Document - Rwanda: Government slams door on political life and civil society

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública



Índice AI: AFR 47/012/2004 (Público)

Servicio de Noticias: 146/2004

9 de junio de 2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR470122004




Ruanda: el gobierno da un portazo a la vida política y la sociedad civil



La condena del ex presidente ruandés Pasteur Bizimungu y otras siete personas es una prueba más de la voluntad del gobierno de socavar el sistema de justicia penal de Ruanda, en un intento de eliminar toda posible oposición política.


El juicio y la sentencia de estos ocho procesados, unido a otros acontecimientos recientes, demuestran la disposición de las autoridades a negar los derechos civiles y políticos a las personas y organizaciones de la sociedad civil que se atreven a criticar al gobierno controlado por el Frente Patriótico Ruandés.


“Con estas acciones, el gobierno ruandés está cerrando la puerta a cualquier tipo de debate político libre y abierto”, ha declarado Amnistía Internacional.


Pasteur Bizimungu ha sido condenado a quince años de prisión por incitación a la desobediencia civil (cinco años), asociación con elementos delictivos (cinco años) y malversación de fondos públicos (cinco años). Charles Ntakirutinka, enjuiciado en el mismo proceso y ex ministro de Obras Públicas, recibió una pena de diez años de cárcel por incitación a la desobediencia civil y asociación con elementos delictivos.


“Pasteur Bizimungu y Charles Ntakirutinka son presos políticos y posibles presos de conciencia y, por tanto, deben ser puestos en libertad o juzgados de nuevo sin dilación y con arreglo a las normas internacionales sobre imparcialidad procesal”, instó Amnistía Internacional.


Los seis enjuiciados restantes –-Philémon Munyaneza, Valens Munyaneza, Joseph Gasisira, Emmanuel Ngayaberura, Damascène Nsengimana y Grégoire Uzabakiriho– han sido condenados a sendas penas de cinco años de prisión por asociación delictiva. Amnistía Internacional pide que estas personas sean sometidas a un juicio justo por cargos penales reconocibles o puestas en libertad.


El motivo que subyace en el juicio de Pasteur Bizimungu y sus siete coprocesados fue la iniciativa del primero de crear un nuevo partido político, el Partido Democrático por la Renovación, en mayo de 2001. Los ocho fueron acusados de organizar reuniones clandestinas para perturbar el orden público, provocar el conflicto civil y asesinar a ciertas autoridades del gobierno. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, no hay prueba alguna de que los seis coprocesados participaran en reuniones junto con Bizimungu.

Las condiciones de detención y reclusión de estas personas, y el propio juicio, vulneraron las normas internacionales de imparcialidad. Pese a la gravedad de los delitos que se les imputaban, el juicio se celebró en escasos 12 días, entre el 20 de abril y el 19 de mayo de 2004. Los procesados sólo pudieron presentar un número limitado de testigos. El juicio se caracterizó asimismo por la ausencia de pruebas contra los procesados y por la negativa de los jueces a permitir que la defensa contrainterrogase a fondo a los testigos de la acusación, que ignoraron o recibieron instrucciones de ignorar las preguntas que formularon los abogados de la defensa durante el contrainterrogatorio.

El abogado defensor de Pasteur Bizimungu y Charles Ntakirutinka estuvo detenido 24 horas por “desacato al tribunal” tras señalar que no se había permitido que Charles Ntakirutinka abordara una cuestión planteada por Pasteur Bizimungu. El tribunal había decidido que, una vez abordada un asunto, no podía volver a tratarse.


“Las actuaciones y el resultado del juicio menoscaban la afirmación del gobierno ruandés de que está fomentando una sociedad abierta y de que el poder judicial puede actuar con independencia de los intereses del gobierno”, ha afirmado la organización.


En términos generales, los criterios para la admisión de pruebas en el juicio fueron aparentemente muy poco rigurosos, y según los informes, las declaraciones de los testigos se obtuvieron en ocasiones bajo coacción o tortura. El testimonio de algunos testigos de la acusación contradijo declaraciones que habían realizado con anterioridad o los testimonios de otros testigos de la acusación. Uno de ellos declaró ante el tribunal que había mentido a la policía y a la fiscalía por miedo, porque había sido sometido a una fuerte coacción. Otro testigo de la acusación se limitó a reproducir lo que había oído en un bar.

Los cinco testigos de la defensa informaron de que ninguno de los seis coprocesados condenados a cinco años de prisión había realizado ninguna de las acciones de las que estaban acusados. También sostuvieron que el principal testigo de la acusación no conocía personalmente a Pasteur Bizimungu ni a Charles Ntakirutinka y que, por tanto, no podía declarar sobre ninguno de los hechos en los que supuestamente participó.


Información general


En Ruanda, además de la bien documentada represión de la oposición política, se está reduciendo con rapidez el espacio para cualquier tipo de debate. Las organizaciones de la sociedad civil están sometidas a una presión creciente del gobierno, hasta el punto de que en ocasiones se han visto obligadas a restringir sus actividades para evitar su clausura total.


La Comisión para la Unidad y Reconciliación Nacional y el ministerio de Gobierno Local y Asuntos Sociales citaron a LIPRODHOR, una de las pocas organizaciones locales independientes de derechos humanos que quedan en Ruanda, y a varias organizaciones no gubernamentales más, para que respondieran a las acusaciones de que estaban actuando en contra de la unidad y la reconciliación nacionales.




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