y su impacto en las sobrevivientes 3

III El impacto de la vergüenza y el estigma 5

IV La obligación del gobierno de garantizar justicia y reparación 15

V El gobierno y la provisión de justicia y reparaciones a las sobrevivientes 20

VI Reconocer los esfuerzos de agentes no gubernamentales por garantizar la reparación a las sobrevivientes 27

VII Conclusión 31

VIII Recomendaciones 32












Sierra Leona

Reparación para las sobrevivientes de violencia sexual



Cuando las mujeres pidieron al presidente una disculpa para las víctimas de la violencia sexual durante la guerra y él se negó, se transmitió un mensaje erróneo.

Personal de una ONG


Cuando terminó la guerra, las ONG y la ONU hicieron saber al gobierno que estaban dispuestas a financiar reparaciones o proporcionar servicios a ese respecto. El gobierno jamás les pidió que lo hicieran, y transmitió un mensaje equivocado.

Personal de la ONU en Sierra Leona


Cuando el gobierno respondió a las [...] recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación con un libro blanco en lugar de tomando medidas para aplicarlas, transmitió un mensaje erróneo.

Personal de UNIOSIL


I Introducción


Seis años después de terminado el conflicto de Sierra Leona, apenas se ha hecho nada para garantizar que las sobrevivientes de violencia sexual reciben justicia, reconocimiento por su sufrimiento o una reparación plena, significativa y efectiva. La inimaginable brutalidad de las violaciones cometidas contra un tercio de las mujeres y niñas, en su mayoría habitantes de zonas rurales, de Sierra Leona ha sido bien documentada; sin embargo, el gobierno no ha abordado de manera efectiva el impacto físico, psicológico y económico que estos delitos tienen en las sobrevivientes. Sin justicia, reconocimiento de los delitos o programas efectivos para garantizar su rehabilitación, sin ayuda para reconstruir sus vidas y sin medidas para garantizar su protección frente a delitos futuros, el sufrimiento de las mujeres y niñas continúa.(1)


Amnistía Internacional entrevistó a mujeres y niñas que han empleado numerosas estrategias para sobrevivir, tanto durante el conflicto como después de él. Para ellas, la violencia sexual no era un hecho aislado, sino una violación que ha continuado en ausencia de medidas exhaustivas para hacerle frente. Junto con la violencia sexual, otro factor que ha contribuido al aislamiento y la exclusión de las víctimas ha sido el hecho de que muchas se identificaran a sí mismas como ex "esposas rebeldes". A consecuencia de ello, muchas han tenido dificultades para acceder a alimentos, cobijo, trabajo y asistencia médica. La constante discriminación a la que se han enfrentado ha impedido su reintegración en la comunidad.


Estas mujeres y niñas expresaron su deseo de justicia y de unas reparaciones significativas, no por venganza, sino sencillamente para poder ser independientes económicamente y empezar a restablecer su vida sin temor, estigma ni discriminación.


El programa de reparaciones recomendado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su informe de 2004 incluye medidas específicas para las víctimas de los abusos sexuales. Esto brinda al gobierno nuevas oportunidades de garantizar que las víctimas pueden finalmente empezar a abordar el daño que se les ha causado. Las lecciones aprendidas de los esfuerzos por la reintegración revelan que las necesidades de las mujeres y niñas no se han satisfecho adecuadamente.(2) Estas lecciones deben incorporarse al programa de reparaciones, que, si ha de estar realmente concebido para cubrir las necesidades de sus beneficiarias, precisa de la participación activa de éstas.


Para abordar el complejo impacto social e individual de los abusos sexuales, las reparaciones deben proporcionarse en un contexto que busque prevenir la violencia futura, aborde la arraigada discriminación contra las mujeres, promueva la igualdad y mejore la situación de las mujeres.


Todas las víctimas y sobrevivientes de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos tienen derecho a la justicia y la reparación. Este informe se centra específicamente en las reparaciones para las sobrevivientes de abusos sexuales, unos abusos que afectan principalmente a las mujeres y niñas de las zonas rurales de Sierra Leona. Amnistía Internacional examina los efectos sociales e individuales de la violencia sexual, la ausencia de medidas por parte del gobierno –incluidas la justicia y las reparaciones– para abordar su impacto, y la necesidad de que el gobierno ponga en práctica un programa exhaustivo y efectivo de reparaciones para dar reparación a las víctimas de la violencia sexual.


II La violencia sexual en el conflicto de Sierra Leona y su impacto en las sobrevivientes


Entre 1991 y 2002, todas las partes del conflicto de Sierra Leona perpetraron violaciones, actos de esclavitud sexual y otros delitos de violencia sexual contra mujeres y niñas sierraleonesas.(3) Las estimaciones generales calculan que 250.000 mujeres y niñas (el 33 por ciento de la población femenina total) sufrieron estos crímenes.(4) La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sierra Leona concluyó: "Está claro que hubo una política deliberada de atacar sistemáticamente a las mujeres y niñas, violarlas sistemáticamente y abusar de ellas sistemáticamente".(5) Los delitos de violación y violencia sexual han sido documentados por la comunidad internacional, la sociedad civil y la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Los delitos de violencia sexual han sido investigados y enjuiciados por el Tribunal Especial para Sierra Leona, cuya primera sentencia, dictada en junio de 2007, concluyó que tres dirigentes del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas eran culpables de violación y de atentados contra la dignidad personal, entre ellos la esclavitud sexual.


Mujeres y niñas de todas las edades y de todas las regiones de Sierra Leona sufrieron una multiplicidad de abusos, tales como violaciones, esclavitud sexual, embarazo forzado y otros delitos de violencia sexual. También sufrieron secuestros, esclavitud, tortura y trabajos forzados. Muchas mujeres y niñas, así como sus familias, fueron asesinadas o mutiladas o presenciaron actos atroces contra sus hijos o hijas, esposos y otros miembros de sus familias y comunidades.


El impacto psicológico, físico, social y económico que este trato inhumano tiene sobre mujeres y niñas es inconmensurable. La vergüenza ha impedido a muchas de ellas regresar a sus comunidades. Otras viven en silencio, incapaces de compartir sus dolorosos recuerdos por temor a ser rechazadas por sus familias y perder su seguridad económica futura. Las mujeres que han dado a luz a consecuencia de violaciones no sólo no pueden escapar del estigma, sino que tienen que atender a sus hijos o hijas con medios muy limitados. A estas mujeres y sus hijos e hijas se les niega el trabajo, el hogar, la familia y la comunidad, y se los condena a existir en los márgenes de la sociedad. En algunos casos, el único medio de supervivencia es la prostitución, que a menudo da lugar a una marginación aún mayor. A consecuencia de ello, a muchas mujeres y niñas víctimas de violación y abusos sexuales, la reintegración les ha resultado extremadamente difícil, o incluso imposible.


Las sobrevivientes de la zona más oriental de Sierra Leona, Kailahun, y de poblados de las regiones septentrionales de Tonkolili y Bombali compartieron sus experiencias con Amnistía Internacional en marzo de 2007.(6) Revelaron que, aunque habían transcurrido seis años, el impacto de la violación, la violencia sexual y la esclavitud sexual sufridas seguía afectando a su vida cotidiana. Pocas habían recibido la asistencia que necesitaban y, por ello, seguían padeciendo terribles sufrimientos.


Casos


Mujeres desplazadas en Kailahun


Kailahun es la región más oriental de Sierra Leona. Situada en la frontera con Liberia, esta zona fue un bastión del Frente Revolucionario Unido y del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas durante todo el conflicto. No sólo fue escenario de una importante destrucción, sino que además fue el lugar donde los grupos rebeldes tenían sus bases principales. Estas bases dependían de los miles de mujeres y niñas que servían como "esposas", cocineras, trabajadoras, combatientes y esclavas sexuales.


La mayoría de las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional habían sido secuestradas, muy jóvenes, de otras regiones, como Bo, Kenema, Pujehun, Makeni, Magburaka y Bonthe. Algunas no tenían más que cuatro años cuando las secuestraron. En muchos casos sus familias habían sido asesinadas, y a ellas las habían llevado a Kailahun en 1994 y las habían obligado a vivir con el Frente Revolucionario Unido hasta que llegó la paz en 2002. La mayoría se quedaron en Kailihun después de 2002, por una diversidad de motivos.


Todas las mujeres habían sido sometidas a violencia sexual, esclavitud sexual y tortura. Algunas tenían hijos. Todas ellas sufrían secuelas físicas, psicológicas o de los dos tipos a consecuencia de los delitos de los que habían sido víctimas. Además de problemas médicos y psicológicos, sus experiencias les había provocado una baja autoestima, agravada por sentimientos de vergüenza y estigmatización asociados con la violación. Algunas confesaron que nunca habían hablado con nadie sobre sus experiencias por temor al estigma; otras, que tenían hijos, se quejaban de que las ridiculizaban y las sometían al ostracismo, y afirmaban que el resto de la gente, incluidas sus familias, las rechazaba. Muchas dijeron que necesitaban atención médica, educación para sus hijos, tierras que cultivar, microcréditos con los que iniciar negocios y un lugar donde vivir, pero estaban cansadas de ser clasificadas como mujeres que habían vivido con los rebeldes o que habían sido violadas.


Regreso a Makenilol


Makenilol es una pequeña comunidad de un centenar de casas a medio camino entre la localidad de Makeni y Magburaka. Durante los 11 años de conflicto sufrió ataques continuos y, durante un tiempo, estuvo ocupada por el Frente Revolucionario Unido. Se calculaba que durante el conflicto se había secuestrado a 40 niñas. Tras el desarme en 2002, unas 25 regresaron. Las que no lo hicieron habían muerto o se habían asentado en otro sitio. Aunque muchas sufrían enfermedades relacionadas con la guerra, pocas buscaron atención médica adecuada, pues temían que eso las expusiera a juicios negativos y rechazo por parte de sus progenitores. En lugar de eso, se sometieron al tratamiento de la medicina tradicional. Cuando regresaron las primeras niñas, muchas estuvieron aisladas del resto de la comunidad.


En respuesta al ridículo y el ostracismo que sufrieron muchas de las niñas, la "reina madre"(7) y el jefe explicaron a los miembros de la comunidad que no debía culparse a las niñas por lo que les había sucedido, y dijeron que a quien las acosara se le impondría una multa. Aunque esto al principio ayudó, no logró una aceptación a largo plazo de las niñas. Hasta ocho de ellas regresaron a la escuela, mientras que muchas de las restantes, que ya habían alcanzado la edad adulta, dejaron Makenilol para reasentarse en una comunidad donde no conocieran a nadie, con la esperanza de encontrar esposos que las cuidaran.


III El impacto de la vergüenza y el estigma


La vergüenza, el estigma, la discriminación y el rechazo asociados a la violación y la violencia sexual influyen notablemente en las opciones y decisiones de las sobrevivientes y limitan severamente las oportunidades con las que cuentan. Los sentimientos de vergüenza por haber sido violadas afectan a la salud física y mental de las mujeres y las niñas, y esto influye en su decisión de buscar o no la atención médica que necesitan. El estigma de la violencia sexual también afecta al lugar en el que viven: muchas estaban demasiado avergonzadas como para regresar a sus casas; otras eran rechazadas por sus comunidades cuando intentaban regresar.


La vergüenza y el temor al rechazo afectaron a la decisión de las mujeres y niñas sobre a quién hablar de sus experiencias y sobre el tipo de información que pensaban que podían compartir con otras personas. Su reticencia a acceder a servicios era equiparable a la reticencia general de las niñas que habían sufrido violencia sexual a participar igual que sus compañeros varones en el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración y en el proceso de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.


El rechazo de las comunidades y familias también acarrea enormes consecuencias económicas para las víctimas, que se ven excluidas de sus hogares y apartadas de los posibles medios de sustento. Las sobrevivientes abandonadas por sus esposos tienen pocas probabilidades de volverse a casar, lo que las convierte en el único sustento de sus hijos e hijas.


1. Acceso a servicios


El aislamiento social y el miedo al rechazo impiden a muchas sobrevivientes buscar ayuda o hablar de sus experiencias y necesidades. La "reina madre" de Macomb, un poblado del norte, cerca de la localidad de Makeni, dijo a Amnistía Internacional:


Las mujeres de nuestro pueblo no hablan con la Comisión de la Verdad y Reconciliación porque tendrían que decir que han sido violadas no una, sino muchas veces, y no están dispuestas a dejar que otros sepan la verdad sobre lo que les sucedió. Esto les ha impedido acceder a muchos de los demás servicios que necesitan.


Temerosas de verse expuestas como víctimas de violación, muchas mujeres y niñas optaron por no utilizar los centros de salud. A consecuencia de ello, muchas no recibieron tratamiento, o recurrieron a la medicina tradicional. Una trabajadora de la salud del Foro de Pedagogas Africanas dijo a Amnistía Internacional que, pese a que las violaciones habían comenzado a principios de la década de 1990, no fue hasta el ataque a Freetown en 1999 cuando la gente realmente empezó a hablar de las violaciones a manos de bandas y las violaciones en masa, y a abordar los problemas de salud relacionados con estas prácticas. La trabajadora dijo:


No sé cuántas mujeres y niñas murieron por no acceder a asistencia médica, ni qué impacto a largo plazo tendrá en ellas el no haber hecho frente a sus necesidades médicas. Es algo que desconocemos. Después de 1999 la cuestión salió finalmente a la luz, pero sólo se presentaron las mujeres y niñas que tenían necesidades médicas urgentes. La mayoría estaban demasiado avergonzadas para ir al centro de salud, y prefirieron recurrir a la medicina tradicional.


2. Sin lugar a donde ir


Mamatu, originaria de Pujehun, fue llevada a la fuerza a Kailahun y no regresó a su casa cuando llegó la paz. Dijo a Amnistía Internacional:


Aquí nos toleran, pero no somos realmente bienvenidas. En 2002 fuimos liberadas de manos de los rebeldes, pero habíamos pasado tanto tiempo con ellos que, cuando finalmente llegó el momento de regresar, muchas ya no tenían familiares, o pensaban que no las aceptarían si trataban de regresar; algunas lo intentaron y fueron rechazadas. Donde estamos ahora, realmente nadie nos habla; no tenemos casa ni tierra que cultivar. Ocupamos más de 40 poblados. Ninguno de los hombres está con nosotras, ya que la mayoría fueron a las zonas mineras a buscar trabajo y han conocido a otras mujeres. Ninguna de nosotras habló con la Comisión de la Verdad y Reconciliación; nos daba vergüenza.


Mamie, originaria de Bo y de casi 60 años de edad, fue secuestrada y llevada a Kailahun en 1995. Cuando intentó regresar a su casa, su comunidad la rechazó. Dijo:


Regresé a Bo en 2004 y 2006, y las dos veces me llamaron rebelde. Dijeron que los rebeldes mataban a la gente y se la comían, así que no querían tener nada que ver conmigo. Ahora, para sobrevivir, cuido a un niño, y su familia a cambio me da comida. La gente de la comunidad me llama rebelde. Muy pocos me hablan. Necesito comida, cobijo y medicinas.


3. "Sucias" e "indignas"


En Sierra Leona hay quien considera que las mujeres fueron de alguna manera responsables de lo que les ha sucedido. Ven a menudo a estas mujeres como "una vergüenza" o como "sucias" a causa de la violación, lo que supone que para muchas de las víctimas de violencia sexual el matrimonio es una opción futura poco probable. Muchas veces, la vergüenza impide a estas mujeres buscar un esposo, ya que temen que las rechacen o abandonen si se descubre la experiencia que han vivido.


Cuando Linda, que ahora tiene 30 años, regresó a Makenilol en 2002, era perfectamente consciente de lo limitado de sus opciones de futuro. Sabía que la comunidad probablemente no la aceptaría y que sus oportunidades de contraer matrimonio se verían reducidas si se sabía que había estado con los rebeldes. Así que no contó a nadie lo que le había sucedido, y se casó con un hombre de la comunidad. Poco después de ser madre, su esposo la abandonó. Esto es lo que esta mujer relató:


Cuando vi que una de las niñas que había conocido en la jungla era rechazada por su familia, supe que no era buena idea contárselo a demasiada gente de la comunidad, especialmente los hombres, ya que no te aceptarían. Así que no se lo dije a mi esposo, pero más tarde oí que otros hombres de la comunidad se reían de él por haberse casado conmigo. Poco después de tener el bebé me abandonó.


Las mujeres y niñas que sobreviven a la violación son en ocasiones acusadas de no haber opuesto suficiente resistencia, de haber consentido de algún modo las relaciones sexuales o de haber cooperado con los violadores. El jefe de Macomb dijo a Amnistía Internacional: "Algunas mujeres y niñas no han regresado porque saben que la gente piensa que es su culpa. Hemos tratado de hablar con la gente de la comunidad, pero los sentimientos son muy fuertes".


Los niños y niñas nacidos a consecuencia de la violación se enfrentan a una grave discriminación y, a menudo, son calificados de "niños rebeldes". Fatmata, de Makeni, contó a Amnistía Internacional su experiencia de vivir con su hermanastra:


Mi hermanastra nos dio a mi hijo y a mí un lugar donde vivir y algo de comida. Pero el lugar estaba muy sucio y el trato que nos daban era abusivo. Llamaban a mi hijo "niño rebelde". Eso me dolía mucho. Es mi hijo, y esas palabras realmente me ofenden. Al final nos echaron hace unos meses, diciendo que no hacía mis tareas debidamente.


4. Rechazadas por su familia


Algunas de las mujeres y niñas fueron rechazadas por su propia familia. Mamuta dijo también a Amnistía Internacional, sobre una compañera a la que conocía:


Una de las mujeres del grupo de 50 que vinieron de Pujehun fue rechazada por su familia. Durante la guerra su familia se fue a Guinea, pero ella no fue con ellos, así que ahora la rechazan. No sé dónde está ahora.


Leitia, de Makeni, dijo a Amnistía Internacional:


No le he dicho a nadie lo que me sucedió, pero mi abuela sí lo ha hecho, y se ríen de mí y dicen que estuve con los rebeldes. Eso me duele. Yo no se lo he contado a nadie. No soy feliz.


5. Aliviadas de encontrar a alguien en quien confiar


Mary, originaria de Makenilol, regresó finalmente allí en 2007 tras pasar en Kono toda la guerra. Estuvo con los rebeldes durante dos años y tuvo un niño mientras estuvo cautiva. Cuando regresó a Kono no dijo a nadie lo que le había sucedido:


Cuando finalmente escapé de los rebeldes fui a vivir con unos familiares en Kono. No conté a nadie lo que me había sucedido [...] Me daba vergüenza [...] Sólo cuando regresé a Makenilol se lo conté a mi madre. Tras contárselo me sentí mejor. Sentí que era bueno haber hablado con ella porque sabía que ella no me juzgaría y que me aceptaría, y que nunca se lo contaría a nadie.


6. Cicatrices psicológicas


Pocas mujeres y niñas pasaron por un proceso formal de Desarme, Desmovilización y Reintegración por haber estado asociadas con las fuerzas combatientes. En lugar de eso, muchas regresaron a su comunidad por su cuenta y a menudo en secreto, sin ayuda psicológica que las ayudara a reintegrarse. El secreto, unido a las limitadas opciones de abordar las consecuencias psicológicas de la violencia extrema, la pérdida de familiares, el rechazo de la comunidad, las consecuencias económicas y sociales de convertirse en madres a causa de la violación, y la pérdida del control de su capacidad reproductiva han dejado a las mujeres solas frente a la ansiedad, la depresión, las pesadillas, la rabia y el miedo. Amnistía Internacional vio que muchas hablaban de jaquecas, dolores de estómago y dolores de espalda, síntomas físicos de la tensión psicológica. Además, el duro trato que sufrieron en cautiverio ha dejado a muchas mujeres discapacitadas e incapaces de trabajar para mantenerse, lo que se suma a la tensión que padecen.


Hawa, de casi 70 años y originaria de la localidad de Daru, en la región de Kailahun, sigue fuertemente traumatizada por un hecho que ocurrió en 1992, pero tiene pocas opciones, y nadie que cuide de ella, ya que sus hijos murieron. También se siente aislada, y no ha podido contar a nadie lo que le sucedió. En marzo de 2007, más de 15 años después de lo ocurrido, dijo a Amnistía Internacional:


Fui secuestrada en 1992. Me tumbaron en el suelo delante de todo el mundo y allí, a la vista de todos, me violaron cuatro muchachos. Me violaron delante de un montón de gente, cerca de donde vive el jefe de la localidad. A consecuencia de esta violación, sangraba todo el tiempo. Finalmente dejé de sangrar hace unos dos años. Utilicé hierbas medicinales para tratarlo. Nunca se lo conté a nadie, porque era demasiado espantoso para contarlo. Aún me acuerdo como si fuera ayer, y todavía me duele mucho. No he podido estar con ningún otro hombre desde entonces. Tengo demasiado miedo. Antes de la guerra tenía cuatro hijos, y todos han muerto. Mi hija estaba embarazada y le abrieron el vientre: ella y el bebé murieron. Estoy totalmente sola porque todos los demás han muerto. Estoy sola. No tengo a nadie con quien compartir lo que me ocurrió. Creo que contárselo a los demás sólo me perjudicaría. Creo que sólo me mirarían por encima del hombro y no obtendría ninguna ayuda. Sé cómo habla la gente, y cómo te ridiculizan.


A muchas mujeres y niñas les resulta imposible compartir sus experiencias, ya sea porque no tienen familiares vivos o alguien en quien confiar, o porque temen ser rechazadas o ridiculizadas y verse solas, aisladas y sin apoyo. Musa es originaria de Moyamba y no tiene familiares vivos. Cuando tenía cuatro años vio cómo sus padres eran asesinados delante de ella: los atacantes le dieron a elegir entre ser violada o morir.


Elegí vivir, y eso significaba elegir ser violada. Me quedé con ellos durante 10 años. No puedo sentarme con normalidad, porque me duele mucho cuando lo hago. También tengo dolores frecuentes y agudos en el estómago. Nunca he menstruado. Eso me entristece mucho. Durante los 10 años, pensé muchas veces que me iban a matar. Un hombre se convirtió en mi esposo. A menudo me entregaba a otros hombres. Él y los otros me torturaban. Me inyectaban algo en la pierna, y ahora no puedo caminar bien. Además me golpeaban en la cabeza, que todavía me duele de vez en cuando. Tengo un problema en los ojos porque los rebeldes solían ponerme hierbas en ellos y frotármelas. Si hay mucha luz no veo bien.


Aunque Musa sufrió lo indecible, no ha podido compartir sus experiencias con nadie, salvo otra muchacha de la comunidad que sufrió algo parecido:


No se lo he contado a nadie de aquí, salvo a una amiga que es de mi poblado y que también fue secuestrada y sobrevivió, y a veces hablamos. Ella fue la que me dio información sobre mis padres. No pienso decírselo a nadie más, porque tengo mucho miedo de lo que puedan pensar de mí.


El estigma social que impide a mujeres y niñas hablar de la violación, unido a la necesidad de estas mujeres y niñas de garantizar su supervivencia y la de sus hijos e hijas, hace que les resulte muy difícil buscar servicios de salud mental. El personal de las organizaciones de mujeres que trabajaron directamente con sobrevivientes de violencia sexual destacó la necesidad de prestar una atención mucho mayor a estos asuntos. Sin embargo, señaló que había muy pocos programas disponibles, y que muchos de los que existían no habían sido evaluados a fondo. Muchas de estas organizaciones reconocían que la salud mental no era una prioridad del gobierno y creían que el hecho de que las propias sobrevivientes no parecieran darle prioridad había facilitado al gobierno y a otros órganos de toma de decisiones el restarle importancia. Un miembro del personal del Ministerio de Bienestar Social declaró: "Las mujeres y niñas tuvieron asesoramiento psicosocial al terminar el conflicto. Ahora, la prioridad no son las cuestiones de salud mental, sino las cuestiones económicas".


El abordar adecuadamente los problemas psicológicos es una difícil perspectiva, dados los innumerables elementos de tensión a los que se enfrentan las mujeres en Sierra Leona, la falta de comprensión global del impacto psicológico de la violación y la violencia sexual en las mujeres, y la ausencia de servicios psicosociales y psicológicos disponibles en Sierra Leona. No obstante, hay pocas dudas de que, si siguen sin abordarse las cuestiones de salud mental, será difícil que las mujeres y niñas se encuentren en situación de reconstruir sus vidas o contribuir a la reconstrucción del tejido social de sus comunidades.


7. Brutales palizas como parte de la violencia sexual


La violencia sexual iba acompañada de otras formas de violencia. Sylvia nos contó que las palizas eran a veces más brutales que la violación, y nos dijo que le había resultado difícil conseguir la atención que necesitaba:


Luego nos llevaban para ser esclavas en la granja, buscando comida y agua, y nos golpeaban sistemáticamente. Una vez le di por accidente al comandante un insecto en su agua y me dieron 40 latigazos. Estábamos constantemente en marcha y teníamos que llevar pesadas cargas. Desde el desarme en 2002, pese al dolor de espalda e interno, sólo he recibido tratamiento con medicina tradicional.


Kediata contó a Amnistía Internacional cómo los rebeldes la usaban y la golpeaban. Todavía sufre fuertes dolores:


Me utilizaban sexualmente y luego me golpeaban en el costado y me pegaban. Ahora tengo problemas en las piernas y en los lados de las nalgas. Cuando lo hacían, yo estaba embarazada, y el niño murió antes de nacer. Yo estaba tan mal que cuando finalmente llegué al poblado me llevaron al hospital para recibir tratamiento. Todavía me duele mucho la pierna, y ha afectado a mi capacidad para trabajar.


8. Falta de acceso a atención médica adecuada


Amnistía Internacional comprobó que los repetidos abusos sexuales y violaciones causaban daños en los órganos reproductores, abortos, embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual como el VIH/sida. Como consecuencia directa de la violencia sexual que soportaron, muchas mujeres sufrieron lesiones, incluidos problemas ginecológicos que les afectaban al útero. Las mujeres violadas a muy temprana edad y que quedaban embarazadas sufrían a menudo fístulas, un grave y doloroso trastorno de consecuencias físicas devastadoras. También había problemas de salud a causa de la brutalidad de las repetidas violaciones. La mayoría de las sobrevivientes habían quedado asimismo discapacitadas tras ser sometidas a otras formas de tortura, palizas, condiciones de esclavitud y acarreo de pesadas cargas.


La mala calidad del sistema de atención médica y la ausencia de asistencia especializada para mujeres en todo el país convierte la obtención de la ayuda que necesitan tras estas experiencias en todo un desafío para las mujeres.


Awa, tras su experiencia con los rebeldes, regresó a Kono y dio a luz a su primer hijo. Inmediatamente después desarrolló una incontinencia urinaria, una de las consecuencias físicas de la fístula, pero le fue imposible encontrar atención médica adecuada en Kono. Este es su relato:


Tras pasar seis años con los rebeldes, decidí quedarme en Kono. Empecé a tener problemas de incontinencia tras mi regreso al poblado. No era continuo, pero después de tener a mi primer hijo el problema empeoró. Luego tuve otro hijo, y entonces empecé a tener pérdidas todo el tiempo, se hicieron continuas. Como en Kono no había servicio, fui a Magburaka. Costaba 160.000 leones (45 dólares estadounidense), y para reunirlos la familia necesitó tres meses de trabajo agrícola. Para cuando ahorraron el dinero yo estaba inconsciente. Mi madre y los hombres del poblado me llevaron en una camilla durante dos días, y luego me metieron en un camión, donde viajé otros dos días. Ya me han operado, pero sigo teniendo incontinencia. No tengo dinero para devolver lo que me dejaron.


Florence, que ahora vive en Makeni, dijo a Amnistía Internacional:


Cuando me dispararon en la vagina tuve problemas; no controlaba los intestinos ni la orina. Fui al hospital y ya no tengo problemas con los intestinos, pero sigo teniéndolo con la orina. No me han hecho ningún seguimiento después de la operación. Me dijeron que fuera a Naves de Esperanza, y lo intenté dos veces, pero las dos me dijeron que no podía entrar porque me faltaba un papel. (8)


Hawa habló sobre el impacto que la violación por un grupo ha tenido sobre su hija:


Mi hija mayor fue violada por un grupo cuando tenía 10 años; ahora, a los 17, no puede caminar bien. Aunque sé que necesita una operación, no tenemos dinero, así que sólo ha recibido una medicina que no la cura.


Aunque el gobierno, a través de la Comisión Nacional para la Acción Social, ha hecho esfuerzos por crear estructuras de salud en la Sierra Leona rural, la información recibida de los jefes de varias comunidades revela la frustración por la ausencia de medicinas y personal cualificado.(9) Organizaciones como Médicos sin Fronteras, que lleva trabajando en Sierra Leona desde mediados de la década de 1990, siguen subrayando el mal estado del sector de salud y el impacto que esto tiene en la población. En agosto de 2007, Médicos sin Fronteras (Centro operacional de Amsterdam) dejó el país a pesar de que muchos de los indicadores de salud siguen siendo muy malos, e indican que ni siquiera se abordan adecuadamente las necesidades de atención médica básica.


Sierra Leona tiene uno de los índices de mortalidad materna más altos del mundo: 2.000 de cada 100.000 mujeres mueren durante el parto. Hay graves problemas de acceso a información de salud fiable, unos elevados índices de prácticas tradicionales nocivas, e insuficientes servicios de salud ginecológica y reproductiva a disposición de mujeres y niñas. Debe hacerse más hincapié en proporcionar información exacta sobre la salud de las mujeres y dar servicios, incluido el acceso a atención médica primaria, a personal cualificado de ayuda al parto y a servicios de salud especializados.


9. Escaso acceso al trabajo, la educación y la vivienda

En las conversaciones con mujeres de toda Sierra Leona, éstas expresaron sentimientos de frustración y desesperación al hablar de su deseo de trabajar y recibir educación, y describieron las escasas opciones con las que contaban. Mamata, de Kailahun, reflexionó sobre la manera en que vivían muchas mujeres y niñas de esa localidad:


Todas nosotras seguimos sufriendo. Tenemos que actuar como esclavas para sobrevivir. Todas trabajamos para otras personas: cuidamos a sus niños, les limpiamos la casa y les preparamos la comida. Muchas tenemos discapacidades. Ninguna vivimos como lo haríamos en nuestro poblado, si viviéramos allí. Somos como esclavas. Nuestros hijos no van a la escuela, no tenemos comida ni casa.


10. Discriminación por la edad


La desesperación era especialmente aguda para las mujeres de más de 25 años, cuando se daban cuenta de lo limitado de sus opciones. Demasiado mayores para ir a la escuela, y con escasas probabilidades de contraer matrimonio, estas mujeres buscaban programas de formación profesional, agricultura y microcréditos. Sin embargo, descubrían que la mayoría de los programas gestionados por ONG estaban dirigidos a menores, mientras que los programas comerciales eran demasiado caros o no ofrecían servicio de guardería, por lo que a las que tenían hijos o hijas les era imposible participar. Muchas de las mujeres de más edad con las que habló Amnistía Internacional subrayaron también lo limitadas que eran sus opciones. Hawa, de Port Loko, dijo a Amnistía Internacional: "Después de la guerra volví a Port Loko, pero no había programas para mujeres de mi edad. Entonces decidí volver a Makeni porque era una ciudad más grande". Muchas se habían visto separadas de sus familias y habían sufrido la humillación de ser violadas o tratadas con brutalidad por niños o muchachos tan jóvenes como sus propios hijos o nietos, pero no tenían a nadie que las cuidara o con quien hablar sobre estas experiencias.


11. Educación inaccesible


El elevado coste de la educación causaba una tensión importante, ya que a las mujeres adultas con hijos o hijas les preocupaba ganar suficiente dinero para poder enviarlos a la escuela, mientras que a las niñas que tenían hijos o hijas les preocupaba también ir a la escuela ellas mismas. Aunque la escuela elemental era gratuita, las familias tenían que aportar ellas los libros y los uniformes escolares, algo fuera del alcance de algunas familias, que a consecuencia de ello no podían enviar a sus niños a la escuela. El precio de la educación secundaria, que oscilaba entre los 20.000 y los 75.000 leones (entre 7 y 25 dólares estadounidenses) por curso, era prohibitivo para la mayoría de las familias. El jefe de Makenilol se lamentaba del elevado coste de la educación, y decía: "Es importantísimo que nuestros niños rurales vayan a la escuela, pero para la mayoría de la gente es demasiado caro".


12. La prostitución conduce a una mayor marginación


La escasez de programas concebidos para ayudar a las mujeres y niñas a dejar atrás el conflicto y reconstruir su vida hizo que algunas de ellas recurrieran a la prostitución. Jamesina, de Makeni, dijo a Amnistía Internacional:


Pasé por el programa de Desarme, Desmovilización y Reintegración, pero la formación profesional que me dieron allí no era suficiente. La formación duró seis meses y luego nos dieron una máquina para cada dos personas. Le vendí mi parte de la máquina a la otra chica, pero el dinero se agotó rápidamente, y la única opción que me quedó fue prostituirme, ya que era mi única manera de ganar dinero.


13. Una constante de discriminación, violencia y negación de justicia


Los altos niveles de violencia contra las mujeres en Sierra Leona y la aceptación, por parte de la sociedad, de la violencia como algo "normal" son, en parte, resultado de la actitud del gobierno al no procesar a los autores de las violaciones y violencia sexual perpetradas durante el conflicto ni a los responsables de la constante violencia contra mujeres y niñas en el hogar y la comunidad. Pese a la obligación del gobierno de proteger a las mujeres frente a la violación y la violencia sexual, sólo se han tomado unas pocas medidas para abordar estos delitos.


Amnistía Internacional cree que esta falta de castigo para los autores de delitos cometidos tanto en el pasado como en la actualidad da la sensación de que éstos no tendrán que enfrentarse a las consecuencias de sus actos, ignora la angustia de las víctimas y crea un riesgo de violaciones futuras.


Tras una seria campaña de la sociedad civil respecto a los fundamentales proyectos de ley sobre los derechos de las mujeres que llevan pendientes desde 2003, en junio de 2007, justo antes del cierre parlamentario, se aprobaron tres importantes proyectos: el Proyecto de Ley sobre Violencia Doméstica, el Proyecto de Ley sobre el Registro del Matrimonio Consuetudinario y Divorcio, y el Proyecto de Ley sobre Sucesión Intestada. El Proyecto de Ley sobre Violencia Doméstica castiga la violencia en la familia y proporciona a la policía las herramientas legales que necesita para investigar y enjuiciar estos delitos. El Proyecto de Ley sobre el Registro del Matrimonio Consuetudinario y Divorcio y el Proyecto de Ley sobre Sucesión Intestada pueden ayudar a mejorar la situación de las mujeres en la Sierra Leona rural al permitirles un mayor acceso a la propiedad y mayores derechos en el matrimonio, facilitándoles el abandono de relaciones de abuso. Sin embargo, en la Sierra Leona rural el auténtico desafío será garantizar que es la policía la que hace cumplir estas leyes, y que no se deja su aplicación, de manera informal e ilegal, en manos de los jefes, ya que esto perpetúa la discriminación contra las mujeres.


14. Desafíos pendientes


Pese a la aprobación de los proyectos de ley sobre los derechos de las mujeres antes mencionados, sigue quedando un largo camino que recorrer para disuadir de que se cometan abusos. No es sólo que la violencia contra mujeres y niñas sea endémica, es que los esfuerzos para procesar a sus responsables han sido en gran medida inefectivos. Las conversaciones con la persona encargada de la coordinación de asuntos de género en el Comité Internacional de Rescate en julio de 2007 indicaron que la violación, incluida la violación a manos de grupos, no había cesado.


Ayer mismo supe de una niña que había sido violada por un grupo con tal brutalidad que había muerto. Eran hombres de su poblado. Anteayer oímos otro caso. La violación sigue siendo una práctica muy común en Sierra Leona, y apenas se está haciendo nada para detenerla.


Amnistía Internacional siente preocupación porque la mediación en casos de violación contribuye a la impunidad y facilita que el Estado eluda su obligación de garantizar que se persigue la violencia contra las mujeres. La restauración de la "paz" suele tener como finalidad lograr un entendimiento entre las familias, y esos acuerdos no suelen dar prioridad a las necesidades de las víctimas, incluida la necesidad de justicia. Una empleada del Ministerio de Bienestar Social y de Asuntos de Género e Infantiles habló de los desafíos de enjuiciar casos actuales de violencia contra las mujeres, incluida la violación. Dijo a Amnistía Internacional:


Incluso cuando se anima a las niñas a denunciar los casos a la Unidad de Apoyo a la Familia, parece que el magistrado busca soluciones pacíficas para el problema, en lugar de enjuiciar el caso. Creo que, si tanto la familia como el magistrado optan por una solución pacífica, ambos deberían ser multados. Estas prácticas desaniman a las niñas a la hora de denunciar siquiera los casos.(10)


IV La obligación del gobierno de garantizar justicia y reparación


Según el derecho internacional, las personas responsables de actos de violación, esclavitud sexual y violencia sexual que constituyan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y tortura deben ser llevadas ante la justicia, y las sobrevivientes deben recibir reparación plena y efectiva.


En 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones.(11) En ellos se codifica la obligación de los Estados en virtud del derecho internacional de responder a los delitos graves contemplados por el derecho internacional, cuando se cometan, haciendo valer los derechos de las víctimas.


Estos Principios y Directrices Básicos establecen que los Estados deben garantizar que las víctimas reciben justicia. Además, afirman la obligación de los Estados, en virtud del derecho internacional, de investigar los delitos contemplados por el derecho internacional (incluidos la violación, la esclavitud sexual y la violencia sexual que constituyen crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y tortura) y, cuando existan pruebas admisibles suficientes, procesar a los sospechosos de haberlos cometido.(12) Los juicios deben cumplir las normas internacionales de justicia procesal, y no debe aplicarse en ningún caso la pena de muerte. La obligación de investigar y enjuiciar estos crímenes prohíbe la adopción de amnistías nacionales que abarquen estos delitos.(13)


Los Principios y Directrices Básicos afirman que las víctimas de esos delitos tienen asimismo derecho a una reparación plena y efectiva en virtud del derecho internacional. El derecho de reparación está bien establecido en el derecho internacional de los derechos humanos como elemento central del derecho de remedio contenido en tratados de derechos humanos internacionales y regionales.(14) El derecho y las formas de reparación por violaciones del derecho internacional de los derechos humanos están establecidos expresamente en varios instrumentos y jurisprudencia de tribunales y órganos regionales e internacionales de derechos humanos.(15) En la mayoría de los casos en los que se han cometido estos delitos, los gobiernos son los primeros responsables de proporcionar reparación, a causa de la participación del propio Estado en los crímenes y porque el Estado no ha protegido a sus ciudadanos. En Sierra Leona, tal como señala el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación:


La Comisión opinó que el Estado tiene la obligación legal de proporcionar reparación por las violaciones cometidas por agentes tanto estatales como privados [...] Los Estados tienen la obligación de garantizar el disfrute de los derechos humanos y de asegurar que quienes violan los derechos humanos comparecen ante la justicia y que se otorga reparación a las víctimas.


Los Estados no sólo tienen la obligación de respetar los derechos humanos ellos mismos; también están obligados a garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de los agentes privados y a impedir las violaciones. Si el gobierno no aplica la diligencia debida para responder adecuadamente las violaciones de derechos humanos o prevenirlas estructuralmente, será legal y moralmente responsable.(16)


Según el derecho internacional, las personas que cometen delitos,(17) los grupos armados que cometen delitos(18) y otros Estados cuyas fuerzas cometen delitos pueden tener también el deber de otorgar reparaciones.(19) Sin embargo, en Sierra Leona, el gobierno, mediante el establecimiento de la amnistía de Lomé, ha impedido que las víctimas obtengan reparación de individuos y grupos armados. Tampoco ha pedido reparación a otros Estados implicados en el conflicto. En estas circunstancias, el gobierno es responsable de otorgar reparación por todos los delitos, lo que no equivale a decir que, para cumplir con este deber, no pueda aceptar la ayuda de organizaciones humanitarias y no gubernamentales, donantes internacionales, la ONU y otros agentes.

En lo que se refiere a qué reparación debe proporcionar el Estado, el derecho internacional establece:


la reparación debe, en toda la medida de lo posible, hacer desaparecer todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que, con toda probabilidad, habría existido de no haberse cometido dicho acto.(20)


Los Principios y Directrices Básicos de la ONU describen cinco formas reconocidas de reparación: rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición. La rehabilitación, la restitución y la indemnización están concebidas para afectar directamente a la persona, mientras que la satisfacción y las garantías de no repetición son menos directas y contribuyen al objetivo, más amplio y a más largo plazo, de la restauración.


La restituciónimplica medidas destinadas a devolver a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos, y comprende, según proceda:

· el restablecimiento de la libertad;

· el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía;

· el regreso a su lugar de residencia;

· la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes.


Esta forma de reparación establece que han de tomarse medidas para abordar la situación de las mujeres dentro de la familia o la comunidad a consecuencia de los abusos sufridos. También puede ayudar a garantizar que las personas pueden regresar a sus hogares y tener acceso al tipo de empleo que tenían antes del conflicto.

La indemnizaciónimplica compensaciones económicas por todos los perjuicios económicamente evaluables, como:

· el daño físico o mental;

· la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;

· los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;

· los perjuicios morales;

· los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.


La rehabilitaciónincluye la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales. Tal como se identifica en este informe, las necesidades de rehabilitación de las sobrevivientes de violencia sexual en Sierra Leona son inmensas.


La satisfacción, a la que el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación se refiere como una reparación simbólica, incluye medidas como:


· la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad;

· la búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;

· una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;

· una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;

· la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones;

· conmemoraciones y homenajes a las víctimas.


Las garantías de no repeticiónvan un paso más allá de tratar de restablecer la situación que habría existido si no se hubieran cometido los delitos. Se trata de tomar medidas para abordar las condiciones que condujeron a los delitos, con el fin de que éstos no puedan volver a cometerse. Esas medidas incluyen:


· la reforma del ejército o la policía;

· el fortalecimiento de la independencia del poder judicial;

· la educación de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario;

· la promoción de la resolución de conflictos;

· la revisión y reforma de las leyes que contribuyan a los delitos contemplados por el derecho internacional humanitario o los permitan.


No existe una fórmula establecida para responder de manera efectiva a los delitos de violencia sexual, y deben elaborarse programas que incluyan una diversidad de medidas y tengan en cuenta principalmente las opiniones y necesidades de las sobrevivientes.


La Declaración de Nairobi sobre el derecho de las mujeres y las niñas a interponer recursos y obtener reparaciones, adoptada en marzo de 2007 en una reunión de organizaciones de mujeres y de la sociedad civil, establece medidas específicas y globales para reconocer las experiencias que por motivos de género sufren las mujeres y niñas en situaciones de conflicto. El artículo 3 de la Declaración dispone:(21)


Que las reparaciones deben impulsar, al final del conflicto, la transformación de las injusticias socioculturales y desigualdades políticas y estructurales que inciden en la vida de las mujeres y las niñas; que no bastan la reintegración y la restitución en sí como objetivos de las reparaciones, ya que los orígenes de las violaciones contra las mujeres y las niñas anteceden a las situaciones de conflicto.(22)


La Declaración deja asimismo claro en sus recomendaciones que las medidas para incluir a las mujeres deben abordar de forma sustantiva los impedimentos a que éstas se enfrentan:


Los gobiernos no deben realizar proyectos de desarrollo en vez de otorgar reparaciones. Todas las sociedades que salen de un conflicto necesitan reconstrucción y desarrollo. Los programas de reparación son parte integrante de este proceso. Las víctimas, en particular las mujeres y las niñas, se enfrentan con obstáculos que les impiden aprovechar las oportunidades que brinda el desarrollo, siendo continuamente excluidas.


V El gobierno y la provisión de justicia y reparaciones a las sobrevivientes


Pese a las obligaciones del gobierno de Sierra Leona, apenas se ha hecho nada para garantizar justicia y reparación a las sobrevivientes de violencia sexual. Esta cuestión se ha planteado en una diversidad de contextos. Sin embargo, como se muestra más abajo, en la mayoría de las ocasiones los derechos de las sobrevivientes se han ignorado o no se han considerado prioritarios.


1. Demoras en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación respecto a un programa de reparaciones


El proceso de la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha proporcionado el contexto principal para desarrollar un programa global de reparaciones para las víctimas del conflicto. La Comisión trabajó para crear un registro histórico de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas durante el conflicto, identificando los motivos de esos abusos y creando un marco de recomendaciones concebido principalmente para abordar las causas subyacentes de conflicto y para ayudar a construir unos cimientos sólidos para el futuro de Sierra Leona. En la Comisión participaron un total de 11.991 víctimas, de las que aproximadamente 1.012 eran víctimas de violencia sexual.


Al finalizar su trabajo, la Comisión publicó un informe detallado de sus conclusiones y formuló recomendaciones para un programa de reparaciones que debía establecer el gobierno.(23) La Comisión identificó cinco grandes categorías de víctimas que debían recibir reparación, basándose en su grado de vulnerabilidad. Las categorías eran: personas con heridas de guerra, personas con amputaciones, víctimas de abusos sexuales, menores y viudas de guerra.(24) Eso significa que las mujeres son un foco especial del programa de reparaciones a causa de su sufrimiento directo y de su papel como principales cuidadoras de menores. A través de amplias consultas con víctimas y proveedores de servicios, la Comisión de la Verdad y Reconciliación recomendó que un programa de reparaciones se centrara en la salud mental y física, la educación, la comunidad y las reparaciones simbólicas.


Las víctimas de la violencia sexual se definieron como mujeres y niñas que habían sido sometidas a actos tales como la violación, la esclavitud sexual, la mutilación de genitales o pechos, y el matrimonio forzado. Es importante interpretar de forma amplia la definición que la Comisión da de este grupo, señalando que la lista de delitos no pretende ser exhaustiva. La Comisión habla de delitos generalizados de abuso sexual que no constituyen violación, esclavitud sexual, mutilación o matrimonio forzado y que deben ser abordados por el programa de reparaciones.(25) También se considera víctimas a hombres y niños. En algunas circunstancias se identifica también como víctimas con derecho a reparación a los niños y niñas nacidos a consecuencia de violaciones y que han sufrido daño.


Las recomendaciones de la Comisión sobre las sobrevivientes de violencia sexual se basan en la accesibilidad y disponibilidad de servicios de salud mental para las mujeres. El principal remedio recomendado para abordar las diversas consecuencias de la violación y la violencia sexual era un servicio de salud gratuito. También se recomendaban el acceso a cirugía para las fístulas, la realización de pruebas gratuitas y tratamiento para el VIH/sida y las enfermedades de transmisión sexual, y el asesoramiento psicosocial gratuito para todas las víctimas. Se recomendaba que hubiera asistencia psicológica para traumas en todos los centros médicos que tratan actualmente a las mujeres, incluidos los centros de salud reproductiva y los hospitales. También se recomendaba que se pusieran a disposición de las víctimas de violencia sexual oportunidades de formación profesional y microcréditos que las ayudaran a rehacer su vida.


La Comisión reconoció que el gobierno es el principal responsable de proporcionar reparaciones, y recomendó que se designara la Comisión Nacional para la Acción Social como principal órgano de aplicación. También recomendó que las contribuciones procedieran del presupuesto gubernamental, y sugirió utilizar los ingresos generados por los recursos minerales e instituir un plan de ayuda económica para las reparaciones. Otras sugerencias se centraban en un impuesto de reparaciones o paz, la búsqueda de la ayuda de los donantes y el trabajo con el Tribunal Especial para Sierra Leona para requisar los bienes de los condenados. También se sugirieron la contribución en especie por parte de ex combatientes y otras estrategias económicas.(26)


Como parte de su informe, la Comisión recomendó que la Comisión Nacional para la Acción Social estableciera una subunidad, en un plazo de tres meses a partir de la presentación del informe, y que empezara a trabajar en la aplicación de las reparaciones más urgentes en un plazo de seis meses. No obstante, pese a los continuos llamamientos de la sociedad civil, tres años después todavía no se ha iniciado la aplicación del programa de reparaciones.(27)


En junio de 2005, casi un año después de haber recibido el informe de la Comisión, el gobierno emitió un libro blanco sobre las recomendaciones formuladas en él. Muchos creen que, en lugar de elaborar un libro blanco, el gobierno debería haber empezado a aplicar las recomendaciones de la Comisión, especialmente las identificadas como imperativas. El libro blanco concluía que el gobierno:


Utilizará sus mayores esfuerzos para garantizar la aplicación completa y oportuna de los diversos programas de reparaciones recomendados por la Comisión, con los medios de que dispone el Estado, teniendo en consideración los recursos de que dispone y la ayuda recibida de la comunidad internacional y de los países mencionados en el Informe.


Finalmente, el 8 de septiembre de 2006, una directiva gubernamental aprobó la designación de la Comisión Nacional para la Acción Social como órgano de aplicación del programa de reparaciones. Además, designó un grupo especial de reparaciones, presidido por un representante de la Comisión Nacional para la Acción Social y que contaba entre sus miembros con un representante de la Oficina de la Vicepresidencia del Gobierno, un representante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el jefe de la sección de Derechos Humanos y Estado de Derecho de la Oficina Integrada de la ONU en Sierra Leona (UNIOSIL), un representante de la sociedad civil perteneciente a la organización nacional Foro para la Conciencia, y un representante de las víctimas perteneciente a la Asociación de Personas Amputadas de Sierra Leona.


Resulta descorazonador que en el grupo especial no hubiera representada ninguna mujer u organización de mujeres, lo que hace dudar del compromiso del gobierno respecto a la participación de las mujeres. El grupo especial mantuvo reuniones periódicas durante los primeros meses de 2007. En ese tiempo, obtuvo el asesoramiento experto de organizaciones no gubernamentales, incluida REDRESS.(28) En enero de 2007, REDRESS publicó un documento de opciones preliminares para el grupo de trabajo, en el que exponía recomendaciones para la estructura y el funcionamiento del programa de reparaciones.(29)


En mayo de 2007, el grupo especial presentó al gobierno una propuesta en la que exponía en qué consistiría el programa de reparaciones y los pasos necesarios para hacerlo operativo. Aunque el gobierno había accedido en principio a las recomendaciones contenidas en el informe, hasta la fecha este informe no se ha hecho público.


2. Demoras en el establecimiento del Fondo Especial para Víctimas de Guerra


El artículo XXIX del Acuerdo de Paz de Lomé disponía el establecimiento de un Fondo Especial para Víctimas de Guerra.(30) Su texto dice así:


El Gobierno, con el apoyo de la Comunidad Internacional, elaborará y pondrá en práctica un programa para la rehabilitación de las víctimas de guerra. Con este fin, se establecerá un fondo especial.


En su informe de 2004, la Comisión de la Verdad y Reconciliación reconoció la importancia de establecer el Fondo Especial para Víctimas de Guerra, y recomendó que se estableciera tres meses después de la finalización del informe.


Ocho años después de la firma del Acuerdo de Paz, pese a la obligación del gobierno de poner esto en práctica y pese a las reiteradas peticiones de la sociedad civil, el fondo no se ha establecido. La demora ha causado indudablemente un sufrimiento añadido, ya que ha negado a las sobrevivientes de violencia sexual el acceso a la rehabilitación física y psicológica que necesitan recibir lo antes posible después de cometido el delito. No cabe duda de que las demoras en proporcionar rehabilitación han ampliado el sufrimiento de las sobrevivientes y han agravado sus problemas físicos y psicológicos.


3. Falta de reconocimiento del sufrimiento de las víctimas


Las reparaciones son un instrumento importante para restaurar la confianza de la población. El reconocimiento por parte del gobierno, en forma de una disculpa pública que reconozca el sufrimiento de las víctimas, es una parte importante del proceso de curación. Sin embargo, y esto resulta inquietante, el gobierno de Sierra Leona, hasta la fecha, no ha puesto en práctica la recomendación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de que el presidente pida disculpas a las mujeres y reconozca su sufrimiento durante el conflicto. Durante las celebraciones del Día Internacional de la Mujer en marzo de 2006, las organizaciones de mujeres pidieron oficialmente al presidente que cumpliera con esta obligación. Sin embargo, en el largo discurso que siguió, el presidente no hizo ese reconocimiento, perdiendo así una importante oportunidad de traer un cierto alivio a las numerosas sobrevivientes de violación y violencia sexual.


Durante una visita de Amnistía Internacional en marzo de 2007 y un seminario en junio del mismo año, miembros de la sociedad civil y organizaciones de mujeres expresaron repetidamente su decepción y su frustración por la negativa del presidente a reconocer el sufrimiento de las mujeres, ya que ese reconocimiento no tendría ningún coste económico. Durante el seminario de junio, John Caulker, del Foro para la Conciencia, que actúa como miembro de la sociedad civil en el grupo de trabajo, declaró que el informe de 2007 del gobierno al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer afirmaba erróneamente que el presidente se había disculpado ante las mujeres de Sierra Leona por el trato que habían sufrido durante la guerra.


4. Negación de la justicia


La justicia es un elemento fundamental del proceso de reparación. El procesar a quienes han cometido crímenes y el reconocer públicamente la ilegalidad de sus actos es una importante forma de reconocer el daño causado a las víctimas. Tal como muestra este informe, en Sierra Leona son las sobrevivientes de violencia sexual las que sufren el estigma, no los autores de los delitos cometidos contra ellas. Los procesamiento penales desafían los supuestos sociales que subyacen bajo la estigmatización.


El proceso judicial es asimismo un importante complemento de otras formas de reparación. Un sistema de justicia que funcione adecuadamente permitirá a las sobrevivientes describir lo que les sucedió en un entorno en el que su dignidad está protegida. En los países que, como Sierra Leona, cuentan con un código penal basado en el derecho ingles, las condenas penales pueden ser la base de demandas ante tribunales civiles nacionales para pedir otras formas de reparación. El procesamiento de los delitos es también un importante medio para disuadir a la gente de que los repita. La Declaración de Nairobi establece además que el acabar con la impunidad mediante procedimientos judiciales por delitos contra mujeres y niñas es un componente crucial de la política de reparaciones, y un requisito establecido por el derecho internacional.


Apenas se ha hecho justicia con las sobrevivientes de la violencia sexual relacionada con la guerra en Sierra Leona. El 20 de junio de 2007, el Tribunal Especial para Sierra Leona declaró a tres miembros destacados del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas culpables de 11 de los 14 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que se les imputaban, y que incluían violación y atentados contra la dignidad personal tales como esclavitud sexual. Hay que destacar que fue la primera vez que alguien de Sierra Leona rendía cuentas por delitos relacionados con la guerra. Aunque constituye un importante paso adelante en la lucha contra la impunidad, es sólo una respuesta pequeña y parcial a la hora de abordar la impunidad por estos crímenes, ya que miles de responsables más han eludido la acción de la justicia.


En parte, esta impunidad se debe a la cláusula de amnistía del Acuerdo de Lomé del 7 de julio de 1999, que prohíbe el procesamiento de cualquier persona que hubiera cometido entre 1991 y 1999 crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra u otros delitos contemplados por el derecho internacional. Además de impedir el procesamiento penal, la amnistía de Lomé también impide que las víctimas de delitos pidan reparación a los perpetradores ante los tribunales nacionales de Sierra Leona. Asimismo, es imposible enjuiciar los delitos cometidos entre 1999 y 2002, cuando las hostilidades finalmente cesaron, ya que Sierra Leona todavía no ha definido como delito en su legislación nacional los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y la tortura. Además, hasta la fecha no se ha procesado a nadie por las violaciones y asesinatos cometidos durante el conflicto, pese a que se trata de delitos contemplados por el Código Penal de Sierra Leona. A consecuencia de ello, miles de víctimas han quedado sin acceso a cualquier forma de justicia ante los tribunales nacionales.(31)


Amnistía Internacional sigue pidiendo al gobierno de Sierra Leona que revoque su ley de amnistía y que dé prioridad al restablecimiento del sistema de justicia nacional con el fin de poner en práctica una estrategia general para investigar todos los delitos cometidos durante el conflicto y procesar a todos los sospechosos de haberlos cometido. Amnistía Internacional también considera que deben hacerse todos los esfuerzos posibles para aplicar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional e incorporarlo al sistema jurídico y judicial de Sierra Leona.(32)


5. Falta de garantías sobre la participación de mujeres y niñas en el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración


Los estudios llevados a cabo sobre los programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración concluyeron que había una gran disparidad entre el número de mujeres y niñas que se cree que participaron en las fuerzas de combate y las que entraron en dichos programas.(33) Por ejemplo, se calcula que, de un total de 8.216 niños y niñas soldados, aproximadamente 2.056 eran niñas. Sin embargo, de los 6.558 niños y niñas soldados que pasaron por el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración, sólo 506 eran niñas. Además, los niños y niñas recibieron los mismos beneficios, o similares, del proceso, lo que indica que se hicieron pocos esfuerzos por comprender en qué se diferenciaban las necesidades de las niñas después del conflicto de las de los niños.


En 2004, en respuesta a esta baja participación de las niñas, UNICEF creó un proyecto llamado "Niñas olvidadas" (Girls Left Behind). Un millar de niñas de los distritos de Kono y Bombali se beneficiaron de este proyecto, que les proporcionó formación profesional, acceso a atención médica, atención psicosocial, guarderías para sus hijos y, al graduarse, un capital para iniciar un negocio. También hubo un componente de reintegración en el que asistentes sociales trabajaron en el ámbito de la comunidad para ayudar a las niñas a reintegrarse.


6. Falta de aplicación de las recomendaciones generales de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, incluidas las reformas sociales, económicas y legales


El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación se presentó al presidente en octubre de 2004. La Ley de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, de 2000, establece que el gobierno de Sierra Leona debe poner en práctica las recomendaciones de la Comisión de manera "fiel" y "oportuna". Sin embargo, más de tres años después de la recepción del informe, el gobierno apenas ha dado señales de estar dispuesto a cumplir con sus obligaciones legales.


Las recomendaciones no se han puesto en práctica de manera general, aunque sí se han introducido algunas de las reformas recomendadas por el informe de la Comisión, como el Proyecto de Ley sobre Violencia Doméstica, el Proyecto de Ley sobre Sucesión Intestada y el Proyecto de Ley sobre el Registro del Matrimonio Consuetudinario y Divorcio. Una recomendación fundamental que debe ponerse en práctica inmediatamente es la designación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, constituida en 2006, como institución responsable de garantizar que el gobierno pone en práctica todas las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Esta medida es necesaria para que se ejerza sobre el gobierno una presión continua destinada a garantizar que se ponen en práctica todas las recomendaciones.


7. Ausencia de sistemas que permitan a las sobrevivientes de delitos enjuiciados por el Tribunal Especial pedir indemnización a los acusados


Amnistía Internacional manifestó su decepción por el hecho de que el Estatuto del Tribunal Especial, del año 2000 y negociado entre el gobierno y Naciones Unidas, no seguía el ejemplo establecido por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de adoptar provisiones progresivas sobre las reparaciones. El Estatuto de Roma proporciona una serie de reparaciones a las víctimas de los delitos que enjuicia, y pide el establecimiento de un fondo para garantizar que se dispone de recursos si la persona condenada carece de medios para otorgar reparación.


En lugar de eso, el Estatuto del Tribunal Especial adoptó un enfoque considerablemente más restringido, y estableció que el Tribunal sólo podía ordenar la confiscación de bienes arrebatados a las víctimas por una persona condenada y devolverlos a su propietario o propietaria legal.(34) En el Estatuto se incluyen disposiciones para que las víctimas pidan indemnización a las personas condenadas por el Tribunal Especial, pero no pueden pedirla directamente al Tribunal. En lugar de eso, deben pedirla a través de los tribunales nacionales, lo que suscita preocupación, ya que el débil sistema de justicia nacional posiblemente no será capaz de tratar estos casos de manera rápida y efectiva.(35) También preocupa la ausencia de un acceso real a procesos legales formales para las mujeres rurales de Sierra Leona.


Pese a los llamamientos de Amnistía Internacional, el gobierno hasta ahora no ha revisado el sistema de justicia nacional para garantizar que se establecen procedimientos para que las víctimas de delitos enjuiciados por el Tribunal Especial pidan indemnización ante los tribunales nacionales sin demora. En concreto, no está claro si se establecerá un sistema rápido para que las víctimas puedan pedir indemnización sin demora o si las víctimas recibirán asistencia legal para pedir dicha indemnización.


VI Reconocer los esfuerzos de agentes no gubernamentales por garantizar la reparación a las sobrevivientes


Aunque este informe se centra principalmente en la inacción del gobierno para garantizar reparación a las sobrevivientes de violencia sexual, es importante reconocer que otros agentes han tomado iniciativas para abordar el sufrimiento de estas sobrevivientes.


1. El activismo de la sociedad civil para que las reparaciones se incluyan en el programa


En marzo de 2005 se celebró una conferencia nacional de conmemoración organizada por organizaciones de la sociedad civil con el apoyo del Tribunal Especial para Sierra Leona. En junio de 2006 se celebró en Freetown una reunión promovida por la sociedad civil para pedir al gobierno de Sierra Leona que incluyera las reparaciones en su programa. En marzo de 2007, las organizaciones de la sociedad civil celebraron conferencias en toda Sierra Leona para comunicar al gobierno la preocupación de la sociedad civil en torno al estado del proceso de reparaciones.


Las organizaciones de la sociedad civil y el grupo especial sobre reparaciones participaron también en un seminario organizado por Amnistía Internacional en Freetown el 26 de junio de 2007, Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. A esto le siguió una declaración firmada por el Programa de Vigilancia Judicial de Sierra Leona, la Asociación de Organizaciones no Gubernamentales de Sierra Leona y Amnistía Internacional. En ella se expresaba la preocupación por el proceso de reparaciones y se pedía que se garantizara la participación de las mujeres, fundamental para el proceso.


2. Organizaciones de mujeres


Pese a la ausencia de una respuesta general coordinada para hacer frente a las necesidades de las niñas en la Sierra Leona posterior al conflicto, en la actualidad hay varios programas dirigidos a las mujeres y niñas que fueron víctimas de violación y violencia sexual. Entre las iniciativas con las que Amnistía Internacional ha entrado en contacto se encuentran Help a Needy Child, Fondo Cristiano para la Infancia, Women in Crisis, Action of Children in Armed Conflict y Cáritas. Básicamente, sus servicios se dirigen a niñas y jóvenes vulnerables de hasta 25 años de edad que han sido madres. Estos programas proporcionan formación profesional, atención médica, cuidado infantil, asistencia psicosocial y, tras graduarse, un capital con el que aplicar en la práctica lo que han aprendido. El personal de estas organizaciones ha reconocido que sus programas sólo atienden una fracción de las necesidades psicosociales, físicas y económicas de las mujeres y niñas.


Hay que apoyar sin reservas los esfuerzos del Foro de Mujeres en Sierra Leona por hacer campaña ante el gobierno y otros miembros de la sociedad civil para que firmen la Declaración de Nairobi, y otras organizaciones de mujeres deben implicarse más activamente.


3. Donantes internacionales


Existe la posibilidad de que la Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas(36) proporcione financiación procedente de los 35 millones de dólares estadounidenses que el Fondo de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas(37) ha puesto a disposición de Sierra Leona. Según los miembros del grupo de trabajo sobre reparaciones, están intentando conseguir un total de aproximadamente tres millones de dólares para reparaciones, de los cuales un millón aproximadamente se utilizará para la unidad de reparaciones de la Comisión Nacional para la Acción Social y para iniciar el proceso de identificar a las víctimas, y dos millones se destinarán al Fondo Especial para Víctimas de Guerra. No obstante, la provisión de estos fondos depende del compromiso del propio gobierno de Sierra Leona para con el proceso.


En sus conversaciones con Amnistía Internacional, los miembros del grupo de trabajo sobre reparaciones subrayaron, según los informes, la necesidad adicional de que los donantes respaldaran el Fondo Especial para Víctimas de Guerra, y dijeron que el lanzamiento de este fondo sería fundamental para el éxito del programa. También alegaron que era en gran medida responsabilidad del gobierno de Sierra Leona poner esto en marcha. No obstante, en las conversaciones de seguimiento con donantes internacionales, sólo la oficina de la Unión Europea tuvo noticia de que se estuvieran haciendo progresos para establecer el Fondo Especial para Víctimas de Guerra y era consciente del hecho de que las contribuciones voluntarias de los donantes serían esenciales para el programa de reparaciones.


Deben hacerse todos los esfuerzos posibles para impedir que se confundan las reparaciones con los fondos proporcionados por la comunidad internacional para proyectos de desarrollo. Todo el dinero asignado para reparaciones debe identificarse claramente como tal y mantenerse separado de la financiación para otros proyectos.


4. Tribunal Especial para Sierra Leona


El Tribunal Especial ha hecho importantes contribuciones adicionales para que se otorgue reparación a las víctimas de violencia sexual. Aunque sólo está enjuiciando unos nueve casos, la Fiscalía ha tratado de abordar delitos de violencia sexual en todos ellos.(38) Es de esperar que esto sensibilice respecto al alcance de los delitos de violencia sexual perpetrados durante el conflicto y respecto a su impacto en toda Sierra Leona, y que transmita un enérgico mensaje que indique que los responsables deben rendir cuentas de estos delitos para prevenir su repetición en el futuro. El Tribunal Especial ha reconocido también el sufrimiento de las víctimas, incluidas las sobrevivientes de violencia sexual, y ha celebrado una serie de actos conmemorativos, ofreciéndoles un cierto grado de satisfacción.


Amnistía Internacional recomienda que, mediante su trabajo sectorial y su activismo, el Tribunal Especial dé a conocer en todo Sierra Leona el actual programa de reparaciones, y además insta al gobierno a acelerar el establecimiento del Fondo Especial para Víctimas de Guerra. Es fundamental un mayor conocimiento de la situación del proceso de reparaciones para persuadir al gobierno de que actúe al respecto.


5. La Comisión de la Verdad y Reconciliación


La verdad es, en sí misma, una forma de reparación, que puede empezar a restaurar la dignidad de las víctimas proporcionando un reconocimiento de su sufrimiento y estableciendo los hechos de los delitos cometidos contra ellas. A este respecto, la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha desempeñado un papel muy importante. Aunque muchas sobrevivientes de violencia sexual no pudieron participar en su proceso, algunas contaron su historia a la Comisión mientras ésta recopilaba datos. Como parte del proceso de recogida de información, la Comisión también celebró vistas públicas sobre la violencia contra mujeres y menores, vistas que brindaron a algunas sobrevivientes la oportunidad de hablar sobre lo que les había sucedido, y a sus oyentes la de escuchar sus experiencias. En su informe final, la Comisión dedica un capítulo entero al impacto del conflicto sobre las mujeres y expone el alcance de los delitos de violencia sexual contra mujeres y niñas. Este capítulo constituye un importante registro de lo sucedido y reconoce el sufrimiento de las sobrevivientes.


Aunque la Comisión, al igual que el Tribunal Especial para Sierra Leona, no ha proporcionado ningún tipo de indemnización, reconoció que: "La narración de la verdad sin reparaciones podría ser percibida por las víctimas como un proceso incompleto en el que ellas revelaron su dolor y sufrimiento sin que hubiera ningún mecanismo para hacer frente a las consecuencias de ese dolor o para modificar sustancialmente las circunstancias materiales de sus vidas".(39) Este sentimiento fue expresado por la mayoría de las mujeres con las que habló Amnistía Internacional y que habían participado en los procedimientos de la Comisión. Adama de Makeni dijo a Amnistía Internacional:


Bueno, nos dijeron que no nos beneficiaríamos directamente de nuestra participación, pero que habría alguna ayuda después. Ha pasado tanto tiempo, casi tres años, y no hemos visto nada. Estamos francamente desanimadas, porque la esperanza que se creó entonces se ha desvanecido.


6. Desarme, Desmovilización y Reintegración


El programa de Desarme, Desmovilización y Reintegración ha sido una importante contribución para conseguir el fin del conflicto y para rehabilitar a combatientes (especialmente niños y niñas soldados) y, de ese modo, garantizar que no se repite la violencia. En el caso de los menores, unos programas efectivos de Desarme, Desmovilización y Reintegración pueden proporcionar también servicios tales como la escolarización, la formación profesional y el acceso a atención tanto médica como psicosocial. Aunque se ha considerado un éxito, el programa de Desarme, Desmovilización y Rehabilitación de Sierra Leona, tal como se mencionó anteriormente, dejó en gran medida sin reconocer la experiencia de las mujeres y niñas.



VII Conclusión


Dados todos los desafíos a los que se enfrentan las mujeres de Sierra Leona, y lo inadecuado del programa de reparaciones hasta el momento, Amnistía Internacional tiene motivos de preocupación específicos en torno al compromiso del gobierno de otorgar reparaciones significativas a las víctimas de violencia sexual. Es evidente que, para la sociedad civil, es importante que se garantice que el gobierno sigue comprometido para con el proceso de reparaciones, cuyo éxito depende de que cuente con una financiación adecuada, sensibilidad de género, transparencia, rendición de cuentas, inclusión y participación de las víctimas.


Por ello, Amnistía Internacional cree que, a menos que se hagan esfuerzos importantes tanto para garantizar la participación de las organizaciones de mujeres que trabajan o han trabajado con sobrevivientes de violencia sexual como para hacer participar a las propias mujeres, es improbable que quienes más necesitan las reparaciones tengan acceso a ellas. La participación, la inclusión y la rendición de cuentas son cruciales, de lo contrario el propio programa de reparaciones correrá el peligro de negar a las sobrevivientes de violencia sexual su derecho a la reparación.


A las mujeres víctimas de violencia sexual en Sierra Leona les queda un largo camino por andar. Un programa de reparaciones significativo, en el que realmente participen las sobrevivientes de estos delitos, puede ser un paso adelante para ayudarlas a restaurar su dignidad y, en última instancia, adoptar un papel activo para superar sus terribles experiencias. Amnistía Internacional cree que las reparaciones deben estar encaminadas a ayudar a las mujeres a reconstruir sus vidas, a recuperarse del trauma de la violación sexual y a comprender y abordar el impacto de la violación en las comunidades con el fin de eliminar el estigma que padecen las sobrevivientes y combatir la discriminación contra las mujeres en la sociedad. Hay que tratar de transformar las injusticias socioculturales y las desigualdades estructurales que anteceden a la guerra. Para ello será necesario un importante compromiso de todas las partes interesadas.



VIII Recomendaciones


1. Al gobierno


Más de seis años después de terminado el conflicto, es fundamental que no haya más demoras y que se realicen progresos significativos para garantizar la justicia y las reparaciones para las sobrevivientes de violencia sexual. Amnistía Internacional pide al nuevo gobierno que demuestre la solidez de su compromiso de garantizar la justicia y la reparación a las numerosas víctimas, en consulta con la sociedad civil y los donantes y organismos internacionales y, cuando sea posible, con su apoyo y su ayuda. Amnistía Internacional pide al gobierno que adopte las siguientes medidas.


1. Reconocer públicamente el sufrimiento de las mujeres y niñas de Sierra Leona


El presidente de Sierra Leona debe poner en práctica la recomendación de reconocer el sufrimiento de las mujeres, especialmente las víctimas de violencia sexual, durante la guerra y pedir disculpas al respecto.


Debe demostrar su compromiso de aplicar debidamente el programa de reparaciones en Sierra Leona, y para ello el gobierno y el Parlamento deben firmar la Declaración de Nairobi sobre el derecho de las mujeres y las niñas a interponer recursos y obtener reparaciones


También debe manifestar públicamente su compromiso para con los Principios y Directrices Básicos de la ONU sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones.


2. Garantizar reparaciones para las sobrevivientes de violencia sexual


Establecer el Fondo Especial para Víctimas de Guerra

Los recursos son fundamentales para garantizar el éxito de un programa de reparaciones. El establecimiento del Fondo Especial para Víctimas de Guerra será una herramienta esencial para recaudar fondos nacional e internacionalmente. Debe establecerse sin más demora.


Hacer una contribución económica significativa para las reparaciones

Tal como se expone en este documento y en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el gobierno es responsable de proporcionar reparación a las víctimas. Aunque deben buscarse recursos multilaterales, bilaterales y no gubernamentales para poner en práctica el programa de reparaciones, el gobierno también debe demostrar su compromiso de cumplir con su obligación de otorgar reparaciones haciendo una contribución significativa al Fondo Especial y proporcionando todos los recursos necesarios para garantizar la aplicación del programa de reparaciones.


Poner en práctica sin demora el programa de reparaciones recomendado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación

Amnistía Internacional cree firmemente que el programa de reparaciones propuesto por la Comisión de la Verdad y Reconciliación debe ser una máxima prioridad para el gobierno. La organización insta al gobierno a establecer la infraestructura necesaria para poner cuanto antes en práctica el programa de reparaciones de la Comisión, y a adoptar las recomendaciones formuladas por REDRESS respecto a la estructura y el trabajo del órgano de aplicación del programa de reparaciones. Deben hacerse todos los esfuerzos posibles para empezar a otorgar reparaciones a las víctimas de la violencia sexual en los próximos meses. Y hay formas específicas de reparación, como una disculpa pública del gobierno, que podrían ponerse en práctica mucho antes.


Garantizar la transparencia, la consulta y la experiencia en cuestiones de género en la puesta en práctica del programa de reparaciones

Es fundamental que los programas de reparaciones se preparen de manera abierta, con la participación de organizaciones de mujeres y en consulta con las víctimas. Por ello, el gobierno debe garantizar que el proceso de creación de estos programas es transparente.


Como primer paso, el gobierno debe reconocer que fue un error el no incluir a ninguna mujer u organización de mujeres en el grupo de trabajo establecido en 2006 para ayudar a la Comisión Nacional para la Acción Social. El gobierno debe garantizar que los mecanismos futuros incluyen a mujeres con experiencia en violencia de género.


En segundo lugar, debe hacerse pública la propuesta presentada por el grupo de trabajo en mayo de 2007 y abrir el documento para consulta. El gobierno debe intentar activamente que participen las víctimas. Es importante que haya una consulta con las sobrevivientes de violencia sexual, que debe incluir a las organizaciones de mujeres que las apoyan.


Es importante que se designe como personal de la Comisión Nacional para la Acción Social a expertos y expertas en violencia de género que pongan en práctica el trabajo diario del programa de reparaciones. Serán necesarios procesos transparentes, que tengan en cuenta el género y que incluyan consultas en todas las fases del programa, tanto en el proceso de identificación como en la provisión de reparaciones.


En la fase operativa, como sugirieron los miembros del grupo de trabajo en un seminario celebrado el 26 de junio de 2007, debe establecerse una unidad independiente sobre violencia sexual, así como unidades sobre salud, pensiones y otras formas de reparación. La función de esta unidad será poner en práctica la estrategia elaborada por el investigador especial, lo que incluye identificar a las víctimas y garantizar su protección y la confidencialidad de sus comunicaciones. Aunque las víctimas de violencia sexual deben ser incluidas en el programa general de reparaciones, esta unidad garantizará que se otorgan provisiones especiales para sus necesidades. También debe haber personas encargadas de aplicar el programa por regiones o distritos, y estas personas deben estar específicamente empleadas y formadas para tratar con las víctimas de violencia sexual, con el fin de garantizar que la política de confidencialidad elaborada en las instancias más altas se hace realidad en todas las acciones sobre el terreno.


La Comisión Nacional para la Acción Social debe informar pública y periódicamente sobre su trabajo. Además, debe consultar a la sociedad civil, en particular a las organizaciones de mujeres, para la elaboración y la aplicación de sus programas.


La naturaleza de la violencia sexual y el estigma asociado con ella hacen que sea importante establecer sistemas seguros y efectivos para identificar a las sobrevivientes que tienen derecho a reparaciones. Esos sistemas deben concebirse y ponerse en práctica en asociación con organizaciones de la sociedad civil e investigadores individuales que ya hayan trabajado con víctimas de la violencia sexual en Sierra Leona.


Debe considerarse también la inclusión de dirigentes comunitarios, curanderos tradicionales, jefes, dirigentes de sociedades secretas y autoridades escolares para educar a las comunidades sobre su propia responsabilidad en el concepto general de las reparaciones y para reducir el estigma que rodea a las víctimas de violencia sexual.



3. Introducir las reformas legales, sociales y económicas recomendadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación para erradicar la discriminación contra las mujeres


Una cuestión que no se aborda en el capítulo de reparaciones del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pero sí en el capítulo de recomendaciones generales, es la necesidad de reformas legales, sociales y económicas para hacer frente a la discriminación contra las mujeres en Sierra Leona. Esta cuestión también fue abordada en parte por Amnistía Internacional en sus informes No One to Turn To: Women’s lack of access to justice in rural Sierra Leona(Índice AI: AFR 51/011/2005), publicado en 2005, y Abusos contra los derechos humanos de las mujeres en el ámbito legal informal(Índice AI: AFR 51/002/2006), publicado en 2006. Las reparaciones no lograrán sus objetivos deseados a menos que se aborden también las causas subyacentes de la discriminación que agrava los delitos de violencia sexual contra las mujeres. A Amnistía Internacional le preocupa la reticencia del gobierno a abordar la violencia de que son víctima las mujeres en Sierra Leona actualmente. La organización aplaude la aprobación de los proyectos de ley sobre derechos de las mujeres. El desafío ahora es garantizar que las mujeres y niñas de zonas rurales reciben educación sobre sus derechos y que dichos derechos se hacen realidad. Aunque estos cambios legislativos son un paso positivo, deben hacerse mayores esfuerzos para procesar a los responsables de violaciones cometidas tanto durante la guerra como en la actualidad, pues esos procesamientos disuadirán de cometer delitos futuros.


El poder de las tradiciones y las actitudes culturales sigue siendo un fuerte motivo para la mala situación de las mujeres y la discriminación que siguen sufriendo en sus casas y comunidades, y Amnistía Internacional seguirá pidiendo al gobierno que emprenda más acciones para hacerle frente. La organización insta por tanto al gobierno a garantizar que en el programa de reparaciones se incluye también la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre reformas legales, sociales y económicas.

4. Garantizar la justicia


Elaborar una estrategia general para abordar la impunidad

En vista de la grave debilidad del sistema de justicia nacional, el gobierno, con el apoyo de donantes externos y expertos, debe elaborar una estrategia general, que incluya mecanismos especiales, para investigar y enjuiciar los delitos cometidos durante el conflicto. Un proceso así debe garantizar que las niñas y los niños asociados a las fuerzas combatientes reciben un trato que respete plenamente el derecho internacional y las normas sobre justicia de menores, teniendo en cuenta los factores atenuantes tales como el secuestro y la coacción, y garantizando reparaciones, como parte de un programa más amplio para su rehabilitación y reintegración. El desarrollo del sistema de justicia penal para hacer frente a los delitos cometidos durante el conflicto armado debe contemplar la posibilidad de que las sobrevivientes pidan reparaciones directamente a una persona condenada. Pero un sistema de este tipo, en el que las reparaciones se piden al autor individual del delito, no sustituye a la responsabilidad del gobierno de otorgar reparaciones.


Revocar la amnistía de Lomé

Tal como se expone en este informe, la amnistía de Lomé es un obstáculo a la justicia para los delitos de violencia sexual. En virtud del derecho internacional, el gobierno tiene la obligación de investigar y enjuiciar estos delitos. Hasta la fecha, salvo los casos enjuiciados por el Tribunal Especial, no lo ha hecho. El gobierno debe revocar la amnistía de Lomé sin demora.


Garantizar que las víctimas de delitos enjuiciados por el Tribunal Especial pueden pedir sin demora indemnización ante los tribunales nacionales

Es fundamental que se cumplan las disposiciones de la Ley de Ratificación y las Reglas de Procedimiento y Prueba del Tribunal Especial para garantizar que las víctimas pueden pedir ante los tribunales nacionales indemnización de las personas a las que el Tribunal Especial haya condenado por delitos. Será necesario revisar el sistema jurídico y judicial nacional para garantizar que los tribunales nacionales pueden desempeñar esta importante función. En particular, habrá que establecer procedimientos para que el Tribunal Especial pueda transferir al sistema de justicia nacional, para financiar indemnizaciones, los bienes confiscados a personas condenadas. Las víctimas necesitarán asistencia letrada para presentar sus reclamaciones. Esto es especialmente importante para las víctimas de violencia sexual, de quienes no se puede esperar que presenten sus propias reclamaciones sin asistencia letrada. También habrá que establecer salvaguardias efectivas para proteger a las víctimas que piden reparación, habrá que revisar la capacidad del sistema de justicia nacional para considerar las reclamaciones y habrá que tomar medidas para garantizar que esas reclamaciones se resuelven sin tardanza. Es posible que haya que considerar el establecimiento de un sistema acelerado.


Reformar la legislación nacional para aplicar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

Para garantizar que los tribunales nacionales pueden investigar y enjuiciar los delitos contemplados por el derecho internacional, Sierra Leona debe incorporar el Estatuto de Roma a la legislación nacional.


2. A los agentes no gubernamentales


Tal como se ha reconocido a lo largo de este informe, aunque el gobierno es responsable de otorgar reparaciones, se necesita el apoyo de una serie de agentes no gubernamentales.


1. A las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de víctimas

• Garantizar que los progresos realizados el 26 de junio de 2007, Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, van seguidos de un renovado activismo y de la coordinación de grupos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil para elaborar un plan de acción concreto con el que promover la participación en el programa de reparaciones a medida que se desarrolla.

• Seguir captando apoyos ante el gobierno para que acelere el establecimiento del Fondo Especial para Víctimas de Guerra.

• Participar de manera significativa en el proceso de identificación de candidatos cualificados para los órganos clave asesores y de toma de decisiones encargados de poner en práctica el programa de reparaciones, y ayudar a promover solicitudes de candidatos altamente cualificados para la Comisión Nacional para la Acción Social.

• Participar en la puesta en práctica del programa de reparaciones para garantizar que todos los posibles beneficiarios y beneficiarias reciben reparación, incluidos los menores y las víctimas de abuso sexual.

• Seguir captando apoyos para la puesta en práctica de las recomendaciones generales de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, garantizando que dicha puesta en práctica es una máxima prioridad para el nuevo Parlamento y el gobierno.



2. Al Tribunal Especial para Sierra Leona

Garantizar que se toman medidas para identificar los bienes arrebatados a las víctimas, con el fin de devolvérselos, de acuerdo con la regla 104 de las Reglas de Procedimiento y Prueba.

• Trabajar con el gobierno para garantizar que se establecen sistemas efectivos para que las víctimas de delitos enjuiciados por el Tribunal Especial puedan pedir indemnización ante los tribunales nacionales.

• Continuar con las iniciativas para conmemorar a las víctimas y reconocer su sufrimiento.

• Ampliar el trabajo sobre la justicia de género de su programa de trabajo sectorial para asegurarse de que las recientes sentencias sobre el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas y otros casos se difunden ampliamente, con el fin de que se reconozca el alcance de los delitos de violencia sexual.

• Incorporar a su trabajo sectorial y de activismo información sobre el programa de reparaciones, y pedir al gobierno que establezca con carácter de urgencia el Fondo Especial para Víctimas de Guerra.

• Promover la reconstrucción del sistema de justicia nacional para que pueda investigar y enjuiciar los miles de casos de los que el Tribunal Especial no ha podido hacerse cargo.



3. Al Fondo de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas

• Garantizar que se asignan fondos de manera oportuna para el proceso de reparaciones.

• Garantizar que los fondos asignados al programa de reparaciones llegan a las víctimas, asegurándose de que la mayor parte de dichos fondos se utilizan como financiación inicial del Fondo Especial para Víctimas de Guerra.

• Garantizar que los fondos proporcionados para reparaciones se utilizan para ese fin, y no se fusionan con los fondos para el desarrollo.



4. A la comunidad internacional de donantes

• Seguir presionando al gobierno para que se comprometa con la justicia y para que ponga en práctica el programa de reparaciones –incluido el establecimiento urgente del Fondo Especial para Víctimas de Guerra–, y garantizar que hay financiación suficiente para el proceso.



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(1) Aunque queda fuera del ámbito de este informe, no es de extrañar que, en ausencia de medidas para abordar la violencia generalizada perpetrada contra las mujeres durante el conflicto, la violencia en el ámbito familiar se considere el problema social más grave al que se enfrentan las mujeres de Sierra Leona en la actualidad.



(2) Encontrarán un análisis detallado de la experiencia de las niñas en el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración en Susan Mckay y Dyan Mazurana: Where Are the Girls? Girls in Fighting Forces in Northern Uganda, Sierra Leone and Mozambique: Their lives during and after war, Rights & Democracy, 2004.



(3) El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sierra Leona, en su volumen III B, capítulo 3, párrafo 207, dice: "Los testimonios ante la Comisión confirmaron que todos los grandes grupos armados del conflicto perpetraron violaciones contra mujeres. Las fuerzas de seguridad gubernamentales, las milicias civiles y las facciones armadas de oposición fueron todas ellas, en distintos momentos del conflicto, responsables de violaciones contra mujeres".



(4) We Will Kill You If You Cry: Sexual violence in the Sierra Leone conflict, Human Rights Watch, vol. 15, núm. 1 (A), enero de 2003, y War-Related Sexual Violence in Sierra Leone: A population-based assessment, Physicians for Human Rights, 2002.



(5) Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sierra Leona, volumen 3B, capítulo 3, párrafo 330.



(6) En julio de 2007 se realizó una visita de seguimiento a Freetown para organizar un taller con miembros de la sociedad civil sobre su papel en el proceso de las reparaciones.



(7) Jefa de un poblado o comunidad.



(8) Naves de Esperanza es una organización internacional centrada en las cuestiones de salud.



(9) NaCSA is tasked with coordinating all the activities of all non-governmental organizations and ensuring that they are in line with the government’s overall goals of reconstruction, resettlement and rehabilitation.



(10) La Unidad de Apoyo a la Familia se ha establecido en la policía de Sierra Leona para tratar la violencia doméstica.



(11) Resolución A/RES/60/147 de la Asamblea General, 16 de diciembre de 2005.



(12) Véase el principio 4 de los Principios y Directrices Básicos. La obligación se establece también en numerosos tratados, como la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, los Convenios de Ginebra o el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, así como en el derecho internacional consuetudinario.



(13) Véase el informe de Amnistía Internacional Special Court for Sierra Leone: denial of right to appeal and prohibition of amnesties for crimes under international law, Índice AI: AFR 51/012/2003.



(14) Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 8; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 2.3; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículo 13; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, artículo 6; Declaración sobre la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, artículos 9 y 13; Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, principios 4 y 16; Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, principios 4-7; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 47; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 7.1.a y 25; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XVIII; Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, artículo III.1; Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, artículo 8.1; Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, artículo 7.1.a; Carta Árabe de Derechos Humanos, artículo 9.



(15) Por ejemplo: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9.5: "Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación"; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículo 14: "Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización"; Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, recomendación general 26 al artículo 6: "el derecho a obtener una compensación o satisfacción justa y adecuada por cualquier daño sufrido como resultado de esos actos de discriminación [...] no se garantiza necesariamente mediante el mero castigo del autor; [...] los tribunales y otras autoridades competentes deberían considerar, siempre que sea conveniente, conceder compensación económica por los daños, materiales o morales, sufridos por la víctima"; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, recomendación general 18 sobre la Violencia contra la mujer (Doc. ONU A/47/38), párr. 24.t: "[que] [l]os Estados adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean necesarias para prestar protección eficaz a las mujeres contra la violencia dirigida a ellas, incluidas entre otras: Medidas jurídicas eficaces, incluidas sanciones penales, recursos civiles y disposiciones de indemnización [...]"; Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, observación general al artículo 19 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 1992 (Doc. ONU E/CN/4/1998/43): "Las víctimas de actos de desaparición forzada y sus familiares deberán obtener reparación y tendrán derecho a ser indemnizadas de una manera adecuada y a disponer de los medios que les aseguren una readaptación tan completa como sea posible. En caso de fallecimiento de la víctima a consecuencia de su desaparición forzada, su familia tendrá igualmente derecho a indemnización"; Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (todavía no está en vigor), artículo 24.4: "Los Estados Partes velarán por que su sistema legal garantice a la víctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada"; Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Aksoy v. Turquía, sentencia del 18 de diciembre de 1996, párr. 98: "cuando un individuo formule una alegación defendible de haber sido torturado por agentes del Estado, la noción de un ‘remedio efectivo’ entraña, además del pago de una indemnización cuando proceda, una investigación exhaustiva y efectiva capaz de conducir a la identificación y el castigo de los responsables y que incluya acceso efectivo del denunciante al procedimiento de investigación."



(16) Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sierra Leona, volumen 2, capítulo 4, párrafo 21.



(17) La mayoría de los sistemas judiciales establecen que las víctimas de delitos, mediante procedimientos penales o civiles, pueden pedir indemnización y otras formas de reparación a la persona que cometió el delito. El principio 15 de los Principios y Directrices Básicos de la ONU establece: "Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad está obligada a dar reparación a una víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la víctima [...]".



(18) Los grupos armados de oposición están obligados a respetar el derecho internacional humanitario (véase CICR, Customary International Humanitarian Law, vol. I, Rules, Rule 139), y se ha trabajado para demostrar que estos grupos están obligados a otorgar reparaciones adecuadas. La resolución 1071 del Consejo de Seguridad de la ONU (30 de agosto de 1996) sobre la situación en Liberia "insta a los jefes de las facciones a que dispongan la devolución inmediata de los bienes robados"; la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en su resolución 1998/70 sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, instó a todas las partes a que "[p]roporcionen a las víctimas de las violaciones graves y de los abusos de derechos humanos y de las normas humanitarias aceptadas una reparación suficiente y efectiva y enjuicien a quienes las hayan perpetrado"; el secretario general de la ONU, en su informe Las causas de los conflictos y el fomento de la paz duradera y el desarrollo sostenible en África (Doc. ONU A/52/8710 - S/1998/318, del 13 de abril de 1998, párr. 50) recomienda "que se instaure un mecanismo jurídico internacional que ayude a localizar, aprehender y confiscar los bienes de las partes infractoras y de sus dirigentes"; el Acuerdo General para el Respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Filipinas establece: "Las partes del conflicto armado respetarán y acatarán en general los principios y normas generalmente aceptados del derecho internacional humanitario"; su artículo 2.3 de la parte II establece que el derecho de las víctimas y sus familias a obtener justicia por las violaciones sufridas incluye "compensación o indemnización, restitución y rehabilitación adecuadas".



(19) En virtud del derecho sobre responsabilidad del Estado, un Estado responsable de delitos contemplados por el derecho internacional "está obligado a reparar íntegramente el perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito" (artículo 31 de los artñiculos de la Comisión Internacional de Derecho sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos).



(20) Chorzow Factory Case, Merits, 1928, PCIJ, Series A, No. 17, p47; Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, comentario al artículo 31, pág. 202.



(21) Declaración de Nairobi sobre el derecho de las mujeres y las niñas a interponer recursos y obtener reparaciones, http://www.womensrightscoalition.org/site/reparation/signature_es.php(Declaración de Nairobi).



(22) Declaración de Nairobi sobre el derecho de las mujeres y las niñas a interponer recursos y obtener reparaciones, http://www.womensrightscoalition.org/site/reparation/signature_es.php(Declaración de Nairobi).



(23) Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sierra Leona, volumen II, capítulo 4 (reparaciones), párr. 227-270.



(24) Sin embargo, en las descripciones detalladas de quién tiene derecho a reparación hay un espacio considerable para la interpretación, como por ejemplo si estas categorías incluyen a todos los menores o sólo a los que han quedado huérfanos. Estas definiciones más extensas pueden encontrarse en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sierra Leona, volumen 2, párr. 248-250.



(25) Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sierra Leona,volumen II, capítulo 3B, párr. 312-317.



(26) En el informe de la Comisión, volumen II, capítulo 4, párr. 224-228, encontrarán una explicación más detallada de las sugerencias de la Comisión respecto a los tipos de financiación que proporcionaría el Fondo Especial para Víctimas de Guerra.



(27) Por ejemplo, en la Conferencia Nacional de Conmemoración de las Víctimas sobre la Verdad, la Justicia y la Reconciliación, organizada en marzo de 2005 por la sociedad civil con el apoyo del Tribunal Especial para Sierra Leona, se elaboró un plan de acción. Basándose en las recomendaciones del informe de la Comisión, este plan pedía al gobierno que estableciera el Fondo Especial para Víctimas de Guerra y que estableciera también un comité de seguimiento para la Comisión.



(28) REDRESS es una organización internacional con sede en Reino Unido que pide justicia y reparación para las víctimas de la tortura y delitos afines y para sus comunidades (www.redress.org).



(29) REDRESS, Implementation of the Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission (TRC) Recommendations on Reparations, Preliminary Options Report, 30 de enero de 2007, disponible en inglés en: www.redress.org/publications/Draft%20Options%20Report%2030%20Jan%202007.pdf.



(30) Acuerdo de Paz entre el gobierno de Sierra Leona y el Frente Revolucionario Unido de Sierra Leona, firmado en Lomé, Togo, el 7 de julio de 1999.



(31) El Tribunal Especial resolvió que la amnistía no se aplicaba a los casos que estaba enjuiciando. Sin embargo, la decisión, hasta la fecha, no ha conducido a procesamientos ante los tribunales nacionales.



(32) Encontrarán más información sobre este tema en el informe de Amnistía Internacional Special Court for Sierra Leone: Denial of right to appeal and prohibition of amnesties for crimes under international law (Índice AI: AFR 51/012/2003).



(33) Para un análisis adicional sobre esta cuestión, véase Susan McKay y Dyan Mazurana, Where are the Girls? Girls in Fighting Forces in Northern Uganda, Sierra Leone and Mozambique: Their lives during and after war, Rights & Democracy, 2004.



(34) Reglas de Procedimiento y Prueba del Tribunal Especial para Sierra Leona, regla 104: Confiscación y bienes.



(35) La sección 45 de la Ley de Ratificación del Tribunal Especial de 2002 establece: "Toda persona que haya sido víctima de un delito competencia del Tribunal Especial, o las personas que reclamen en su nombre, pueden pedir indemnización de acuerdo con la Ley de Procedimiento Penal de 1965 si el Tribunal Especial ha declarado a una persona culpable de ese delito".



(36) La Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas se inició el 11 de octubre de 2006 con Sierra Leona y Burundi como países piloto. Gestionará los recursos a disposición de la comunidad internacional para asesorar y proponer estrategias integradas respecto a la recuperación posterior a los conflictos, centrándose en la reconstrucción, el establecimiento de instituciones y el desarrollo sostenible, en países que salen de conflictos.



(37) El Fondo de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas apoyará las intervenciones que contribuyan directamente a la estabilización del país (aplicando acuerdos de paz, promoviendo la resolución pacífica de conflictos y previniendo la repetición de conflictos, entre otras cosas) y para las que no se hayan dispuesto otros fondos. Estas intervenciones tendrán como finalidad "catalizar" el apoyo a largo plazo de otros donantes.



(38) Sin embargo, en el caso de la Fuerza de Defensa Civil, el Tribunal Especial decidió que la Fiscalía no podía modificar el acta de acusación para incluir delitos de violencia sexual.



(39) Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sierra Leona, volumen II, capítulo 4, párrafo 41.





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