AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Fecha: 23 de abril de 2010
Índice AI: aún no asignado

Ruanda: Terminar con las fuertes restricciones de los derechos humanos antes de las elecciones presidenciales

NO PUBLICAR HASTA LAS 04.00 HORAS GMT DEL 24 DE ABRIL DE 2010

Amnistía Internacional expresa su enérgica condena a las restricciones a la libertad de expresión en Ruanda en este momento en que el país se prepara para las elecciones presidenciales de agosto de 2010.

En el marco de la constante restricción de los derechos humanos, las autoridades de inmigración ruandesas negaron hoy la segunda petición de un visado de trabajo a la investigadora en Ruanda de la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).

La expulsión de hecho de Ruanda de una activista internacional de derechos humanos es otra señal del empeoramiento de la situación de los derechos humanos en el país antes de las elecciones. Este último incidente se inscribe en un panorama de represión, a medida que se reduce el margen para cualquier tipo de información y debate independientes en Ruanda.

Las autoridades han atacado recientemente en sus discursos a las organizaciones internacionales de derechos humanos, incluidas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y la prensa partidaria del gobierno ha publicado recientemente varios artículos y editoriales intentando desacreditar su trabajo.

En los últimos meses el gobierno ha tomado una serie de medidas contra críticos y opositores al gobierno, entre las que figuran restricciones de la libertad de expresión y asociación. Amnistía Internacional insta al gobierno de Ruanda a que respete la libertad de expresión y asociación, dejando margen para el trabajo de derechos humanos.

El 21 de abril, la candidata a la presidencia Victoire Ingabire, presidenta de Fuerzas Democráticas Unidas (FDU-Inkingi), partido que solicita ser inscrito en Ruanda, fue detenida, acusada de “ideología genocida y de minimización del genocidio, divisionismo y colaboración con un grupo ‘terrorista’”. Ingabire quedó en libertad al día siguiente mientras prosiguen las actuaciones judiciales.

En su juicio, la acusación tendría que probar que sus afirmaciones constituyen apología del odio para demostrar que no está siendo castigada por su oposición política. También deberá demostrar que la propia Ingabire perpetró un acto delictivo reconocible.

La semana pasada, el Consejo Superior de Medios de Comunicación suspendió la publicación durante seis meses de dos periódicos en kinyarwanda, Umusesoy Umuvigizi, que no volverán a aparecer hasta después de las elecciones. El Consejo alegó que Umuseso había insultado al presidente y causado problemas en el ejército que podrían haber llevado a una insubordinación.

En febrero de 2010, Amnistía Internacional condenó enérgicamente el hostigamiento y la intimidación que sufren los grupos de oposición, como el Partido Verdey el Partido Social Ideal. Otras elecciones celebradas anteriormente en Ruanda han estado empañadas por la intimidación, y los miembros de la oposición política han visto restringidas sus posibilidades de realizar sus actividades con arreglo a sus derechos humanos.

Información complementaria

Las autoridades de inmigración cancelaron por primera vez el 10 de marzo el visado de trabajo de la investigadora de Human Rights Watch en Ruanda, Carina Tertsakian, alegando discrepancias en su documentación por considerar que las firmas de su empleador no coincidían. También mencionaron un error en la fecha del contrato, en el que figuraba octubre de 2010, en lugar de 2009.

El Departamento de Investigación Criminal citó a Carina Tertsakian dos veces en marzo para responder a las acusaciones de falsedad en los documentos. La investigadora presentó una segunda solicitud de visado el 16 de marzo, con documentos notariales de Human Rights Watch en los que se certificaba la autenticidad de la documentación.

Hoy, las autoridades de inmigración han notificado a Carina Tertsakian que no están satisfechas con las explicaciones presentadas por Human Rights Watch. Se han negado a facilitar una respuesta por escrito y han recordado a Tertsakian que, como ciudadana británica, tiene 90 días de permanencia en el país, plazo que expira mañana.

Los últimos acontecimientos coinciden con la fecha de expiración del plazo en que todas las ONG internacionales radicadas en Ruanda, incluida Human Rights Watch, deben pedir la renovación de su certificado de registro. El plazo inicial de 31 de marzo se amplió hasta el 30 de abril.

El gobierno de Ruanda tiene un historial de restricciones al activismo de derechos humanos antes de las elecciones. En septiembre de 2008 se prohibió la entrada en el país antes de las elecciones legislativas a la difunta Alison Des Forges, asesora general de Human Rights Watch, y volvió a prohibírsele en diciembre de 2008.

FIN/