Amnistía Internacional ha expresado hoy su preocupación por la seguridad del director de la publicación quincenal independiente Umuco, Bonaventure Bizumuremyi, quien últimamente ha sufrido actos de intimidación y acoso así como agresiones armadas a manos de individuos presuntamente asociados al Frente Patriótico Ruandés, partido gobernante en Ruanda.

Según la información recibida, a Bonaventure Bizumuremyi lo despertaron el 15 de enero a las tres de la madrugada cuatro individuos que aporreaban la puerta principal de su casa en la capital, Kigali. Armados de porras y cuchillos, los hombres entraron a la fuerza en su vivienda y la saquearon.

El hostigamiento padecido por Bonaventure Bizumuremyi tiene que ver con su labor de periodista y es el resultado de su posición crítica hacia el Frente Patriótico Ruandés. En las últimas ediciones de Umuco se criticaba duramente al gobierno por su estricto control del poder judicial, sus medidas de coacción sobre cooperativas locales para que financien al Frente Patriótico Ruandés y su incapacidad para dirigir el país.

El derecho a la libertad de expresión y el derecho a buscar, obtener y transmitir información de toda índole están protegidos por normas internacionales tan relevantes como la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ruanda es Estado Parte en ambos instrumentos y como tal tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y de información. La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión en África, adoptada por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en 2002, proclama que “los Estados tienen la obligación de adoptar medidas eficaces para evitar estos ataques o, cuando ocurran, para investigarlos, sancionar a los autores y garantizar el derecho de las víctimas a un recurso efectivo”.

El gobierno ruandés está obligado a garantizar que todos los periodistas pueden trabajar con independencia sin ser objeto de agresiones y sin temor a sufrir acoso y abusos contra sus derechos humanos.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades ruandesas que lleven a cabo investigaciones independientes e imparciales sobre todos los ataques o actos intimidatorios contra periodistas, hagan públicas sus conclusiones y lleven a los responsables ante los tribunales.

Asimismo la organización ha pedido al gobierno ruandés que garantice el derecho a ejercer la libertad de expresión y que actúe en consonancia con las obligaciones contraídas por Ruanda en virtud de las normas internacionales de derechos humanos.

Por último, Amnistía Internacional ha pedido a quienes integran la comunidad internacional, incluidas la Unión Africana y las Naciones Unidas, que insten a las autoridades ruandesas a acabar con los continuos actos de acoso e intimidación contra periodistas y defensores de los derechos humanos.

Información complementaria

Los últimos casos de acoso e intimidación forman parte de un cuadro persistente de control de los medios de comunicación en Ruanda. A lo largo de los últimos años, otros periódicos, como Umuseso , también han sido objeto de continuos actos de intimidación y acoso y de procesamientos judiciales.

Las autoridades han empleado varios medios para hostigar e intimidar a Bonaventure Bizumuremyi, poniendo trabas a su trabajo como periodista y vulnerando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos, entre ellos el derecho a la libertad de expresión. Desde septiembre de 2005, en varias ocasiones los servicios de seguridad lo han detenido e interrogado y ha sido llevado a juicio por difamación.

Su colega Jean Léonard Rugambage lleva encarcelado desde el 7 de septiembre de 2005 por su presunta participación en el genocidio de 1994, acusación que en ocasiones se utiliza para silenciar a los detractores del Frente Patriótico Ruandés. Fue detenido a los diez días de publicar un artículo en el que aseguraba que algunos jueces de los tribunales gacaca de Ruyumba se aprovechaban de su posición para lucrarse y zanjar asuntos personales. El sistema gacaca es un sistema de tribunales que introdujo el gobierno en 2002, basándose en un modelo de justicia comunitaria, para juzgar a los presuntos autores de delitos cometidos durante el genocidio de 1994.