Índice AI: AFR 51/01/92/s

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del miércoles 29 de abril de 1991

SIERRA LEONA

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

EN UNA GUERRA OCULTA

Los representantes de Amnistía Internacional que acaban de llegar de Sierra Leona han descubierto que estaban teniendo lugar graves violaciones de derechos humanos en una guerra civil oculta y brutal.

"Ha estallado una guerra no declarada en Sierra Leona," ha afirmado la organización de derechos humanos, "y, ante un mundo indiferente, se conculcan en gran escala los derechos humanos. Se ejecuta extrajudicialmente, se tortura y se encarcela en régimen de incomunicación a los civiles desarmados. Nadie tiene un conocimiento preciso de la amplitud de los abusos."

Los representantes de Amnistía Internacional viajaron al este y al sur de Sierra Leona, una zona que hace unos meses era escenario de las más encarnizados combates. Ahora, las fuerzas del gobierno han obligado a retroceder a los rebeldes, pero sigue existiendo el justificado temor de que tanto el ejército como los rebeldes sigan violando los derechos humanos en las actuales zonas de guerra.

"Es casi imposible decir con certeza qué está ocurriendo allí ahora mismo," ha asegurado Amnistía Internacional, "porque la información que llega de las zonas de combate es siempre incompleta. Pero sabemos con seguridad lo que ocurrió en las zonas recientemente afectadas por la guerra y tememos que ocurra lo mismo en el frente actual."

En marzo de 1991 entró en Sierra Leona una fuerza invasora procedente

del área de Liberia controlada por el Frente Nacional Patriótico de Liberia, grupo armado dirigido por Charles Taylor. La fuerza invasora estaba integrada asimismo por sierraleoneses contrarios al gobierno unipartidista del presidente Joseph Saidu Momoh. Los invasores tomaron poblaciones en las provincias del sur y el este y mataron a centenares de personas que se negaron a colaborar con ellos. Desde entonces, los rebeldes y las fuerzas armadas del gobierno, ayudados por países amigos, están enzarzados en combate. A fines de 1991 se tuvieron noticias de que el gobierno de Sierra Leona había anunciado que se consideraría rebelde a todo el que se hallase tras las líneas de los invasores.

Se han tenido informes de que las fuerzas gubernamentales, a medida que recuperaban poblaciones, reunían "tribunales canguro" y ejecutaban a todo sospechoso de haberse unido a los invasores o de haber colaborado con ellos, y obligaban a los residentes a delatarlos. Si los sospechosos no lograban reunir testigos que respondieran de ellos, los ejecutaban de un tiro, normalmente en público. Los "tribunales" mencionados carecen de fundamento legal y los detenidos no tienen ninguna oportunidad de defenderse ante ellos como es debido.

A las personas de quienes se sospechaba que eran rebeldes las han torturado atándolas fuertemente, golpeándolas y, en ocasiones, mutilándolas e hiriéndolas con bayonetas. Una reducida proporción de los presuntos rebeldes han estado detenidos en la capital, Freetown, sin que se presentaran cargos ni se incoase un proceso contra ellos, en condiciones penitenciarias que hacían peligrar su vida. Varios de ellos estaban heridos pero no recibieron medicación y se tuvieron informes de que algunos habían muerto como consecuencia de heridas, malnutrición y falta de cuidados médicos.

En algunos casos, había personas que seguían detenidas en Freetown por haber sido denunciadas en falso, muchas veces por empresarios rivales. Una mujer y sus hijos fueron detenidos porque se creía que era la esposa de un dirigente rebelde.

Las fuerzas insurrectas son responsables también de graves abusos contra los derechos humanos, como torturas y homicidios. La fuerza invasora mató a decenas de civiles, sobre todo a simpatizantes del gobierno, tales como jefes tradicionales y empresarios musulmanes.

"Ambas partes de esta guerra han culpables de abusos contra los derechos humanos en los últimos meses," asegura Amnistía Internacional. "Tememos que la matanza de civiles y prisioneros prosiga en estos momentos en el frente, lejos de las miradas del mundo exterior."

"Ni siquiera en tiempo de guerra hay excusa para cometer violaciones de este tipo. Hacemos un llamamiento al gobierno para que ponga fin a la matanza y para que ordene una investigación imparcial e inmediata de todas las denuncias sobre los homicidios y torturas perpetrados por sus fuerzas. El gobierno debe, asimismo, regular y registrar la detención y el interrogatorio de los presuntos rebeldes y de sus colaboradores."

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