Document - Liberia:Independent human rights monitors urgently needed as civilians are increasingly targeted in conflict

11 de diciembre de 2001

Índice AI: AFR 34/014/2001/s

Servicio de Noticias 219/01


Liberia: Se necesitan urgentemente observadores independientes de los derechos humanos, ante los ataques cada vez más graves contra civiles en el conflicto


«La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes y concretas para proteger a las personas expuestas a sufrir nuevos abusos contra los derechos humanos», ha declarado Amnistía Internacional hoy, tras una reciente visita a Liberia en la que los investigadores han descubierto que los civiles se han convertido en el blanco principal de los ataques en el conflicto armado del condado de Lofa.


El conflicto armado entre las fuerzas de seguridad de Liberia y los grupos armados de oposición con sede en Guinea, un conflicto que, según los informes, la semana pasada se extendió al condado de Gbopulu, azota la región desde principios de 1999. Amnistía Internacional ha documentado constantes abusos contra los derechos humanos, como la tortura durante la detención en régimen de incomunicación, la violación de mujeres y niñas, el reclutamiento militar forzoso de hombres y muchachos y los homicidios; estos abusos se remontan al menos a mediados del 2000.


En las últimas semanas, los ataques contra civiles se han vuelto cada vez más arbitrarios, y todos los grupos étnicos corren peligro. Anteriormente, las principales víctimas de ataques y abusos contra los derechos humanos eran los miembros del grupo étnico mandingo.


Entre los responsables de estos abusos se encuentran las fuerzas de seguridad de Liberia —las Fuerzas Armadas de Liberia, la Unidad Antiterrorista y la Policía Nacional— y los grupos armados de oposición con base en la vecina Guinea. También el Frente Revolucionario Unido de Sierra Leona, que lucha junto con las fuerzas de seguridad de Liberia, ha sido responsable de abusos contra los derechos humanos de civiles liberianos.


Desde principios de diciembre del 2001, fuentes gubernamentales han informado de homicidios a gran escala y otros ataques contra civiles cometidos por «disidentes» en el condado de Gbopulu. El grupo Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia, principal grupo político armado del país, ha negado su responsabilidad en esos abusos. No ha habido ninguna confirmación independiente de esos homicidios a gran escala.


Amnistía Internacional se siente alarmada por la constante falta de protección a los civiles. Las agencias de ayuda humanitaria que trabajan en campos de desplazados internos del condado de Gbopulu han tenido que abandonar temporalmente la zona a causa del conflicto. La falta de presencia internacional en los campos suscita una preocupación honda y urgente por la protección de los desplazados internos. Muchas familias se han separado durante la huida desde el condado de Lofa, y en los campos de desplazados hay muchas mujeres y niños sin compañía. También los civiles liberianos y los refugiados de Sierra Leona en el condado de Cape Mount corren peligro.


Durante su visita a principios de noviembre del 2001, los investigadores de Amnistía Internacional descubrieron que no hay ninguna agencia que asuma la responsabilidad de garantizar la protección de los civiles. La Comisión Liberiana para la Reconstrucción, la Reconciliación y el Reasentamiento (Liberian Reconstruction, Reconciliation and Resettlement Commission, LRRRC), agencia especial gubernamental compuesta principalmente por ex combatientes y responsable de coordinar la ayuda humanitaria a los desplazados internos, no incluye en su mandato proporcionar protección a estas personas.


El gobierno ha recibido con hostilidad toda crítica pública a su conducta, especialmente en lo que se refiere al comportamiento y la impunidad de las fuerzas de seguridad. No ha tomado las medidas necesarias para llevar ante la justicia a los sospechosos de ser responsables de abusos contra los derechos humanos.


Amnistía Internacional también ha formulado recomendaciones específicas a todos los grupos que participan en el conflicto en el norte del condado de Lofa y a la comunidad internacional. Entre ellas se encuentra una petición al gobierno liberiano para que ayude a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a funcionar con eficacia e independencia; entre otras cosas, debe otorgarle poderes de citación y debe proporcionarle los recursos necesarios.


La organización ha instado a la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas y otras agencias humanitarias que trabajan en Liberia, a organizar un esfuerzo coordinado, comprometido y visible para proteger a todos los grupos vulnerables del país.


Amnistía Internacional ha declarado: «Mientras la atención internacional sobre Liberia se centra cada vez más en el apoyo de este país al Frente Revolucionario Unido en el conflicto armado de Sierra Leona, existe una necesidad imperiosa de tomar medidas concretas para proteger a los civiles liberianos y poner fin a los abusos contra los derechos humanos de que son víctima».


Además, la ONU, al considerar el nuevo mandato de la oficina de consolidación de la paz de las Naciones Unidas en Liberia, debe cumplir los compromisos expuestos en las resoluciones temáticas del Consejo de Seguridad respecto a la protección de civiles. Eso incluye desplegar con carácter de urgencia observadores independientes e imparciales de los derechos humanos que estén claramente autorizados a documentar los abusos contra los derechos humanos de los civiles e informar públicamente de ellos. Amnistía Internacional también insta a la Unión Europea a seguir presionando, mediante su proceso de consulta, al gobierno liberiano respecto a la situación de los derechos humanos, y especialmente respecto a la cuestión de la impunidad.


Teniendo en cuenta la actual inseguridad, el carácter arbitrario de los ataques y la falta general de protección a la población civil, los gobiernos que acojan a refugiados liberianos, especialmente Costa de Marfil, Ghana, Gambia, Guinea y Sierra Leona, deben colaborar estrechamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para que se respete escrupulosamente el principio de no devolución (non-refoulement) mediante, entre otras medidas, una evaluación exhaustiva, antes de obligarla a regresar a su país, del riesgo que corre cada persona.


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