Document - Sierra Leone: Women face human rights abuses in the informal legal sector



[Embargado hasta el 17 de mayo de 2006]Público


Amnistía Internacional

Sierra Leona

Abusos contra los derechos humanos de las mujeres en el ámbito legal informal

17 de mayo de 2006

Resumen

Índice AI: AFR 51/002/2006



http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR510022006

Las mujeres en la Sierra Leona rural(1) cuentan con poca protección frente a la discriminación y otras violaciones y abusos contra sus derechos humanos. Sufren una discriminación formal y oficial ante la ley, que se agrava por el ejercicio ilegítimo de poderes por parte de los jefes. Éstos resuelven conflictos en un sistema de justicia informal, legal pero discriminatorio en los asuntos relativos a la condición personal, el matrimonio y la herencia, pero además también llevan a cabo ilegalmente funciones judiciales en otros asuntos que son responsabilidad del sistema de justicia formal, a través de los Tribunales Locales. Amnistía Internacional ha visto que los jefes no sólo se ocupan de asuntos que están fuera de su competencia, sino que en ocasiones actúan en connivencia con los hombres de la comunidad para desalojar por la fuerza a mujeres y menores de sus hogares o someterlos a detención arbitraria y a otras formas de violencia de género.

Debido a la falta de protección formal del gobierno de Sierra Leona, las mujeres de este país se ven obligadas a sufrir situaciones en las que la violación de sus derechos –civiles, políticos, sociales y económicos– es algo cotidiano. Tratadas como menores bajo la tutela de un familiar varón, las mujeres no son tratadas formalmente como iguales en el matrimonio ni tampoco en asuntos de propiedad o de administración de bienes comunes, tanto durante el matrimonio como cuando éste ha finalizado. La desigualdad y la discriminación afectan a su derecho a un nivel de vida adecuado y a una vivienda para ellas y sus hijos e hijas. El acceso de las mujeres a la justicia y el resarcimiento se ve gravemente obstaculizado. Prácticas que tienen lugar en nombre de la tradición o del derecho consuetudinario también violan los derechos humanos de las mujeres a vivir sin violencia, coacción y discriminación.

Determinar quién es responsable de este problema es complicado. En Sierra Leona coexisten el derecho formal y el consuetudinario. El primero lo componen la Constitución, las leyes elaboradas por el Parlamento y el derecho común. El derecho consuetudinario, parte del derecho común, es en gran medida no escrito, y está definido en la Constitución como "las normas de derecho que por tradición son aplicables a determinadas comunidades de Sierra Leona".(2) La Constitución garantiza la igualdad ante la ley y prohíbe las leyes discriminatorias. Sin embargo, existe una disposición constitucional que limita gravemente el alcance de esta garantía en áreas que tienen repercusión sobre las mujeres, como la adopción, el matrimonio, el divorcio, la herencia y la propiedad. Igualmente, la forma en que se administra justicia en el derecho consuetudinario refleja una coexistencia de los sistemas de justicia formal e informal. El formal está regulado y la idea es que los Tribunales Locales sean el primer punto en el que busquen justicia las comunidades o los individuos. Los jefes supremos y locales también son los máximos responsables informalmente, y en algunos casos ilegalmente, del sector legal informal. La población rural, los funcionarios de Tribunales Locales y los propios jefes no entienden bien la frontera jurisdiccional entre jefes y Tribunales Locales respecto al derecho consuetudinario.

Sin embargo, a pesar de esta complejidad, algunas cosas están claras. Los Tribunales Locales son la única institución que puede dictar sentencia sobre cuestiones de derecho consuetudinario. No se trata de algo nuevo pues, con la creación de la Ley de Tribunales Locales en 1963, el presidente del Tribunal Local se hacía cargo oficialmente de esta función, antes en manos de los jefes. Pero en la práctica esto no ha sido así. Los jefes continúan decidiendo sobre estas cuestiones informalmente (e ilegalmente). No sólo es ilegal que se ocupen de estas cuestiones, sino que lo hacen sin ofrecer las mismas protecciones de resarcimiento que proporciona el sector legal formal a través de los Tribunales Locales.

No todo es negativo, sin embargo. Hay nuevas iniciativas que parecen prometedoras en la búsqueda de la justicia para las mujeres. Organizaciones de asistencia legal y paralegal radicadas en la Sierra Leona rural proporcionan a las mujeres asesoramiento legal gratuito, ofrecen servicios de mediación entre familiares y miembros de la comunidad e imparten talleres de concienciación sobre cuestiones de derechos humanos de las mujeres con miembros de la comunidad y el gobierno local. Amnistía Internacional ha visto que en general esta ayuda potencia a las mujeres del ámbito rural, que consideran que estos servicios son eficaces para resolver sus disputas. A través de estas intervenciones de asistencia legal, las mujeres se dan cuenta de sus derechos ante la ley, aprenden cómo impugnar o presentar recursos contra sentencias que consideran injustas o injustificadas y se enteran de la existencia de otros servicios de los que pueden disponer en la comunidad.



Este texto resume el documento titulado Sierra Leona: Abusos contra los derechos humanos de las mujeres en el ámbito legal informal(Índice AI: AFR 51/002/2006) publicado por Amnistía Internacional el 31 de mayo de 2006. Si desean más información o emprender acciones al respecto, consulten el documento completo. En el sitio web http://www.amnesty.orgencontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección:

http://www.amnesty.org/email/email_updates.html





SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España






[Embargado hasta el 17 de mayo de 2006]

Público

Amnistía Internacional



Sierra Leona

Abusos contra los derechos humanos de las mujeres en el ámbito legal informal















ÍNDICE



Introducción 1

Capítulo I – El derecho consuetudinario: el sector formal y el informal 2

a. El sector formal y el derecho consuetudinario 2

b. Sector informal y derecho consuetudinario 4

Capítulo II – El efecto de las decisiones ilegales tomadas por los jefes sobre los derechos humanos de las mujeres 5

5 a. Abuso contra los derechos humanos de las mujeres 5

b. Violencia contra las mujeres 8

c. Condición personal y estado civil en el sector legal informal 11

Capítulo III – Normas internacionales 13

a. Discriminación de las mujeres 14

b. Abolición de las leyes discriminatorias 15

c. Derecho a la igualdad ante la ley 15

d. El derecho a un recurso efectivo 16

e. El derecho a la igualdad en el matrimonio 16

f. Obligación de evitar, detener y castigar la violencia contra las mujeres 17

g. Informes a los órganos de vigilancia de los tratados 18

Capítulo IV - Conclusiones 18

Capítulo V - Recomendaciones 19

Poner fin a la discriminación y la violencia y otros abusos contra las mujeres 19

Emprender reformas legales e institucionales 20

Fortalecer la protección de los derechos humanos de las mujeres 20






Sierra Leona

Abusos contra los derechos humanos de las mujeres en el ámbito legal informal


Introducción

Las mujeres en la Sierra Leona rural(3) cuentan con poca protección frente a la discriminación y otras violaciones y abusos contra sus derechos humanos. Sufren una discriminación formal y oficial ante la ley, en las costumbres y en las resoluciones sobre condición personal, matrimonio y herencia. Aunque la competencia sobre estos asuntos pertenece a un sistema dentro del sector del derecho formal, el de los Tribunales Locales, a menudo son los jefes quienes realizan estas funciones judiciales de forma ilegal. Amnistía Internacional ha visto que los jefes no sólo se ocupan de asuntos que están fuera de su competencia, sino que en ocasiones actúan en connivencia con los hombres de la comunidad para desalojar por la fuerza a mujeres y menores de sus hogares o someterlos a detención arbitraria y a otras formas de violencia de género.

Debido a la falta de protección formal del gobierno de Sierra Leona, las mujeres de este país se ven obligadas a sufrir situaciones en las que la violación de sus derechos –civiles, políticos, sociales y económicos– es algo cotidiano. Tratadas como menores bajo la tutela de un familiar varón, las mujeres no son tratadas formalmente como iguales en el matrimonio ni tampoco en asuntos de propiedad o de administración de bienes comunes, tanto durante el matrimonio como cuando éste ha finalizado. La desigualdad y la discriminación afectan a su derecho a un nivel de vida adecuado y a una vivienda para ellas y sus hijos e hijas. El acceso de las mujeres a la justicia y el resarcimiento se ve gravemente obstaculizado. Prácticas que tienen lugar en nombre de la tradición o del derecho consuetudinario también violan los derechos humanos de las mujeres a vivir sin violencia, coacción y discriminación.

Determinar quién es responsable de este problema es complicado. En Sierra Leona coexisten el derecho formal y el consuetudinario. El primero lo componen la Constitución, las leyes elaboradas por el Parlamento y el derecho común. El derecho consuetudinario, parte del derecho común, es en gran medida no escrito, y está definido en la Constitución como "las normas de derecho que por tradición son aplicables a determinadas comunidades de Sierra Leona".(4) La Constitución garantiza la igualdad ante la ley y prohíbe las leyes discriminatorias. Sin embargo, existe una disposición constitucional que limita gravemente el alcance de esta garantía en áreas que tienen repercusión sobre las mujeres, como la adopción, el matrimonio, el divorcio, la herencia y la propiedad. Igualmente, la forma en que se administra justicia en el derecho consuetudinario refleja una coexistencia de los sistemas de justicia formal e informal. El formal está regulado y la idea es que los Tribunales Locales sean el primer punto en el que busquen justicia las comunidades o los individuos. Los jefes supremos y locales también son los máximos responsables informalmente, y en algunos casos ilegalmente, del sector legal informal. La población rural, los funcionarios de Tribunales Locales y los propios jefes no entienden bien la frontera jurisdiccional entre jefes y Tribunales Locales respecto al derecho consuetudinario.



Sin embargo, a pesar de esta complejidad, algunas cosas están claras. Los Tribunales Locales son la única institución que puede dictar sentencia sobre cuestiones de derecho consuetudinario. No se trata de algo nuevo pues, con la creación de la Ley de Tribunales Locales en 1963, el presidente del Tribunal Local se hacía cargo oficialmente de esta función, antes en manos de los jefes. Pero en la práctica esto no ha sido así. Los jefes continúan decidiendo sobre estas cuestiones informalmente (e ilegalmente). No sólo es ilegal que se ocupen de estas cuestiones, sino que lo hacen sin ofrecer las mismas protecciones de resarcimiento que proporciona el sector legal formal a través de los Tribunales Locales.

No todo es negativo, sin embargo. Hay nuevas iniciativas que parecen prometedoras en la búsqueda de la justicia para las mujeres. Organizaciones de asistencia legal y paralegal radicadas en la Sierra Leona rural proporcionan a las mujeres asesoramiento legal gratuito, ofrecen servicios de mediación entre familiares y miembros de la comunidad e imparten talleres de concienciación sobre cuestiones de derechos humanos de las mujeres con miembros de la comunidad y el gobierno local. Amnistía Internacional ha visto que en general esta ayuda potencia a las mujeres del ámbito rural, que consideran que estos servicios son eficaces para resolver sus disputas. A través de estas intervenciones de asistencia legal, las mujeres se dan cuenta de sus derechos ante la ley, aprenden cómo impugnar o presentar recursos contra sentencias que consideran injustas o injustificadas y se enteran de la existencia de otros servicios de los que pueden disponer en la comunidad.

Capítulo I – El derecho consuetudinario: el sector formal y el informal

En una reciente visita de investigación a Sierra Leona (octubre de 2005), Amnistía Internacional encontró que los funcionarios de los Tribunales Locales, los jefes y los miembros de las comunidades, incluidas las mujeres, no sabían claramente qué sector –el formal o el informal– tenía competencia sobre cuestiones relativas al derecho consuetudinario. Esta falta de claridad tenía repercusión sobre el acceso a la justicia de las mujeres y era un obstáculo fundamental en lo referente a la protección de los derechos humanos de las mujeres.

a. El sector formal y el derecho consuetudinario

La Constitución de Sierra Leona reconoce el derecho formal y el consuetudinario. Además, existen el sector legal formal y el informal, y ambos deciden sobre cuestiones relacionadas con el derecho consuetudinario. Las leyes formales de Sierra Leona son la Constitución, las elaboradas por el Parlamento y las del derecho común. El derecho común, a su vez, está formado por el derecho común inglés (derecho anglosajón) y el derecho consuetudinario. El sistema judicial está encabezado por un presidente del Tribunal Supremo y compuesto por tribunales superiores (Tribunal Supremo, Tribunal de Apelaciones y Tribunales Superiores) e inferiores (los Tribunales de Primera Instancia, que deciden sobre causas penales y civiles en virtud del derecho común inglés y del derecho estatutario).

El derecho común se aplica en toda Sierra Leona excepto en la capital, Freetown, donde sólo se aplica el derecho común inglés. Según la Constitución de 1991, si el derecho consuetudinario y el común entran en conflicto, este último tiene precedencia. La Constitución de 1991 protege la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley, prohibiendo las leyes discriminatorias "en sí mismas o por sus efectos".

Sin embargo, esta garantía no cubre "la adopción, el matrimonio, el divorcio, el entierro, la devolución de bienes en caso de muerte u otros intereses del ‘derecho personal’".(5) Estas áreas suelen estar reguladas por el derecho consuetudinario. Esto significa que leyes discriminatorias sobre estas cuestiones que tienen un particular efecto en las mujeres no son necesariamente inconstitucionales. Esta laguna jurídica o excepción es tan amplia que Amnistía Internacional considera que pone en peligro la protección legal de los derechos humanos de las mujeres.

El derecho consuetudinario, en su mayor parte no escrito, se compone de normas y reglas aplicables por costumbre dentro de determinadas comunidades de Sierra Leona. El derecho consuetudinario está reconocido en todo el país y define las relaciones sociales entre hombres y mujeres, con frecuencia reforzando la desigualdad de las mujeres.

Oficialmente, y en virtud de la Ley de Tribunales Locales de 1963, el Tribunal Local es la única institución que puede arbitrar sobre asuntos de derecho consuetudinario. Por tanto, caen bajo su jurisdicción casos de matrimonio, divorcio, deudas, sucesión y tenencia de tierras. Los Tribunales Locales tienen un presidente, elegido por un periodo de tres años por el jefe supremo y cuya designación debe aprobar el Ministerio de Administración Local y Desarrollo Comunitario. Las sentencias de estos tribunales son supervisadas por agentes de derecho consuetudinario, funcionarios del Ministerio de Justicia, que pueden anularlas. A pesar de existir una disposición constitucional que garantiza el derecho a apelar contra las decisiones de los Tribunales Locales ante Tribunales de Primera Instancia, estas apelaciones rara vez se producen.(6) Los Tribunales Locales tienen competencia para ver y determinar todas las causas civiles que se rigen por la ley en las que se piden menos de 250.000 leones (75 dólares estadounidenses) y las causas penales cuya sentencia no exceda de seis meses o pago de multa de más de 50.000 leones (15 dólares estadounidenses). Las causas penales son entre el comité de la jefatura y un particular e incluyen casos como desacato, robos menores y lenguaje grosero.(7) Sin embargo, según los informes, los Tribunales Locales a veces juzgan casos que caen fuera de su jurisdicción, por ejemplo, delitos graves como la violación.(8)

Históricamente, y en especial durante el reciente conflicto, el gobierno ha prestado poca atención a la administración de los Tribunales Locales, y los funcionarios de estos tribunales entrevistados por Amnistía Internacional parecían poco familiarizados con las disposiciones de la Ley de Tribunales Locales. En la sociedad en general se conocía aún menos la función o jurisdicción de estos tribunales.(9) Actualmente la Comisión de Reforma Legislativa está intentando reformar los Tribunales Locales y dar a conocer a la opinión pública sus funciones.

b. Sector informal y derecho consuetudinario

En la práctica, la mayoría de los casos de derecho consuetudinario se resuelven fuera del sector de justicia formal.(10) Disputas y conflictos se resuelven informalmente, y casi siempre son los jefes quienes los dirimen. Las disputas que no pueden resolverse dentro de la familia extensa se llevan primero a los jefes, ancianos o dirigentes locales y en última instancia al jefe supremo. Las disputas llegan al Tribunal Local sólo como último recurso.(11)

Los jefes son elegidos con carácter vitalicio y son la autoridad más reconocida y visible de gobierno en las comunidades. Son considerados guardianes de las tradiciones y costumbres populares. El gobierno local de las zonas rurales se basa en 149 jefaturas tradicionales, cada una de ellas encabezada por un jefe supremo. A éste le sigue el portavoz de la jefatura, el jefe de la sección y el jefe del pueblo o ciudad. Si se trata de una ciudad grande, la autoridad se subdivide en jefe de barrio, jefe de tribu y jefe de familia.(12) Las provincias septentrional, oriental y meridional están divididas en distritos y cada distrito a su vez en jefaturas. Las ciudades grandes se subdividen.

La Ordenanza de 1896 por la que Sierra Leona se convirtió en un protectorado británico establecía "tribunales de los jefes nativos". Reformas muy posteriores sustituyeron a los jefes supremos por los presidentes de tribunal como jefes de los tribunales. Los presidentes de los Tribunales Locales son elegidos por los jefes supremos y deben ser aprobados por el Ministerio de Administración Local. La Ley de Tribunales Locales de 1963 institucionalizó más estas reformas y prohibió que los jefes decidieran en casos de derecho consuetudinario presidiendo los tribunales, imponiendo multas o encarcelando.

Sin embargo, en la práctica los jefes han seguido dictando sentencia en un sistema paralelo e informal. El jefe preside lo que se denomina "tribunal", que se reúne en presencia de miembros del Consejo de Ancianos tradicional. El Consejo está compuesto por autoridades tribales, miembros de otras familias dirigentes y otros miembros respetados de la comunidad. Normalmente, los demandantes acuden al jefe informalmente y pagan una suma. El acusado recibe una citación verbal para que comparezca ante el tribunal y el jefe decide dónde se celebrará la vista.(13)

A pesar de ser ilegal, este sistema es en el que se resuelven la mayoría de los casos de derecho consuetudinario debido a su familiaridad e informalidad y a que su coste es relativamente menor.

Reconociendo la necesidad de que los Tribunales Locales permitan un mayor acceso a la justicia por parte de la población rural, la Comisión de Reforma Legislativa actualmente está llevando a cabo una consulta nacional para revisar la Ley de Tribunales Locales. También se están preparando actividades de formación, sensibilización y educación sobre esta ley para jefes a todos los niveles y para miembros de la comunidad en general.

Capítulo II – El efecto de las decisiones ilegales tomadas por los jefes sobre los derechos humanos de las mujeres

Los jefes tienen un tremendo efecto sobre el acceso de las mujeres a la justicia en la Sierra Leona rural. En algunos casos pueden ser una influencia positiva para la comunidad, ayudando a sus miembros a resolver disputas sin una vista legal formal. Pero en otros, Amnistía Internacional ha encontrado que han ejercido con exceso la autoridad que les confiere la ley, imponiendo a las mujeres castigos que violan sus derechos humanos, incluido el derecho a la libertad. Amnistía Internacional también ha descubierto que en otros casos el papel y las acciones del jefe al resolver los casos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar y de abusos sexuales han perpetuado la violencia en la comunidad. En ocasiones, las propias vistas se han convertido en un mecanismo para profundizar en la discriminación y la violencia. Amnistía Internacional también ha hallado que, a pesar de que las causas civiles están bajo la jurisdicción de los Tribunales Locales, los jefes también están juzgando ilegalmente en causas relativas al estado civil. Estas prácticas ilegales violan las leyes nacionales de Sierra Leona y convierten a la justicia en algo inaccesible para las mujeres.

a. Abuso contra los derechos humanos de las mujeres

En una reciente visita de investigación a Sierra Leona, una mujer de la ciudad de Kenema, en el distrito de Kenema, dijo a Amnistía Internacional:

Estoy casada y tengo cinco hijos del mismo padre, que hasta hace poco era mi esposo. Hace unos meses me dejó para casarse con otra mujer. Ahora trata de desalojarme junto con nuestros cinco hijos de la propiedad en la que hemos vivido muchos años. Primero el jefe supremo me hizo llegar a través de la policía de la jefatura la orden de que dejáramos nuestra casa familiar. Cuando la policía de la jefatura llegó yo estaba aterrorizada y les dije que no podía mudarme, ya que mis hijos y yo no teníamos otro sitio adonde ir. Cuando el jefe supremo se enteró de que me había negado a mudarme, llevó el caso al Tribunal Local.

Mi esposo pidió al Tribunal Local que nos concediera el divorcio argumentando que yo no cumplía con mis deberes de esposa porque llevaba pantalones cuando estaba en la cama con él. Esta acusación le bastó al Tribunal Local para mandarme los papeles del divorcio, ya firmados por mi esposo. La gente de derechos humanos me dijo que no los firmara y no lo hice, por lo que el Tribunal Local me citó por no haber obedecido sus órdenes. Los funcionarios del Tribunal Local me expusieron públicamente en una cabina para humillarme. Afortunadamente, unos abogados de derechos humanos consiguieron que me pusieran en libertad ese mismo día.

La gente de derechos humanos me dijo que me negara a firmar los papeles del divorcio porque en el acuerdo no había ninguna cláusula por la que mi esposo tuviera que pagar una pensión de manutención para los niños, y escribieron al Tribunal Local una carta con este motivo. ¿Cómo mis hijos –que son los suyos– van a seguir yendo al colegio si no paga? Yo apenas gano lo suficiente para darles de comer a ellos y a mí.

Al final resultó que el agente de derecho consuetudinario vio la resolución del Tribunal Local e informó de que éste no tenía jurisdicción sobre el caso. Finalmente, el agente de derecho consuetudinario escribió para decir que mi esposo debía pagar la pensión de manutención para los niños. Básicamente le dijeron que para poder divorciarse de mí tiene que pagarla. Mi esposo sigue reacio a hacerlo.(14)

Este caso ilustra la confusión que reina en la Sierra Leona rural respecto a dónde terminan las facultades de los jefes y dónde empieza la jurisdicción de los Tribunales Locales. Si bien resulta habitual que se desaloje a la fuerza a las mujeres de sus casas y sus tierras sin tener en cuenta su contribución a los bienes del matrimonio cuando sus maridos se mueren o se divorcian de ellas, sólo los Tribunales Locales, que responden ante el pueblo a través del gobierno de Sierra Leona, pueden tomar esta decisión. Según la ley sierraleonesa, bajo ninguna circunstancia un jefe puede asumir la responsabilidad de ordenar el desalojo de una mujer de su domicilio familiar. También es ilegal que los jefes utilicen a la policía de la jefatura para llevar a cabo desalojos forzosos u otros abusos contra los derechos humanos. A pesar de su nombre, la policía de la jefatura no trabaja para los jefes, sino en nombre de los Tribunales Locales, haciendo cumplir sentencias dictadas en el ámbito del sistema legal consuetudinario y actuando como alguaciles del Tribunal Local. Sus principales responsabilidades son mantener el orden en los Tribunales Locales, entregar citaciones y hacer cumplir condenas tales como el pago de multas.

Esta separación de poderes entre los sectores legales formal y consuetudinario no es nueva. Como ya se ha dicho, existe una disposición en la Ley de Tribunales Locales de 1963(15) que prohíbe dictar sentencias sin la debida autoridad, lo cual supondría que la actuación del jefe en el caso anterior es ilegal. La investigación de Amnistía Internacional reveló que son raros los casos en que los jefes respetan esta disposición o el gobierno de Sierra Leona la hace cumplir. Además, existe el derecho de apelar ante el Tribunal de Primera Instancia, aunque esto rara vez sucede. En el sistema de justicia de Sierra Leona, los agentes de derecho consuetudinario son funcionarios del Ministerio de Justicia que supervisan las sentencias y pueden anular las sentencias injustas dictadas por Tribunales Locales. El caso anterior muestra cómo sucede esto en la práctica.

La investigación de Amnistía Internacional indica que a veces los jefes han llevado a cabo ilegalmente funciones de fiscal y juez en casos presentados por miembros de la comunidad. En ocasiones, mujeres demandadas por sus maridos no han tenido un juicio justo, sino que han encontrado estigmatización y ostracismo, entre otras amenazas a su libertad y su seguridad. Por ejemplo, Amnistía Internacional ha sabido de jefes que han presentado cargos arbitrarios contra mujeres, como "brujería".(16) Amnistía Internacional también ha sabido de casos en que los jefes han declarado culpable al acusado sin pruebas, impuesto multas arbitrarias y exorbitantes, encarcelado a mujeres ilegalmente en sus domicilios o en "cárceles tribales", cobrado por sus servicios y amenazado con expulsar, o expulsado de hecho, a miembros de la comunidad como forma de castigo.

Una mujer de un pueblo de las afueras de la ciudad de Makeni, en el distrito de Bombali, dijo a Amnistía Internacional:

Mi hijo tiene 13 años y es epiléptico. En septiembre de este año [2005], ambos fuimos acusados de brujería. Mi esposo nos denunció al jefe diciendo que nuestro hijo estaba embrujado y que yo era la responsable. Basándose en esta acusación, el jefe presentó cargos de brujería contra mí y contra mi hijo. Dijo que cada uno de nosotros teníamos que pagarle 20 litros de aceite de palma, 50.000 leones [15 dólares estadounidenses], una cabra y un recipiente de 600 cm cúbicos de arroz.

Supliqué al jefe clemencia afirmando que no podía de ninguna forma pagar semejantes multas. Su respuesta fue ordenarme ir a la cárcel tribal, de donde no saldría hasta que le pagara una fianza de 12.000 leones [4 dólares estadounidenses]. Cuando lo hice, me puso en libertad, pero luego me exigió que pagara las multas. Como no tenía tanto dinero, le supliqué que me dejara ir a Freetown a reunir el dinero. Dijo que lo haría si dejaba a alguien en el pueblo que pudiera pagar si no regresaba. Mi tío, que vive aquí, accedió.

Al día siguiente fui a Freetown a buscar a mi hermano. Era la única persona que conocía que podía ayudarme. Dejé a mi hijo en el pueblo con el resto de mi familia. Me quedé en Freetown algún tiempo, pues tardé en convencer a mi hermano de que volviera al pueblo conmigo. Cuando por fin lo hice, encontré al niño al cuidado de un trabajador comunitario, que me dijo que había quedado en la indigencia porque nadie había querido cuidarlo pensando que estaba embrujado. Cuando oyó mi historia, el trabajador comunitario nos aconsejó a mí y a mi hermano que lleváramos el asunto a un abogado de derechos humanos del Proyecto Acceso a la Justicia(17) de Makeni. Fuimos a Makeni a hablar con el abogado. Tras oír nuestra historia, envió una carta al jefe de nuestro pueblo. En cuanto la carta le llegó al jefe, éste retiró los cargos de brujería y todas las multas que me había impuesto. No estoy segura de lo que habría hecho si no hubiera sido por el abogado de derechos humanos del Centro Legal del Proyecto Acceso a la Justicia de Makeni. (18)

En su discurso a la nación de 2003, el presidente Kabbah dejó claro que los jefes sólo están facultados para decidir acerca de disputas sobre asignación y límites de tierras. El presidente afirmó claramente que sólo los Tribunales Locales pueden sentenciar sobre casos de derecho consuetudinario y los jefes no están facultados para determinar la culpabilidad o la inocencia, imponer penas de prisión, multas u otros castigos o exigir fianzas, ni de hecho dictar ningún tipo de resolución en este tipo de causas. Los Tribunales Locales están restringidos a decidir sobre todas las causas civiles en las cuales se exigen menos de 250.000 leones [75 dólares estadounidenses] y las causas penales cuya condena no exceda de 6 meses o multa de 50.000 leones [15 dólares estadounidenses].(19) El resto de los casos caen bajo la jurisdicción de los Tribunales de Primera Instancia o del Tribunal Superior.

Amnistía Internacional ha encontrado que la asistencia legal o paralegal ha contribuido a que las mujeres comprendan la importancia de asegurarse de que sus causas sean llevadas legalmente a través de Tribunales Locales. Quienes proporcionan este tipo de asistencia han ayudado en algunos casos a las mujeres a presentar las causas formalmente ante los Tribunales Locales cuando consideraban que los jefes habían dictado una sentencia injusta.

b. Violencia contra las mujeres

Al igual que sucede en otras sociedades que salen de un conflicto, en toda Sierra Leona hay elevados niveles de violencia contra las mujeres. Aunque no se han llevado a cabo estudios globales sobre qué tipo de violencia es la que predomina, la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL) ha informado de que la violación y la violencia sexual han aumentado en el país después del conflicto en comparación a los niveles anteriores a éste.(20) La mayoría de los casos de violencia contra las mujeres, especialmente los perpetrados por el esposo u otro familiar, se "resuelven" dentro de la familia. Fuera de ella, tradicionalmente el primer punto de contacto en busca de justicia son los jefes, que también pueden ocuparse de casos de violencia de género fuera del contexto familiar, en la comunidad.

Estudios llevados a cabo por organizaciones no gubernamentales nacionales revelan que generalmente los jefes no son conscientes del carácter penal de estos delitos y de su impacto psicológico sobre las mujeres y, en general, siguen siendo reacios a castigar a los perpetradores, creyendo que el castigo siembra la discordia en la comunidad.(21) Esta renuencia a hacer justicia con las mujeres ha generado una cultura de impunidad para la violencia contra ellas que tal vez sea un factor que explique las elevadas cifras de violación y agresión sexual que actualmente siguen dándose en Sierra Leona. Como consecuencia, las mujeres quedan poco protegidas contra la violencia cometida por sus familiares varones.

Esta falta de conocimientos de los jefes se agrava por el hecho de que el derecho consuetudinario permite a los hombres aplicar "correctivos" a sus esposas en ciertas circunstancias.(22) Por ejemplo, un hombre puede aplicar un "correctivo" a su esposa si cree que ha cometido adulterio, ha coqueteado con otro hombre o ha "descuidado sus obligaciones domésticas".(23) Estudios realizados en 2002 por Physicians for Human Rights revelaron que muchas mujeres creían también que su esposo tenía derecho a pegarlas.(24) El derecho consuetudinario no define el "correctivo", pero normalmente éste supone agresión física (por ejemplo, un hombre puede pegar a su esposa o sus hijos incluso por actos menores de desobediencia). Si un marido va más allá del "correctivo", la costumbre es que su esposa regrese al hogar de su familia y pida a su hermano o su padre que busque el consejo del jefe sobre la cuestión.

Esta práctica obliga a las mujeres a depender constantemente de los hombres cuando son víctimas de violencia. Dados la extrema pobreza y el desplazamiento de muchas familias en Sierra Leona después del conflicto, a menudo es difícil que el hermano o el padre puedan siquiera pedir consejo al jefe, lo cual deja a la mujer vulnerable a nuevos abusos por parte de su marido.

El conflicto de Sierra Leona también ha generado un gran número de hogares en los cuales la cabeza de familia es una mujer, en muchos casos viuda. Las viudas sufren formas concretas de discriminación que pueden no ser reconocidas como abusos contra los derechos humanos por las principales organizaciones de derechos humanos o gobiernos. Como dijo Graça Machel:(25) "Estén donde estén las viudas e independientemente de cuál sea su religión y cultura, una característica común de la viudedad es la violencia perpetrada contra ellas por parientes cercanos y aprobada por la inacción de los gobiernos. Muchas viudas son obligadas a abandonar sus hogares y se les impide acceder a recursos esenciales, como techo y tierras para cultivar alimentos. También son sometidas a prácticas tradicionales degradantes y que ponen en riesgo su vida. Carecen de estatus social y a menudo encarnan la vergüenza y el ridículo. Desatender así a millones de viudas tiene consecuencias irrevocables a largo plazo para el bienestar y el desarrollo sostenible de todas nuestras sociedades".(26)

Una viuda de Magburuka, en el distrito de Tonkolili, dijo a Amnistía Internacional:

Tras la muerte de mi marido en la guerra, tuve que casarme con su hermano. Ahora tengo seis hijos, cuatro de mi marido fallecido y dos del actual. Éste no está mucho en casa, ni ayuda regularmente a la manutención de los niños. Poco después del nacimiento de nuestro hijo, decidí circuncidarlo sin consultar a mi esposo, que se encontraba ausente. Cuando descubrió que había circuncidado a su hijo sin él saberlo, me pegó. Me pegó tan fuerte que necesité atención médica, pero no tenía dinero para ir al hospital. Tuve que conseguir drogas de los traficantes. Al principio quería denunciar el caso a la policía, pero la familia de mi esposo me aconsejó que no lo hiciera. No consideré la posibilidad de llevar el asunto ante el jefe, pues no tenía dinero y el jefe no se lo tomaría en serio. El Tribunal Local tampoco era una opción, pues no tenía dinero [...] Lo que realmente temo ahora es que mi esposo acuda al jefe y que éste me obligue a dejar la casa. Si lo hace, ¿dónde iré y cómo atenderé a mis hijos? No tengo familia propia a la que acudir. En realidad lo único que quiero ahora es que mi esposo vuelva a casa y me ayude con los hijos.(27)

Las mujeres se consideraban, y con frecuencia siguen considerándose, propiedad de los esposos, algo que la familia del marido heredará a la muerte de éste junto con el resto de sus bienes. En algunos casos, se exige o anima a la mujer a que se case con el hermano de su esposo fallecido para que la familia de éste conserve todos los derechos sobre sus bienes. En algunas zonas de Sierra Leona, la mujer no tiene derecho a heredar los bienes de su esposo, ni siquiera la casa donde vive con sus hijos. Queda a discreción de la familia del marido permitir a la esposa quedarse con todos o parte de los bienes de éste, aunque no tenga derecho legal a ellos.(28) La práctica tradicional a veces ha evolucionado y la esposa hereda una parte de las propiedades de su marido, pero la parte que heredan los hijos varones es siempre mayor que la que heredan la esposa o las hijas.(29)

Una mujer de la ciudad de Makeni, distrito de Bombali, describió cómo, tras enviudar a consecuencia del conflicto y volverse a casar, su nuevo esposo, del que dependían económicamente ella y sus hijos, la había sometido a actos de violencia sexual, sin que hubiera podido conseguir resarcimiento. Esta mujer relató a Amnistía Internacional:

Tengo seis hijos. Cinco de ellos los tuve con mi anterior esposo, que murió en la guerra, y ahora tengo uno con mi nuevo esposo. Desde que estamos juntos, mi nuevo esposo no se ocupa de los niños y todo lo que quiere es sexo. Yo no quiero porque tengo un hijo pequeño y estoy cansada. Además, no quiero tener más hijos. Realmente no sabía lo que hacer. No tengo cerca a mi familia, pues la mayoría murieron en la guerra, y todos en la comunidad, incluido el jefe, me aconsejan que me aguante. Me advirtieron que no denunciara a la policía que mi esposo me viola o no me da dinero para mantener a los niños, porque se limitarán a encerrarlo y así no habrá oportunidad de que pague. Además, si lo encierran será malo para los niños y tendrá un efecto negativo sobre ellos.(30)

Muchas mujeres han dicho a Amnistía Internacional que querían dejar a sus maridos para escapar de la violencia que éstos les infligen. Afirman que otros miembros de la familia las disuadieron de que acudieran a la policía o pidieran el divorcio, ya que pedir ayuda a la policía supondría automáticamente el desmembramiento de la familia. Ninguna de las opciones les garantizaba apoyo económico del marido, sin el cual la mayoría de ellas y sus hijos estarían condenados a vivir en la más absoluta pobreza.

Una mujer de la ciudad de Bo, distrito de Bo, dijo a Amnistía Internacional:

Cuando mi esposo comenzó a pegarme lo único que yo quería era dejarlo y divorciarme. Su familia me dijo que me quedara con él y me aconsejaron que no fuera a la policía ya que, según dijeron, si lo hacía sería mucho peor para él y para mí. Aunque ahora lo único que quiero es divorciarme, me preocupa cómo sobreviviré.(31)

Ni el derecho formal ni el consuetudinario obligan al marido a contribuir económicamente al cuidado de los hijos mientras la familia vive junta. Si una mujer ha abandonado a su esposo o si han decidido separarse, ella no tiene derecho a recibir ninguna ayuda para sí, y la cantidad que dispone la ley en concepto de manutención de los hijos es sumamente inadecuada.(32)La esposa sólo tiene derecho a manutención si el marido la abandona, y la cantidad que dispone la ley es mínima: 20.000 leones [6 dólares estadounidenses] al mes.(33)Como se considera difícil probar el abandono, las mujeres se quedan a menudo sin poder acceder ni siquiera a la pensión de manutención mínima para mantener a sus hijos.

Muchas mujeres han dicho a Amnistía Internacional que han tratado sin éxito de denunciar casos de incumplimiento del pago de la manutención a la policía, a través de sus Unidades de Apoyo a la Familia, recién creadas, pero las han animado a que regresen con sus propias familias, acudan con el caso al jefe o simplemente sobrevivan por sus propios medios. El Ministerio de Bienestar Social, Género y Menores, también responsable de resolver estas cuestiones, tiene escasez de personal y por consiguiente su capacidad para hacerlo es limitada.

Aunque muchas mujeres quieren trabajar, tener sus propias tierras y poder acceder a bienes para ser económicamente independientes de sus maridos, sus opciones son limitadas. La falta de destrezas y de educación hace que les resulte difícil conseguir un trabajo remunerado que les permita alquilar una casa o comprar un pequeño terreno para cultivar alimentos. Incluso en los casos en que las mujeres tienen dinero, los terratenientes suelen negarse a alquilar tierras a mujeres y sólo negocian con hombres.

Esta discriminación alimenta el círculo vicioso de violaciones y abusos contra los derechos humanos que se da en el país. La falta de ingresos e independencia económica perpetúa la violencia, pues las mujeres se ven obligadas a seguir en relaciones abusivas o violentas por no tener ninguna otra opción.

c. Condición personal y estado civil en el sector legal informal

Las mujeres han sufrido discriminación en causas referidas a su condición personal o estado civil, de las que suelen ocuparse los jefes. Las leyes que regulan el matrimonio, el divorcio, las pensiones de manutención, las propiedades y la herencia se rigen por el derecho consuetudinario y repercuten sobre todos los aspectos de la vida de las mujeres.

Según el derecho consuetudinario, la condición de la mujer en la sociedad equivale a la de un menor. Consecuencia de ello es la desigualdad de la relación de las mujeres con los hombres durante toda su vida, lo cual afecta a su capacidad de buscar justicia o interponer recursos de cualquier tipo cuando sufren abusos. Antes de casarse, la mujer está subordinada a su padre o su hermano y después a su esposo. Si su esposo muere, queda subordinada a un familiar varón, normalmente un hermano, hasta que vuelve a casarse. Se espera que las mujeres casadas se dediquen a ocuparse de la familia y cuidar del hogar.

Como se ha indicado supra, la investigación de Amnistía Internacional demuestra que para muchas mujeres el proceso de interponer recursos en casos de divorcio, manutención, bienes o herencias es demasiado caro y confuso, y, por tanto, inaccesible.Las leyes sobre la condición personal o el estado civil no están escritas, las sentencias basadas en el derecho consuetudinario no están registradas sistemáticamente y dependen de la región y la religión. Además, las leyes que definen el estado civil difieren según el jefe que las administra y el distrito en que lo hace. El desconocimiento por parte de las mujeres de las leyes y procedimientos, así como su falta de capacidad para cuestionar las decisiones de los jefes las hace vulnerables a decisiones arbitrarias e injustas en asuntos que afectan a su capacidad misma de ejercer sus derechos humanos.

Tradicionalmente los jefes pueden asesorar sobre cuestiones civiles y personales si son consultados por miembros de la comunidad, incluidas las mujeres. Pero la Ley de Tribunales Locales de 1963 les prohíbe cobrar por sus servicios. A pesar de que esta práctica es ilegal, habitualmente cobran sumas por citaciones o "vistas" antes de llevar a cabo ningún procedimiento. Las cantidades y los tipos de honorarios que cobran fluctúan significativamente de una jefatura a otra. Según la ley sierraleonesa, las reclamaciones sobre la condición personal o el estado civil, como por ejemplo las peticiones de divorcio, son competencia de los Tribunales Locales o Tribunales de Primera Instancia. Sin embargo, debido a la inaccesibilidad económica o física y al desconocimiento de los tribunales que existen dentro del sistema legal formal, las mujeres suelen buscar la resolución del jefe.

Una mujer de la ciudad de Kenema, distrito de Kenema, dijo a Amnistía Internacional:

Cuando me peleé con la otra esposa de mi marido por él, fui al jefe del pueblo donde viven ambos. El jefe nos reunió, pero no resolvió la disputa. Entonces decidí acudir al jefe de mi pueblo. Esta estrategia no funcionó, ya que la otra esposa no respetaba la autoridad de mi jefe. Luego decidí llevar el asunto al jefe de la ciudad. Esto tampoco funcionó porque los familiares de mi pareja le dijeron que resolverían el caso dentro de la familia. El jefe de la ciudad estuvo de acuerdo y nos pidió a cada uno 20.000 leones [8 dólares estadounidenses]en concepto de retirada. A pesar de la promesa de que la familia de mi pareja resolvería nuestra disputa, su otra esposa y yo continuamos peleadas. Volví al jefe de la ciudad y le dije que el caso aún no se había resuelto. Él me recomendó que lo llevara al Tribunal Local. (34)

Una mujer de un pueblo de las afueras de la ciudad de Makeni, distrito de Bombali, dijo a Amnistía Internacional:

Tengo 25 años. Me fui de casa con mis hijos a vivir con mi familia. Mi esposo, aunque vivía con nosotros, no pagaba nada. Lo acusé de no hacerse cargo de sus hijos. Cuando me quejaba de ello a mi familia o a otras mujeres me decían que tuviera paciencia y lo perdonara. Lo único que yo quería era dejarlo, conseguir el divorcio. El jefe cobra 60.000 leones [18 dólares estadounidenses] por un divorcio. También nos hace limpiar al hombre para que pueda volverse a casar. No apoyo la idea de limpiar al hombre, y además cobra demasiado. En general, no me gusta llevar estos casos ante el jefe, porque no se los toma en serio. Lo único que hace es pedirnos dinero y luego no resuelve realmente el asunto. Una amiga me habló sobre la gente de derechos humanos y me dijo que la ayudaron a solucionar su problema.(35)

En Sierra Leona, tanto el derecho consuetudinario como el formal discriminan a las mujeres en cuestiones de divorcio. El coste económico de pedir el divorcio y vivir con las consecuencias económicas de conseguirlo hace casi imposible que las mujeres puedan sobrevivir solas. Las restricciones para solicitar el divorcio en los tres primeros años de matrimonio, que rigen tanto para hombres como para mujeres, pueden obligar a una mujer a seguir con su esposo aunque la someta a abusos debido a las consecuencias económicas que tendría que afrontar si lo abandonara.

La Ley de Causas Matrimoniales de 1960 establece como motivos de divorcio la crueldad, el adulterio o el abandono de cualquiera de los cónyuges. En el derecho consuetudinario el divorcio se considera difícil de conseguir por lo mucho que varía la ley, pero cualquiera de los dos miembros de una pareja puede iniciar los trámites de divorcio en el Tribunal Local. Sin embargo, de nuevo debido a la deficiente pensión de manutención que se asigna a los hijos, las mujeres rara vez siguen esta vía.

Capítulo III – Normas internacionales

Además de garantizar la observancia de sus propias leyes, el gobierno de Sierra Leona tiene la obligación internacional de respetar, proteger y cumplir el espíritu y la letra de los derechos humanos de las mujeres. El derecho internacional obliga a Sierra Leona a abstenerse de violar los derechos humanos y a proteger a las mujeres de las violaciones de estos derechos cometidas por agentes del Estado, pero también de los abusos cometidos por particulares o grupos. El derecho internacional ha desarrollado la norma de diligencia debida para determinar si un gobierno ha hecho esfuerzos suficientes para cumplir con sus responsabilidades de respetar y hacer cumplir los derechos humanos, incluido en casos en los que los perpetradores no son agentes del Estado.(36) Sierra Leona debe establecer leyes y políticas para proteger contra la discriminación, pero también debe adoptar una amplia gama de medidas para proteger los derechos humanos de las mujeres, y proporcionar resarcimiento y reparación a las mujeres cuyos derechos han sido violados.

Sierra Leona es Estado Parte en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo, así como en los dos pactos internacionales –el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)– que disponen que es obligación del Estado garantizar que tanto hombres como mujeres tengan igual derecho a disfrutar de todos los derechos consagrados en ellos. Como Parte en estos tratados de derechos humanos, el gobierno de Sierra Leona no sólo está obligado a modificar las leyes del país que sean discriminatorias, sino también a legislar activamente contra la discriminación y la violencia contra las mujeres.

Tanto en el PIDCP como en el PIDESC, el artículo 2 contiene una cláusula general que especifica qué derechos deben aplicarse para todos sin discriminación. El artículo 3 explica el principio general consagrado en el artículo 2, concretamente sobre la cuestión de la discriminación sexual, subrayando que la igualdad de hombres y mujeres en el disfrute de los derechos debe hacerse realidad en la ley y en la práctica.(37) El ámbito de aplicación del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres que consagran el PIDCP y el PIDESC ha sido desarrollado por el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.(38)

A nivel regional, Sierra Leona es parte en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y ha firmado, aunque no ratificado, el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África. El artículo 4 de la Carta Africana también exige a los Estados que apliquen los derechos equitativamente entre hombres y mujeres.

Según el artículo 2.f de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, los Estados Partes se comprometen a "adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer". El artículo 5 de este tratado dispone, además, que los Estados Partes tomarán todas las medidas adecuadas para "modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres".

a. Discriminación de las mujeres

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer define la discriminación de las mujeres como "toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera".

El artículo 2 de esta Convención afirma expresamente:

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.

b. Abolición de las leyes discriminatorias

El artículo 2.a de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer exige a los Estados Partes que se comprometan a "consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio". Una disposición similar figura en el artículo 2.1.a del Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África. El artículo 26 del PIDCP afirma también que "la ley prohibirá toda discriminación" por motivos como el género.

Con arreglo a los tratados de derechos humanos que ha ratificado, Sierra Leona está obligada a adaptar sus leyes nacionales a estos tratados. El artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dispone claramente que un Estado Parte "no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado". De ahí se sigue que Sierra Leona no puede aludir a disposiciones de sus leyes nacionales, incluida su Constitución, para no aplicar eficazmente las disposiciones de derechos humanos relativas a la igualdad entre hombres y mujeres descritas anteriormente.

En la medida en que la Constitución de Sierra Leona permite que sigan aplicándose normas discriminatorias de derecho consuetudinario, debe ser modificada para reflejar las obligaciones del país en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

c. Derecho a la igualdad ante la ley

El artículo 15 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer reconocía el derecho a la igualdad ante la ley de hombres y mujeres. También el artículo 26 del PIDCP exige igualdad ante la ley y pide que la ley prohíba toda discriminación y garantice a todas las personas igual protección contra la discriminación por motivos tales como el sexo. El Comité de Derechos Humanos afirma: "En virtud del derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación [...], los Estados deben tomar medidas contra la discriminación por agentes públicos y privados en todos los ámbitos".(39)

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha aclarado que, en lo que respecta al artículo 3 del PIDESC, "el legislador en el desempeño de su función ha de respetar el principio de igualdad en la ley, velando por que la legislación promueva el disfrute por igual de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de los hombres y las mujeres. En cuanto al principio de igualdad ante la ley, habrá de ser respetado por los órganos administrativos y jurisdiccionales, con la conclusión de que dichos órganos deben aplicar la ley por igual a hombres y mujeres".(40)

El derecho a la igualdad ante los tribunales significa también que Sierra Leona debe garantizar que las mujeres disfrutan en pie de igualdad con los hombres del acceso a la justicia y del derecho a un juicio justo, como dispone el artículo 14 del PIDCP. Debe suprimirse cualquier obstáculo, en la ley o en la práctica, que impida a las mujeres el acceso directo y autónomo a los tribunales. La condición de testigo de las mujeres y su testimonio deben tratarse sin discriminación. Igualmente, las mujeres deben tener igual acceso a la asistencia letrada, en particular sobre cuestiones de familia.(41)

La detención ilegal de una mujer por decisión de un jefe viola claramente el derecho a la libertad y a un juicio justo que reconocen el PIDCP y la Carta Africana, en los que Sierra Leona es parte.(42)

d. El derecho a un recurso efectivo

Una obligación fundamental que surge de la ratificación de un tratado de derechos humanos es la de garantizar que las personas que han visto violados los derechos consagrados por el tratado puedan acceder a recursos efectivos y exigibles. Esto incluye no sólo el resarcimiento a un nivel judicial, sino también a través de mecanismos administrativos.

Proporcionar recursos efectivos incluye la obligación de los Estados de garantizar que las personas cuyos derechos han sido violados obtienen una reparación. El ámbito de la reparación es más amplio que la mera indemnización económica, e incluye otros tipos de reparación, como la restitución, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición.

e. El derecho a la igualdad en el matrimonio

El artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho a la igualdad en el matrimonio, que incluye "los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución". Sierra Leona está obligada a garantizar, entre otras cosas, la igualdad de derechos respecto a la propiedad o administración de los bienes y a la herencia.

f. Obligación de evitar, detener y castigar la violencia contra las mujeres

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de las Naciones Unidas, afirma en su artículo 1:

[...] por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

Según el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la violencia de género es "violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta de forma desproporcionada".

Si bien la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer no hace referencia alguna a la violencia contra las mujeres, la base de esta violencia es en gran medida y según se entiende en la actualidad, la constante y omnipresente discriminación de las mujeres y su subordinación en la vida diaria. Como órgano de la ONU que vela por la aplicación de esta Convención, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer explicó:

La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de los diversos convenios de derechos humanos, constituye discriminación, como la define el artículo 1 de la Convención. Esos derechos y libertades comprenden:

a) El derecho a la vida;

b) El derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

c) El derecho a protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o interno;

d) El derecho a la libertad y a la seguridad personales;

e) El derecho a igualdad ante la ley;

f) El derecho a igualdad en la familia;

g) El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental;

h) El derecho a condiciones de empleo justas y favorables.

Esto supone que la violencia de género puede ser una violación por parte del Estado de sus obligaciones con arreglo a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer cuando dicho Estado no ejerce la diligencia debida para impedirla, ponerle fin o castigarla.

Según el artículo 4 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, "los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla".

g. Informes a los órganos de vigilancia de los tratados

El gobierno de Sierra Leona, con la ayuda del UNIFEM y de organizaciones de mujeres, está preparando el informe inicial para el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órgano creado para vigilar el cumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Amnistía Internacional cree que esto supone una oportunidad para que Sierra Leona vigile y revise sus leyes y prácticas y anime al examen público de las acciones del gobierno.

Sierra Leona debe 30 informes a los órganos de vigilancia de los tratados de las Naciones Unidas. Trece de estos informes llevan más de 10 años de retraso. El gobierno de Sierra Leona debe iniciar inmediatamente el proceso de elaborar sus informes atrasados con arreglo a las directrices de los órganos de vigilancia pertinentes. Al hacerlo debe incluir información sobre las medidas tomadas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y ofrecer resarcimiento por las violaciones y abusos contra los derechos humanos de las mujeres.

Capítulo IV - Conclusiones

Amnistía Internacional ha visto que las mujeres en la Sierra Leona rural están expuestas a graves abusos contra los derechos humanos a manos de los hombres en sus hogares y en sus comunidades y también a manos de los jefes que actúan ilegalmente imponiendo multas, castigos y, en algunos casos, detenciones arbitrarias. Además, el gobierno de Sierra Leona no ha protegido a las mujeres de estos abusos impidiendo o previniendo que los jefes actúen ilegalmente y promulgando leyes que eviten la discriminación en sectores relativos a la condición personal o el estado civil.

La imposibilidad de recusar la autoridad de los jefes que dictan ilegalmente sentencias en el sistema legal informal perpetúa un círculo vicioso de abusos y violencia que las mujeres no pueden romper por sí solas. Es preciso que el gobierno de Sierra Leona haga esfuerzos a varios niveles para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres: enmendando la Constitución para asegurarse de que no discrimina ni en la ley ni en la práctica, apoyando un proceso transparente de reformas legales respecto al matrimonio, la herencia, el divorcio y los delitos sexuales y apoyando el desarrollo de leyes que proporcionarán un verdadero resarcimiento contra la violencia doméstica.

El gobierno también debe poner fin a los abusos contra los derechos humanos en el ámbito local imponiendo medidas punitivas contra los jefes y otros miembros de la comunidad que actúan fuera de la ley o en su contra. También deben tomarse medidas para garantizar que las causas se resuelven adecuadamente en los Tribunales Locales y que éstos funcionan bien. Amnistía Internacional es consciente de que se están realizando esfuerzos para que se entienda la función de los jefes como parte de la Ley de Tribunales Locales actualmente en proceso de modificación, y espera su aplicación en los 149 distritos de Sierra Leona.

Es preciso que se tomen medidas para garantizar que las mujeres pueden ejercer su derecho a un nivel de vida adecuado para ellas y su familia, incluido el derecho a una vivienda. También tienen las mujeres el derecho a la oportunidad de ganarse la vida, y debe permitírseles aspirar a lograrlo.

Amnistía Internacional ha hallado que las organizaciones de ayuda legal y paralegal han desempeñado la función de ser una medida específica en el periodo posterior al conflicto para apoyar el acceso a la justicia de la población pobre rural, incluidas las mujeres. Justice and Peace and Human Rights Commission de la Iglesia Católica, el Lawyers Centre for Legal Assistance en las capitales de distrito y en Freetown, y Timap for Justice en Magburuka y Bo han proporcionado servicios de ayuda legal y paralegal a muchas mujeres de ciudades del distritos y pueblos de los alrededores. Sin embargo, según dijeron a Amnistía Internacional, estas organizaciones están totalmente desbordadas, con muchos más casos de los que pueden atender.(43) Necesitan más apoyo para poder avanzar en la tarea de conseguir asesoramiento legal gratuito, mediación entre la familia y la comunidad y representación en los tribunales.

Estas organizaciones exigen también más apoyo para continuar con su tarea de impartir talleres que aumenten la concienciación sobre los derechos humanos entre las comunidades y los funcionarios locales. Las entrevistas de Amnistía Internacional con mujeres del ámbito rural en Sierra Leona en 2005 mostraron que, a medida que las mujeres iban siendo conscientes de sus derechos con arreglo a las leyes y la Constitución, iban siendo capaces de impugnar y apelar sentencias que consideraban injustas.

A más largo plazo, el gobierno de Sierra Leona debe tomar medidas para asegurarse de que todos los sierraleoneses pueden acceder a este tipo de servicios, especialmente las mujeres en vista de las desigualdades estructurales y la discriminación que sufren.

Capítulo V - Recomendaciones

Amnistía Internacional pide al gobierno de Sierra Leona que tome sin demora las siguientes medidas para poner fin a los abusos contra los derechos humanos de las mujeres que cometen los jefes y para terminar con la discriminación de las mujeres en la ley y en la práctica:

Poner fin a la discriminación y la violencia y otros abusos contra las mujeres

· Velar por el cumplimiento de la prohibición de los castigos ilegales, como la prisión arbitraria y las multas punitivas, y otros abusos contra los derechos humanos que se infligen a las mujeres en nombre de las costumbres y la tradición.

· Prohibir toda violencia contra las mujeres –incluidos los "correctivos"– como agresión y delito contra la persona, y procesar a sus autores.

· La violación y otros actos de violencia sexual contra las mujeres deben tratarse como delitos contra la mujer que los sufre, y cualquier reparación, incluida la indemnización, debe concedérsele a ella a título individual.

· Garantizar que las Unidades de Apoyo a la Familia cumplen con su responsabilidad de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia de género en la familia y en la comunidad, y no intentan de ningún modo convencer a las mujeres de que permanezcan en situaciones en las que estén sometidas a este tipo de violencia.

Emprender reformas legales e institucionales

· Asegurarse de que se enmienda la sección 27, artículo 4.c de la Constitución, que actualmente permite la discriminación con relación al derecho consuetudinario.

· Garantizar que los pleitos de derecho consuetudinario se remiten a los Tribunales Locales con arreglo a las leyes de Sierra Leona, y prohibir el juicio ilegal de asuntos de derecho consuetudinario por parte de jefes y su imposición de castigos arbitrarios y otras penas ilegales.

· Proporcionar directrices claras y formación a los jefes respecto a los límites de sus atribuciones, y procesar a todo jefe que persista en tratar de juzgar casos que no están dentro de sus competencias.

· Instituir el registro y la publicación del derecho consuetudinario tal como se aplica en virtud de las decisiones y actuaciones de los Tribunales Locales, y garantizar que no es discriminatorio para las mujeres y se ajusta a las normas internacionales de derechos humanos, incluida la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

· Reforzar la supervisión de los Tribunales Locales y la formación de sus funcionarios, llevadas a cabo por los agentes de derecho consuetudinario, en el Ministerio de Justicia, especialmente en relación con el registro de sentencias y la estandarización de penas.

Fortalecer la protección de los derechos humanos de las mujeres

· Garantizar que los jefes, el personal de los Tribunales Locales, la policía y el personal del ámbito legal formal reciben formación sobre los principios de derechos humanos, en particular en su aplicación a las mujeres, incluido el reconocimiento de que la violencia contra las mujeres es un delito; asegurarse también de que cuando ejerzan alguna función de mediación no empleen su influencia para coaccionar a las mujeres a fin de que permanezcan en relaciones violentas o abusivas, no cobren honorarios ilegales ni traten de arbitrar ilegalmente en asuntos que deben remitirse a la policía, los Tribunales de Primera Instancia y los Tribunales Superiores.

· Garantizar que existen servicios de asistencia legal y paralegal accesibles de forma sistemática en todo el país, a fin de asegurar un verdadero acceso a la justicia. Reforzar la ayuda paralegal y legal a las mujeres, apoyando a organizaciones no gubernamentales que prestan estos servicios y permitiendo que las propias mujeres reciban formación paralegal en áreas pertinentes de la ley y los procedimientos legales.

· Llevar a cabo una educación pública eficaz en toda la sociedad con el objetivo de modificar las pautas sociales y culturales y eliminar prejuicios y prácticas tradicionales y de otro tipo que se basan en la idea de la inferioridad o la superioridad de alguno de los sexos o en estereotipos de roles de hombre y mujer, como exigen las obligaciones contraídas por Sierra Leona en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Esto incluye aumentar la concienciación del público sobre los derechos humanos de las mujeres, especialmente su derecho a no ser discriminadas y a no sufrir castigos ilegales.

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(1) Se considera Sierra Leona rural a todo el territorio del país excepto la capital, Freetown.



(2) Constitución de 1991 de Sierra Leona, artículo 170.



(3) Se considera Sierra Leona rural a todo el territorio del país excepto la capital, Freetown.



(4) Constitución de 1991 de Sierra Leona, artículo 170.



(5) El artículo 27 de la Constitución establece que ninguna ley debe contener disposiciones discriminatorias, en sí mismas o por sus efectos, y prohíbe que nadie trate de forma discriminatoria en virtud de ninguna ley. Sin embargo, la Constitución anula gran parte de las promesas de igualdad en el artículo 27.4.d, al exceptuar de la prohibición de leyes discriminatorias a aquellas que se ocupan del matrimonio, el divorcio y la herencia u otros intereses del derecho personal.



(6) Ley de Tribunales Locales, 1963



(7) Ley de Tribunales Locales, 1963



(8) Entrevista realizada por Amnistía Internacional a activista de derechos humanos en la ciudad de Bo, distrito de Bo.



(9) Los Tribunales Locales se describen con más detalle en el informe de Amnistía Internacional No one to turn to: Women’s lack of access to justice in Sierra Leone, Índice AI: AFR 51/011/2005.



(10) Alterman, Owen, Binienda, Aneta, Rodella, Sophie, y Varzi, Kimyia, The Law People See: The Status of Dispute Resolution in the Provinces of Sierra Leone in 2002, A National Forum for Human Rights Publication, Freetown, p. 10.



(11) Un estudio de 2005 halló que de 128 personas entrevistadas en toda la Sierra Leona rural, aproximadamente el 42 por ciento dijeron que acudirían al jefe para resolver conflictos personales y familiares. Campaign for Good Governance, Report on the project – short term inputs to support the informal justice sector component, estudio realizado en nombre del UK Justice Sector Development Project, junio de 2005.



(12) Alterman, Owen, Binienda, Aneta, Rodella, Sophie, y Varzi, Kimyia, The Law People See: The Status of Dispute Resolution in the Provinces of Sierra Leone in 2002, A National Forum for Human Rights Publication, Freetown, p. 23.



(13) Ibídem p. 32.



(14) Entrevista realizada por Amnistía Internacional en la ciudad de Kenema, distrito de Kenema, octubre de 2005.



(15) Sección VII, artículo 40: "Toda persona que, dentro de la jurisdicción de cualquier Tribunal Local debidamente constituido, ejerza o trate de ejercer poderes judiciales que no se ajusten a las disposiciones de ninguna ley, o que se reúna como miembro de dicho tribunal sin la debida autoridad, cometerá delito y deberá pagar una multa no superior a 25 libras o ser encarcelada durante un plazo no superior a los tres meses, o ambas penas. No se iniciará en virtud de este artículo ninguna acción judicial sin el consentimiento por escrito del asesor judicial".



(16) Los jefes no pueden dictaminar en casos de brujería. La ley del país no reconoce el delito de "brujería", por lo que este tipo de cargo es arbitrario y viola las normas internacionales de derechos humanos.



(17) Justice and Peace and Human Rights Commission lleva funcionando desde febrero de 2005 y brindan asesoramiento y representación legal a mujeres, menores y jóvenes. El Proyecto Acceso a la Justicia se desarrolló tras los resultados de un estudio según el cual el 98 por ciento de las personas, que viven en una comunidad empobrecida en términos generales, no tiene ningún acceso a la justicia. El proyecto convocó concentraciones o marchas, organizó talleres y días de debate sobre el efecto de la violencia contra las mujeres y los menores a fin de sensibilizar sobre el tema, especialmente a los dirigentes locales, que se han mostrado reacios a hacerse cargo de estas cuestiones. Las sesiones de formación se centraron en los procedimientos legales para investigar y procesar delitos violentos, el papel de los dirigentes comunitarios y de la policía, así como el impacto psíquico y físico de la violencia sobre las víctimas.



(18) Entrevista realizada por Amnistía Internacional en la ciudad de Makeni, distrito de Bombali, octubre de 2005.



(19) Ley de Tribunales Locales, 1963



(20) Información procedente de las consultas llevadas a cabo por la Sección de Derechos Humanos de la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL) en todas las zonas rurales de Sierra Leona para la Conferencia de las Partes Interesadas en los Derechos Humanos de 2005.



(21) Estudio Knowledge, Aptitude and Practise llevado a cabo como parte de un proyecto piloto de 2005 para el Proyecto Acceso a la Justicia de la Iglesia Católica en las ciudades septentrionales de Makeni, Kambia y Kabala, en los distritos de Bombali y Tonkolili.



(22) Joko Smart, H.M., Sierra Leone Customary Family Law, Fourah Bay College Bookshop Limited, 1983, p. 108.



(23) Ibídem, p.109.



(24) Physicians for Human Rights, War Related Sexual Violence: A population based assessment.



PHR Washington 2002, p. 10.



(25) Graça Machel, esposa de Nelson Mandela, ha desarrollado una gran actividad internacional y es mundialmente conocida por su compromiso con los derechos de mujeres y menores, la educación y el desarrollo. Fue presidenta de la Comisión Nacional de UNESCO en Mozambique, delegada de la Conferencia de UNICEF de 1988 y miembro del comité conductor de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos de 1990. En 1994, el secretario general de las Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali, la nombró experta independiente encargada de elaborar el Informe sobre el Impacto del Conflicto Armado en los Niños, y Graça pasó el periodo 1994-1996 viajando para investigar la difícil situación de los niños que viven en países acosados por la guerra.



(26) Discurso de Graça Machel en la inauguración de la sesión plenaria de la Conferencia 2001 de Widows Rights International, http://www.widowsrights.org/index.htm.



(27) Entrevista realizada por Amnistía Internacional en la ciudad de Magburuka, distrito de Tonkolili, octubre de 2005.



(28) El marido siempre hereda los bienes de su esposa, hayan tenido hijos o no.



(29) Joko Smart, H.M., Sierra Leone Customary Family Law, Fourah Bay College Bookshop Limited, 1983, p. 152.



(30) Entrevista realizada por Amnistía Internacional en la ciudad de Makeni, distrito de Bombali, octubre de 2005.



(31) Entrevista realizada por Amnistía Internacional en la ciudad de Bo, distrito de Bo, octubre de 2005.



(32) Ley sobre la Manutención de la Mujer Casada, Sección 100 de las leyes de Sierra Leona, 1960.



(33) Ibídem.



(34) Entrevista realizada por Amnistía Internacional en la ciudad de Kenema, distrito de Kenema, octubre 2005.



(35) Entrevista realizada por Amnistía Internacional en la ciudad de Makeni, distrito de Bombali, octubre de 2005.



(36) Véase Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Communication 155/96, The Social and Economic Rights Action Centre and the Centre for Economic and Social Rights v Nigeria, párrafo 44: "Las ideas aceptadas internacionalmente de las diversas obligaciones generadas por los derechos humanos indican que todos los derechos, tanto los civiles y los políticos como los sociales y económicos, generan al menos cuatro niveles de obligaciones que debe asumir un Estado para adherirse a un régimen de derechos humanos, a saber: respetar, proteger, promover y hacer realidad estos derechos. Estas obligaciones son de aplicación universal para todos los derechos y suponen una combinación de obligaciones positivas y negativas [...] Cada nivel de obligación es igualmente pertinente para los derechos en cuestión".



(37) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos afirma en su artículo 2.1: "Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social". Y en su artículo 3 dispone: "Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto". Igualmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2.2, afirma: "Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social". Y su artículo 3 afirma que los Estados Parte "se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto".



(38) Véanse Observación General Nº 28 del Comité de Derechos Humanos y Observación General Nº 16 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.



(39) Véase Observación General Nº 28 del Comité de Derechos Humanos, párrafo 31.



(40) Véase Observación General Nº 16 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, párrafo 9.



(41) Véase Observación General Nº 28 del Comité de Derechos Humanos, párrafo 18.



(42) El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone, entre otras cosas: "Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta". El artículo 14 afirma también: "Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil".



En su Observación General Nº 3, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone: "Entre las medidas que cabría considerar apropiadas, además de las legislativas, está la de ofrecer recursos judiciales en lo que respecta a derechos que, de acuerdo con el sistema jurídico nacional, puedan considerarse justiciables". El Comité de Derechos Humanos también ha aclarado, en relación con el artículo 2 del PIDCP: "El párrafo 3 del artículo 2 exige que, además de dar una protección efectiva a los derechos del Pacto, los Estados Partes garanticen que toda persona disponga también de recursos accesibles y eficaces para justificar esos derechos".



(43) Entrevistas con miembros de Timap for Justice, octubre de 2005. Un artículo sin publicar de Vivek Maru, cofundador de Timap for Justice, proporcionó gran parte de la información complementaria de este informe.





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