Ellen Johnson-Sirleaf, la nueva presidenta de Liberia, adoptó una postura firme contra la impunidad al pedir a Nigeria que devolviera al ex presidente Charles Taylor el 25 de marzo de 2006. El traslado de Charles Taylor al Tribunal Especial para Sierra Leona que tuvo lugar a continuación significa un gran avance en la lucha contra la impunidad en África. Amnistía Internacional (AI) cree que este debería crear el marco propicio para que Liberia aborde su propio problema de impunidad y ofrezca garantías de que los miles de autores de crímenes previstos por el derecho internacional durante el conflicto que reinó durante 14 años en Liberia comparezcan ante la justicia. Como sugiere la historia reciente de Liberia, el hecho de que en el pasado no se abordaran las violaciones de normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario ha contribuido a perpetuar el conflicto civil y los abusos.

Liberia ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 24 de septiembre de 2004^³⁸pero hasta ahora el gobierno no ha tomado medidas para aplicar en su derecho interno las obligaciones previstas por aquél.^³⁹La importancia de procesar a los presuntos autores de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad está ampliamente reconocida en Liberia tanto por la sociedad civil como por miembros del gobierno. Esta obligación también se reconocía en el informe del secretario general de las Naciones Unidas publicado en 2004 sobre el Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos.^⁴⁰En él se recomendaba que los gobiernos, en consulta con sus respectivas sociedades civiles, desarrollaran un plan de acción estratégica para abordar las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. En el segundo informe sobre el Estado de derecho, publicado en 2006, se reafirmaban dichas recomendaciones.^⁴¹

Aunque la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, establecida por el Acuerdo General de Paz,^⁴²comenzó a trabajar en junio de 2006, hay importantes vacíos en la estrategia global del gobierno de Liberia a la hora de ofrecer resarcimiento por las violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en el pasado. El diezmado sistema judicial nacional de Liberia es un gran obstáculo: adolece de una carencia grave de personal suficientemente preparado, de bajo nivel de profesionalidad, recursos y salarios para jueces, fiscales y letrados, y de ausencia de jurisprudencia. Pocas personas en Liberia tienen acceso al sistema judicial o confían en él.

Las cárceles y los centros de detención policial presentan condiciones de hacinamiento y la mayor parte de la población penitenciaria permanece recluida sin cargos ni juicio, lo que constituye una violación del derecho internacional. Al no existir servicios de asistencia jurídica, son pocas las personas detenidas y las acusadas que disfrutan de representación letrada ya que no pueden pagar sus elevados honorarios.

Hasta ahora no ha habido consenso en cuanto al número de presuntos autores de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad ni a quién o cómo se llevarán a cabo las investigaciones de cada procesamiento individual, como tampoco se han creado unidades de protección de víctimas y testigos ni se ha determinado el mecanismo judicial para procesar a los presuntos autores. Tampoco está claro si se ofrecerán reparaciones a las víctimas, ni cuándo ni de qué tipo.

Amnistía Internacional es consciente de los desafíos tanto políticos como prácticos que supone abordar la impunidad en Liberia. En el plano político, al menos cuatro miembros del Parlamento^⁴³han sido sancionados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por los vínculos que mantienen con el ex presidente Charles Taylor y, al parecer, algunos miembros del Parlamento han sido autores de violaciones de derechos humanos. Aprobar la legislación adecuada en el Congreso para que todos los culpables comparezcan ante la justicia en Liberia constituirá un gran reto.

Amnistía Internacional reconoce el compromiso adquirido hasta la fecha por el gobierno liberiano, las Naciones Unidas y la comunidad de donantes que se recoge en el documento de estrategia recientemente respaldado y confidencial elaborado por las Naciones Unidas y el gobierno sobre el Estado de derecho del cual Amnistía Internacional pudo obtener una copia.^⁴⁴En él se proponen reformas muy diversas para el sector judicial, entre ellas la creación de una Comisión de Reforma Legislativa que garantice que el derecho civil y el penal están en consonancia con el derecho y las normas internacionales.

Sin embargo esta estrategia no incluye un enfoque integral de resarcimiento por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. También resulta preocupante que el informe se mantenga bajo confidencialidad y no haya sido elaborado con transparencia, en consulta estrecha con la sociedad civil, lo que contradice una de las principales recomendaciones del informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre el Estado de derecho.

El Acuerdo General de Paz prevé la reforma de las fuerzas policiales y armadas, así como el desarme y la desmovilización, rehabilitación y reintegración (DDRR) de todos los soldados. La base sobre la que se fundamentan estas medidas es que constituyen una forma de reparación porque pretenden garantizar que las víctimas no sean objeto de crímenes en el futuro.^⁴⁵El objetivo de las reformas es conseguir que las autoridades civiles sean quienes controlan a las fuerzas de seguridad y policiales. De manera similar, los programas DDRR se basan en desarmar, rehabilitar y reintegrar a los ex combatientes para que dejen de representar una amenaza para la sociedad. Sin embargo, estas iniciativas de reparación resultan limitadas ya que están dirigidas a personas oficialmente activas en el conflicto pero que no aportan beneficios directos a las numerosas víctimas de Liberia.

Donantes y organizaciones internacionales han aportado fondos para homenajes y actos conmemorativos. Sin embargo, hasta ahora el gobierno no ha hecho ningún plan de reparación oficial. El derecho y las normas internacionales no dejan lugar a duda en cuanto a que el Estado tiene el deber de garantizar una reparación a las víctimas. Las donaciones actuales procedentes de organizaciones internacionales y de la comunidad internacional no pueden sustituir la obligación fundamental del gobierno de Liberia de garantizar a las víctimas su derecho a interponer recursos y obtener reparaciones.

En mayo y junio de 2006, investigadores de Amnistía Internacional mantuvieron debates con una amplia variedad de agentes liberianos: presuntos autores, entre ellos ex comandantes de grupos armados de oposición y personas leales al gobierno del ex presidente Charles Taylor; víctimas de violaciones y violencia sexual; personas menores de 15 años reclutadas o alistadas en las fuerzas combatientes; sobrevivientes de matanzas; víctimas de tortura; personas internamente desplazadas, y miembros de la sociedad civil. Todas expresaron sus expectativas de que el gobierno tome medidas de resarcimiento por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Si bien muchas personas compartían la opinión de que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación era un punto de partida importante, la mayoría subrayó la importancia de procesar a los presuntos autores de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Esta obligación se reconocía en ambos informes del secretario general de las Naciones Unidas sobre el Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflicto, publicados en 2004 y 2006.

Amnistía Internacional cree que ahora la medida más importante es que el gobierno desarrolle, con transparencia y en consulta estrecha con la sociedad civil, un plan integral a largo plazo que garantice que los sospechosos de haber participado en crímenes previstos por el derecho internacional sean juzgados en procesos conformes con las normas internacionales en materia de juicios justos, que se determine la verdad sobre estos crímenes y que las familias reciban plena reparación.^⁴⁶^,^⁴⁷

El presente informe, Liberia: Verdad, justicia y reparación para las víctimas de Liberia, se divide en cuatro partes:

La Parte I aporta una perspectiva histórica del primer conflicto de Liberia, que duró de 1989 a 1996 y dio lugar al resurgimiento de conflictos y violaciones de derechos humanos en 1999.

La Parte II resalta los delitos de derecho internacional cometidos durante los 14 años de conflicto y expone las obligaciones jurídicas internacionales del gobierno de Liberia de ofrecer resarcimiento por violaciones de las normas de derechos humanos internacionales y del derecho internacional humanitario cometidas en el pasado.

La Parte III utiliza el marco normativo de verdad, justicia y reparación encontrado en el derecho internacional para resaltar las medidas adoptadas hasta la fecha para cumplir estas obligaciones. Subraya los vacíos actuales y las medidas necesarias para garantizar que se emprendan otras acciones destinadas a ofrecer resarcimiento por violaciones y abusos cometidos en el pasado, y a proporcionar reparación.

En la Parte IV, Amnistía Internacional insta al gobierno de Liberia a que, en consulta con la sociedad civil y con el apoyo de las Naciones Unidas y la comunidad internacional en general, desarrolle y aplique con transparencia un plan de acción integral de investigación, procesamiento, resarcimiento y reparación a largo plazo.

El gobierno, en estrecha consulta con la sociedad civil, debería poner en marcha un plan de acción estratégica a largo plazo y adoptar las siguientes medidas clave:

Continuar proporcionando apoyo sostenido económico y de organización a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación;
Aplicar en el derecho interno las disposiciones sustantivas del Estatuto de Roma, la Convención contra la Tortura y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, penalizando el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, y facultando a las autoridades liberianas para que los investiguen y procesen;
Investigar los crímenes previstos por el derecho internacional y, cuando existan pruebas suficientes, juzgar a las personas en procesos que cumplan las normas internacionales en materia de juicios justos;
Establecer una unidad de víctimas y testigos;
Iniciar un proceso de consulta nacional sobre reparaciones.

Parte I

Información general

La historia de Liberia demuestra que el hecho de que la cuestión de impunidad no se abordara tras el conflicto armado de 1989-1996 no sólo dio lugar a abusos continuados de los derechos humanos, sino que también contribuyó en gran medida a la segunda guerra, que duró de 1999 a 2003.

Charles Taylor encabezaba el reducido grupo rebelde que invadió Liberia a finales de diciembre de 1989 desde el vecino Costa de Marfil para derrocar el gobierno de Doe.^⁴⁸Esta acción sumió a Liberia en una larga guerra civil caracterizada por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Todas las partes en el conflicto fueron culpables de cometer homicidios ilegítimos siguiendo criterios étnicos, incluidas matanzas a gran escala, así como violación, tortura, malos tratos, secuestro, reclutamiento y alistamiento de niños y niñas soldados menores de 15 años y su uso en hostilidades, toma de rehenes y homicidio de personas dedicadas al trabajo humanitario. Entre los autores había miembros del ejército del gobierno (Fuerzas Armadas de Liberia, AFL) y de grupos armados de oposición, incluido el Frente Patriótico Nacional de Liberia (NPFL), el Frente Patriótico Nacional (Independiente) de Liberia (INPFL), el Movimiento Unido de Liberación para la Democracia en Liberia (ULIMO)^⁴⁹, el Consejo Liberiano para la Paz (LPC) y la Fuerza de Defensa de Lofa (LDF).

A principios de 1990, la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) intervino para estabilizar la situación en Liberia y, en agosto de 1990, se envió al Grupo de Observadores Militares (ECOMOG) de la CEDEAO para apoyar al gobierno civil en Monrovia. Tras la muerte de Doe ese mismo año se estableció un gobierno provisional como parte de las negociaciones de paz celebradas en Banjul. Amos Sawyer fue nombrado presidente interino. Charles Taylor denunció al ECOMOG como ilegal y no reconoció la autoridad del gobierno provisional. En su lugar, se autoproclamó presidente de “la Gran Liberia” y estableció la Asamblea Nacional Patriótica de Reconstrucción, compuesta por 20 miembros. En 1993, en virtud de la resolución 866 (1993) del Consejo de Seguridad se estableció y desplegó la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Liberia (UNOMIL) para vigilar el alto el fuego.^⁵⁰

Amnistía Internacional vigiló e informó sobre los abusos de derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario cometidos por todas las partes en el conflicto, incluidas las fuerzas del ECOMOG, mayoritariamente compuestas por soldados nigerianos. Aunque el mandato del ECOMOG era mantener la paz, pronto se vio envuelto en el conflicto, prestando apoyo a las Fuerzas Armadas de Liberia y suministrando armas a facciones como el Consejo Liberiano para la Paz para luchar contra el Frente Patriótico Nacional de Liberia.^⁵¹La UNOMIL no denunció las graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos tal y como lo exigía su mandato.^⁵²

Se firmaron 13 acuerdos de paz en total, de los cuales el principal fue el Acuerdo de Cotonú, firmado en 1993, que incluía una amnistía general para todas las personas implicadas en actividades militares durante el conflicto civil liberiano. Antes de firmarse el acuerdo, Amnistía Internacional subrayó que no debía ofrecerse la amnistía a personas que hubiesen cometido crímenes previstos por el derecho internacional. El acuerdo fue firmado por la CEDEAO, la Organización de la Unidad Africana –hoy, Unión Africana–, las Naciones Unidas y dirigentes de las facciones enfrentadas. En 1996 se firmó el acuerdo suplementario de Abuja. Fue el único acuerdo de paz que estableció la creación de un tribunal de crímenes de guerra si no se cumplían sus disposiciones, y que trajo la paz temporal a Liberia.^⁵³

Finalmente, en 1996 tuvo lugar el proceso de desarme, desmovilización y reintegración , seguido de las elecciones en 1997. ECOMOG y UNOMIL se retiraron. Entre los requisitos del acuerdo de Abuja que exigían prevenir la repetición de crímenes pasados se incluía la creación de la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos y la reestructuración del ejército y la policía. La Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en Liberia (UNOL) comenzó a funcionar en 1998 en sustitución de la UNOMIL.

En 1997 Charles Taylor subió al poder como presidente y, en 1999, se reanudó el conflicto. De 1999 a 2003 hubo activos combates entre las tropas del gobierno, incluida la Unidad Antiterrorista de Charles Taylor, y los grupos armados de oposición Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia(LURD) y Movimiento por la Democracia en Liberia (MODEL). Con el apoyo de los vecinos Guinea y Costa de Marfil, estos dos grupos controlaban el 70 por ciento del territorio del país.

Durante la presidencia de Charles Taylor no se tomaron medidas de resarcimiento por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. Entre las fuerzas de seguridad del gobierno, incluida la Unidad Antiterrorista, figuraban ex combatientes que no habían sido investigados ni reconvertidos, como tampoco se los había sometido a ningún proceso de desmovilización o reintegración. Numerosos ejemplos de intromisión del poder ejecutivo en los juicios, especialmente los de naturaleza política, demostraron que el poder judicial no era independiente del poder ejecutivo, el cual no hizo esfuerzo alguno por llevar a ninguno de los autores ante la justicia. La impunidad reinaba.

En junio de 2003, mientras Charles Taylor asistía a las negociaciones de paz en Ghana, el Tribunal Especial para Sierra Leona hizo pública la acusación formal en su contra por 17 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Los cargos se basaban en el respaldo activo ofrecido por Charles Taylor al grupo armado de oposición Frente Revolucionario Unido (RUF) durante el conflicto armado interno del vecino Sierra Leona, que duró de 1991 a 2002. Como el gobierno de Ghana no estaba dispuesto a cumplir la orden de detención internacional cursada por Interpol después de que el Tribunal Especial para Sierra Leona diera a conocer el acta de acusación formal, Charles Taylor no fue detenido en Ghana sino que fue inmediatamente trasladado en avión de regreso a Liberia, y con ello se libró de la orden de detención internacional. Tras el regreso de Charles Taylor a Liberia, en junio y julio de 2003 estalló la violencia y, durante esos dos meses, la población liberiana experimentó algunos de los enfrentamientos más duros en casi 20 años de guerra. Insatisfechos con el regreso de Taylor a Liberia, los grupos LURD y MODEL lanzaron tres ataques consecutivos contra Monrovia y en todo el país, a los que se llamó de forma generalizada Primera, Segunda y Tercera Guerra Mundial. Estos ataques produjeron numerosas víctimas mortales y el desplazamiento masivo de la población civil. Sólo en Monrovia perdieron la vida más de 1.000 civiles, y más de un millón de personas se convirtieron en desplazados internos sin acceso a medios que les permitieran abastecer sus necesidades básicas. El resultado fue una gran crisis humanitaria. El LURD se trasladó a Monrovia a finales de julio y exigió el derrocamiento de Charles Taylor como condición para un alto el fuego.

El 11 de agosto de 2003 Charles Taylor viajó a Nigeria, lo que supuso un período de paz provisional para Liberia.^⁵⁴Días más tarde, el 18 de agosto de 2003, se firmó el Acuerdo General de Paz. En octubre de ese año ya estaba en el poder el Gobierno Nacional de Transición de Liberia, encabezado por el empresario Gyude Bryant, y ese mes entró en Liberia la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL); a finales de 2004, sus 15.000 soldados se encontraban completamente desplegados por todo el país. El Acuerdo General de Paz preveía la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación y una Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos, así como la reforma policial y del ejército.^⁵⁵

El Gobierno Nacional de Transición de Liberia permaneció en el poder poco más de dos años. Estaba compuesto de miembros de las diversas facciones enfrentadas y los partidos políticos que habían firmado el acuerdo. Este período se caracterizó por la corrupción masiva dentro del gobierno. Debido en gran medida a la inercia del gobierno de transición, no se hizo prácticamente nada para aplicar las reformas previstas en el acuerdo de paz. El proceso de reforma finalmente se emprendió en enero de 2006, cuando subió al poder el nuevo gobierno presidido por Ellen Johnson-Sirleaf.

Parte II

Crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad

Nadie puede invocar la guerra como justificación para matar niños y niñas, para violar mujeres, para sacar a los bebés del vientre de su madre y para masacrar a personas inocentes […] nadie puede invocar la guerra para insensibilizar tan gravemente a una sociedad, nadie puede hacer nada de eso en nombre de la guerra.^⁵⁶

A lo largo de toda la historia del conflicto armado de Liberia, Amnistía Internacional ha documentado homicidios ilegítimos, ataques contra civiles, violaciones y otras formas de violencia sexual, y el reclutamiento, alistamiento y uso de menores asociados a las fuerzas y grupos armados en hostilidades.^⁵⁷(En el informe que Amnistía Internacional presentó recientemente ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación se recoge una perspectiva general de dichos casos.) ^⁵⁸

Las siguientes páginas contienen algunos casos de delitos previstos por el derecho internacional cometidos durante el conflicto en Liberia, que fueron documentados por Amnistía Internacional en entrevistas realizadas a víctimas y testigos. Los casos no han sido debidamente investigados ni enjuiciados por ninguno de los gobiernos de Liberia.

El derecho internacional humanitario prohíbe incondicionalmente toda clase de ataques dirigidos selectivamente contra civiles y todos los ataques que no distingan entre objetivos militares y civiles. De acuerdo con el Estatuto de Roma, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal, o contra civiles individuales en el contexto de conflictos armados internacionales y no internacionales, constituye un crimen de guerra.^⁵⁹

Los crímenes de lesa humanidad incluyen asesinato, tortura, esclavitud, desaparición forzada y otros actos inhumanos. Un crimen de lesa humanidad forma parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil con conocimiento del ataque.^⁶⁰Son crímenes previstos por el derecho internacional, incluidos en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma.

Se han hecho importantes progresos en el derecho internacional con respecto a definir como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad los homicidios ilegítimos, la violación y otras formas de violencia sexual, y el reclutamiento y alistamiento de personas menores de 15 años.^⁶¹En el país vecino de Sierra Leona se estableció el Tribunal Especial para Sierra Leona^⁶²para abordar los crímenes cometidos en el conflicto de este país; su estatuto incluye homicidios ilegítimos, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado y cualquier otra forma de violencia sexual, así como el uso de menores asociado a las fuerzas combatientes. En el acta de acusación formal del Tribunal Especial para Sierra Leona contra Charles Taylor se incluían crímenes de guerra en relación con menores asociados a las fuerzas combatientes. Entre otros avances, cabe señalar el caso de Thomas Lubanga Dyilo, ciudadano de la República Democrática del Congo a quien la Corte Penal Internacionalacusó del crimen de guerra de reclutar y alistar a personas menores de 15 años.^⁶³A principios de 2007, la Corte confirmó que existían pruebas suficientes para celebrar el juicio. En 2006, Senegal anunció que procesaría al ex presidente de Chad por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y Etiopía condenó a su ex presidente por genocidio y otros crímenes previstos por el derecho internacional.

Homicidios ilegítimos, matanzas y ataques contra la población civil

Las matanzas^⁶⁴eran habituales durante el conflicto liberiano, lo mismo que las amputaciones en el conflicto de Sierra Leona. Aquí las matanzas eran frecuentes y afectaron a tanta gente que todos mis conocidos conocen a alguna víctima mortal de las matanzas perpetradas en los últimos 14 años.^⁶⁵

Es difícil calcular con precisión el gran número de personas que murieron o cuyos familiares fueron víctimas de los homicidios ilegítimos o de las matanzas perpetradas a lo largo de los 14 años de conflicto. Los homicidios simultáneos de más de 100 personas eran frecuentes y las perpetraban todas las partes en el conflicto. Las ONG documentaron numerosos incidentes de esta clase.^⁶⁶Entre 1989 y 1997, Amnistía Internacional documentó homicidios a gran escala perpetrados tanto por las Fuerzas Armadas de Liberia respaldadas por el gobierno como por el Frente Patriótico Nacional de Liberia (NPFL). Los motivos de estos ataques contra la población civil eran principalmente étnicos: las tropas de las Fuerzas Armadas de Liberia mataban deliberadamente a miembros de los grupos étnicos mano y gio, y el NPFL hacía lo propio con miembros de los grupos étnicos krahn y mandingo. Las protestas de la sociedad civil dieron lugar a que la matanza de Harbel de 1993 fuese investigada por una comisión, creada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,^⁶⁷que estableció que el NPFL había sido el autor de la matanza. Esta conclusión fue cuestionada posteriormente y, al final, nadie fue culpado ni obligado a comparecer ante la justicia. A lo largo de los 14 años de conflicto se utilizaron las mismas tácticas, lo que permitió que continuaran los homicidios en masa. Entre 1999 y 2003 sólo se realizaron unas pocas investigaciones, a cargo de la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos, pero no hubo procesados.

La matanza del puente Maher

El 18 de julio de 2002, 175 personas –presuntamente simpatizantes del LURD– de Tubmanburg, población situada en Bomi Hills, al parecer murieron a manos de soldados del gobierno. Las tropas entraron en Tubmanburg en cuanto el LURD se replegó por falta de munición, y anunciaron a los residentes que en Monrovia tenían a su disposición harina y azúcar. Al recibir la noticia, los residentes, hambrientos y atemorizados, se congregaron ante la gasolinera pensando que las tropas del gobierno los transportarían a Monrovia para obtener alimentos y protección. En lugar de eso, fueron amontonados en camionetas y trasladados al puente Maher, situado a escasos kilómetros de Tubmanburg. Una vez ahí, dispararon contra ellos, los empujaron al río y murieron ahogados.

En junio de 2006, Amnistía Internacional se desplazó a Tubmanburg y habló con sobrevivientes y familiares de las víctimas del puente Maher. M., uno de los sobrevivientes, de 18 años de edad, presenció la matanza de un gran número de miembros de la comunidad, perdió a sus progenitores y estuvo a punto de perder su propia vida.

M.^⁶⁸relató a Amnistía Internacional las escenas que había presenciado el 18 de julio de 2002:

Desconozco el número exacto de personas, pero sí sé que fueron trasladadas desde la gasolinera en dos momentos diferentes el 18 de julio de 2002. Hubo un grupo por la mañana y otro por la noche. Mi madre y mi hermano pequeño se fueron por la mañana, y a mi padre y a mí nos tocó de noche. En cada grupo había cerca de 100 personas, entre ellas muchos niños y niñas.

Mi padre y yo cargamos munición para las tropas del gobierno durante todo el día. Nos repetían una y otra vez que esa noche nos llevarían a Monrovia. Cuando empezó a oscurecer nos reunieron en la gasolinera. A los de nuestro grupo nos llevaron a una casa a mitad de camino entre la gasolinera y el puente. Al llegar allí, los soldados nos mandaron bajar de la camioneta, nos obligaron a entrar en la casa y la rodearon. Cuando se cerró la puerta, la gente empezó a sentir miedo y preocupación. Al rato nos ordenaron salir, nos hicieron subir a las camionetas y nos llevaron hasta el puente. Para entonces ya eran las 10.30 de la noche.

Yo estaba en uno de los últimos grupos y, cuando llegué al puente, escuché decir a los soldados que era mejor hacerlo de noche para que nadie viera nada. Vi cómo todos los soldados estaban arrojando personas al agua. Allí había ancianos y niños pequeños, y ellos no paraban de disparar contra la gente y empujarla al agua.

De repente se me acercaron dos soldados. Me obligaron a desnudarme, se colocaron delante de mí y empezaron a hablar entre ellos sobre cómo iban a matarme. Uno de los soldados dijo que me dispararía con un arma y el otro que me mataría con una navaja. Empezaron a discutir y uno de ellos sacó el arma e intentó disparar contra mí pero tuve suerte, porque el arma no disparó. Mientras los soldados discutían, uno de sus comandantes, un hombre mandingo, se acercó hasta el puente y me llamó. Como era comandante, los soldados debían obedecerle. Me había llamado porque me conocía. Para entonces ya habían matado a todas las demás personas, incluido mi padre.

M.mencionó a dos comandantes que, según él, habían sido los responsables de los homicidios del puente Maher. Uno de ellos dio la orden de matar:

Oí cómo decía a los demás soldados: “nada de elegir pareja”, que quiere decir que “cuando os encontréis a alguien no os paréis a elegir: matadlos a todos”.

La muerte de tres hijos

W.,de Buchanan, relató a Amnistía Internacional la forma en que habían muerto sus hijos a manos de las fuerzas rebeldes de MODEL cuando éstas entraron en Buchanan^⁶⁹el 29 de julio de 2003. W. no sabe quién mató a sus tres hijos, pero afirma que el gobierno y las Naciones Unidas le han dicho que debería “perdonar y olvidar el pasado y mirar hacia el futuro, porque somos cristianos”. Sin embargo, W.expresó su deseo de que los responsables de la muerte de sus hijos comparezcan ante la justicia, y dijo lo siguiente:

Para verlos [en el tribunal a los que mataron a sus hijos], me siento capaz de luchar hasta el final. Sin embargo, perdonar y olvidar realmente es un proyecto muy difícil.

Estábamos aquí, en casa, mientras la gente [del MODEL] luchaba contra las tropas del gobierno. Vinieron y llamaron a la puerta. Nos dijeron que no teníamos nada que temer y entonces abrí la puerta y los vi. Aseguraron que aquí corríamos peligro y que debíamos marcharnos a la universidad católica, y allá fuimos con los niños muy, muy pequeños, mi esposa, mis tres hijos mayores y mi yerno. Cargué una bolsa pequeña con mandioca sobre la cabeza para que no pasáramos hambre. Cuando llegamos a la carretera asfaltada nos pararon tres rebeldes, uno de los cuales llevaba un arma de gran tamaño, y agarraron sin más a los tres niños mayores, diciendo que se los llevaban a una casa. Mi hija mayor y yo corrimos hasta la casa y preguntamos qué les iban a hacer. Un hombre nos dijo: “Si no se marchan, ustedes serán los primeros en morir”. Agarré a mi hija y apenas dos horas después me enteré de que habían matado a mis niños. Eran cuatro, mis tres hijos y mi yerno, sin juicios. Murieron.

Le dispararon por la espalda y hoy vive confinada en una silla de ruedas

En el curso del conflicto armado se lanzaron innumerables ataques contra civiles que se saldaron con su muerte, desfiguración o desplazamiento. I., residente de Buchanan de 25 años, madre de un niño de cinco y hoy en silla de ruedas, relata a Amnistía Internacional lo que le ocurrió.

El 29 de julio de 2003 corría en dirección a la universidad [de Bassa] después de que el MODEL entrara en Buchanan. Algunos de los hombres del MODEL nos alcanzaron y gritaron: “Que nadie salga del campus”. Intenté seguir sus órdenes y corrí hacia el recinto universitario cuando, de repente, sentí que me disparaban por la espalda y caí al suelo. El primer día no recibí primeros auxilios. Perdí mucha sangre. Pasé la noche en la universidad y, a la mañana siguiente, una vez finalizados los enfrentamientos, me trasladaron al hospital. Representantes del CICR [Comité Internacional de la Cruz Roja] me llevaron al hospital, donde permanecí tres meses y dos semanas hasta recuperarme. Durante ese tiempo perdí a mi bebé. Como no mejoraba, me trasladaron al JFK [un gran hospital] de Monrovia. Allí estuve un mes y dos semanas, pero como no tenían buenos medicamentos tampoco mejoré. Me mandaron de vuelta a Buchanan, y allí estuve más de dos semanas. En casa no mejoraba y me mandaron nuevamente al hospital de Buchanan, donde me quedé un año y tres meses, al cabo de los cuales me sentaron en una silla de ruedas y me mandaron a casa.

Violación y otras formas de violencia sexual

La violación y otras formas de violencia sexual se vienen produciendo desde 1989. En 2004, Amnistía Internacional publicó el informe Liberia: No Impunity for Rape – a Crime against Humanity and a War Crime, en el que se resaltaba la manera sistemática en que, entre 1999 y 2003, el gobierno y los grupos armados de oposición recurrían a la violación y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas como estrategia deliberada, como arma de guerra y para infundir terror. Aunque es difícil determinar el alcance de la violación y otras formas de violencia sexual, algunos cálculos sitúan en 60-70 el porcentaje de la población que sufrió alguna forma de violencia sexual durante el conflicto.^⁷⁰Entre las víctimas hubo mujeres de todas las edades, incluso niñas muy pequeñas y mujeres de avanzada edad. Aunque las niñas y mujeres de las etnias mandingo y krahn fueron un objetivo seleccionado de forma desproporcionada –lo que pone de manifiesto la dimensión étnica de la guerra–, el sufrimiento lo padecieron mujeres de todos los grupos étnicos. La violación en grupo y repetida era frecuente. Mujeres y niñas también fueron víctimas de secuestros y esclavitud sexual. Todos estos crímenes de violencia sexual también constituyen crímenes de lesa humanidad.^⁷¹

En junio de 2006, M., de Arthington, relató a Amnistía Internacional su experiencia en 2003:

Los hombres de Taylor me violaron en grupo en reiteradas ocasiones. Nunca ocurría durante los enfrentamientos armados sino cuando los hombres venían de visita a la casa de Charles Taylor en Arthington. Estas prácticas empezaron en 1991, y después otra vez a principios de 2003 antes de que entraran las fuerzas del LURD. El presidente solía traer a sus soldados y, cuando eso ocurría, venían a por las mujeres y nos utilizaban. Reunían a todas las niñas en una casa y utilizaban a todas. Charles Taylor estaba al tanto de lo que hacían sus soldados. No nos quejábamos porque lo único que conseguíamos con ello era que nos dieran una paliza; de hecho, nos daban latigazos. Nos tenían con ellos en la casa y nos utilizaban. A veces me duele, como ahora, que tengo dolores por todo el cuerpo, en la espalda.

Esto me ocurrió en cuatro ocasiones. Alguna vez me escapé, pero no podía huir y abandonar a mis hijos.

A veces veo a algunos de ellos. Siempre eran otros diferentes. No están en Arthington. Los veo cuando voy a la ciudad. Cuando eso ocurre, me siento muy mal. No saben quién soy. Cuando los veo, no me conocen. Simplemente pasan de largo. Siento miedo al verlos. A veces me pongo muy nerviosa, por lo que vivimos. No es fácil.

En el cuerpo de policía se están creando unidades de mujeres y menores como parte de la iniciativa de investigar casos de violación actuales, pero no se ha hecho gran cosa para investigar y documentar las violaciones y otras formas de violencia sexual perpetradas durante el conflicto armado. Ello significa que no habrá fundamentos efectivos que permitan procesar a los presuntos autores de esos delitos.

Grupos de mujeres de Liberia, como la Comunidad Cristiana Preocupada (CCP), subrayan las dificultades a la hora de investigar violaciones y otras formas de violencia sexual perpetradas durante el conflicto. Resaltan que la mayoría de las sobrevivientes tiene problemas para identificar a los autores y que no hay historiales médicos. Además, del total de mujeres que sí conocen la identidad del autor, muchas se han mostrado reacias a denunciar sus casos por temor a verse expuestas y estigmatizadas. Otras han preferido no hablar porque dependen de su agresor para sobrevivir.

Reclutamiento o alistamiento de personas menores de 15 años y su utilización para participar activamente en hostilidades

Al final de la guerra, los cálculos oficiales situaron en aproximadamente 21.000 el número de menores asociados a las fuerzas combatientes de Liberia.^⁷²Sin embargo, se cree que existe un gran número de menores asociados a fuerzas combatientes que no han sido identificados, por lo que el número de menores que participaron en la guerra probablemente sea mucho mayor. Durante los casi 20 años de guerra en Liberia se reclutaron o alistaron menores en todas las fuerzas combatientes, y se los utilizó para participar activamente en hostilidades.

Niños y niñas fueron secuestrados y obligados a luchar, cargar munición, preparar comida o situarse en primera línea. Las niñas eran violadas y forzadas a ejercer la esclavitud sexual. Muchos menores eran drogados u obligados a consumir alcohol. A muchos los enviaban a primera línea y, si se negaban, con frecuencia los herían o mataban.^⁷³En muchos casos se obligó a niños y niñas soldados a perpetrar homicidios, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, así como a saquear, secuestrar y reclutar a otros menores a la fuerza.

Abordar adecuadamente las necesidades del gran número de ex niños y niñas soldados traumatizados es actualmente un gran reto para Liberia.

Los casos de algunos menores anteriormente asociados a fuerzas combatientes de la ciudad de Ganta, situada en el norte, y de la ciudad de Tubmanburg, del condado de Bomi, en el noroeste, plantearon la necesidad de llevar ante la justicia a los responsables del reclutamiento y alistamiento de menores. En las entrevistas realizadas por Amnistía Internacional, los que se habían incorporado de forma “voluntaria”^⁷⁴en general opinaban que sus comandantes no debían ser procesados; sin embargo, los que fueron “forzados” a convertirse en combatientes opinaban que los responsables sí debían rendir cuentas. Amnistía Internacional se opone al reclutamiento y la participación de niños y niñas menores 18 años en las fuerzas armadas. Con independencia de que los menores sean reclutados o alistados por fuerzas del gobierno o por grupos armados, el hecho de que participen en conflictos armados pone en peligro su integridad física y mental.

Parte III

Verdad, justicia y reparación

Un plan de acción integral a largo plazo para combatir la impunidad debe incluir los principios de verdad, justicia y reparación, que se refuerzan mutuamente y cada uno de los cuales desempeña un papel diferente pero complementario.

Hasta ahora, el gobierno, mediante el acuerdo de paz, ha otorgado a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación el mandato de contribuir a combatir la impunidad. Amnistía Internacional cree que la Comisión puede contribuir a hacer frente a la impunidad pero no reemplazar a un tribunal o a una ley, como tampoco puede por sí misma proporcionar reparación. Sin embargo, por el momento no se ha tomado ninguna decisión sobre cuándo, cómo o si las personas sospechosas de haber cometido violaciones de los derechos humanos van a pasar a disposición judicial, ni se ha debatido la posibilidad de un plan de acción integral para proporcionar reparación. El hecho de que el Acuerdo General de Paz no haya logrado abordar de forma adecuada los crímenes del pasado, al no garantizar que se hallaba y sustentaba un mecanismo que se ocupase de forma integral de las investigaciones y los enjuiciamientos, no ha hecho sino ahondar la brecha de impunidad que existe actualmente en Liberia.^⁷⁵El gobierno de Liberia debe hacer frente a los abusos cometidos en el pasado y garantizar que quienes presuntamente hayan cometido delitos graves son procesados y juzgados con las garantías que exigen las normas internacionales sobre juicios justos. También habría que elaborar una política de reparación que empezase con el reconocimiento de los sufrimientos padecidos durante los últimos 14 años. Hasta el momento la acción gubernamental dista mucho de cumplir las aspiraciones planteadas en el informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre el Estado de derecho de 2004 y su versión actualizada de 2006.

Amnistía Internacional considera que sociedades como la de Liberia, que acaban de salir de una larga trayectoria de violaciones y abusos contra los derechos humanos, deben elaborar y aplicar a nivel nacional un plan de acción integral y a largo plazo, que garantice que la verdad sale a la luz, se hace justicia y se proporciona reparación a todas las víctimas.

El siguiente apartado ofrece una perspectiva general de las medidas que el gobierno de Liberia ha adoptado hasta la fecha y pone de relieve las lagunas existentes.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación⁷⁶

Yo sólo quiero que la verdad salga a la luz; quiero que la gente sepa lo ocurrido. Quiero que sepan lo que pasó el 18 de julio de 2002.

La gente necesita saber la verdad dada la gran cantidad de personas que murieron en el puente Maher. No estamos hablando de dos o tres. La gente de las distintas zonas de Liberia puede no estar al tanto de esto y quizá tengan parientes que hayan muerto y simplemente no lo sepan, porque durante la guerra la gente se desperdiga por todas partes y los que viven en otras zonas seguro que no lo saben.

Incluso en mi caso… cuando mi hermano volvió pensábamos que había muerto en la masacre. Lo cierto es que al final volvió y le tuvimos que contar a mi abuela lo ocurrido. Antes de que volviese mi hermano le habíamos dicho que mis padres y mi hermano habían huido a Guinea. Cuando apareció mi hermano, tuvimos que contarle a mi abuela lo de mis padres [que los habían matado]. Tiene derecho a saber la verdad. Al final lo aceptó y ahora se ocupa del niño pequeño.

M., superviviente del puente Maher

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación estableció el Acuerdo General de Paz con el objetivo de abordar las violaciones de los derechos humanos que se habían cometido, a fin de lograr que los liberianos avanzaran hacia una paz duradera. Esta Comisión desempeñará un papel fundamental al proporcionar un informe completo de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto, contribuyendo a que sean investigadas y se llegue a enjuiciar a los responsables, impidiendo el que vuelvan a repetirse y recomendando que las víctimas y sus familias reciban plena reparación.

Por ejemplo, los miembros de la comunidad y los supervivientes de la matanza del puente Maher expresaron la importancia de que se diga la verdad. Les parecía necesario investigar a fondo e identificar a todos los que habían muerto para que personas de todo el país pudieran averiguar el paradero de sus familiares desaparecidos.

Contribuir a que se haga justicia

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación tiene el mandato de escuchar a una amplia representación de víctimas y autores de los abusos para reflejar una concepción común de la justicia y la rendición de cuentas. El gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional tienen muchas expectativas puestas en la labor de la Comisión, de la que se espera que contribuya a abordar la impunidad que siguió a los 14 años de conflicto en Liberia.

Amnistía Internacional considera que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación tiene que desempeñar un papel importante a la hora de investigar los crímenes cometidos en el pasado y recomendar reparaciones para las numerosas víctimas de Liberia. Su función primordial es la de esclarecer los hechos relativos a crímenes cometidos en el pasado, como el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, contribuyendo así a que se haga justicia.^⁷⁷Las únicas funciones de la Comisión en relación con los enjuiciamientos serán las de recabar y conservar pruebas para su futura utilización y hacer recomendaciones generales acerca de los mismos.

No obstante, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación no debe cargar con todo el peso de abordar lo sucedido en el pasado. En concreto, ni es ni se la debe considerar un sustituto de los procedimientos civiles o penales ante órganos judiciales. Esta Comisión no es un tribunal y no puede establecer responsabilidades penales individuales ni tampoco conceder reparaciones.

Contribuir a que se proporcione reparación

La gente debe venir y participar en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Habrá que movilizar a las comunidades de las víctimas. Será su testimonio el que determine el tipo de reparación comunitaria que hace falta teniendo en cuenta que el 72 por ciento de la población se vio afectada durante la guerra. Tantas mujeres y niños y personas desplazadas se han visto afectados. Todas estas personas tienen derecho a obtener reparación. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación puede contribuir a determinar las personas que más lo necesitan. Hay que hacer algo para al menos ayudar a la gente a dejar atrás la guerra.^⁷⁸

La propia Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia puede resultar ser una forma de reparación. Al reconocer oficialmente que en el pasado se produjeron violaciones sistemáticas de los derechos humanos y tomar medidas para investigar los hechos y descubrir la verdad, la Comisión brinda a las víctimas y a sus familias una primera forma de resarcimiento.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación recomendará la creación de un fondo fiduciario en beneficio de las víctimas y los supervivientes del conflicto. Uno de los resultados de sus actuaciones, conclusiones y recomendaciones cuando termine su mandato será el de nombrar a los administradores del fondo e identificar a los beneficiarios (artículo IX, sección 38 de la Ley de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación).

Consideraciones sobre mujeres y menores

Las entrevistas llevadas a cabo por Amnistía Internacional revelaron que algunas mujeres que habían sido víctimas de violencia sexual, así como niños y niñas que habían sido reclutados o alistados, tenían miedo y eran reacios a denunciar sus casos porque muchos de ellos seguían viviendo en las mismas comunidades que quienes habían cometido los delitos en su contra. Es fundamental tener presentes estas preocupaciones, no sólo en relación con la labor de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, sino también para lograr que se lleven ante los tribunales otros posibles casos. Tener en cuenta estos temores contribuirá a garantizar que todos aquellos a quienes se anime a declarar ante la Comisión o ante un tribunal se sienten suficientemente seguros como para hacerlo.

Mujeres

Cuando se entrevistaron con Amnistía Internacional, las mujeres que habían sido víctimas de violación y de otras formas de violencia sexual parecían no tener muy claro de qué manera les beneficiaría participar en el proceso de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Otras eran reacias a participar debido a su sensación de vergüenza y les preocupaban las posibles repercusiones de compartir sus historias. A algunas les parecía importante que se contasen sus casos. Otras pensaban que participar en la Comisión haría más fácil que obtuviesen la indemnización que tanto necesitaban. Algunas manifestaron su deseo de confrontar a su presunto agresor con las consecuencias que sus actos habían tenido sobre sus vidas.

H., de 32 años, de Arthington, víctima de una violación múltiple por parte de hombres armados durante el conflicto, contó lo siguiente a Amnistía Internacional:

Hablaré con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. No tengo miedo… Creo que tal vez otras mujeres sí lo tengan por la vergüenza, pero yo no siento eso. Yo sólo sé que estoy sufriendo. No sé quienes son [los que me violaron], pero si lo supiese, les preguntaría porqué me hicieron eso. ¿Qué es lo que realmente les llevó a hacerme eso..? Sencillamente no lo entiendo porque dijeron que venían a luchar, no a violar, así que ¿por qué me violaron?

Menores

Las comparecencias públicas programadas ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para abordar las violaciones sufridas por mujeres y menores pondrán de manifiesto las repercusiones desproporcionadas que el conflicto tuvo para ellos, y se harán recomendaciones que se ajusten de forma específica a sus necesidades.

Niños y niñas desempeñaron diferentes funciones en el conflicto. El ministro de Trabajo hizo hincapié en la importancia que tiene comprender las experiencias de los menores para que el gobierno pueda ayudarles de forma más adecuada. “Durante este proceso se utilizó y abusó de niños y niñas. Ahora tenemos que lograr que participen y ayudarles a que entiendan lo que ocurrió durante la guerra, y lo que les hemos hecho en realidad. Son víctimas sin lugar a dudas”. Algunos menores ex combatientes a los que se entrevistó en Ganta valoraron el que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación fuese un foro en el que pudiesen reconciliarse mentalmente con sus experiencias. En Tubmanburg, ex niños soldados hablaron de lo importante que era descubrir la verdad de la guerra y lo que hizo que se vieran obligados a luchar, y por qué no habían podido estudiar.

D., de 16 años, ex niño soldado de Bomi Hills reclutado cuando tenía 13 años, contó a Amnistía Internacional:

La gente debe saber la verdad. Tiene que entender las razones por las que hubo una guerra, por las que fuimos utilizados para luchar en esta guerra. Tenemos que conocer las razones por las que no asistimos a la escuela y no pudimos estudiar. Simplemente necesitamos saberlo.

Otros querían saber de qué trataba toda esta guerra. Se espera que, tras el amplio proceso de consulta que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación tiene previsto llevar a cabo, las conclusiones puedan incorporarse a un plan de acción adecuado para hacer frente a las necesidades futuras de los menores.

Los logros de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación se valorarán en función de si se trata a las víctimas con humanidad y de si se crean mecanismos para proporcionar protección y apoyo eficaces. Estas medidas especiales de protección y apoyo tanto a las víctimas como a los testigos revestirán una especial importancia en el caso de las supervivientes de violación y violencia sexual y de los menores. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Ministerio para los Asuntos de Género ya han tomado algunas medidas para colaborar con organizaciones de mujeres y menores en la elaboración de directrices sobre la protección, entre ellas que las comparecencias tengan lugar a puerta cerrada y otras medidas para alentarlos a declarar. Sin embargo, garantizar la participación de mujeres y menores requerirá esfuerzos adicionales para fomentar su confianza, sobre todo en lo relativo a las medidas adoptadas para garantizar su protección.

Actividades en curso

En diciembre de 2006 dio comienzo el proceso de nombramiento del director ejecutivo y de los miembros de la Secretaría, entre personas de muy distintas trayectorias, para que se unieran a los tres miembros del Comité Asesor Técnico Internacional y los nueve comisarios liberianos investidos en febrero.^⁷⁹La participación de las víctimas y los testigos resulta crucial y se están llevando a cabo actividades de sensibilización. Existe cierta preocupación debido a que estas actividades no han llegado a algunas de las áreas más remotas, como las zonas fronterizas de Lofa, por lo que Amnistía Internacional recomienda que se hagan más esfuerzos por llegar a todas las zonas de Liberia, en especial a las ciudades y los condados fronterizos. Mientras la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) ha tomado la iniciativa en lo que se refiere a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la Sección de Derechos Humanos y Protección de la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) ha brindado su apoyo en materia de formación y otros conocimientos técnicos especializados.

Uno de los problemas lo ha planteado la falta de una financiación constante y segura. Existe una discordancia entre lo que han prometido o a lo que se han comprometido los donantes, lo recibido hasta la fecha y la financiación real garantizada. La falta de una financiación constante, las relaciones personales entre los comisarios y el personal del Comité Asesor Técnico Internacional, y la ausencia de una estructura y un plan de trabajo claros han causado retrasos en los trabajos y han alterado el normal funcionamiento de la propia Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Los donantes han indicado a Amnistía Internacional que hará falta una mayor rendición de cuentas, un plan de trabajo claro y unos puntos de referencia inequívocos para que haya confianza en la provisión de financiación. Hasta la fecha, la Comisión ha recibido tan sólo unos 2,2 millones de dólares estadounidenses de los 14 millones necesarios para los próximos dos años y medio de trabajo.

Enjuiciamientos

Si bien la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación establece un marco para abordar las violaciones en tiempo de guerra, es evidente que, por su propia naturaleza, no tratará de las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario, que dirimirá mejor un órgano judicial más competente. La comunidad internacional no debe escatimar esfuerzos para facilitar la lucha contra la impunidad surgida de la guerra en Liberia.^⁸⁰

Quienes ordenaron y llevaron a cabo esta masacre deberían ser castigados. Estuvo mal. Algunos de quienes lo hicieron están aquí; yo sé de dos. No están siempre en la ciudad pero cuando vienen los veo andando por ahí. Me asusto mucho cuando los veo. Pero también me indigno y siento el impulso de vengarme de ellos. Me asusta mucho lo que pudiera hacerles. Lo que me da miedo es pensar que pudiera tomar represalias. Sería mejor que los juzgaran y condenaran y fuesen a la cárcel.

M., superviviente del punte Maher

Creo que se debería investigar a quienes me obligaron a llevar munición a remolque y a luchar, porque es una violación de los derechos humanos. Tenían la costumbre de ir a los campos de desplazados internos y reclutar a niños por la fuerza. A veces cometían masacres o iban a las escuelas y se llevaban sin más a los niños. Obligan a estos niños a ir al frente. El gobierno tiene que tomar medidas contra ello. Era algo que ocurría a menudo. Creo que deberían ir a los tribunales, y si se los declara culpables, deberían ser castigados y pasar el resto de sus vidas en la cárcel.

R., de Bomi Hills, reclutado cuando tenía 15 años

Después de que me capturase el LURD me mandaron al frente. Cuando ya no quise luchar más me marché, y cuando el comandante me encontró me pegó un tiro en la pierna. Cuando por fin vi a mi madre ella lloró porque ahora soy un lisiado. Creo que por lo que me hizo debería ir a la cárcel el resto de su vida.

L., ex niño soldado relacionado con las fuerzas de Tubmanburg, tenía 12 años cuando lo capturaron, ahora tiene 15

La necesidad de un plan de enjuiciamientos a largo plazo

Amnistía Internacional considera un motivo de preocupación que el gobierno parezca haber traspasado a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación la responsabilidad de luchar contra la impunidad. A efectos prácticos, las autoridades han transferido a esta Comisión todas las investigaciones sobre delitos tipificados en el derecho internacional y, al parecer, tienen la intención de esperar hasta su informe final, que no estará listo como mínimo hasta mediados de 2008, para decidir a quién sería recomendable investigar más a fondo y posiblemente procesar.^⁸¹El fiscal jefe, Tiawan Gongloe, dijo a Amnistía Internacional:

Al gobierno le preocupa avanzar en la dirección de hacer frente a la impunidad en Liberia, pero desea empezar con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Nos parece que la perspectiva de las víctimas y de los autores en los procedimientos indicará a toda la sociedad cuál el camino a seguir.

Amnistía Internacional recalca que, si bien el mandato de la Comisión requiere que se trace una visión histórica de los factores que permitieron que ocurriesen las violaciones de derechos humanos, su labor difiere del propósito de los procedimientos penales, diseñados para determinar la responsabilidad penal individual, y no debería confundirse con ellos.

El gobierno de Liberia está obligado por ley a investigar y procesar a los miles de personas sobre las que pesan sospechas razonables de haber cometido violaciones graves de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, como crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. El no castigar a los autores de los crímenes más graves tipificados en el derecho internacional les hace creer que no tendrán que hacer frente a las consecuencias de sus actos, implica hacer caso omiso del sufrimiento de las víctimas y abre la puerta a futuras violaciones. El hecho de que no se combata la impunidad debilita las instituciones estatales, niega los valores humanos y degrada a la humanidad en su conjunto.^⁸²

La amnistía para autores de delitos tipificados en el derecho internacional contraviene el derecho internacional. Los Estados tienen la obligación de investigar a las personas sospechosas de tales delitos y, si se dispone de suficientes pruebas válidas, de procesarlas en juicios que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos. Por ello, Amnistía Internacional pidió que la amnistía prevista en el Acuerdo General de Paz no se hiciese extensiva a los autores de crímenes tipificados en el derecho internacional. Los enjuiciamientos permiten esclarecer la verdad de lo sucedido, determinar el grado de responsabilidad por los abusos cometidos y contribuir a que se afiance la confianza en el Estado de derecho.

Esfuerzos por afianzar el Estado de derecho

En el pasado, el precario estado del sistema jurídico y judicial de Liberia ha contribuido a la impunidad. La mala gestión del sector judicial se ha traducido en numerosos casos de detención prolongada sin que se presenten cargos o sin juicio, y ha contribuido al hacinamiento en las prisiones y en los centros de detención. La intromisión del poder ejecutivo es práctica corriente y da lugar a que la mayoría de los casos se traten al margen del sistema judicial oficial y a que algunos de ellos se abandonen mientras otros se investigan sin apenas pruebas; muchas personas pueden languidecer en prisión durante largos periodos sin que se presenten cargos en su contra o se las juzgue. La confianza pública en el sector jurídico y judicial es escasa.

Amnistía Internacional considera que el documento de estrategia sobre el Estado de derecho elaborado conjuntamente por la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) y el gobierno de Liberia, que aún no se ha hecho público y que fue aprobado en secreto sin llevar a cabo una estrecha consulta con la sociedad civil, plantea un amplio conjunto de iniciativas con plazos concretos y asignaciones presupuestarias que van encaminadas a restablecer la supremacía del Estado de derecho en Liberia después del conflicto. El Equipo de Tareas sobre el Estado de Derecho, creado en noviembre de 2005, lo forman el Ministerio de Justicia, el presidente del Tribunal Supremo, miembros del Grupo Internacional de Contacto –incluidas la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) y la Unión Africana– y la Sección de Asuntos Jurídicos y Judiciales de la UNMIL. En anteriores informes sobre Liberia, Amnistía Internacional pedía al gobierno y a la comunidad internacional, en especial a la UNMIL, que redactasen un plan de acción integral a largo plazo, de forma transparente y en estrecha consulta con la sociedad civil, para afianzar el poder judicial con el objetivo de de crear un órgano competente e independiente.^⁸³Por lo tanto, representa un motivo de gran preocupación la notoria ausencia de la sociedad civil y la Sección de Derechos Humanos y Protección de la UNMIL en el equipo de tareas.

Aunque el plan cuenta con diversos elementos positivos para que sea plenamente efectivo, hay que proporcionar a la sociedad civil una verdadera oportunidad de comentarlo, sugerir cambios, ayudar a llevarlo a la práctica y vigilar su aplicación.

Una vez creada, la Comisión de Reforma de la Justicia revisará la actual legislación de Liberia para identificar las posibles reformas necesarias, como la de subsanar lagunas existentes en el marco jurídico nacional en relación con el derecho internacional. Amnistía Internacional recomienda la creación de este órgano. Del mismo modo, la Comisión de Investigación Judicial, también recientemente propuesta, establecerá criterios y vigilará la actuación de los magistrados. A principios del 2006 se aprobaron dos importantes reformas de la ley que rige el poder judicial: una está destinada a garantizar su autonomía económica, y la otra es una ley sobre los jurados que valida el voto por mayoría en lugar de por unanimidad, lo que podría menoscabar el requisito de que no se puede declarar a nadie culpable de un delito a no ser que quede probada su culpabilidad fuera de toda duda razonable. La reforma pretende acelerar el número de causas que pasan por los tribunales.

Esfuerzos por restablecer el sistema judicial nacional

Las medidas tomadas para restablecer el sistema nacional de justicia representan un buen primer paso que cuenta con el respaldo de las Naciones Unidas y de Estados Unidos. Sin embargo, se requieren esfuerzos adicionales a fin de garantizar que el sistema está capacitado para ocuparse de delitos tipificados en el derecho internacional, algo que debería considerarse una prioridad. La División de Apoyo Jurídico y Judicial de la UNMIL ha logrado algunos avances, entre ellos la reapertura de la Facultad de Derecho Arthur Grimes de la Universidad de Liberia, la formación de 150 fiscales, tanto de condados como de ciudades, y el seguimiento de proyectos “de efecto rápido” que han permitido reconstruir y reacondicionar 13 tribunales de condado. Desde septiembre de 2006, este departamento de la UNMIL también ha ayudado al gobierno a contratar 12 asesores del ministerio público nacional y 11 abogados defensores públicos por un período inicial de seis meses. Se prevé nombrar siete asesores de la defensa pública en 2007. Estas iniciativas van encaminadas a reducir el número de casos pendientes atrasados, incrementar el respeto de las normas sobre juicios justos y mejorar la confianza del público en el sistema judicial.

El Programa de Reforma Jurídica y Judicial estadounidense ha proporcionado formación a jueces y magistrados de Liberia. También ha ayudado con la introducción de técnicas administrativas para mejorar los procedimientos judiciales, la preparación de presupuestos, las nóminas y la gestión de la asesoría legal.

La necesidad de una política de enjuiciamientos

En mayo de 2006, el Foro para la Creación de un Tribunal para Crímenes de Guerra en Liberia, ONG local, presentó al Parlamento de Liberia una petición para que se creara en el país un tribunal destinado a juzgar crímenes de guerra. Esta petición atrajo la atención de los medios de comunicación y dio lugar a un debate público. La mayoría de la gente estaba de acuerdo en que era necesario que se hiciese justicia y que los autores de crímenes internacionales rindiesen cuentas. Sin embargo no hubo consenso en cuanto a quién se debería juzgar por delitos de derecho internacional cometidos durante el conflicto. El estado actual del sistema judicial y jurídico impide que los supervivientes y las víctimas logren acceder a la justicia y obtener una reparación por los crímenes de los que fueron objeto. No obstante, muchos piensan que, si recibe ayuda económica, el sistema judicial de Liberia sería el mecanismo adecuado para juzgar a los presuntos autores.

Hay instituciones aquí, hay estructuras. ¿Son eficaces, suficientemente fuertes y transparentes? Pues no; falta voluntad política, valentía para llevar esto a cabo, al menos por ahora. Están corruptas. No se puede confiar en que hagan justicia en la actualidad, y mucho menos en lo referente a delitos graves, como los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Sin embargo, con el tiempo –ya se ven algunos cambios–, habrá nuevos dirigentes. No creo que nos haga falta un órgano independiente formado por un montón de extranjeros.^⁸⁴

Hubo amplio reconocimiento de la discrepancia existente entre el número de personas que cometieron abusos y violaciones de los derechos humanos durante los 14 años de guerra y la capacidad potencial del sistema nacional de tribunales para ocuparse de dichos casos. Miembros de la sociedad civil calcularon que el número de presuntos autores de delitos tipificados en el derecho internacional oscilaba entre 40.000 y 50.000 (de una población total de unos 3 millones). La referencia del fiscal jefe al único caso de asesinato relacionado con el conflicto que se está juzgando actualmente en el Tribunal Penal “A” de Monrovia permitió conocer la actual política del gobierno para llevar las causas relacionadas con el conflicto ante el sistema judicial de Liberia: “Si la gente dispone de pruebas y quiere llevar su caso a los tribunales, estaremos encantados de ocuparnos; de hecho, la ley nos obliga a ello”.^⁸⁵Lo que significa que el gobierno espera que las víctimas particulares presenten una querella o una demanda civil con las pruebas que hayan recabado ellas mismas. Dejando de lado el hecho de que el gobierno se base en la iniciativa y los limitados recursos de las víctimas para llevar un caso ante los tribunales nacionales, y sin que se hayan adoptado las leyes y procedimientos necesarios para juzgar a personas concretas por delitos de derecho internacional, el sistema niega a la población liberiana su derecho a un recurso y a obtener reparación, estipulado en las normas y leyes internacionales.

La necesidad de que la legislación de Liberia se ajuste a las normas internacionales

El gobierno de Liberia ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 24 de septiembre de 2004, e indicó que estaba dispuesta a poner fin a la impunidad de los autores de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Liberia también ha ratificado tratados de derechos humanos, entre ellos el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que pretende la abolición de la pena de muerte. Sin embargo, hasta la fecha no ha tomado ninguna medida para incorporar todo ello a su legislación nacional. Incluso la nueva ley sobre la violación introducida en 2004,^⁸⁶que utiliza una definición más clara de violación y que se ajusta mejor a las normas internacionales, se aplica sin retroactividad y no puede utilizarse en la investigación o enjuiciamiento de autores de violación como un crimen contra la humanidad si ésta se produjo antes de que la ley entrara en vigor, en enero de 2005.

La necesidad de investigar los crímenes del pasado y procesar a sus autores

Antes de la Resolución 1509 (2003) del Consejo de Seguridad, por la que se instituyó la UNMIL, el secretario general de las Naciones Unidas recomendó que se crease un mecanismo para investigar las violaciones graves del derecho internacional humanitario y otros delitos graves y que proporcionara pruebas a las autoridades de Liberia o a otras autoridades.^⁸⁷No obstante, aunque la Sección de Derechos Humanos y Protección de la UNMIL tiene la obligación de llevar a cabo investigaciones de apoyo a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación o a cualquier otro mecanismo que se establezca en el futuro, la recomendación de crear una estructura de investigación criminal nunca se incluyó en el mandato de la UNMIL, y el no haberlo hecho ha dificultado considerablemente la aplicación del documento confidencial de estrategia sobre el Estado de derecho elaborado por las Naciones Unidas y el gobierno, además de poner en entredicho el compromiso de las Naciones Unidas para eliminar la impunidad. Amnistía Internacional considera que para investigar delitos internacionales son necesarios unos conocimientos especializados que tal vez el gobierno de Liberia no posea en la actualidad. Por lo tanto, hará falta un considerable apoyo técnico efectivo a fin de mejorar la capacidad de la policía, los fiscales y el poder judicial para llevar a cabo este tipo de investigaciones oportunamente.^⁸⁸

A principios de 2006 se solicitó a miembros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que investigasen las fosas comunes de la zona de Camp Scheflin. Un equipo se desplazó a Liberia y llevó a cabo una investigación en esas mismas fechas. En posteriores conversaciones con la oficina del ACNUDH sobre el resultado de esta investigación se reveló a Amnistía Internacional que durante la misma no se había encontrado ninguna fosa común.^⁸⁹

Tal y como prevé el Acuerdo General de Paz, la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos llevará a cabo investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas en la actualidad. Aunque en el momento de redactarse este informe aún no estaba plenamente constituida, la Comisión Nacional Independiente también funcionará a modo de órgano de seguimiento que lleve a cabo la labor de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación una vez que ésta haya cumplido con su cometido, incluida la aplicación de sus recomendaciones.

La necesidad de crear una unidad de protección de víctimas y testigos

Amnistía Internacional recomienda que el Ministerio de Justicia cree una Unidad de Protección de Víctimas y Testigos que proporcione apoyo psicológico y otra asistencia adecuada a quienes comparecen ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación o ante un tribunal. También debería protegerse a quienes corren el riesgo de sufrir represalias por testificar, adoptando medidas de seguridad adecuadas. Las Reglas de Procedimiento y Prueba elaboradas para la Corte Penal Internacional pueden proporcionar una buena orientación en cuanto a las funciones pormenorizadas de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos. Una unidad de esta índole podría garantizar protección y seguridad a todos los testigos y las víctimas que comparecen ante un tribunal al asegurarse de que se adoptan las medidas apropiadas y se diseñan planes a corto y a largo plazo para protegerlas. Podría ayudar con el reasentamiento de víctimas y testigos traumatizados o amenazados, y también contribuir a que las víctimas que comparecen ante un tribunal, y también los testigos, reciban asistencia médica y psicológica. Podría asimismo colaborar estrechamente con el Ministerio de Justicia en la redacción de un código de conducta que haga hincapié en la vital importancia del secreto profesional y la seguridad de todo el personal adscrito a un tribunal. Por último, la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos debería contar con trabajadores expertos en traumas relacionados con delitos de violencia sexual.

El gobierno de Liberia tiene que cumplir sus obligaciones internacionales y fomentar un ambiente en el que la sociedad civil del país pueda debatir abiertamente la cuestión del enjuiciamiento por delitos tipificados en el derecho internacional, y explorar cuál es la forma más efectiva y adecuada de abordarlos. Debería contar con el apoyo político y práctico y el asesoramiento de la comunidad internacional, incluidos sus representantes en la UNMIL –especialmente en la Sección de Derechos Humanos y Protección y la División de Apoyo Jurídico y Judicial–,la Oficina del ACNUDH y otros órganos de las Naciones Unidas.

Medidas para hacer frente a la impunidad en África

A finales de marzo de 2006, a petición del presidente de Liberia, el gobierno de Nigeria entregó al ex presidente Charles Taylor a Liberia, donde fue inmediatamente arrestado por la UNMIL y transferido al Tribunal Especial para Sierra Leona para que se lo juzgase. Este traslado pacífico supuso un gran alivio para la población de toda África Occidental y, en especial, para la de Liberia.

El 6 de diciembre de 2006, Amnistía Internacional acogió con satisfacción el auto de procesamiento dictado por el Gran Jurado Federal de Estados Unidos contra el ciudadano estadounidense Roy Belfast Jr. (también conocido como Charles o Chuckie Taylor, Charles Taylor II y Charles MacArthur Emmanuel) por tortura y conspiración para torturar, actos que presuntamente cometió cuando servía como jefe de la Unidad Antiterrorista del ex presidente liberiano Charles Taylor. Aunque ha sido procesado, tiene derecho a la presunción de inocencia en tanto se pronuncia una resolución judicial con arreglo a las normas y el derecho internacional sobre juicios con las debidas garantías. Si se declara a Chuckie Taylor culpable de los tres delitos, podría ser condenado a una pena de entre 20 años y prisión perpetua.

Se trata de la primera vez que Estados Unidos procesa a alguien en aplicación de la Ley Federal contra la Tortura (18 U.S.C. §§ 2340-2340A) desde que fue promulgada en 1994. Dicha ley, que hasta este auto constituía en gran medida papel mojado en cuanto a procesamientos penales, autoriza a los tribunales federales estadounidenses a ejercer la jurisdicción universal sobre personas que se encuentren en Estados Unidos sobre quienes pese la sospecha de haber cometido tortura en cualquier parte del mundo.

El 22 de abril de 2006, un tribunal de los Países Bajos procesó y condenó a ocho años de prisión al ciudadano neerlandés Gus van Kowehoven, estrecho colaborador de Charles Taylor, por violar el embargo de armas a Liberia. También se lo juzgó por crímenes de guerra y resultó absuelto.

Reparación

Fue la gente de aquí quien realmente lo notó… Los que se exiliaron en realidad no sufrieron tanto… Es a la gente de aquí a la que hay que hacer llegar el mensaje del verdadero perdón… Estaban todos en campos de desplazados… este mensaje, la ayuda, la justicia, hay que lograr que todo eso llegue a estas personas que de verdad sufrieron.^⁹⁰

G., miembro del personal de la Comunidad Cristiana Preocupada (CCP)

Ahora quiero ir a la escuela. No me importa si llegan a encontrar al tipo, no me devolverá la capacidad de andar. Quiero ayuda ahora. Quiero una operación que me ayude a caminar de nuevo. Quiero una indemnización.

I., en silla de ruedas después de que le disparasen las fuerzas del MODEL

El principal problema que tengo aún es el flujo vaginal. Cuando acudo al médico y se lo explico que da una pastilla. Le dije al médico lo del líquido sucio; se lo digo una y otra vez y lo único que me da es una pastilla. Necesito algo más. Necesito una operación. Este líquido sucio hizo que mi marido me abandonase. Tengo cinco hijos pero tres se han marchado. Están alejados de mí. Llevan separados de mí los últimos dos años. Los otros niños están conmigo y estamos sufriendo.

H., superviviente de violencia sexual

Sé que no puedo devolverle la vida a mi marido, pero ahora rezo por que se haga justicia. Quiero que el hombre que lo mató comparezca ante la justicia, y que entreguen pronto la indemnización para mis hijos porque me está costando mantenerlos vivos. Mi marido era quien traía el sustento a casa y ahora no tenemos nada y estamos sufriendo.

Al marido de G. lo mataron las tropas gubernamentales

En diciembre de 2004, tras concluir una evaluación, el Proyecto de Infraestructura Comunitaria de Liberia ayudó a organizar un acto conmemorativo que duró tres días. Fue muy importante para esta comunidad porque nos reunimos todos para recordar a los que habían muerto. Realmente nos ha ayudado a dejar atrás ese trágico acontecimiento.

Cura católico que trabaja con las víctimas del puente Maher

La necesidad de un plan de acción para proporcionar reparación a las víctimas

Conforme al derecho internacional, las víctimas de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos tienen derecho a obtener una reparación plena y efectiva como intento de aliviar su sufrimiento. Lo ideal sería que la reparación incluyese la adopción de medidas para reparar el daño causado por el delito. Existen cinco formas reconocidas de reparación: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.^⁹¹

De acuerdo con el derecho internacional, “la reparación debe, en toda la medida de lo posible, hacer desaparecer todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que con toda probabilidad, habría existido de no haberse cometido dicho acto”.^⁹²Por supuesto, en situaciones en las que se han cometido crímenes tan horrendos, a menudo resultará imposible deshacer las consecuencias. Sin embargo, tal y como demuestran las personas a las que ha entrevistado Amnistía Internacional, existen numerosas medidas que pueden adoptarse para abordar el sufrimiento de las víctimas.

La obligación de proporcionar una reparación a las víctimas recae fundamentalmente sobre el Estado, incluso cuando los crímenes los ha cometido un gobierno anterior. El gobierno de Liberia tiene por tanto la responsabilidad de poner en marcha mecanismos y programas para proporcionar reparaciones. Los grupos de la sociedad civil, los organismos internacionales y los donantes pueden asimismo contribuir a su aplicación. Es necesario elaborar estos programas en consulta con las víctimas a fin de garantizar que las iniciativas se ajustan a sus necesidades. Como primera medida, Liberia debe promulgar sin demora legislación que garantice a las víctimas y a sus familias el derecho a formas efectivas de reparación y que establezca procedimientos efectivos para acceder a ellas.

Las víctimas de violación y otras formas de violencia sexual

Debe concederse especial atención a las víctimas de violación y otras formas de violencia sexual. Las conversaciones que Amnistía Internacional mantuvo con mujeres de Arthington, una zona a 10 kilómetros de Monrovia, y de Ganta, en el condado de Nimba, desvelaron sus preocupaciones tras la guerra. Dado que la violación y otras formas de violencia sexual pueden causar graves lesiones físicas y traumas psicológicos, las mujeres han manifestado su necesidad de atención médica, quirúrgica y psicológica.^⁹³La mayoría de las mujeres, además de tener que hacer frente a las consecuencias de su violación, han tenido que asumir múltiples funciones para garantizar que sus familias salen adelante, al ser a menudo su único sostén. A muchas de las supervivientes las han abandonado o desplazado, dejándolas sin ningún apoyo, o la guerra las ha dejado viudas. La carencia total de servicios básicos en sus comunidades está exacerbando estos problemas. Al no disponer de un centro de salud bien equipado, las mujeres no pueden tratar las secuelas de la violación para su salud. Tampoco tienen escuelas donde enviar a sus hijos, y les preocupa su futuro.

La rehabilitación después de una guerra plantea muchas dificultades a las supervivientes de violación y violencia sexual. Algunos programas propuestos por el Comité Internacional de Rescate y la Comunidad Cristiana Preocupada se centran en prestar ayuda psicosocial y médica a las mujeres.^⁹⁴Además, las víctimas deberían poder presentar demandas de reparación ante los tribunales nacionales directamente contra las personas declaradas responsables de los delitos de los que fueron objeto. Debe introducirse legislación que facilite estos procesos de demanda y garantice que las víctimas disponen de asistencia letrada gratuita.

Menores vinculados con las fuerzas combatientes

La comunidad internacional ha reconocido la necesidad imperiosa de atender de forma efectiva las necesidades de los niños y niñas soldados de Liberia, y se ha destinado una mayor financiación para los programas de reintegración. Un programa integral de Desarme, Desmovilización, Reasentamiento y Reintegración incluye disposiciones específicas para los menores,^⁹⁵entre ellas el acceso a la asistencia médica, la educación, la formación profesional, la localización de la familia y la protección de menores en las comunidades.

El acceso a la educación resulta crucial para lograr la rehabilitación y reintegración tanto de las niñas como de los niños que fueron utilizados como soldados, y disminuye el riesgo de que sean movilizados de nuevo. Son muchas menos las niñas que los niños que se matriculan en la escuela, por lo que es necesario dedicar especial atención a garantizar que las niñas tienen acceso a la educación durante el periodo posterior a la guerra.

La necesidad de medidas rápidas y eficaces

El gobierno no ha invertido en un sistema de reparaciones, lo que ha supuesto abandonar a las víctimas al sufrimiento sin que se reconociesen oficialmente los crímenes de los que fueron objeto y sin que se les proporcionase ayuda para rehacer sus vidas.

Las iniciativas sobre verdad, justicia y reparación aquí descritas representan un avance en la dirección adecuada, pero queda mucho por hacer para abordar el sufrimiento generalizado que persiste. Podría hacerse mucho más a corto plazo. El gobierno de Liberia tiene que actuar de inmediato sin esperar a que estén listas las conclusiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para adoptar medidas que garanticen el derecho de las víctimas a obtener reparación.

Por tanto, Amnistía Internacional insta al gobierno de Liberia a que elabore y considere prioritario un plan de acción para proporcionar una reparación plena y efectiva a las víctimas. El plan debería incluir la promulgación de legislación apropiada y disponer que se lleven a cabo consultas pormenorizadas con las víctimas, los grupos que representan a víctimas (incluidas las organizaciones de mujeres y de menores), la sociedad civil, los organismos internacionales y los donantes internacionales. Amnistía Internacional respalda las recomendaciones de varios grupos de la sociedad civil de Liberia para que se celebre una conferencia consultiva nacional sobre reparaciones. Los testimonios incluidos en este informe ponen de manifiesto la necesidad de un plan integral que tenga en cuenta las muy diversas formas de sufrimiento, aspiraciones y preocupaciones de los liberianos y liberianas que se han visto afectados negativamente por el conflicto: personas de edad avanzada, niños y niñas, mujeres y personas internamente desplazadas

Parte IV

Conclusión

El objetivo de este informe es reflejar las graves repercusiones que han tenido los crímenes de violación, tortura, homicidio y ataque contra la población civil para miles de ciudadanos y ciudadanas de Liberia durante los 14 años de conflicto armado. Conocimos el caso de M., testigo de la muerte de más de 175 miembros de su comunidad, incluidos niños pequeños, que fueron empujados al agua desde el puente Maher por soldados leales al gobierno de entonces, que los dejaron ahogarse. Conocimos el caso de I., quien, siguiendo las órdenes de un miembro del grupo armado MODEL, corrió hacia la universidad y, mientras lo hacía, el mismo hombre que le había dado la orden le disparó por la espalda; ahora está paralítica y en silla de ruedas. También está el caso de M.,de Arthington, quien en 1990 fue violada por un hombre al que hoy no podría reconocer, aunque los dolores que sufre a diario le recuerdan lo ocurrido. Hasta ahora, todos los sobrevivientes han debido sobrellevar su trauma sin que nadie les haya ofrecido ningún tipo de reconocimiento oficial en forma de reparación o indemnización, o la satisfacción de que se ha hecho justicia mediante el enjuiciamiento de aquellos que les causaron sufrimiento.

En abril de 2007 está previsto que comience en La Haya el juicio de Charles Taylor, ex presidente de Liberia, bajo los auspicios del Tribunal Especial para Sierra Leona. Será juzgado por 11 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que, al parecer, cometió contra el pueblo de Sierra Leona. La detención y transferencia de Charles Taylor para que sea juzgado ante el Tribunal Especial ha contribuido a un cambio importante en el panorama liberiano. Sin embargo, hasta la fecha no se han investigado ni enjuiciado los crímenes que Charles Taylor presuntamente ha cometido contra el pueblo liberiano. No debe desaprovecharse la oportunidad que presenta su detención. Liberia debe cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional de investigar y juzgar los delitos de derecho internacional en procesos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos y garantizar a las víctimas su derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

Las autoridades liberianas deben establecer sin demora mecanismos apropiados que aseguren que los responsables de crímenes previstos por el derecho internacional comparezcan ante la justicia, y que proporcionen plena reparación a las víctimas. Las mujeres violadas han de recibir asesoramiento y, si es necesario, atención médica. Los niños y niñas soldados desmovilizados deben recibir educación y asistencia psicológica.

El gobierno debería realizar consultas con miembros de la sociedad civil y con las secciones pertinentes de la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL). En consonancia con las recomendaciones recogidas en el informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre el Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, publicado en 2004, la UNMIL debería ayudar al gobierno a desarrollar un plan de acción estratégica e integral para abordar las cuestiones del pasado. Este proceso también debería contar con el respaldo de miembros de la comunidad internacional, entre ellos los donantes. Todas las iniciativas deberían emprenderse previa consulta con la sociedad civil y con las numerosas víctimas de Liberia. La comunidad internacional de donantes y el gobierno liberiano deberían continuar apoyando la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para asegurar que en el proceso participe el mayor número posible de víctimas y testigos.

Recomendaciones

El gobierno de Liberia, en consulta con la sociedad civil y la comunidad internacional, debe elaborar un plan de acción integral a largo plazo para abordar las violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en el pasado. El plan debería demostrar a la población liberiana que las necesidades de las víctimas son una prioridad, y estar basado en una estrategia de justicia de transición que incluya planes para hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Amnistía Internacional insta al gobierno de Liberia a que:

Preste a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación todo el apoyo económico y de organización que ésta necesite para que pueda realizar su trabajo de forma adecuada y eficaz;
Preste a la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos todo el apoyo económico y de organización que ésta necesite para que pueda realizar su trabajo de forma adecuada y eficaz;
Facilite una consulta nacional transparente con la sociedad civil para desarrollar un plan de acción integral a largo plazo destinado a abordar los hechos del pasado, que incluya la elaboración de una política de procesamiento y otra de reparación;
Aplique en el derecho interno las disposiciones del Estatuto de Roma, de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas;
Promulgue una legislación que garantice a las víctimas y sus familias el derecho a formas efectivas de reparación y establezca procedimientos efectivos para acceder a ellas;
Investigue los crímenes previstos por el derecho internacional y, cuando existan pruebas suficientes, juzgue a las personas sospechosas de haber participado en ellos en procesos que cumplan las normas internacionales en materia de juicios justos;
Establezca una Unidad de Víctimas y Testigos para la protección y el bienestar de víctimas y testigos que declaren ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y los tribunales liberianos;
Reconozca el sufrimiento del pueblo liberiano y dé a conocer a toda la ciudadanía liberiana su compromiso de realizar una consulta nacional en colaboración con la sociedad civil, que permita elaborar un plan de reparación general integral;
Dé a conocer de inmediato el documento conjunto de estrategia sobre el Estado de derecho del gobierno y las Naciones Unidas para garantizar que está tomando medidas para abordar los crímenes cometidos durante la guerra;
Garantice que los crímenes previstos por el derecho internacional se tipifican como delitos en el derecho interno, y que se incorporan a la legislación medidas para investigar los delitos cometidos en el pasado, un plan para desarrollar una estrategia de protección de testigos y una política de procesamientos que incluya la prestación de ayuda social a las comunidades discriminadas;
Garantice que la recientemente propuesta Comisión de Reforma Legislativa recibe una dotación económica adecuada y centra su labor en garantizar que la legislación interna está en consonancia con las normas internacionales;
Desarrolle y refuerce una Comisión de Investigación Judicial equipada para investigar a todo el personal del sistema judicial, para vigilar el comportamiento y las acciones de jueces y magistrados, para identificar vacíos en la formación y para asegurar la capacitación adecuada del personal para decidir sobre delitos internacionales;

Amnistía Internacional insta a la Sección de Derechos Humanos y Protección de la UNMIL a que:

Preste su apoyo al desarrollo del plan de acción nacional de derechos humanos del gobierno de Liberia, lo que incluye respaldar las medidas para abordar el pasado;
Preste su apoyo a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación mediante iniciativas de formación;
Preste asesoramiento y apoyo para que, una vez constituida plenamente, la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos continúe desarrollándose;
Preste asesoramiento al gobierno de Liberia en su aplicación del documento de estrategia sobre el Estado de derecho y en el desarrollo de una política nacional de reparación.

Amnistía Internacional insta a la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) a que:

Preste su apoyo al gobierno de Liberia en la incorporación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional al derecho interno, y en la aplicación exhaustiva del documento de estrategia sobre el Estado de derecho;
Facilite y preste su asesoramiento para garantizar que el gobierno de Liberia cumple sus obligaciones de informar a los órganos de vigilancia de los tratados: Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité contra la Tortura, Comité de los Derechos del Niño y Comité de Derechos Humanos.

Amnistía Internacional insta a los donantes, especialmente los miembros del Grupo de Contacto Internacional sobre Liberia, a que:

Preste el apoyo económico y de organización necesario a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la Comisión Independiente de Derechos Humanos y la estrategia de aplicación del Estado de derecho;
Respalde el establecimiento y funcionamiento continuado de una Unidad de Víctimas y Testigos que proteja a las personas que testifiquen ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y los tribunales liberianos;
Preste el apoyo económico y de organización necesario para permitir que las ONG y los grupos de la sociedad civil puedan vigilar los mecanismos de justicia de transición;
Facilite la participación de la sociedad civil en un mecanismo de consulta nacional transparente sobre reparaciones.

38 El texto completo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por 103 países, puede obtenerse en: http://www.un.org/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf. El Estatuto de Roma otorga jurisdicción a la Corte Penal Internacional para investigar y procesar actos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que hayan tenido lugar tras la entrada en vigor del Estatuto el 1 de julio de 2002. En virtud del principio de “complementariedad” invocado en el preámbulo y el artículo 1 del Estatuto de Roma, y reflejado en las disposiciones sobre admisibilidad del artículo 17, la Corte Penal Internacional resolverá la inadmisibilidad de un caso cuando el asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado con jurisdicción sobre él, salvo cuando el Estado no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo. Por consiguiente, los Estados Partes tienen la responsabilidad primordial de hacer comparecer ante la justicia a los presuntos autores de actos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y, en consecuencia, deberían promulgar la legislación necesaria que permita la aplicación de un tratado exhaustivo en virtud del cual se penalicen el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad en el derecho interno, y posibilite su investigación y enjuiciamiento efectivos. El sistema judicial de Liberia carece de disposiciones sobre protección de víctimas y testigos y sobre reparaciones que reflejen los principios contenidos en disposiciones similares del Estatuto de Roma.

39 Liberia ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) el 22 de septiembre de 2004. Al hacerlo, contrajo la obligación en virtud del artículo 2.3 (a y b) de garantizar un recurso efectivo, determinado por una autoridad competente, a toda persona cuyos derechos reconocidos en el Pacto hayan sido violados.

40 El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, informe del Secretario General, Doc. ONU S/2004/616, 23 de agosto de 2004.

41 Aunar nuestras fuerzas para fortalecer el apoyo de las Naciones Unidas al estado de derecho, informe del Secretario General, Doc. ONU S/2006/980, 14 de diciembre de 2006.

42 El 18 de agosto de 2003 se firmó en Accra, Ghana, el Acuerdo General de Paz entre el gobierno de Liberia, Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia (LURD), el Movimiento por la Democracia en Liberia (MODEL) y los partidos políticos. El texto (en inglés) del Acuerdo General de Paz puede obtenerse en: http://www.usip.org/library/pa/liberia/liberia_08182003_cpa.html.

43 Resolución SC 1521 (2003) de las Naciones Unidas, párrs. 2 y 4(a).

44 El documento de estrategia sobre el Estado de derecho elaborado conjuntamente por las Naciones Unidas y el gobierno todavía no se ha dado a conocer al público, aunque el gobierno sí lo ha apoyado públicamente.

45 Uno de los principios de reparación son las garantías de no repetición, que conllevan medidas destinadas a garantizar que las víctimas no sean objeto de otros delitos. Las medidas son, entre otras, un control efectivo de las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad y la garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales sobre el debido proceso, que se encuentran en los principios 19 a 23 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones.

46 Nota del Secretario General sobre el Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, informe sobre el sexagésimo periodo de sesiones, Comisión de Derechos Humanos de la ONU, E/CN.4/2004/127.

47 Los Principios y directrices básicos de la ONU sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones reiteran que el derecho internacional exige a los Estados que se aseguren de que su derecho interno sea compatible con sus obligaciones jurídicas internacionales. Para ello incorporarán las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario a su derecho interno, adoptarán medidas que den acceso equitativo, efectivo y rápido a la justicia y dispondrán para las víctimas recursos suficientes, eficaces, rápidos y apropiados, incluidas reparaciones.

48 El sargento mayor Samuel Doe subió al poder por la fuerza en 1979 tras derrocar a la administración que gobernaba en ese momento. Dirigió un régimen represivo que fue derrocado en 1990 tras la invasión de Liberia a cargo del Frente Patriótico Nacional, encabezado por Charles Taylor. Fue asesinado en 1990.

49 ULIMO comenzó como una facción compuesta en su mayoría por miembros de los grupos étnicos krahn y mandingo. En 1993 se dividió en dos facciones, una de las cuales –encabezada entonces por Alhaji Kromah– se llamó ULIMO-K, compuesta sobre todo por mandingos, y la otra ULIMO-J, encabezada por Roosevelt Johnson, compuesta principalmente por miembros de la etnia krahn.

50 Para más información sobre el mandato de la UNOMIL, véase http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co_mission/unomilM.htm (en inglés).

51 Los documentos de Amnistía Internacional Liberia: Time to take human rights seriously – placing human rights on the national agenda (Índice AI: AFR 34/05/1997) y Liberia: A New Peace Agreement – an opportunity to introduce human rights protection (Índice AI: AFR 34/001/1997) señalan que el ECOMOG se convirtió en una de las partes en el conflicto.

52 Resolución 866 (1993) del Consejo de Seguridad: “[…] Informar al Secretario General sobre todas las violaciones importantes del derecho internacional humanitario”; y también en la resolución 1020 (1995), del 10 de noviembre de 1995: “[…] Investigar las violaciones de los derechos humanos, prestar asistencia a los grupos locales de derechos humanos, según proceda, para allegar contribuciones voluntarias destinadas a la capacitación y al apoyo logístico y presentar al Secretario General informes al respecto”.

53 Amnistía Internacional, Liberia: A New Peace Agreement-an opportunity to introduce human rights protection (Índice AI: AFR 34/005/1997).

54 Amnistía Internacional se opuso sistemáticamente a que Nigeria ofreciera un refugio seguro a Charles Taylor y señaló reiteradamente que este país violaba sus obligaciones previstas por el derecho internacional al no detener a Charles Taylor y entregarlo al Tribunal Especial para Sierra Leona. Para obtener la lista completa de documentos públicos de Amnistía Internacional sobre Charles Taylor, véase http://web.amnesty.org/library/esl-sle/index.

55 Véase el texto del Acuerdo General de Paz (en inglés) en http://www.usip.org/library/pa/liberia/liberia_08182003_cpa.html.

56 Kofi Woods, ministro de Trabajo, en una entrevista realizada por AI en junio de 2006.

57 Esta definición de UNICEF amplía el término más común de “niños y niñas soldados” para incluir a cualquier persona menor de 18 años que forma parte de cualquier fuerza armada o no armada regular o irregular en cualquier capacidad, inclusive como combatiente, cocinero, porteador o mensajero, y cualquiera que acompaña a estos grupos, excepto los familiares. La definición incluye a las niñas reclutadas para realizar actividades sexuales y contraer matrimonio por la fuerza. Esta definición fue establecida en los Principios de Ciudad del Cabo (1997) para obtener una definición más amplia y más inclusiva de menor soldado en la que puedan incluirse las niñas.

58 En el informe de Amnistía Internacional Liberia: Submission to the TRC (Índice AI: AFR 34/006/2006) se ofrece, bajo los distintos epígrafes, información pormenorizada sobre los casos documentados por AI desde 1979. En el sitio web de Amnistía Internacional, http://web.amnesty.org/library/eslindex, los informes públicos ofrecen más información sobre estos casos.

59 Artículos 8.2.b.i y 8.2.e.i del Estatuto de Roma.

60 Artículo 7.2.a: “Por ‘ataque contra una población civil’ se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política”.

61 Véase el artículo 8.2.e.vii del Estatuto de Roma.

62 El estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona, en su artículo 4.c, define como violación grave del derecho internacional humanitario el “reclutamiento o alistamiento de menores de 15 años en el ejército o en grupos armados o utilizarlos para que participen activamente en enfrentamientos”.

63 Para obtener más información sobre este caso, véase el caso de la Fiscalía contra Thomas Lubanga, núm. ICC-01/04-01/06.

64 Amnistía Internacional se refiere a las matanzas como homicidios en masa o ilegítimos.

65 Entrevista de Amnistía Internacional a James Yarsiah, miembro de la sociedad civil, realizada el 3 de junio de 2006.

66 Varios grupos de derechos humanos de Liberia han intentado documentar el número de homicidios a gran escala que se han producido en los 14 años de conflicto.

67 Véase Liberia: An opportunity to introduce human rights protection, de Amnistía Internacional.

68 En todo el informe se utilizan iniciales para proteger la identidad de víctimas y sobrevivientes entrevistados.

69 Buchanan, la segunda ciudad más importante de Liberia, es la capital del condado de Bassa, en el sureste de Liberia, a unos 100 kilómetros de Monrovia.

70 Véase el informe de Amnistía Internacional Liberia: No Impunity for Rape – a Crime against Humanity and a War Crime (Índice AI: AFR 34/017/2004).

71 Artículo 7.1.g del Estatuto de Roma.

72 Véase el informe de Amnistía Internacional Liberia: The promises of peace for 21,000 child soldiers (Índice AI: AFR 34/006/2004).

73 Véase el informe de Amnistía Internacional Liberia: The promises of peace for 21,000 child soldiers.

74 Amnistía Internacional no cree que haya menores que se incorporen voluntariamente a las fuerzas combatientes; sin embargo, en el contexto de Liberia, a los menores que no fueron secuestrados ni obligados a luchar se los considera como incorporados de forma voluntaria. En cierto modo, pensaban que unirse a las fuerzas combatientes era la mejor opción disponible en ese momento y, como no había escuelas, lo veían como una forma de ganarse la vida y ayudar a mantener a la familia, etc.

75 Véase Justice and the rule of law: the role of the United Nations, Statement by Amnesty International (Índice AI: IOR 40/014/2004, 30 de septiembre de 2004), pág 2.

76 Amnistía Internacional publicó un informe completo sobre el papel de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Liberia, Liberia: Truth, Justice, and Reparation: Memorandum on the Truth and Reconciliation Commission Act (Índice AI AFR 34/005/2006), 22 de junio de 2006. La organización ha reslpaldado de forma considerable este proceso mediante los documentos que pueden encontrarse en su página web: http://web.amnesty.org/library/eslindex.

77 Véase el documento de Amnistía Internacional Liberia: Truth, Justice, and Reparation: Memorandum on the Truth and Reconciliation Commission Act, pág 11.

78 Entrevista de Amnistía Internacional a Ezekial Pajibo, del Centro de Potenciación Democrática (CEDE), 27 de mayo de 2007.

79 Uno de los miembros del Comité Asesor Técnico Internacional dimitió en enero de 2007, pero ya se había elegido a un sustituto.

80 Informe de la experta independiente sobre Liberia, Charlotte Abaka, ante la (ex) Comisión de Derechos Humanos, Servicios de asesoramiento y cooperación técnica en materia de derechos humanos: Situación de los derechos humanos en Liberia, E/CN.4/2006/114, pág 9.

81 En virtud de la Ley de la Ley de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación se prevé que el periodo de funcionamiento de la Comisión sea de dos años. Después contempla un periodo de tres meses para concluir las actividades y redactar el informe (artículo IV, sección 5). También existe la posibilidad de una prolongación de hasta cuatro veces, aunque no superior (artículo IV, sección 6). El informe podría estar listo, como muy pronto, en septiembre de 2008.

82 Grupo de Bruselas por la justicia internacional, Los principios de Bruselas contra la impunidad y por la justicia internacional. Luchar contra la impunidad: desafíos y perspectivas (Bruselas, 11-13 de marzo de 2002).

83 Véanse los últimos informes sobre Liberia en el sitio de internet: http://web.amnesty.org/library/esl-lbr/index.

84 Aloysius Toe, de la Fundación para los Derechos Humanos y la Democracia (FOHRD), entrevistado por Amnistía Internacional el 27 de mayo de 2006.

85 Tiawan Gongloe, fiscal jefe, entrevistado por Amnistía Internacional en junio de 2006

86 Ley que enmienda el artículo 14 (secciones 14.70, 14.70.1 y 14.71) del Nuevo Código Penal.

87 Informe del secretario general al Consejo de Seguridad sobre Liberia, Doc. ONU S/2003/875, 11 de septiembre de 2003, párr 64.

88 Las responsabilidades de la Sección de Derechos Humanos y Protección de la UNMIL incluyen “investigar violaciones pasadas de los derechos humanos y de la ley humanitaria así como brindar a poyo a la labor de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y de cualquier otro mecanismo de justicia que pueda crearse en el futuro”; disponible (en inglés) en: http://www.unhchr.ch/html/menu2/5/liberia.htm.

89 Entrevista con el ex director de la Sección de África de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 15 de octubre de 2006.

90 Entrevista de Amnistía Internacional con Mariama Golley, de la Comunidad Cristiana Preocupada (CCP), mayo de 2006.

91 Principios básicos sobre el derecho a interponer recursos y obtener reparaciones, principios 19 al 23. La restitución incluye medidas destinadas a devolver a la víctima a la situación anterior a que se produjese el delito y comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración a su empleo y la devolución de sus bienes.

La indemnización implica una compensación de carácter monetario por perjuicios económicamente evaluables tales como el daño físico o mental; la pérdida de oportunidades, en particular de empleo, educación y prestaciones sociales; los daños materiales y la pérdida de ingresos –incluido el lucro cesante–, los perjuicios morales, los gastos de asistencia jurídica o de expertos, los medicamentos y servicios médicos, y los servicios psicológicos y sociales.

La rehabilitación incluye la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales.

La satisfacción incluye la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad; la búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad; una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades; la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones; y las conmemoraciones y homenajes a las víctimas.

Las garantías de no repetición implican medidas destinadas a garantizar que las víctimas no serán objeto de otros delitos. Estas medidas incluyen: el ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles de las fuerzas armadas y de seguridad; la garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; el fortalecimiento de la independencia del poder judicial; la protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos; la educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; la promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales; la promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales; y la revisión y reforma de las leyes que permiten o contribuyen a que se cometan delitos tipificados en el derecho internacional.

92 Chorzow Factory Case, Merits, 1928, PCIJ, Series A, No 17, p47; Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, Comentario al artículo 31, pág 202.

93 Las repercusiones más frecuentes de la violación y de otras formas de violencia sexual sobre la salud incluyen: el VIH, la sífilis, la gonorrea, los embarazos no deseados y la fístula vesicovaginal, que puede causar incontinencia urinaria.

94 Liberia: No Impunity for rape – A crime against humanity and a war crime Índice AI: AFR 34/017/2004, 14 de diciembre de 2004.

95 Artículo VI del Acuerdo General de Paz, Accra, 18 de agosto de 2003.

Índice AI: AFR 34/001/2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR340012007

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

Document - Liberia: Time for Truth, Justice and Reparation for Liberia's victims

Liberia: Verdad, justicia y reparación para las víctimas de Liberia

Introducción